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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00092-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00092-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por UGPP en contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la acción especial de revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00092-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00092-00 (1271-2023)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
Demandada: Elvia María Cortes de Sánchez

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Reliquidación de pensión de jubilación.
Incremento injustificado de la prestación por la inclusión de la
prima de antigüedad. DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en
contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo del Cauca2, para lo cual se invocó la causal del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que la señora Elvia María Cortes de Sánchez laboró en el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte desde el 23 de mayo de 1962 hasta el 30 de junio de 1992,
donde desempeñó como último cargo el de auxiliar administrativa, respecto del cual
le fue aceptada su renuncia a partir del 1.° de julio de 1992 mediante Resolución
06515 de 11 de junio de 1992.

2. Que la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) a través de la Resolución
084 de 9 de enero de 1992, le reconoció la pensión de vejez con el 75% de lo
devengado en el último año de servicio, en los términos de los Decretos 1848 de
1969 y del 1045 de 1978, en cuantía de $61.719.74, efectiva a partir del 1° de enero
de 1990, la cual fue reliquidada mediante la Resolución 14182 de 11 de marzo de
1993 bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985 y del Decreto 1045 de 1978, por
retiro definitivo del servicio, en cuantía de $122.429, efectiva a partir del 1° de julio
de 1992.

1 La presentación de la acción se efectuó el 14 de diciembre de 2022, de acuerdo con la anotación efectuada

por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán el día

29 de octubre de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado bajo el núm.
19001-33-31-001-2017-00366-01.

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3. Que solicitó en varias oportunidades la reliquidación de su pensión, con el fin de
que se incluyeran todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios. Dichas solicitudes fueron negadas mediante las Resoluciones 30792 del
5 de octubre de 20053, 47731 del 18 de septiembre de 2006, 52535 del 1.º de
noviembre de 20074 —confirmada por la Resolución 55541 del 11 de noviembre de
2008, al resolver el recurso de reposición—, PAP 030126 del 14 de diciembre de
20105, UGM 5888 del 30 de agosto de 2011, el Auto ADP 1532 del 24 de febrero de
2017 (NOT_PD 327746) y la Resolución RDP 024266 del 8 de junio de 2017,
confirmada mediante las resoluciones RDP 028924 del 19 de julio de 2017 y RDP
031353 del 4 de agosto de 2017, al resolver los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.

4. Que, en consecuencia, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento con el propósito de obtener la nulidad de los referidos actos
administrativos. Mediante sentencia del 29 de octubre de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo de Popayán negó las pretensiones, al considerar que resultaba
procedente aplicar el ingreso base de liquidación (IBL) previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

5. Que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el
Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 21 de julio de 2022,
revocó la decisión de primera instancia; providencia quedó ejecutoriada el 25 de
agosto de 2022.

6. Que, en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca, la
UGPP expidió la Resolución RDP 028167 del 27 de octubre de 2022, mediante la
cual reliquidó la pensión, incrementando el valor de la mesada en $123.077, con
efectos fiscales a partir del 11 de octubre de 2013, por prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

7. En providencia del 21 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
revocó la decisión de primera instancia, al considerar procedente la declaratoria de
nulidad de los actos demandados y, como consecuencia, ordenó la reliquidación de
la pensión con la inclusión de la prima de antigüedad devengada por la demandante
durante el último año de servicios.

8. Señaló que, aunque en la demanda la actora invocó la aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, con fundamento en el principio de favorabilidad, en el recurso
de apelación aclaró que no era beneficiaria del régimen de transición previsto en
esa disposición, por cuanto adquirió su estatus pensional antes de la entrada en

3 En el mismo acto administrativo también se negó la reliquidación de la pensión con fundamento en el artículo

34 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la interesada se retiró del servicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de dicha disposición.
4 También se rechazó la solicitud de reliquidación con el 85 % de la asignación mensual más alta, prevista en

el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, al considerar que dicho régimen especial únicamente era aplicable a
quienes hubieran prestado sus servicios en la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía
General de la Nación, mientras que la señora Elvia María Cortés de Sánchez laboró en el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte.
5 En este acto también se negó la reliquidación con el 75 % de la asignación más alta devengada durante el

último año de servicios, por estimar que el IBL previsto en el Decreto 546 de 1971 no le era aplicable.

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vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

9. Indicó que, de conformidad con la Resolución 47731 de 2006, la señora Elvia
María Cortés de Sánchez adquirió el estatus pensional el 23 de mayo de 1982, fecha
en la que cumplió los requisitos de 50 años y 20 años de servicios, pues nació el 10
de marzo de 1932 e ingresó al servicio el 23 de mayo de 1962. No obstante, precisó
que el reconocimiento de la pensión se produjo al momento de su retiro del servicio.

10. Con fundamento en ello, concluyó que la demandante no era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ni su situación
estaba gobernada por la Ley 33 de 1985.

11. Señaló que el reconocimiento pensional se efectuó con fundamento en el
artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el artículo 68 del Decreto
1848 de 1969, tomando como IBL el 75 % del salario promedio del último año de
servicios, y que los factores salariales se determinaron conforme al artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978. No obstante, advirtió que, pese a que la prima de antigüedad
se encontraba prevista en dicha disposición y fue devengada por la actora durante
el último año de servicios, este factor no fue incluido ni en el reconocimiento inicial
de la prestación ni en la reliquidación efectuada mediante la Resolución 14182 del
11 de marzo de 1993.

12. Declaró prescritas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 11
de octubre de 2013, por cuanto la última solicitud de reliquidación en sede
administrativa fue presentada el 11 de octubre de 2016 y la demanda se radicó el 4
de diciembre de 2017.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

13. La UGPP interpuso la acción de revisión al considerar que la sentencia proferida
por el Tribunal reconoció a favor de la señora Elvia María Cortés de Sánchez una
prerrogativa prestacional contraria al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia
vigente, en detrimento del erario.

14. Afirmó que la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución 084 del
9 de enero de 1992 y reliquidada por la Resolución 14182 del 11 de marzo de 1993
se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico.

15. Que durante el proceso se acreditó que la señora Elvia María Cortés de
Sánchez laboró en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y desempeñó como
último cargo el de auxiliar administrativo, razón por la cual la reliquidación se efectuó
conforme a la Ley 33 de 1985 y al Decreto 1045 de 1978, en cuantía de $122.429,
efectiva a partir del 1.º de julio de 1992, tomando como base el 75% de lo devengado
durante el último año de servicios e incluyendo únicamente los factores salariales
de asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de Navidad, prima
de vacaciones, auxilio de alimentación y prima de servicios.

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16. Sostuvo que a la pensionada le resulta aplicable el régimen previsto en el
Decreto 1848 de 1969, conforme al cual el IBL corresponde al 75 % del salario
promedio del último año de servicios. No obstante, afirmó que los factores salariales
computables son exclusivamente los previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima
de servicios, la prima de vacaciones, la prima de Navidad, las horas extras y el
auxilio de alimentación, siempre que hubieran servido de base para efectuar los
respectivos aportes al sistema pensional.

17. Que, al revisar el certificado de factores salariales, en especial el expedido el 9
de agosto de 2016, expedido por el Ministerio de Transporte, la causante percibió
asignación básica, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima
de vacaciones, auxilio de alimentación y prima de Navidad. Sin embargo, advirtió
que la prima de antigüedad no fue devengada en dicho periodo y, además, no hace
parte de los factores enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y sobre
dicho concepto no se efectuaron aportes al sistema de pensiones.

18. Afirma que, de conformidad con la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, la subregla según la cual únicamente pueden integrar el IBL los factores
salariales sobre los cuales se hubieren realizado aportes al sistema pensional,
aunque fue fijada respecto de la pensión regulada por la Ley 33 de 1985, resulta
igualmente aplicable a otros regímenes especiales, en atención al principio de
sostenibilidad fiscal.

19. Señaló, además, que el Grupo de Seguimiento a la Gestión de la entidad
efectuó un ejercicio de liquidación en el que comparó la mesada pensional que, a
su juicio, correspondía reconocer con aquella ordenada por el Tribunal,
estableciendo un incremento del 0,353%, equivalente a un pago en exceso de
$2.461.222,85. Precisó que la mesada correcta ascendía a $1.497.174,69, mientras
que la ordenada judicialmente fue de $1.508.235,81, lo que proyectaba un mayor
valor por pagos futuros indexados de $1.061.461,25.

Contestación a la acción de revisión

20. La curadora ad litem de la señora Elvia María Cortés de Sánchez6 manifestó
que se atenía a lo que resultara probado en el proceso, en razón a que no logró
establecer contacto con la persona a quien representa.

Concepto del Ministerio Público

21. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó 7 que
la certificación de factores salariales expedida por el Ministerio de Transporte el 9
de agosto de 2016 acredita que la señora Elvia María Cortés de Sánchez devengó,
durante el último año de servicios, la prima de antigüedad. Que dicho concepto
constituye un factor salarial computable para la liquidación pensional, conforme al
literal j) del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, disposición que incluye los

6 Véase índice 00059 de SAMAI.
7 Véase índice 00016 de SAMAI. Concepto 213 de 18 de septiembre de 2023.

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incrementos salariales por antigüedad adquiridos con fundamento en normas
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978.

22. Que, de acuerdo con el artículo 49 del Decreto 1042 de 1978, la prima de
antigüedad fue concebida como un reconocimiento para los empleados públicos
que permanecieran determinado tiempo en el mismo empleo, por lo que constituye
un factor de naturaleza salarial.

23. Que la certificación precisa que, para efectos de la liquidación de la pensión,
deben tenerse en cuenta los factores respecto de los cuales se realizaron aportes
al sistema pensional y que, en el caso concreto, la prima de antigüedad fue percibida
durante el último año de servicios y sobre ella se efectuaron los respectivos aportes.
En consecuencia, consideró acertada la decisión del Tribunal Administrativo del
Cauca de incluir dicho factor en la reliquidación de la pensión.

24. afirma que la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia del 4 de agosto
de 2010 reconoció que, para la liquidación de las pensiones, deben computarse
todos los factores que constituyan salario y que sean percibidos de manera habitual
y periódica como retribución directa del servicio, entre ellos los incrementos por
antigüedad.

25. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

26. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida el 21 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber ordenado a
una reliquidación de la prestación reconocida con la inclusión de la prima de
antigüedad.

27. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

28. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones8 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

29. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.

30. Conviene precisar que está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.

31. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial9 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.

32. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social10, así como el principio de
universalidad que lo inspira11 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

33. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

34. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible

9 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-

00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
10 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones

y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.

35. Acerca de la segunda causal contenida en el literal b), la exposición de
motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley obedeció precisamente
a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 12.

36. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

37. La UGPP afirma que la sentencia incrementó indebidamente la mesada
pensional de la señora Elvia María Cortés de Sánchez al disponer la inclusión de la
prima de antigüedad en el IBL, pese a que dicho concepto no hacía parte de los
factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y, además, no había
sido objeto de cotización al sistema pensional.

38. En cuanto a la causal invocada, la Sala advierte que la entidad establece
expresamente la diferencia entre el valor de la mesada reconocida en cumplimiento
de la sentencia ($1.508.235) y el que, en su criterio, debía reconocerse ($1.497.174).
Con base en esa diferencia, equivalente al 0,353 %, sostiene que la decisión objeto
de revisión reconoció una prestación superior a la legalmente debida.

39. Por consiguiente, al exponerse en qué consiste la presunta afectación al
patrimonio público, la parte demandante efectivamente se encuentra facultada para
cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión deprecada pues indica
de manera precisa y razonada la causal aludida, lo que a su vez habilita a esta
Corporación a continuar con el estudio del asunto.

40. Pues bien, antes de determinar si el citado factor podía o no integrar el IBL
conforme al régimen jurídico aplicable, resulta necesario verificar si, en efecto, el
incremento cuya revisión se pretende obedeció a la inclusión de la prima de
antigüedad, pues ese constituye el supuesto fáctico sobre el que funda el recurso.

41. Al respecto, se observa que mediante la Resolución 000084 del 9 de enero de
199213 CAJANAL reconoció la pensión de jubilación con el 75% del promedio
mensual de los sueldos devengados durante el último año de servicios, teniendo en
cuenta los factores de asignación básica, prima de Navidad, prima de vacaciones,
horas extras, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados y prima de
servicios.

42. Para efectuar la liquidación tuvo en cuenta el total de devengados en el último
año, así:

12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
13Archivo denominado «12-Acto administrativo con Notificación-Causante», el cual reposa en la carpeta
denominada «CC25251406», subcarpeta «001PrimeraInstancia» disponible en el índice 00070 de SAMAI.

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«FACTORES
Asignación básica Fl. 5 12 meses $765.384.00
Prima de navidad Fl. 5 75.835.04
Prima de vacaciones q 36.400.83
Horas extras Fl. 5 1.660.99
Aux. alimentación Fl. 5 41.400.00
Bonificación por servicios Fl. 5 31.891.00
Prima de Servicio Fl. 5 34.944.79
------------------
TOTAL $987.515.02
Promedio $987.515.02 * 0.0625 $61.719.74»

43. Posteriormente, mediante la Resolución 14182 del 11 de marzo de 1993 14, la
entidad reliquidó la prestación con ocasión del retiro definitivo del servicio, para lo
cual fijó como valor de la asignación básica la suma de $1.518.000, además de incluir
los demás factores salariales allí relacionados, obteniendo un promedio mensual de
$163.238,66 y una mesada de $122.429, con base en la siguiente liquidación:

«FACTORES
ASIGNACION BASICA 1,518,000.00
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN $72,804.00
PRIMA DE NAVIDAD $149.595.82
BONIFICACION SERVIC. PRESTADOS $71,440.90
PRIMA DE SERVICIOS $77,092.61
PRIMA DE VACACIONES $69.930.63

TOTAL FACTORES $1,958,863.96
PROMEDIO: $163,238.66 X 75.00 % = $122,429.00»

44. Ahora bien, al expedir la Resolución RDP 028167 del 27 de octubre de 2022 15,
mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, la UGPP individualizó los conceptos de asignación básica
y prima de antigüedad correspondientes a los años 1991 y 1992. Así, en la
liquidación registró como asignación básica las sumas de $596.100 y $755.856, y
como prima de antigüedad los valores de $73.212 y $92.832, respectivamente. Con
base en ello, indicó que el IBL correspondía a la suma de $164.103 y que, aplicado
el porcentaje del 75 %, la pensión ascendía a $123.077, con efectos fiscales a partir
del 1.º de julio de 1992.

14 Véase archivo denominado «23-Acto administrativo con Notificación-Causante», ibid.
15 Véase folios 2-9 del archivo disponible en el índice 00067 de SAMAI.

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45. Al verificar la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) aportada
por la entidad con la demanda, la Sala observa que, durante el último año de
servicios —comprendido entre el 1.º de julio de 1991 y el 30 de junio de 1992—, la
señora Elvia María Cortés de Sánchez devengó los siguientes factores salariales,
precisándose en dicha certificación cuáles de ellos fueron considerados para efectos
del ingreso base de cotización (IBC):

46. Factor salarial 47. 199116 48. 199217 49. Observación18
50. Asignación básica (mensual) 51. $99.350 52. $125.976,00 53. Fue objeto de cotización
54. Bonificación por servicios
55. $55.776 56. $71.440,90 57. Fue objeto de cotización
prestados (anual)
58. Prima de antigüedad
59. $12.202 60. $15.472,00 61. Fue objeto de cotización
(mensual)
62. Auxilio de alimentación
63. $5.300 64. $6.784,00 65. No fue objeto de cotización
(mensual)
69. En 1992 no fue objeto de
66. Prima de Navidad (anual) 67. $131.890 68. $83.650,83
cotización
70. Prima de servicios (anual) 71. — 72. $77.092,61 73. No fue objeto de cotización
74. Prima de vacaciones (anual) 75. — 76. $80.304,81 77. No fue objeto de cotización

78. De la anterior certificación se desprende, en primer lugar, que la prima de
antigüedad sí fue reportada como un factor objeto de cotización al sistema pensional
durante el último año de servicios, contrario a lo afirmado por la UGPP; circunstancia
que, contradice uno de los presupuestos fácticos – aunque no el principal– en los
que la UGPP sustentó el recurso.

79. En segundo lugar – y más importante – de la confrontación de esta información
con la Resolución 14182 del 11 de marzo de 1993 y con la Resolución RDP 028167
del 27 de octubre de 2022 evidencia que dicho concepto no fue incorporado por
primera vez en cumplimiento de la sentencia objeto de revisión, sino que ya se
encontraba comprendido dentro del valor reconocido por la administración bajo el
rubro de asignación básica.

80. En efecto, la suma de la asignación básica y de la prima de antigüedad
correspondientes a los años 1991 y 1992 ($596.100 + $73.212 + $755.856 +
$92.832) asciende exactamente a $1.518.000, valor que coincide con el registrado
como asignación básica en la reliquidación efectuada por CAJANAL mediante la
Resolución 14182 del 11 de marzo de 1993.

81. Así, la Sala concluye que el incremento de la mesada pensional que la UGPP
atribuye a la sentencia del Tribunal no obedeció a la incorporación de un factor
salarial nuevo. Lo que se evidencia es que, mientras la Resolución 14182 de 1993
consolidó bajo el rubro de asignación básica los valores correspondientes tanto a la

16 Se identifica que mes a mes devengó la misma suma durante la anualidad indicada.
17 Ibid.
18 Esta casilla se completa a partir de la información registrada en el campo «C. IBC» del CETIL, el cual se

identifica con las letras «S» y «N». Conforme al formato de la certificación, dicho campo indica si el respectivo
factor salarial fue tenido en cuenta como parte del IBC en el mes correspondiente.

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asignación básica como a la prima de antigüedad, el acto administrativo expedido en
cumplimiento del fallo simplemente discriminó ambos conceptos de manera
independiente, sin alterar el monto que ya había sido considerado por la propia
administración.

82. De esta manera, el supuesto incremento en la cuantía de la prestación que
sirve de fundamento a la presente acción de revisión no encuentra origen en la
sentencia cuya infirmación se pretende, sino, en todo caso, en la forma como la
UGPP materializó su cumplimiento mediante la Resolución RDP 028167 del 27 de
octubre de 2022.

83. En otras palabras, aun cuando pudiera predicarse la existencia de un
incremento en la cuantía de la prestación, la UGPP no acreditó que este fuera
consecuencia de la inclusión de la prima de antigüedad ordenada en la sentencia
objeto de revisión. Por tanto, cualquiera que haya sido la causa del eventual aumento
de la mesada pensional, esta resulta ajena al supuesto fáctico sobre el cual se edificó
la causal invocada, cuya demostración correspondía a la entidad recurrente y al
análisis de la Sala.

84. Lo anterior si se tiene en cuenta que esta acción constituye un mecanismo de
impugnación de carácter excepcional, cuyo ámbito de análisis por parte del juez se
encuentra estrictamente delimitado por la causal invocada y los cargos formulados.
En esa medida, al juez de la revisión no «(…) le está permitido al juzgador
aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda o efectuar una
revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser una tercera instancia»19.

85. Así las cosas, el presupuesto fáctico sobre el cual se edificó la causal de
revisión no se encuentra acreditado y en consecuencia, no resulta necesario que la
Sala examine si la prima de antigüedad era jurídicamente computable conforme al
régimen pensional aplicable, pues, aun acogiendo en gracia de discusión la
interpretación normativa propuesta por la UGPP, no está demostrado que el eventual
exceso en la cuantía reconocida derive de la inclusión de ese factor salarial en
cumplimiento de la sentencia objeto de revisión.

86. Por consiguiente, la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 no está llamada a prospera, motivo por el cual será declarada infundada.

Condena en costas

87. Dado que esta Sección20 ha señalado que el mecanismo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 busca la prevenir eventuales detrimentos al Tesoro y la

19 Véase: Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2017-00296-00 (1449-

2017). C.P. César Palomino Cortés. Sobre la carga argumentativa de demostrar la configuración clara e
indiscutible de la causa, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp. 02270-05. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
20 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de imponer condena en
costas, en la medida en que la actuación estuvo orientada a controvertir una
providencia judicial en defensa del interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
UGPP en contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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