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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00773-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00773-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la 22 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000- 2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 25 000 2019 00773 00 (5885-2019) Demandante: UGPP cual se confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2015 del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo. Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 70001-33-31-006-2011-00187-01 al juzgado de origen y archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00773-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2019 00773 00 (5885-2019)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada Ruth Melania Correa
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración. Cosa juzgada relativa.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003

1. La Sala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión 1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 70001-33-31-006-2011-00187-01.

I. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario inicial2
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 del CPACA,3 la señora Ruth Melania Correa solicitó
la nulidad de la Resolución PAP 030733 del 16 de diciembre de 2010, por medio
de la cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión ordinaria de
jubilación y de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el
reconocimiento de dichas prestaciones a partir del 7 de mayo de 2009, día siguiente
al fallecimiento del causante, en cuantía del 100% del monto pensional devengado
por aquel; que se diera cumplimiento a la sentencia en términos del CCA; que las
sumas adeudadas devengaran intereses corrientes durante los primeros seis meses

1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés.
2
01DemandaNulidadRestablecimientoDerecho.pdf
3
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

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Demandante: UGPP

y moratorios en los meses posteriores; que la condena fuera indexada conforme al
artículo 178 ibidem; y que se impusieran costas a la entidad demandada.

4. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que convivió con el señor Cristino
Santos Valencia en unión libre, bajo el mismo techo, de forma permanente y pública,
por espacio de 34 años, esto es, desde marzo de 1975 hasta mayo de 2009, y que
dependió económicamente de él durante ese periodo. Señaló que, al momento del
fallecimiento del causante, este disfrutaba de la pensión ordinaria de jubilación
reconocida mediante Resolución 958 del 9 de febrero de 1990 y de la pensión gracia
reconocida mediante Resolución 35021 del 11 de agosto de 1993, ambas a cargo
de CAJANAL.

Sentencia de primera instancia4
5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Sincelejo, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución PAP 030733 del 16 de
diciembre de 2010, por medio de la cual CAJANAL, hoy UGPP, negó la sustitución
pensional reclamada por la señora Ruth Melania Correa, y ordenó a la entidad
reconocer y pagar, a su favor, la sustitución de la pensión de jubilación y de la
pensión gracia causadas por el señor Cristino Santos Valencia, en calidad de
compañera permanente, a partir del 7 de mayo de 2009.

6. Sobre el particular, encontró acreditado que nació el 24 de julio de 1931 y que
prestó sus servicios como docente. Asimismo, tuvo en cuenta que CAJANAL,
mediante Resolución 035021 del 11 de agosto de 1993, le reconoció la pensión
gracia, la cual fue reliquidada por medio de la Resolución 009275 del 21 de abril de
1998 y, posteriormente, en cumplimiento de un fallo de tutela, a través de la
Resolución 38674 del 18 de noviembre de 2005.

7. En ese mismo sentido, el juzgado verificó que el señor Santos Valencia también
era titular de una pensión de jubilación, reconocida mediante Resolución 00958 del
9 de febrero de 1990, efectiva a partir del 1.º de enero de 1988, acto que fue
aclarado y modificado por las Resoluciones 016292 del 11 de marzo de 1993 y
033801 del 4 de agosto de 1993, en cuanto a la fecha de efectividad y a que no se
condicionaba su disfrute al retiro del servicio por tratarse de un docente.

8. Luego, el despacho analizó la calidad de beneficiaria alegada por la demandante.
En ese marco, tuvo en cuenta que la señora Juana Edna Andrade Maturana fue
vinculada al proceso en calidad de litisconsorte, al advertirse que había intervenido
en sede administrativa como cónyuge supérstite del causante y reclamante de la
sustitución pensional. No obstante, señaló que aquella compareció a través de
curador ad litem y que no se acreditó la existencia de una convivencia efectiva con
el señor Cristino Santos Valencia al momento de su fallecimiento.

4
Visible en las páginas 642 a 659 del cuaderno 4 del expediente físico

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Demandante: UGPP

9. Por el contrario, el juzgado consideró que las pruebas practicadas permitían
establecer que la convivencia estable, permanente y bajo el mismo techo se dio con
la señora Ruth Melania Correa, durante un periodo aproximado de 34 años y hasta
la muerte del causante. En esa medida, concluyó que era ella quien acreditaba la
calidad de beneficiaria de la sustitución pensional.

Recurso de apelación
10. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su inconformidad, señaló que el a
quo debió aplicar los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la
Ley 797 de 2003, según los cuales, para ser beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes, la compañera permanente debía acreditar que hizo vida marital con
el causante hasta su muerte y que convivió con este no menos de cinco años
continuos con anterioridad al fallecimiento.

11. En ese sentido, sostuvo que la señora Ruth Melania Correa no probó dicha
condición, pues, a su juicio, los testimonios valorados por el juzgado no eran
suficientes para demostrar la convivencia durante los cinco años anteriores a la
muerte del causante ni la dependencia económica respecto de aquel. Por lo anterior,
solicitó revocar la sentencia apelada y absolver a la entidad de las condenas
impuestas.

Sentencia objeto de revisión. 5
12. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 21 de noviembre de
2017, confirmó la decisión proferida el 30 de septiembre de 2015 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo, al considerar que
la señora Ruth Melania Correa acreditó la condición de compañera permanente del
causante y, por ende, su calidad de beneficiaria de la sustitución pensional.

13. Para el efecto, indicó que no se discutía la existencia de las pensiones de
jubilación y gracia reconocidas al causante, sino la calidad en la que la demandante
reclamaba su sustitución. En ese sentido, precisó que la compañera permanente
podía ser beneficiaria de la prestación, siempre que demostrara la convivencia con
el pensionado.

14. Así entonces, una vez valorado el material probatorio, concluyó que las
declaraciones extraproceso rendidas por Edwin Luis Peralta Salgado y Daleny
Liliana Santos Zúñiga no podían ser tenidas en cuenta, por no haber sido ratificadas
dentro del trámite judicial. Sin embargo, con fundamento en los testimonios
practicados en el curso del proceso, encontró acreditado que la señora Ruth Melania
Correa convivió con el causante bajo el mismo techo, de manera permanente,

5 Visible en las páginas 660 a 669 del cuaderno 4 del expediente físico

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Demandante: UGPP

durante 34 años y hasta la fecha de su fallecimiento. Por esa razón, confirmó la
sentencia apelada.

De la acción especial de revisión
15. La UGPP–, en ejercicio de la acción especial de revisión, solicitó infirmar la
sentencia de 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante la cual se confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2015 del
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo.
En consecuencia, declarar que a la señora Ruth Melania Correa no le asistía
derecho al reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de jubilación y de
la pensión gracia causadas por el señor Cristino Santos Valencia, al considerar
configuradas las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

16. En sustento de la causal prevista en el literal a), la UGPP afirmó que el
reconocimiento pensional ordenado en favor de la señora Ruth Melania Correa se
obtuvo con violación al debido proceso, porque la controversia sobre la sustitución
pensional ya había sido decidida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Quibdó, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2012, por lo que se desconoció
la cosa juzgada.

17. Sobre el particular, indicó que la señora Juana Edna Andrade de Santos
promovió proceso ordinario laboral contra CAJANAL EICE en liquidación y la señora
Ruth Melania Correa, con el fin de obtener el reconocimiento del 100% de la pensión
de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Cristino Santos Valencia.
Añadió que, en dicho trámite, la señora Correa tuvo la oportunidad de actuar y
ejercer su derecho de defensa –lo cual hizo de manera extemporánea-, y resultó
vencida en dicho juicio.

18. Agregó que, en ese asunto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó
reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Juana Edna Andrade
de Santos, en calidad de cónyuge supérstite, y ordenó el pago de las mesadas
causadas desde el 6 de mayo de 2009. Por ello, consideró que las sentencias
cuestionadas desconocieron los efectos de esa decisión judicial, pese a que, en
criterio de la entidad, existía identidad de partes, objeto y causa.

19. Frente a la causal prevista en el literal b), la UGPP sostuvo que la orden judicial
cuestionada excedió lo debido conforme a la ley, porque impuso el reconocimiento
de una prestación periódica a favor de la señora Ruth Melania Correa, a pesar de
que, según la entidad, la sustitución pensional ya había sido definida judicialmente
a favor de la cónyuge supérstite.

20. Para explicar lo anterior, señaló que, en cumplimiento de la sentencia laboral,
expidió la Resolución RDP 010698 del 6 de marzo de 2013, mediante la cual
reconoció el 100% de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Juana Edna

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Andrade de Santos. No obstante, ese reconocimiento fue ajustado posteriormente,
porque también se acreditó el derecho del hijo menor del causante, César Andrés
Santos Pabuena, razón por la cual, con Resolución RDP 032289 del 17 de julio de
2013, asignó el 50% de la prestación a este y mantuvo el 50% restante a favor de
la cónyuge supérstite.

21. La entidad indicó que, con ocasión de las sentencias proferidas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Ruth Melania Correa, tuvo
que expedir nuevos actos de cumplimiento y redistribuir la prestación. Así, explicó
que inicialmente reconoció el 50% a favor de la señora Correa y el 50% restante al
hijo menor del causante; sin embargo, luego ajustó esa decisión para asignar el
25% a Ruth Melania Correa, el 25% a Juana Edna Andrade de Santos y conservar
el 50% a favor de César Andrés Santos Pabuena.

22. Que a partir de esa redistribución se generaron pagos en exceso a favor de la
señora Juana Edna Andrade de Santos, pues esta venía recibiendo un porcentaje
superior al que, según los actos expedidos en cumplimiento de la sentencia
proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, le correspondía. Por
esa razón, mediante las Resoluciones RDP 028751 del 17 de julio de 2018 y RDP
029081 del 18 de julio de 2018, la entidad determinó que aquella adeudaba las
sumas de $49.753.537 y $107.058.588, respectivamente.

23. En ese orden, afirmó que el fallo cuestionado creó una obligación pensional con
cargo a recursos públicos en favor de quien, según su criterio, no tenía derecho a
la prestación, y además alteró una situación que ya había sido definida en el proceso
ordinario laboral. Por ello, solicitó infirmar las providencias cuestionadas y declarar
que a la señora Ruth Melania Correa no le asistía derecho al reconocimiento
reclamado.

Oposición a la acción especial de revisión
24. La acción de revisión fue presentada el 23 de octubre de 2019 y admitida
mediante auto del 15 de octubre de 2020, el cual fue notificado personalmente el 23
de mayo de 2024, no obstante, la señora Ruth Melania Correa guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia
25. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de la acción de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
Segunda, según el artículo. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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De la oportunidad para interponer la acción
26. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

27. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

28. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 21 de
noviembre de 2017 por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, y el escrito de
revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 23 de octubre de 20196, es
decir, en término para impetrar la acción especial de revisión.

Problema jurídico
29. Corresponde determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre el 21 de noviembre de 2017, que confirmó la decisión del Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo del 30 de
septiembre de 2015, se encuentra incursa en las causales de revisión previstas en
los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

30. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocadas y su aplicación al caso concreto.

La naturaleza y objeto de la acción especial de revisión
31. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de

6
Según consta en folio 670 del expediente físico

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naturaleza especial,7 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.

32. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.8 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.

33. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.9

34. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem10 y en el artículo 6 del Decreto
5021 de 200911 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.

35. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.12 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-2012-00561-
00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
8
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-05275-01, C.P.
Dr. William Hernández Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.° 11001-03-25-000-

2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
11
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
12
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835 de 2003.

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

36. Esta Corporación13 ha señalado que estas causales constituyen una
herramienta útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y,
consecuentemente, corregir todos aquellos reconocimientos pensionales14
fraudulentos y en exceso de los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos
o convenciones colectivas de trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal
objetivo de la introducción de las causales especiales para la acción era garantizarle
a la administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones
reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de
cantidades injustas que afectaran gravemente al erario».15

37. En lo que concierne a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que el
derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la
autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él para
hacer valer sus derechos16.

38. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:17

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

39. Aunado a esto, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se
revisen reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.

40. Y en lo que corresponde a la segunda causal, esta ha sido considerada
jurisprudencialmente18 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de

13
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-2016-02022-00,
C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos públicos, pues ellas
también están comprendidas dentro del referido recurso.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.° 11001-03-
25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
16
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019,
expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
17
Ejusdem.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-
000-2016-02022-00.

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Radicado: 11001 03 25 000 2019 00773 00 (5885-2019)
Demandante: UGPP

la moralidad administrativa19 y permite corregir los reconocimientos pensionales que
se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones20, en especial, el principio de solidaridad21 y
equilibrio financiero.

Caso concreto
41. Pues bien, en lo atinente a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, la entidad accionante señaló que el reconocimiento pensional se
obtuvo con violación al debido proceso, toda vez que, mediante sentencia de 14 de
septiembre de 2012, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó ya había
reconocido a favor de la señora Juana Edna Andrade de Santos, en calidad de
cónyuge supérstite, el 100% de la pensión de sobrevivientes causada por el
fallecimiento del señor Cristino Santos Valencia, dentro del proceso ordinario laboral
con radicado 2011-00172, promovido contra CAJANAL EICE y Ruth Melania
Correa.

42. En esa línea, arguyó que la señora Ruth Melania Correa fue vinculada como
demandada dentro del proceso ordinario laboral promovido por la cónyuge
supérstite, de modo que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y,
pese a ello, resultó vencida en dicho trámite. Por esa razón, consideró que las
providencias proferidas en el proceso contencioso desconocieron una decisión
judicial anterior que, en criterio de la entidad, había hecho tránsito a cosa juzgada,
al existir identidad de partes, objeto y causa, pues en ambos asuntos se discutió la
sustitución pensional derivada del fallecimiento del señor Santos Valencia.

43. De este modo, el reproche de la UGPP no se dirigió a cuestionar una
irregularidad procesal concreta ocurrida dentro del trámite contencioso, sino a
sostener que el juez administrativo no podía emitir un nuevo pronunciamiento sobre
la calidad de beneficiaria de la señora Ruth Melania Correa, porque ese aspecto,
según la entidad, ya había sido definido en el proceso laboral promovido por la
señora Juana Edna Andrade de Santos.

44. En ese orden, los argumentos con los que la parte actora sustenta la causal a)
en comento, no guardan relación con la vulneración al debido proceso, esto es, en
cuanto al derecho al juez natural o funcionario competente; el derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento; y menos aún alega la vulneración
a las garantías procesales como de audiencia y defensa, decisión motivada,
segunda instancia, entre otras; por el contrario, se enfoca en cuestionar la
ocurrencia de la cosa juzgada, supuesto que está previsto en una causal autónoma
distinta, que no fue invocada por la recurrente.

19 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
20 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión
racional.
21 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

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45. Sobre el particular se destaca que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece
que la acción especial prevista en esa norma se tramitará por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este y además por las mentadas causales a y b.

46. Para el caso concreto, el artículo 250 del CPACA, que enlista las causales del
recurso extraordinario de revisión, en su numeral 8 establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.» (resaltado
nuestro)

47. De la norma transcrita se desprende que el legislador incluyó para el recurso
extraordinario de revisión y a su vez, para la acción especial prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, una causal autónoma y especial para cuestionar aquellas
providencias que, en criterio del recurrente, resulten contrarias a una sentencia
anterior con efectos de cosa juzgada, entre las mismas partes.

48. En línea con lo expuesto, se advierte que la accionante no cumplió con la carga
de invocar la causal específica dispuesta en la norma para el supuesto fáctico en
que sustenta su inconformidad –numeral 8 del artículo 250 del CPACA; por el
contrario, pretende de manera genérica que su cargo se estudie por la causal a),
que como se dijo, no procede por no fundarse en la presunta afectación al debido
proceso, en los términos indicados.

49. Ahora bien, frente a la causal b), se advierte que la UGPP sostuvo que la
sentencia cuestionada impuso el reconocimiento de una prestación periódica a favor
de la señora Ruth Melania Correa, pese a que, según su criterio, la sustitución
pensional ya había sido definida judicialmente a favor de la señora Juana Andrade
de Santos. Para sustentar lo anterior, explicó que, con ocasión del cumplimiento de
las providencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, tuvo que expedir nuevos actos administrativos y redistribuir la prestación
entre Ruth Melania Correa, Juana Edna Andrade de Santos y César Andrés Santos
Pabuena.

50. Sin embargo, la Sala observa que dicho planteamiento tampoco constituye un
reparo autónomo frente a la cuantía del derecho reconocido, en los términos del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En realidad, el argumento de la
entidad se apoya nuevamente en la presunta existencia de cosa juzgada y en la
alegada falta de derecho de la señora Ruth Melania Correa para concurrir como
beneficiaria de la sustitución pensional.

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51. En efecto, aunque la UGPP aludió a los pagos en exceso que se habrían
generado a favor de la señora Juana Edna Andrade de Santos como consecuencia
de la redistribución de la prestación, ello no demuestra, por sí mismo, que la cuantía
reconocida judicialmente a favor de la señora Ruth Melania Correa excediera lo
debido de acuerdo con la ley. Se trata, más bien, de una consecuencia que la
entidad atribuye al cumplimiento de la sentencia contenciosa cuya legalidad
cuestiona, pero no de un reparo específico dirigido a la liquidación, porcentaje,
factores o monto de la prestación reconocida.

52. Así las cosas, como el cuestionamiento no se dirige a demostrar que la cuantía
de la prestación excediera lo legalmente debido, sino a controvertir la procedencia
misma del reconocimiento pensional a partir de la supuesta configuración de cosa
juzgada, la Sala considera que tampoco se configura la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

53. En consecuencia, se declarará infundada la acción especial de revisión
promovida por la UGPP.

Condena en costas
54. Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP por las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de 21 de
noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la

22
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-
2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

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Demandante: UGPP

cual se confirmó la decisión de 30 de septiembre de 2015 del Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Sincelejo.

Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 70001-33-31-006-2011-00187-01 al juzgado de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.

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