Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01061-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01061-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-01061-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-01061-00 (3424-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Luis Hernán González Estupiñán
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 22 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “D” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 110013335027201400160-03.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial3
2.1.1. La demanda
2. El señor Luis Hernán González Estupiñán por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo
de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
• La nulidad de la Resolución RDP 002867 de 23 de enero de 2013
mediante la cual se le negó la reliquidación de la pensión de jubilación y
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 15 de febrero de 2023 de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión
del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Folio 57 y siguientes del archivo 03 contenido en el índice 13 de Samai.
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Accionante : UGPP
de la Resolución RDP 015425 de 5 de abril de 2013 que resolvió el recurso
de apelación interpuesto, confirmándola en su totalidad.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la UGPP
a reliquidar su pensión de jubilación, en cuantía del 75% de lo devengado
en el último año de servicios, esto es, además de la asignación básica, la
prima de navidad, la bonificación por servicios, la prima de servicios y la
prima de vacaciones, se incluya la prima de riesgo, lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1047 de 1978.
• Finalmente solicitó la indexación de las sumas adeudadas.
2.1.2 Hechos relevantes
3. El señor Luis Hernán González Estupiñán laboró en el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS durante 20 años, siendo su último cargo el de
detective.
4. Mediante Resolución 6054 de 5 de marzo de 2004, Cajanal le reconoció
una pensión en cuantía de $737.627.06 efectiva a partir del 1. ° de mayo de 2003,
condicionada al retiro efectivo del servicio.
5. El 30 de junio de 2004, el señor González Estupiñán se retiró del servicio
y por ello, solicitó a Cajanal la reliquidación de su pensión con la inclusión de
todos los factores devengados durante el último año de servicios.
6. A través de Resolución 310023 de 25 de octubre de 2005, se reconoció
parcialmente la reliquidación de la pensión de jubilación, en cuantía de
$786.369.51 a partir de 1. ° de julio de 2004, sin embargo, para su liquidación
solo se tuvo en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados.
7. En cuanto al concepto de violación, indicó que se desconoció lo
dispuesto en los Decretos 1047 de 1978, y 1933 de 1989 que establecen un
régimen para trabajadores del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-
, según el cual, el pensionado tiene derecho a que su pensión sea liquidada con
el promedio de los salarios y primas devengados durante el último año de
servicios.
8. Así mismo, estimó que se vulneró lo dispuesto en el artículo 6. ° del
Decreto 1160 de 1947, que establece que la remuneración que recibe el
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Accionante : UGPP
trabajador no está constituida únicamente por el sueldo mensual, sino por todo
aquello que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente
de servicios, como las primas, sobresueldos y bonificaciones.
2.1.3. Sentencia de Segunda Instancia –Fallo inicial-4
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Subsección “D”, dictó sentencia de segunda instancia el 13 de junio de 2019, en
la cual, revocó la providencia proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo
del Circuito de Bogotá el 30 de agosto de 2018, que había accedido a las
pretensiones de la demanda.
10. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante es
beneficiario del régimen establecido en los Decretos 1047 de 1978 y que la
pensión debía liquidarse atendiendo a los factores señalados en el Decreto 1835
de 1994 entre los cuales no se encontraba la prima de riesgo.
11. Indicó que de acuerdo con la sentencia de 1. ° de agosto de 2013 del
Consejo de Estado, la prima de riesgo constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales más no para pensión de jubilación, por lo que, a pesar de
que dicha prima fue percibida por el señor Luis Hernán González Estupiñán, no
podía ser incluida como factor para liquidar su pensión.
2.1.7. Sentencia de tutela.
12. El señor Luis Hernán González Estupiñán presentó una tutela en contra
de la sentencia de 13 de junio de 2019, que fue decidida por la Sección Segunda-
Subsección “B” del Consejo de Estado mediante providencia de 5 de agosto de
2020 dentro del proceso de radicado 11001-03-15-000-2019-04942-00.5
13. La Corporación accedió al amparo solicitado pues estimó que el tribunal
sostuvo erróneamente que la sentencia de unificación de 1. ° de agosto de 2013
dispuso que la prima de riesgo constituye factor salarial únicamente para efectos
de liquidar las prestaciones sociales, cuando lo cierto es que dicha providencia
indicó que constituye factor salarial para efecto de liquidar las pensiones de
jubilación o de vejez.
4 Folio 63 y siguientes del archivo 04 contenido en el índice 2 de Samai.
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Folio 178 del archivo 04 contenido en el índice 02 de Samai.
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Accionante : UGPP
14. Así las cosas, dejó sin efectos la sentencia de 13 de junio de 2019 y ordenó
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D”
emitir una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la
Sentencia de Unificación de 1. ° de agosto de 2013 sobre la prima de riesgo.
15. Dicho fallo fue impugnado por la UGPP, y decidido por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que mediante providencia de 9 de julio de 2020,6 confirmó
la decisión recurrida.
2.1.8. Sentencia objeto de revisión.
16. Mediante sentencia de 22 de julio de 2020,7 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D” dictó sentencia de reemplazo,
en la cual dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por esa
misma corporación el 30 de agosto de 2018.
17. En esta oportunidad, la Corporación confirmó la sentencia proferida en
primera instancia por el Juzgado veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá
30 de agosto de 2018 que accedió las pretensiones de la demanda.
18. Como fundamento de su decisión señaló que el señor González Estupiñán
era beneficiario del régimen establecido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989 y que de acuerdo con dichas disposiciones tenía derecho a que su pensión
fuera reconocida teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado
durante el último año de servicios.
19. Sostuvo que de acuerdo con la sentencia de unificación de 1. ° de agosto
de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la prima de riesgo
constituye factor salarial para efectos de liquidar la pensión de los empleados del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y en ese sentido estimó
que, teniendo en cuenta que el pensionado devengó dicha prima durante su
último año de servicios, debía ser incluida como factor salarial para efectos de
liquidar su pensión.
2.1.7. La acción especial de revisión
La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
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Folio 187 del archivo 04 contenido en el índice 02 de Samai.
7
Folio 138 del archivo 04 contenido en el índice 02 de Samai.
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Accionante : UGPP
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente cuando:
a) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
20. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo
siguiente:
(i) Revocar la sentencia de 22 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda subsección “D”
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Luis Hernán González Estupiñán contra la UGPP, de
radicado 1001333502720140016000 que confirmó el fallo de primera
instancia dictado por el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de
Bogotá de 30 de agosto de 2018.
(ii) Declarar que al señor Luis Hernán González Estupiñán no le asiste
derecho a que su pensión de vejez se reliquide con la inclusión de la prima
de riesgo, por no ser un factor enlistado en el Decreto 2646 de 1994.
21. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el
señor Luis Hernán González Estupiñán no tenía derecho a obtener la
reliquidación ordenada, toda vez que desconocía lo dispuesto en los Decretos
1933 de 1989, 1835 de 1994 y 2646 de 1994, en atención a que dichas normas
no incluyen la prima de riesgo como factor salarial para liquidar las pensiones.
22. Indicó que las sentencias recurridas desconocieron los lineamientos
estipulados por el Consejo de Estado en la sentencia de 1. ° de agosto de 2003,
pues en esta providencia se estableció que la prima de riesgo constituye factor
salarial para efectos de liquidar la pensión siempre y cuando se cumpla con los
requisitos y las cotizaciones efectuadas.
23. Señaló que la solicitud de reliquidación de la pensión del señor Luis Hernán
González Estupiñan, ya había sido resuelta en el proceso No.
250002325000200051033001, mediante sentencia proferida el tres (3) de
diciembre de 2008, por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, donde se declaró
la nulidad de la Resolución No. 31023 de 2005, y se ordenó reliquidar la pensión
de dicho señor, incluyendo la prima de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones como factores salariales devengados en el último año de servicios, y
frente a la prima de riesgo el juzgador indicó: “Ahora bien frente a la denominada
prima de riesgo cabe aclarara que al no encontrarse tipificada expresamente
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dentro de los factores de liquidación a tener en cuenta según el artículo 18 del
Decreto 1933 de 1989, no podrá ser incluida en la reliquidación de la pensión del
actor”. Por lo que, la mencionada sentencia hizo tránsito a cosa juzgada, y dicho
factor no debió ser considerado por las sentencias objeto de revisión.
2.1.8. Contestación
23. El señor Luis Hernán González Estupiñán fue notificado de la admisión de
la acción de revisión el 9 de febrero de 2023, como se advierte en el índice 14 de
Samai y través de memorial radicado el 21 de febrero de 20238, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.
24. Sostuvo que el recurso extraordinario de revisión es improcedente pues,
aunque indica que las decisiones acusadas fueron obtenidas con violación al
debido proceso, no demostró la ocurrencia de este hecho irregular.
25. Así mismo estimó que las providencias objeto de recurso no fueron
expedidas excediendo lo debido de acuerdo con la Ley, pacto, o convención
colectiva, pues ello contraria la sentencia de unificación del Consejo de Estado
que ha determinado que las sentencias que reconocieron derechos pensionales
que se reconocieron con fundamento en tesis anteriores no pueden ser acusadas
de haber sido expedidas con abuso del derecho o fraude a la Ley, advirtiendo
que si se llegase a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada diferente a la ratio decidendi que se ha adoptado recientemente
prevalecerá el carácter de cosa juzgada.
26. Indicó que la UGPP no estaba legitimada en la causa por activa, pues el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece quienes pueden presentar dicha
acción entre los cuales no está dicho fondo.
27. Propuso las excepciones de buena fe y seguridad jurídica y reiteró que la
providencia fue expedida atendiendo a los criterios fijados en la sentencia de
Unificación de 1. ° de agosto de 2013 sobre la prima de riesgo.
28. El representante del Ministerio Público no rindió concepto.
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Índice 15 de Samai.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es
competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad
con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de
sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente,
corresponde conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
30. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
31. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su
artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las
excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
32. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años
de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su
jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
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Accionante : UGPP
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
32. En este caso no se allegó constancia de ejecutoria de la sentencia del 22 de julio
de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, dado
que la demanda de revisión se presentó 25 de noviembre de 2020.9 se colige que fue
presentada en término.
3.3. Problema jurídico
33. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 22 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor
Luis Hernán González Estupiñán con la inclusión de la prima riesgo como factor
salarial para efectos de determinar el IBL.
34. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
35. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA10 (antes artículo
9
Índice 3 de SAMAI.
10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
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Accionante : UGPP
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada11, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
36. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera
precisamente como una acción especial12, con algunas diferencias referidas a
su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia13 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado14, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
37. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200315 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación
número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional
del Estado Civil.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de
marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del
Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su
trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se
permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William
Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número
Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción:
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-
. Admite acción de revisión.
15
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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(AER)
Accionante : UGPP
38. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021
de 28 de diciembre de 200916 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
39. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
40. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
41. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 22 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la orden
de reliquidación pensional a favor del señor Luis Hernán Gonzáles Estupiñán,
con la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para calcular el IBL del
pensionado. Se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez que el a
quo desconoció los efectos de la cosa juzgada respecto a la prima de riesgo,
pues en sentencia proferida el 3 de diciembre de 2008 dentro del proceso de
radicado 25000232500020051033001, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Bogotá, en forma previa, había reliquidado la pensión del demandante y en esa
oportunidad, negó la inclusión de dicha prima por estimar que no hacía parte de
los factores señalados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada.
16
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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(AER)
Accionante : UGPP
42. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental
alegado comprende los siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.
43. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que la Constitución
Política de Colombia incluye la protección a la “cosa juzgada” como parte
constitutiva del debido proceso; por tanto, ella se erige como una garantía
constitucional de carácter fundamental. Sobre ello precisó: 17
37. (i) Cuando el artículo 29 de la Constitución (sic) prohíbe al Estado juzgar a
una persona dos veces por el mismo hecho, hace referencia también a que no
se decida en sentencia judicial dos veces un mismo asunto, a efectos de
proteger que “ (…) la parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia,
puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a tener
en cuenta esa decisión (…)” (ii) También porque el debido proceso es una
garantía que cubre todas las ramas del derecho, y en esa medida la cosa
juzgada también lo es. En ese orden de ideas la Sala concluyó:
“(…) la Constitución Política de Colombia incluye la protección a la “cosa
juzgada” como parte constitutiva del debido proceso; por tanto, ella se erige
como una garantía constitucional de carácter fundamental, que, en caso de
violación, puede ser protegida por medio de la acción de tutela.”
(…)
39. Así las cosas, esta Sala considera que en las sentencias emitidas dentro del
proceso laboral cuestionado se configuró un defecto sustantivo, toda vez que en ellas
se desconoció el contenido de un fallo emitido sobre el mismo asunto y con ello, se
desbordó el marco de acción otorgado por la constitución y la ley, de acuerdo con el
principio de la cosa juzgada derivado de los artículos 29, 229 de la Constitución
política, así como del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, por medio del
17
Citado en sentencia de 17 de marzo de 2016 de radicado 11001-03-15-000-2016-00356-00(AC). Consejero Ponente: William
Hernández Gómez
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(AER)
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cual se busca garantizar la inmutabilidad del resultado procesal obtenido por medio
de una sentencia y se pretende brindar seguridad jurídica a las partes intervinientes
en un proceso que ya culminó”.
3.5.2. Caso concreto
44. 44. Teniendo en cuenta los antecedentes, la Sala entrará a determinar, en
primer lugar, si en el presente asunto se encuentra configurada la causal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso», lo anterior teniendo en cuenta que se invoca la
vulneración al principio de cosa juzgada.
45. Las pruebas allegadas dan cuenta de que el señor Luis Hernán González
Estupiñán presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de Cajanal solicitando la reliquidación de
su pensión de jubilación, por estimar que, al ser funcionario del DAS y haberse
desempeñado por más de 20 años como detective profesional tenía derecho a
que la misma se liquidara de conformidad con los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989 y 1160 de 1989, en concordancia con el artículo 3.° de la Ley 33 de
1985, es decir, con la inclusión de la prima de riesgo.
46. Dicho proceso fue decidido en sentencia de 3 de diciembre de 2008 por el
Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá bajo el radicado
25000232500020051033001,18 a través de la cual el despacho estimó que, por
haberse desempeñado como detective del DAS, tenía derecho a que su pensión
reliquidara según lo dispuesto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
47. En ese sentido ordenó la reliquidación teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, es decir, la
asignación básica, la bonificación por servicios, y las primas de navidad, de
vacaciones y de servicios.
48. Sin embargo, en dicha oportunidad se negó la inclusión de la prima de
riesgo como factor salarial para efectos de liquidar el IBL, lo anterior, por no
encontrarse enlistada entre los factores establecidos en el artículo 18 Decreto
1933 de 1989.
49. También se encuentra demostrado que el señor González Estupiñán
presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la
18 Folio 59 del archivo visible en el índice 2 de SAMAI
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nulidad de las Resolución RDP 002867 de 23 de enero de 2013 y RDP 015425
de 5 de abril de 2013 a través de las cuales la UGPP negó la reliquidación de su
pensión con la inclusión de la prima de riesgo.
50. Mediante sentencia de 30 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado
Veintisiete Administrativo de Bogotá se declaró la nulidad de los actos acusados
y se ordenó la reliquidación de la pensión del demandante incluyendo la prima
de riesgo y esta decisión fue confirmada en sentencia de 22 de julio de 2020
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda -
Subsección “D” dentro del proceso de radicado 11001-33-35-027-2014-00160-
03.
51. Es de precisar que en el curso de la primera instancia, la UGPP propuso
la excepción de cosa juzgada por existir un pronunciamiento judicial sobre dicha
prima en la sentencia dictada dentro del proceso 250002325000200051033001
y en audiencia inicial, el Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá declaró
probada esta excepción por estimar que en ambos casos existía identidad de
partes, de objeto y de causa de la demanda.
52. Sin embargo, dicha decisión fue apelada y mediante auto de 15 de marzo
de 201819 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la revocó por estimar que,
por tratarse de prestaciones periódicas, como es el caso de la pensión de
jubilación, la jurisprudencia señala que son imprescriptibles y por ello, aun
negadas, pueden volverse a solicitar a la administración en cualquier tiempo pues
las nuevas mesadas constituyen hechos nuevos enjuiciables ante la jurisdicción.
46. Bajo ese contexto, la entidad pretende que se declare revoque la sentencia
del 29 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
bajo las causales a) y (b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, al considerar que,
existe una sentencia previa que hizo tránsito a cosa juzgada. al considerar que,
existe una sentencia previa que hizo tránsito a cosa juzgada.
47. En ese orden, los argumentos con los que la parte actora sustenta la
causal a) en comento, no guardan relación con la vulneración al debido
proceso, esto es, en cuanto al derecho al juez natural o funcionario competente;
el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y
menos aún alega la vulneración a las garantías procesales como de audiencia y
defensa, decisión motivada, segunda instancia, entre otras; por el contrario, se
enfoca en cuestionar la ocurrencia de la cosa juzgada, supuesto que está previsto
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Folio 13 del archivo “expediente folio 161-121” contenido en el índice 30 de Samai.
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en una causal autónoma distinta, que no fue invocada por el recurrente.
48. Sobre el particular se destaca que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece que la acción especial prevista en esa norma, se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión y podrá
solicitarse por las causales consagradas para este y además por las mentadas
causales a y b.
49. Para el caso concreto, el artículo 250 del CPACA, que enlista las causales
del recurso extraordinario de revisión, en su numeral 8 establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.» (resaltado nuestro)
50. De la norma transcrita se desprende que el legislador incluyó para el
recurso extraordinario de revisión y a su vez, para la acción especial prevista en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, una causal autónoma y especial para
cuestionar aquellas providencias que, en criterio del recurrente, resulten
contrarias a una sentencia anterior con efectos de cosa juzgada, entre las
mismas partes.
51. En línea a lo expuesto, se advierte que el accionante no cumplió con la
carga de invocar la causal específica dispuesta en la norma para el supuesto
fáctico en que sustenta su inconformidad –numeral 8 del artículo 250 del CPACA;
por el contrario, pretende de manera genérica que su cargo se estudie por la
causal a), que como se dijo, no procede por no fundarse en la presunta afectación
al debido proceso, en los términos indicados.
74. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que en el presente caso no se
configura la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual no hay lugar a infirmar la sentencia objeto de revisión por el
argumento propuesto por la entidad recurrente.
75. Ahora bien, en cuanto a la causal b) invocada por la UGPP, observa la Sala
que la entidad sustentó la acción especial de revisión en el sentido que, debió
excluirse la prima de riesgo de la reliquidación pensional reconocida al señor Luis
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Hernán González Estupiñán, al estimar que dicho emolumento no constituía
factor salarial en los términos del Decreto 2646 de 1994. Con todo, tal censura
tampoco está llamada a prosperar, pues del examen del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, así como de las particularidades acreditadas en el
expediente, se desprende que la inclusión de ese concepto en el ingreso base
de liquidación no desbordó lo previsto en el ordenamiento jurídico, ni la
interpretación jurisprudencia aplicable.
52. En efecto, en lo atinente a la inclusión de la prima de riesgo en el IBL de
la pensión del señor Luis Hernán González Estupiñán, la Sala concluye que la
reliquidación reconocida resulta ajustada a derecho, en tanto se encuentran
demostrados los supuestos fácticos y jurídicos que habilitan su cómputo. Aunado
a ello, basta precisar, de manera preliminar, que al tratarse de un factor que hace
parte del IBL de una prestación periódica, la interesada se hallaba facultada para
acudir ante la jurisdicción en procura de la reliquidación pretendida.
53. Así, el Decreto 1933 de 1989 dispuso que los empleados del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS que ejercieran funciones de
detective se regirían, en materia pensional, por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de
1978. Si bien el artículo 18 de este último no incluyó expresamente la prima de riesgo
dentro de los factores de liquidación, lo cierto es que la jurisprudencia de unificación
del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de agosto de 2013, admitió su cómputo
al precisar que se trata de una suma percibida en forma habitual y periódica como
contraprestación directa del servicio, razón por la cual hace parte del ingreso base
de cotización y de la liquidación pensional.
54. A ello se suma que las labores desempeñadas por los detectives del DAS
fueron catalogadas como de alto riesgo, de conformidad con el Decreto 1835 de
1994, circunstancia que les permitió quedar amparados por un régimen especial de
transición bajo las condiciones previstas en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989. Además, la Ley 860 de 2003 incluyó expresamente la prima de riesgo dentro
del ingreso base de cotización de los servidores que desarrollaban esa actividad, lo
que reafirma la relevancia de dicho emolumento dentro del esquema prestacional
aplicable a tales funcionarios.
55. Al descender al caso concreto, encuentra la Sala acreditado que el
demandante se vinculó antes del 3 de agosto de 1994, concretamente el 5 de marzo
de 1983; que desempeñó el cargo de detective profesional; que quedó cobijado por
las normas anteriores al Decreto 1835 de 1994, esto es, los Decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989; y que, según el certificado laboral obrante en el expediente, devengó
la prima de riesgo durante el último año de servicios. Tales elementos satisfacen
plenamente las exigencias requeridas para su inclusión en la liquidación de la
prestación.
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56. En esas condiciones, no existe fundamento jurídico para excluir del IBL un
factor que, conforme al precedente de unificación, tiene naturaleza salarial, fue
percibido de manera periódica por la actora y fue efectivamente devengado en el
período relevante. La exclusión de la prima de riesgo desconoce, por tanto, el
régimen especial aplicable a los detectives del DAS y el criterio jurisprudencial
vigente sobre la materia.
57. Así las cosas, la Sala concluye que al señor Luis Hernán González Estupiñán
le asistía el derecho a la reliquidación de su pensión con inclusión de la prima de
riesgo como factor integrante del IBL, motivo por el cual, se colige que en este caso
no se configuran las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, por lo que se impone declarar infundada la acción especial de
revisión.
3.6. Condena en costas
58. Dado que esta Sección20 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá
de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra
la sentencia de 22 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” a través de la cual se
confirmó la providencia de 30 de agosto de 2018 dictada por el Juzgado
20
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Accionante : UGPP
Veintisiete Administrativo de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 110013335027201400160-00/01, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente
al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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