Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00553-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00553-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00553-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 25 000 2019 00553 00 (4416-2019) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Vinculados: Dubys Margot Alemán Romero
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración. Indebida sustentación de la
causal invocada.
Decisión: Declarar infundada la acción
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 05 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08 001 33 33 004 2016 00167 01.
II. ANTECEDENTES
2.1 Proceso ordinario inicial2
2.1.1 La demanda
2. La señora Dubys Margot Alemán Romero, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la nulidad de las
Resoluciones RDP 038121 del 17 de septiembre de 2015 y RDP 051422 del 3
de diciembre de 2015, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a partir del 13 de diciembre de 2014, fecha en la cual adquirió el
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2Visible en el archivo 01DemandayAnexos.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI
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Demandante: UGPP
estatus pensional; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la
sentencia. Y finalmente, que se condene en costas a la UGPP.
4. Se afirmó que aquella nació el 27 de abril de 1956 y prestó sus servicios como
docente en el departamento de Bolívar desde el 23 de agosto de 1977 hasta el 3
de julio de 1984, en la Escuela Urbana Mixta Espíritu Santo del municipio de El
Carmen de Bolívar, en virtud del Decreto 756 del 11 de agosto de 1977.
Posteriormente, fue vinculada por el alcalde de Soledad al servicio educativo de
dicho ente, donde prestó sus servicios en el Instituto Oficial de Bachillerato de
Soledad desde el 24 de octubre de 2001 hasta el 30 de marzo de 2015.
5. Señaló que la UGPP infringió los artículos 1°, 2°, 6°, 25, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989, al desconocer el régimen jurídico aplicable a la pensión gracia y
efectuar una indebida calificación de la naturaleza de su vinculación docente. En
síntesis, afirmó que la UGPP incurrió en una errónea interpretación de los actos
de nombramiento y de las certificaciones laborales obrantes en el expediente, al
concluir que sus servicios correspondían a vinculación del orden nacional.
2.1.2. Sentencia de primera instancia3
6. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, mediante providencia
de 27 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda tras concluir
que la señora Alemán Romero acreditó el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
7. Lo anterior, por cuanto consideró que los tiempos servidos eran de carácter
territorial, en la medida en que los nombramientos fueron efectuados por
autoridades departamentales y municipales, sin que se acreditara que los cargos
desempeñados hubiesen sido financiados con recursos del orden nacional. En
ese sentido, precisó que la sola referencia contenida en algunos certificados del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio acerca de una supuesta
vinculación nacional no resultaba suficiente para desvirtuar lo consignado en los
actos administrativos de nombramiento, los cuales, a su juicio, constituían el
medio idóneo para determinar la naturaleza jurídica del vínculo.
8. Respecto del periodo laborado en el Municipio de Soledad, el despacho
destacó que, aunque durante dicho lapso se presentaron diversas modalidades
de vinculación —temporal, periodo de prueba y propiedad—, estas
correspondieron a novedades administrativas propias del régimen docente, sin
3 Visible en el archivo 32SentenciaPrimeraInstancia.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo
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que se hubiera producido una ruptura del vínculo laboral. Por ello, concluyó que
este lapso debía computarse de manera continua y resultaba válido para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.
2.1.3. Recurso de apelación 4
9. La UGPP, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación con el que
solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, sustentado en que el
juzgado incurrió en un error en la valoración de la prueba, al concluir que los
tiempos de servicio acreditados por la demandante resultaban computables para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
10. Al respecto, sostuvo que los periodos de servicio prestados por la señora
Alemán Romero en el municipio de Soledad, correspondían a una vinculación de
carácter nacional según lo consignado en los certificados de historia laboral
expedidos por el FOMAG, por lo que no debieron ser tenidos en cuenta. Agregó
que la demandante fue incorporada a una planta docente financiada con recursos
del Sistema General de Participaciones, circunstancia que, evidenciaba la
naturaleza nacional de la vinculación.
2.1.4 Sentencia objeto de revisión5
11. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 05 de febrero
de 2019, confirmó la decisión adoptada en primera instancia, al considerar que
el análisis efectuado por el a quo se ajustó a las pruebas obrantes en el
expediente y a las reglas jurídicas aplicables al reconocimiento de la pensión
gracia.
12. Frente a los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto,
en particular aquellos dirigidos a controvertir la naturaleza de la vinculación
docente de la demandante durante los periodos laborados en el municipio de
Soledad, Atlántico, precisó que del examen de los actos administrativos de
nombramiento obrantes en el expediente se desprendía que la señora Alemán
Romero fue vinculada inicialmente mediante Decreto 00699 del 12 de octubre de
2001, y que posteriormente continuó vinculada al servicio educativo en virtud de
los Decretos 0286 del 5 de septiembre de 2005 y 0134 del 13 de abril de 2007,
expedidos por el municipio de Soledad, sin que se acreditara que tales
designaciones hubiesen sido realizadas por autoridad del orden nacional.
4 Visible en el archivo 34RecursoApelacionSentenciaUgpp.pdf del expediente digital que reposa en el
aplicativo SAMAI
5 Visible en el archivo 50SentenciaSegundaInstancia.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo
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13. Así mismo, sostuvo que los certificados expedidos por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en los que se hacía alusión a una
vinculación de carácter nacional, no desvirtuaban, por sí solos, la conclusión
alcanzada, en la medida en que los actos de nombramiento constituían el
elemento determinante para establecer la naturaleza jurídica del vínculo docente
2.1.5 La acción especial de revisión6
14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social invocó como causal de revisión la
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se
refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:
«[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
15. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó que se declare la
improcedencia del derecho otorgado, y se disponga la restitución de las sumas
pagadas con ocasión de dicho reconocimiento, debidamente actualizadas. Lo
anterior teniendo en cuenta que la señora Alemán Romero no cumplía los
requisitos legales exigidos para acceder a dicha prestación, particularmente el
relativo a la naturaleza territorial o nacionalizada de la vinculación docente. En su
criterio, los periodos laborados en el municipio de Soledad correspondían a una
vinculación de carácter nacional, según se desprendía de los certificados de
historia laboral expedidos por el FOMAG, así como de la fuente de financiación
de los cargos desempeñados, los cuales habrían sido sufragados con recursos
del orden nacional, a través del Sistema General de Participaciones.
16. Que al reconocer la prestación se vulneró el debido proceso y se otorgó un
derecho sin el cumplimiento de los requisitos para ello, lo que lesiona
el erario dado que le corresponde a la nación asumir los recursos para cubrir la
pensión gracia, recursos que son indispensables para la financiación del sistema
general de seguridad social en pensiones.
6 Folios 1 al 12 del cuaderno principal del expediente físico
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2.1.6 Contestación7
17. La señora Dubys Margot Alemán Romero descorrió el traslado alegando que
las providencias judiciales cuestionadas se ajustaron plenamente al marco
normativo y jurisprudencial que regula la pensión gracia, en tanto acreditó el
cumplimiento de los requisitos exigidos para su reconocimiento. Señaló que dicha
prestación tiene naturaleza especial y autónoma, conforme a las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y que está destinada
exclusivamente a docentes de carácter territorial o nacionalizado. En ese sentido,
afirmó que los tiempos de servicios prestados derivan de nombramientos
efectuados por autoridades territoriales, circunstancia que se acredita con los
actos administrativos de vinculación y posesión, por lo que no pueden
desvirtuarse a partir de certificaciones que, de manera imprecisa, los califican
como de orden nacional.
18. Agregó que, de conformidad con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 y la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, el carácter nacional o territorial
de la vinculación docente se determina por la autoridad que profiere el acto de
nombramiento y no por la fuente de financiación de la nómina, razón por la cual
el uso de recursos del situado fiscal o del Sistema General de Participaciones no
transforma la naturaleza territorial del vínculo. Finalmente, sostuvo que la UGPP
no explicó de manera concreta la configuración de la causal invocada ni demostró
la vulneración de normas constitucionales o legales por parte del juez de primera
instancia o del tribunal, limitándose a apreciaciones generales, por lo que solicitó
desestimar la acción especial de revisión y mantener incólumes las decisiones
judiciales que le reconocieron la pensión gracia.
19. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que
debía declararse fundada la acción especial de revisión promovida por la UGPP,
al considerar que la señora Dubys Margot Alemán Romero no tenía derecho a la
pensión de jubilación gracia, dado que el mayor tiempo de servicios acreditado
correspondía a una vinculación de carácter nacional, lo cual impedía el acceso a
dicha prestación conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable. No
obstante, precisó que no era jurídicamente procedente ordenar la devolución de
las sumas pagadas, al no haberse demostrado la mala fe de la beneficiaria, razón
por la cual estimó que la eventual sentencia de reemplazo solo tendría efectos
hacia el futuro.
7 La de la parte demandada se encuentra visible en el archivo 22_MemorialWeb_Recurso_Indice_25.pdf
del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI. El concepto del Ministerio Publico en el archivo
20MemorialWebCG_20CONCEPTO_CONCEPTOMINISTERIOPUBLICONO287202120190055300NI4416
2019RECEXTRAORDINARIODEREVISION.PDF de mismo expediente digital.
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
20. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde
conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2 Oportunidad
21. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva
al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712
de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
22. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
23. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 05
de febrero de 2019 por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico,
8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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ejecutoriada el 4 de marzo de 2019, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 6 de agosto de 20199, es decir, en término para
impetrar la acción especial de revisión.
3.3 Problema jurídico
24. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 05 de febrero de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, al reconocer y pagar una pensión gracia a
la señora Dubys Margot Alemán Romero.
25. Con tales fines, se reseñará la naturaleza y objeto de la acción especial de
revisión, así como el contenido y alcance de la mencionada causal.
3.4. La naturaleza y objeto de la Acción Especial de Revisión.
El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,10 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.
26. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.11 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o
de conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.
27. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.12
28. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem13 y en el artículo 6 del Decreto
9 Folio 180 del cuaderno principal del expediente físico
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-
000-2012-00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
11 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-
2002-05275-01, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.°
11001-03-25-000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
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5021 de 200914 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor
General de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.
29. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.15 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
30. Esta corporación16 ha señado que estas causales constituyen una
herramienta útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y,
consecuentemente, corregir todos aquellos reconocimientos pensionales17
fraudulentos y en exceso de los topes previstos en las respectivas leyes y/o
pactos o convenciones colectivas de trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el
principal objetivo de la introducción de las causales especiales para la acción era
garantizarle a la administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las
pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago
de cantidades injustas que afectaran gravemente al erario».18
14 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus
dependencias.
15 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
835 de 2003.
16 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-
2016-02022-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos
públicos, pues ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente
N.° 11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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31. Frente a la causal contenida en el literal b) del artículo en estudio, el Consejo
de Estado ha señalado que su establecimiento obedeció a la necesidad de
«construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos», por lo que entre sus
principales propósitos se encuentra «reducir el déficit fiscal y hacer del pensional
un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras,
de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo
con las normas vigentes».19
32. Se aclara que, aunque las referidas citas jurisprudenciales versan sobre
pensiones de jubilación, las consideraciones generales invocadas frente a las
causales en estudio son perfectamente aplicables a las «sumas periódicas de
dinero», en razón que ellas también hacen parte de la finalidad de la acción en
mención.
3.5. Análisis de la Sala
33. La Sala advierte que, aunque la UGPP invocó formalmente la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, del examen de los
argumentos expuestos se advierte que el planteamiento desarrollado no se dirige
a discutir la cuantía de la prestación reconocida, sino la procedencia misma del
derecho, al afirmar que la señora Dubys Margot Alemán Romero no reunía el
requisito de veinte (20) años de servicios en docencia oficial territorial o
nacionalizada, por cuanto parte de los periodos reconocidos corresponderían a
vinculación del orden nacional.
34. Tal planteamiento no se subsume en el supuesto del literal b), el cual se
estructura cuando, partiendo de la existencia del derecho, se demuestra que su
reconocimiento excedió lo debido conforme al régimen legal aplicable. En el
presente asunto, la entidad accionante no controvierte factores salariales,
porcentaje de liquidación o período fiscal, sino que pretende reabrir la discusión
relativa a la naturaleza jurídica del vínculo docente y, con ello, a la acreditación
de los requisitos estructurales del derecho.
35. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida
de un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma
tiene la carga de invocar debidamente la causal y sustentar con claridad y
concreción los argumentos que la respalden, pues, se pretende infirmar una
19 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 24 de marzo de 2020, expediente N.° 11001-03-25-000-
2019-00699-00 (5398-2019), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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decisión judicial ejecutoriada, es decir, que la posibilidad de recurrir a la acción
especial de revisión implica una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que resulta razonable la
exigencia de un mayor rigor argumentativo en el análisis de este tipo de asuntos,
y por ende no deviene procedente interpretar la demanda con miras a encuadrar
la causal, como tampoco realizar un estudio íntegro del fallo cuestionado, máxime
cuando no se trata de una tercera instancia.
36. En consecuencia, al no acreditarse la configuración de la causal invocada, la
Sala declarará infundada la acción especial de revisión promovida por la UGPP.
3.6. Condena en costas
37. Dado que esta Sección20 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá
de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.
38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 05 de febrero de 2019, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 08 001 33 33 004 2016 00167 01, que
confirmó la sentencia de 27 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Barranquilla que accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. -Sin condena en costas, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva.
20Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001 03 25 000 2019 00553 00 (4416-2019)
Demandante: UGPP
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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