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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00029-00

Fecha
15 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00029-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia de 21 de julio de 2015, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017) 11001-33-31-027-2012-0111-01, por la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. SEGUNDO: Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia de 21 de julio de 2015, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. En su lugar, se dispone ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, profiera un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las consideraciones de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta decisión, REMITIR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el expediente identificado con radicado núm. 11001-33-31-027- 2012-0111-01, contentivo del proceso contencioso administrativo, iniciado por Fanny Isabel Blanco de Penagos contra CAJANAL (hoy UGPP). CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la entidad apelante según lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00029-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Fanny Isabel Blanco de Penagos

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión prevista
en los literales a y b. Reconocimiento de pensión gracia.
Indebida valoración probatoria. INFIRMA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP) contra la sentencia del 21 de julio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Fanny Isabel Blanco de Penagos.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 21 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, para lo cual invocó las
causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Blanco de Penagos, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social (E.I.C.E CAJANAL) con el fin de obtener la nulidad de la Resolución
UGM 16466 de 2011, a través de la cual se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
Que como consecuencia, solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reconocer
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y pagar la pensión gracia de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional, ii) cancelar las correspondientes mesadas causadas desde el
momento que tenía derecho a ellas en forma indexada, además de los respectivos
intereses moratorios; y iii) asumir los gastos procesales correspondientes.

El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá el día 15 de marzo de 2013, profirió
sentencia favorable a las pretensiones, ordenando el reconocimiento y pago de la
pensión a partir del 10 de junio de 2000 (día siguiente al de cumplimiento de los 20
años de servicio), pero con efectos fiscales a partir del 21 de junio de 2008, por
prescripción trienal.

Contra la anterior decisión la UGPP interpuso el recurso de apelación, el cual fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, quien, en sentencia del 21 de julio de 2015, confirmó parcialmente la
decisión, en el sentido de modificar el numeral tercero referido a la fecha de
efectividad y efectos fiscales.

La decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada el 4 de agosto de 2015.

En cumplimiento de la decisión judicial, la UGPP expidió la Resolución RDP 014204
de 31 de marzo de 2016, por medio de la cual reliquidó la pensión gracia con los
tiempos de servicios prestados a la Secretaría de Integración Social, en cuantía de
$899.004.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 21 de julio de 2015, confirmó parcialmente la decisión proferida por el
fallador de primera instancia, en el sentido de modificar el numeral tercero de la
decisión frente a la fecha de efectividad de la prestación periódica desde el día 9 de
junio de 2000, los efectos fiscales a partir del 21 de junio de 2008 por prescripción
trienal y la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados para la
liquidación de la misma.

Que, según la certificación emitida por la Secretaría de Integración Social de
Bogotá, la demandante ocupó cargos de docente de manera continua desde el 9 de
junio de 1980 hasta 1985. Además, estuvo vinculada de forma ininterrumpida desde
junio de 1985 hasta el 30 de agosto de 2002.

Que cumplió con el requisito de 20 años de servicios en actividades de enseñanza
a favor de entidades territoriales, tal como lo exige la ley para conceder el derecho
a la pensión gracia. Además, contaba con más de 50 años de edad y demostró
buena conducta en su desempeño como docente.

Que el 30 de agosto de 2002, fecha en la cual se certificó el último día que laboró

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con la entidad, contaba con un total de 22 años, 2 meses y 2 días; por ello, teniendo
en cuenta que el 3 de abril de 2000 cumplió los 50 años y descontando los 2 años,
2 meses y 2 días que tuvo de exceso, la fecha del estatus de pensionada fue el 9
de junio de 2000.

Que la pensión debía liquidarse sobre el 75% de los salarios devengados durante
el año anterior a la consolidación del estatus pensional, incluyendo todos los
factores salariales causados, entre ellos: sueldo básico, auxilio de alimentación,
auxilio de transporte y las primas de servicios, antigüedad, vacaciones, riesgo y
navidad.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.

Que se ordenó el reconocimiento de una pensión de gracia en favor de la señora
Fanny Isabel Blanco de Penagos, teniendo en consideración tiempos de servicio
que fueron prestados en cargos administrativos y a favor de entidades diferentes al
Magisterio.

Fundamentó las anteriores peticiones señalando que la providencia atacada se
obtuvo con vulneración al debido proceso, pues al valorar inadecuadamente el
material probatorio, de una prueba incompleta expedida por la Secretaría de
Integración Social de Bogotá-, entendió acreditada la calidad de docente
nacionalizada sin que, auscultara en los soportes que de forma clara permitieran
evidenciar que la vinculación no se dio en tales condiciones y bajo dicha calidad.

Que era tarea del Tribunal solicitar las pruebas que fehacientemente determinaran
la existencia de la vinculación a la docencia oficial de carácter nacionalizado y en
efecto, al no hacerlo no se percató que la certificación que sirvió de base para el
reconocimiento pensional- expedida por la Secretaría de Integración Social de
Bogotá- dio cuenta de la existencia de unos nombramientos en dicha entidad pero
en cargos administrativos denominados auxiliar administrativo, auxiliar técnico,
técnico administrativo y profesional universitario, las cuales no corresponden al
desarrollo de la labor docente que es requerida para el otorgamiento de la pensión
gracia.

Que el Tribunal erró al apreciar como válida la única prueba que daba cuenta de los
tiempos de servicios prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y los
posteriores que en total sumaron los 20 años de servicio a la docencia oficial, sin
detenerse a analizar que no existía certeza de las labores ni los soportes que
acreditaran que dichos tiempos en realidad si cumplían con las exigencias del
estatuto docente.

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Que el Tribunal «con fundamento en principios superiores como el del debido
proceso y el principio de consonancia, debe fallar conforme a lo que se logre
establecer judicialmente frente a los hechos, que para el caso resultaba ser clara
que la prueba que acreditaba la vinculación al magisterio era incompleta»; creando
así una situación jurídica a favor de la demandada en detrimento del erario, al
imponer una carga prestacional sin fundamento legal y con grave afectación del
interés general.

De forma subsidiaria, solicitó la revisión de la sentencia por el literal b del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo
debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de una pensión
de gracia a una docente que no acreditó el ejercicio de la docencia en planteles
oficiales, con lo que a su vez se otorgó una prestación sin el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos.

Sostuvo que el tiempo de servicio que prestó a favor de la Secretaría de Integración
Social de la Alcaldía de Bogotá lo fue en cargos administrativos y en otros con
denominación de profesora, sin que se encuentre acreditada la profesión de la
empleada, la inscripción en el escalafón nacional de docente y la incorporación en
el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), por lo que tales
tiempos no pueden ser sumados para el otorgamiento de la pensión gracia.

Contestación a la acción especial de revisión

La señora Fanny Isabel Blanco de Penagos, por intermedio de apoderado judicial,
se opuso a las pretensiones de la demanda de revisión 1, al señalar que su
vinculación en la docencia antes del 31 de diciembre de 1980 se encuentra
demostrada a partir de las certificaciones emitidas por la Secretaría de Integración
Social, entidad de orden territorial, según las cuales prestó sus servicios desde el 9
de junio de 1980 como Profesora II del Programa División de Atención al Menor.

Que la parte demandante pasa por alto que el FOMAG fue creado por la Ley 91 de
29 de diciembre de 1989 como una cuenta especial de la Nación y que el
funcionamiento de esta entidad se reglamentó por medio del Decreto 1775 de 1990,
es decir, 77 años después de la norma que dio origen a la pensión gracia —Ley 114
de 1913 —. Por lo anterior, mal haría el juez en exigir una vinculación a una entidad
que para la fecha en que inició labores no existía.

Que la parte actora a través de la acción especial de revisión pretende rebatir el
problema jurídico planteado en el proceso ordinario, al insistir en los mismos
argumentos de defensa que planteó dentro de este, pese a que, este medio
excepcional no puede convertirse en una instancia judicial adicional para revivir
oportunidades procesales que ya se superaron porque atentaría con el principio de
cosa juzgada.

1 Folios 206 y ss.

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Finalmente, propuso las excepciones que denominó: buena fe, ausencia de daño y
dolo, inconstitucionalidad e ilegalidad, entendida esta última como la configuración
de una vía de hecho judicial y normativa.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se profirió con vulneración del debido proceso y si
con el reconocimiento pensional se excedió lo debido conforme a lo previsto por la
Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión. ii) Causales de revisión invocadas en la demanda. iii) Justicia rogada
dentro de la acción especial de revisión. Y, finalmente, iv) Se examinará el caso
concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones2 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como una acción especial3 por al menos tres

2 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
3
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
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razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien
está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»4.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira5 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las
causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación fue
irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden,
el análisis de procedencia de las causales en la acción será taxativo y restringido a
la finalidad para la que se creó.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé el
debido proceso como un derecho fundamental, para garantizar a la persona el
respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de las actuaciones

principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
4
Ibidem.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia

del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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administrativas o judiciales en las que se vea vinculado o haga parte, con el
propósito último de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado6 como la Corte Constitucional7 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

De igual manera, esta Subsección ha establecido como criterios para justificar este
medio extraordinario de impugnación, además de las garantías mencionadas, los
seis eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que, de manifestarse,
dan lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Estos últimos han sido aplicados en el análisis de revisión
con el propósito de verificar la existencia de posibles defectos en las actuaciones
judiciales consideradas en sí mismas8, a saber: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.

Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de
la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»9. De igual manera, se advierte que se
manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte
del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para
revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la
ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
7 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
8
Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-25-000-2019-00650-00, N.I. 4966-2019
y Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
Sentencia del 18 de agosto de 2021, Radicado N° 11001-03-15-000-2020-03549-00.
9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión

Esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente una censura
de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar alguna de las
causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura procesal está
limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las invoque tiene la
carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos que la soportan
y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración».

Tal y como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario de
revisión, los motivos para pretender la nulidad de la sentencia que ha reconocido el
derecho a una prestación periódica a cargo del tesoro de la Nación, «[…] son de
análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues tampoco le está
permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda
o efectuar una revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser una tercera
instancia»10

Así, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de revisión, se
exige del recurrente la carga de demostrar la configuración clara e indiscutible de la
causal o causales alegadas. En este sentido, se han precisado los alcances de este
recurso de la siguiente forma:

«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes a
las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben solo
a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de referencia
necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento judicial»11

Según lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Atendiendo a las causales planteadas por la entidad recurrente, la Sala se ocupará
de determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la
prestación periódica con violación al debido proceso, se encuentra debidamente
fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo,
se examinará si la segunda causal invocada frente al reconocimiento excesivo de la
pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta procedente ordenar la
reducción de su monto según la solicitud efectuada en el recurso.

10 Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022; Radicado: 11001-03-25-000-2017-00296-00, interno:

1449-2017; MP: César Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05, MP: Alfonso Vargas Rincón.
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Para la Subsección el argumento expuesto por la UGPP, para sustentar la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuestiona la valoración
probatoria realizada por el Tribunal respecto de la certificación utilizada para
respaldar el reconocimiento pensional pues, esta hacía referencia a nombramientos
en una entidad pública, pero en cargos de naturaleza administrativa, roles no
cumplen con los requisitos de la labor docente necesaria para el otorgamiento de la
pensión gracia. Además, reprochó que el fallador no hubiera auscultado en soportes
de la vinculación como docente.

Según se explicó en líneas anteriores, si bien la acción especial de revisión no
procede para realizar nuevos juicios sobre la valoración probatoria efectuada por
los jueces de instancia, lo cierto es que esta Corporación ha sido consistente en
precisar que «[la] función de [la] valoración probatoria debe desarrollarse
atendiendo criterios de objetividad, racionalidad, motivación y legalidad pues en
caso contrario, su ejercicio se tornaría arbitrario y caprichoso, lo que generaría la
violación del derecho al debido proceso y, con ello, la posibilidad de acudir a la
causal prevista en el artículo 20 literal a) de la Ley 797 de 2003»12.

De ahí que, al encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima que tenía la
entidad recurrente respecto de la demarcación de la causal de revisión por violación
del debido proceso, la Sala tendrá como criterios para decidir tanto las garantías
anteriormente anotadas en el marco considerativo como los seis eventos que ha
reconocido la jurisprudencia constitucional que de configurarse dan lugar a las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Bajo esta premisa, se analizará la causal del literal a) de la Ley 797 de 2003 para
establecer si existen irregularidades de índole probatorio que hubiesen podido
afectar el derecho al debido proceso de la entidad.

El juez de instancia basó su decisión de reconocer el derecho pensional en una
sentencia previa a la resolución del caso, concretamente en la proferida por esta
Corporación el 1. ° de marzo de 2007, identificada bajo el radicado núm. 25000-23-
25-000-2001-04697-01. En esta sentencia, se contabilizó el tiempo laborado por una
empleada adscrita al Departamento de Bienestar Social del Distrito Capital para el
reconocimiento de la pensión gracia, en tanto la actora probó que desarrolló
actividades que estuvieron relacionadas directamente con la enseñanza.

En este punto, es imprescindible destacar que la verificación minuciosa de los
hechos y las pruebas por parte del juez de instancia tiene como objetivo determinar
si las circunstancias del caso actual guardan similitud con el precedente citado. Esta
labor adquiere suma importancia, ya que de esta evaluación detallada depende
directamente la congruencia y la consistencia en la aplicación del precedente.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia
del 18 de agosto de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2020-03549-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

Así, correspondía al Tribunal realizar un análisis probatorio del caso particular para
identificar si este se adecuaba al análisis jurídico de la jurisprudencia sugerida —
sentencia del 1.° de marzo de 2007— y la realidad probatoria del caso porque el
precedente solo es aplicable cuando la sentencia pretende resolver un problema
idéntico o al menos similar, tanto desde la perspectiva jurídica como fáctica, lo que
supone unos mismos hechos relevantes y probados y unos mismos fundamentos
en derecho.

De modo que, aunque existía un precedente en él no se establecía un criterio
uniforme y claro sobre la naturaleza de la entidad y las consecuencias que esto
podría tener en la categorización de los cargos de quienes prestaban sus servicios
allí, ni se realizó un análisis sobre las funciones encomendadas en el cargo que
permitieran concluir de manera evidente que se relacionaban con el ejercicio de la
docencia.

Tras examinar el expediente de la certificación de fecha 5 de febrero de 2013 (fls.
133 a 138, C2), emitida por la asesora de talento humano de la Secretaría Distrital
de Integración Social de Bogotá, se constata que la actora se vinculó a esa
dependencia el 7 de abril de 1969. Durante su período de servicio, que se extendió
hasta el 30 de agosto de 2002, desempeñó los siguientes cargos y funciones:

«Que mediante Decreto NO419 de abril 7 de 1969, se incorporó a la planta del
Departamento Administrativo de Bienestar Social en la División de Servicios
Generales en el cargo de Enfermera.

Centro de Observación de niños No 1
Desde abril 7 de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1972

Centro de Recepción de niños No 2
Desde el 2 de noviembre de 1971 hasta febrero 20 de 1973

Que mediante Decreto 1231 de noviembre de 16 de 1973, fue incorporada para
desempeñar el cargo de auxiliar de Servicios Generales VI en asistencia a partir
del 1.° de enero de 1973.

Que mediante Decreto 058 de 1977, fue incorporada para el Programa de
Prevención y Asistencia.

Que mediante Decreto 252 de 197+, fue incorporado al cargo de auxiliar de
Enfermería II en el programa de Prevención y Asistencia.

Que mediante Decreto No 877 de junio 9 de 1980, fue incorporada al cargo de
Profesor II del programa División Atención al Menor.

Que mediante Decreto 0892 de junio 6 de 1985, fue incorporado al cargo de
Profesor III grado 7 en el programa Desarrollo Subdirección Operativo- División
de Salud Mental, Retardo Mental.

Manual de Funciones de 1985 Pág. 206-207

División Atención al Menor División Jardines Infantiles, División Salud Mental,
División Desarrollo Comunitario.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

Naturaleza del cargo:
Prestar asistencia educativa y ancianos y fomentar el desarrollo e integración de la
comunidad a la Institución.

Funciones:
1. Recibir y entregar el turno teniendo en cuenta las observaciones y novedades
presentadas en la jornada anterior.
2. Desarrollar actividades especiales, recreativas, culturales y artísticas con los
usuarios.
3. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades que realizan los usuarios.
4. Reforzar pedagógicamente al menor según el nivel educativo y sus
necesidades individuales.
5. Vigilar las alteraciones comportamentales nocturnas (Enuresis,
Sonambulismo, terrores nocturnos).
6. Trasladar a los centros asistenciales al usuario que lo requiera.
7. Colaborar en la información de hábitos de higiene y mantener normas de
salubridad.
8. Programar y asistir a las reuniones con los padres de familia para informar los
aspectos relacionados con los niños y la institución.
9. Mantener actualizados los controles de asistencia y el planeador de las
actividades de la institución.
10. Asistir a reuniones de programación de actividades con el equipo de profesores.
11. Colaborar en la distribución de alimentos a los niños y participar con ellos en las
horas de comida.
12. Responder por el adecuado uso y mantenimiento de los elementos asignados
para el desempeño del cargo.
13. Y las demás funciones que le asigne el superior inmediato y sean propias de su
cargo.

Que mediante Resolución 0665 de septiembre 15 de 1989, fue inscrita en Carrera
Administrativa en el cargo de Técnico Administrativo Ill grado 6, cargo funcional
Profesor, en la División Atención y Protección, en Hogar de los Ángeles.

Técnico Administrativo III Grado 6

Manual de Funciones de 1989 Resolución 055 de marzo 28 de 1989 (sin
numeración)

Funciones:
1. Planear, ejecutar y evaluar actividades pedagógicas para garantizar la efectividad
de los mismos y realizar los correctivos necesarios.
2. Realizar actividades de tipo recreativo cultural deportivas y artísticas, asi como
las actividades pedagógicas de acuerdo con el personal al que va dirigido el
programa.
3. Participar en el estudio de caso con el equipo Interdisciplinario de la institución,
con el fin de facilitar la toma de decisiones para cada caso.
4. Formar parte del Equipo Técnico Profesional de la Regional.
5. Participar con el Equipo Técnico Regional en las siguientes funciones: diseñar,
formular y proponer a la Dirección Regional las políticas, objetivos y programas de

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

la regional, en torno a las actividades de apoyo de las diferentes áreas a partir de la
elaboración y actualización del diagnostico
Regional.
6. Articular las propuestas
Regional y de cada área.
interinstitucionales y/o de otras instancias de
7. Investigar acerca de problemáticas específicas de la regional y retroalimentar con
sus resultados otras instancias del DABS.
8. Apoyar a todas y cada una de las unidades de ejecución en la implementación de
los proyectos y diseñar programas de capacitación y actualización de funcionarios
en cuanto a la cualificación y el fortalecimiento de las acciones correspondientes a
cada área.
9. Responder por el adecuado uso y mantenimiento de los elementos
asignados
10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato y sean propias de su cargo.
11. Cumplir con todos los deberes y responsabilidades que exige el servicio público.

Que mediante Decreto 658 de octubre 7 de 1991, ha sido incorporado a partir del 1°
de enero a la planta personal del Departamento Administrativo de Bienestar Social,
funcional Profesor.
en el cargo de Auxiliar Técnico IV A, 07 Regional 2 del Departamento, cargo
Auxiliar Técnico IV A - Cargo Funcional Profesor

Manual de Funciones - Resolución 251 de mayo 24 de 1991 Pág 512
Funciones:

1. Planear, diseñar y adelantar actividades pedagógicas de los usuarios.
2. Orientar y reforzar la formación de hábitos de aseo, orden y comportamiento de
los usuarios.
3. Realizar actividades de estimulación o aprestamiento con los menores en todas
las áreas y etapas del desarrollo.
4. Realizar refuerzo escolar con los menores que asisten a la institución en
coordinación con ellos.
5. Realizar actividades de tipo recreativo, deportivo y cultural.
6. Responder por el trabajo pedagógico y comunitario del nivel a su cargo de
acuerdo con los proyectos y programas desarrollados por la Regional.
7. Elaborar informes y realizar evaluaciones de actividades que le sean solicitadas.
8. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que le asigne el
jefe inmediato.

Que mediante Decreto 259 de mayo 26 de 1992, fue incorporado al cargo de
Profesional Universitario VI A Profesor Pedagogo de Educación Especial.,
Profesional Universitario VI A - Profesor
Manual de Funciones - Resolución 251 de mayo 24 de 1991 Pág 652

Funciones:

1. Elaborar programas pedagógicos para los solicitantes y ubicarlos en los diferentes
niveles previa evaluación de los mismos.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

2. Brindar y proporcionar las experiencias que faciliten el aprendizaje en los
diferentes niveles y en las áreas de: pedagogía social, y motora para lograr un
desarrollo integral.
3. Participar en los equipos interdisciplinarios y técnicos para desarrollar la política
social del departamento.
4. Realizar intervención pedagógica a través de los procesos de evaluación y
planes terapéuticos.
5. Coordinar las actividades recreativas como base del desarrollo cultural de los
usuarios.
6. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que le asigne el
jefe inmediato.

Que mediante Decreto 753 de noviembre 24 de 1994, fue incorporado a la planta de
personal del DA.B. S en el cargo Profesional Universitario 01 con funciones de
profesor en Ciencias educación en la Subdirección de Protección
Profesional Universitario 01 - Profesor en Ciencias de la Educación

Manual de Funciones Resolución 1006 de noviembre 17 de 1993 Pág. 514 -
Funciones:
1. Elaborar programas pedagógicos para solicitantes y ubicarlos en los diferentes
niveles previa evaluación de los mismos.
2. Brindar y proporcionar las experiencias que faciliten el aprendizaje en los
diferentes niveles y en las áreas de: pedagogía social y motora para lograr un
desarrollo integral.
3. Participar en los equipos interdisciplinarios y técnicos para desarrollar la política
social del Departamento.
4. Realizar intervención pedagógica a través de los procesos de evaluación y
planes terapéuticos.
5. Coordinar actividades recreativas como base del desarrollo cultural de los
usuarios.
6. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que le asigne el
jefe inmediato.

Que mediante Resolución 00465 de agosto 18 de 1999 fue incorporada al cargo
Profesional Universitario Código 340 Grado 01: •
Profesional Universitario 340 01- Profesor en Ciencias de la Educación:
Desde 1999 hasta agosto de 2002.

Manual de Funciones Resolución 474 de agosto 19 de 1999 Pág. 227

Gerencia de Protección - Centros de Protección - Atención Psicopedagógica
1. Participar en el proceso de atención psicoterapéutica e implementar las prácticas
con los demás profesionales que asuman la intervención en los casos admitidos.
2. Realizar la orientación e intervención pedagógica en los casos aceptados tanto
de adultos, padres o maestros responsables del paciente, a través de los procesos
de diagnóstico, plan terapéutico y evaluación.
3. Supervisar el proceso educativo y actividades recreativas a nivel de usuario,
practicantes y personal y servidores públicos con el fin de lograr un adecuado
desarrollo psicosocial.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

4. Prestar asistencia en la programación de los grupos en los diferentes niveles y al
equipo interdisciplinario en las nuevas metodologías educativas.
5. Sistematizar el trabajo a nivel institucional y estimular los procesos de
socialización a nivel de usuarios como de personal y servidores públicos.
6. Elaborar y presentar informes psicopedagógicos.
7. Mantener actualizadas las historias a nivel individual y grupal.
8. Garantizar la calidad de los servicios y la adecuada atención a los usuarios y
beneficiarios de los mismos.
9. Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de
los objetivos y las metas de la Gerencia.
10. Realizar el control interno sobre las funciones propias del cargo.
11. Responder por la calidad, confiabilidad y oportunidad en la información.
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.»

La Sala no pone en tela de juicio la lógica aplicada con respecto al término traído
en las certificaciones en las que se expresa «profesora» pero aprecia que en el
catálogo de funciones transcrito se confiaron a la señora Blanco de Penagos
diferentes tareas para desempeñar tanto con menores como con ancianos,
aspectos que no fueron advertidos en la providencia atacada y que merecían ser
objeto de análisis, a efectos de poder definir si, en efecto, la actividad de la actora
era o no subsumible al plano de la docencia.

En tales condiciones, cabe recordar que, aunque la acción especial de revisión no
es una instancia adicional a la que acuden las partes para controvertir la valoración
probatoria efectuada por el juez de la causa ordinaria, sí proporciona una vía para
corregir las decisiones que enseñen de manera ostensible que el funcionario decidió
en contra de la evidencia probatoria, apartándose así de los hechos debida y
manifiestamente probados.

En este caso, se hace necesario un análisis más profundo y riguroso de las
funciones desempeñadas por la actora para determinar su relación con el ejercicio
de la docencia.

En vista de lo expuesto, la falta de un análisis detallado y exhaustivo de las
funciones desempeñadas por la actora en relación con el ejercicio de la docencia
genera serias dudas sobre la adecuación de la decisión adoptada. Esta omisión
constituye una indebida valoración probatoria que da lugar a la nulidad del fallo, en
virtud de lo establecido en nuestro sistema legal.

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en establecer que esta se produce cuando el juez omite
o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin
justificación alguna13. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación

13 Entre otras las sentencias emitidas por la Corte Constitucional: T-967 de 2014, T-055 de 2021 y T-041 de

2018.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.

La jurisprudencia ha dejado claro que las decisiones judiciales deben basarse en
una evaluación rigurosa y completa de las pruebas presentadas en el caso. Cuando
el juez no realiza este análisis de manera adecuada, se vulnera el derecho de las
partes a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva. En el presente caso, la
falta de un examen minucioso de las funciones desempeñadas por la actora impide
determinar de manera precisa si las actividades realizadas por ella pueden ser
consideradas ejercidas dentro del marco de la docencia de que trata la Ley 114 de
1913 y sus respectivas modificaciones.

Por lo tanto, esta indebida valoración probatoria debe conducir a la procedencia de
la causal a) de la Ley 797 de 2007 y consecuencialmente a la declaración de nulidad
del fallo y a la orden de que el Tribunal profiera una nueva providencia, teniendo en
cuenta las consideraciones aquí expuestas.

Es fundamental que el Tribunal realice un análisis exhaustivo de las funciones
desempeñadas por la actora, considerando tanto el contenido de las certificaciones
presentadas como cualquier otra evidencia relevante que pueda contribuir a
esclarecer su situación laboral.

Así las cosas, al resultar fundada la causal a) alegada por la entidad recurrente, por
lo que la Sala se releva del estudio de la causal b), también invocada por la UGPP,
máxime que a través de ella no cuestiona la cuantía, sino la falta de cumplimiento
un requisito legal para acceder a la pensión gracia, motivo que no encaja dentro de
la causal invocada.

Condena en costas

Dado que en este caso la acción especial de revisión prosperó, no hay lugar a
imponer condena en costas, en tanto el artículo 365 del Código General del
Proceso dispuso tal consecuencia únicamente respecto de la parte vencida a la
que se le resuelva desfavorablemente el recurso y no respecto de la parte pasiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP contra la sentencia de 21 de julio de 2015, proferida por Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00029-00 (0083-2017)

11001-33-31-027-2012-0111-01, por la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

SEGUNDO: Como consecuencia, INFIRMAR la sentencia de 21 de julio de 2015,
proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E. En su lugar, se dispone ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, profiera un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las
consideraciones de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta decisión, REMITIR al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el expediente identificado con radicado núm. 11001-33-31-027-
2012-0111-01, contentivo del proceso contencioso administrativo, iniciado por
Fanny Isabel Blanco de Penagos contra CAJANAL (hoy UGPP).

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la entidad
apelante según lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el
sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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