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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00149-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00149-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 31 de mayo de 2022, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 22 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 835 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2024-00149-00 (2579-2024) Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y restablecimiento del derecho 13001-33-33-014-2017-00173-01, que revocó la sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena. SEGUNDO. – Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00149-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00149-00 (2579-2024) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Cándida Rosa Peinado de Carvajalino
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuesto de configuración. Régimen de transición de la
Ley 33 de 1985

Decisión: Declarar infundada la acción especial de revisión

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por el Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en contra de la
sentencia de 31 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
13001 33 33 014 2017 00173 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Roosevelt José Carvajalino Barragán, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra UGPP, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 23 de SAMAI archivo denominado “01ExpedienteDigitalizado.pdf”. página 1-14.

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00149-00 (2579-2024)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

• La nulidad de las resoluciones RDP 8511 de 6 de marzo de 2017 y RDP
22319 de 30 de mayo de 2019 a través de las cuales se negó la
reliquidación pensional del señor Roosevel José Carvajalino Barragán.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene la
respectiva reliquidación teniendo en cuenta el 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el último año de servicio como son la
asignación básica, incentivo de localización, 1/12 bonificación por
servicios, 1/12 prima de vacaciones, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima
de navidad, quinquenio, auxilio de retiro y cualquier otro emolumento que
hubiera percibido (ii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las
mesadas pensionales dejadas de percibir con la indexación
correspondiente y iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA y iv) condenar en costas y agencias
del derecho a la UGPP.

3. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que el señor Roosevel
José Carvajalino Barragán nació el 16 de julio de 1940 y cumplió 55 años el 16
de julio de 1995. Prestó sus servicios al Estado durante el 1.º de julio de 1957 al
30 de septiembre de 1995, vinculado al entonces Ministerio de Obras Públicas –
INVIAS. Su último cargo fue el de Capataz grado VI, y se retiró del servicio activo
el 30 de septiembre de 1995.

4. La Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL- por medio de Resolución
0122248 del 25 de octubre de 1995 le reconoció y ordenó el pago de una pensión;
posteriormente, por Resolución 004974 del 22 de mayo de 1996, reliquidó la
prestación y fijó la primera mesada en $405.166,73, con efectos a partir del 1.º
de noviembre de 1995. En ambos actos, CAJANAL indicó que el actor era
beneficiario del régimen de transición, y por ello aplicó los lineamientos de la Ley
33 de 1985. Sin embargo, al determinar el IBL que sirvió de base para la
liquidación, no incluyó la totalidad de los factores salariales que remuneraron el
servicio durante el último año de servicio.

5. Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó solicitud de reliquidación
ante la UGPP el 12 de septiembre de 2016. La entidad negó la petición mediante
la Resolución RDP 008511 del 6 de marzo de 2017, confirmada a través de la
Resolución RDP 022319 del 30 de mayo de 2017.

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron que la pensión de vejez del señor Roosevelt José Carvajalino
Barragán debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de
servicio, con la inclusión de la asignación básica, horas festivas y horas extras,
prima de alimentación, el ajuste a la prima de alimentación, la bonificación
especial, la prima semestral, la prima de navidad y la prima de vacaciones
durante dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33
de 1985 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de
2010.

2.1.2. Sentencia objeto de revisión.3

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia de segunda instancia el
31 de mayo de 2022, en la cual revocó la providencia proferida por el Juzgado
Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena que negó las pretensiones
de la demanda, con los siguientes argumentos:

8. Señaló que el demandante, al momento de entrar en vigencia la ley 33 de
1985, contaba con más de 20 años de servicio como empleado público, por lo
que era beneficiario del régimen de transición de la mentada norma, circunstancia
que lo habilitaba para ser cobijado por el régimen anterior en lo relativo a edad y,
por ende, hacía improcedente aplicar, sin más, la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, aplicada por el a quo, dado que dicha providencia se refería
al régimen pensional de la Ley 100 de 1993, ajeno al caso concreto.

9. En ese contexto, el Tribunal advirtió que, aunque la Ley 33 de 1985 no reguló
expresamente la liquidación en el escenario debatido, correspondía aplicar el
régimen más favorable y, además, observar el principio de inescindibilidad
normativa, lo que condujo a adoptar como marco aplicable el Decreto 3135 de
1968 y sus decretos reglamentarios.

10. Con ese fundamento, aplicó el Decreto 1045 de 1978 en lo relativo a factores
salariales.

11. Así, constató que el demandante percibió, la asignación básica, horas extras,
prima de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones y bonificación
especial, pero que en el acto cuestionado solo se incluyeron la asignación básica
y horas extras.

3 Índice 23 de SAMAI archivo denominado “09SentenciaSegundaInstancia.pdf”
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

12. Concluyó que debía revocarse la sentencia apelada y en su lugar, ordenar a
la UGPP la reliquidación conforme al 75% de lo devengado en el último año de
servicio, bajo el régimen del Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978,
incluyendo específicamente los factores omitidos, siendo estos, la prima de
alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones y bonificación especial, con
efectos fiscales a partir del 12 de septiembre de 2013 por prescripción trienal.

2.1.7. La acción especial de revisión4

13. La UGPP invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

14. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

PRIMERA: Revocar de manera íntegra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar de 31 de mayo de 2022, que revocó la sentencia emitida
por el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, de 20 de
septiembre de 2019, que ordenó reliquidar la prestación pensional del señor
ROOSEVEL JOSÉ CARVAJALINO BARRAGÁN, con el 75% del promedio
mensual devengado durante el último año de servicios y al tenor de la Ley 3135 de
1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, con la inclusión de la totalidad
de los factores salariales, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral con radicado No. 13001333301420170017300,
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
decisión que quedó ejecutoriada el 2 de octubre de 2023, siendo lo correcto que la
reliquidación se debe realizar con el 75% del tiempo que le hiciere falta para
adquirir el derecho pensional, advirtiendo que los factores salariales que se deben
incluir únicamente son los contenidos en el Decreto 1158 de 1994, en concordancia
con la Ley 33 de 1985, ya que el régimen de transición de la misma, solo respetó
lo que tiene que ver con la edad establecida en los regímenes anteriores.

SEGUNDA: Declarar al señor ROOSEVEL JOSÉ CARVAJALINO BARRAGÁN, no le
asiste derecho a que la pensión de jubilación reconocida le sea reliquidada con el

4 Índice 3 de SAMAI, archivo denominado “003_DemandaWeb_Demanda.pdf”
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75% de lo percibido en el último año de servicios conforme a la Ley 3135 de 1968 y
los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio, siendo lo
correcto que la reliquidación se debe realizar con el 75% del tiempo que le hiciere
falta para adquirir el derecho pensional, advirtiendo que los factores salariales que se
deben incluir únicamente son los contenidos en el Decreto 1158 de 1994, en
concordancia con la Ley 33 de 1985, ya que el régimen de transición de la misma,
solo respetó lo que tiene que ver con la edad establecida en los regímenes anteriores.

TERCERO: Declara que a la señora CANDIDA ROSA PEINADO DE CARVAJALINO,
no le asiste derecho a que la pensión causada por el señor ROOSEVEL JOSÉ
CARVAJALINO BARRAGÁN, le sea sustituida en los términos actualmente
reconocidos.

15. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP, sostuvo que, el señor
Roosevelt José Carvajalino Barragán no tiene derecho a obtener la reliquidación
ordenada, toda vez que, fue beneficiario del régimen de transición establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 en concordancia con el
artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos
taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

16. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, SU-,
Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU - 023 de abril de 2018 y sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 expedida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

2.1.8. Contestación

17. La señora Cándida Rosa Peinado de Carvajalino beneficiaria de la Pensión
del señor Roosevelt José Carvajalino Barragán fue notificada personalmente de
la admisión de la acción especial de revisión el 11 de agosto de 2025, como se
advierte en el índice 18 del expediente digital disponible en Samai. Sin embargo,
no emitió pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
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2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 31 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que revocó la sentencia de primera instancia,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por Rooseevel José Carvajalino Barragán contra la UGPP.

3.2. Oportunidad

19. Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente,
se evidencia que el artículo 251 dispone que, por regla general, debe
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo
siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

20. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 31
de mayo de 2022 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar y el escrito de
revisión se radicó en la Secretaría de esta Corporación el 30 de abril de 20245,
es decir, en tiempo.

3.3. Problema jurídico

21. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 31 de mayo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar
a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Rooseevel José
Carvajalino Barragán teniendo de presente que era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 y que su pensión fue liquidada liquidando su
pensión con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicio, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y actos
reglamentarios.

5 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
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22. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada, relacionada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

23. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA6 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada7, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

24. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.

25. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que

6 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince

(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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afectaran gravemente al erario»8.

26. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

3.5. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

27. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente9 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 10 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones11,
en especial, el principio de solidaridad12 y equilibrio financiero.

28. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
10 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
11 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
12 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 13 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»14.

29. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la
acción están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público
derivada de la orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Rooseevel
José Carvajalino Barragán, con base en el 75% de lo percibido en el último año
de servicios.

30. En cuanto a la causal que consagra el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
del 2003, aunque la UGPP no establece expresamente la diferencia monetaria
existente entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y
aquel sobre el que debió haber sido liquidada, del contenido de los hechos sexto15,
séptimo16 y vigesimoprimero17 de la demanda puede inferirse en qué consiste
dicha afectación. En efecto, al comparar el valor de la mesada inicial con el
resultado de la reliquidación ordenada judicialmente, se evidencia un incremento
aproximado del 13.01%, lo cual permite considerar cumplido el requisito de
exposición razonada de la causal alegada, habilitando así el análisis por parte de
esta Corporación.

13 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala

Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
15 « Mediante la Resolución 012248 del 25 de octubre de 1995, la extinta CAJANAL, reconoció y ordenó el

pago de una pensión de jubilación, a favor del causante señor ROOSEVEL JOSÉ CARVAJALINO
BARRAGÁN efectuando la liquidación con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio
de 1 año y 3 meses con la inclusión de la asignación básica y las horas extras, en cuantía de $328.640,98
efectiva a partir del 1 de agosto 1995, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio. » (negrillas
para enfatizar).
16 « Posteriormente, de acuerdo con la solicitud de reliquidación presentada por el causante, la extinta

CAJANAL por medio de la Resolución 004974 de 22 de mayo de 1996, reliquidó la prestación pensional con
el 75% del promedio del 1 de abril de 1994, hasta el 30 de septiembre de 1995, elevando la cuantía a $
405.166,73 efectiva a partir del 1 de noviembre de 1995, siguiendo los mismos parámetros al momento de
realizar la liquidación de la prestación pensional, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 33 de 1985 y
Decreto 1158 de 1994» (negrillas para enfatizar).
17 « Por medio de la Resolución No. RDP 028995 de 7 de diciembre de 2023, la UGPP, dio cumplimiento al

fallo judicial proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR SALA DE DECISIÓN NO. 001 el
31 de mayo de 2022, y en consecuencia reliquidó el pago de una pensión de vejez postmortem en cuantía
de $537,338 con ocasión del fallecimiento del señor ROOSEVEL JOSE CARVAJALINO BARRAGÁN,
efectiva a partir del 1 de octubre de 1995, con efectos fiscales a partir del 12 de septiembre de 2013 por
prescripción trienal, prestación sustituida a la señora CANDIDA ROSA PEINADO DE CARVAJALINO. »
(negrillas de la Sala).
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31. El punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron aplicados
por el Tribunal, pues según la UGPP al ser el demandado beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 correspondía dar aplicación en
cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985
y en relación con el IBL a lo consagrado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, así como los factores enlistados en forma taxativa en el Decreto 1158 de
1994.

32. Sobre este punto, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario del régimen de transición, pero del inciso
primero del parágrafo 2 del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la
entrada en vigencia de dicha normativa contaba con más de 15 años de servicios,
por lo que se concluyó que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en
cuenta la edad, el tiempo y los factores establecidos en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

33. Se tiene entonces, que la UGPP sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que es beneficiario de la
transición prescrita en la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985,
fecha en la que entró en vigencia la citada ley, ya había trabajado más de 15
años al servicio del Ministerio de Obras Públicas – hoy Instituto Nacional de
Vías18 y bajo este entendido consideró procedente la orden de reliquidación dada
a la UGPP, aplicando en su integridad el régimen anterior.

34. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación19 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,

«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las
causales en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

18 Como se aprecia en la resolución 4974 de 1996 de reliquidación pensional. Índice 23 de SAMAI archivo

denominado “01ExpedienteDigitalizado.pdf”. página 27-30.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia

del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
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La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el
recurrente prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las
motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión
adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención de corregir
errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva
instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley en la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia,
pues se restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo
250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un
estricto y delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para
enfatizar).

35. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal, pues para
el 13 de febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, el
pensionado contaba con más de 15 años de servicio. En consecuencia, en
cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del régimen de transición
de dicha norma, el Tribunal acogió una de las tesis de esta Corporación vigente
para la época, consistente en aplicar en forma integral el régimen anterior, para
efectos de calcular la liquidación de la mesada pensional del causante de la
prestación esto es, el Decreto 3135 de 1968 aplicable al orden Nacional.

36. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»20.

37. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada21, en este caso, la consagrada en el

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto

de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
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literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

38. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º de la Ley
33 de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos
por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no
es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.

39. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
conforme a lo fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a
declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP.
3.6. Condena en costas

56. Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 31 de mayo de 2022, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad

de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
22 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00149-00 (2579-2024)
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y restablecimiento del derecho 13001-33-33-014-2017-00173-01, que revocó la
sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Décimo Cuarto
Administrativo del Circuito de Cartagena.

SEGUNDO. – Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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