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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00529-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00529-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se revocó la dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó del 28 de mayo de 2019. Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 27001-33-33-001-2017-00249-01al juzgado de origen y archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00529-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00529 00 (4957-2022)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Nancy Emilia Peñaloza Arcos
Tema: Causales a y b artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003

1. LaSala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-33-33-001-2017-00249-01.

I. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario inicial
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

establecido en el artículo 138 del CPACA,2 la señora Nancy Emilia Peñaloza Arcos
solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 017319 del 29 de abril de 2016 y RDP
026211 del 16 de julio de 2016, mediante las cuales la UGPP negó la reliquidación
de su pensión gracia con inclusión de factores salariales. A título de restablecimiento
del derecho, que se ordenara la reliquidación de la prestación en cuantía de
$237.335,61, efectiva a partir del 20 de octubre de 1995, con inclusión de la prima
de alimentación, prima de navidad y prima semestral, así como el pago de
diferencias, indexación, intereses moratorios y costas.

3. Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que laboró como docente al
servicio del departamento del Chocó entre el 4 de noviembre de 1971 y el 30 de
marzo de 2003; que Cajanal le reconoció la pensión mediante Resolución 5417 del
11 de abril de 1997, en cuantía de $207.568, efectiva desde el 20 de octubre de
1995, pero únicamente con asignación básica; y que el 18 de diciembre de 2015
solicitó la revisión de la prestación para que se incluyeran todos los factores
salariales devengados en el año anterior al estatus pensional. La UGPP negó la

1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

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Demandante: UGPP

solicitud y confirmó esa decisión, al considerar que no se acreditaron debidamente
los requisitos documentales exigidos para acceder a la reliquidación.

Sentencia de primera instancia3
4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante

sentencia del 28 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el régimen aplicable era el de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Señaló que, aunque antes venía aplicando la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre inclusión de factores, debía acatar el precedente constitucional y
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, según
la cual los factores que integran el IBL son únicamente aquellos sobre los cuales se
hubieran efectuado aportes o cotizaciones al sistema.

Recurso de apelación 4
5. Inconforme con la anterior decisión, la señora Nancy Emilia Peñaloza Arcos, por

intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación. Sostuvo que el juzgado
aplicó indebidamente los precedentes constitucionales y la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, pues, a su juicio, aquellos no
podían desconocer el régimen especial ni afectar derechos adquiridos, la confianza
legítima y el principio de favorabilidad. Insistió en que la pensión gracia debía
reliquidarse con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985. Subsidiariamente, pidió que,
de aplicarse la providencia de unificación de 2018, se ordenara la reliquidación bajo
esa regla y no la negativa total de las pretensiones. Finalmente, solicitó limitar los
descuentos por aportes a los factores del último año de servicios y revocar la
condena en costas.

Sentencia objeto de revisión5
6. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 27 de agosto de

2021, revocó la sentencia y en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.

7. Consideró que, si bien el juzgado estudió la reliquidación solicitada, lo hizo bajo

parámetros que no correspondían a la naturaleza especial de la pensión gracia,
pues acudió a reglas sobre IBL, cotizaciones y régimen de transición de la Ley 100
de 1993, así como a criterios propios de la pensión ordinaria regulada por la Ley 33
de 1985.
8. Señaló que la prestación fue liquidada inicialmente solo con la asignación básica,

pese a que los certificados salariales acreditaban que la demandante también
devengó prima de navidad, prima de alimentación y prima semestral durante el año
anterior al estatus. Por ello, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a

3
Visible en las páginas 30 a 39 del archivo parte 3.pdf del expediente digital remitido a esta corporación por el juzgado
4
Visible en las páginas 44 a 62 del archivo parte 3.pdf del expediente digital remitido a esta corporación por el juzgado
5
Visible en las páginas 1 a 13 del archivo parte 5.pdf del expediente digital remitido a esta corporación por el juzgado

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la UGPP reliquidar la pensión gracia con inclusión de esos factores, junto con la
indexación correspondiente.

De la acción especial de revisión
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en ejercicio de la acción especial de
revisión, solicitó infirmar la sentencia del 27 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, al considerar configuradas las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

10. Frente a la causal del literal a), sostuvo que la providencia cuestionada habría

vulnerado el debido proceso porque ordenó la reliquidación de la pensión gracia
desde la fecha de adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 20 de octubre
de 1995, sin aplicar la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

11. Precisó que como la solicitud de reliquidación fue presentada el 18 de diciembre

de 2015, las diferencias pensionales solo podían reconocerse a partir del 18 de
diciembre de 2012. Por ello, afirmó que el Tribunal se apartó de la normativa y la
jurisprudencia aplicables al extender los efectos económicos de la reliquidación
hasta el 20 de octubre de 1995.

12. Si bien la UGPP también mencionó la causal del literal b), relativa a que la
cuantía del derecho reconocido exceda lo debido, no formuló una argumentación
autónoma sobre esa causal, sino que insistió en la presunta violación del debido
proceso por falta de aplicación de la prescripción trienal.

13. Con fundamento en lo anterior, pidió revocar la sentencia cuestionada, declarar

la prescripción de las mesadas causadas entre el 20 de octubre de 1995 y el 18 de
diciembre de 2012, y anular la Resolución RDP 07562 del 24 de marzo de 2022,
expedida en cumplimiento del fallo.

Oposición
14. La señora Nancy Emilia Peñaloza Arcos, por conducto de apoderado, se opuso

a las pretensiones de la acción especial de revisión. Señaló que le asistía el derecho
a la reliquidación de la pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales,
en los términos reconocidos por el Tribunal Administrativo del Chocó, y sostuvo que
la UGPP pretendía convertir este mecanismo en una tercera instancia.

15. Indicó que el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionar el criterio

con el que el juez interpretó o aplicó la ley, ni la valoración probatoria realizada en
la sentencia, pues su estudio se restringe a las causales legalmente previstas.

16. Frente a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, afirmó que

la UGPP no sustentó realmente una transgresión al debido proceso, sino que

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cuestionó la motivación del Tribunal en relación con la prescripción de mesadas
pensionales.

17. Agregó que, si la entidad no estaba conforme con la ausencia de
pronunciamiento sobre la prescripción, contaba con los mecanismos de aclaración,
corrección o adición de la sentencia, sin que hubiera hecho uso de ellos.

18. En cuanto a la causal del literal b), sostuvo que la UGPP no explicó cómo se

configuraba la cuantía superior a la debida ni la conexidad argumentativa de esa
causal, por lo que reiteró que el recurso no podía utilizarse para reabrir el debate ya
definido por el Tribunal sobre la reliquidación de la pensión gracia.

19. Finalmente,solicitó declarar infundado el recurso de revisión y negar las
pretensiones de la UGPP.

II. CONSIDERACIONES

Competencia
20. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente

para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De la oportunidad para interponer la acción
21. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

22. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la

solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de

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que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

23. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 27 de
agosto de 2021 por parte del Tribunal Administrativo del Chocó, y el escrito de
revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 21 de septiembre de
2022, es decir, en término para impetrar la acción especial de revisión.

Problema jurídico
24. Corresponde determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo

del Chocó el 27 de agosto de 2021, que revocó la decisión del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó del 28 de mayo de 2019, se encuentra
incursa en la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por la presunta vulneración del debido proceso derivada de la falta de
aplicación de la prescripción trienal de las mesadas pensionales. Asimismo, deberá
establecerse si la causal del literal b), también invocada por la UGPP, fue
sustentada de manera autónoma para habilitar su estudio de fondo.

25. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de

revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocadas y su aplicación al caso concreto.

La naturaleza y objeto de la acción especial de revisión
26. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en

el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,6 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.

27. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.7 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.

28. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un sujeto

calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la conciliación
judicial o extrajudicial.8

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-2012-00561-
00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
7
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-05275-01, C.P.
Dr. William Hernández Gómez.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.° 11001-03-25-000-
2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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29. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem9 y en el artículo 6 del Decreto 5021

de 200910 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.

30. Encuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.11 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

31. Esta corporación12 ha señado que estas causales constituyen una herramienta

útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y, consecuentemente,
corregir todos aquellos reconocimientos pensionales13 fraudulentos y en exceso de
los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos o convenciones colectivas de
trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».14

32. En lo que concierne a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que el

derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
9
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
10
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
11
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835 de 2003.
12
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-2016-02022-00,
C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13
Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos públicos, pues ellas
también están comprendidas dentro del referido recurso.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.° 11001-03-
25-000-2015-00234-00 (0436-2015).

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existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la
autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él para
hacer valer sus derechos15.

33. Por tanto,
se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:16

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

34. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen

reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.

35. Y en lo que corresponde a la segunda causal, esta ha sido considerada
jurisprudencialmente17 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de
la moralidad administrativa18 y permite corregir los reconocimientos pensionales que
se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones19, en especial, el principio de solidaridad20 y
equilibrio financiero.

Caso concreto
36. Pues bien, en lo concerniente a la causal prevista en el literal a) del artículo 20

de la Ley 797 de 2003, la entidad accionante sostiene, en síntesis, que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en una vulneración al
debido proceso, en tanto ordenó la reliquidación de la pensión gracia a favor de la
señora Nancy Emilia Peñaloza Arcos desde la fecha de adquisición del estatus
pensional, sin declarar la prescripción trienal de las mesadas.

37. En ese orden, adujo que la solicitud de reliquidación fue presentada el 18 de

diciembre de 2015, por lo que, en su criterio, las diferencias pensionales solo podían
reconocerse a partir del 18 de diciembre de 2012. Por ello, afirmó que el Tribunal

15
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019,
expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
16
Ejusdem.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-
000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión
racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

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se apartó de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, al extender los efectos económicos de la reliquidación hasta el 20 de octubre
de 1995.

38. Ahora bien, para la Sala los argumentos de la entidad con los que pretende

soportar la configuración de la causal a) en comento, no encajan dentro del alcance
de la vulneración al debido proceso en los términos expuestos en el marco
normativo en esta providencia, tal como pasa a explicarse.

39. Revisado el plenario se observa que la UGPP actuó en el trámite del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y propuso la excepción de prescripción. La sentencia de primera
instancia negó las pretensiones; sin embargo, apelada la decisión por la parte
demandante, el Tribunal Administrativo del Chocó revocó el fallo y ordenó reliquidar
la pensión gracia con inclusión de los factores salariales devengados en el año
anterior a la consolidación del estatus pensional.

40. En ese orden, se tiene que la entidad, por vía de la acción especial de revisión,

cuestiona la decisión judicial en cuanto no declaró probada la prescripción trienal de
las diferencias pensionales. Sin embargo, dicho reparo no evidencia una afectación
de las garantías propias del debido proceso, sino una inconformidad con los efectos
económicos fijados por el juez de la causa.

41. De tal manera que, lo esgrimido por la UGPP no guarda relación con la
vulneración al debido proceso, esto es, en cuanto al derecho al juez natural o
funcionario competente; el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento; y menos aún alega la vulneración a las garantías procesales como
de audiencia y defensa, decisión motivada, segunda instancia, entre otras; por el
contrario, su argumento se dirige a cuestionar la falta de aplicación de la
prescripción trienal en la sentencia objeto de revisión.

42. Ahora bien, como el reproche efectivamente desarrollado por la UGPP se dirige

a cuestionar la falta de aplicación de la prescripción trienal, debe recordarse que
esta Subsección21 ha señalado que, si bien la solicitud de adición de la sentencia
no constituye un requisito de procedibilidad de la acción especial de revisión, lo
cierto es que, cuando el reproche se funda en la falta de pronunciamiento del juez
ordinario frente a la prescripción, debe verificarse si la entidad hizo uso de los
mecanismos procesales que tenía a su alcance para obtener la complementación
de la providencia. Ello, por cuanto el artículo 287 del Código General del Proceso22

21
Ver sentencia del 5 de marzo de 2026, rad. 11001-03-25-000-2023-00241-00 (2809-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
y sentencia del 4 de junio de 2026, rad. 11001-03-25-000-2025-00168-00 (1324-2025), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión
haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00529 00 (4957-2022)
Demandante: UGPP

prevé la adición de la sentencia cuando se omita resolver sobre alguno de los
extremos de la litis o sobre cualquier punto que debía ser objeto de
pronunciamiento.

43. En ese orden, las causales de revisión no pueden emplearse para suplir la falta

de utilización oportuna de una herramienta procesal idónea frente a una omisión
advertida en el trámite ordinario. Por tanto, aunque la prescripción trienal incide en
la determinación de las sumas periódicas a cargo del tesoro público, la UGPP
contaba con la posibilidad de solicitar la adición de la sentencia dentro del término
de ejecutoria; al no hacerlo, no resulta procedente reabrir ese debate por vía de la
acción especial de revisión.

44. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida de

un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma tiene no
solo la carga de sustentar con claridad y concreción los argumentos que la
respalden, sino también de agotar los mecanismos procesales a su alcance, pues,
se pretende infirmar una decisión judicial ejecutoriada, es decir, que la posibilidad
de recurrir a la acción especial de revisión implica una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que
resulta razonable la exigencia de un mayor rigor argumentativo y jurídico en el
análisis de este tipo de asuntos, máxime cuando no se trata de una tercera
instancia.

45. De otro lado, en lo que concierne a la causal del literal b), esta Subsección
advierte que, si bien la falta de aplicación de la prescripción trienal podría tener
incidencia en las sumas reconocidas, la UGPP no formuló un cargo autónomo frente
a la liquidación, los factores salariales incluidos o la cuantía específica de la pensión
gracia reliquidada. Su argumentación se concentró en sostener que el Tribunal
vulneró el debido proceso al no limitar los efectos económicos de la condena, de
manera que no hay lugar a efectuar un estudio autónomo de fondo sobre la causal
del literal b), en la medida que no cumple con la carga argumentativa exigida para
este mecanismo especial.

46. De lo antes expuesto se concluye entonces, que la UGPP pretende, a través de

esta acción especial de revisión, reabrir el debate relacionado con la prescripción
trienal de las diferencias pensionales reconocidas por el Tribunal Administrativo del
Chocó, lo cual no resulta viable, pues este mecanismo extraordinario no constituye
una tercera instancia.23 En ese orden, no se configuran las causales previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que se impone declarar infundada la
acción de la referencia.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo
término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la
providencia principal.”
23
Ver entre otras, sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado de 19 de marzo de
2026, radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00 (6603-2024), y 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022) (AER).

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Radicado: 11001 03 25 000 2022 00529 00 (4957-2022)
Demandante: UGPP

Condena en costas
76. Dado que esta Sección24 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas dado que la actuación tiene por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 27 de
agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual
se revocó la dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó del 28 de mayo de 2019.

Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 27001-33-33-001-2017-00249-01al juzgado de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.

24
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-
2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

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