Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00168-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00168-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00168-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2025 00168 00 (1324-2025)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: María Yolima Rodríguez Gutiérrez
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
1. La Sala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-050-2022-00038-01.
I. ANTECEDENTES
Del proceso ordinario inicial
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 del CPACA,2 la señora María Yolima Rodríguez
Gutiérrez solicitó la nulidad de las Resoluciones 029710 del 04 de noviembre de
2021 y 034770 del 23 de diciembre de 2021, mediante las cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordenara el reconocimiento de dicha prestación a partir de
la fecha de adquisición del estatus con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año anterior; el pago de intereses moratorios; y que se condenará
en costas a la UGPP.
3. Se afirma que aquella nació el 8 de febrero de 1959; prestó sus servicios como
docente a la Secretaría de Educación de Cundinamarca i) desde el 1° de octubre
de 1979 hasta el 30 de octubre de 1979; y ii) desde el 2 de mayo de 1997 hasta el
1° de abril de 2017. Luego, adquirido el estatus pensional el 7 de febrero de 2009,
cuando cumplió los 50 años de edad, presentó reclamación administrativa ante la
UGPP, la cual mediante Resoluciones 029710 del 4 de noviembre y 034770 del 23
de diciembre ambas de 2021, negó el reconocimiento de la pensión gracia y resolvió
recurso de apelación respectivamente, de manera desfavorable.
1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Demandante: UGPP
Sentencia de primera instancia3
4. El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 18 de
octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la señora
María Yolima Rodríguez Gutiérrez no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley
114 de 1913.
5. Aunque advirtió que la demandante estuvo vinculada al servicio docente con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, concluyó que tal circunstancia no resultaba
suficiente para el reconocimiento de la pensión gracia, en la medida en que el
análisis integral de su historia laboral evidenciaba que, entre el 2 de mayo de 1997
y el 12 de enero de 2021, su vinculación fue de carácter nacional, periodos que no
eran computables para los efectos reclamados.
6. De igual forma, desestimó el argumento de la parte demandante según el cual la
financiación de los salarios y prestaciones con cargo al Sistema General de
Participaciones —antes situado fiscal— implicaba una modificación en la naturaleza
de la vinculación, al considerar que el origen de los recursos no tiene la virtualidad
de alterar el carácter jurídico del vínculo laboral docente.
Recurso de apelación 4
7. Inconforme con la anterior decisión, la señora María Yolima Rodríguez Gutiérrez,
por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación. Sostuvo en primer
lugar, que dicha conclusión se adoptó con una valoración incompleta del material
probatorio, en tanto el despacho omitió analizar en debida forma la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), documento en el que se acredita que
su vinculación se efectuó en propiedad y en el nivel distrital, circunstancia que
desvirtúa la naturaleza nacional atribuida en la sentencia.
8. De igual forma, controvirtió la valoración que se hizo del oficio expedido por la
Secretaría de Educación de Bogotá, en el cual se indicó que los salarios y
prestaciones fueron financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones. Al respecto, argumenta que el a quo incurrió en error al asociar
dicha fuente de financiación con la naturaleza nacional del vínculo, pues —con
apoyo en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de
2018— insistió en que el origen de los recursos no determina la naturaleza jurídica
de la vinculación docente, la cual depende de la entidad nominadora y de la plaza
ocupada.
3
Visible en las páginas 14 a 29 del archivo 004ED_S16751D9007339134_1_.pdf del expediente digital que reposa en el
aplicativo SAMAI
4
Visible en el archivo 14ApelacionDemandante.pdf que reposa en la carpeta 110013342050-2022-00038-00 del expediente
digital remitido a esta corporación por el juzgado
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Demandante: UGPP
Sentencia objeto de revisión5
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de marzo
de 2023, revocó la sentencia y en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda, al concluir que la actora sí cumplía con los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
10. Para el efecto, la Sala determinó que aquella acreditó vinculación docente
anterior al 31 de diciembre de 1980, en tanto se desempeñó como docente interina
desde el 1º de octubre de 1979. Asimismo, estableció que el tiempo laborado entre
el 2 de mayo de 1997 y el 12 de enero de 2021 en la Secretaría de Educación de
Bogotá correspondió a una vinculación de carácter territorial, conforme al acto de
nombramiento que la ubica en la planta distrital y a la certificación electrónica de
tiempos laborados.
11. Con fundamento en lo anterior, concluyó que dichos periodos eran válidos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, al acreditarse más de 20 años de
servicio docente de naturaleza territorial. De igual forma, verificó el cumplimiento de
los demás requisitos legales, esto es, la edad mínima de 50 años y el desempeño
de la función docente con honradez, consagración y buena conducta. En ese orden,
dispuso el reconocimiento y pago de la prestación a partir del 2 de abril de 2017,
fecha en la cual la demandante consolidó su estatus pensional.
De la acción especial de revisión
12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en ejercicio de la acción especial de
revisión, solicitó infirmar la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar configuradas las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
13. Inicialmente refirió que la señora Rodríguez Gutiérrez solicitó el reconocimiento
de la pensión gracia, lo cual le fue negado en sede administrativa, por lo que
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y en primera instancia
el resultado le fue adverso; sin embargo, presentado el recurso de apelación, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones y ordenó el
reconocimiento de la prestación a partir del 2 de abril de 2017, sin declarar probada
la excepción de prescripción.
14. Sostuvo que la UGPP presentó acción de tutela ante la vía de hecho en la que
se incurrió al no declarar probada dicha excepción, no obstante, no prosperó la
acción constitucional; por lo que procedió en cumplimiento de la orden judicial a
reconocer la pensión con Resolución RDP 001950 de 30 de enero de 2024, y ordenó
el pago a partir del 3 de agosto de 2018 por prescripción trienal; sin embargo, con
5
Visible en las páginas 30 a 46 del archivo 004ED_S16751D9007339134_1_.pdf del expediente digital que reposa en el
aplicativo SAMAI
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Demandante: UGPP
Resolución RDP 006858 de 15 de abril de 2024 modificó el anterior acto respecto a
los efectos fiscales, disponiendo el pago desde el 2 de abril de 2017.
15. En relación con las causales a y b invocadas, sostuvo que el reconocimiento de
la pensión gracia se produjo con violación del debido proceso, por cuanto, a su
juicio, se otorgó el derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales,
particularmente en lo atinente a la acreditación de la naturaleza de la vinculación
docente. Indicó que no existe certeza si la vinculación de la demandante,
especialmente en el periodo posterior a 1997, fue de carácter nacional,
nacionalizado o territorial, y que el Tribunal incurrió en error al dar por acreditada
una vinculación territorial sin resolver las inconsistencias probatorias existentes.
16. Precisó que en el expediente obran certificaciones CETIL con información
contradictoria, en tanto unas señalan que la vinculación fue de carácter distrital,
mientras que otras la califican como nacional y con financiación del situado fiscal, lo
que, en su criterio, impedía tener por demostrado de manera inequívoca el tipo de
vinculación exigido para acceder a la prestación.
17. De otro lado, expuso que el Tribunal no observó las reglas de la prescripción
trienal, pese a que, según indicó, entre la fecha de consolidación del estatus
pensional (2 de abril de 2017) y la solicitud administrativa (3 de agosto de 2021)
transcurrió un término superior a tres años, lo que hacía procedente declarar la
prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 3 de agosto de
2018; de manera que se vulneró el principio de sostenibilidad financiera.
18. Con fundamento en lo anterior, la entidad afirmó que la providencia objeto de
revisión desconoció las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así
como el precedente judicial en la materia, lo que condujo al reconocimiento erróneo
de la prestación pensional.
Oposición
19. La acción de revisión fue presentada el 12 de mayo de 2025 y admitida mediante
auto del 25 de julio de 2025, el cual fue notificado personalmente a la demandada
el 08 de agosto del mismo año. La señora María Yolanda Rodríguez Gutiérrez
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
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Demandante: UGPP
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De la oportunidad para interponer la acción
21. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que
en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
22. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
23. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 23 de
marzo de 2023 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ejecutoriada
el 26 de abril de 2023, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 12 de mayo de 2025, es decir, en término para impetrar la acción
especial de revisión.
Problema jurídico
24. Corresponde determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 23 de marzo de 2023, que revocó la decisión del Juzgado
Cincuenta Administrativo de Bogotá del 18 de octubre de 2022, se encuentra incursa
en las causales de revisión previstas en los literales a y b del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
25. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocada y su aplicación al caso concreto.
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La naturaleza y objeto de la acción especial de Revisión
26. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,6 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.
27. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.7 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.
28. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.8
29. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem9 y en el artículo 6 del Decreto 5021
de 200910 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.
30. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.11 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-2012-00561-
00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
7
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-05275-01, C.P.
Dr. William Hernández Gómez.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.° 11001-03-25-000-
2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
10
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
11
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835 de 2003.
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revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
31. Esta corporación12 ha señado que estas causales constituyen una herramienta
útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y, consecuentemente,
corregir todos aquellos reconocimientos pensionales13 fraudulentos y en exceso de
los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos o convenciones colectivas de
trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».14
32. En lo que concierne a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que el
derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la
autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él para
hacer valer sus derechos15.
33. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:16
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.
34. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.
12
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-2016-02022-00,
C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13
Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos públicos, pues ellas
también están comprendidas dentro del referido recurso.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.° 11001-03-
25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
15
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019,
expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
16
Ejusdem.
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35. Y en lo que corresponde a la segunda causal, esta ha sido considerada
jurisprudencialmente17 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de
la moralidad administrativa18 y permite corregir los reconocimientos pensionales que
se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones19, en especial, el principio de solidaridad20 y
equilibrio financiero.
Caso concreto
36. Pues bien, en lo concerniente a la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la entidad accionante sostiene, en síntesis, que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una
vulneración al debido proceso, en tanto reconoció la pensión gracia a favor de la
señora María Yolima Rodríguez Gutiérrez sin el cumplimiento de los requisitos
legales, particularmente en lo relativo a la acreditación de la naturaleza de su
vinculación docente.
37. En ese sentido, señala que no existe certeza sobre el carácter de la vinculación
de la demandante, especialmente respecto del periodo comprendido entre el 2 de
mayo de 1997 y el 12 de enero de 2021, en tanto en el expediente obran
certificaciones con información contradictoria, lo que, en su criterio, impedía tener
por demostrado de manera inequívoca que se tratara de una vinculación de carácter
territorial.
38. Ahora bien, para la Sala los argumentos de la entidad con los que pretende
soportar la configuración de la causal a) en comento, no encajan dentro del alcance
de la vulneración al debido proceso en los términos expuestos en el marco
normativo en esta providencia, tal como pasa a explicarse.
39. Bajo ese marco, revisado el plenario se observa que la UGPP actuó en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones. Si bien el Juzgado Administrativo del Circuito de
Bogotá negó las pretensiones, apelada la decisión por la docente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó y en su lugar accedió a las pretensiones de
la demanda, disponiendo el reconocimiento de la pensión gracia a partir del 2 de
abril de 2017, sin declarar probada la excepción de prescripción.
40. En ese orden, se tiene que la entidad por vía de la acción extraordinaria de la
referencia cuestiona la anterior decisión judicial, evidenciando su inconformidad con
la valoración probatoria efectuada por el tribunal frente al tipo de vinculación de la
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-
000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión
racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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educadora, estimando que no se probó de manera fehaciente que correspondiera
al orden territorial.
41. De tal manera que, lo esgrimido por la UGPP no guarda relación con la
vulneración al debido proceso, esto es, en cuanto al derecho al juez natural o
funcionario competente; el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento; y menos aún alega la vulneración a las garantías procesales como
de audiencia y defensa, decisión motivada, segunda instancia, entre otras; por el
contrario, se enfoca en cuestionar la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial y el consecuente reconocimiento de la pensión gracia.
42. En lo atinente a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP sostuvo que la sentencia objeto de revisión reconoció sumas
superiores a las legalmente debidas, por cuanto el Tribunal no declaró la
prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad a los tres años
previos a la reclamación administrativa.
43. Sobre el particular, esta Subsección21 ha señalado que, si bien la solicitud de
adición de la sentencia no constituye un requisito de procedibilidad de la acción
especial de revisión, lo cierto es que, cuando el reproche se funda en la falta de
pronunciamiento del juez ordinario frente a la prescripción, debe verificarse si la
entidad hizo uso de los mecanismos procesales que tenía a su alcance para obtener
la complementación de la providencia. Ello, por cuanto el artículo 287 del Código
General del Proceso22 prevé la adición de la sentencia cuando se omita resolver
sobre alguno de los extremos de la litis o sobre cualquier punto que debía ser objeto
de pronunciamiento.
44. En ese orden, la causal b) no puede emplearse para suplir la falta de utilización
oportuna de una herramienta procesal idónea frente a una omisión advertida en el
trámite ordinario. Por tanto, aunque la prescripción trienal incide en la determinación
de las sumas periódicas a cargo del tesoro público, la UGPP contaba con la
posibilidad de solicitar la adición de la sentencia dentro del término de ejecutoria; al
no hacerlo, no resulta procedente reabrir ese debate por vía de la acción especial
de revisión.
45. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida de
un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma tiene la
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de
2026, rad. 11001-03-25-000-2023-00241-00 (2809-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión
haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo
término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la
providencia principal.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 25 000 2025 00168 00 (1324-2025)
Demandante: UGPP
no solo la carga de sustentar con claridad y concreción los argumentos que la
respalden, sino también de agotar los mecanismos procesales a su alcance, pues,
se pretende infirmar una decisión judicial ejecutoriada, es decir, que la posibilidad
de recurrir a la acción especial de revisión implica una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que
resulta razonable la exigencia de un mayor rigor argumentativo y jurídico en el
análisis de este tipo de asuntos, máxime cuando no se trata de una tercera
instancia.
46. De lo antes expuesto se concluye entonces, que la UGPP pretende, a través de
esta acción especial de revisión, reabrir el debate relacionado con la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal frente a la naturaleza de la vinculación docente
de la demandante, así como el análisis relativo a la prescripción trienal de las
mesadas, lo cual no resulta viable, pues este mecanismo extraordinario no
constituye una tercera instancia.23 En ese orden, no se configuran las causales a)
y b) previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que se impone declarar
infundada la acción de la referencia.
Condena en costas
76. Dado que esta Sección24 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas dado que la actuación tiene por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público.
77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida 23
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
23
Ver entre otras, sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado de 19 de marzo de
2026, radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00 (6603-2024), y 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022) (AER).
24
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-
2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
se revocó la dictada por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá del 18 de
octubre de 2022.
Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 11001-33-42-050-2022-00038-01 al juzgado de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.
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