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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00296-00

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00296-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia del 16 de febrero de 2012, proferida por Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2007- 00207-01, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. SEGUNDO: En consecuencia se INFIRMA la sentencia del 16 de febrero de 2012, proferida por Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar se dispone: CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado Administrativo de Descongestión de San Gil el 8 de febrero de 2011, en cuanto negó las pretensiones de la demandante. TERCERO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00296-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00296-00
Nº interno: 1449-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 16
de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander. Causal regulada en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia del 16 de febrero de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que revocó la sentencia de
8 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión
de San Gil, que negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora
Rosalba Cruz Quintero contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
señora Rosalba Cruz Quintero

La señora Rosalba Cruz Quintero presentó demanda en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal en Liquidación, con el fin de obtener la nulidad del Oficio GN-
21809 del 18 de agosto de 2006, mediante el cual se negó la solicitud de
reintegro del 7% por concepto de descuento de salud sobre la mesada pensional.
Igualmente, solicitó que se declare que la entidad debe efectuar un descuento del
5% por salud sobre la mesada pensional.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reintegro del
7% de los descuentos hechos sobre la pensión gracia, de forma retroactiva desde

2

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

cuando adquirió el estatus. Solicitó la indexación de las sumas reconocidas, el
pago de intereses moratorios y el pago de las costas procesales.

Como fundamentos de hecho narró que Cajanal reconoció y ordenó el pago de
una pensión gracia a favor de la señora Rosalba Cruz Quintero, por cumplirlos
requisitos de edad y tiempo de servicio como docente oficial.

Señaló que presentó solicitud ante la entidad demandada, con el fin de obtener la
devolución del 7% que se ha cobrado de más por concepto de descuento de
salud sobre la mesada pensional, desde que adquirió el estatus pensional.

Que la demandada a través del Oficio GN-21809 del 18 de agosto de 2006 negó
lo solicitado, argumentando que la Ley 91 de 1989 solo hace referencia a la
competencia de Cajanal para hacer el reconocimiento de la pensión gracia, sin
establecer los porcentajes de descuentos para salud sobre la misma, por lo que
se debe aplicar la norma general.

Manifestó que, sobre la pensión gracia únicamente puede aplicarse un descuento
del 5% del valor de la mesada pensional para salud, de acuerdo con lo previsto
en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966, 71 de 1988 y 91
de 1989.

2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que como la Ley 91 de 1989 no
establece porcentajes de descuentos para salud sobre la pensión gracia, se debe
aplicar la norma general.

Propuso como excepciones: (i) la inexistencia de la causa petita; y (ii) la
prescripción.

3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1

El Juzgado Administrativo de Descongestión de San Gil, en sentencia del 8 de
febrero de 2011, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que en el
expediente no obraba prueba para establecer si la vinculación de la señora

1
Folios 211 reverso-214.

3

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

Rosalba Cruz como docente oficial se dio con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, así como la fecha en que obtuvo el
reconocimiento pensional, ni el porcentaje sobre el cual se han venido efectuando
los descuentos.

4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La parte demandante consideró que en el proceso se logró probar que la señora
Rosalba Cruz estaba pensionada desde el año 2003, es decir, que estaba
vinculada como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 y, agregó que es claro que el porcentaje que venía descontando la entidad
por concepto de salud, pues es el punto objeto de discusión.

5. Sentencia objeto de revisión2

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 16 de febrero de
2012 revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, decidió: (i) declarar
la nulidad del acto acusado; (ii) ordenar a Cajanal abstenerse de continuar
descontando de la pensión gracia de la actora, un porcentaje superior al 5% por
concepto de aportes a salud y reintegrar las sumas de dinero descontadas de
más desde el 27 de abril de 2003; (iii) declarar la prescripción de las sumas
causadas con anterioridad al 27 de abril de 2003.

Indicó que, al demostrarse que la demandante ingresó al servicio docente con
anterioridad a 1980, no resultan aplicables las disposiciones contenidas en las
Leyes 812 de 2003 y 1122 de 2007 que modificaron aspectos relacionados con
las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud disponiendo que su
porcentaje fuera en la proporción establecida por la Ley 100 de 1993.

Señaló que el descuento efectuado a la pensión gracia devengada por la
demandante en cuantía del 12% no tiene soporte legal, por lo que es ilegal.

6. El recurso extraordinario de revisión3

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social interpuso recurso extraordinario de revisión

2
Folios 216-229.
3
Folios 281-295.

4

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

contra la sentencia dictada el 16 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo
de Santander, con fundamento en las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según las cuales procede la revisión de
pensiones: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

En cuanto a la causal. en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
estableció que la decisión judicial de segunda instancia se produjo con
vulneración al debido proceso, pues existía falta de legitimación en la causa por
pasiva en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
instaurada por la señora Rosalba Cruz Quintero, toda vez que Cajanal no era la
entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, por no ser la
destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el
Sistema de Seguridad Social en Salud.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien los descuentos por concepto de
Seguridad Social en Salud se efectúan por Cajanal, respecto de las pensiones
reconocidas, tales recursos son girados al Fondo de Solidaridad y Garantía –
Fosyga, que según el Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio
de Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica, ni planta de
personal propia.

En relación con la otra causal, prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, consideró que, procede la revisión de la sentencia, por cuanto la cuantía
decretada excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
suspensión y reintegro de las sumas descontadas por concepto de aportes a
salud sobre la pensión reconocida en favor de la señora Rosalba Cruz Quintero,
en lo que excede del 5%, pese a que los descuentos con destino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se fundan en lo dispuesto en los artículos
157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993.

Advirtió que, de conformidad con las normas indicadas, son afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, entre otros, los pensionados, por lo que
se les exige pagar las cotizaciones al tenor de lo establecido en el numeral 3 del
artículo 160 de la Ley 100 de 1993.

Agregó que el monto de la cotización obligatoria se encuentra previsto en el

5

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122
de 2007, norma según la cual corresponde a un porcentaje del 12,5% del ingreso
o salario base de cotización.

Indicó que los docentes beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran
excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social, pues no
hacen parte de la excepción prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que dicha prestación no se paga por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio sino que está a cargo de Cajanal, por lo que es
desacertado que en la sentencia recurrida se ordenara la devolución de las
cotizaciones descontadas a la señora Rosalba Cruz Quintero.

Igualmente, solicitó que se decrete la suspensión provisional del fallo recurrido.

7. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto del 29 de octubre de 2019 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se rechazó por improcedente la medida cautelar solicitada por la
UGPP 4 . Posteriormente, por auto del 20 de mayo de 2021 se prescindió del
periodo probatorio5.

8. Oposición al recurso extraordinario de revisión

La señora Rosalba Cruz Quintero no contestó el recurso extraordinario de
revisión.

9. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 16 de febrero de 201, proferida por el Tribunal Administrativo de

4
Folios 300-reverso.
5
Folios 307-reverso.

6

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

Santander, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.

2. Oportunidad y legitimación en la causa por activa en la presentación del
recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 7 de abril
de 20176, pues conforme con la sentencia SU-114 de 2018, en el caso de las
causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la
ley por fraude o abuso del derecho, la UGPP tiene legitimación para interponer
este medio extraordinario en un término de 5 años, contabilizados desde el 12 de
junio de 2013, fecha en la cual la UGPP asumió las funciones de la Caja Nacional
de Previsión, por lo que solo a partir de dicha fecha se le puede exigir que actúe
en defensa de la legalidad de las pensiones reconocidas por Cajanal.

Asimismo, la Sala advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias
judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.

A su vez, se observa que el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 del 28 de
diciembre de 2009 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias”, establece como
función de la UGPP “6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones o modifiquen”.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la UGPP está legitimada en la
causa por activa para interponer el recurso extraordinario de revisión previsto en
la Ley 797 de 2003 y que lo hizo de manera oportuna.

3. Problema Jurídico

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 16 de febrero de 2012, proferida
6
Folio 295 reverso.

7

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

por el Tribunal Administrativo de Santander que revocó el fallo dictado el 8 de
febrero de 2011, por el Juzgado Administrativo de Descongestión de San Gil, que
negó las pretensiones de la demanda.

Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 16 de
febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, se incurrió en las
causales de revisión alegadas por el recurrente, esto es, en primer lugar, si se
quebrantó el derecho al debido proceso, en tanto existía falta de legitimación en
la causa por pasiva de Cajanal al no ser la entidad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda; y, en segundo orden, si la cuantía del derecho
reconocido a la docente excede lo debido de acuerdo con la ley, por disponerse
en dicha decisión que, sobre la pensión gracia devengada por la señora Rosalba
Cruz Quintero, se efectúen los descuentos en cuantía no mayor al 5% de la
mesada pensional, por concepto de aportes al sistema general de seguridad
social en salud.

Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de las causales invocadas por la entidad
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.

3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por

8

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios7.

Ahora bien, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo incorporó, a las causales allí establecidas, las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que, por el trámite del
recurso extraordinario de revisión, se resolviera esta acción especial, dentro de la
cual también pueden invocarse las causales señaladas en el artículo 250 citado.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

La inclusión o correspondencia en cuanto al trámite o causales de estos dos
mecanismos extraordinarios de revisión, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25, en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción
especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables
jurídicamente, sino solo que el trámite8 y sus causales generales9 le resultan

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
8
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la
ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio
de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-

9

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

aplicables a aquella por remisión”, pues esta acción especial “tiene un carácter
sui generis10, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia
ejecutoriada – al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia11”, como es el análisis que
sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial, debido a las dos
causales de revisión que se pueden invocar12.

Ciertamente, debido a las causales que son procedentes en este recurso
extraordinario de revisión, concretamente, en cuanto a la cuantía del derecho
reconocido, permite que el juez extraordinario, de alguna manera, analice
aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen en
cuenta para la cuantificación del derecho13.

Así mismo, es importante precisar que, al igual como sucede en el estudio de las
causales del recurso extraordinario de revisión, los motivos para pretender la
nulidad de la sentencia que ha reconocido el derecho a una prestación periódica
a cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados,
pues tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia.

3.2. Alcance de las causales invocadas por la entidad recurrente

2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de
marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-
00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha
aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario
de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
9
Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
10
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo
contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el
CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
11
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo
de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de
mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
13
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley
797 de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los
montos de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver:
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-
15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de
junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio
de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-
00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.

10

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

La primera causal esta prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, según la cual se puede solicitar la revisión de una sentencia “ cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero
de 2019, consideró:

“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el
recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición,
específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental
cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

[…]

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados,
y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una
actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el
derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem”14.

La Sala considera que para que se configure esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo
esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del
debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar
suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la
cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la
justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

La segunda causal es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la

14
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

11

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir, cuando
la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal
o convencionalmente viable.

La Sala Especial de Decisión 4, en sentencia del 1 de agosto de 2017, efectuó
las siguientes consideraciones sobre el objeto y finalidad del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, así:

“[…] esta disposición tuvo respaldo en la exposición de motivos del proyecto de
Ley 56 de 2002 - Senado, que indicó: “Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de
pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se
contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De
esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación15.”

Con fundamento en esa teleología, el legislador dotó a las entidades públicas
pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para
solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales, las que se insiste, se establecieron con el propósito de fortalecer
el principio de moralidad de que debe estar precedida esta actividad de
reconocimiento pensional y como se lee en el aparte pretranscrito de la exposición
de motivos, para enfrentar y afrontar el estado del arte actual en el tema de la
corrupción que tanto perjudica las finanzas públicas, en tanto, el pago de las
pensiones se nutre de los recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen
un examen exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un
exceso en tales sumas que no correspondan con lo dispuesto legalmente, afecta la
liquidez y solvencia del sistema.

Es claro que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la
institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero precisamente, este
mecanismo se instituyó como una excepción que debe ceder ante un fin legítimo,
el cual es determinar si el reconocimiento se hizo con violación al debido proceso o
si como aquí se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la Ley.

Y es que no tiene asidero jurídico ni social sostener una prestación periódica,
cuando es evidente que no era viable su reconocimiento o cuando su monto difiere
en exceso, en tanto ello atentaría contra el interés de carácter general y el principio
de universalidad que gobiernan el sistema de seguridad social, bajo el amparo de
dar prevalencia a un interés particular, pero que es ficticio, en cuanto a que es
ilegitimo, lo que en últimas representa un detrimento de los recursos sociales.

Ese equilibrio entre la prestación y la legalidad de la misma, es la que debe buscar
el juez extraordinario cuando en virtud de su examen, analice si lo pedido en el
recurso extraordinario de revisión recae en pensión irregularmente otorgada o en
monto que no corresponde, o constituye una mera discrepancia que en última
aconteció por ausencia de reclamo o defensa en las instancias ordinarias a efectos
de plantear discusiones de orden interpretativo que no resulten de evidente
disparidad con lo previsto u ordenado por la ley.

Todo ello hay que entenderlo dirigido al deber de moralizar la inversión pública y
los dineros estatales, y que su propósito no es otro que orientar y potencializar la

15
Ver en http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_consec=4821

12

Número interno: 1449-2017
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Demandado: Rosalba Cruz Quintero

sostenibilidad del sistema, pues tales disposiciones buscan mantener y prolongar
su viabilidad, ya que continuar solventando prestaciones que no atienden a esa
legalidad, debilitan y ponen en riesgo de colapso la capacidad de abastecimiento y
pago que tiene el Estado a su cargo, generando un potencial déficit por la asunción
de coberturas no contempladas o que previstas, exceden el monto legal, lo que
implicaría la devastación del erario.

En ese sentido, está visto que la eficiencia del sistema la representa el que sea
una prioridad y un objetivo que la asignación de los recursos obedezca a una legal
asignación a efectos de lograr una cobertura universal y equitativa para todos
quienes tienen un derecho a pensión”16.

De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala
advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para
accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a
cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica
cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.

4. Caso concreto

4.1. Primer cargo de violación

La entidad recurrente considera que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander se produjo con vulneración al debido proceso, por
cuanto se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
entidad demandada (Cajanal), pues no era la autoridad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda, al no ser destinataria ni depositaria de los fondos o
recursos que se recaudan para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Al respecto, se advierte que, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del
artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, la representación de la
Nación en los procesos contenciosos administrativos está a cargo del “ Ministro,
Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del
Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía
en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

Siendo ello así, y como el acto administrativo acusado en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora Rosalba Cruz Quintero fue

16
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 4. Exp. 2016-02022-00 M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

13

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expedido por el Líder del Grupo de Nómina de Pensiones de la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal), era ésta la autoridad administrativa llamada a actuar
como demandada en el aludido proceso.

Asimismo, se evidencia que, la competencia para realizar las deducciones de la
mesada pensional por concepto de las cotizaciones obligatorias 17, entre ellas, el
aporte destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud, fue encomendado en
su momento a Cajanal según lo dispuesto en el artículo 2, numeral 5 18 , del
Decreto 65 de 200419.

Así las cosas, la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
pues la Caja Nacional de Previsión Social era la persona jurídica legitimada en la
causa para actuar como parte demandada en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de
defensa y contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra
fundada esta causal.

4.2. Segundo cargo de violación

La UGPP planteó como segunda causal de revisión, la contenida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento que el porcentaje que se
debe descontar por concepto de aporte destinado al Sistema de Seguridad Social
en Salud sobre la pensión gracia reconocida a la señora Rosalba Cruz Quintero,
es el contenido en la Ley 100 de 1993, es decir, el 12,5% y no el 5% como lo
dispuso la sentencia recurrida, lo que implica el pago de una mesada pensional
en cuantía superior a la dispuesta por la ley.

Con el fin de estudiar esta causal, la Sala estudiará la naturaleza de la pensión
gracia y, a partir de allí, se determinará la procedencia o no de los descuentos
por aportes a salud sobre la misma, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 100
de 1993 y 1122 de 2007.

De la naturaleza de la pensión gracia

17
El aporte en salud constituye una cotización obligatoria para los pensionados y jubilados, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 157, 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de las exclusiones a que se refiere el artículo 279 ibídem.
18
“5. Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley…”
19
“Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial
del Estado”.

14

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La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de
escuelas primarias oficiales, que prestaron sus servicios en el magisterio por un
término no menor de 20 años. Dicha normativa estableció las condiciones
especiales en materia pensional sobre la cuantía, la posibilidad de acumular
servicios prestados en diversas épocas, los requisitos que deben acreditarse y
ante quién deben comprobarse.

A través de las Leyes 116 de 1928 20 y 37 de 1933 21 , se extendieron sus
beneficiarios y el tiempo de servicio computable para esta prestación. La primera,
dispuso en el artículo 6 que “los empleados y profesores de las Escuelas Normales y
los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que
contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan”; y la segunda, en el
artículo 3, hizo extensiva la pensión gracia “a los maestros que hayan completado los
años de servicio señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.
Así pues, tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial
podían acceder a la pensión gracia, siempre y cuando reunieran los requisitos
exigidos por la Ley.

Con la expedición de la Ley 43 de 197522 se nacionalizó la educación primaria y
secundaria que se venía prestando en los entes territoriales y, con ello, dejarían
de presentarse las diferencias salariales entre los docentes nacionales y
territoriales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y, en su artículo 1, clasificó el personal docente, así: nacional,
nacionalizado y territorial; además, en el artículo 15, numeral 2, fijó un límite
temporal para el reconocimiento de la pensión gracia. Siendo así, no se
beneficiarían de la aludida prestación “los docentes vinculados a partir del 1 de enero
de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
enero de 1990”, toda vez que, respecto de estos se estipuló que a su favor solo se
reconocería “una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año” y que gozarían del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional.

20
“Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927”.
21
“Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”.
22
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones.”

15

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El reconocimiento de esta pensión se encontraba a cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 081 del 20 de
enero 197623, en el artículo 1524 de la Ley 91 de 1989 y en el canon 279 de la Ley
100 de 1993 y no del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado con
la Ley 91 de 1989.

Con respecto a los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud que
se debe efectuar sobre esta mesada pensional, debe señalarse que la obligación
de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud se consagró para
los pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, desde la Ley 4
de 1966, que en su artículo 225, dispuso:

“Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión
Social cotizarán con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de
afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes.
Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%)
de su mesada pensional”.

La anterior normatividad, no exceptuó de dicha obligación a los beneficiarios de la
pensión gracia, por cuanto con los recursos recaudados se financian los servicios
de salud. Posteriormente y en ese mismo sentido, el artículo 7 de la Ley 4 de
197626, señaló:

“Artículo 7. Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así
como los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la
Ley, según lo determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán
derecho a disfrutar de los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos,
hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de las
entidades, patronos o empresas tengan establecido o establezcan para sus
afiliados o trabajadores activos, o para sus dependientes según sea el caso,
mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los
beneficiarios de tales servicios”. (Negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estableció que el monto y
distribución de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, es obligatorio
para todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, incluidos los

23
Por el cual se trasladan unas funciones a la Caja Nacional de Previsión Social.
24
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule
con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(…)
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
25
Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
26
Este artículo sobre cobertura familiar fue subrogado por el artículo 163 Ley 100 de 1993 en cuanto al régimen que
contempla. Radicación 659 de 1994. Sala de Consulta y Servicio Civil).

16

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beneficiarios de la pensión gracia, pues dicha norma no distinguió entre este
régimen especial y el ordinario de pensión de jubilación. En esta ley se
estableció, de manera general, que la tasa de cotización para financiar el Sistema
General de Seguridad Social en Salud sería del 12%, en los siguientes términos:

“Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud según las normas del presente
régimen, será máximo 12% del salario base de cotización, el cual no podrá ser
inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del
empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización
será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación
de los beneficiarios del régimen subsidiado”.27 Negrillas fuera de texto.

La anterior regla fue modificada por la Ley 1122 del 9 de enero de 2007 “ Por la
cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones”, aumentando el porcentaje de cotización en
los siguientes términos:

“Artículo 10. Modificase el inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual
quedará así:
Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del
12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al
salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del
empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la
subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los
beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud
los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por
ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de
solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente
artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el
incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo
será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento
(0,5%)”. Negrilla fuera de texto.

Si bien, las mencionadas normas no consagran de manera expresa la pensión
gracia como susceptible de la cotización en salud, lo cierto es que ha de
entenderse incluida, por cuanto se trata de una prestación a cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social, y sobre la cual la ley no estableció ninguna
excepción al respecto.

Por último, el artículo 26 del Decreto 806 de 199828 dispuso que las personas con
capacidad de pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante el pago de

27
El texto transcrito es el original de la Ley 100 de 1993, que fue modificado, posteriormente, a través del artículo 10 de la
Ley 1122 de 2007.
28
“Artículo 26. Afiliados al Régimen Contributivo. Las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen
Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente por el
afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.
Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud: (…)

17

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Demandado: Rosalba Cruz Quintero

una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente
por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador, incluyendo como
afiliados a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o
sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin hacer ningún tipo
de exclusión a pensiones de jubilación de regímenes especiales.

Por lo tanto, a aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión vitalicia de jubilación, incluyendo la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del sistema de seguridad social. De esta manera, sobre la pensión
que se reconoce y paga a través de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy de
la UGPP, se debe efectuar el descuento del 12.5% con destino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Por otro lado, el artículo 279 de la referida Ley 100 de 1993 consagró los
regímenes que se encuentran exentos del Sistema Integral de Seguridad Social,
así:

“Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 198929, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el
efecto se expida…” (Negrillas fuera de texto)

Pues bien, la norma en cita consagra la exclusión de los docentes que se
encuentren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
creado por la Ley 91 de 1989, de manera que, la excepción debe entenderse
referida solo respecto de las prestaciones a cargo del Fomag, por lo que no
puede incluirse la pensión gracia cuyo reconocimiento está en cabeza de la Caja
Nacional de Previsión Social, hoy obligación asumida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

c) Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector
privado. En los casos de sustitución pensional o pensión de sobrevivientes deberá afiliarse la persona beneficiaria de
dicha sustitución o pensión o el cabeza de los beneficiarios…”.
29
La expresión “Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989” se declaró condicionalmente exequible mediante sentencia C-461/95 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, en el entendido que “su aplicación no vulnere el principio de igualdad y, en consecuencia, se reconozca a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a un beneficio igual o
equivalente a la mesada pensional adicional, un beneficio similar”.

18

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Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

Protección Social, por virtud de lo dispuesto en el artículo 156, literal i) de la Ley
1151 de 200730.

Esta Subsección considera que los docentes que han accedido a la pensión
gracia no están exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema
de Seguridad Social en Salud y, por consiguiente, son afiliados al régimen
contributivo de ese sistema, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1, del literal a)
del artículo 157 de la Ley 100 de 199331, postura en la cual, han coincidido la
Corte Constitucional32 y esta Corporación33.

Así las cosas, los beneficiarios de la pensión gracia se consideran afiliados al
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, se
encuentran obligados a realizar las cotizaciones para salud previstas en las
Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que se debe infirmar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto ordenó a
Cajanal (hoy UGPP) (i) reintegrar a la señora Rosalba Cruz Quintero los
descuentos que le fueron realizados de su pensión gracia por concepto de
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud; y (ii) abstenerse de
continuar haciendo dichos descuentos en porcentaje mayor al 5%, lo que dio
lugar a que el entre previsional pagara una mesada pensional superior a la

30
“ARTÍCULO 156. GESTIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean
responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá
todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y
asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003…”
31
“Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir de la sanción de la
presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma
temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.
Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del
título III de la presente Ley.
32
Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Corte Constitucional, Sentencia T-546/14, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2013, radicación 25000 23 25
000 2011 00805 01, número interno: 2090 -2012, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tal posición se ha replicado tanto en
sentencias posteriores, entre otras, en las siguientes: Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2017, radicación 63001
23 33 000 2014 00239 01, número interno: 1932-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y Subsección B, sentencia del 15
de marzo de 2018, radicación: 11001 03 25 000 2013 00392 00, número interno: 0849-13, M.P. William Hernández
Gómez; Sentencia de fecha 9 de abril de 2019, número interno: 2546-2014, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de
fecha 29 de agosto de 2019, radicado: 11001032500020140013700, número interno: 0343-2014, M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez; sentencia de fecha 7 de noviembre de 2019, radicado interno: 0949-2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

19

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Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

determinada por la ley, razón por la cual se procederá a emitir la sentencia de
reemplazo.

Pues bien, como quiera que en esta providencia ya están expuestos los
antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el
marco jurídico de la pensión gracia y de los descuentos destinados al Sistema de
Seguridad Social en Salud sobre las mesadas pensionales, la Sala se abstendrá
de resumir nuevamente dichos puntos.

En atención al análisis realizado en líneas que anteceden, la Subsección
concluye que la pensión gracia no está exceptuada de los descuentos que deben
hacerse por concepto de cotización en salud en el porcentaje establecido en la
Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, en la medida que tal regla no excluye del
Sistema de Seguridad Social en Salud a los beneficiarios de la pensión gracia.

Como corolario de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral
1) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y en el literal c) numeral 1) del artículo
26 del Decreto 806 de 199834, la señora Rosalba Cruz Quintero, como titular de
la pensión gracia, hace parte de los afiliados del régimen contributivo del Sistema
de Seguridad Social en Salud y, por ende, debe realizar las cotizaciones por
concepto de salud, equivalente al 12,5%, en virtud de lo previsto en el artículo 10
de la Ley 1122 de 2007.

II. DECISION

Vistas las consideraciones que anteceden, se establece que a la señora Rosalba
Cruz Quintero no le asiste razón en su pretensión de obtener la nulidad del Oficio
GN-21809 de 18 de agosto de 2006, que resolvió en forma desfavorable la
solicitud de suspensión y reintegro de los descuentos que se le realizan por
concepto de cotización para la salud en la mesada de la pensión gracia, razón
por la cual, la Sala infirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander el 16 de febrero de 2012. En virtud de lo anterior, se deberá
revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
accedió a las pretensiones y, en su lugar, confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

34
Derogado por el Decreto 2353 del 3 de diciembre de 2015, que, en todo caso, los mantiene como afiliados al régimen
contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, en su artículo 34, numeral 34.1.3.

20

Número interno: 1449-2017
Demandante: UGPP
Demandado: Rosalba Cruz Quintero

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la
sentencia del 16 de febrero de 2012, proferida por Tribunal Administrativo de
Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2007-
00207-01, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

SEGUNDO: En consecuencia se INFIRMA la sentencia del 16 de febrero de
2012, proferida por Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar se dispone:
CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado Administrativo de Descongestión de
San Gil el 8 de febrero de 2011, en cuanto negó las pretensiones de la
demandante.

TERCERO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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