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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00145-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00145-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del 17 de marzo de 2023 expedida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en las consideraciones. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00145-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Yojaira Campo Ibarra2

Tema: Causal b) artículo 20 Ley 797 de 2003

Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión, pues la recurrente
sustentó la causal invocada sobre presupuestos jurídicos distintos a los acogidos en la
providencia objetada.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 17 de
marzo de 2023 expedida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se
modificó y confirmó la emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena, el
16 de marzo de 2016, que había accedido a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Proceso ordinario

1. El señor Orlando Baena Villareal3 (q.e.p.d.) instauró demanda contenciosa
administrativa4 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de que se declarara la nulidad de la Resolución 27872 del 31 de diciembre
de 19975, por medio de la cual se le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez,
pues consideró que la prestación se liquidó de manera indebida y se efectuaron
descuentos que estimó improcedentes.

1 En adelante UGPP.
2 En calidad de beneficiaria de la prestación reconocida al causante Orlando Baena Villareal.
3 Aunque la demanda fue presentada conjuntamente por los señores Fernando Castro Boiga y Orlando

Baena Villarreal, para efectos del presente análisis únicamente se hará referencia a la situación fáctica y
jurídica del señor Baena Villarreal, toda vez que la controversia objeto del presente asunto recae sobre la
pensión que actualmente percibe la señora Yojaira Campo Ibarra, en calidad de beneficiaria de este.
4 Folios 2 a 4 del archivo 01ExpedienteCuaderno1 del expediente digital visible en el índice 15 de Samai.
5 Se observa que, respecto del señor Orlando Baena Villarreal, en la demanda únicamente se solicitó la

nulidad de la Resolución 027872 del 31 de diciembre de 1997. No obstante, la sentencia emitida por el
juzgado también declaró la nulidad de la Resolución RDP012107 del 12 de marzo de 2013, mediante la
cual la UGPP negó la reliquidación pensional.

Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

2. Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a la UGPP a reliquidar su
pensión incluyendo la totalidad de los factores salariales que determinaban «la base
salarial de liquidación de la primera mesada pensional», la indexación de la condena, los
intereses moratorios y la imposición de condena en costas.

3. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena6 resolvió la controversia en
sentencia del 16 de marzo de 2016, en la cual accedió a las pretensiones. En
consecuencia, dispuso:

[…]

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la resolución 027872 del 31 de diciembre
de 1997, proferida por CAJANAL, y totalmente la resolución RDP012107 del 12 de marzo
de 20013 (sic), emanada de la UGPP, mediante las cuales, en su orden, se reconoció la
pensión mensual vitalicia por vejez y se negó la reliquidación de la pensión de vejez del
señor ORLANDO BAENA VILLARREAL, por los expresos y precisos motivos indicados
en esta sentencia.

En consecuencia, como restablecimiento del derecho, se le ordena a la UGPP reliquidar
y pagar a este actor, su pensión de vejez, con base en el régimen pensional de la ley 6 de
1945 y sus decretos reglamentarios, y establecer su ingreso base de liquidación en la
cuantía que resulte de aplicar el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados
en el último año de servicios, esto es, el comprendido entre el 2 de julio de 1997 al 1 de
julio de 1998, para lo cual se servirá incluir: (i) su asignación básica mensual, (ii) subsidio
de alimentación; (iii) auxilio de transporte; (iv) Bonificación por servicios; (iv) Bonificación
especial por recreación; (v) dominicales y festivos; (vi) horas extras; (vii) prima de
antigüedad; (viii) prima de servicios; (ix) 1/12 de la prima de navidad; (x) 1/12 de la prima
de vacaciones; de cuya liquidación se deberán efectuar los descuentos de todos los
aportes que no hayan sido objeto de deducción legal, tal como lo dispuso el Consejo de
Estado en el pronunciamiento de unificación citado en esta providencia. Así mismo,
deberá efectuar el pago de la diferencia resultante entre lo reconocido y lo reliquidado.
[…]

4. Señaló que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución
027872 del 31 de diciembre de 1997, reconoció una pensión de vejez al señor Orlando
con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al considerarlo beneficiario del
régimen de transición allí previsto, por cuanto contaba con más de 40 años de edad para
la fecha en que comenzó a regir dicha norma. Expuso que la entidad liquidó la prestación
teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 6 meses y
5 días de servicio, con inclusión únicamente de la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y la prima de antigüedad.

5. No obstante, advirtió que Cajanal erró en el marco jurídico aplicable a la
situación pensional del demandante, toda vez que, para el momento en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985 —13 de febrero de 1985—, este contaba con más de 15 años
de servicios continuos, circunstancia que lo hacía beneficiario de la transición consagrada
en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de dicha ley y, por ende, de las disposiciones anteriores
contenidas en las Leyes 6.ª de 1945 y 4.ª de 1966.

6 Folios 180 a 193 del archivo 01ExpedienteCuaderno1 del expediente digital visible en el índice 15 de

Samai.

2

Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

6. Por tanto, destacó que el régimen pensional aplicable era el previsto en la Ley
6.ª de 1945, es decir que el derecho se causó al cumplir 50 años de edad y 20 años de
servicio, y no a los 55 años de edad exigidos por Cajanal para acceder a la prestación.
En esa medida, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión con el 75% de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios con los descuentos de los aportes no
efectuados. Agregó que los conceptos salariales denominados primas de navidad y de
vacaciones debían liquidarse en doceavas partes, dado que se trata de emolumentos
percibidos una sola vez en el año.

7. La UGPP interpuso recurso de apelación7 en el cual objetó que en la providencia
recurrida se hubiera ordenado reliquidar la pensión de vejez del demandante con la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio, sin
considerar cuáles de ellos fueron objeto de aportes al sistema pensional y sin atender el
régimen aplicable según la fecha de consolidación del estatus pensional, esto es, el 5 de
octubre de 1994, momento para el que ya regía la Ley 100 de 1993. Afirmó que el régimen
de transición fijado en el artículo 36 de aquella norma únicamente cobijaba la edad, el
tiempo de servicios y el monto de la prestación.

8. Explicó que el ingreso base de liquidación debía determinarse de acuerdo al
inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de 1994, teniendo en
cuenta únicamente los factores salariales respecto de los cuales se hubiesen realizado
cotizaciones al sistema general de pensiones y solicitó aplicar el criterio interpretativo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-258 de 2013, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la
materia.

9. El 17 de marzo de 20238, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó el numeral
primero de la sentencia de primera instancia9, modificó el numeral segundo y confirmó en
lo demás la decisión. Para el efecto, determinó:

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, el cual quedará
así:

“SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 027872 del 31 de
diciembre de 1997, proferida por CAJANAL mediante la cual se reconoció la pensión de
vejez al señor ORLANDO BAENA VILLARREAL y nulidad total de la Resolución No.
RDP012107 del 12 de marzo de 2013, proferida por la UGPP, mediante las cuales se
negó la reliquidación de la pensión de vejez solicitada.

En consecuencia, como restablecimiento del derecho, se le ordena a la UGPP reliquidar
y pagar a este actor, su pensión de vejez, con base en el régimen pensional de la ley 33
de 1985 y establecer su ingreso base de liquidación en la cuantía que resulte al aplicar la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, el

7 Archivo 02ExpedienteCuaderno2.pdf del expediente digital.
8 Archivo 04SentNulResUgppReliquidPensionalLey33 (1).pdf ibidem.
9 El cual hacía referencia al otro demandante: «PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución 03735

del 13 de mayo de 1988 emanada de CAJANAL, mediante la cual se reliquidó la pensión de jubilación del
señor FERNANDO CASTRO BOIGA, por los expresos y precisos motivos indicados en esta sentencia
[…]».

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

comprendido entre el 30 de junio de 1997 al 30 de junio de 1998, para lo cual se deberá
incluir: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por
servicios, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de navidad, prima de
vacaciones, cuya liquidación se deberá (sic) efectuar los descuentos de todos los aportes
que no hayan sido objeto de deducción legal.

10. Puso de presente que el demandante laboró del 27 de septiembre de 1968 al
30 de octubre de 1991 en el Instituto Nacional de los Recursos y del 1.º de noviembre de
1991 al 3 de julio de 1996 en el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, para un total
aproximado de 27 años de servicios.

11. Reiteró que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 el señor
Baena Villareal contaba con 44 años de edad y 17 años de servicios, razón por la cual
era beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de
esa norma.

12. En consecuencia, concluyó que al actor le resultaban aplicables las
disposiciones sobre edad de jubilación contenidas en la Ley 6.ª de 1945, que establecía
como requisito 50 años; mientras que el tiempo de servicios, el monto de la prestación y
los factores salariales debían sujetarse integralmente a la Ley 33 de 1985, es decir, 20
años de servicios y el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año, según los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.

13. Sostuvo que el accionante adquirió su estatus pensional el 5 de octubre de
1989 y no el 5 de octubre de 1994; no obstante, decidió no modificar ese aspecto
comoquiera que no fue objeto de apelación y la demandada era apelante única.

14. Adujo que las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura acreditaban que los factores salariares devengados por el actor «entre el 30
de junio de 1995 a junio de 1996» fueron los siguientes: «sueldo básico, prima de
antigüedad, alimentación, bonificación por servicios, viáticos, prima de navidad, prima de
servicios, prima de navidad, (sic) prima de vacaciones»; y entre el 30 de junio de 1997 y
el 30 de junio de 1998, percibió: sueldo, prima de antigüedad, alimentación, bonificación
por servicios, prima de servicios, prima de navidad, coordinación, «bonificación comp.»
y prima de vacaciones. Con base en ello consideró que procedía la reliquidación de la
pensión con los referidos factores e igualmente con el auxilio de transporte y efectuar los
descuentos sobre los aportes no realizados.

15. Aclaró que se modificaba la sentencia objetada, en tanto no se acreditó que el
demandante hubiese devengado bonificación por recreación, dominicales, festivos ni
horas extras, y que la bonificación por coordinación no constituía factor salarial, conforme
al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Asimismo, manifestó que, aunque el juzgado
había declarado la nulidad de la Resolución RDP 012107 del 12 de marzo de 2013, no
se advirtió que en la demanda se hubiese solicitado su nulidad; pese a ello, no emitió
pronunciamiento al respecto, toda vez que ese aspecto no fue objeto de reproche.

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

Demanda de la acción especial de revisión10

16. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó revocar la
sentencia del 17 de marzo de 2023, expedida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por la cual se modificó y confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Cartagena; con tal propósito, invocó la causal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

17. En desarrollo de la causal invocada, mencionó que la señora Yojaira Campo
Ibarra, en calidad de beneficiaria de la pensión del señor Orlando Baena Villareal (q.e.p.d)
no tenía derecho a la reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de
impugnación, ya que el causante consolidó su estatus pensional en vigencia de la Ley
100 de 1993.

18. Consideró que en virtud de la transición establecida en esa norma, a este le
resultaban aplicables las disposiciones de la Ley 33 de 1985 en lo relacionado con la
edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación; sin embargo, el ingreso base de
liquidación debía fijarse al tenor del inciso 3.º del citado artículo 36 ibidem, con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho o lo
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, computando únicamente los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

19. En ese sentido, afirmó que no procedía incluir las primas de navidad y
vacaciones devengadas entre el 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998, como lo
dispuso la decisión cuestionada, pues el ingreso base de liquidación debía definirse
según el criterio adoptado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, así como por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Por
consiguiente, solicitó la devolución de las sumas pagadas en virtud de la reliquidación de
la pensión de vejez, debidamente indexadas.

Contestación de la acción especial

20. La demandada guardó silencio durante esta etapa procesal11. El Ministerio
Público12 emitió concepto en el que pidió declarar infundada la presente acción. Explicó
que no se configura la causal invocada, puesto que la pensión reconocida al señor Baena
Villarreal se encontraba regida por las Leyes 33 y 62 de 1985, al amparo del régimen de
transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que la liquidación
pensional tenía que realizarse con base en el último año de servicio. Puntualizó que, al
haber sido la prestación debidamente reliquidada por orden judicial y ajustarse al
ordenamiento jurídico procedente para la época, no se configuraba exceso alguno en la
cuantía otorgada.

10 Índice 3 de Samai.
11 Como se dejó constancia en el auto que decretó pruebas, visible en el índice 24 de Samai.
12 Índice 12 de Samai.

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

II. CONSIDERACIONES.

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 13 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.

Oportunidad

22. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de abril de 202314, es
decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años, contados a partir del
día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción especial de revisión;
por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el 30 de abril de 202415.

Problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 17 de marzo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar está inmersa dentro de la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber incurrido en un
reconocimiento excesivo del derecho al ordenar a la UGPP reliquidar la pensión del
causante Orlando Baena Villareal con inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, tales como: asignación básica, subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios y las primas de
antigüedad, servicios, navidad y vacaciones.

Análisis del problema jurídico

24. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión, por las razones que se exponen a continuación.

25. La acción especial de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en] 16

13 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo

080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
14 De conformidad con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, según el cual la notificación se entiende surtida

una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos.
15 Índice 4 de Samai.
16 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para

facilitar la lectura.

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»17.

26. Esta Corporación, en forma pacífica18 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales contempladas
por el legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza».

27. En el presente asunto, la UGPP invocó como sustento la causal consagrada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200319, al considerar que la sentencia
cuestionada incurrió en un reconocimiento excesivo del derecho, por ordenar la
reliquidación de la pensión de vejez del señor Orlando Baena Villarreal con el 75% de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios. En lo que
respecta a la afectación del patrimonio sostuvo que la aludida reliquidación resultaba
«contraria a derecho y a la jurisprudencia», comoquiera que con ella se generó
erróneamente una situación jurídica favorable al causante y a su beneficiaria en
detrimento del erario, pues se «otorgó un valor de la mesada pensional superior a la que
legalmente le corresponde» lo cual comporta «una carga prestacional sin fundamento
legal que vulnera gravemente el interés general».

28. Por lo anterior, el análisis se centrará en determinar si la reliquidación de la
prestación excedió lo legalmente debido. Bajo ese entendido, la controversia recae en el
ingreso base de liquidación y en los conceptos salariales tenidos en cuenta para reliquidar
la pensión, pues según la UGPP, al ser el causante beneficiario de la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el IBL correspondía fijarse conforme
a las reglas del Sistema General de Pensiones, es decir, con los factores previstos en el
Decreto 1158 de 1994 y no con fundamento en el 75 % de todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicios.

29. Ahora bien, se observa que la providencia objetada estableció que el señor
Baena Villareal no es titular del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino del
contemplado en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, dado que para el
momento en que empezó a regir esta última disposición contaba con más de 15 años de
servicio. En virtud de ello, el Tribunal precisó que el derecho pensional debía reconocerse
de acuerdo con los preceptos contemplados en las Leyes 6.ª de 1945 y 33 de 1985,
incluyendo los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001

03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
18 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de

decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
19 «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

30. A partir de lo expuesto, se desprende que la UGPP sustentó la acción especial
de revisión sobre el supuesto de que la reliquidación pensional se ordenó bajo un régimen
de transición diferente al que le fue aplicado a la demandada, en la sentencia objeto de
la acción especial.

31. En lo que respecta al rigor del contenido y sustentación de la acción especial
de revisión, esta Corporación20 ha considerado que:

Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados
en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión
y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar las pruebas
necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención de
corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos
sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es
riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el
mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que
deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

[Se resalta].

32. Lo anterior quiere decir que el estudio de la presente acción debe limitarse
estrictamente a los argumentos expuestos por la entidad recurrente para sustentar la
causal invocada, sin que le sea dado al juez replantear, complementar o reconducir los
fundamentos de la demanda. En esa medida, la Sala concluye que en el caso concreto
no existe congruencia entre el planteamiento formulado por la UGPP y las razones que
sustentaron la providencia objeto de revisión, pues, aunque el Tribunal examinó la
reliquidación pensional al amparo de la transición contenida en el parágrafo 2.º del
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, frente a ese aspecto no se formuló reparo alguno,
puesto que, el mecanismo de la referencia se estructuró sobre la procedencia del
beneficio transicional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo que impone declarar
infundada la acción especial de revisión.

Condena en costas

33. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de

20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1o de agosto
de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicación: 11001 03 25 000 2024 00145 00 (2541-2024)
Demandante: UGPP

los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público21.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 17 de marzo de 2023 expedida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en las consideraciones.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP

21 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los

procesos en que se ventile un interés público».

9

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