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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00650-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00650-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 12 de junio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 29 Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20 001 33 33 003 2014 00277 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00650-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gustavo Claro Santiago
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Pensión gracia.
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de junio de
2019, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar el 29 de septiembre de 2017, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de junio de
2019, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar el 29 de septiembre de 2017, que había accedido

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20 001 33 33 003 2014 00277 01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Gustavo
Claro Santiago, en atención a las Sentencias C-479 de 1998, C-915 de 1999 y C-
954 de 2000, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión gracia; y ii) ordenar
al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso
por virtud de la sentencia objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El 4 de noviembre de 1956, nació el señor Gustavo Claro Santiago.

ii) El señor Gustavo Claro Santiago prestó sus servicios en los siguientes períodos
y entidades:
• Desde el 1.° de marzo de 1977 hasta el 30 de noviembre de 1977, en la
Alcaldía de Aguachica, Cesar, como docente municipal, por virtud del
nombramiento realizado mediante el Decreto 26 de 1977.

• Desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de julio de 2019, en la Secretaría de
Educación de Valledupar, vinculado como docente nacional, nombrado por
virtud del Decreto 87 de 1990.

iii) El 9 de marzo de 2012, a través de la Resolución UGM 037418, CAJANAL negó al
señor Claro Santiago el reconocimiento de una pensión gracia, con fundamento en
que no se tenía certeza frente al tipo de vinculación de los tiempos laborados en el
municipio de Valledupar desde el 3 de julio de 1990.

iv) El 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar,
mediante sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en los siguientes términos:1

1 Folios 161 al 173 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. UGM 037418 del 9 de
marzo del 2012, por medio de las cuales (sic) CAJANAL EICE en liquidación hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia
de jubilación gracia al demandante, por las consideraciones indicadas en esta
providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a GUSTAVO CLARO SANTIAGO,
identificado con C.C. 18.913.345 a partir del 7 de agosto del 2009; y liquidada con el
75 % de todo lo devengado en el último año en que consolidó su estatus pensional, esto
es, entre el 7 de agosto del 2008 al 7 de agosto del 2009, con los reajuste[s] anuales de
ley, por los motivos esbozados anteriormente.

[…] QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las
declaraciones que anteceden. […] (Resaltado original del texto)

v) El 12 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de
segunda instancia,2 en el sentido de confirmar la providencia emitida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar.
vi) El 20 de junio de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

vii) El 29 de julio de 2019, la Secretaría de Educación de Valledupar a través del
Oficio VAL2019ER10651, informó que el señor Gustavo Claro Santiago tiene
vinculación de carácter nacional y que la fuente de financiación de recursos
corresponde a la Nación.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cesar, el 12 de junio de 2019, confirmó la providencia
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, el 29 de septiembre
de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Gustavo Claro Santiago contra la UGPP, con sustento en las
siguientes consideraciones jurídicas:3

2 Folios 154 al 160 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
3 Folios 154 al 160 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

i) El reproche de la entidad demanda, en el recurso de apelación, consiste en que
en el período comprendido entre el 3 de mayo al 21 de junio de 1990 y desde el 3
de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, el señor Claro Santiago tuvo
una vinculación de origen nacional, con independencia de que el acto administrativo
de nombramiento lo hubiese proferido una entidad territorial.
ii) En cuanto a la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, es preciso
señalar que la valoración no se centra en la denominación que se le dé, ni la forma
que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo
de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará
los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; a efecto de
esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de
1913.

iii) En la sentencia de unificación del 21 de junio del 2018,4 el Consejo de Estado
fijo entre otras reglas, aquella según la cual, para demostrar la calidad de docente
territorial se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y
en los que se pueda establecer que la plaza a ocupar tiene la calidad de territorial o
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca del tipo de vinculación.

iv) Por su parte, respecto al requisito de la edad, está demostrado que el docente
nació el 4 de noviembre de 1956 y, que al momento de solicitar el reconocimiento
de una pensión gracia el 28 de octubre de 2010, tenía más de 50 años de edad.

En cuanto al requisito de buena conducta, se acreditó que el actor durante su
desempeño como docente actuó con honradez, consagración e idoneidad, además
no ha sido sancionado disciplinariamente.

v) En lo relacionado con el tiempo de servicio, se acreditó que el demandante fue
nombrado inicialmente por el alcalde de Aguachica, Cesar, como maestro en la
Vereda de El Limoncito, desde el 1.° de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977,
esto es por 8 meses y 29 días. Posteriormente, fue designado, por el alcalde

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

municipal de Agustín Codazzi, como docente nacionalizado en el Colegio
Nacionalizado Luis Giraldo, desde el 3 de mayo hasta el 21 de junio de 1990, es
decir, 4 meses y 18 días.

Finalmente, fue nombrado como docente nacionalizado en propiedad en el Colegio
Nacionalizado Rafael Salazar del municipio de Gamarra desde el 3 de julio de 1990
hasta el 22 de noviembre de 2016, siendo antes trasladado al Instituto Técnico La
Esperanza, para un total de 26 años, 4 meses y 19 días.

vi) Contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, se observa que el actor en los
períodos del 3 de mayo al 21 de junio de 1990 y desde el 3 de julio de 1990 hasta
el 22 de noviembre de 2016, fue nombrado por los alcaldes municipales de Codazzi
y de Gamarra, Cesar, respectivamente, mediante los Decretos 036 de 1990 y 087
de 1990, lo que quiere decir que la plaza a ocupar era nacionalizada, tal como se
indicó en los actos de nombramiento.

Ahora, si bien en la certificación emitida por la Secretaría de Educación Municipal
se indica que el tipo de vinculación a la docencia en el período reprochado era
nacional, lo cierto es que existen pruebas que demuestran lo contrario. En efecto,
en los actos administrativos de nombramiento y posesión referidos, se indicó
inequívocamente que la plaza a ocupar el demandante era nacionalizada, de
manera que aquel lapso es computable para efectos de reconocer a su favor una
pensión gracia.

En consecuencia, el actor sí acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial
territorial y nacionalizado.

vii) Por lo expuesto, se imponer confirmar la sentencia apelada en cuanto accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y en esa medida, ordenó a la entidad
demandada reconocer y pagar una pensión gracia a favor del actor.

1.2. Las causales de revisión invocadas

5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:

i) El juzgador se apartó de la Ley 114 de 1913, pues desconoció el derecho al debido
proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad
consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 121, 123 inciso 3.° y 124 de la
Constitución Política, así como las Sentencias C-479 de 1998, C-915 de 1999 y C-
954 de 2000, emitidas por la Corte Constitucional, según las cuales los docentes
nacionales no tienen derecho al reconocimiento de una pensión gracia.

ii) El juzgador desconoció que entre el 19 de diciembre de 1968 y el 12 de agosto
de 1993, los recursos del situado fiscal no dejaron de ser recursos de la Nación, por
tratarse de una distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación ( ICN) hacia los
Fondos Educativos Regionales (FER).

iii) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia al señor Gustavo
Claro Santiago, cuando no cumplía con los requisitos para ello, específicamente,
los 20 años de servicio como docente del orden departamental, municipal o
nacionalizado.

Así, se acreditó por un lado, que los tiempos laborados por el demandado desde el
de 1.° de marzo al 30 de noviembre de 1977, fueron financiados con recursos del
situado fiscal perteneciente a la Nación; por el otro, de conformidad con el certificado
de historia laboral, expedido el 22 de julio de 2019, el período comprendido entre el
3 de julio de 1990 y el 22 de julio de 2019, estuvo vinculado como docente nacional.

iv) Debe recordarse que los fondos educativos regionales administraban la
educación con los recursos de la Nación, por lo que el acto administrativo de
nombramiento, correspondía, en realidad, a una vinculación de docente oficial de
carácter nacional.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

v) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, se reconoció una prestación sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Gustavo Claro Santiago, por intermedio de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:5

i) El demandado se desempeñó como docente municipal porque de acuerdo con lo
probado en el expediente fue nombrado por la entidad territorial Vereda El
Limoncito, esto es, mediante el Decreto 026 de 1977 y laboró en el municipio de
Aguachica, Cesar desde el 1.° de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977.
Posteriormente, entre el 3 de mayo de 1990 y el 21 de junio de 1990, prestó sus
servicios en el Colegio Nacionalizado Luis Giraldo.

ii) En ese orden, el señor Claro Santiago cumple con el requisito contenido en el
literal a), numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, comoquiera que su
vinculación en la docencia oficial se realizó con anterioridad al 31 de diciembre de
1980. Así mismo, demostró 20 años de servicio como docente nacionalizado en el
sector oficial y 50 años de edad.

En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia,
tal como lo ordenó el Tribunal Administrativo del Cesar, en observancia a la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, emitida por el Consejo de Estado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Asimismo, atendiendo

5 Memorial allegado por correo electrónico visible a índice 10 de la plataforma SAMAI.
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.7
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».8

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está
legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna
la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 20 de junio de 20199
y la acción especial de revisión se interpuso el 3 de septiembre de 2019,10 por lo
que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también
reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
9 Consta en el expediente digital del proceso ordinario, certificación emitida por el Tribunal

Administrativo del Cesar, a través de la cual señala que el término de ejecutoria de la sentencia
objeto de revisión finalizó el 20 de junio de 2019. Índice 12 visible en la plataforma SAMAI.
10 Folio 14 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 12
de junio de 2019, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a
la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».15

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).

12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

2.4.3. De la pensión gracia

La pensión gracia es una prestación otorgada a los docentes mediante la Ley 114
de 1913, como un reconocimiento por su capacidad y esfuerzo en la educación
territorial, luego de haber prestado sus servicios en primaria por un lapso no menor
de 20 años, haber cumplido 50 años de edad, tener una conducta intachable y no
recibir emolumento alguno del erario. Este mismo beneficio se extendió con la Ley
116 de 1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública.

Más adelante, con la expedición de la Ley 37 de 1933 (artículo 3º) el reconocimiento
de esta pensión se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de
servicios en establecimientos de enseñanza secundaria. La jurisprudencia de esta
corporación ha precisado que a. es una prestación con cargo al tesoro, pagada por
Cajanal; b. no requiere de aportes a ningún fondo pensional para su reconocimiento;
c. es compatible con otras prestaciones no nacionales; d. ya no requiere que los 20
años de servicios se hayan prestado de manera exclusiva en educación básica
primaria; e. el beneficiario debe tener como mínimo 50 años de edad y 20 de
servicios; y f. haber observado durante toda su vida al servicio de la educación oficial
una conducta irreprochable.

En torno a su reconocimiento, esta pensión no se rige por las disposiciones
previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera que la pensión gracia no es
una prestación ordinaria, sino de rango excepcional; razón por la cual el legislador
la excluyó de esta reglamentación y así se encuentra consignado en la primera de
dichas leyes, cuyo texto, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajen en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]

13

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

Posteriormente, la Ley 91 de 1989,16 dispuso en sus artículos 1.° y 15, lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial,
a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
10 de la Ley 43 de 1975.

Artículo 15º. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones: […]

2.- Pensiones:

1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

El artículo 15 ibidem fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado17
que fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia, a saber:

[D]entro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían

16 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 del 26 de agosto

de 1997.

14

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley [...].

De la misma manera, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, previó las siguientes pautas jurisprudenciales:18

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en
la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se
incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de junio de 2018,

radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14) SUJ-SII-11-2018.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original).

Finalmente, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
2022, la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:19

[…] Primero. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral
2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de
jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.

Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la
presente sentencia de unificación es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de
los asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan
inmodificables. […]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-030-CE-S2-2021, del 11 de agosto de 2022, radicado: 15001-23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

16

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando
«el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario
que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión20 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»

Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados
por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de
providencias judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido
toda una doctrina alrededor de las conocidas como causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,21 que, de
encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se vulneró el derecho en
comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez incurre en graves
falencias22 que hacen la decisión incompatible con la Carta Política. Entonces, es

20 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
21 Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.o 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
22 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de
2015.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración de esta
garantía en una sentencia.

Esta Subsección observa que la inconformidad de la entidad recurrente consiste en
que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 12 de junio de 2019,
desconoció el ordenamiento jurídico que rige la materia e igualmente, las
Sentencias C-479 de 1998, C-915 de 1999 y C-954 de 2000, emitidas por la Corte
Constitucional, según las cuales los docentes nacionales no tienen derecho al
reconocimiento de una pensión gracia.

Lo anterior, con fundamento en que, afirma, el demandado no cumple con el
requisito de 20 años de servicio en establecimientos del orden departamental,
municipal o distrital, porque se acreditó por un lado, que los tiempos laborados
desde el de 1.° de marzo al 30 de noviembre de 1977, fueron financiados con
recursos del situado fiscal perteneciente a la Nación; y por el otro, de conformidad
con el certificado de historia laboral, expedido el 22 de julio de 2019, el período
comprendido entre el 3 de julio de 1990 y el «22 de julio de 2019»,23 estuvo
vinculado como docente nacional.

Así mismo, manifiesta que los fondos educativos regionales administraban la
educación con los recursos de la Nación, por lo que el acto administrativo que
nombra al docente, correspondía en realidad a una vinculación de docente oficial
de carácter nacional. En consecuencia, señala, el fallador no debió reconocer a su
favor la pensión gracia.

Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite,
esta Subsección encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de
revisión, con base en las siguientes razones:

En primer lugar, esta Subsección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre
el particular, y ha declarado infundada la acción, pues, como en este caso, ha

23
La Sala precisa que conforme con la certificación emitida por la Secretaría de Educación
Valledupar, el 22 de noviembre de 2016, el período corresponde desde el 3 de julio de 1990 hasta
el 22 de noviembre de 2016, y no como lo advierte la entidad recurrente entre el 3 de julio de 1990
y el 22 de julio de 2019. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma
SAMAI.

18

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

entendido que lo que persigue la UGPP, en sede de revisión, es controvertir la aptitud
legal del accionado para ser acreedor de la pensión gracia.

Ahora, en la sentencia del 27 de enero de 2022,24 sostuvo que pese a que la entidad
recurrente en esa oportunidad cuestionaba que la entonces demandada no tenía
derecho a la pensión gracia ya que, en su concepto, la prestación fue otorgada sin
el cumplimiento de los 20 años de servicio que prevé la normativa que rige la
prestación, esta Subsección procedió a efectuar el estudio correspondiente de cara
a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Así las cosas, en atención a ello, con todo, teniendo en cuenta que el Tribunal del
Cesar, del 12 de junio de 2019, confirmó la providencia emitida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar, el 29 de septiembre de 2017, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, la Sala observa que el
tribunal, respecto al tiempo de servicio del demandado, encontró lo siguiente:

Sostuvo que el señor Claro Santiago acreditó más de 20 años como docente
territorial y nacionalizado, con el fin de acceder al reconocimiento de una pensión
gracia de jubilación, comoquiera que a. desde el 1.° de marzo hasta el 30 de
noviembre de 1977 (8 meses y 29 días) estuvo vinculado como docente territorial
en la Vereda El Limoncito, en el municipio de Aguachica, Cesar; b. pese a la
certificación emitida por la Secretaría de Educación de Valledupar, en la que se
señala que para los períodos comprendidos entre el 3 de mayo y el 21 de junio de
1990 y desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, se desempeñó
como docente nacional; lo cierto es que fue nombrado mediante los Decretos 036
de 1990;25 y 087 de 1990,26 expedidos por los alcaldes municipales de Codazi,
Cesar y Gamarra, Cesar, respectivamente.

Pues bien, esta Subsección respecto al primer tiempo de servicio reprochado, esto
es, del 1.° de marzo al 30 de noviembre de 1977 (8 meses y 29 días), de

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 27 de enero de 2022, radicado 110010325000201500816 00 (2987-2015).
25
Para ocupar el cargo de docente de secundario del Colegio Nacionalizado Luis Giraldo.
26
Para ocupar el empleo de docente del Colegio Nacionalizado Rafael Salazar de Gamarra.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso ordinario
allegado, se observa lo siguiente:

El 30 de julio de 1977, ante el alcalde municipal de Aguachica, Cesar, el señor
Gustavo Claro Santiago tomó posesión del cargo de «maestro de la Vereda
Limoncito», con efectos a partir del 1.° de marzo de 1977, como consecuencia del
nombramiento realizado por el referido alcalde a través del Decreto 026 de 1977.27

Por su parte, la jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Físicos de la Alcaldía
Municipal de Aguachica, Cesar, certificó que el señor Claro Santiago, laboró para
aquel municipio «desempeñando el cargo de [m]aestro de la Vereda Limoncito,
Desde el 01 de Marzo de 1977 hasta el 30 de Noviembre del mismo año».28

Posteriormente, el 17 de agosto de 2012, la Secretaría de Educación de Valledupar,
emitió el Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, en los
siguientes términos:29

27
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.
28
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.
29
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.

20

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

El tribunal al valorar el material probatorio reseñado concluyó que lapso entre el 1.°
de marzo y el 30 de noviembre de 1977, resultaba computable para efectos del
reconocimiento prestacional, por cuanto la vinculación del hoy demandado fue en el
orden territorial.

21

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

La Sala insiste que el reproche de la entidad recurrente está orientado
exclusivamente a señalar que el período en estudio fue financiado con recursos del
situado fiscal perteneciente a la Nación.

Sobre el particular, se precisa que en la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, citada expresamente por el tribunal, se concluyó que lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si
se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.30

Respecto al período comprendido entre el 3 de mayo al 21 de junio de 1990, la
entidad recurrente no realiza reproche alguno, de manera que no corresponde a la
Sala, en esta instancia, pronunciarse al respecto.

Finalmente, frente al tiempo de servicio reprochado, comprendido entre el 3 de julio
de 1990 al 22 de noviembre de 2016,31 de conformidad con las pruebas que obran
en el expediente del proceso ordinario allegado, se observa lo siguiente:

El 22 de junio de 1990, el alcalde de Gamarra, Cesar expidió el Decreto 087, a
través del cual nombró al demandado, en los siguientes términos:32

ALCALDÍA
Decreto Número No. 087.

POR EL CUAL SE NOMBRA DOCENTES EN PROPIEDAD A UN DOCENTE DE
SECUNDARIA, COMO RECTOR EN EL COLEGIO NACIONALIZADO: RAFAEL
SALAZAR

30 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
31 La Sala precisa que conforme con la certificación emitida por la Secretaría de Educación
Valledupar, el 22 de noviembre de 2016, el período corresponde desde el 3 de julio de 1990 hasta
el 22 de noviembre de 2016, y no como lo advierte la entidad recurrente entre el 3 de julio de 1990
y el 22 de julio de 2019. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma
SAMAI.
32 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.

22

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

EL ALCALDE MUNICIPAL DE: GAMARRA, en uso de las atribuciones legales
conferidas por el Artículo 9° Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos
Nacionales 2277 de 1979 y 1706 de 1989, y,

C O N S I D E R A N D O:

Que a solicitud de ésta Alcaldía el jefe de la Oficina Seccional de Escalafón, certificó, en
Oficio del 28 de Junio de 1990, señor GUSTAVO CLARO SANTIAGO (sic) reúne los
Requisitos legales para desempeñar el cargo [,] que contra él no cursa proceso
disciplinario y que no está pendiente de Sanción disciplinaria alguna.

Que el delegado permanente de Educación Nacional ante el F.E.R. de VALLEDUPAR
en Oficio de fecha del 27 de Junio de 1990 Certificó (sic):

a). Que existe disponibilidad Presupuestal, b). Que ésta plaza corresponde a una de las
dieciocho (18) plazas Nacionalizadas por la Ley 29/89 para el Municipio de Gamarra.

Que se encuentran reunidos los requisitos legales, para efectuar el nombramiento del
mencionado educador.

D E C R E T A:

Art. 1). Nómbrase en propiedad a GUSTAVO CLARO SANTIAGO, con Cédula de
Ciudadanía No. 18´913.345 Expedida en AGUACHICA, Especialidad: HISTORIA Y
FILOSOFIA, Grado: 8, en el Escalafón, para desempeñar el cargo de RECTOR, en el
Colegio Nacionalizado RAFAEL SALAZAR, que funciona en éste Municipio, en
reemplazo de NESTOR TORRES OLIVERA, a quien por Decreto No.066 de Mayo 7 de
1990, su plaza se liberó con destino en propiedad al programa de Nuclearización
Educativa del Cesar, para el desempeño de Director de Núcleo de Desarrollo Educativo
No. 41 con sede en el Colegio Rafael Salazar de Gamarra y que con éste Decreto se
ratificó tal designación, para el cual fue asignado mediante Acuerdo No. 00053 de Mayo
20/88 de la Junta Administradora del F.E.R Valledupar, para el desempeño de las
funciones en propiedad y de manera ejecutiva.

Art. 2). La persona nombrada tomará posesión del empleo en éste Despacho,
acreditando previamente los requisitos legales, afiliándose al Instituto de los Seguros
Sociales y adjuntando certificaciones expedidas por el Delegado Permanente del
Ministerio Nacional ante el F.E.R, en que conste que no tiene vinculación con los
programas que cancela el Fondo Educativo Regional: Por el Tesorero del Departamento,
donde se indique que tampoco tiene vinculación con esa entidad, y por la Alcaldía de
éste Municipio.

Art. 3). La asignación mensual será un 30% de acuerdo a lo establecido, por el Decreto
Nro.74 de Enero 4/90, Artículo 18, Literal a.

PARAGRAFO: Novedad fiscal con fecha de Posesión: JULIO 3/90 e iniciación de
Labores JULIO 3/90.

Art. 4). Para los fines legales pertinentes, envíese dos copias del presente al delegado
permanente del Ministerio de Educación ante el F.E.R., junto con dos copias

23

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

autenticadas del Acta de Posesión, fotocopia autenticada de la Cédula de Ciudadanía y
constancia de Escalafón.

Art. 5). Ordénese la apertura de una carpeta que contenga los descuentos y hoja de vida
del educador, con la tarjeta de servicio.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Gamarra, Departamento del Cesar, a los Veintidós (22) días del mes de Junio de
Mil novecientos noventa (1990).

Alcalde Municipal
Secretaria (sic)

El 6 de julio de 1990, ante la Alcaldía de Gamarra, el señor Gustavo Claro Santiago
tomó posesión del cargo de rector del Colegio Nacionalizado Rafael Salazar,
conforme consta en el acta 18.33

Por otra parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el 9 de
agosto de 2012 expidió certificación de historia laboral, en la que indicó lo
siguiente:34

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Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)
Demandante: UGPP

Finalmente, el 22 de noviembre de 2016, la Secretaría de Educación del Valledupar,
Cesar, certificó lo siguiente:35

La entidad recurrente manifiesta que de conformidad con el certificado de historia
laboral, expedido el 22 de julio de 2019, en el período comprendido entre el 3 de

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Demandante: UGPP

julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2016,36 el demandando estuvo vinculado
como docente nacional, sin embargo, esta Subsección advierte que aquel
documento fue expedido con posterioridad a la sentencia objeto de revisión en esta
oportunidad de fecha 12 de junio de 2019.

En todo caso, sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cesar luego de
valorar la certificación emitida por la Secretaría de Educación de Valledupar, el 22
de noviembre de 2016, a través de la cual se catalogó la vinculación del demandado
como nacional, concluyó que el origen de la plaza ocupada por aquel era de
carácter nacionalizada, tal como se demostraba en el acto de nombramiento,
Decreto 087 de 1990, y en las disposiciones legales invocadas en él como
fundamento para su expedición. Así lo expresó:37

En ese orden de ideas, si bien en la certificación emitida por la Secretaría de Educación
Municipal a folio 174, se indica que el tipo de vinculación a la docencia en el período
referenciado era Nacional, lo cierto es que en el presente asunto existen otras pruebas
que demuestran lo contrario, tales como los actos administrativos de nombramiento y
posesión, expedidos por los Alcaldes Municipales de Codazzi y de Gamarra antes
citados, en donde se indicó inequívocamente, que la plaza a ocupar por el docente oficial
demandante, era de tipo nacionalizado, lo que quiere decir, según la sentencia de
unificación antes transcrita, que en el período del 3 de mayo al 21 de junio de 1990 y del
3 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, el señor GUSTAVO CLARO
SANTIAGO tuvo un tipo de vinculación Nacionalizado, pudiéndose tener en cuenta para
el reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

Esta Subsección halla la razón al Tribunal Administrativo del Cesar al acoger los
lineamientos fijados en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 (que
expresamente trajo a colación),38 según la cual lo importante de la prueba del tiempo
de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé en un certificado,
ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que se ofrezcan
alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa

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La Sala precisa que conforme con la certificación emitida por la Secretaría de Educación
Valledupar, el 22 de noviembre de 2016, el período corresponde desde el 3 de julio de 1990 hasta
el 22 de noviembre de 2016, y no como lo advierte la entidad recurrente entre el 3 de julio de 1990
y el 22 de julio de 2019. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma
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38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de

unificación CE-SUJ2-011-18, del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-
01(3805-14)

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Demandante: UGPP

a la que prestará los servicios, su naturaleza, la fecha de expedición que determina
a su vez los extremos temporales, entre otros, a efecto de esclarecer el
cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913, en los
términos analizados por el tribunal. Al respecto, se resalta que en el acto de
nombramiento se indicó textualmente que la designación del demandante se hacía
para ocupar «una de las dieciocho (18) plazas Nacionalizadas por la Ley 29/89
para el Municipio de Gamarra», por ende, se ratifica que la vinculación del actor era
de carácter nacionalizado, conforme lo concluyó el tribunal.

Bajo este panorama, se advierte que, contrario a lo afirmado por la UGPP, el tribunal
no vulneró el ordenamiento jurídico superior al confirmar la sentencia emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda, esto es, ordenar el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a favor del señor Gustavo Claro Santiago, pues se demostró, que
sumó más de 20 años de servicio como docente territorial y nacionalizado,
computables para efectos de colmar el requisito de tiempo exigido para acceder al
reconocimiento y pago de aquella prestación.

En otras palabras, la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del
Cesar en relación al material probatorio allegado en el proceso ordinario es
razonable, comoquiera que es acorde con la jurisprudencia de esta corporación
vigente para la fecha de expedición de la providencia del 12 de junio de 2019, en
especial con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, previamente citada.

Por otro lado, es menester recordar que el Consejo de Estado en diferentes
providencias39 expedidas con anterioridad a la fecha en que se profirió el fallo objeto
de revisión, sostuvo que tendrán derecho a la pensión gracia los docentes oficiales
que tengan una vinculación de carácter territorial o nacionalizada, criterio que
posteriormente se unificó en sentencia del 21 de junio de 2018, dentro de la cual se

39 Ver entre otras, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2006, radicado:

25000-23-25-000-2002-05760-01 (6024-05). Actor: Segundo Tiberio Piñeros Alfonso; Subsección
A, sentencia de 28 de enero de 2010, radicación 08001-23-31-000-2004-01341-01 (0232-08);
Subsección b, sentencia de 28 de junio de 2012, N:I: (0209-12); sentencia de 20 de septiembre de
2001, expediente 0095-01; Subsección A, sentencia de 4 de febrero de 2010, rad. 70001-23-31-000-
2004-00019-01 (1044-09).

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precisó que para probar la calidad de docente se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo o una certificación que, de manera
inequívoca, lo evidencie.

En tal sentido, en criterio de la Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
consonancia con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo
contencioso administrativo, para la fecha de su expedición; razón por la cual
debe mantenerse incólume, por ser una situación consolidada que goza de los
efectos de cosa juzgada.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.40

Por su parte, en relación con la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, invocada por la entidad recurrente, esta Subsección ha precisado
que la causal b) del artículo 20 ejusdem, por un lado, parte del supuesto de que el
beneficiario de la prestación (o de la pensión reconocida) reúne los requisitos
exigidos para ser acreedor del derecho; y, por otro, que lo que con ella se busca es
verificar si existe o no un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho
concedido mediante sentencia judicial. En otras palabras, bajo esta causal, no es
posible controvertir la aptitud legal del accionado para adquirir el derecho pensional,
como ahora pretende la UGPP.41

En ese orden, la Sala encuentra que no se configura la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la UGPP no

40 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
41 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado 110010325000201500816 00 (2987-
2015); y Subsección B, sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 20180074800 (2720-2018).

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Demandante: UGPP

cuestiona el valor reconocido en favor del docente Gustavo Claro Santiago sino la
prestación en sí, lo que difiere de la naturaleza de aquella causal.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó
el reconocimiento de una pensión gracia con cargo al erario, la Sala se abstendrá
de condenar en costas a la entidad demandante.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la
presente acción de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se
acreditó la configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar, del 12 de junio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

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Demandante: UGPP

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20 001 33 33 003 2014 00277 01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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