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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01574-00

Fecha
18 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01574-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 8 de febrero de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que modificó la sentencia de primera instancia del 23 de mayo de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. ABSTENERSE de fijar agencias en derecho y gastos procesales en favor del curador ad litem y la Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01574-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01574-00
Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandados: ORLANDO BUENDÍA Y OTROS1
Providencia objeto SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 8 DE
de revisión: FEBRERO DE 2021 DE LA SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO,
DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA 25000-23-26-000-2011-00527-01

Temas: Causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo2, por violación de los principios de congruencia
y justicia rogada, en tanto se reconocieron medidas resarcitorias no pecuniarias no
solicitadas en la demanda; y debido proceso, por no compartir el régimen de
responsabilidad objetivo que se aplicó en la sentencia cuestionada.

SENTENCIA

1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia del 8 de febrero de 2021, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de control
de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2011-00527-013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Proceso ordinario

2. El 31 de mayo de 2011 los señores Ana Milena Ramírez Marín, César
Buendía Méndez, José Vicente Buendía Méndez, Orlando Buendía Méndez, Nelly
Méndez y José Vicente Buendía, interpusieron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Rama Judicial para que se declarara su responsabilidad por
los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad en el proceso penal
adelantado en contra de César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez, por los
delitos de hurto calificado agravado; fabricación, tráfico y porte de armas o
municiones; y, secuestro simple.

3. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-26-000-2011-00527-00, y terminó con
sentencia del 23 de mayo de 2012, que negó las pretensiones de la demanda, al

1 Ana Milena Ramírez Marín, César Buendía Méndez, José Vicente Buendía Méndez, Orlado Buendía Méndez;

Nelly Méndez y José Vicente Buendía, padres de las víctimas directas. Del proceso de reparación directa
también hizo parte Valeria Ramírez Cárdenas, sin embargo, esta no fue objeto de reconocimiento de la condena
en segunda instancia.
2 En adelante CPACA.
3 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00034.

Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01574-00
Demandante: Nación – Rama Judicial

considerar que la conducta de los demandantes fue determinante para que se
iniciara la investigación penal que concluyó con fallo en el que se les «absolvió
porque faltó trabajo de investigación».

4. La decisión fue apelada por la parte actora y mediante sentencia del 8 de
febrero de 2021 la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado la
modificó, y accedió parcialmente a las pretensiones4, condenando a la Nación –
Rama Judicial, así:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 23 de mayo de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción
propuesta por la Nación – Rama Judicial.

TERCERO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial administrativamente
responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la
privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos César, José Vicente y
Orlando Buendía Méndez, desde el 11 de diciembre de 2006, hasta el 16 de agosto,
18 de septiembre y 26 de septiembre de 2007, respectivamente.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas: (…)

SEXTO: ORDENAR al director ejecutivo de Administración Judicial que, dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el cual
reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al buen
nombre de César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez, en los términos
expuestos en esta providencia.

1.2. Recurso Extraordinario de Revisión

5. La Nación – Rama Judicial5 interpone el recurso extraordinario de revisión
con fundamento en el artículo 250, numeral 5° del CPACA, esto es, «Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación», aduciendo que el fallo del 8 de febrero de 2021 concedió la
reparación de un daño autónomo que la parte no pidió y le ordenó a la Rama Judicial
realizar una obligación de hacer en cabeza del Director Ejecutivo de Administración
Judicial, rompiendo el equilibrio procesal que existía entre las partes. Citó, para el
efecto, las sentencias de tutela T-455 del 25 de agosto de 2016 y de la Sala
Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado del 2 de febrero de 20166.

6. Agrega que se hizo caso omiso a la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 14 de septiembre de 2011, reiterada y ratificada el 28 de agosto de 2014,
porque se presumió el daño sin verificar su procedencia ni justificar la razón para
conceder este tipo de medidas resarcitorias no pecuniarias propias de la reparación

4 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00002, folios 1 a 14.
5 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2024-01775-00. Índice 00002, folios 1 a 14.
6 Consejo de Estado. Expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, CP Alberto Yepes Barreiro, que resolvió un

recurso extraordinario de revisión.

2
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Recurso Extraordinario de Revisión
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Demandante: Nación – Rama Judicial

integral y de las graves violaciones a los derechos humanos, desnaturalizando las
funciones del director ejecutivo.

7. Considera que se acudió al régimen objetivo de responsabilidad, cuando la
jurisprudencia ha señalado que se debe probar que la detención y las condiciones
en que ésta se presentó, fueron ilegales para acreditar que el daño que se alega
tiene el carácter de antijurídico e imputable a la administración, y que no es
suficiente con que un proceso penal termine con sentencia absolutoria para declarar
la responsabilidad patrimonial del Estado.

8. Finalmente, pide revocar la totalidad de la sentencia o, en su defecto, el
numeral sexto, que ordenó al Director Ejecutivo de Administración Judicial
reconocer el daño antijurídico y pedir perdón por la afectación al buen nombre de
César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez.

1.3. Trámite procesal

9. La demanda inicialmente se rechazó en providencia del 29 de abril de 20227,
luego de advertirse que no fue subsanada en debida forma8 según auto inadmisorio
del 5 de abril de 20229. La parte recurrente interpuso recurso de súplica10, el cual se
resolvió de manera favorable en providencia del 8 de septiembre de 202311.

10. El 26 de octubre de 202312 se admitió la demanda y se ordenó notificar a la
parte actora, a la Fiscalía General de la Nación -entidad demandada en el proceso
ordinario-, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Las notificaciones se surtieron el 7 de noviembre de 202313.

11. El 4 de marzo de 202414 se resolvió de manera desfavorable la solicitud de
nulidad propuesta por el Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 415,
entidad que celebró con los demandados contrato de cesión de crédito de los
derechos económicos reconocidos en la sentencia del 8 de febrero de 2021;
decisión confirmada el 15 de octubre de 202416.

12. El 16 de diciembre de 202417 se dictó auto de pruebas y se tuvo como tales
los documentos allegados por las partes.

13. En providencia del 22 de julio de 202518, en virtud de la facultad de
saneamiento prevista en el artículo 207 del CPACA y con el fin de evitar la nulidad
7 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00016.
8 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00010 y 00011.
9 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00005.
10 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00020.
11 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00024.
12 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00032.
13 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00039.
14 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00053.
15 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00043.
16 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00064.
17 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00074.
18 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00085.

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prevista en el numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso, se
ordenó la notificación en debida forma de los señores Orlando Buendía Méndez,
César Buendía Méndez, José Vicente Buendía Méndez, Sara Valentina Buendía
Ramírez, Ana Milena Ramírez Marín, José Vicente Buendía y Nelly Méndez, por
cuanto de la notificación efectuada el 7 de noviembre de 202319 se advirtió que se
efectuó a un correo electrónico que no correspondía a ellos.

14. El 25 de septiembre de 202520 se ordenó el emplazamiento de los
demandados y posteriormente se les designó como curador al abogado Alberto
Rafael Prieto Cely21, con quien se surtió la notificación el 14 de enero de 202622.

15. Se deja constancia que si bien el doctor Oswaldo Giraldo López manifestó
impedimento para conocer de este proceso23, en este momento procesal resulta
inane resolver dicha solicitud, por cuanto ya no ostenta la calidad de consejero de
Estado.

1.4. Intervenciones

16. La Fiscalía General de la Nación24 planteó que en la sentencia objeto de
revisión no se efectuó análisis ni argumentación alguna respecto de la presunta
vulneración y acreditación de los derechos al buen nombre y a la honra. Asimismo,
se sostiene que no se expresó razonamiento jurídico que justificara la adopción de
una orden por fuera de las pretensiones de la demanda o en detrimento del
recurrente.

17. Sostuvo que los perjuicios denominados como «afectación relevante a bienes
o derechos amparados por la Constitución y los tratados internacionales» no pueden
presumirse, como sí se hizo en la sentencia objeto del presente recurso. A su juicio,
el reconocimiento extra petita de tales perjuicios no solo implica el desconocimiento
del principio de congruencia procesal, sino también una vulneración al derecho de
defensa de la Rama Judicial, toda vez que frente a dicho daño no se brindó la
oportunidad de controvertir ni presentar argumentos.

18. Los señores Orlando Buendía Méndez, César Buendía Méndez, José Vicente
Buendía Méndez, Sara Valentina Buendía Ramírez, Ana Milena Ramírez Marín,
José Vicente Buendía y Nelly Méndez, por intermedio de Curador25, manifestaron
que la entidad recurrente no demostró la existencia de un hecho nuevo ni la falsedad
de alguna prueba, como tampoco se alegó la obtención de la sentencia por medios
ilícitos ni se identificó una irregularidad procesal sobreviniente de tal forma que
afecte la validez del fallo; por el contrario se planteó una inconformidad con la forma
en la que el juez de la reparación directa estructuró la imputación de

19 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00039.
20 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00094.
21 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00102.
22 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00109.
23 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00094.
24 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00044.
25 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00112.

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responsabilidad, situación ampliamente debatida y resuelta en la sentencia objeto
de revisión, sin que haya lugar a reabrir el debate.

19. Consideraron que la sentencia objeto de revisión aplicó de manera adecuada
el régimen de daño especial y contrario a lo señalado, de ningún modo existió una
presunción automática de responsabilidad porque se analizaron las circunstancias
del caso, particularmente en la absolución penal y en la imposibilidad del Estado de
desvirtuar la presunción de inocencia, ajustándose a los parámetros
jurisprudenciales. Solicitaron en consecuencia negar las pretensiones.

20. El Ministerio Público26 sostuvo que la posición del Consejo de Estado ha sido
pacífica en cuanto a que, ante la configuración de un daño antijurídico, surge para
el Estado la obligación de reparar. En ese sentido, se invocó jurisprudencia según
la cual, en tales casos, el principio de congruencia procesal se interpreta y aplica
con menor rigor, en virtud de la prevalencia del principio de reparación integral del
daño.

21. Afirmó que, en el presente caso, es facultad oficiosa del juez contencioso
administrativo ordenar tanto la reparación del derecho al buen nombre como la
reparación in natura mediante la solicitud pública de excusas por la privación injusta
de la libertad cuando no se logra desvirtuar la presunción de inocencia. Lo anterior,
con el propósito de garantizar el resarcimiento integral a las víctimas de actuaciones
u omisiones atribuibles al Estado. En consecuencia, solicitó declarar infundado el
recurso.

22. El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 4 se pronunció en el
trámite del recurso27, sin embargo, como no es parte28, no se analizan sus
argumentos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario
de revisión interpuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 24929 y 10730 del
26 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00043.
27 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00051.
28 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00043 y 00064.
29 Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o

subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de
la sección que profirió la decisión. (…)”. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-450 de 2015
30 Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de

decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de
investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados,
uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno.”

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CPACA, así como por la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado,
establecida en el artículo 29 del Acuerdo nro. 80 de 201931.

2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario

24. La sentencia recurrida fue proferida el 8 de febrero de 2021 y notificada
mediante edicto publicado en la página web del Consejo de Estado el 4 de marzo de
202132, quedando ejecutoriada el 11 del mismo mes y año33. La Nación – Rama
Judicial interpuso el recurso extraordinario de revisión oportunamente, esto es, el 10
de marzo de 202234, dentro del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria
de la respectiva sentencia, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
251 del CPACA35.

2.3. Problema jurídico

25. ¿La providencia objeto de revisión incurrió en la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA por desconocimiento de los principios de congruencia,
justicia rogada y debido proceso?

26. Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión; (ii) el alcance de la causal invocada; y (iii) el análisis
del caso concreto.

2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

27. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Su
finalidad es la infirmación de la providencia cuando se considera que resulta contraria
a la justicia y al derecho, con el propósito de que se adopte una nueva decisión
conforme a la ley.

28. El legislador ha establecido de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, con el fin de evitar su uso indebido
como medio de impugnación que implique la apertura de un nuevo debate probatorio
o interpretativo, y de esta manera, impedir que se tramite una tercera instancia. Las
causales de revisión se encuentran enumeradas en el artículo 250 del CPACA, cuyo
texto es el siguiente:

31 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes

asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones
del Consejo de Estado. (…)”.
32 SAMAI; Expediente 25000232600020110052701. Índice 00048.
33 SAMAI; Expediente 25000232600020110052701. Índice 00035. El edicto se fijó entre el 4 y 8 de marzo de

2021, por lo tanto, conforme el artículo 302 del CGP quedo ejecutoriado el 11 de marzo de 2021.
34 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00001.
35 Si bien en providencia del 10 de diciembre de 2024 se resolvió de manera favorable la solicitud radicada por

la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de junio de 2024 de corregir el
nombre del señor “César Buendía Méndez”, la misma no tiene la virtualidad de suspender la ejecutoriedad de
la sentencia, además de que fue presentada y resuelta de manera posterior a la interposición del recurso
extraordinario de revisión. (SAMAI; Expediente 25000232600020110052701. Índice 00034).

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Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal neCésaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

29. Por su parte, el artículo 252 del mismo ordenamiento establece que el recurso
debe interponerse mediante escrito que debe contener: (i) la identificación de las
partes y sus representantes; (ii) el nombre y domicilio del recurrente; (iii) los hechos
u omisiones que le sirven de fundamento; y (iv) la indicación precisa y razonada de
la causal invocada.

30. De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales del recurso
consiste en invocar con precisión la causal que se estima configurada, con una
indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los
cuales deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.

31. Se precisa que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional contra la sentencia que permite el rompimiento del
principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de
la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar
quebrantados por las sentencias injustas.36

32. Según la sentencia del 14 de febrero de 202537, «Dicho recurso, sin embargo,
no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración
probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones
que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión, Sentencias

del 6 de septiembre de 2016, expediente 11001 03 15 000 2013 01998 00. CP Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, CP Milton

Chaves García, Sentencia del 14 de febrero de 2025, RER Expediente 11001 03 15 000 2024 02179 00.

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discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material».

2.5. Alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA

33. La causal exige los siguientes presupuestos: (i) que exista nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso, y (ii) que contra dicha providencia no
proceda recurso de apelación.

34. El legislador no definió los eventos constitutivos de la nulidad originada en la
sentencia38, y por lo tanto ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de
establecer su alcance39, así la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
señalado:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia40, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta41, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando,
sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión42 o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la
ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación43.44

35. También ha aceptado la corporación45 que, una providencia puede resultar
viciada por hechos externos no previstos como causales de nulidad procesal que
pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, desconociendo el artículo 29 de
la Constitución Política46, cuando: (i) se condena a la parte que no fue vinculada al
proceso; (ii) se dicta a pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o

38 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, Expediente

11001-03-15-000-2016-02260-00(REV), CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
39 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239
y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad.
2006-00123.
40 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,

Rad. REV-080”.
41 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.

REV-093”.
42 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-

00170”.
43 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad.

REV-062”.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011.

Expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00, CP. Mauricio Torres Cuervo.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 08 de mayo de 2018,

expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión

Sentencia de 11 de junio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-04329-00, CP Wilson Ramos Girón.

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interrumpido; (iii) no cuenta con el número de votos neCésarios para la aprobación
-en el caso de decisiones de jueces colegiados-; y (iv) no tiene formal ni
materialmente motivación, entre otros. Se trata de vicios procesales que surgen al
momento de la expedición de la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación, situaciones que habilitan la procedencia del
recurso extraordinario de revisión. En tal sentido, la Sala Plena del Consejo de
Estado dijo:

(…) todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de
nulidades originadas en la sentencia, no son taxativos (…) la subregla jurisprudencial,
así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con
mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso. Un criterio a tener
en cuenta para efectos de lo anterior es el cumplimiento o no, de los fines funcionales
del derecho, por parte de la providencia revisada.47

36. Así mismo, en sentencia de 8 de mayo de 201948, sostuvo:

(…) dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de
los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con
la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia,
ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o
negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

37. La Sala Plena de la Corporación en sentencia del 23 de septiembre de 2023,
sintetizó las anteriores interpretaciones así:

En suma, el Consejo de Estado, por vía de interpretación, teniendo en cuenta que no
puede haber nulidad sin texto legal que la consagre, ha dado contenido a la institución
procesal de la «nulidad originada en la sentencia», bajo una perspectiva dual; en
primer lugar, haciendo alusión a los vicios enlistados en el artículo 133 del CGP,
(antes artículo 140 del CPC), que pueden ubicarse al momento de emitirse el fallo o
que si bien pudieron presentarse durante el trámite procesal, en todo caso, no pudo
ser advertida por el recurrente, evento en el cual, al afectado le asiste la carga de
probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad procesal; en segundo lugar,
refiriéndose a algunas situaciones distintas que podrían enmarcarse en el artículo 29
superior, esto es, la invalidez procesal originada en la sentencia por la violación del
derecho al debido proceso, con la misma excepcionalidad propia del recurso
extraordinario, como la señalada en el inciso final de la norma mencionada, esto es,
aquella derivada de la prueba obtenida con violación del derecho al debido
proceso49.50

47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01,

CP Alberto Yepes Barreiro.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 11001-03-26-000-2013-00035-00), CP Marta

Nubia Velásquez Rico.
49 Consejo de Estado, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 6 de marzo de 2018, radicación: 11001-

03-15-000-2012-01027-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 19 de septiembre de 2023,

expediente 11001-03-15-000-2020-03585-00, CP Luis Alberto Álvarez Parra.

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2.6. Caso concreto

38. Alega la entidad recurrente que el fallo del 8 de febrero de 2021 proferido por
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado incurrió en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación». La censura se fundamenta en el desconocimiento de los
principios de congruencia, justicia rogada y debido proceso, que dan lugar a la
nulidad porque:

i) Se reconocieron medidas resarcitorias no pecuniarias, que son propias de la
reparación integral y de la grave violación a los derechos humanos, pretensión que
la parte no pidió en su demanda y de la que no existió prueba, con lo que, a su vez,
se desnaturalizaron las funciones del director ejecutivo.

ii) Se violó el debido proceso, porque no existió prueba de la ilegalidad de la
detención de los demandados, ya que no es suficiente con que un proceso penal
termine con sentencia absolutoria para que se declare la responsabilidad
patrimonial del Estado.

39. Respecto de la congruencia, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado
que puede ser interna, referida a la correspondencia que debe existir entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, o externa, con la que se busca que la decisión
contenida en la parte resolutiva de la providencia sea concordante con lo pedido en
la demanda, su contestación o en el recurso interpuesto. Es importante destacar
que, en caso de existir incongruencia en la providencia, esta debe ser de tal
magnitud que afecte su validez. Sobre la falta de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia, esta Corporación ha afirmado:

(…) La falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de nulidad de
la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado. Es
importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA. (…) [E]l principio de
congruencia se desprende del artículo 281 del CGP y del artículo 29 constitucional,
que consagra el derecho fundamental al debido proceso. (…) En ese sentido, la
incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna completamente
los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso. Por esta razón, no
cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la causal
de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso. (…)51

40. La Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014, analizó la procedencia oficiosa de las medidas no
pecuniarias, dando la posibilidad de ser reconocidas en tanto se encuentren

51Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15000-2019-00119-00.

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acreditadas con el fin de reconocer la dignidad de las víctimas. En la providencia se
dice:

(…) Por el contrario, en repetida jurisprudencia, que aquí se reitera y unifica, se ha
reconocido la posibilidad de declarar la procedencia de medidas de reparación no
pecuniarias en casos de lesión de otros bienes constitucional y convencionalmente
protegidos.

Se trata de reconocer, aún de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes
o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y
cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su
reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias
no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano,
esto es, cónyuge o compañero(a) y los parientes hasta el 1° de consanguinidad o civil,
en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se da lugar a inferir la relación
de parentesco (sic). Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la
civil derivada de la adopción y aquellas denominadas «de crianza».

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de
las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte,
decretará las medidas que considere neCésarias o coherentes con la magnitud de los
hechos probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos). (…)52 (Negrillas de la Sala)

41. La demanda de reparación directa tuvo como pretensión declarativa la
siguiente:

PRIMERO: Declarar que la Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, son patrimonialmente
responsables de los daños y perjuicios inferidos a los demandantes y sus familiares,
por falla en el servicio por la Privación Injusta de la Libertad por el defectuoso
funcionamiento del cual fueron víctima los señores CÉSAR BUENDÍA MÉNDEZ,
JOSÉ VICENTE BUENDÍA MÉNDEZ Y ORLANDO BUENDÍA MÉNDEZ, desde el día
6 de diciembre de 2006 hasta el 16 de agosto, 18 y 26 de septiembre de 2007
respectivamente, como presuntos autores de las conductas punibles de secuestro
extorsivo agravado, hurto calificado y agravado y fabricación tráfico o porte de arma
de fuego de uso personal.

42. Al revisar la sentencia de segunda instancia del 8 de febrero de 2021 se
observa que en efecto se reconocieron unas medidas resarcitorias no pecuniarias,
así:

(…) 27. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará la existencia de un daño derivado de la afectación al derecho a la libertad
y otro de la vulneración del buen nombre. Luego, dado que no se cuenta con la
providencia que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva,
profundizará en las razones anunciadas por las cuales se causó un daño especial.
Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad
posible en estos casos, imputará el daño a la Rama Judicial. Finalmente, liquidará la

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, CP Stella Conto Díaz del Castillo, expediente 23001-23-

31-000-2001-00278-01(28804).

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indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

a) Daño derivado de la afectación del derecho a la libertad

28. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la
libertad de César Buendía Méndez, desde el 11 de diciembre de 2006, hasta el 16 de
agosto de 2007, es decir, por un período de 8 meses y 6 días; de José Vicente
Buendía Méndez, desde el 11 de diciembre de 2006, hasta el 18 de septiembre de
2007, que corresponde a 9 meses y 8 días, y de Orlando Buendía Méndez, desde el
11 de diciembre de 2006, hasta el 26 de septiembre de 2007, es decir, por un período
de 9 meses y 16 días.

29. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa
vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del
poder punitivo del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población,
que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene
conocimiento de la imposición de una medida de aseguramiento de detención
preventiva en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables
indicios de su responsabilidad, y que dicha persona no podía defenderse de los
cargos estando en libertad. Así las cosas, esta Subsección estima que una medida
de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho
a la libertad, conlleva neCésariamente un menoscabo en la reputación de quien la
soporta, como ocurrió en el presente asunto. (…)

40. De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe presentar
la petición de imposición de medida de aseguramiento, es al juez, en este caso de
control de garantías, a quien le corresponde proferir, de manera autónoma e
independiente, la respectiva decisión. En consecuencia, como la determinación de
imponer dicha medida cautelar, de carácter personal, es una función del ámbito de
competencia de un juez de la República, solo a la Rama Judicial le puede ser
imputable el daño generado por la privación injusta de la libertad de los demandantes
principales. (…)

51. Ahora bien, respecto al daño al buen nombre, la Sala encuentra que este se deriva
siempre y neCésariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la
persona tenían los demás53, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por
la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad54. Este asunto,
ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana
que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad55.
De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen
nombre de César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez.

52. Por tal motivo, la Sala ordenará al director ejecutivo de Administración Judicial
que emita un comunicado en el que se disculpe con las víctimas directas por el daño
antijurídico causado y reconozca que se adelantó un proceso penal que implicó la
privación de su libertad, sin que se lograra desvirtuar su presunción de inocencia.
Para tal fin, deberá concertar con César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez si
el documento solamente les será entregado en físico a ellos o si, además, se publicará
en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad. Esta medida deberá
cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. (…)

53 Sentencia C-489 de 2002.
54 Sentencia C-452 de 2016.
55 Sentencia T-977 de 1999.

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43. En la sentencia objeto de análisis se hizo referencia al buen nombre con
fundamento en las decisiones C-489 de 2022 y C-452 de 2016 de la Corte
Constitucional, siendo procedente el reconocimiento de oficio de los perjuicios
inmateriales conforme los parámetros de la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014, en la cual se reiteró el criterio existente en la Sección Tercera de
la Corporación, relativo a la procedencia de la reparación integral en los casos de
privación de la libertad con fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 56.
Se observa así, que la sentencia analizó los tipos de daños que generó la privación
injusta de la libertad de los señores César, José Vicente y Orlando Buendía Méndez,
así como la afectación a la dignidad y al buen nombre y en esa medida precisó de
oficio la adopción de medidas resarcitorias, existiendo una debida motivación al
respecto. Situación que no genera la violación al principio de congruencia.

44. Se precisa que la Corporación en una oportunidad anterior declaró fundado
un recurso extraordinario de revisión en el que la Rama Judicial pidió infirmar la
sentencia que reconoció un perjuicio por afectación al buen nombre, en atención a
que dicha providencia no analizó los presupuestos de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2014 al momento de reconocerlos en favor de la persona que
había sido privada de libertad por condenada en fallo penal, pero que obtuvo la
libertad con motivo del otorgamiento de un beneficio de libertad condicional57. Caso
sustancialmente diferente al que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad.

45. Por otra parte, alega la entidad recurrente que «se condenó a la Rama
Judicial al pago de unos perjuicios con fundamento en una sentencia penal
absolutoria bajo un régimen objetivo de responsabilidad», esto es, se cuestionan las
razones del fallo, mas no se evidencian argumentos que acrediten la existencia de
una irregularidad que se hubiera presentado antes o al momento de dictarse la
decisión de segunda instancia que definió la litis, como la competencia de la Sala
que dictó la providencia, la violación del derecho de audiencia y de defensa, la
motivación, la validez y controversia de las pruebas, entre otras.

46. Se destaca que la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018
precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución
Política ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 ni la sentencia C-037 de 1996-
estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad, por lo tanto, le corresponde al juzgador en cada caso
establecerlo, posición que coincide con el criterio de la Sección Tercera del Consejo
de Estado58.

56 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación 28 de agosto de 2013, CP

Enrique Gil Botero, Expediente 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022); Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 29 de noviembre de 2021, CP Martín Bermúdez Muñoz, expediente 8001-23-31-000-2006-00178-
01(46681).
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 27, sentencia del 1 de

junio de 2002, expediente 11001-03-15-000-2021-05767-00, CP Rocío Araujo Oñate.
58 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, CP Mauricio Fajardo Gómez, 26 de

mayo de 2011, expediente 52001-23-31-000-1999-00567-01(18895). Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, CP Olga Melida Valle De La Hoz (E), 26 de febrero de 2015, expediente 05001-23-31-000-1998-
02662-01(37123).

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47. En consecuencia, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una tercera instancia, por cuanto los motivos expuestos por la actora en
cuanto a este cargo evidencian es un desacuerdo con el fallo de segunda instancia
respecto del régimen de responsabilidad que se aplicó en el sub lite.

48. Acorde con lo que se ha dicho, la decisión tildada de nula no viola los
principios de congruencia, justicia rogada y debido proceso. En consecuencia, se
declarará infundado el presente recurso extraordinario de revisión, porque no se
configuró la causal.

2.7. Costas

49. Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión. Así mismo, conforme con el artículo 306 ibidem, para la
liquidación y ejecución de las costas se remitirá a la norma procesal general.

50. El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-
8 del mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

51. La Sala no fijará agencias en derecho en favor de los señores Ana Milena
Ramírez Marín, César Buendía Méndez, José Vicente Buendía Méndez, Orlando
Buendía Méndez, Nelly Méndez y José Vicente Buendía, quienes estuvieron
representados por curador ad litem, cargo que desempeñó en forma gratuita como
defensor de oficio59 de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del
CGP60; tampoco obra en el expediente prueba de gastos debidamente justificados
en los que este haya incurrido en el ejercicio de la defensa61.

52. Tampoco se fijará agencias en derecho a favor de la Fiscalía General de la
Nación, quien, si bien se pronunció en el trámite del proceso, lo hizo para apoyar
los argumentos de la recurrente, a tal punto que incluso indicó que se vulneró el
derecho de defensa de esta última62, por lo tanto, si bien se vinculó en el trámite del

59 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 19 Especial de Decisión, CE

Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicado 11001-03-15-000-2022-03022-00 (4849), sentencia del 19 de mayo de
2025; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, CE Nubia
Margoth Peña Garzón, radicado 11001-03-15-000-2020-04910-00, sentencia del 28 de octubre de 2024;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, CE Hernando Sánchez
Sánchez, radicado 11001 03 15 000 2016 01224 00, sentencia del 19 de julio de 2021.
60 “La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien

desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación,
salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En
consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones
disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.” Norma
declarada exequible por la Corte Constitucional en las Sentencias C-389 de 2014 y C-083 de 2014.
61 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00108 y 00112.
62 SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2022-01574-00. Índice 00044.

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presente proceso, su actuación no estuvo encaminada a desvirtuar los argumentos
del recurso, no existiendo por lo tanto, fundamento legal alguno que justifique ser
beneficiada con dicho reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 8 de febrero de 2021 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que modificó la sentencia de
primera instancia del 23 de mayo de 2012 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SEGUNDO. ABSTENERSE de fijar agencias en derecho y gastos procesales en
favor del curador ad litem y la Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado
Aclara voto

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado (E)
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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