Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00241-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00241-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00241-00 (2809-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Demandada: Elsy María Cotes Córdoba
Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce
prestación periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Indexación de las
pensiones.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra de la sentencia del quince (15) de diciembre de
dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar2, para lo
cual invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que la señora Elsy María Cotes Córdoba prestó sus servicios en el Hospital
Rosario Pumarejo de López entre el 20 de octubre de 1969 y el 30 de diciembre de
2008; desempeñando como último cargo el de enfermera.
2. Que, mediante Resolución 20196 de 30 de abril de 2006, la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL) le reconoció una pensión de vejez con el 75% del
promedio de lo devengado en los últimos diez años, con los factores de asignación
básica, dominicales y festivos y bonificación por servicios prestados, en cuantía de
$1.442.500,94, condicionada al retiro efectivo del servicio.
3. Que la anterior decisión fue revocada con la Resolución 48631 de 18 de
septiembre de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra del anterior acto, al ordenar el pago de la pensión teniendo en cuenta una
1 La presentación de la acción se efectuó el 9 de mayo de 2023, de acuerdo con el registro que obra en el índice
00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018, por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Valledupar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral instaurado por la señora Elsy María Cotes Córdoba.
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tasa de reemplazo del 80%, en cuantía de $1.526.972,74, efectiva a partir de 1° de
febrero de 2005, condicionada a acreditar el retiro definitivo del servicio.
4. Que el retiro del servicio en el cargo de enfermera se produjo el 31 de diciembre
de 2008, fecha en la cual el empleador aceptó su renuncia.
5. Que, mediante Resolución UGM 034556 del 22 de febrero de 2012, CAJANAL
negó la reliquidación de la pensión de vejez, al considerar que no existía lugar a la
indexación de la primera mesada, por cuanto la interesada no tenía derecho a dicha
actualización.
6. Que con la Resolución RDP 037726 del 15 de diciembre de 2014, la UGPP negó
nuevamente la indexación de la primera mesada pensional, al advertir que la
causante adquirió la condición de pensionada el 7 de octubre de 2005 y fue retirada
del servicio el 31 de diciembre de 2008, motivo por el cual no se presentó pérdida del
poder adquisitivo, dado que la mesada pensional tuvo efectos a partir del 1.º de enero
de 2009.
7. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos que negaron su presunto derecho a la indexación de la primera mesada
pensional.
8. Que el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, en sentencia del 11 de
diciembre de 2018, accedió a las pretensiones y ordenó a indexar la base de
liquidación de la pensión de vejez, y pagarle el valor que resulte de la realización de
dicha indexación a partir del 31 de enero de 2005, con aplicación de los ajustes
legales pertinentes.
9. Que el Tribunal Administrativo del Cesar, el 15 de diciembre de 2021, confirmó la
decisión de primera instancia al desatar el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada.
10. Que mediante Resolución RDP 030962 de 28 de noviembre de 2022, la UGPP
dio cumplimiento a lo ordenado, motivo por el cual se indexó la primera mesada
pensional, elevando la cuantía de esta a la suma de $1.767.936,13, efectiva a partir
del 1.° de febrero de 2005.
11. Que por medio de la Resolución RDP 001831 de 26 de enero de 2023, se corrigió
la Resolución RDP 030962 de 28 de noviembre de 2022, en el sentido de indicar que
se procedía a indexar la mesada pensional, en la cuantía de $1.526.972, a partir del
1.° de febrero de 2005, por lo que el valor indexado de la prestación para 2007
equivaldría a $1.767.936.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
12. En providencia del 15 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar,
confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que, si le asiste derecho a la
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señora Elsy María Cotes Córdoba a que el valor de su mesada pensional sea
actualizado desde el mes de febrero de 2005 (fecha de efectividad de la prestación)
hasta el 30 de diciembre de 2008 (fecha del retiro del servicio), teniendo en cuenta la
variación del IPC.
13. Para fundamentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
14. Sostuvo que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-120 de 2003, unificó su
jurisprudencia al reconocer la procedencia de la indexación de las mesadas
pensionales con base en los artículos 53 y 230 de la Constitución, en aras de
garantizar la equidad y el equilibrio en las relaciones laborales. Igualmente, citó la
Sentencia T-1169 de 2003, en la que se reiteró que el derecho a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones tiene rango constitucional, razón por la cual la indexación
es obligatoria tanto en sede administrativa como judicial, incluso respecto de
pensiones causadas con anterioridad a la Constitución de 1991 y a la Ley 100 de
1993.
15. Indicó que a la señora Cotes Córdoba, mediante Resolución 48631 de 2008, la
extinta CAJANAL le reconoció la pensión de vejez con efectos a partir del 1.º de
febrero de 2005, condicionada a su retiro del servicio.
16. Que, aunque la demandante se retiró el 30 de diciembre de 2008 y la prestación
solo comenzó a pagarse en febrero de 2011, la entidad únicamente actualizó las
mesadas desde 2009, omitiendo la indexación correspondiente al período 2005–
2008. A juicio del Tribunal, si bien las mesadas no podían pagarse antes del retiro,
sí debían ser actualizadas para conservar su poder adquisitivo real.
17. Con fundamento en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y en
la jurisprudencia del Consejo de Estado, que reconoce la indexación como un
instrumento de equidad y justicia para preservar el valor real de las acreencias
laborales, concluyó que la entidad debió aplicar el IPC anual correspondiente a los
años 2005 a 2008 y por ello le asistía razón a la demandante en la «actualización
de su primera mesada pensional».
18. Advirtió que el informe del contador liquidador de la Corporación corroboró dicha
omisión, al establecer que el valor inicial de la mesada debía actualizarse con base
en los factores salariales de los últimos diez (10) años —de 1995 a 2005—, y que,
al comenzar el pago en enero de 2009, la entidad omitió ajustar ese valor conforme
al incremento del IPC de cada año, situación que sustentó con el siguiente cálculo:
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ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
19. La UGPP interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
20. Sostuvo que la señora Elsy María Cotes Córdoba no tenía derecho a la
indexación de la primera mesada, puesto que al momento de la liquidación efectuada
mediante la Resolución 20196 del 30 de abril de 2006 se incluyeron todos los factores
salariales devengados por ella durante los diez años anteriores a la adquisición del
estatus pensional.
21. Explicó que la pérdida del poder adquisitivo, fundamento de la figura de la
indexación, no se configuró ya que continuó laborando como enfermera en el
Hospital Rosario Pumarejo de López hasta el 31 de diciembre de 2008. Por tanto, la
pensión solo tuvo efectos a partir del 1.º de enero de 2009, fecha en la cual se hizo
efectivo su retiro del servicio. Así, al no existir lapso entre la adquisición del derecho
y el pago de la prestación, no podía hablarse de afectación inflacionaria ni de pérdida
de valor real de la primera mesada.
22. Adujo que lo procedente no era la indexación, sino una eventual reliquidación
pensional, si la interesada consideraba que no se habían incluido todos los factores
salariales en la liquidación inicial.
23. Reprochó la decisión del Tribunal al estimar que desconoció el precedente del
Consejo de Estado y creó una prerrogativa carente de sustento legal, con incidencia
negativa sobre el erario.
24. Considera que la indexación de la primera mesada solo procede cuando existe
una separación temporal entre el retiro del servicio y la consolidación del derecho
pensional, lapso durante el cual la inflación afecta el valor de los ingresos base de
liquidación. Por el contrario, cuando el trabajador cumple los requisitos para
pensionarse mientras permanece vinculado, no se presenta esa pérdida de poder
adquisitivo, por lo que no hay lugar a la actualización del valor de la primera mesada.
25. En respaldo de su posición, citó las sentencias del Consejo de Estado de 3 de
abril de 2017 y 30 de julio de 2014, que precisan la diferencia entre quienes
consolidan el derecho pensional después del retiro del servicio y aquellos que lo
hacen mientras se encuentran activos, siendo solo los primeros destinatarios del
reconocimiento de la indexación.
26. Adujo que la pensión de la señora Cotes Córdoba fue reconocida con el 80% del
promedio de lo devengado entre 1995 y 2005, condicionada al retiro definitivo del
servicio, el cual se produjo en diciembre de 2008. En consecuencia, no existió
pérdida de poder adquisitivo y, por ende, la orden judicial de indexar la primera
mesada carecía de fundamento.
27. De forma subsidiaria a la pretensión principal, también reprocha el hecho que el
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Tribunal omitió pronunciarse sobre la excepción de prescripción propuesta en la
contestación. Manifestó que, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y a la
jurisprudencia constitucional (Sentencias C-072 de 1994 y C-916 de 2010), las
acciones laborales prescriben en tres años contados desde que la obligación se hace
exigible, pudiendo interrumpirse por una sola vez mediante reclamo escrito.
28. Que la primera solicitud de indexación fue presentada el 5 de septiembre de
2011, lo que interrumpió la prescripción hasta el 5 de septiembre de 2014. No
obstante, la demanda se interpuso en marzo de 2015, de modo que las diferencias
causadas con anterioridad al 25 de marzo de 2012 se encontraban prescritas.
Contestación a la acción especial de revisión
29. La parte demandada pese a ser notificada en debida forma guardó silencio3.
Concepto del Ministerio Público
30. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
31. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
32. Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas
por la entidad demandante, esto es, si la presunta ordena de indexación de la
primera mesada pensional reconocida a la señora Elsy María Cotes Córdoba se
obtuvo con violación al debido proceso y en cuantía superior a la debida conforme
a la ley.
33. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
34. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos públicos el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones
de cualquier naturaleza.
35. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de
3 Véase índice 00026 del aplicativo SAMAI.
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
36. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido
para el recurso extraordinario de revisión al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como una acción especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación de quien
está habilitado para ejercer la acción.
37. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar
«(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de
una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»6.
38. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.
39. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
40. La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
41. En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),
C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV).
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797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo
del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.
42. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»10.
43. Importa destacar que, el debido proceso comprende una serie de garantías que
permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones
judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la
materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29
Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».
44. Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del
proyecto de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»11. De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que
no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en
esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».
45. Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
11 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 .
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permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
Indexación de la primera mesada pensional
46. La jurisprudencia constitucional ha establecido que, aunque no exista normativa
expresa que contemple la actualización del ingreso base de liquidación (IBL) de una
pensión, la indexación de la primera mesada pensional es necesaria cuando el
reconocimiento del beneficio ocurre tiempo después del retiro del servicio. Esta
posición se basa en los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución, así como en los
principios de equidad y justicia social.
47. El propósito de la indexación es entonces proteger al trabajador de las
consecuencias negativas de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y de la
inflación, fenómenos económicos que afectan directamente el valor real del salario
o la pensión del empleado.
48. Además, dicha corporación ha afirmado que «el derecho a la indexación de la
primera mesada tiene un carácter universal y, por ende, se predica de todos los
pensionados sin discriminación en razón al momento en que se causó la pensión,
el origen de la misma (si es legal, convencional o sanción) o su naturaleza (de vejez,
de invalidez, etc.)»12.
49. En esa línea, en la Sentencia SU-1073 de 2012, la Corte Constitucional unificó
los criterios sobre el derecho a indexar la primera mesada pensional de quienes
adquirieron este derecho antes de la Constitución de 1991 y al referirse a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indicó que la indexación es una
modalidad de daño emergente y reiteró el carácter universal de este derecho,
aplicable a todas las personas jubiladas, sin importar el tiempo o el régimen en el
que se encuentren, en los siguientes términos:
«“2.6.1. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es
predicable de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta
vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social
y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho
con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian
situaciones posteriores.
2.6.2. La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, S.L., con anterioridad de la expedición de la Carta,
sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y
53.
2.6.3. Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral
contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades
judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la
interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no
es otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que
adquirieron su derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto
12 Corte Constitucional, Sentencia SU 637 de 2016.
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el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual.»
50. Esta Corporación ha respaldado esta postura, señalando que la actualización
monetaria de la primera mesada busca evitar la disminución del poder adquisitivo
de las pensiones debido al tiempo transcurrido entre el cumplimiento de los
requisitos para pensionarse y el reconocimiento efectivo de la prestación13. Se ha
establecido que la actualización no debe limitarse a la primera mesada, sino también
incluir el salario base de liquidación, garantizando así el mínimo vital de las personas
mayores afectadas por la inflación.
51. Respecto a la aplicación de la indexación de la primera mesada pensional en
función del tiempo transcurrido, la Corte Constitucional ha determinado que es
adecuada cuando existe un intervalo considerable entre la finalización del vínculo
laboral y la exigibilidad de la pensión, debido a la depreciación del último salario por
inflación. En contraste, esta Sección ha especificado que, a diferencia de la Corte
Constitucional, se requiere un período mínimo para considerar que ha habido una
pérdida del poder adquisitivo. En sentencia del 7 de marzo de 201314, la Sección
sostuvo:
«La indexación de la primera mesada se justifica cuando, tras el retiro del
servicio en un año específico, el pensionado completa los requisitos para
acceder al derecho en un año o más después del retiro, momento en el cual el
salario base para la liquidación de la pensión podría haber perdido valor. No
obstante, en situaciones como la analizada, donde el retiro del servicio y el
cumplimiento de todos los requisitos para la pensión ocurrieron en el mismo
año, y el reconocimiento también se realizó en ese año, no se puede hablar de
pérdida del poder adquisitivo del ingreso base de liquidación, ya que no ha
transcurrido un período que permita dicha depreciación».
52. En Sentencia del 23 de mayo de 201815, esta Sección reafirmó el criterio anterior
al determinar que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional se
origina cuando, habiendo cumplido el tiempo de servicio, el beneficiario se retira sin
haber alcanzado la edad requerida. Una vez cumplida esta edad, la administración
procede a reconocer y liquidar la pensión con los factores devengados en el último
año de servicios, es decir, en el momento del retiro, siempre y cuando entre el retiro
y el cumplimiento del requisito de edad haya transcurrido más de un año.
53. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
54. La UGPP sustenta su acción en dos reproches: i) que la decisión judicial
extendió a la señora Elsy María Cotes Córdoba la figura de la indexación de la
primera mesada pensional sin que se cumplieran los supuestos necesarios para su
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A. Sentencia 7 de
marzo de 2013. Radicación número: 76001-23-31-000-2008-01205-01(1995-11)
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 7 de marzo de 2013, radicado 2008-
01205-01; C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 23 de mayo de 2018, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, Radicado 2017-01559-01.
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procedencia, lo que habría implicado un reconocimiento con violación del debido
proceso y en cuantía superior a la legalmente debida, y ii) que el Tribunal omitió
pronunciarse sobre la excepción de prescripción trienal propuesta en la
contestación de la demanda.
55. Del análisis del expediente allegado se encuentra acreditado lo siguiente:
56. La señora Elsy María Cotes Córdoba laboró en el Hospital Rosario Pumarejo de
López desde el 20 de octubre de 1969 hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha en la
cual le fue aceptada su renuncia al cargo de enfermera16.
57. Por Resolución 20196 del 30 de abril de 200617, CAJANAL le reconoció pensión
de vejez por un monto $1.442.500,94, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario de 10 años (entre 1.° de febrero de 1995 y 30 de enero
de 2005), conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, efectiva a partir del 1.º de
febrero de 2005, condicionada al retiro del servicio.
58. Mediante Resolución 48631 del 18 de septiembre de 200818, al resolver el recurso
de reposición, CAJANAL revocó el acto anterior y reconoció la pensión en un monto
de $1.526.972,74, efectiva desde el 1.º de febrero de 2005, calculada conforme al
80% del promedio de lo devengado entre el 1.º de febrero de 1995 y el 30 de enero
de 2005, con fundamento en los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993.
59. La señora Cotes Córdoba solicitó el 5 de septiembre de 201119 ante CAJANAL la
«reliquidación de la pensión de vejez y el pago del retroactivo correspondiente» al
considerar que, al hacerse efectiva la mesada en ese mismo año, no se actualizó el
valor calculado con base en los salarios promedio del período comprendido entre el
1.º de febrero de 1995 y el 31 de enero de 2005, conforme a lo previsto en los artículos
48 y 53 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la
jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
60. En consecuencia, pidió modificar el artículo 2.º de la Resolución 48631 del 18 de
septiembre de 2008 para que se actualizara el valor de la mesada reconocida al 31
de enero de 2005 con la variación del IPC entre dicha fecha y el 31 de diciembre de
2008, aplicando la fórmula R = Rh × (Índice final / Índice inicial), lo que arroja un valor
actualizado de $1.987.042 frente al reconocido de $1.730.133, con una diferencia a
favor de $256.909 y un retroactivo estimado en $8.209.261.
61. El 19 de agosto de 2024, nuevamente la pensionada acude a la administración,
esta vez ante la UGPP, realizando la misma solicitud de actualización de su
mesada, la cual es negada mediante Resolución RDP 037726 del 15 de diciembre
2014, argumentando que no había pérdida del poder adquisitivo dado que la pensión
fue efectiva a partir del 1.º de enero de 2009, es decir, inmediatamente después del
16
Folio 46, archivo «4_110010325000202300241005DemandaWeb202351015596%20(3).pdf», índice 00003
del aplicativo SAMAI.
17 Folios 25 y siguientes, ibid.
18 Folios 36 a 40, ibid.
19 Folios 127 y siguientes, ibid.
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retiro. No obstante, reconoció la posibilidad de reliquidar la pensión con los factores
salariales del período 1.º de febrero de 2005 a 30 de diciembre de 2008, si la
interesada allegaba los certificados correspondientes.
62. El 19 de agosto de 2024, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho solicita: «[…] se declare la nulidad de la Resolución N°
48631 de fecha 18 de septiembre de 2008, por medio de la cual reconocieron el
derecho pensional a la actora y se declare la nulidad de la Resolución No. RDP
037726 de fecha 15 de Diciembre de 2014, mediante la que se negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez, y el retroactivo a
que tiene derecho, ya que no se le actualizó la pensión con la variación del IPC
causado en el período del 31 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008»20.
63. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Valledupar, mediante sentencia del
11 de diciembre de 2018, consideró que la controversia se centraba en determinar
la procedencia de la actualización o reliquidación de la pensión de vejez. Al verificar
que la entidad demandada no había efectuado pagos teniendo en cuenta la
actualización de la mesada correspondiente al período reclamado —comprendido
entre el 31 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008—, concluyó que era
procedente calcularla con base en una mesada inicial de $1.526.972, aplicando los
incrementos anuales del IPC certificados por el DANE para los años respectivos:
4,85 % (2005), 4,48 % (2006) y 5,69 % (2007).
64. Por ello, ordenó a la entidad demandada a «indexar la base de liquidación de la
pensión de vejez […] y pagarle el valor que resulte de la realización de dicha
indexación a partir del 31 de enero de 2005, con aplicación de los ajustes legales
pertinentes. Las sumas se deberán indexar de acuerdo con la fórmula señalada en la
parte motiva […]».
65. En la parte motiva de la providencia se precisó la fórmula aplicable en los
siguientes términos:
«[R=vh=índice final/ índice inicial, donde R se determina multiplicando el valor
histórico (vh), que es el valor de la mesada pensional reconocida en la
resolución No. 48631 del 18 de septiembre de 2008, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE,
vigente para la fecha en que se debió haber realizado el pago con la mesada
pensional actualizadas por retiro del servicio, por el vigente a la fecha en que
adquirió el estatus de pensionada».
66. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior, solicitando
que se revocara y se negaran las pretensiones, al considerar que los valores
mencionados no corresponden a la realidad del expediente administrativo. Señaló
que en el proceso se probó que se realizó el pago de un retroactivo correspondiente
al período 2009-2011, por lo que la pensión fue liquidada desde 2009. En
consecuencia, no procedía el reajuste reconocido, ya que entre 2005 y diciembre de
20 Índice 00033 del aplicativo SAMAI, el cual dirige a Gestión en Otras Corporaciones del expediente ordinario
20001-33-33-003-2015-00160-00, archivo «01Demanda(pdf)NroActua33».
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2008 la demandante se encontraba laborando y no podía simultáneamente percibir
pensión y salario.
67. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar, al resolver el recurso de
apelación mediante sentencia del 15 de diciembre de 2021, confirmó la decisión.
Aunque en su motivación alude a la «indexación de la primera mesada», también se
refirió a la actualización del valor de la mesada pensional ya reconocida, señalando
que las mesadas suspendidas hasta la acreditación del retiro debían actualizarse
conforme al IPC «[…] con el fin de que conservaran el poder adquisitivo, luego de
transcurrir más de 3 años entre la adquisición del estatus pensional y el
reconocimiento efectivo».
68. Atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala, en primer lugar,
se ocupará de determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del
reconocimiento de la prestación periódica reliquidada con violación al debido
proceso se encuentra debidamente fundamentado, caso en el cual se procederá al
análisis de fondo y en caso negativo, se procederá a analizar si la segunda causal
invocada frente al reconocimiento excesivo de la pensión está llamada a prosperar.
69. Para la Sala, la UGPP sustenta la supuesta violación del debido proceso en la
discusión relativa a la naturaleza jurídica de la orden impartida —esto es, si
correspondía o no aplicar la figura de la indexación de la primera mesada
pensional—, lo cual evidencia una discrepancia de interpretación jurídica frente al
sentido de la decisión, mas no una vulneración del derecho al debido proceso. En
efecto, la sola divergencia de criterio respecto de la interpretación o aplicación de la
norma por parte del juez no configura, por sí misma, una irregularidad sustancial
que afecte las garantías procesales.
70. En ese sentido, de lo planteado por la entidad puede inferirse que no se soporta
con suficiencia ni se traen en la acción elementos sólidos que den cuenta de que el
juzgador incurrió en una equivocación que conlleve la presunta afectación de las
garantías al debido proceso. Tampoco se alega circunstancia alguna que involucre la
trasgresión al derecho fundamental de defensa, el cual se encuentra atado con los
principios de celeridad, transparencia e imparcialidad, en la decisión ni se pone en
evidencia irregularidad alguna en las etapas procesales surtidas en el proceso objeto
de discusión, por lo que, no están dados los presupuestos para el estudio de la acción
de revisión bajo la causal a) de la Ley 797 de 2003.
71. Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.
72. Observa la Sala que los argumentos de la acción se orientan a demostrar una
presunta afectación al patrimonio público derivada de la orden judicial. Si bien la
UGPP no determina expresamente la diferencia económica entre el valor reconocido
judicialmente y aquel que, en su criterio, debió liquidarse, de las pruebas obrantes en
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el expediente se advierte que, conforme con el histórico de pagos del FOPEP, la
causante fue incluida en nómina de pensionados en el año 2011 con una mesada de
$1.730.133,44, mientras que en el fallo de segunda instancia se estimó una mesada
incluso superior para el año 2008, por valor de $1.767.937.
73. En consecuencia, al encontrarse evidenciada la presunta afectación patrimonial,
la parte recurrente está legitimada para controvertir la presunción de legalidad de la
decisión judicial, por lo que esta Sala procederá a examinar si el quantum de lo
reconocido desbordó el límite legal.
74. La Sala observa que en las sentencias de instancia se incurrió en un uso
impreciso de la terminología, al emplearse de manera indistinta los conceptos de
«indexación», «actualización de la base de liquidación pensional» y «reajuste
pensional». No obstante, más allá de la denominación utilizada, lo determinante es la
naturaleza jurídica y el alcance material de la orden impartida.
75. Así las cosas, el objeto del litigio estuvo siempre encaminado a determinar si la
UGPP debía reconocer el reajuste pensional con base en el IPC, de modo que la
pensión reconocida en 2008 reflejara la pérdida del poder adquisitivo desde 2005.
En consecuencia, el problema jurídico fijado tanto en primera como en segunda
instancia se refirió expresamente al reajuste pensional conforme al IPC, no a la
indexación de la primera mesada.
76. Por consiguiente, aunque en la parte motiva de la sentencia de segunda
instancia se haya señalado que le asistía razón a la demandante en la solicitud de
actualización de su primera mesada pensional, y al mismo tiempo se haya empleado
el término indexación de la base de liquidación de la pensión de vejez al confirmar
la decisión del a quo, lo cierto es que el contenido material del fallo —incluido el
ejercicio aritmético efectuado por el contador de esa Corporación— evidencia que
lo ordenado fue el reajuste de la mesada reconocida a la causante.
77. A juicio de la Sala, lo dispuesto por el Tribunal correspondió realmente a la
aplicación de los incrementos del IPC certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los años 2006, 2007 y 2008,
conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y no a una indexación
de la primera mesada, como sostiene la parte recurrente.
78. Dicha disposición establece que las pensiones reconocidas deben reajustarse
anualmente, de oficio, el primero de enero de cada año, con base en la variación
del IPC21, con el fin de mantener su poder adquisitivo constante.
21 «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación,
de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo
legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno (…)».
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79. En contraste, la indexación de la primera mesada tiene una finalidad distinta:
corregir la pérdida del valor real del salario base de liquidación ocurrida entre la
fecha de causación del derecho y la de su reconocimiento efectivo. Por tanto,
mientras el reajuste anual constituye una obligación legal aplicable a las pensiones
ya reconocidas, la indexación procede solo cuando existe un desfase temporal entre
la consolidación del derecho y el inicio del pago de la prestación.
80. En coherencia con lo anterior, los propios anexos traídos por la entidad con la
acción confirman que lo dispuesto por los jueces de instancia correspondió a la
aplicación de los reajustes anuales del IPC y no a una indexación de la primera
mesada.
81. La propia UGPP, en el Concepto 2022110000173383 de la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional22, reconoció que los valores consignados
en el fallo judicial coinciden con los resultados del ejercicio de aplicar el IPC a la
mesada de 2005. En dicho concepto se indicó expresamente que:
«[…] al tomar el valor de la mesada inicial reconocida en cuantía de
$1.526.972,74 y aplicar los incrementos por IPC desde el año 2008 hasta el año
2011 arroja la suma de $1.767.936,13, valor que concuerda con lo indicado en el
fallo judicial (el despacho lo aproximó a $1.767.937)».
82. Y más adelante añadió que si se aplicaran los aumentos del IPC desde 2006
hasta 2011, la mesada ascendería a $2.003.156,52, veamos:
«[…] si a la mesada inicial de $1.526.972.74, se aplicaran los aumentos del IPC
desde el año 2006 hasta el año 2011, la mesada pensional ascendería a una
cuantía aproximada de $2.003.156.52 para ese último año, pero que, según los
cálculos del demandante, debería ser de $1.987.042 para 2011. Lo anterior
permite inferir que efectivamente, de conformidad con lo que se registra en el
histórico de pagos del FOPEP, a la mesada pensional no se le realizaron los
reajustes que ordena el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para los años 2006,
2007 y 2008 y así mismo, no se presentarían dobles pagos; esto sin perjuicio
de la liquidación y verificaciones detalladas que corresponde y DEBE realizar la
Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales, toda vez que este
tipo de liquidaciones no son competencia de la Subdirección de Asesoría y
Conceptualización Pensional, y por lo mismo no es el área experta en la
materia»23 (subrayado fuera del texto original).
83. En atención a ello, y con el propósito de verificar la correspondencia entre el
valor reconocido judicialmente y el cálculo técnico efectuado por la entidad
demandada, se procedió a aplicar los incrementos anuales del IPC desde el año
2005, tomando como base la mesada reconocida para dicha anualidad,
obteniéndose los siguientes resultados:
Año Valor mesada IPC Valor incrementado
2005 $ 1.526.972,74 4,85% $ 1.601.030,92
2006 $ 1.601.030,92 4,48% $ 1.672.757,10
22 Folios 24-34 del archivo «45_110010325000202300241002MemorialWeb20251018362.pdf», índice 00044
del aplicativo SAMAI.
23 Ibid.
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2007 $ 1.672.757,10 5,69% $ 1.767.936,98
2008 $ 1.767.936,98 7,67% $ 1.903.537,75
2009 $ 1.903.537,75 2,00% $ 1.941.608,50
2010 $ 1.941.424,00 3,17% $ 2.002.967,14
2011 $ 2.002.967,14
84. Como se observa, el valor obtenido para el año 2008 ($1.767.937) coincide
sustancialmente con el monto señalado por el Tribunal en la parte motiva de su fallo
($1.767.937), así como con el cálculo efectuado por la UGPP en el concepto técnico
($1.767.936,13). Aunque las cifras no son idénticas, la diferencia resulta mínima y
confirma la correspondencia entre los métodos de reajuste aplicados.
85. Esta coincidencia ratifica que el Tribunal, más allá de la denominación empleada,
no ordenó la indexación de la primera mesada pensional, sino la actualización del
monto reconocido en 2005 aplicando los reajustes del IPC hasta 2008, tal como lo
autoriza el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
86. Tampoco se advierte que la entidad, al dar cumplimiento a la sentencia, haya
aplicado una fórmula de indexación de primera mesada; por el contrario, procedió a
reajustar los valores año a año conforme al IPC, en armonía con lo que solicitó la
señora Cotes Córdoba y con lo ordenado en la decisión judicial.
87. Además, se constata que, en todo caso, no concurren los supuestos que
justificarían la indexación de la primera mesada pensional.
88. En efecto, el retiro del servicio (31 de diciembre de 2008) se produjo con
posterioridad a la consolidación del estatus pensional (7 de octubre de 2005),
circunstancia que excluye la procedencia de dicha figura. La jurisprudencia ha
precisado que la indexación de la primera mesada solo procede cuando entre la
fecha de retiro y la de reconocimiento de la pensión media un lapso durante el cual
el trabajador no percibe ingresos, lo que conlleva una pérdida real del poder
adquisitivo del salario base de liquidación.
89. Por el contrario, cuando el servidor cumple los requisitos pensionales estando
aún vinculado, como ocurre en este caso, no se configura la situación que da lugar a
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una indexación, pues el salario continúa siendo objeto de los reajustes legales.
90. Esta diferenciación fue claramente explicada por esta Corporación en un
precedente en el que se precisó el alcance de la figura:
«5.12. Así las cosas, resulta importante no confundir, como lo hace la tutelante,
la situación fáctica en virtud de la cual es necesario indexar la primera mesada
pensional, como lo han indicado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, con aquella circunstancia en la que el acto administrativo que declara la
reliquidación pensional es posterior a la adquisición del correspondiente estatus.
5.13. En efecto, en el primero de los casos se trata de aquellas circunstancias en
las que el funcionario se retira del servicio, sin que hubiera completado los
requisitos pensionales y posteriormente, ante el lleno de los mismos, solicita el
reconocimiento pensional que se hace efectivo únicamente en ese momento, lo
que amerita que la primera mesada pensional sea indexada, para evitar la pérdida
de poder adquisitivo del salario que devengaba al momento del retiro del servicio.
5.14. Por otro lado, estamos frente al caso en el cual el retiro del servicio se da
posteriormente a que se cumpla con el estatus pensional, situación que por ende
no requiere que la primera mesada sea indexada, independientemente de que el
acto administrativo sea posterior, pues en dicha circunstancia se ordenarán los
reajustes correspondientes, como en efecto se dispuso en el acto administrativo
que ordenó la reliquidación.»24
91. En este contexto, cabe destacar que, aunque en la Resolución 48631 de 2008
—por la cual se modificó el reconocimiento pensional— se dejó constancia de que
«los reajustes de ley y demás operaciones contables se efectuarían de oficio por la
entidad encargada del pago», del examen del expediente se desprende que dichos
reajustes no fueron aplicados oportunamente. No obstante, esta omisión no
generaba derecho a la indexación de la primera mesada, sino que evidenciaba el
incumplimiento del deber legal de aplicar los reajustes anuales conforme al artículo
14 de la Ley 100 de 1993, obligación que fue precisamente la que los jueces de
instancia restablecieron.
92. En consecuencia, no se configura la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la sentencia objeto de reproche no otorgó un
derecho inexistente ni causó detrimento al patrimonio público, sino que ordenó el
cumplimiento de un reajuste pensional expresamente previsto por la ley, conforme
a los principios de equidad y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
tal como se solicitó en proceso ordinario.
93. Resuelto el argumento planteado, la Sala estudiará el cargo relativo a la
pretensión subsidiaria relacionada con la «revocatoria parcial» de la sentencia del
Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de que se aplique la prescripción en
las diferencias del valor de las mesadas causadas que surgieron al actualizarse.
94. Al respecto, se impone recordar que el Código General del Proceso (CGP), tiene
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia 4 de abril de 2019.
Exp. 11001-03-15-000-2018-04130-01. CP. Rocío Araújo Oñate.
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consagrada la figura de adición de sentencias para resolver la omisión en el
pronunciamiento respecto de un evento que fuera debidamente incorporado dentro
de las pretensiones de la demanda o de los medios exceptivos propuestos en la
contestación. Así, lo señaló expresamente el artículo 287 de dicha codificación:
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse
por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.[…]»
95. A juicio de la Sala, si la UGPP consideraba que la providencia que reconoció el
reajuste anual de la prestación periódica a la demandada no estaba completa,
contaba con la posibilidad de solicitar dentro del término de ejecutoria de la
respectiva decisión judicial la adición o complementación de la sentencia; cosa que
en el caso concreto no ocurrió, dejando de agotar todos los mecanismos ordinarios
que tenía para sacar avante su inconformidad.
96. Para la Subsección, la recurrente no puede mediante la acción especial de
revisión intentar remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la
parte que representa pues, este medio no puede suplir la incuria de quien, teniendo
un mecanismo idóneo y eficaz para lograr que se declarara la prescripción de las
mesadas causadas, no haga uso de él. Esta Corporación, ha precisado que el
propósito de la revisión «no es corregir errores u omisiones de la propia parte, cual
si se tratara de una nueva instancia».
97. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, Corporación que por
competencia del artículo 30 del CGP conoce sobre recursos de revisión, ha
señalado que este medio debe responder a «verdaderos descubrimientos que
patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes
propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo
para su discusión dentro del curso normal del debate […] no es este el escenario
propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad
de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad
vigente»25.
98. En este punto resulta preciso advertir que, en un caso con similares
connotaciones-— existiendo claridad de las diferencias propias de cada tipo de
proceso y su regulación en la ley— tal corporación, señaló un argumento que en
este caso se adopta como propio respecto de la imposibilidad de tornar efectiva la
excepción de prescripción que se busca ahora obtener en revisión. Veamos:
«En el sub examine, la entidad solicitante atacó el silencio tanto del Tribunal
como de la Corte, frente a la excepción de prescripción, habiéndose propuesto
en la contestación de la demanda. Al respecto, se impone recordar que la
ley procesal le exige al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea
congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre
los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos
25 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 15 de noviembre de 2012, radicado núm. 2010-00754.
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de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de
contradictor. Por ello, cuando se dan algunas de las referidas falencias, la
misma normativa prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales
irregularidades, bien por actuación de oficio el juez o en virtud de solicitud
de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva
sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido;
instrumento éste que tampoco fue utilizado por el ente impugnante dentro del
término legal respectivo y que ahora pretende revivir a través de este
mecanismo restringido.
En ese contexto, no es de recibo que la parte demandada en el proceso
primigenio retome el tema de la prescripción para alegarlo ahora como sustento
de la revisión, dado que por la índole misma de este especialísimo medio de
cuestionamiento procesal, excepcional y extraordinario, la Corte tiene vedado
volver a discutir los extremos de un proceso que ha sido resuelto a través de
una decisión debidamente ejecutoriada --o reemplazar los instrumentos de
impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento--, soslayando
las cargas procesales que como imperativos condicionales corresponde
asumir a determinada parte. Por manera que, aparte de ya no ser ese un
hecho controvertido del proceso (prescripción de mesadas pensionales), hizo
tránsito al concepto de cosa juzgada material, elementos todos del debido
proceso y, por tanto, que escapan a la causal de revisión de violación del
mismo.»26
99. Las razones expuestas, llevan a la Sala a concluir, que la UGPP como parte
demandada dentro del proceso ordinario, haciendo uso de los remedios procesales
que tenía a su alcance, pudo controvertir el aspecto que hoy aduce fue omitido,
quedando cerrada definitivamente, en aquel momento, la oportunidad para reclamar
el vicio que ahora alega.
100. En consecuencia, inexorablemente debe declararse infundada la acción
especial de revisión.
Condena en costas
101. Dado que esta Sección27 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se
abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
26 Corte Suprema de Justicia. Sentencia SL 1502-2022. Exp. 89880.
27 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00241-00 (2809-2023)
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
en contra la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUEGUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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