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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00660-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00660-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del 22 de octubre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en las consideraciones. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes. 18 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los procesos en que se ventile un interés público». 8 Radicación: 11001 03 25 000 2022 00660 00 (5979-2022) Demandante: UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00660-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00660 00 (5979-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Ufredo Nicolás Puche Bula

Tema: Causal b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión. En este caso la
entidad sustentó la causal invocada sobre presupuestos jurídicos
distintos a los acogidos en la providencia objetada.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 22 de
octubre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la cual
adicionó y confirmó la emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Montería, el 21
de mayo de 2019, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Proceso ordinario

1. El señor Ufredo Nicolás Puche Bula instauró demanda contenciosa
administrativa2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 024026 del 16 de
junio de 2015 y RDP 036829 del 10 de septiembre de 2015; así como la nulidad parcial
de las Resoluciones 00622 del 24 de enero de 2000 y 25754 del 7 de noviembre de 2001.

2. Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a la UGPP a reconocer y
pagar su pensión de jubilación en cuantía de $760.375.30 a partir del 1.º de julio de 2000,
equivalente al 75% de los factores salariales devengados durante el último año de
servicio conforme al régimen aplicable a los empleados del sector oficial según las
normas anteriores a la Ley 33 de 1985; asimismo, reliquidar y pagar las diferencias
pensionales causadas, junto con los reajustes previstos en las Leyes 4.ª de 1976 y 71 de

1 En adelante UGPP.
2 Folios 33 a 46 del archivo 01Expediente201600192.pdf del expediente digital visible en el índice 15 de
Samai.

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00660 00 (5979-2022)
Demandante: UGPP

1988, los ajustes de valor, conforme al IPC, los intereses moratorios según lo previsto en
el artículo 192 del CCA y la imposición de costas a la demandada.

3. El Juzgado Primero Administrativo de Montería3 resolvió la controversia en
sentencia del 21 de mayo de 2019, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Puso de presente que el actor prestó sus servicios al Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en el cargo de guardián superior desde el 1.° de junio de 1966 hasta el
30 de junio de 2000. Agregó que la Caja Nacional de Previsión Social 4 le reconoció una
pensión de vejez a partir del 1.° de enero de 1999, mediante la Resolución 000622 del
24 de enero de 2000, liquidada en el 75% del promedio de lo devengado durante 4 años
y 9 meses, con base en lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo
en cuenta únicamente la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la
prima de antigüedad.

4. Indicó que, posteriormente, por medio de la Resolución 25754 del 7 de
noviembre de 2001, Cajanal reliquidó la prestación con el 75% de lo percibido entre el 1.º
de enero de 1994 y el 30 de junio de 2000, incluyendo los conceptos antes mencionados.

5. Sin embargo, advirtió que se acreditó que el demandante nació el 8 de diciembre
de 1943 y que, para la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985, esto es, el 13 de febrero
de 1985, contaba con más de 15 años de servicio, circunstancia que lo convertía en
beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la
aludida disposición. En ese orden, argumentó que para los empleos que no tenían un
régimen especial, la liquidación de su mesada pensional se debía remitir a las normas de
carácter general, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1933 de 1989.

6. A partir de ello, concluyó que como el actor no ejerció uno de los cargos
excluidos por tal precepto, la liquidación de la prestación debía sujetarse a lo previsto en
el artículo 73 del Decreto 1848 de 1968, que dispone que la pensión corresponde al 75%
del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados durante el último año
de servicios.

7. Señaló que al comparar los factores salariales reconocidos por la entidad
demandada y los efectivamente devengados por el accionante durante el último año de
servicios —comprendido entre el 1.º de junio de 1999 y el 30 de junio de 2000 5— en los
actos de reconocimiento y reliquidación pensional no fueron incluidos el subsidio de
alimentación, ni las primas de servicios, de navidad, de vacaciones y de riesgo, sin
perjuicio de que la entidad efectuara las deducciones respectivas, en el evento de que no
se hubieran efectuado aportes respecto de tales conceptos. Consideró que esta última
tenía naturaleza salarial y, por ende, procedía integrar la base de liquidación pensional
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa al régimen
prestacional de los servidores del DAS.

3 Folios 202 a 208 ibidem.
4 En adelante, Cajanal.

5
Así se mencionó en la página 11 de la providencia

2

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00660 00 (5979-2022)
Demandante: UGPP

8. Por lo anterior, declaró i) la nulidad de las Resoluciones RDP 024026 del 16 de
junio de 2015 y RDP 036829 del 10 de septiembre de 2015, mediante las cuales se negó
la reliquidación pensional solicitada por el actor; ii) la nulidad parcial de las Resoluciones
000622 del 24 de enero de 2000 y 25754 del 7 de noviembre de 2001, que reconocieron
y reliquidaron dicha prestación; iii) la prescripción de las diferencias pensionales
causadas con anterioridad al 25 de febrero de 2012; y iv) ordenó a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, incluyendo asignación básica,
incremento por antigüedad, subsidio de alimentación, bonificación por servicios
prestados, primas de servicios, de navidad, de vacaciones y de riesgo.

9. La UGPP interpuso recurso de apelación6, en el cual adujo que el a quo
desconoció el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues
no había lugar a desatar el litigio ni a condenar a la entidad más allá de lo solicitado por
el demandante.

10. Expuso que el actor pidió la reliquidación de la pensión de jubilación con
inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicio,
al considerar que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. No obstante, el Tribunal resolvió la controversia con fundamento en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la Ley 33 de 1985, aduciendo que el
demandante reunía los requisitos para ser acreedor de la transición de esta última norma
y ordenó reliquidar la prestación con base en el Decreto 1848 de 1968.

11. Destacó que la situación pensional del accionante se encontraba regulada por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el derecho se consolidó el 8 de diciembre
de 1998, con posterioridad a la expedición de tal ley. Asimismo, planteó que aun en el
evento de que el asunto se resolviera al amparo de la Ley 33 de 1985, el a quo incurrió
en una interpretación errónea de dicho beneficio, pues le otorgó un alcance ilimitado al
señalar que el hecho de que el demandante acreditara 15 años de servicio para su
entrada en vigencia le confería derecho a que su situación pensional fuera regulada
íntegramente por las disposiciones anteriores.

12. Afirmó que, con ello, se desbordó el alcance que el legislador otorgó al amparo
transitorio, toda vez que este únicamente salvaguardaba el requisito de edad, mientras
que el tiempo de servicio, el monto de la pensión y el ingreso base de liquidación
quedaban excluidos de esa protección.

13. Sostuvo que en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el ingreso base de liquidación no constituye un aspecto amparado
por el régimen de transición, razón por la cual debía determinarse conforme a las reglas
previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, indicó que dichos precedentes
eran de obligatorio cumplimiento.

6 Folios 212 a 216 ibidem.

3

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Demandante: UGPP

14. El 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba7 resolvió el
recurso de apelación, confirmó la sentencia de primera instancia y adicionó el numeral
4.° de su parte resolutiva en el sentido de autorizar a la UGPP a descontar al demandante
los aportes que no se hubiesen realizado sobre los nuevos factores incluidos en la
reliquidación pensional, únicamente respecto del último año de servicios.

15. Manifestó que el señor Ufredo Nicolás Puche Bula era beneficiario del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985, comoquiera que para el momento en que empezó a
regir esta norma contaba con más de 15 años de servicio, por ende, su reconocimiento
pensional debía sujetarse a las normas anteriores, concretamente a los Decretos 3135
de 1968 y 1045 de 1978.

16. Explicó que, contrario a lo afirmado por la UGPP, el demandante sí había
invocado la transición contemplada en la Ley 33 de 1985 y que, tanto en sede
administrativa como judicial, siempre persiguió la inclusión de todos los factores salariales
devengados, de modo que no se acreditaba la incongruencia planteada. Aclaró que, en
materia pensional, el principio de justicia rogada se flexibiliza en aplicación del principio
iura novit curia, que faculta al juez para aplicar el régimen pensional correspondiente a
los supuestos fácticos acreditados, aun cuando no hubiese sido alegado expresamente.

17. Consideró que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018, relativa al alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, no resultaba aplicable al caso concreto, toda vez que dicha
providencia se refería a personas cobijadas por la transición de la Ley 100 que
conservaban algunos requisitos de la Ley 33 de 1985, mientras que el demandante era
beneficiario de la denominada «transición de la transición» derivada de la Ley 33 de 1985,
circunstancia que implicaba la aplicación de las normas anteriores contenidas en los
decretos atrás referidos.

18. Refirió que la prima de riesgo constituía factor salarial para efectos
pensionales, de conformidad con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, por
lo que procedía incluirla dentro de la reliquidación pensional.

Demanda de la acción especial de revisión

19. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó invalidar
la sentencia del 22 de octubre de 2021, expedida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, por la cual se adicionó y confirmó la sentencia de primera instancia emitida por
el Juzgado Primero Administrativo de Montería; con tal propósito, invocó la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20038, esto es «cuando la cuantía del derecho reconocido

7 Páginas 163 a 175 del archivo 5_DemandaWeb_Demanda visible en el índice 3 de Samai.
8 Para el efecto, en el acápite de pretensiones indicó expresamente «[p]or configurar la causal prevista en

el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, 29 de enero, que dispone: b) Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”, se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión, que el Honorable
Consejo de Estado, disponga». Se advierte que, aunque más adelante mencionó que se configuraban las
causales previstas en los literales a) y b) de la referida disposición, el análisis se circunscribirse a la
contemplada en el literal b), habida consideración de que así fue planteado en las pretensiones y los
planteamientos expuestos estuvieron dirigidos a sustentar dicha causal.

4

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Demandante: UGPP

excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

20. Manifestó que la orden impartida en la providencia cuestionada consiste en
reliquidar la pensión en un 75 % del promedio mensual devengado durante el año
inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio, incluyendo todos los factores
salariales percibidos, lo que constituye el reconocimiento de un derecho en exceso que
contraviene la normativa aplicable, pues, a su juicio, lo procedente era dar una
interpretación correcta a las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

21. Puntualizó que el régimen aplicable al actor para la determinación del IBL es
el señalado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
artículo 21 ibidem, esto es, con el promedio de los últimos 10 años para adquirir el
derecho o el tiempo que le hiciere falta. Añadió que los factores que procedía incluir son
los relacionados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

22. Estimó que la pensión fue reliquidada con desconocimiento de la jurisprudencia
fijada por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y la sentencia del 28 de agosto de 2018 expedida por
el Consejo de Estado.

Contestación de la acción especial

23. El demandado guardó silencio durante esta etapa procesal9.

II. CONSIDERACIONES.

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 10 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.

Oportunidad

25. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 16 de noviembre de
202111, es decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años,
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción

9 Como se dejó constancia en el auto que decretó pruebas, visible en el índice 33 de Samai.
10 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo

080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
11 Comoquiera que la providencia quedó notificada el 10 de noviembre de 2021, de conformidad con el

numeral 2 del artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

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Demandante: UGPP

especial de revisión; por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el
9 de noviembre de 202212.

Problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 22 de octubre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Córdoba está inmersa dentro de la causal
señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues habría incurrido en
un reconocimiento excesivo del derecho al ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Ufredo Nicolás Puche Bula con el 75 % de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios.

Análisis del problema jurídico

27. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión, por las razones que se exponen a continuación.

28. La acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en] 13
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario» 14.

29. Esta Corporación, en forma pacífica15 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales contempladas
por el legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza».

30. En el presente asunto, la UGPP invocó como sustento la causal consagrada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200316, al considerar que la sentencia
cuestionada incurrió en un reconocimiento excesivo del derecho porque ordenó reliquidar
la pensión con el 75 % de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios. En lo que respecta a la afectación del patrimonio público sostuvo que con la
condena impuesta se generó un detrimento al sistema pensional y al erario, pues se
impuso a la Nación el pago de mesadas pensionales excesivas que deben ser cubiertas
con recursos indispensables para la financiación del Sistema General de Seguridad

12 Índice 4 de Samai.
13 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para

facilitar la lectura.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001

03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
15 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de

decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
16 «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

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Demandante: UGPP

Social en Pensiones, lo que no solo compromete los recursos de este sino que va en
perjuicio de los demás asociados.

31. Por lo anterior, el análisis se centrará en determinar si la reliquidación de la
prestación excedió lo legalmente debido. En ese sentido, se observa que la controversia
recae en el ingreso base de liquidación y en los factores salariales tenidos en cuenta para
reliquidar la pensión, pues según la UGPP, al ser el demandado beneficiario de la
transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la determinación del IBL
debía efectuarse conforme a lo dispuesto el inciso 3º del citado artículo 36, en
consonancia con el artículo 21 ibidem, esto es, con el promedio de los últimos 10 años
para adquirir el derecho o el tiempo que le hiciere falta y, los factores que procedía incluir
eran los relacionados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

32. Ahora bien, se observa que la providencia objetada estableció que el
accionado es acreedor del régimen de transición, pero del señalado en la Ley 33 de 1985,
dado que para la entrada en vigencia de esa normativa contaba con más de 15 años de
servicio. En virtud de ello, el Tribunal consideró que la situación pensional del señor
Ufredo Nicolás Puche Bula se regía por las disposiciones anteriores a esa ley,
particularmente por los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

33. A partir de lo expuesto, se desprende que la UGPP sustentó la acción especial
de revisión sobre el supuesto de que la reliquidación pensional se ordenó o debía
ordenarse bajo un régimen de transición diferente al que le fue aplicado al demandado,
en la sentencia objeto de la acción especial.

34. En lo que respecta al rigor del contenido y sustentación de la acción especial
de revisión, esta Corporación17 ha considerado que:

Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados
en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión
y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar las pruebas
necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención de
corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos
sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es
riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el
mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1o de agosto
de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: UGPP

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que
deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

[Se resalta].

35. Lo anterior quiere decir que el estudio de la presente acción debe limitarse
estrictamente a los argumentos expuestos por la entidad recurrente para sustentar la
causal invocada, sin que le sea dado al juez replantear, complementar o reconducir los
fundamentos de la demanda. En esa medida, la Sala concluye que en el caso concreto
no existe congruencia entre los cargos formulados por la UGPP y las razones que
sustentaron la providencia objeto de revisión, pues, aunque el Tribunal examinó la
reliquidación pensional al amparo del régimen de transición previsto en el artículo 1.º de
la Ley 33 de 1985, frente a ese aspecto no se formuló reparo alguno, puesto que, el
mecanismo de la referencia se estructuró sobre la procedencia del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el alcance equivocado que se habría dado a este,
lo que impone declarar infundada la acción especial de revisión.

Condena en costas

36. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público18.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 22 de octubre de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en las consideraciones.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.

18 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los

procesos en que se ventile un interés público».

8

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00660 00 (5979-2022)
Demandante: UGPP

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP

9

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