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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00026-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
44 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00026-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCE P , contra la sentencia de segunda instancia del 3 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 110013335026201300476 , por las causales a) y b) de l 32 C o n s e j o d e E s t a d o , Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000- 2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000- 2018-01884-00(REV). www.consejodeestado.gov.co 27 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001032500020200002600 Demandante: FONCEP artículo 20 de la Ley 797 de 2 003, con fundamento en las razones expuestas. SEGUNDO: S in condena en costas. TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00026-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C. , cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-0325-000-2020-00026 00 (0026-2020)
Accionante : Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y
Pensiones - FONCEP
Demandado: Judith Preciado Méndez

Tema: Causales de revisión a) y b) del artí culo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación pensional.
Régimen de transición, factores salariales.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y
Pensiones - FONCEP contra la sentencia del 3 de mayo de 2016
proferida por el Tribunal Adminis trativo de Cundinama rca .

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora JUDITH PRECIADO MÉNDEZ en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó declarar
la nulidad del oficio 2012EE17852 , por medio del cual se negó la
revisión y reliquid ación de la pensión con inclusión de todos los
factores devengados en el último año de servicios.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al
FONCEP en liquidación, a (i) reliq uidar su pe nsión reconocida
teniendo en cuenta el promedio y los factores salariales que
devengó en el último año de servicios, y (ii) pagar las diferencias
generadas desde el día en que cumplió los requisitos para obtener
el reconocimiento prestacional, dando cumpli miento a la sentencia
en los términos de los artículos 176 y 177 del «CCA».
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001032500020200002600
Demandante: FONCEP

1.2. Fundamentos fácticos

Mediante la Resolución 3412 del 29 de diciembre de 2003, el
FONCEP le recono ció una pensión de jubilación equivale nte al 75%
del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento.

El 31 de julio de 2 01 2, la señora Judith Preciado Méndez solicitó a
la entidad demandada la reliquidación de su prestación, con
inclusión de todos los factores sala riales devenga dos en el último
año de servicios.

El Fondo de Prestaciones Económicas de Cesantías y Pensiones
FONCEP negó la solicitud anterior .

1.3. Contestación de la demanda

El Fondo de Prest aciones Económicas Cesantías y P ensiones –
FONCEP, a través de apoderado, solicitó negar las pretensiones de
la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

Expuso que el acto acusado y los soportes legales bajo los cuales
se expidieron , se ajustan a derecho, es así como los factores
salariales son los previstos en la ley, y la pensión fu e liquidada
atendiendo el régimen que le es aplicable y se encuentra vigente,
su pago ha sido oportuno al igual que los incrementos de ley, razón
por la cual no le asiste fundamento a la demandante .

1.4. Sentencia de primera instancia 1

El 23 de septiembre de 2015 el Juzg ado Veintiséis Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera
instancia, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda .

1 Samai índice 12

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001032500020200002600
Demandante: FONCEP

Consideró que no es procedente acceder a la reliquidación de la
pensión teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados en el último añ o anterior al estatus, como tampoco los
percibidos en el últ imo año de servicios, puesto que el IBL no es un
tema que se encuentre contemplado en el régimen de transición y
por lo tanto al mo mento de su liquidación se deberá atender a lo
dispuesto en la Le y 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1.5. Recurso de Apelación

Contra la decisión anterior la parte demandante presentó recurso
de apelación con fundamento en que dicho pronunciamiento se
apartó de la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el
Consejo de Estado, en la que se determinó que todo factor
devengado por el empleado constituye factor salarial.

1.6. Sentencia objeto de Revisión 2

El 3 de mayo de 2016 la Sección Segunda Subsección D d el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de
primera instancia, en tal sentido: (i) declaró la nulidad del oficio No
2012EE17852 del 1º de octubre de 2012, y (ii) condenó al Fondo
de Prestaciones Económicas de cesantías y Pensiones – FONCEP
a reliquidar la pensión en cuantía del 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de servicio, esto es por el lapso
comprendido entre el 30 de agosto de 2003 y el 30 de agosto de
2004, incluyendo como factores salariales, asignación básica,
prima de antigüedad, 1/12 de la prima de navidad, 1/12 de la
Bonificación por servicios, 1/12 de la prima de servicios y 1/12 de
la prima de vacaciones, a partir del 1º de septiembre de 2004, pero
con efectos fiscales a partir del 31 de julio de 2009, toda vez que
en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo.

2 Folios 187

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Demandante: FONCEP

Precisó que la señ ora JUDITH PRE CI ADO MÉNDEZ tenía derecho
a la reliquidación solicitada, por cuanto se probó en el proceso que
era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, ordenó la inclusión de
todos los salarios devengados en el ú ltimo año de se rvicios , de
acuerdo con el criterio jurisprudencial unificado del Consejo de
Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 .

En todo lo demás, se confirmó la sentencia apelada .

1.7. La Acción de Revisión 3

El Fondo de Prestaciones Sociales Económicas cesantías y
pensiones FONCEP compareció ante esta Corporación en ejercicio
de la acción de re visión contra la se ntencia de segunda instancia
del 3 de mayo de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , con las siguientes pretensiones:

«PRI M ERA : Revocar la sent encia de p r im er a inst anci a
con f echa 23 de sept iem br e de 2015, pr of er ida por el
Juzgado 26 Adm ini st r at ivo de Bogot á y sent encia de
segunda inst anc ia con f echa 3 de m ay o de 2016 pr of er ida
por el Tr ibun al Adm i nist r at ivo de Cund in am ar ca Secció n
Segunda i nst aur ada por la señor a Judit h Pr eciad o
M éndez cont r a FO NCEP, en el pr oceso r adicado con el
No 2013 - 276.
SEG UNDA : Declar ar que a la señor a JUDI TH PRECI A DO
M ENDEZ , en cuant o a la liqu idac ión de su m esada
pensiona l, no es acr eedor a de un der echo adquir ido
am par able por la Le gislac ión Co lom bia n a, y en su lugar ,
O RDENA R LA RELI Q UI DACI Ó N Y PAGO de su m esada
pensiona l conf or m e a las r eglas pr evist as en las
sent encias C - 168 de 1995, C - 258 de 2013, aut o 326 de
2014, SU - 427 de 2 016, SU - 210 de 20 17, aut o 229 d e
2017, SU - 395 de 2017, SU - 631 de 2017, T - 039 de 2018
pr of er idas por la Sala Plen a de la Cor t e Const it uciona l,
est o es, adopt ando com o I NG RESO BASE DE
LI Q UI DACI Ó N las dir ect r ices f ij adas en el incis o 3° del
ar t í culo 36 o las consignadas en e l ar t í culo 21 de la Le y

3 Folio 141 a 173

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001032500020200002600
Demandante: FONCEP

100 de 1993, según el caso, así com o los FACTO RE S
BASE DE CO TI ZACI Ó N TAXATI VAM E NT E det er m inados
en el Decr et o 1 158 de 1994 y dem ás di sposici ones qu e
EXPR ESAM EN TE consagr en esa condic ión de
FACTO RES SALA RI ALES con inci denci a pension al, y
f ij ando com o M ONTO PENSI O NAL o TASA D E
REEM PLAZO el 75 % pr evist o en la Ley 33 de 1985; por
haber adquir ido su est at us pensional co nf or m e a las
condic iones del RÉ G I M EN DE TRANSI CI Ó N cr eado por
el Sist em a G ener al de Pension es, y no ant es.
T ERCERA : Com o consecuencia de lo ant er ior , O RDENAR
al FO NCEP a R ELI Q UI DAR y PAG AR la m esada
pensiona l de J UDI T H PRE CI ADO M EN DEZ, conf or m e a
las r egl as pr evist as en las sent encias C - 168 de 1995, C -
258 de 2013, aut o 326 de 2014, SU - 230 de 2015, SU - 427
de 2016, SU - 210 de 2017, aut o 229 de 2017, SU - 395 de
2017 y SU - 631 de 2017 pr of er idas por la Sala Pl ena d e
la Cor t e Const it uc iona l, est o es, adopt ando com o
I NG RESO BASE DE LI Q UI DACI Ó N las dir ect r ices f ij adas
en el inciso 3° del ar t í culo 36 o las c o nsignadas en e l
ar t í culo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así
com o los FACTO RES BASE DE CO TI ZACI Ó N
TAXATI V AM ENTE d et er m inados en el Decr et o 1158 de
1994 y dem ás disposici ones que E XPRE SAM ENT E
consagr en esa condició n de FACTO R ES SALA RI ALE S
con inci denci a pe nsiona l, y f ij ando com o M O NTO
PENSI O NAL o TAS A DE RE EM PLAZO el 75% p r evist o en
la Ley 33 de 1985 ; por haber adquir ido su est at us
pensiona l conf or m e a las cond icio nes d el RÉG I M EN D E
TRAN SI CI Ó N cr eado por el Sist e m a G ener al de
Pension es y no ant es 4».

El Fondo de Prestaciones Económicas cesantías y Pensiones
invocó como causales de revisión las previstas en los lit erales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5.

Para fundamentar sus pretensiones la entidad recurrente sostuvo
que la orden de reliquidación pensional impartida en la sentencia
se profirió con violación al debido proceso, en tanto desconoció
el precedente judicial contenido en la sentencia C -258 de 2013 de
la Corte Constitucional.

4 Folio 2 del expediente.
5 a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso. b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001032500020200002600
Demandante: FONCEP

En cuanto a la segunda causal, señaló que de acuerdo con el fallo
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cuantía de la
pensión de la señora JUDITH P RE CIADO MÉNDEZ excedió lo
debido, esto en consonancia con los artículos 21 y 3 6 de la Ley
100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, que son las normas
legalmente aplicables, de conformidad con la interpretación dada al
régimen de transición en la sentencia C –258 de 2013 de la Corte
Constitucional.

Asimismo, los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 establecieron
los factores que constituyen el ingreso base de cotización de los
servidores públicos y con base en ellos, el empleador efectuó los
aportes a la UGPP y se efectuó el cálculo de la pensión a favor de
la afiliada.

1.8. contestación de la acción de revisión 6

La señora JUDITH PRECIADO MÉ NDEZ , contestó la acción de
revisión , en la que solicitó que se declarar infundado el recurso,
como quiera que la interpretación otorgada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue conforme a los criterios
interpretativos vig entes para l a fecha de expedición de los dos
fallos, los cuales fueron anteriores a la sentencia proferida el 28 de
agosto de 2018.

II. CONSIDERACI ONES

2.1 Competencia

El recurso extra ordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
en sus artículos 248 a 255.

6 Folio 38 a 41.

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Demandante: FONCEP

El artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos son de conocimiento de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.

Por su parte , el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , precisa que
«las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Traba jo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».

En tal sentido y dado el criterio d e especialización laboral, la
competencia para resolver el recu rso formu lado es de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.

«Ar t í culo 13. - Dist r ibución de los pr oceso s ent r e las seccione s.
Par a ef ect os de r epar t im ient o, los asun t os de que conoce l a
Sala d e lo Cont enc io so Adm inist r at ivo s e dist r ibuir án ent r e su s
secciones at en dien do un cr it er io de especia lizac ión y de
volum en de t r abaj o, así :
Sección Se gunda:
[ …]
3. El r ecur so ext r ao r dinar io de r evisi ón cont r a las sent enci a s
de única inst anc ia d ict adas por los t r ibunales adm in ist r at ivos,
en asunt os r elacion ados con la com pet encia de est a secci ón
[ …] »

Por lo anterior, est a Subsección es competente para conocer de la
acción de revisión formulada por la UGPP contra la sentencia del 3
de mayo de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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2.2. Oportunidad

El FONCEP invocó como causales de revisión las previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese
sentido, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quedó ejecutoriada el 6 de mayo de 2016 , y la acción
de revisión se interpuso el 13 de diciembre de 2018 7, la presente
demanda se encuentra dentro del término de los cinco años
establecido por el artículo 251 de l CPACA para estos eventos

2.3. Legitimación

Sobre la legitimación del FONCEP para promover la acción de
revisión contra providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer o reliqu idar pensiones, la Corte Constitucio nal, en la
sentencia SU -427 de 2016, definió la siguiente regla:

«( . . .) f r ent e a la legit im ación par a int er poner el r ecur so de
r evisión p or la co nf igur ación de un abuso de l der ec ho,
com oquier a que la Const it ución n o r eguló la t it u lar idad p a r a
int er poner lo, debe ent enderse que re cae, además de l os
suj et os est abl eci dos en l a Ley 797 de 2 003, en cabeza de
l as admi ni stradoras de pensi ones encargadas del pago de
l as prest aci ones peri ódi cas reconoci das de manera
i rregul ar , pues son las pr im er as inst it uciones llam adas dent r o
del sist em a pensio nal a velar por su buen f uncionam ie nt o
f inancier o. » [ Negr i ll as f uer a del t ext o]

De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad
administradora encargada de reconocer y pagar las cesantías y las
obligaciones pensionales a cargo del Distrit o Ca pital, está
legitimado para interponer la presente acción de revisión.

2.4. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

7 Folio 21 reverso del expediente

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Demandante: FONCEP

Subsección D, de 3 de mayo de 2016, se encuentra inmersa en las
causales de revisión previstas por lo s litera les a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, es decir, e stablecer si a la d emandada,
en su calidad de beneficiaria del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, le resultaba aplicable o no, p ara efecto
de la reliquidación pensional, la inclusión de la tota lidad de factores
salariales devengados en su último año de servicio.

Para resolver el anterior planteamiento, p reviamente la Sala se
referirá (i ) a la acción especial de revisión y las causales
contempladas en los literales a) y b ) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, y, (ii) a la liquidación de la s pensiones que están sujetas
al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con el fin de establecer si la sentencia objeto de revisión
incurrió en las cau sales invocadas en la presente acción especial.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La acción especial de revisión y las causales
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 .

La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar
una providencia judicial ya ejecuto riada, siempre y cuando se
configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA 8 (antes artículo 188 del CCA), sit uación que

8 Artículo250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los c uales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la

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es posible entenderse como una de las excepciones al principio de
la cosa juzgada 9, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de
legalidad que cob ija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por
el grave desconocimiento de los principios fundamentales del
proceso.

Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considerada precisamente como una acción especial 10,
con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en
la causa por act iva. De esta manera, se estableció para controvertir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los

que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decre tó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que const ituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós
(22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-
2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Est ado Civil.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Min isterio del Trabajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se
le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, est o en tanto, es
claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno
Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de
proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera
del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).

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casos de corrupción en esta materia 11 y para ejercerla se requiere
de un solicitante calificado 12, que a su vez puede ser un t ercero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 13 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, soliciten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.

2.5.1.1. En cuanto a la causal del literal a) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con viol ación al debido proceso»

Esta causal es procedente cuando la se ntencia atacada reconoce
una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza
pública con violación del debido proceso. En relación con ello, es
claro que la parte interesada debe promover la acción e special de
revisión y aportar los elemento s sobre los cuales est ructura su
petición.

11 C o n s e j o d e E s t a d o . S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . S e c c i ó n S e g u n d a

– Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D.
C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel
Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de
enero de 1984, CCA.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00
(0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-.
Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001032500020200002600
Demandante: FONCEP

En este caso, el FONCEP cuestiona la sentencia de 3 de mayo de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que
revocó la decisión contenida en la providencia del 23 de septiembre
de 2015, dictada por el Juzgado Veintiséis Administrativo de
Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001 3335 026 2013 00476 01 , en la que se
accedió las pretensiones de la demandada y ordenó reliquidar la
pensión a favor de la señora JUDITH PRECIADO MÉNDEZ .

Para esto, esgrimió la violación al debido proceso, toda vez que en
su criterio la pensión debió liquidarse con el promedio de los últimos
10 años de servicio y con la inclusión de los factores expresamente
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

2.5.1.2. En cuanto a la causal del literal b) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente 14 como un
instrumento que persigue fortalecer el princip io de la moralidad
administrativa 15 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han efectuado en exceso y que afectan los principios
filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 16, en
especial, el princip io de solidaridad 17 y equilibrio financiero.

Frente a esta c ausal, el apoderado de FONCEP estimó que fue
errónea la interpre tación efectuada en las providencias judiciales

14 C o n s e j o
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez. Sentencia de
1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001 -03-15-
000-2016-02022-00.
15Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo
3.º de la Ley 489 de 1998.
16U n i v e r s a l i d a d ,
integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad,
subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
17 R a t i o o razón de ser de la s eguridad social.

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Demandante: FONCEP

cuestionadas , frente al régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y su aplicación al caso de la señora Judith Preciado Méndez .

En su criterio, esto originó que se le otorgara un derecho que no le
asistía, comoquiera que, si bien su pensión de jubilación debía
reconocerse de acuerdo con las L eyes 33 y 62 de 1985, la
consagración del régimen de transición, sólo conservó la edad, el
tiempo de servicios o las semanas cotizadas y el monto pensional,
pero entendido este último como la tasa de reemplazo definida en
el régim en anterior, para diferenciarla de la tasa fijada por el
Sistema General de Pensiones y por ende, para el ingreso base de
liquidación de la norma anterior debía aplicarse el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y atender a los factores establecidos en el Decr eto
1158 de 1994.

2.5.2. El Sistema General de Seguridad Social en pe nsiones y
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la
seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los princi pios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley.

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social
Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad,
con instituciones y recursos desti nados a garantizar la cobertura
de las prestaciones de carácter eco nómico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos
derechos irrenunciables de las personas 18, a través de la protección
de las contingencias que las puedan afectar 19, y les permitan tener
una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

18 A r t í c u l o 1 de la Ley 100 de 1993.
19 I b í d e m .

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Demandante: FONCEP

El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes
pensionales que, antes de su promulgaci ón, se encontraban
dispersos en el ordenamiento jurídico, establecie ndo reglas
comunes para todos los trabajadores del territorio nacional y sin
atención a la naturaleza de su relación laboral. No obstante, en el
artículo 36, la norma concibió un régimen d e transición en favor de
las personas que cumplieran con unos requisitos a su entrada en
vigor, lo cual les p ermitiría regirse p or la legislación a plicable en
el régimen anterior al que se encontraban afiliadas, en cuanto a la
edad, tiempo de servicios o n úmero de semanas cotizadas y monto
de la prestación.

«ARTÍ CU LO 36. RÉG I M EN DE TRAN SI CI Ó N. La edad par a
acceder a la pens ió n de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco
( 55) años par a las m uj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a
el año 2014, f echa e n la cual la edad se i ncr em ent ar á en dos años,
es decir , s er á de 57 años par a las m uj er es y 62 par a los hom br es.

La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vici o
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensión de
vej ez de las per sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia el
Sist em a t engan t r eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40) o m ás años de edad si son hom br es, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la est ablecida
en el r égim en ant er i or al cual se e ncuen t r en af iliados . Las d em ás
condic ion es y r equis it os apl icabl es a est as per sonas par a ac ceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enida s
en la pr esent e Ley.
[ …] »

Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los requisitos
de edad o de tiempo de servicios previstos por el artículo 36 para
la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tendrían la
posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que v enían
aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicio s
o semanas cotizadas y monto. Sobre este último aspecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
ha debatido si el ingreso base de liquidación forma o no p arte del
régimen de transición. Las posturas frente al particular fueron las
siguientes:

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Demandante: FONCEP

a) Criterio de la Corte Cons titucional

En la sentencia C -258 de 2013, la Corte Constitucional, al referirse
al régimen de tran sición de los congresistas, fijó una re gla según
la cual el IBL no hacía parte de las normas de transición, al
respecto manifestó :

«En vist a de que ( i ) no per m it ir la apl icació n ult r act iva d e la s
r eglas de I BL de los r egím enes pension ales vigent es ant es de la
Ley 100 f ue el pr opósit o or iginal de l Legi slador ; ( ii) por m edio del
ar t í culo 21 y del i nciso 3° de l ar t í cul o 36 de la Ley 10 0, el
Legis lador buscó un i f icar las r eglas de I B L en el r égim en de p r im a
m edia; ( iii) ese pr op ósit o de unif icació n coinci de con lo s obj et ivo s
per seguidos por el Act o Legislat iv o 01 de 2005, especí f icam ent e
con los de cr ear r eglas unif or m es que elim inen pr i vileg ios
inj ust if icados y per m it an diseñar m eca nism os que aseg ur en l a
sost enibi li dad de l sist em a - de ahí que la r ef or m a m encion e
expr esam ent e el ar t ículo 36 de la Ley 10 0 - la Sala consider a que
en est e caso el vací o que dej ar á la dec l ar ación de inexequ i bil idad
de la expr esión “ dur ant e el últ im o año” debe ser llenado acud iendo
a las r eg las gen er al es pr evist as en las d os dispos ici ones de l a Le y
100 r ef er idas.

En consecuencia, en la par t e r esolut iva de est a pr ovidencia,
adem ás de declar ar inexequi ble la expr esión “ dur ant e el úl t im o
año” cont enida en el ar t í culo 17 de la Ley 4 de 199 2, la
exequib il idad de l r e st o del pr ecept o ser á condici onada a qu e se
ent ienda que las r eglas sobr e I BL aplic ables a t odos los
benef iciar ios de ese r égim en especia l, son las cont en idas e n lo s
ar t í culos 21 y 36, in ciso t er cer o, de la L ey 100 de 1 993, seg ún e l
caso».

Posteriormente, en la sentencia SU -230 de 2015, definió que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial y
expuso:

«Aunque la int er pr et ación de las r eglas del I BL est ablecidas en la
Sent encia C - 258 de 2013 se enm ar can en el anális is del r égi m en
especia l consagr ad o en el ar t í culo 17 de la Ley 4 de 1992, con
f undam ent o ( i ) en que dicho r ég im en v ulner aba e l der echo a la
igua ldad al conce der pr ivileg ios a una de las clases m ás
f avor ecidas de la sociedad y ( i i ) en la medida en que el r égi m en
especia l de congr esist as y m agist r ados cont iene ve nt aj as
despr opor cionad as f r ent e a los dem ás r egí m enes especiales, ell o
no excluye l a i nt erpret aci ón en abst ract o que se real i zó sobre
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Demandante: FONCEP

el art í cul o 36 de l a Ley 100 de 1993 en el sent i do de est ablecer
que el I BL no es u n aspect o de l a t ra nsi ci ón y, por t a nt o, son
l as regl as cont eni das en est e l as que deben observarse para
det ermi nar el monto pensi onal con i ndependenci a del régi men
especi al al que se pert enezca ». ( Negr il la por f uer a de t exto) .

A partir de dichas decisiones, la Co rte Constitucional ha emitido
varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su
criterio, entre ella s, las sentencias SU -427 de 2016, SU-631 de
2017, SU-210 de 2017 y SU -395 de 2017.

En esta última provide ncia, esto es, la SU -395 de 2017 20, la Cort e
conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias
que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en
los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 21
y 929 de 1976 22, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los t érminos de los artí culos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían
rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la
sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en
la aplicación ult ractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el se rvidor, solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero
excluyendo el ingreso base de liquidación.

b) Cri terio del Consejo de Estado

El Consejo de Esta do, en la sentencia de unificación pro ferida por
la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 23, adoptó una tesis
según la cual el IBL sí forma parte del régimen de transición,
estableciendo lo siguiente:

20 R e i t e r a d o en la sentencia SU -023 de 2018.
21 « P o r
el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y
de sus familiares»
22 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus
familiares.»
23Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de ag osto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.

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«Régim en de t r ansic ión.

La Ley 100 de 1993 cr e ó el sist em a de segur idad socia l int egr al,
con el obj et ivo de am par ar a la població n en las cont ingenci as de
vej ez, invalidez y m uer t e, a t r avés del r econocim ient o de
pensiones y ot r as pr est aciones, para los af iliados y sus
benef iciar ios, encam inadas a pr o t eger sus derecho s
f undam ent ales y a c r ear m ecanism os de car áct er económ ico que
cont r ar r est ar an las cir cunst ancias de desam par o, pér dida de
capacidad labor al o vulner ab il idad a las que se veí an som et idos.
No obst ant e lo ant erior , la r ef er ida ley en su art í culo 36 pr ecept úa
lo sigu ient e:

ARTÍ CULO 36. RÉG I M EN DE T RAN SI CI Ó N. La edad par a acceder
a la pensión de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco ( 55) años
par a las m uj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a el añ o
2014, f echa en l a c ual l a edad s e incr e m ent ar á en dos año s, es
decir , ser á de 57 años par a las m uj er es y 62 par a los hom bres.
La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vici o
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensión de
vej ez de las per sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia el
Sist em a t engan t r eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40) o m ás años de edad si son hom br es, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la est ablecida
en el r égim en ant er i or al cual se e ncuen t r en af iliados. Las d em ás
condic iones y r equis it os apl icabl es a est as per sonas par a ac ceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enida s
en la pr esent e Ley.
[ …]

Se obser va, ent onces, que la Ley 100 de 1993 cr eó un r égimen de
t r ansición, que ha sido ent endido com o un benef icio consag r ado
en f avor de las personas que cum plan det er m inados r equisit os,
par a que al ent r ar en vigencia l a nueva ley, en lo que at añe a la
edad, t iem po de ser vicio o núm er o de se m anas cot izadas y m ont o
de la p ensió n, se si gan r igi endo p or lo est ablecid o en e l r é gim en
ant er ior al cual se e ncont r aban af ili ados .

Teniend o en cuent a las pr uebas alle gadas al expedie nt e, se
acr edit ó que al 1 de abr il de 1994 el act or t ení a m ás de 40 años
de edad, por lo cual se encuent r a dentr o de las pr evisiones del
r égim en de t r ansició n de la Ley 100 de 1993.
En conclus ión, la nor m at ividad apl icab le en e st e caso par a efect os
de det er m inar los r equisit os de edad, t iem po de ser vic i os y,
especia lm ent e, cuant í a de la pensión de j ubilac ión, son las
Leyes 33 y 62 de 1985.
[ …]

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En ar as de gar ant iza r los pr inci pios d e ig ualdad m at er ia l, pr i m ací a
de la r ealidad sobr e las f or m alidades y f avor abil idad en m at er ia
labor al, la Sa la, pr evios debat es sur t idos con apoyo en
ant ecedent es hist ór i cos, nor m at ivos y j ur ispr udencia les, a t ravés
de la pr esent e sent encia de unif icac ión a r r iba a la conclusión que
la Ley 33 de 198 5 no ind ica en f or m a t axat iva los f a ct or es
salar ia les que conf or m an la base de liquidac ión pensi onal , sino
que los m ism os est án sim plem ent e en u nciados y no im p id en la
inclus ión de ot r os concept os devengados por el t r abaj ador durant e
el últ im o año de pr e st ación de ser vicios.

Est a decisión encue nt r a consonancia con la sent encia de 9 de j ulio
de 2009, pr of er ida por la Sección Seg un da de est a Cor por ación».

No obstante, mediante la sentencia de unificación CE -SUJ-SIII,
de 28 de agosto de 2018 24, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia re specto de
los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición
al IBL, señaló que la interpretación que debe dársele al inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó
en esa disposición jurídica, es decir, que las personas beneficiarias
del régimen de transición p ueden adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o sem anas de cotización y la tasa
de reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes
requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto
en el inciso 3º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 25.

3. Análisis sustancial

La Sala advierte que la procedencia de esta acción de revisión es
excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las
sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones

24 C o n s e j o
de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia
de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012 -00143, C.P.: César Palomino Cortés.
25 L a s r e g l a s j u r i s p r u d e n c i a l e s q u e s e f i j a r o n e n l a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n d e l

28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En otras palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

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exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador
autoriza a romper el princip io de la cosa juzgada -res iudicata pro
veritate habetur - y cambiar los resultados de la decisión, en orden
a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se
genera cuando la cu antía del derecho reconocido excede lo deb ido
de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.

El FONCEP solicit a infirmar la sentencia del 3 de mayo de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por
considerar que dicha decisión se encuentra incursa en las causales
de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que se ordenó la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta
el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 dispuesto en las Leyes 33
y 62 de 1985, desconociéndose las normas ap licables – la Ley 100
de 1993- y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la
cual el IBL no es un aspecto que está sometido a la transición, de
tal manera que dicha determinación del juez conllevó, a simismo, a
que el derecho reconocido excediere lo dispuesto en la ley.

3.1. De la causal contenida en el literal a ) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política es un a garantía para equilibrar la
relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los te rceros
interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la citada norma, el debido proceso comprende
fundamentalmente tres grandes garantías:

i) El der echo al j uez n at ur al o f uncionar io com pet ent e.
ii) El der echo a ser j uzgado según las f or m as de cada j uicio o
pr ocedim ient o, est o es, conf or m e con las nor m as pr o cesales
dict adas par a im pul sar la act uación j udi cial o adm in ist r at iva .

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ii i) Las gar ant í as de aud ienc ia y def ensa, que, desde luego,
incluy en el der ech o a of r ecer y pr oducir la pr ueba de desc a r go, la
pr esunción de inoce ncia, el der echo a la def ensa t écnica, el der echo
a un pr oceso público y sin dilaciones, el der echo a que se produzca
una decisión m ot iv ada, el der echo a im pugnar la decisió n y la
gar ant í a de non bis in idem .

Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la
UGPP para fundamentar el cargo de violación del derecho
fundamental al debido proceso, se refieren al desconocimiento d e
las garantías citadas por parte de la autoridad judicial al proferir la
sentencia que se revisa.

Al contrario, los argumentos de la entidad se dirigen, básicamente,
a cuestionar el régimen aplicable a la demandada, sin hacer
manifestación alguna en relación con la vulneración del citado
derecho, supuestamente ocasionada con la sentencia proferida el 3
de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Respecto de los argumentos expuestos, esta Sala encuentra que no
se configuró la ca usal invocada por las razones que se exponen a
continuación:

(i) La decisión proferida el 3 de mayo de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se fundamentó en la jurisprudencia
vigente del Consejo de Estado, esto es, la sentencia de unificación
de 4 de agosto de 2010, que era el precedente vinculante para ese
momento, como quiera que la senten c ia del 28 de agosto de 2018
proferida por esta Corporación, que rectificó el criterio
jurisprudencial, fu e notificada el 12 de septiembre de 2018 de tal
manera que, el precedente seguía siendo la sentencia del 4 de
agosto de 2010.

Al respecto, el Tribunal advirtió que de acuerdo con la sentencia
citada, el Consejo de Estado determinó que los beneficiarios del
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la L ey 100 de
1993, tendrían derecho a que se les aplicara el régimen an terior en

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su totalidad lo cual implicaba que el IBL pensional se debía calcular
teniendo en cuenta el último año de servicios y las su mas que el
trabajador percibió de manera habitual y periódica como
contraprestación directa, salvo que expresamente se enc ontrasen
excluidas.

En consecuencia, al encontrar acred itado que la demandante era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 procedió a aplicar la sentencia de unificación
del 4 de agosto de 2010 al caso en co ncreto.

Luego, no se incurrió en desconocimiento del derecho al debido
proceso pues el su stento de la decisión judicial objeto de la acción
obedeció al cumplimiento de los parámetros fijados por el Consejo
de Estado, los cuales se encontraban vigentes y eran aplicables al
asunto, como fue debidamente explicado por el Tribunal.

(ii) En otros términos, no resulta acertado señalar que se vulneró
el derecho al debido proceso, porque en la sentencia objeto de la
acción especial de revisión expresam ente se señaló que se habría
de seguir lo dispu esto en la sentencia del 4 de agosto de 2010,
conforme a la cual la demandante tenía derecho a la reliquidación
de su pensión sobre el 75% del promedio de salarios que percibió
en el último año de servicios in cluyendo todos los factores
salariales que devengó en ese periodo.

En ese orden de ideas, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente alegado por el FONCEP respecto a la posición
jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la liquidación de
las pensiones bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
fijada en la sentencia C -258 de 2013, no está llamado a prosperar,
porque precisamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
analizar el caso puesto en su conocimiento, ajustó su res olución a
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de
Estado vigente para la época en que se profirió la decisión judicial
objeto de revisión, corporación que tratándose de la jurisdicción
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contencioso administrativa constituye su sup erior funcio nal, de tal
manera que al desarrolla rla, además de atender al precedente
judicial, garantizó con ello el principio de seguridad jurídica y de
igualdad de la señora Preciado Méndez.

En desarrollo de lo anterior, se reitera que no se configuró l a causal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la parte
accionante.

3.2. De la causal contenida en el li teral b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

En relación con la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 esta Sala encuentra que, al igual
que la anterior causal, tampoco se configura en el presente caso,
toda vez que la reliquidación de la pensión ordenada en la
sentencia objeto de revisión tuvo en cuenta el mecanismo de
cálculo de la cua ntía pensional, previsto en el sistema pensional
anterior, en virtud del régimen de transición del que era beneficiari a
la señora JUDI TH PRECIADO MÉ NDEZ , bajo los parámetros fijados
por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo
de Estad o vigente para la época e n que se definió el proceso
judicial.

Se observa que la sentencia del 3 de mayo de 2016 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , objeto de la acción de
revisión, ordenó la reliquidación de la pensión que le fue
reconocida a la se ñora JUDITH PRE CIADO MÉ NDEZ t eniendo en
cuenta el 75% del promedio del salario que devengó en el último
año de servicio sobre todos los factores salaria le s.

Reitera la Sala que para el momento en el que se produjo la
decisión, la posició n adoptada por el Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 19 93, era la

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contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 26,
según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a
dicha ley y debe incluir todas las sumas que habitual y
periódicamente el servidor recibe como contraprestación de sus
servicios.

En ese orden, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que la demandante era beneficiari a del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que resolvió el
debate jurídico dando aplicación a la posición unifica da de esta
Corporación, lo q ue llevó a confirm ar la sentencia ap elada que
ordenó la reliquidación de la pensión.

De lo anterior se evidencia que el Tribunal dio aplicación al criterio
imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de
2010 según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición es el dispuesto en la norma anterior, que para el caso es
la Ley 33 de 1985.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Judith
Preciado Méndez era beneficiaria del régimen de transición de que
trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este aspecto no fue
objeto de discusión ya que ( i) nació el 21 de mayo de 194 8 27 (ii)
prestó sus servicio s en la Empresa Social del Estado Hospital del
Sur desde el 24 de julio de 1972 al 30 de agosto de 2004 es decir,
más de 20 años de servicio 28 y (iii) de acuerdo a la certificación
expedida por el FONCEP (fl 31) se extrae que para los años 2003
a 2004 la señora Judith Preciado Méndez devengó los siguientes
conceptos: asignación básica mensual, dominicales y festivos,
prima de antigüedad, prima de navidad, bonificación por servicios,
prima de servicios y prima de vacaciones. (CD 114959 anexo 05.
pdf).

26Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.
27 S e g ú n se en la cedula de ciudadanía visible a folio 16 cd
28 F o l i o Según constancia expedida por el Hospital San José de Condoto (fl 83)

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La pensión fue reliquidada con base en lo devengado en el último
año de servicio s, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cumplimiento de lo previsto en la L ey 33 de 1985 y los factores
salariales que se ordenaron incluir f ueron los devengados en el
aludido interregno, como son: asignación básica mensual,
dominicales y festivos, prima de antigüedad, prima de navidad,
bonificación por servicios, prima de servicios y prima de
vacaciones, según lo certificó el Fondo de Prestaciones
Económicas de Cesantías y Pensiones, lo cual se acompasa con lo
sostenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 y con varios
pronunciamientos que, para ese momento, había emitido el Consejo
de Estado, según los cuales el IBL forma parte del régimen de
transición.

En ese orden de ideas, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente alegado por el FONCEP respecto al criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la liquidación de
las pensiones bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
fijada en la sentencia C -258 de 2013, no está llamado a prosperar,
porque precisamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al analizar el caso puesto en su conocimiento, ajustó su resolución
a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado
vigente para la época en que se profirió la decisión judicial objeto
de revisión. Lo anterior, para acompasar la decisión con la de su
superior funcional y garantizar con ello el principio de seguridad
jurídica y el derech o a la igualdad.

Igualmente, como se ha señalado en varias oportunidades, la
sentencia C-258 de 2013 está dirigida a los congresistas y altos
funcionarios, c ondición que no tenía la aquí demandad a.

Cabe agregar que en la sentencia C – 816 de 2011 se estableció
que « la jur ispr udencia de los ór ganos j udici ales de cier r e j ur isdicc iona l,
en cuant o aut or idad es const it uciona les de unif icac ión jur is pr udencia l,
vincul a a los t r ibun ales y j ueces - y a sí m ism as - , con base en los

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f undam ent os const it uciona les inv ocad os de igual dad, buena f e,
segur idad jur í dica, a par t ir de una int er pr et ación sis t em át ica de
pr incip ios y pr ecept os const it uciona les» 29.

A lo anterior se d ebe adicionar que, tal como se mencionó
previamente, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 30, se determinó que las providencias que realizaron
interpretaciones sobre el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se mantendrán incólumes pues
fueron expedidas con sujeción al criterio jurisprudencial imperante
en la época de su expedición.

Por lo tanto, la Sala estima que en la sentencia objeto de revisión,
proferida el 3 de mayo de 2016 se acogió a la posición
jurisprudencial ent onces vigente, que había sido definida en la
sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010.

En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de
revisión del artícu lo 20, litera l b) d e la Ley 797 de 2003. Esta
posición permite salvaguardar institu ciones superiores tales como
la seguridad jurídica.

4. Conclusión

En criterio de la Sala, la posició n adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca guardó consonancia con la
jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso -
administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse,
por ser una situación consolidada que goza de los efectos de cosa
juzgada.

29Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011,
magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
30 N o t i f i c a d a el 12 de septiembre de 2018, de acuerdo a lo visto en SAMAI .

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En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones
proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes
para su época constituye la salvaguarda de instituci ones de
raigambre constitucional como lo son la seguridad jurídica y la
confianza legítima 31.

Así las cosas, en el sub lite la entidad accionante no logró
demostrar la vulneración de los artículos 21 de la Ley 100 de 1993
y 1 del Decreto 11 58 de 1994, en razón a que la interpretación del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre tales contenidos
normativos, plasmada en la sentencia objeto del recurso, se alineó
con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, vige nte para la
época de la ex pedición del fallo.

Por último, es pertinente advertir que, aunque en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis
sostenida por la Corte Constitucional según la cual e l IB L no forma
parte de la transición, y defi nió cómo se deben liquidar las
pensiones del régimen de transición, también es cierto, que en esa
sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado
tendría respecto de las situaciones consolidadas.

En aquella providencia se indicó que no se afectarían las
situaciones favorables definidas mediante sentencia judicial con
efectos de cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los
reconocimientos pensionales realiza dos con aplicación de la tesis
anterior contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los
casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en el
presente asunto.

31 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios
jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las
sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala
Seis Especial de Decisión, sente ncia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete
Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001 -
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidació n;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación. 11001-03-25-000-2018-00479-
00, demandante UGPP, Sección Segunda Su bsección A.

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De esta manera, comoquiera que no se configuran las causales de
los litera les a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habrá de
declararse infunda da la acción extraordinaria de revisión
interpuesta por la entidad recurrente.

5. Costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 32 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mec anismo de defensa de los princip ios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que
rigen el servicio p úblico esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de l a República de Colombia y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión
interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones FONCE P , contra la sentencia de segunda instancia del
3 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 110013335026201300476 , por las causales a) y b) de l

32 C o n s e j o d e E s t a d o ,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales
de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-
2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000-
2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000-
2018-01884-00(REV).

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Demandante: FONCEP

artículo 20 de la Ley 797 de 2 003, con fundamento en las razones
expuestas.

SEGUNDO: S in condena en costas.

TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente
previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el cuatro (4 ) de agosto de dos mil veintidós
(2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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