Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03022-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03022-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03022-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03022-00 (4849)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Edwin Germán Torres Acosta
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Sustitución de la pensión gracia. Monto
que sirve de base para calcular la prestación. Ausencia
demostración de causal alegada. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta1 por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP) contra la sentencia del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado2, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a y b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
ANTECEDENTES
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Aura Nelly Bastidas de González nació el 25 de noviembre de 1942
y laboró en el Departamento de Nariño en dos periodos: del 3 de enero de 1962 al
10 de noviembre de 1965, y del 10 de octubre de 1973 al 20 de septiembre de 2002;
ocupando como último cargo el de docente en el municipio de Barbacoas, Nariño.
Que, luego de alcanzar el estatus pensional al cumplir 50 años, el 25 de noviembre
de 1992, y mediante Resolución 30023 del 2 de julio de 1993, la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL E.I.C.E.) le reconoció una pensión gracia conforme a la
Ley 114 de 1913, condicionada inicialmente al retiro del servicio. Sin embargo, esta
condición fue eliminada por Resolución 045663 del 20 de diciembre de 1993, al no
1 La presentación de la acción se efectuó el 2 de junio de 2022, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó parcialmente la sentencia proferida el 9 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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aplicarse en su caso por tratarse del sector docente.
Que su renuncia fue aceptada a partir del 1.° de septiembre de 2002, y
posteriormente su pensión gracia fue reliquidada por CAJANAL mediante
Resolución 0026980 del 31 de diciembre de 2003, ajustando la mesada a
$1.526.531,71 a partir del 21 de septiembre de 2002, con inclusión de factores
salariales como la asignación básica y sobresueldo.
Que el 15 de febrero de 2006 el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Juan
de Pasto en sede tutela ordenó tener en cuenta factores adicionales como el
sobresueldo y la bonificación del 8% por laborar en zona de orden público. En
cumplimiento de dicho fallo, la pensión fue nuevamente reliquidada por Resolución
24387 del 23 de mayo de 2006, elevando la cuantía en $164.454,26 efectiva desde
el 25 de noviembre de 1992.
Que con ocasión del deceso de la señora Bastidas de González el 20 de junio de
2016, el señor Edwin Germán Torres Acosta, el 24 de octubre de 2016 acudió ante
la UGPP con el propósito de obtener la sustitución de la pensión gracia que aquella
devengó en vida, solicitud que fue negada por medio de las Resoluciones RDP 6760
de 23 de febrero y 15596 de 18 de abril, ambas de 2017, por no comprobarse la
convivencia entre el solicitante y la causante.
Que el señor Torres Acosta, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentó demanda solicitando la nulidad de los actos administrativos
antes enunciados, con el fin de que se ordenara reconocer y liquidar la «pensión de
sobrevivientes» (sic) en el equivalente al 100% desde el día siguiente al
fallecimiento de la causante.
Que el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 9 de octubre de
2019, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la
UGPP reconocer, liquidar y pagar al señor Torres Acosta la prestación solicitada,
correspondiente al 75% del promedio salarial del último año de servicios de la
causante, con efectos retroactivos a partir del 20 de junio de 2016. Para ello, el
Tribunal determinó que la base de liquidación de la pensión gracia a sustituir debía
ajustarse a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 1 de la Ley
62 de 1985.
Que la UGPP interpuso recurso de apelación al considerar que no se demostró la
convivencia entre el señor Torres Acosta y la señora Bastidas Citelly durante los
cinco años anteriores al fallecimiento de la causante, de acuerdo con el informe
investigativo No. 298 del 30 de septiembre de 2016. En consecuencia, no se
cumplirían los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Asimismo, señaló que no era procedente la condena en costas,
dado que no se evidenció una actuación temeraria o abusiva que generara un
desgaste para la administración de justicia.
Que el Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, confirmó parcialmente dicha decisión mediante providencia del 9
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de septiembre de 2021, y negó la solicitud de revocar integralmente la sentencia de
primera instancia, incluida la condena en costas. Esta decisión quedó ejecutoriada
el 29 de noviembre del mismo año.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 9 de septiembre de 2021, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia,
al reconocer que el señor Edwin Germán Torres Acosta tenía derecho a reclamar
ante la UGPP, en su calidad de cónyuge supérstite, la sustitución de la pensión
gracia que percibía en vida la señora Aura Nelly Bastidas de González. Sin
embargo, revocó la condena en costas impuesta a la entidad accionada.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Si bien es cierto que la normativa relacionada con la pensión gracia no regula
específicamente la sustitución de dicha prestación, también lo es que nada impide
que se apliquen las disposiciones legales correspondientes a las pensiones
ordinarias, dado que el objetivo es el mismo y no se observa una prohibición expresa
para ello, ni se contempla en la ley una causal de cese o pérdida de esta prestación
por el fallecimiento del docente beneficiario.
Que dado que la causante, al momento de su deceso, estaba vinculada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el análisis del derecho del actor
a la sustitución de la pensión debe basarse en los requisitos establecidos por la Ley
71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989.
Que de las pruebas aportadas en el expediente se desprende que el actor cumplió
con el requisito de convivencia, ya que las declaraciones recabadas demuestran
que, además de ser el legítimo esposo de la pensionada, la acompañó, apoyó y
cuidó durante su convivencia como pareja hasta el momento de su fallecimiento.
Que las declaraciones de los señores Magdalena Evita Acosta de Bastidas y Carlos
Hugo Bastidas Citelly corroboran que la causante mantuvo una relación estable con
el actor, quien fue su apoyo emocional, físico y económico, especialmente durante
su enfermedad, y que en ningún momento se separaron.
Que al encontrarse acreditada la convivencia de los esposos por más de 10 años
antes de la muerte de la causante, está desvirtuado el argumento de apelación de
la entidad accionada referente a que no se encontraba probada esa situación.
Que, en consecuencia, el análisis probatorio realizado por el a quo obedeció a una
adecuada valoración de los elementos fácticos y jurídicos que le fueron puestos de
presente, por lo que, en ese aspecto, había lugar a confirmar su decisión.
Por último, que el Tribunal aplicó de manera estricta lo dispuesto en el artículo 365
del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la remisión expresa del artículo
188 del CPACA, imponiendo la condena en costas a la parte vencida, sin analizar
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si existía temeridad o mala fe en la conducta de la parte demandada, y la decisión
se adoptó únicamente porque la norma en cuestión establece de forma imperativa
esa condena. Por lo tanto, al no haberse demostrado temeridad ni mala fe, se revocó
la condena en costas.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación, con base en los siguientes
argumentos:
Que el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B se aparta de lo establecido en el
ordenamiento jurídico, toda vez que la reliquidación de la pensión gracia no se debe
efectuar al retiro, sino al momento en que se adquiere el estatus de pensionado.
Luego la liquidación debió efectuarse con el 75% del salario promedio del año
anterior al cumplimiento de dicha exigencia, sin que sea impedimento que
permanezca en el servicio de la docencia oficial.
Que el juzgador reconoció la pensión de sobrevivientes al señor Edwin Germán
Torres Acosta con fundamento en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario
1160 de 1989, normativa que regula aspectos relacionados con las pensiones
ordinarias de jubilación. Sin embargo, al tratarse en este caso de una pensión gracia
—prestación reconocida a la causante—, dicha normativa no resultaba aplicable
para el reconocimiento de la prestación pretendida.
Que la señora Aura Nelly Bastidas de González falleció el 20 de junio de 2016,
motivo por el cual, independientemente del tipo de prestación, la normatividad
aplicable para el reconocimiento y pago de la pensión a sustituir correspondía a lo
dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley
797 de 2003.
Que, en cuanto a la reliquidación de la pensión con ocasión del retiro definitivo, la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencias de 13
de octubre de 2005 (Exp. 1286-2005) y 19 de octubre de 2017 (Exp. 4284-2015),
ha sostenido que no procede la reliquidación de la pensión gracia con base en los
salarios y factores devengados al momento del retiro definitivo. Lo anterior, por
cuanto dicha prestación fue concebida como una dádiva otorgada por el Estado a
ciertos docentes, sujeta a una normatividad especial. En este sentido, una vez el
docente adquiere el estatus pensional, consolida su derecho, pudiendo continuar
laborando y percibiendo salario, y comienza a disfrutar de la pensión gracia una vez
cumplidos los requisitos legales. Por ello, no resulta procedente considerar factores
salariales posteriores para efectos de reliquidación.
La decisión recurrida no puede permanecer incólume, ya que el erario y los recursos
del Sistema General de Pensiones se ven comprometidos. Al reliquidarse la pensión
gracia incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de
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servicio, se destinan recursos públicos para financiar el pago periódico de una
pensión en términos que no se ajustan a lo establecido por la Ley.
Contestación a la acción especial de revisión
El curador ad litem del demandado solicitó que se desestimaran todas y cada una
de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamentos fácticos y
jurídicos. Señaló que la UGPP, a pesar de haber tenido la oportunidad de
pronunciarse durante el proceso inicial, no abordó la forma de liquidar la pensión
reconocida, y ahora pretende reabrir esa discusión a través del recurso
extraordinario de revisión en este nuevo proceso.
Además, que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la defensa
de la entidad se centró exclusivamente en desvirtuar la calidad de cónyuge,
alegando la falta de prueba sobre la convivencia con la señora Aura Nelly Bastidas
de González, lo que, según la UGPP, implicaba la inexistencia del derecho a la
sustitución pensional. Sin embargo, dicho argumento fue desestimado tanto por el
Tribunal Administrativo de Nariño como por el Consejo de Estado.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no emitió concepto
alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Sala debe decidir si se configuran las causales de revisión alegadas por la UGPP,
es decir, si la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que accedió a las súplicas de la demanda interpuesta por el
señor Edwin Germán Torres Acosta, fue dictada con vulneración del debido proceso
y si la base de liquidación de la pensión gracia a sustituir, ordenada en dicha
sentencia, excede lo establecido por la Ley.
Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) las generalidades de la acción
especial de revisión, ii) las causales de revisión invocadas, y iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones3 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial4 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
de quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»5.
Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira6 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
4 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),
C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
5 Ibidem.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV) .
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03022-00 (4849)
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado7 como la Corte Constitucional8 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
De igual manera, esta Sala ha establecido como criterios para justificar este medio
extraordinario de impugnación, además de las garantías mencionadas, los seis
eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que, de manifestarse, dan
lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Estos últimos han sido aplicados en el análisis de revisión
con el propósito de verificar la existencia de posibles defectos en las actuaciones
judiciales consideradas en sí mismas9, a saber: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución10.
Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de
la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»11. De igual manera, se advierte que se
manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte
del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para
revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV).
8 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
9 Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) y Consejo
de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia del 18
de agosto de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2020-03549-00.
10
11 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 .
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ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
En esa línea, esclarecedores resultan los pronunciamientos efectuados por la Corte
Suprema de Justicia sobre el alcance de esta causal al indicar que le corresponde
al juez ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o
extralimitaciones contenidas en el instrumento usado para reconocer la prestación
periódica. En los siguientes términos lo precisó la sentencia proferida por la Sala
Laboral de dicha Corporación el 25 julio de 2012, rad. 48410:
«Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a
dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la
actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del
erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos
que se ponen en conocimiento del juez.(…)
Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el
que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental,
es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que
no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un
extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales
situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan
tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no
los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo
que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia
no son de poca monta.
Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda
sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso,
cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría
una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política»12.
Regla de juicio probatorio: carga de la prueba y demostración de la causal
invocada
La carga de la prueba ha sido consignada en la legislación colombiana en el artículo
167 del Código General del Proceso de la siguiente manera:
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
12 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia del 25 julio de 2012, rad. 48410, reiterada en decisión
del 13 marzo de 2013, rad. 44157.
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Este postulado general fue definido por el Consejo de Estado en providencia del 26
de mayo de 201013, que adoptó la siguiente definición:
«[La carga de la prueba] [e]s una noción procesal que consiste en una regla de
juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los
hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman
aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar
cuando no aparezcan probados tales hechos».
Por su parte la Corte Constitucional, en Sentencia C-123 del 18 de febrero de
201414, estableció que «no debe perderse de vista que este principio, ante todo es
una carga procesal, cuya inobservancia genera una desestimación de las
pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales ».
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
En lo que al objeto del litigio respecta, el principal argumento de la parte actora para
solicitar la revisión radica en que la providencia incurrió en una indebida aplicación
de la normativa y jurisprudencia vigente. Aduce que el fallador tomó como base para
reconocer la sustitución pensional el promedio de la totalidad de lo devengado
durante el último año de servicios de la causante, cuando en realidad correspondía
aplicar el 75 % del promedio de lo percibido en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional. Como consecuencia de ello, se reconoció
arbitrariamente un derecho no previsto en la Ley, con lo cual se vulneró el debido
proceso y a su vez, configuró un incremento desproporcionado en la mesada
pensional del demandado, comprometiendo así la sostenibilidad financiera del
régimen general de pensiones.
Atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala se ocupará de
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la
prestación periódica reliquidada con violación al debido proceso, se encuentra
debidamente fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en
caso negativo, se examinará si la segunda causal invocada frente al reconocimiento
excesivo de la pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta procedente
ordenar la reducción de su monto según la solicitud efectuada en la acción.
Como se expuso, la UGPP sustenta la vulneración del debido proceso en la
incorrecta aplicación del periodo base empleado por el juez de conocimiento en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al momento de indicar cómo
debía efectuarse la liquidación de la prestación reconocida al señor Edwin Germán
Torres Acosta. Alega que el fallador tomó como base un periodo que no era el
jurídicamente procedente, lo cual derivó en un reconocimiento pensional irregular y,
por ende, en un menoscabo de los recursos públicos destinados a la financiación
13
Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio.
14 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, cuya administración
compete a la Nación.
No obstante, los argumentos expuestos en la acción no aportan elementos de juicio
suficientes que permitan concluir que el fallador incurrió en un error que comprometa
las garantías propias del debido proceso. Tampoco se plantea circunstancia alguna
que permita advertir una vulneración al derecho fundamental de defensa —
intrínsecamente relacionado con los principios de celeridad, transparencia e
imparcialidad— ni se evidencia irregularidad procesal alguna que justifique la
procedencia de la acción de revisión con fundamento en la causal contemplada en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ahora bien, como se indicó previamente, aunque en diversas oportunidades se ha
considerado que deben tenerse en cuenta otros aspectos que la Corte
Constitucional ha integrado al ámbito del debido proceso —en particular, las
denominadas causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales—, lo cierto es que, en este caso concreto, la forma en la que
se efectuó la liquidación de la pretensión sustituida no fue realizada por el Consejo
de Estado en segunda instancia, sino por el fallador de primera instancia.
Sobre este punto, es preciso señalar que, si bien el Tribunal Administrativo de
Nariño ordenó declarar la nulidad de los actos demandados que negaron el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor del señor Edwin Germán
Torres Acosta y, en consecuencia, «ORDENA a la UGPP reconocer, liquidar y pagar
de manera vitalicia la pensión de jubilación causada por la señora Aura Nelly
Bastidas Citelly, a su favor, en el equivalente al 75% del promedio mensual de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior al retiro, con
efectos fiscales desde el 20 de junio de 2016», el debate jurídico ante el Consejo de
Estado en segunda instancia no versó sobre la forma en que se reconoció la
sustitución pensional, sino sobre los requisitos necesarios para acceder a ella.
En efecto, esa fue la limitación del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, quien al presentar el recurso expuso los siguientes fundamentos:
«II. MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN LA INCONFORMIDAD CON EL FALLO
ARGUMENTOS LEGALES
Constituye fundamento jurídico del recurso los siguientes:
A. CON RESPECTO AL DERECHO DEL ACTOR
NO DEBEN PROSPERAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, toda vez
que el señor EDWIN GERMÁN TORRES ACOSTA, para ser beneficiario de la
pensión de sobrevivientes requiere cumplir con el requisito del literal a) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 […] el cual establece “el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecimiento
no menos de (5) años continuos con anterioridad a su muerte”, esto de
conformidad con los elementos de juicio obrantes en el expediente, como son
las declaraciones extrajuicio, toda vez que se observan incongruencias respecto
al tiempo de convivencia de la causante con el demandante, toda vez que según
informe investigativo No. Ticket No. 298 del 30 de diciembre de 2016 concluye
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que NO se evidencia CONVIVENCIA como CONYUGES entre el solicitante
señor EDWIN GERMAN TORRES ACOSTA respecto a la causante AURA
NELLY BASTIDAS CITELLY, durante los cinco años anteriores al fallecimiento
del causante de manera constante e interrumpida.
De conformidad con lo anterior no existe certeza sobre la convivencia de la
causante con el demandante durante los cinco (5) años anteriores al
fallecimiento de esta, el señor LÓPEZ PALACIOS no cumple con el requisito
para tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez
que no acreditó el requisito de convivencia durante los cinco últimos años
anteriores al fallecimiento de la causante.
[…]
2. FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS
De manera subsidiaria, y en el evento de confirmar la decisión del AQUO, en
cuanto a reconocer la pensión de sobrevivientes, muy respetuosamente solicito
no condenar en constas a la Entidad que represento.
[…]
En este caso, no se ha hecho uso temerario del recurso judicial, ni está
demostrado que la Administración haya desconocido los deberes que le impone
el artículo 10 del CPACA, razón por la cual debe relevar a la Entidad de la
condena en costas […]»15
En esa línea, y conforme a los parámetros del artículo 328 del Código General del
Proceso (en adelante CGP), la Sección Segunda de esta Corporación, al resolver
el recurso de apelación, se limitó a examinar los asuntos planteados en la apelación,
formulando el problema jurídico en los siguientes términos:
«De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a determinar si al
demandante le asiste o no el derecho a reclamar de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), en su condición de cónyuge supérstite, la sustitución de la
pensión gracia que disfrutaba en vida la señora Aura Nelly Bastidas Citelly; o,
por el contrario, al no demostrar la efectiva convivencia con la causante antes
de su deceso, carece de tal derecho».
En últimas, la Sala concluyó que, al encontrarse acreditada la convivencia de los
esposos por más de diez años antes del fallecimiento de la causante, en los
términos analizados, se desvirtuaba el argumento de la apelación relativo a la falta
de prueba sobre esa situación. Por ello, se confirmó la decisión de primera instancia
en cuanto al reconocimiento de la pensión, y únicamente se revocó lo concerniente
a la condena en costas.
En este marco, el juzgador no puede apartarse del objeto de la controversia ni de
la causa petendi introduciendo elementos fácticos o jurídicos nuevos que no fueron
debatidos en la primera instancia, so pena de desbordar el ámbito de su
competencia.
En efecto, el artículo 320 del CGP establece de forma expresa:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
15 Páginas 232 a 233 del archivo 01CUADERNOPRINCIPAL, índice 00016 del aplicativo SAMAI.
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reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión» [negrillas fuera de texto].
Así las cosas, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una tercera instancia para reabrir discusiones ya resueltas, ni para
corregir errores atribuibles a las partes, cuando estos pudieron evitarse con una
adecuada gestión procesal dentro del proceso ordinario.
En ese sentido, debe recordarse que, tratándose de un recurso excepcional como
el recurso extraordinario de revisión —el cual implica el rompimiento de la cosa
juzgada—, no resulta admisible la ampliación del debate a aspectos que no
pudieron ser controvertidos en el proceso ordinario.
Por tanto, resulta válido concluir que la decisión cuestionada se ajustó al marco
legal, toda vez que el artículo 328 del CGP establece que la competencia del juez
de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos propuestos en la
apelación, los cuales, además, deben guardar congruencia con los fundamentos de
hecho y derechos contenidos en la demanda. En consonancia con esa disposición,
se resolvió el recurso en el caso particular.
En consecuencia, no se configura la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, toda vez que la recurrente pretende reabrir el debate ya
abordado y resuelto en el proceso ordinario, en contravía de los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del citado artículo corresponde
determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente
encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar
si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.
En ese contexto, si bien la UGPP cuestiona la indebida aplicación del Tribunal
Administrativo de Nariño del marco normativo y jurisprudencial aplicable al monto
en que debía reconocerse la sustitución de la pensión gracia —particularmente en
lo relativo al promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional—, dicha inconformidad, en los términos en que fue planteada, no
constituye por sí misma una prueba idónea que demuestre una afectación concreta
y sustancial a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
En esa línea, observa la Sala que la actora en la demanda no indicó siquiera de
forma concisa en cuánto resultó afectado el erario con la decisión cuestionada ni
tampoco aportó dentro del trámite pruebas que permitieran demostrar la
configuración de la afectación patrimonial que supone el incremento de la pensión,
pese a que, como se expuso previamente, la carga de la prueba incumbe a quien
alega los hechos del proceso, salvo que la ley lo releve, situación que no acontece
en el presente caso.
Debe tenerse en cuenta que la entidad demandante no ejerció la más mínima
actividad probatoria para obtener una proyección sobre los pagos que se terminaría
realizando en detrimento del erario público en virtud de fallo judicial o acerca de la
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diferencia que se ha pagado y la que se tendría que pagar teniendo en cuenta el
periodo liquidable que, a su juicio, era el correcto, ya que no desarrolló ninguna
actuación ni elevó en el transcurso de este trámite solicitud de prueba con esos
específicos fines y, por el contrario, guardó silencio cuando esta Corporación
efectuó el decreto de pruebas, lo que refuerza la ineficiencia probatoria de quien
demandó.
Aunado a lo anterior, revisado el expediente, no encuentra la Sala prueba
documental alguna tendiente a acreditar que la entidad previsional dio cumplimiento
a la sentencia enjuiciada, circunstancia que tampoco es relacionada en el acápite
de los hechos de la demanda, por lo cual no es posible verificar si el monto de la
sustitución pensional ordenado por el ad quem con aplicación del 75% del promedio
de lo devengado en el año anterior al retiro resulte desproporcionado y afecte
gravemente la sostenibilidad del sistema pensional.
Llama la atención de la Sala que, al parecer, la parte actora considera implícito el
daño patrimonial alegado por la aplicación de la norma adoptada por el juez de
instancia, que fue ratificada en segunda instancia al no ser un motivo de apelación.
Sin embargo, debe resaltarse que era una carga de la parte actora probar la
configuración de la causal alegada y, por tanto, debía acreditar que la sentencia
controvertida provocó un detrimento patrimonial, es decir, que el monto reconocido
superó el límite legalmente establecido, afectando negativamente la sostenibilidad
del sistema pensional.
Ahora bien, en consideración a la vinculatoriedad del precedente horizontal, se
advierte que en un caso similar, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, al estudiar un caso en el cual la UGPP, con ocasión a una acción
especial de revisión, adujo que el reconocimiento de una pensión sin sujeción al
tope máximo de 20 o 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido
en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 314 de 1994, comportó el reconocimiento de
un derecho que excede lo debido de acuerdo con la ley, concluyó lo siguiente:
«30. En ese entendido, se tiene que si bien la UGPP se encuentra facultada a
través de la acción de revisión para solicitar la revisión de mesadas pensionales
o sumas de dinero reconocidas en cuantía que excede lo debido por la ley y
para ello, debe explicar los razonamientos que fundamentan la causal invocada,
de suerte que, el mero reconocimiento del derecho pensional por vía judicial con
argumentos que a juicio del ente previsional desconocen la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por sí solo no conllevan a la prosperidad de
la acción extraordinaria bajo estudio, pues la causal alegada debe ser probada
y en ese sentido, la entidad previsional no solo tiene la carga procesal de
acreditar que el reconocimiento pensional en los términos ordenados en la
sentencia controvertida afectan la sostenibilidad del sistema financiero por
tratarse de un reconocimiento excesivo, sino también probar que el mismo lo
obtuvo la parte demandada con abuso del derecho.
31. No es labor del juez realizar las operaciones aritméticas tendientes a
demostrar un posible reconocimiento en términos no acordes a derechos,
cuando es obligación de las partes dentro del proceso probar los hechos
que alegan, so pena de soportar una decisión adversa a sus pretensiones,
pues así lo dispuso el artículo 167 del Código General del Proceso,
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máxime cuando en casos como el presente no siempre la reliquidación de
la pensión en cuantía del 75% del salario promedio de lo devengado en el
último año de servicio comporta el reconocimiento de una mesada
pensional que afecta la estabilidad del sistema general de pensiones, por
lo que, el ente accionante debe ir más allá de establecer una mera
controversia fincada en las distintas interpretaciones de las que era objeto
el artículo 36 ibídem.
32. En consecuencia, al no encontrarse acreditado el supuesto de hecho
de la causal que se invoca por parte de la UGPP a quien le correspondía
probar que la reliquidación de la pensión en los términos ordenados por
la sentencia de 5 de septiembre de 2018, comportó una transgresión
inequívoca al sistema financiero de la Ley 100 de 1993 y que el
reconocimiento pensional se haya realizado con abuso del derecho,
considera la Sala que dicho mecanismo extraordinario no está llamado a
prosperar, razón por la cual se declarará infundada»16 (negrillas del Despacho).
Concuerda entonces la Sala con lo expuesto en la medida que la entidad al acudir
al mecanismo de revisión debe ir más allá de la formulación del debate frente la a
la forma en que, a su juicio debía efectuarse el reconocimiento de la sustitución
pensional y, por consiguiente, tiene la obligación de tanto exponer de manera
técnica, rigurosa y fundamentada como de probar los argumentos y hechos por los
cuales se ataca la decisión que se encuentra ejecutoriada y que ha hecho tránsito
a cosa juzgada, esto, en aras de impedir la reapertura de aspectos que fueron
tratados por el juez de instancia y evitar la utilización de este instrumento procesal
para discutir los fundamentos jurídicos de las providencias.
Las razones expuestas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante no probó los
fundamentos de hecho en que basaba sus pretensiones, en aras de sacar avante
su disconformidad, en tales circunstancias por la ausencia de piso argumentativo y
demostrativo deberá declararse infundada la acción especial de revisión.
Condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general en
los procesos de conocimiento de esta jurisdicción es que la sentencia debe
pronunciarse sobre la condena en costas.
No obstante, dado que esta disposición no regula de forma integral todos los
aspectos relacionados con dicha condena, corresponde aplicar de manera
supletoria lo previsto en el CGP, específicamente el artículo 365, cuyo numeral 8.º
establece que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
En este contexto, no procede la imposición de costas, dado que la representación
judicial de la parte demandada estuvo a cargo de un curador ad litem, quien actuó
en calidad de defensor de oficio y de manera gratuita, conforme a lo previsto en el
numeral 7.º del artículo 48 del CGP. Además, no obra en el expediente prueba de
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
11 de noviembre de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-01770-00. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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gastos debidamente justificados en los que este haya incurrido en el ejercicio de la
defensa del representado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, respecto de
la sentencia del nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por
el la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. ABSTENERSE de condenar en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
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