Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00632-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00632-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00632-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00632 00 (3143-2021)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Rafael Bojacá Beltrán
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
1. La Sala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión 1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 31 de enero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000 23 42 000 2016 05417 00.
I. ANTECEDENTES
Del proceso ordinario inicial
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 del CPACA, 2 el señor Rafael Bojacá Beltrán solicitó
la nulidad de las Resoluciones 14742 del 06 de abril de 2016 y 029857 del 17 de
agosto de 2016, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia. Y a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago
de dicha prestación a partir de la fecha de adquisición del estatus, debidamente
reajustada; el pago de intereses moratorios; y el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.
3. Se afirma que Rafael Bojacá Beltrán laboró para la educación oficial de los
departamentos del Vaupés, Meta, Cundinamarca y Bogotá D. C., por más de 20
años de servicio, y que estuvo vinculado antes del 31 de enero de 1980. En
particular, se señala que prestó sus servicios en Cundinamarca, en el Colegio
Departamental Villagómez del 6 de mayo de 1975 al 30 de noviembre de 1975 y del
24 de abril de 1976 al 13 de mayo de 1976; en Vaupés, en el Colegio Alfonso Latorre
Gómez entre el 25 de abril de 1977 y hasta el 20 de febrero de 1979, y en el
Internado de Miraflores desde el 28 de febrero de 1981 hasta el 16 de marzo de
1987; en Meta, en el Colegio Departamental de Bachillerato de El Calvario, desde
1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-
25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Demandante: UGPP
el 7 de abril de 1980 hasta el 5 de septiembre de 1980; y en Bogotá D. C., en la
I.E.D. Villa Elisa, a partir del 24 de abril de 1988 y hasta el 14 de junio de 2002.
4. Presentó reclamación administrativa ante la UGPP, la cual mediante Resolución
RDP 14742 del 06 de abril de 2016, negó el reconocimiento de la pensión gracia, al
considerar que el solicitante no cumplía con el requisito de 20 años de servicio y su
tipo de vínculo fue como docente nacional.
Sentencia objeto de revisión. 3
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con sentencia del 31 de enero de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda promovida por Rafael Bojacá
Beltrán contra la UGPP y, en consecuencia, declaró la nulidad de las Resoluciones
RDP 14742 del 6 de abril de 2016 y RDP 029857 del 17 de agosto de 2016, por
medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia, y en su lugar
ordenó proceder a ello.
6. Para tal efecto, el a quo advirtió que la UGPP negó la prestación porque no tuvo
en cuenta, para completar los 20 años de servicio, el tiempo laborado por el
demandante entre el 25 de abril de 1977 y el 20 de febrero de 1979 en el
departamento del Vaupés, al estimar que ese período tenía carácter nacional. Al
analizar ese aspecto, estudió la naturaleza de las comisarías antes de 1980 y señaló
que, aunque administraban dineros girados por la Nación para la educación oficial,
dichos recursos eran administrados por entidades territoriales; y por tanto este lapso
de servicio sí era computable como territorial y que, sumado a los demás tiempos
acreditados, el actor consolidó más de 20 años de servicio docente territorial y
cumplió la edad de 50 años el 20 de septiembre de 2001.
De la acción especial de revisión
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó acción especial de revisión,
con fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, causal b), al considerar
que la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, reconoció al señor Bojacá Beltrán una pensión gracia sin que, en su
criterio, cumpliera los requisitos para ello, pues se computaron tiempos de servicio
que estimó de carácter nacional.
8. Explicó que el Tribunal tuvo en cuenta para el reconocimiento de la prestación,
principalmente, los períodos laborados entre el 25 de abril de 1977 y el 20 de febrero
de 1979 y entre el 28 de febrero de 1981 y el 31 de agosto de 1986 en la Prefectura
Apostólica de Mitú - Vaupés, los cuales, a su juicio, correspondían a una vinculación
de carácter nacional por cuanto la educación misional contratada, para la época de
3
Visible en las páginas 321 a 341 del archivo Proceso Digitalizado 2016-5417.pdf del expediente
digital que reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: UGPP
los hechos, dependía del Ministerio de Educación Nacional y se financiaba con
recursos de la Nación. Con base en ello, afirmó que el fallo objeto de revisión se
apartó de las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, al incluir
dentro del cómputo unos tiempos que no eran legalmente válidos para consolidar el
derecho pensional reclamado.
9. A partir de ese planteamiento, la UGPP concluyó que el señor Rafael Bojacá
Beltrán no reunía el requisito de 20 años de servicio docente en condición territorial,
departamental, distrital, municipal o nacionalizada, de manera que el
reconocimiento ordenado en la sentencia revisada excedía lo debido conforme a la
ley. Por ello, pidió infirmar esa providencia, declarar que no había lugar al
reconocimiento de la pensión gracia y ordenar la restitución de las sumas pagadas
en cumplimiento del fallo.
Oposición4
10. El señor Rafael Bojacá Beltrán, por conducto de apoderado, se opuso a todas
las pretensiones. Sostuvo que la sentencia objeto de revisión se ajustó a la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 y que, por tanto, el reconocimiento de
la pensión gracia no desconoció la normatividad aplicable.
11. Señaló que la controversia sobre la naturaleza de la vinculación debía
resolverse a partir de los actos administrativos de nombramiento y de la entidad que
los expidió, y no exclusivamente con fundamento en el origen de los recursos o en
certificaciones laborales. Con base en ello, sostuvo que los tiempos de servicio de
sí eran computables para efectos de la pensión gracia, por corresponder a
nombramientos efectuados por entidades territoriales.
12. Frente a la pretensión de reintegro, alegó que las mesadas fueron recibidas de
buena fe y que, conforme a los artículos 136 del CCA y 164 del CPACA, no hay
lugar a recuperar prestaciones periódicas pagadas a particulares en esas
condiciones. Añadió que la UGPP no demostró mala fe y que no podía trasladar las
consecuencias de un eventual error de la administración o de una decisión judicial
que le fue desfavorable.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
4
La acción de revisión fue presentada el 16 de septiembre de 2021 y admitida mediante auto del 26 de octubre de 2021
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Demandante: UGPP
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De la oportunidad para interponer la acción
14. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
15. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
16. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 31 de
enero de 2020 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ejecutoriada
el 09 de julio de 2020, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 22 de septiembre de 2021, es decir, en término para impetrar la
acción especial de revisión.
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 31 de enero de 2020, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a reconocer y pagar una pensión gracia al
señor Rafael Bojacá Beltrán.
18. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocadas y su aplicación al caso concreto
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La naturaleza y objeto de la acción especial de revisión
19. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial, 5 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.
20. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.6 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.
21. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial. 7
22. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem 8 y en el artículo 6 del Decreto 5021
de 20099 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General de la
República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.
23. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. 10 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-
2012-00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
6 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-
05275-01, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.°
11001-03-25-000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
9 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
10 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835
de 2003.
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
24. Esta Corporación11 ha señado que estas causales constituyen una herramienta
útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y, consecuentemente,
corregir todos aquellos reconocimientos pensionales 12 fraudulentos y en exceso de
los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos o convenciones colectivas de
trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario». 13
25. En lo que corresponde a la causal contenida en el literal b) del artículo en
estudio, el Consejo de Estado ha señalado que su establecimiento obedeció a la
necesidad de «construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y
sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos», por lo que entre
sus principales propósitos se encuentra «reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes». 14
26. Se aclara que, aunque las referidas citas jurisprudenciales versan sobre
pensiones de jubilación, las consideraciones generales invocadas frente a las
causales en estudio son perfectamente aplicables a las «sumas periódicas de
dinero», en razón que ellas también hacen parte de la finalidad de la acción en
mención.
Resolución del caso concreto – interrogante único: ¿La sentencia recurrida
incurrió en la causal de revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de la
ley 797 de 2003 y, por tanto, amerita ser anulada?
27. Sobre el particular, la Sala advierte que la UGPP fundamenta la acción especial
de revisión en la presunta ilegalidad del reconocimiento de la pensión gracia a favor
11
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-
2016-02022-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
12 Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos
públicos, pues ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.°
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
14 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 24 de marzo de 2020, expediente N.° 11001-03-25-000-
2019-00699-00 (5398-2019), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
del señor Rafael Bojacá Beltrán, al considerar que no se cumplía el requisito de
tiempo de servicios exigido por la ley, por cuanto parte de los periodos tenidos en
cuenta corresponderían, a su juicio, a una vinculación de carácter nacional.
28. No obstante, dicha censura no se relaciona con la cuantía del derecho
reconocido, en los términos previstos por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, pues la entidad demandante parte de cuestionar el derecho a la prestación
más no alega una indebida liquidación de la prestación ni la inclusión de factores no
autorizados por la ley.
29. En ese sentido, la argumentación expuesta por la UGPP no gira en torno a que
la prestación haya sido reconocida en una cuantía superior a la legalmente debida,
aspecto sobre el cual gravita la causal b invocada, sino que se dirige a cuestionar
la legalidad del derecho mismo.
30. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida de
un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma tiene la
carga de invocar debidamente la causal y sustentar con claridad y concreción los
argumentos que la respalden, pues, se pretende infirmar una decisión judicial
ejecutoriada, es decir, que la posibilidad de recurrir a la acción especial de revisión
implica una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen
transito a cosa juzgada, por lo que resulta razonable la exigencia de un mayor rigor
argumentativo en el análisis de este tipo de asuntos; y por ende no deviene
procedente interpretar la demanda con miras a encuadrar la causal, como tampoco
realizar un estudio íntegro del fallo cuestionado, máxime cuando no se trata de una
tercera instancia.
31. En consecuencia, al no acreditarse la configuración de la causal invocada, la
Sala declarará infundada la acción especial de revisión promovida por la UGPP.
2.3. Condena en costas
76. Dado que esta Sección 15 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.
15
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida el 31 de enero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
accedieron a las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 25000 23 42 000 2016 05417 00 al tribunal de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.
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