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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00544-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00544-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por Colpensiones contra la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones 21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-25-000-2022-00544-00 (4980-2022) pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la acción especial de revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00544-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00544-00 (4980-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandados: Carlos Augusto Quiroga Correa- Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y otros

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal a). Ausencia de vulneración al debido proceso.
DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Administradora Colombiana
de Pensiones en contra la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Santander2, para lo cual invocó la
causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que el señor Carlos Augusto Quiroga Correa promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los oficios LQI 10373 del 17 de marzo de 2009
y RH-1635 del 5 de septiembre de 2007, mediante los cuales la E.S.E. Francisco de
Paula Santander negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.

2. Durante el trámite del proceso, el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Bucaramanga ordenó la vinculación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la Fiduciaria Popular S.A., el Ministerio de la Protección Social y el
Instituto de Seguros Sociales.

3. Mediante sentencia del 30 de abril de 2014, se declaró la nulidad de los actos
demandados y, a título de restablecimiento, se condenó a la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social, en su calidad de sucesor procesal de la E.S.E. Francisco

1 La presentación de la acción se efectuó el 29 de julio de 2022, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00002 de SAMAI.
2 Decisión que modificó los numerales primero y cuarto de la sentencia proferida el 30 de abril de 2014 por el

Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bucaramanga que accedió a las
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos
Augusto Quiroga Correa.

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de Paula Santander, a reconocer y pagar la pensión de jubilación solicitada. En
dicha providencia se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Fiduciaria Popular S.A., el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

4. Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación la Fiduciaria Popular S.A.
y el Ministerio de Salud y Protección Social. La primera, en su condición de vocera
y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de la E.S.E.
Francisco de Paula Santander, solicitó la revocatoria de los numerales segundo,
tercero y cuarto de la sentencia, así como la absolución de la E.S.E. Por su parte,
el Ministerio pidió la revocatoria de la condena, al considerar que, conforme al
régimen de liquidación de la E.S.E., regulado por el Decreto 810 de 2008 y el
Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el pago de las
contingencias surgidas con posterioridad a la liquidación debía estar a cargo del
patrimonio autónomo constituido para tal efecto.

5. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Santander, modificó parcialmente la providencia de primera instancia (numerales
primero y cuarto) y condenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
considerarlo sucesor procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

6. Contra dicha decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público promovió
acción de tutela, solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social, la sostenibilidad financiera, el debido proceso y la igualdad, al
estimar que la sentencia de segunda instancia no expuso las razones por las cuales
se le atribuyó la calidad de sucesor procesal de la entidad liquidada y, en
consecuencia, se le impuso la obligación de reconocer y pagar la pensión de
jubilación.

7. Mediante sentencia del 7 de abril de 2016, la Sección Quinta de esta Corporación
amparó los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se dejó sin
efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
ordenándole emitir una nueva decisión en la que explicara de manera suficiente las
razones para considerar, o no, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como
sucesor procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, o, en su defecto,
determinara cuál era la entidad llamada a ostentar dicha calidad.

8. En cumplimiento de la orden de tutela, el 25 de noviembre de 2016, el Tribunal
Administrativo de Santander profirió nueva sentencia mediante la cual modificó la
decisión de primera instancia.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

9. En providencia del 20 de abril de 20173, el Tribunal Administrativo del Santander
en cumplimiento de la orden de tutela decidió confirmar parcialmente la sentencia

3 Véase archivo digital «17RECIBE MEMORIAL_25632024RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 15», Carpeta 001

Cuaderno Principal, archivo «064DesiciónSegundaInstancia.pdf». Págs. 4-27 del índice 00015 de SAMAI.

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de 30 de abril de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Bucaramanga.

10. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Fiduciaria Popular S.A., el Ministerio de Salud y Protección Social
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, a título de restablecimiento del
derecho, condenó a Colpensiones, en su condición de sucesora procesal de las
obligaciones pensionales del ISS, a reconocer y pagar la pensión de jubilación al
señor Carlos Augusto Quiroga Correa, a partir del 27 de mayo de 2007, fecha en la
cual adquirió el estatus de pensionado, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1653
de 1977, con el 100% del promedio de lo percibido en el último año de servicios.

11. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:

12. Consideró que, conforme al artículo 31 del Decreto Ley 254 de 2000, cuando
los recursos de la liquidación de una entidad resultan insuficientes para cubrir las
obligaciones laborales, estas serán asumidas por «(…) la Nación o de la entidad
pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y
liquidación de la entidad».

13. Indicó que el Decreto 810 de 2008, mediante el cual se suprimió y liquido la
E.S.E. Francisco de Paula Santander no precisó la entidad responsable de los
pasivos laborales posteriores a la liquidación, por lo que acudió a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, que prevé la atención de las contingencias a
través de un patrimonio autónomo, sin perjuicio de que la Nación u otra entidad
asuma dichos pasivos conforme a la ley.

14. Afirmó que el Decreto 4172 de 2009 dispuso expresamente que la Nación
asumiría determinadas obligaciones laborales insolutas de la E.S.E. Francisco de
Paula Santander en liquidación, y que los recursos correspondientes debían ser
girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la fiduciaria encargada, en
su calidad de administrador del tesoro nacional.

15. Precisó que el contrato de fiducia mercantil suscrito con la Fiduciaria Popular
S.A., mediante el cual se constituyó el PAR, tuvo por objeto la administración de
activos y procesos remanentes, sin atribuir a la fiduciaria la obligación de reconocer
o pagar pensiones.

16. Que del análisis del convenio interadministrativo suscrito el 13 de noviembre de
2009 entre la E.S.E. en liquidación y el ISS, consideró que esta última entidad
asumió el pasivo pensional mediante el mecanismo de normalización pensional,
razón por la cual ostentó la calidad de sucesor procesal de la E.S.E. en materia
pensional.

17. Que, aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumió el valor de las
obligaciones laborales insolutas a cargo de la E.S.E. Francisco de Paula Santander,
no puede erigirse en garante de los litigios laborales de esta, pues su obligación se

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circunscribe únicamente a girar los recursos destinados al pago de aquellas
obligaciones reconocidas por el agente liquidador y administradas a través de la
entidad fiduciaria contratada; razón por la cual declaró probada su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

18. Que, posteriormente, con la supresión y liquidación del ISS mediante el Decreto
2012 de 2013, sus activos y pasivos pensionales fueron transferidos a
Colpensiones, en su condición de administradora del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida (RPM), quien asumió las obligaciones pensionales
correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2011 de 2012 y 2012 de
2013.

19. En lo que respecta al derecho pensional, señaló que la Corte Constitucional, en
la Sentencia C-314 de 2004, precisó que, en virtud de la protección de los derechos
adquiridos, la vigencia y aplicabilidad de los beneficios pactados en la convención
colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social se extendía hasta el 31 de
octubre de 2004. Con fundamento en ello, concluyó que el actor no se encontraba
amparado por dicha convención, por cuanto su estatus pensional se consolidó con
posterioridad a esa fecha.

20. Que a pesar de ello, al contar el actor con 41 años de edad al 1.º de abril de
1994 y encontrarse vinculado al ISS, resulta beneficiario del régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que le era aplicable el régimen previsto
en el Decreto 1653 de 1977, en concordancia con el Decreto 604 de 1997, que
regula el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de la
seguridad social al servicio del Instituto de Seguros Sociales, en lo relativo a edad,
tiempo de servicios y base de liquidación.

21. Encontró que el actor, quien nació el 27 de mayo de 1952, laboró en distintas
entidades del Estado —entre ellas el ISS y la E.S.E. Francisco de Paula
Santander— y, al momento de la supresión de su cargo el 20 de noviembre de 2005,
acreditaba 21 años, 1 mes y 9 días de servicio. Por lo que, como lo advirtió lo
encontró la primera instancia, el actor cumplió el presupuesto para acceder al
beneficio del retén social, con el cual se le debe garantizar la protección a
pensionarse en los términos del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, pues al momento
de la supresión de su cargo le restaban 18 meses y 7 días para cumplir los requisitos
pensionales, es decir, menos de 3 años.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

22. Colpensiones interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

23. Señaló que la sentencia impuso la obligación pensional a una entidad distinta
de la legalmente competente, al atribuírsela a Colpensiones en lugar de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
(UGPP), lo cual —a su juicio— configura una vulneración del debido proceso y un

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abuso del derecho, al asignarle una carga que no se encontraba dentro de su ámbito
competencial ni legal.
24. Afirmó que el Tribunal desconoció la naturaleza y alcance del Decreto 1388 de
2013, el cual atribuyó de manera expresa a la UGPP la función de reconocer,
administrar y pagar las pensiones válidamente reconocidas por el ISS como
empleador, así como aquellas de los ex trabajadores del ISS que cumplieran los
requisitos legales, precisando además el procedimiento de entrega de la
información y la transición de la nómina pensional.

25. Sostuvo que el fallo desconoció lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151
de 2007, mediante el cual se ordenó la liquidación definitiva del ISS y se creó
Colpensiones como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
con el objeto exclusivo de administrar el régimen de prima media, sin que pudiera
atribuírsele el reconocimiento de pensiones ajenas a dicho ámbito; y que, en
concordancia, el Decreto 2011 de 2012, al reglamentar su entrada en operación,
limitó su función a la administración de dicho régimen y a garantizar la continuidad
de los afiliados y pensionados provenientes del ISS, sin que ello implicara la
asunción de obligaciones pensionales derivadas de su condición de empleador, las
cuales —afirmó— fueron asignadas a la UGPP.

26. Invocó la Sentencia T-416 de 1997 de la Corte Constitucional, para señalar que
la legitimación en la causa por pasiva exige identidad entre el sujeto obligado por la
ley y la persona contra quien se dirige la pretensión, por lo que la falta de este
presupuesto impide al juez adoptar una decisión de fondo y conduce a sentencias
desestimatorias.

27. Adujo que la decisión resulta lesiva para la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, en la medida en que le impone asumir el pago de una prestación
periódica y vitalicia ajena a su ámbito funcional, máxime cuando el actor no se
encuentra afiliado a dicha entidad y sus derechos pensionales se derivan de la
condición del ISS como empleador. En ese sentido, afirmó que la sentencia
reconoció la prestación con fundamento en una interpretación abiertamente
contraria a la Constitución y a la ley, lo cual configura un abuso del derecho.

Contestaciones a la acción de revisión

28. El señor Carlos Augusto Quiroga Correa4 aduce que no se configura la causal
de revisión, pues la sentencia fue proferida por autoridad competente, con plena
observancia de las garantías procesales y la inconformidad de Colpensiones
corresponde a un desacuerdo de fondo y no a un vicio procesal.

29. Que dicha providencia se encuentra ejecutoriada y amparada por la cosa
juzgada, por lo que no es posible reabrir el debate sobre la entidad obligada ni la
legitimación en la causa.

4 La parte demandada radicó memorial el 3 de octubre de 2025. Véase índice 00052 de SAMAI.

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30. Que tampoco procede trasladar la obligación a la UGPP, ya que el marco
normativo asignó a Colpensiones las funciones del ISS en el régimen de prima
media, mientras que la UGPP asumió únicamente obligaciones del ISS como
empleador, supuesto que no aplica en este caso.

31. Afirma que la pensión reconocida es un derecho irrenunciable y las mesadas
recibidas, de naturaleza alimentaria, fueron percibidas de buena fe, por lo que no
es procedente su devolución. Además, que la acción de revisión no constituye una
tercera instancia ni permite replantear el debate jurídico ya resuelto, máxime cuando
el derecho reconocido se encuentra en ejecución.

32. La UGPP5 sostiene que si el derecho en discusión es de naturaleza
convencional derivada del ISS como empleador —y no del régimen de prima
media—, la competencia material corresponde a la UGPP, en virtud del artículo 28
del Decreto 1388 de 2013. Sin embargo, considera que esto no implica trasladar
automáticamente la condena en sede de revisión, sino únicamente delimitar quién
debió ser demandado en el proceso original.

33. Advierte que las pretensiones de Colpensiones en esta revisión, como el
reintegro de valores por parte de la UGPP, exceden el alcance del recurso, que no
permite reabrir ni recomponer el litigio más allá de la causal invocada. En ese
sentido, afirma que sustituir al condenado original o imponer nuevas obligaciones a
la UGPP vulnera la congruencia y el debido proceso.

34. Indica que, aun si se declarara fundada la revisión, no siempre procede ordenar
reintegros, especialmente cuando las sumas fueron recibidas de buena fe porque el
propósito de la acción no es generar compensaciones entre entidades.

35. Respecto de la causal invocada, precisa que esta exige una irregularidad
procesal grave y determinante del fallo, lo cual no se acredita, pues la demanda se
limita a un desacuerdo interpretativo sobre la sucesión procesal, sin demostrar la
vulneración de garantías como el derecho de defensa o el debido proceso, ni su
incidencia en la decisión.

36. La Fiduciaria Popular S.A., el Ministerio de la Protección Social y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público6, pese a ser notificados en debida forma
sobre la admisión de la acción, guardaron silencio.

Concepto del Ministerio Público

37. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó7 que
el Tribunal sustentó su decisión en los Decretos 2011 y 2012 de 2013, que regularon
la liquidación del extinto ISS y la entrada en operación de Colpensiones, al disponer
la transferencia de los activos y pasivos de los fondos de invalidez, vejez y muerte

5 Véase índice 00051 de SAMAI.
6 Véase índice 00070 de SAMAI.
7 Véase índice 00050 de SAMAI.

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a esta última, como entidad encargada de asumir dichas obligaciones. En ese
sentido, consideró que dicha interpretación se ajusta al marco normativo aplicable
y no evidencia vulneración de garantías procesales, por lo que no se configura la
causal de revisión invocada.

38. Afirmó también que el ISS, al contestar la demanda, no alegó que la obligación
correspondiera a la UGPP, ni lo planteó en etapas posteriores pese a contar con la
oportunidad procesal, por lo que no resulta válido invocar ahora tal argumento como
fundamento de una supuesta vulneración al debido proceso.

39. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

40. La Subsección deberá analizar si, en la sentencia del Tribunal Administrativo
del Santander del 20 de abril de 2017, se configura la causal de revisión alegada
por la entidad demandante. En particular, si la orden de reconocimiento pensional a
cargo de Colpensiones implicó una vulneración del derecho al debido proceso.

41. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

42. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones8 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

43. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.

44. Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de
revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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45. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial9 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.

46. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social10, así como el principio de
universalidad que lo inspira11 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

47. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

48. En ese sentido, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29,
prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el
respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en
trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la
justicia.

49. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado12 como la Corte Constitucional13
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

9 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-

00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
10 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones

y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV).
13 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00544-00 (4980-2022)

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

50. Importa destacar que, el debido proceso comprende una serie de garantías que
permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones
judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la
materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29
Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión

51. Esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente una
censura de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar
alguna de las causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura
procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las
invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos
que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su
configuración»14.

52. Igual a como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario de
revisión, los motivos para pretender que se infirme la sentencia que ha reconocido
el derecho a una prestación periódica a cargo del tesoro de la Nación, «[…] son de
análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues tampoco le está
permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda
o efectuar una revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser una tercera
instancia»15.

53. De tal manera, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de
revisión, se exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e
indiscutible de la causal o causales alegadas. Así se han precisado los alcances de
este mecanismo:

«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
15 Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2017-00296-00 (1449-2017).

C.P. César Palomino Cortés.

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referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»16.

54. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

55. La parte recurrente sostiene que el Tribunal vulneró su debido proceso e incurrió
en un abuso del derecho al atribuirle la obligación pensional, pese a que —a su
juicio— dicha competencia correspondía a otra entidad, esto es, la UGPP, como
resultado de una interpretación errónea de las normas que regulan la distribución de
competencias en materia pensional con ocasión de la supresión y liquidación del ISS.
Con base en este planteamiento, alega una supuesta falta de legitimación en la
causa por pasiva.

56. No obstante, para la Sala el reproche así formulado no logra estructurar la causal
invocada, en tanto los argumentos expuestos no evidencian el desconocimiento de
las garantías propias del debido proceso, ni dan cuenta de una afectación real del
derecho de defensa, contradicción o imparcialidad judicial. Se limitan a cuestionar la
decisión adoptada por el Tribunal desde una perspectiva sustancial, sin identificar
una irregularidad procesal concreta con incidencia en el fallo.

57. El juez de revisión debe ceñirse estrictamente a los fundamentos de la acción y
verificar la configuración de la causal invocada, sin que le sea dado suplir las cargas
argumentativas de las partes porque lo contrario, implicaría favorecer
deliberadamente la posición de uno de los litigantes.

58. La censura propuesta se orienta a replantear la discusión sobre la calidad de
sucesor procesal y la determinación de la entidad competente, asuntos que fueron
objeto de análisis en la sentencia cuestionada y que, además, estuvieron en
conocimiento de la propia entidad durante el trámite ordinario.

59. En efecto, verificada la actuación procesal, se advierte que el 10 de diciembre
de 201217 el ISS en liquidación y Colpensiones informaron al despacho judicial que,

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

27 de octubre de 2011. Exp. 02270-05. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
17 La solicitud se presentó en los siguientes términos: «ASUNTO: Sucesión procesal del Instituto de Seguros

Sociales ISS Hoy EN LIQUIDACION a Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. [/]
RADICADO NO: 68001333100520090022500 [/] DEMANDANTE: QUIROGA CORRERA CARLOS AUGUSTO
[/] Los suscritos, Diego Fernando Manrique Nieto, […] en mi calidad de Vicepresidente Jurídico y Secretario
General de […] Colpensiones […], y Gonzalo Javier Urbina Jiménez […], en mi condición de Director Jurídico
Nacional del ISS, en Liquidación, informamos: [/] El inciso 2º del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil
dice que "Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad
que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal
carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecta de ellos aunque no concurran". [/] El Decreto
2013 del 28 de septiembre de 2012 ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales. [/] El
inciso 2 del Art. 35 del Decreto 2013 de 2012, indica: "EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación
continuara atendiendo los procesos judiciales en curso derivados de su gestión como administradora del régimen

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conforme a lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y en el
Decreto 2013 de 2012, la defensa judicial de los procesos sería asumida por esta
última, razón por la cual solicitaron expresamente que se le reconociera como
sucesora procesal del ISS en liquidación.

60. La autoridad judicial declaró a Colpensiones como sucesora procesal en la
sentencia, situación que en virtud de lo dicho y según la normativa vigente al
momento de proferirse la decisión18 - artículo 68 del CGP19-, lo habilitaba.

61. Se resalta que la sucesión procesal opera como un mecanismo de continuidad
del proceso, aplicable en eventos como el fallecimiento de una de las partes, la
transferencia del derecho en litigio por acto entre vivos o la extinción o fusión de una
persona jurídica durante el trámite judicial, trasladando la calidad de parte a quienes
la ley designa expresamente.

62. Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, al señalar que la
sucesión procesal «consiste en que una persona que originalmente no detentaba la
calidad de demandante o demandado, por alguna de las causales de transmisión de
derechos, entra a detentarla (…)»20.

63. En este caso, el proceso continuó sin alteración en su objeto, como si el sujeto
procesal original subsistiera, de modo que el sucesor asumió la actuación en el
estado en que se encontraba y quedó vinculado a sus resultas, incluso sin haber
intervenido, pues la sentencia que se profiriera le producía plenos efectos.

64. Bajo este contexto, no le es dable a la entidad recurrente ahora desconocer la
calidad que pretendía ostentar en el proceso ni controvertir las consecuencias
jurídicas que de ella se derivan, pues ello comporta una actuación contradictoria con
sus propios actos.

de prima media con prestación definida, por el termino de tres (3) meses, contados a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto. Vencido dicho termino, los procesos deberán ser entregados a COLPENSIONES
entidad que continuara con el trámite respectivo". [/] Teniendo en cuenta la normatividad citada, es evidente el
cumplimiento de los presupuestos para que opere la sucesión procesal una vez vencido el término establecido
por el Decreto 2013 de 2012, de manera que, una vez cumplido el plazo del ejercicio de la defensa judicial por
parte del ISS (28 de Diciembre (sic) de 2012), la defensa judicial del proceso que cursa en su Despacho,
será asumida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES". [/] Por lo
anterior, solicitamos se sirva tener como sucesor procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY EN
LIQUIDACION a […] COLPENSIONES", dado que esta Entidad deberá asumir la defensa judicial del
proceso que cursa en ese despacho con posterioridad al 28 de diciembre de 2012». (Negrillas fuera del
texto original). Págs. 33-35 del archivo digital denominado «07AutodePbs», obrante en el índice 00049 de SAMAI.
18 Cfr. Artículo 40 de la Ley 153 de 1887. «Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios

prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
19 «Artículo 68. […] Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona

jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se
les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no
concurran […]».
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26

de junio de 2015, radicado 25000-23-26-000-2005-01268-01(35007).

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65. De otra parte, la Sala considera necesario precisar que la acusación formulada
por la entidad recurrente en torno al supuesto abuso del derecho parte de una
comprensión errónea de esta figura jurídica. En efecto, el abuso del derecho se
predica únicamente de quien, siendo titular de un derecho subjetivo, lo ejerce de
manera desleal, desproporcionada o contraria a los fines legítimos para los cuales
fue reconocido, causando un perjuicio a otro. Por su naturaleza, dicha figura solo
puede aplicarse a las partes del proceso y no a la autoridad judicial que profiere una
decisión en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

66. Por ello, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
no se configura, pues los argumentos expuestos no evidencian una irregularidad que
afecte el debido proceso, sino que buscan replantear aspectos discutidos dentro del
proceso ordinario, lo cual resulta incompatible con la naturaleza excepcional de la
acción especial de revisión.

Condena en costas

67. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas, en la medida en que la actuación estuvo orientada a
controvertir una providencia judicial en defensa del interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
Colpensiones contra la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones

21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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