Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00638-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00638-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00638-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00638-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Jesús Alfonso Cano Quito
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 9 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 15001333300820170009700-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial3
2. El señor Jesús Alfonso Cano Quito, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo
de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 16 de marzo de 2020 (f. 190), de manera que está regulado por los artículos 248
y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visible a folios 163 y s.s. y 162 y siguientes
del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
• La nulidad de la Resolución RDP 004651 de 4 de febrero de 2016
proferida por la UGPP por medio de la cual se negó la reliquidación la pensión de
jubilación del señor Jesús Alfonso Cano Quito, con inclusión del factor salarial
prima de riesgo y de la Resolución RDP 015013 de 8 de abril de 2016 que resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola en
todas sus partes.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su
pensión de jubilación, teniendo en cuenta la prima de riesgo que devengó durante
el último año de servicios, a partir del 1. ° de noviembre de 2013, fecha en que
se retiró efectivamente del servicio y con efectos fiscales a partir del 6 de
noviembre de 2012, por haber operado la prescripción trienal.
3. Como fundamento fáctico, señaló que el señor Jesús Alfonso Cano Quito
laboró al servicio del INPEC desde el 20 de junio de 1978 hasta el 31 de octubre
de 2003, fecha en la cual se retiró del servicio.
4. Mediante Resolución 3150 de 15 de febrero de 2001, Cajanal hoy UGPP, le
reconoció una pensión de vejez efectiva a partir del 1. ° de enero de 2000,
condicionada al retiro efectivo del servicio.
5. A través de la Resolución 31182 de 5 de noviembre de 2005 se reliquidó la
pensión reconocida, elevando la cuantía de la misma, por inclusión de tiempos,
a partir del 1. ° de noviembre de 2003, fecha en la cual se retiró efectivamente
del servicio.
6. Posteriormente, por Resolución 1216 de 19 de mayo de 2008 se reliquidó la
pensión de vejez a partir del 1. ° de noviembre de 2003 en cumplimiento del fallo
proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, incluyendo
nuevos factores salariales -asignación básica, prima de alimentación,
sobresueldo, auxilio de transporte, bonificación por servicios, prima de servicios,
prima de navidad y prima de vacaciones-. Dicha liquidación no tuvo en cuenta el
factor denominado prima de riesgo.
7. De los certificados laborales se extrae que el señor Cano Quito durante el
último año de servicios devengó, además de la asignación básica, gastos de
representación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
riesgo y prima de navidad.
8. El 6 de noviembre de 2015 formuló petición ante la UGPP en donde solicitó la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de riesgo.
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Mediante Resolución 4651 de 4 de febrero de 2016 la entidad negó la
reliquidación por estimar que dicho factor no tiene el carácter de salarial, según
lo establecido en el Decreto 446 de 1994.
9. Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, que fue resuelto por
la entidad en Resolución RDP 015013 de 8 de abril de 2016 que confirmó en su
totalidad el acto inicial.
10. En cuanto al concepto de violación, indicó que la prima de riesgo debió
haber sido incluida como factor salarial para efectos de liquidar la pensión por
parte de la UGPP, pues fue percibida de forma mensual y como retribución por
los servicios prestados al INPEC.
11. Estimó que, en el caso concreto, debía darse aplicación a la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado, que
unificó criterio sobre la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para
liquidar la pensión de los ex funcionarios del DAS y se precisó que sí constituía
factor salarial por su carácter periódico y remunerativo y tal interpretación es
extensible a los empleados del INPEC.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión.4
12. El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia de segunda instancia el
9 de septiembre de 2019 en la cual, confirmó la providencia proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja el 22 de mayo de 2018,
que accedió a las pretensiones de la demanda, y lo hizo con los siguientes
argumentos:
13. Como fundamento de su decisión señaló que, como el demandante es un
servidor del INPEC, el régimen pensional aplicable debía determinarse en función
de su fecha de vinculación, de manera que si esta se produjo antes del 28 de
julio de 2003 estaba cobijado por la Ley 32 de 1986 mientras que si fue posterior
a dicha fecha por el Decreto 2090 de 2003. Como el demandante se vinculó el
20 de junio de 1978 le es aplicable el régimen de la Ley 32 de 1986, en cuyo
artículo 96 se establece que para acceder a la pensión de jubilación los
servidores del INPEC sólo necesitan reunir el requisito del tiempo de servicios,
que es de 20 años.
4 Folio 182 y siguientes del expediente.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
14. Indicó que dicho régimen no se aplica en virtud del régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993, sino por lo establecido en el Acto Legislativo
01 de 2005, por lo cual no es necesario verificar la edad o el tiempo de servicios
acumulados al 1. ° de abril de 1994.
15. Advirtió que el demandante laboró al servicio del INPEC durante 25 años, 4
meses y 11 días, desempeñándose como dragoneante y adquirió su estatus
pensional el 20 de junio de 1998, cuando cumplió los 20 años de servicio.
16. En consecuencia, tenía derecho a que su pensión fuese reconocida con el
75% del promedio mensual obtenido durante el último año de servicios (artículo
4. ° de la Ley 4. ° de 1966) y teniendo en cuenta los factores contemplados en el
régimen general, indicados el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
17. Señaló que, durante dicho periodo, el señor Cano Quito devengó la prima de
riesgo, y que a pesar de que dicho factor no se encuentra enlistado en el Decreto
1045 de 1978 y que el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 establece que el
mismo no tiene carácter salarial, debía ser tenido en cuenta para efectos de
liquidar el IBL de conformidad con la sentencia de unificación de 1. ° de agosto
de 2013, en la que el Consejo de Estado precisó que ese factor debía ser tenido
en cuenta para liquidar las pensiones de los funcionarios del DAS, por tener una
naturaleza salarial intrínseca, y en ese sentido, dichos argumentos debían
tenerse en cuenta para los funcionarios del INPEC.
2.1.7. La acción especial de revisión 5
18. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
19. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
5 Folios 1. ° y s.s. del expediente.
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
(i) Infirmar la sentencia de 9 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por contra CAJANAL, radicado
15001333300820170009701 que confirmó el fallo de primera instancia dictado
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja de 22 de mayo de
2018.
(ii) Declarar los efectos de cosa juzgada en virtud de la sentencia proferida el
21 de junio de 2007 por el Juzgado Once Administrativo de Tunja de radicado
1500023310002005250300.
(iii) Declarar que el señor Jesús Alfonso Cano Quito en cuanto a la liquidación
de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido y en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión de conformidad con las sentencias, C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU- 395 de 2017 y la sentencia del 28 de agosto de
2018 proferida por el Consejo de Estado; esto es, teniendo como ingreso base
de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, así como los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994,
excluyendo la prima de riesgo y fijando como monto pensional o tasa de
reemplazo el 75% previsto en la Ley 32 de 1986.
(iv) Ordenar a la UGPP a reliquidar la mesada pensional del demandado
calculando el ingreso base de liquidación conforme al inciso 3. ° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 en armonía con el artículo 21 de la misma disposición.
(v) Ordenar al demandado a devolver las sumas pagadas en exceso por la
reliquidación de la mesada pensional como consecuencia de las órdenes
impartidas en las sentencias objeto de revisión, y que dichas sumas sean
debidamente indexadas.
20. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP señaló que la
sentencia objeto de revisión fue expedida con violación al debido proceso pues
el juzgador desconoció la eficacia de la decisión adoptada en el año 2007, que
descartó la inclusión de la prima de riesgo como factor a tener en cuenta en la
liquidación pensional, estando obligado a lo que ya se había debatido o decidido
sobre dicho factor.
21. Sostuvo que el señor Jesús Alfonso Cano Quito no tenía derecho a obtener
la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, el IBL de su pensión
debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° de la dicha
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
disposición y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los
Decretos 1158 de 1994.
22. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
2.1.8. Contestación
23. El señor Jesús Alfonso Cano Quito fue notificado personalmente de la
admisión de la acción de revisión el 13 de mayo de 2021, como se advierte en el
folio 197 del expediente.
24. Mediante escrito radicado el 19 de mayo de 20216, se opuso a las
pretensiones de la demanda. Señaló que las sentencias objeto de revisión se
expidieron conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 y la
sentencia de unificación de 1. ° de agosto de 2013 proferida por el Consejo de
Estado y que dichos fallos se encuentran ejecutoriados y por tanto son
inmodificables.
25. Adujo que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de radicado
15001333300820170009700, en el cual se expidieron las sentencias recurridas,
se resolvió de fondo la excepción de cosa juzgada propuesta por la UGPP, y se
determinó que no se configuró la identidad de causa con el proceso 2005-2503
adelantado con el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja.
26. Sostuvo que la UGPP no estaba legitimada en la causa por activa para
invocar las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues dicha
facultad era exclusiva del Gobierno por conducto del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Contralor
General de la República.
27. Indicó que en el caso concreto no se vulneró el debido proceso y que las
decisiones acusadas se expidieron conforme a los principios de legalidad,
autonomía e independencia judicial y garantizando los derechos de defensa y
contradicción de la UGPP.
6 Visible en el índice 10 de Samai
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer la acción especial de revisión del epígrafe, de conformidad con el
artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde
conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
29. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza
vinculante a partir de este fallo [...]».
30. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».
31. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la
7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 9 de
septiembre de 2019 8 y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 16 de marzo de 2020.9
3.3. Problema jurídico
32. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 9 de septiembre 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo Boyacá, incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a la UGPP, la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para
efectos de liquidar el IBL de la pensión del demandado.
33. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
34. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 10 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
8Folio 182 y siguientes del expediente
9 Folio 190 del expediente.
10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
al principio de la cosa juzgada11, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
35. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera
precisamente como una acción especial12, con algunas diferencias referidas a
su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia13 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 14, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
36. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 15 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
15 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
naturaleza pública.
37. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200916 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
38. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
39. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
40. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 9 de septiembre de 2019,
proferida el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la orden de
reliquidación pensional a favor del señor Jesús Alfonso Cano Quito con la
inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para calcular el IBL del
demandado, para lo cual se fundamentó en la violación al debido proceso, toda
vez que según su dicho, el a quo desconoció los efectos de la cosa juzgada
vinculante con relación a la inclusión de la prima de riesgo, pues en sentencia de
21 de junio de 2007, el Juzgado Once Administrativo de Tunja reliquidó la
pensión del demandante y negó la inclusión de dicha prima por estimar que ésta
no hacía parte de los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
16 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
41. Además de lo anterior, indicó que el juzgador inaplicó, sin fundamento legal,
las reglas establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a su parecer
la pensión debió determinarse conforme a las disposiciones contenidas en el
inciso 2.° de dicha norma respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en
cuenta al momento de liquidar la prestación. En ese sentido consideró que el fallo
acusado transgrede los principios superiores de legalidad.
42. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental
alegado comprende los siguientes tres elementos:
I. El derecho al juez natural o funcionario competente.
II. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa.
III. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem.
3.5.2. Acerca de la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
43. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente17 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 18 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones19,
en especial, el principio de solidaridad20 y equilibrio financiero.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
44. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 21 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»22.
45. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la
acción están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público
derivada de la orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Jesús
Alfonso Cano Quito, con base en el 75% de lo percibido en el último año de
servicios. Al respecto se indicó que el Tribunal ordenó la reliquidación pensional,
con factores que no estaban incluidos en el Decreto 1158 de 1994, con lo cual,
existe un aumento porcentual en el monto en que se reconoció la pensión por
orden judicial, respecto del que debió liquidarse.
46. Teniendo en cuenta, todo lo expuesto, la parte accionante puede cuestionar
la presunción de veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se
examinará, si en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista
en los preceptos normativos mencionados, esto es, si el quantum de la pensión
desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación
del precedente jurisprudencial.
21 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quince de Decisión. Sentencia
del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
3.5.2.2. Caso concreto
47. En consideración, la Sala entrará a determinar, en primer lugar, si en el
presente asunto se encuentra configurada la causal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003: «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», lo anterior teniendo en cuenta que se vulneró el principio de
cosa juzgada.
48. Las pruebas allegadas dan cuenta de que el señor Cano Quito presentó una
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Cajanal solicitando la reliquidación de su pensión de
jubilación, por estimar que, al ser beneficiario del régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 le eran aplicables los Decretos 1743 de
1966, 1045 de 1978 y las Leyes 4. ° de 1966 y 32 de 1986.
49. Dicho proceso fue decidido en sentencia de 21 de junio de 2007 por el
Juzgado Once Administrativo de Tunja de radicado 2005-2501,23 a través de la
cual el despacho estimó que, por ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a que se reliquidara según lo dispuesto en la Ley
4.° de 1966, teniendo en cuenta los factores previstos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 por expresa remisión del artículo 114 de la Ley 32 de 1986
y el Decreto 407 de 1997.
50. En ese sentido ordenó la reliquidación teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, es decir, la
asignación básica, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y las
primas de navidad, vacacional y de servicios, estas últimas en proporción
pertinente.
51. Sin embargo, en dicha oportunidad se negó la inclusión de la prima de riesgo
como factor salarial para efectos de liquidar el IBL, por estimar que no hacía parte
de los factores señalados en el Decreto 1045 de 1978.
52. También se encuentra demostrado que el señor Cano Quito solicitó a la
UGPP la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de
riesgo el 6 de noviembre de 2015 y que en las Resoluciones RDP de 14 de
febrero de 2016 y RDP 15013 de 8 de abril de 2016 se negó lo solicitado, por lo
que demandó dichos actos administrativos a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
23 Folio 154 del expediente.
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
53. Mediante sentencias de 22 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja y de 9 de septiembre de 2019 del Tribunal Administrativo
de Boyacá, se declaró la nulidad de los actos acusados y se ordenó la
reliquidación de la pensión del demandante incluyendo la prima de riesgo.
54. En el curso de la primera instancia, la UGPP propuso la excepción de cosa
juzgada por existir un pronunciamiento judicial sobre dicha prima en la sentencia
de 21 de junio de 2007. Sin embargo, la excepción no se encontró probada al
estimarse que las sentencias de unificación invocadas en esta instancia -4 de
agosto de 2010 y 1. ° de agosto de 2013- no se habían proferido cuando se
expidió la sentencia de 21 de junio de 2007 y además que con posterioridad a
esta providencia se presentó una nueva solicitud de reliquidación que fue
decidida de manera desfavorable y que era objeto de control judicial.
55. Sumado a lo anterior, el a quo señaló que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las solicitudes de reajuste pensional para la inclusión de nuevos
factores, podían presentarse cuantas veces quiera en virtud de los principios de
imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad, pues la prescripción solo se
aplica a las mesadas pensionales.
56. Bajo ese contexto, la entidad pretende que se declare la nulidad de la
sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas bajo la causal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, al considerar
que, existe una sentencia previa que hizo tránsito a cosa juzgada.
57. En ese orden, los argumentos con los que la parte actora sustenta la causal
a) en comento, no guardan relación con la vulneración al debido proceso, esto
es, en cuanto al derecho al juez natural o funcionario competente; el derecho a
ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y menos aún alega
la vulneración a las garantías procesales como de audiencia y defensa, decisión
motivada, segunda instancia, entre otras; por el contrario, se enfoca en
cuestionar la ocurrencia de la cosa juzgada, supuesto que está previsto en una
causal autónoma distinta, que no fue invocada por el recurrente.
58. Sobre el particular se destaca que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece que la acción especial prevista en esa norma, se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión y podrá
solicitarse por las causales consagradas para este y además por las mentadas
causales a y b.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
59. Para el caso concreto, el artículo 250 del CPACA, que enlista las causales
del recurso extraordinario de revisión, en su numeral 8 establece lo siguiente:
60. «ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.» (resaltado nuestro)
61. De la norma transcrita se desprende que el legislador incluyó para el recurso
extraordinario de revisión y a su vez, para la acción especial prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, una causal autónoma y especial para cuestionar
aquellas providencias que, en criterio del recurrente, resulten contrarias a una
sentencia anterior con efectos de cosa juzgada, entre las mismas partes.
62. En línea a lo expuesto, se advierte que el accionante no cumplió con la carga
de invocar la causal específica dispuesta en la norma para el supuesto fáctico en
que sustenta su inconformidad –numeral 8 del artículo 250 del CPACA; por el
contrario, pretende de manera genérica que su cargo se estudie por la causal a),
que como se dijo, no procede por no fundarse en la presunta afectación al debido
proceso, en los términos indicados.
63. Ahora bien, se entrará a determinar si en el presente caso se encuentra
configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que a la letra
expone: «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables»
64. En primer lugar, es necesario recordar que el punto de controversia recae en
los factores y el IBL que fueron aplicados por el Tribunal, pues según la UGPP al
ser el demandado beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 correspondía dar aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y
monto a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo
consagrado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores
enlistados en forma taxativa en el Decreto 1158 de 1994.
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
65. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario de la extensión efectuada por el parágrafo
5.° del Acto Legislativo 01 de 2005. del régimen de transición y no del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, por cuanto a la entrada en vigencia de dicha normativa
contaba con más de 500 semanas de cotización especial, por lo que se concluyó
que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en cuenta la edad, el tiempo
y los factores establecidos en la Ley 32 de 1986.
66. La UGPP, respecto a la causal b) sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que el pensionado se
vinculó al INPEC el 20 de junio de 1978, por lo que el régimen aplicable es el
contemplado en la Ley 32 de 1986, en cuyo artículo 96 se establece que para
acceder a la pensión de jubilación los servidores del INPEC sólo necesitaban
reunir el requisito de tiempo de servicios (20 años), sin importar la edad y bajo
este entendido consideró procedente la orden de reliquidación dada a la UGPP,
aplicando en su integridad el régimen anterior de las normas que regulaban las
actividades de alto riesgo.
67. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación 24 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adopta da en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).
68. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»25.
69. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada26, en este caso, la consagrada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
70. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia,
no corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos
expuestos por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y,
por tanto, no es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.
71. De acuerdo con lo expuesto, se colige que en este caso no se configuran las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En consecuencia, se impondrá declarar infundado la acción especial de revisión
contra la sentencia de 9 de septiembre de 2019 expedida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 15001-33-33-008-2017-0009700-01.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto
de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
26 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00638-00 (1791-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
3.6. Condena en costas
72. Dado que esta Sección25 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá
de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia de 9 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá a través de la cual se confirmó la providencia de 22 de
mayo de 2018 dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-
008-2017-00097-00/01 de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente
al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.