Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00310-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00310-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00310-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00310-00 (2355-2022)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Manuel Francisco Montes Viloria
Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce prestación
periódica a cargo del tesoro público. Causal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reconocimiento de la pensión gracia con tiempos
prestados como contratista.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
contra la sentencia del 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que modificó y confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería el 18 de septiembre de 2015, que accedió a las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Manuel Francisco Montes Viloria.
ANTECEDENTES
La UGPP interpuso la acción especial de revisión1 establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, para lo cual invocó la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas
«cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
El señor Manuel Francisco Montes Viloria interpuso una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el objetivo de obtener la nulidad de
las Resoluciones UGM 11464 del 30 de septiembre de 2011 y RDP 014822 del 3 de
abril de 2013, las cuales negaron el reconocimiento de la pensión gracia y resolvió de
manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto contra el acto inicial,
respectivamente.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional; ii) el pago de los reajustes de conformidad con la
Ley 71 de 1988 y iii) la indexación de las sumas de dinero adeudadas.
1 La presentación de la acción se efectuó el 13 de mayo de 2022, de acuerdo con el registro que reposa en el índice
1 de la plataforma de Gestión Judicial, SAMAI.
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El Juzgado Tercero Administrativo de Montería, en su sentencia del 18 de septiembre
de 2014, determinó que el señor Manuel Francisco Montes Viloria cumplió con el
tiempo de servicio requerido como docente. En dicha decisión, se declararon nulos los
actos administrativos impugnados y se ordenó el reconocimiento de la pensión gracia
desde el 7 de junio de 2007, calculada con el 75% del salario promedio incluyendo
todos los factores salariales. El juzgado consideró que la vinculación del demandante
como docente mediante contratos de prestación de servicios era válida para el
cómputo del tiempo de servicio, respaldado por los certificados expedidos por la
Secretaría de Educación de Antioquia y Montería, que acreditaban su vinculación
como docente nacionalizado y departamental por 21 años, 1 mes y 12 días.
En desacuerdo con esta decisión, la UGPP presentó recurso de apelación
argumentando que no procedía conceder la pensión gracia al demandante debido a
que su vinculación como docente bajo contratos de prestación de servicios no
constituía una relación laboral con el Estado, y que la liquidación de la pensión debía
ajustarse a la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 22 de marzo de 2017,
modificó y confirmó la decisión de primera instancia. Esta sentencia quedó en firme el
28 de marzo de 2017.
En cumplimiento de la sentencia mencionada, la UGPP expidió la Resolución RDP
03312 del 24 de marzo de 2017, reconociendo la pensión a favor del señor Manuel
Francisco Montes Viloria por un monto de $760.126, efectiva a partir del 7 de junio de
2007.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En providencia del 22 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Córdoba
modificó la decisión de primera instancia en el sentido de que el periodo sobre el cual
debía efectuarse el reconocimiento de la pensión gracia no era el 75% de lo devengado
al momento en el que se adquirió el estatus pensional sino en el año anterior a dicha
época. En lo demás confirmó la decisión y dispuso condenar en costas a la parte
vencida.
Esta decisión se fundamentó en las consideraciones que pasan a exponerse:
Que en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y acogiendo
los criterios establecidos por el máximo órgano de cierre en las sentencias del 8 de
agosto de 2003, radicado núm. 0396-2003 y 24 de agosto de 2000, radicado núm.
1053-2000, deben tomarse en cuenta los tiempos laborados por el docente bajo
contratos para determinar la procedencia del derecho a la pensión gracia pues, bajo
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 no se exige diferenciar entre un
nombramiento y un vínculo contractual.
Que según los tiempos acreditados el señor Manuel Francisco Montes Viloria cumplió
con más de 20 años de servicio como docente territorial y nacionalizado en los
departamentos de Antioquia y Córdoba, respectivamente, desde su primera
vinculación el 19 de junio de 1978.
Que el demandante cumplió con los requisitos adicionales para el reconocimiento
pensional, incluyendo la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, el desempeño
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honrado y dedicado de su empleo, y la edad de 50 años. Por lo tanto, se evidencia la
desvirtuación de la presunción de legalidad que respalda los actos administrativos
impugnados. Por tanto, es evidente que se logró desvirtuar la presunción de legalidad
que recae sobre los actos administrativos demandados.
Que el Decreto 1743 de 1966, que reglamenta la Ley 4ª de 1966, establece en su
artículo 5° que la pensión gracia para docentes debe calcularse con el 75% del
promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicio antes
de adquirir el estatus pensional; cálculo que debe incluir todos los factores salariales
que generen remuneración por la labor realizada y que estén debidamente
acreditados.
Que se deben incluir como factores salariales para el cálculo de la mesada pensional
los ingresos percibidos por el demandante durante el período del 7 de junio de 2006 al
7 de junio de 2007, ya que no hay certificación salarial para el año 2006, por lo que el
juez de primera instancia cometió un error al considerar los ingresos acreditados para
el período 2007-2008.
Que de conformidad con el 188 de CPACA y el artículo 365 del CGP, había lugar a
condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, por cuanto el recurso
impetrado no tuvo vocación de prosperidad y el régimen de condena en costas
obedece a criterios objetivos y no subjetivos.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en la
causal a) del artículo 20 de la citada legislación.
Solicitó: (i) que se revoquen las sentencias proferidas el 18 de septiembre de 2015 y
el 22 de marzo de 2017, por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería y Tribunal
Administrativo de Córdoba, respectivamente; y (ii) que se declare: (a) la nulidad de la
Resolución RDP 033012 del 24 de agosto de 2017, por medio de la cual se dio
cumplimiento a los fallos mencionados; (b) que al señor Manuel Francisco Montes
Viloria no le asiste el derecho a la pensión gracia y (iii) que se ordene reintegrar las
sumas de dinero pagadas de forma indexada por concepto del reconocimiento irregular
de pensión gracia desde la fecha de la exigibilidad de la obligación hasta la fecha de
pago total.
El recurso presentado se basa en una serie de argumentos que cuestionan los
fundamentos legales y jurisprudenciales para el reconocimiento de la pensión gracia
que efectuó el Tribunal Administrativo de Córdoba. En resumen, los razonamientos
expuestos son los siguientes:
Que se cometió un error al otorgar valor probatorio a la certificación de la Secretaría
de Educación Municipal de Los Córdobas considerando estos periodos como tiempos
de servicio computables para la pensión gracia.
Que esa indebida valoración constituye un defecto sustancial que vulnera el debido
proceso en tanto el documento en cuestión no demostraba la existencia del vínculo
laboral; por el contrario, evidenciaba la falta de dicho vínculo durante los periodos del
demandante, especialmente entre el 3 de marzo de 1997 y el 24 de noviembre de
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Que al no poderse tener en cuenta los 4 años y 11 meses que se cumplieron bajo
contrato de prestación de servicios el demandante no cumple con el requisito de los
20 años de servicio necesarios para obtener la pensión gracia, conforme a la normativa
y jurisprudencia aplicable.
Contestación a la acción especial de revisión2
El señor Manuel Francisco Montes Viloria pese a ser notificado en debida forma3 no
contestó la acción de revisión.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no emitió
pronunciamiento.
CONSIDERACIONES
Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada por la entidad
demandante, esto es, si el reconocimiento de la pensión gracia del señor Manuel
Francisco Montes Viloria, se obtuvo con violación al debido proceso al otorgarse
presuntamente con tiempos que no eran computables para efectos pensionales.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades de la acción especial de
revisión, ii) causal de revisión invocada; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión gracia y iv) se examinará el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones4
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de
cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por al menos tres
2 Índice 20 SAMAI
3 Índice 16 SAMAI.
4 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), estableció: «[…] es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que
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razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está
habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el
recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250
del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el
inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.»
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de la causal especial
aludida.
La Constitución Política en su artículo 29, prevé el debido proceso como un derecho
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto de las formas propias
de cada juicio en todas y cada una de las actuaciones administrativas o judiciales en
las que se vea vinculada o haga parte, con el propósito último de lograr la aplicación
correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la
revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional
[…]»
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia
del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, radicación núm. 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV)
9 Ver: Sentencia T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
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que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem».
De igual manera, esta Subsección ha establecido como criterios para justificar este
medio extraordinario de impugnación, además de las garantías mencionadas, los seis
eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que, de manifestarse, dan
lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Estos últimos han sido aplicados en el análisis de revisión con
el propósito de verificar la existencia de posibles defectos en las actuaciones judiciales
consideradas en sí mismas10, a saber: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;
(ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión gracia
Debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre
otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al
Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló
que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que «[l]os veinte años de servicio
podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los
prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el
reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
« […] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales
y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de
1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales,
planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales
10Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-25-000-2019-00650-00, N.I. 4966-2019 y
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia
del 18 de agosto de 2021, Radicado N° 11001-03-15-000-2020-03549-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00310-00 (2355-2022)
y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el
beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás
que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que «[c]uando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en
su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se
liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de
servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en
Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de
enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a
través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, expediente radicado
núm. 0417-07.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00310-00 (2355-2022)
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 199712 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
(Negrilla fuera de texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813 planteó una
serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de
reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los
docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los
recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general
de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado núm. 25000-
23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar,
lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué competencia se
expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los
alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia
de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de
una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de
educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional
conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.
Debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 2022,14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre
la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de
1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye
que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con
los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 8 de febrero de 2024, expediente núm.15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de
adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos
en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del
Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento
fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde
o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y
consagración.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.
Caso concreto
Atendiendo a la causal planteada por la entidad recurrente, la Sala se ocupará de
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación
periódica con violación al debido proceso se encuentra debidamente fundamentado,
caso en el cual se procederá al análisis de fondo y se estudiará si resulta procedente
revocar su reconocimiento.
En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia del 22 de marzo de 2017, emitida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, en la que se ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia a favor del señor Manuel Francisco Montes Viloria, toda vez que, en
su consideración, el fallo realizó una valoración probatoria de manera errada al dar por
probados hechos que no contaban con el debido soporte probatorio, específicamente
al aceptar como válidos los años de servicio desde el 3 de marzo de 1997, basándose
en un certificado expedido por la Secretaría de Educación de Los Córdobas que daba
cuenta que la modalidad de vinculación se dio a través de contratos de prestación de
servicios.
Según se explicó en líneas anteriores, si bien la acción especial de revisión no procede
para reabrir asuntos propios del debate suscitado en el proceso ordinario ni efectuar
nuevos juicios sobre la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia, lo
cierto es que esta Corporación ha sido consistente en precisar que este mecanismo
procede ante la existencia de alguno de los eventos que de manifestarse, dan lugar a
las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en este caso, el presunto defecto fáctico por una valoración arbitraria de las
pruebas presentadas.
Bajo esta premisa, se procederá a analizar la causal contemplada en el literal a) de la
Ley 797 de 2003 para determinar si existen defectos sustanciales o fácticos que
podrían haber afectado el derecho al debido proceso de la entidad.
La UGPP argumenta en la acción especial de revisión que no se puede considerar el
tiempo de servicio laborado desde el 3 de marzo de 1997 hasta el 24 de noviembre de
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2002 como periodo bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, según
lo certificado por la Secretaría de Educación municipal de Los Córdobas.
Es de precisar que en ningún momento se cuestiona la naturaleza legal del cargo de
docente ni la existencia de los contratos de prestación de servicios. Más bien, la
entidad parte del hecho de haber encontrado probadas estas circunstancias en el
documento que reconoce, pero argumenta en contra de su validez para efectos del
cómputo del tiempo de servicio por el tipo de vínculo contractual establecido en este.
En cuanto a la posibilidad de incluir períodos laborados bajo contratos de prestación
de servicios para cumplir con los veinte (20) años de servicio requeridos por las normas
que establecen el derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha establecido una línea jurisprudencial pacífica, reiterada y
clara, en virtud de la cual es suficiente demostrar la existencia del contrato de
prestación de servicios, sin que sea necesario que se haya solicitado previamente el
reconocimiento del vínculo laboral real, como pretende la entidad recurrente, ya sea en
sede administrativa o judicial.
Acerca de este planteamiento esta Corporación15 ha manifestado que los tiempos
prestados a través de contrato de prestación de servicios sí constituyen servicio
efectivo en calidad de docente en litigio si se determina igualmente la naturaleza
territorial o nacionalizada de la plaza ocupada en los siguientes términos:
«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida
cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo
educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de
servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones,
dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan
establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes
ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben
otorgarse en proporción al tiempo laborado»16.
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto
que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por
el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para
que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite,
previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.17 […]»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018, radicado: 17001-23-
33-000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-
17); c. del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-17).
16 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
17 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-
23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015) y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-000-2013-00374-01 (4791-
2014).
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Esta posición se fundamenta según la jurisprudencia de la Sección Segunda en la
necesidad de asegurar el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre
las formalidades en el ámbito laboral, en la medida que la labor docente implica
inherentemente un nivel de subordinación, derivado de la regulación y supervisión de
las actividades educativas por parte de las autoridades, así como del cumplimiento
personal del servicio y de condiciones de formación y experiencia, lo que genera un
vínculo laboral entre la administración y los educadores contratados, situación que
puede inferirse en casos específicos como el que se discute, sin necesidad de requerir
previamente un pronunciamiento judicial que así lo determine.
En la sentencia objeto de revisión, el Tribunal luego de efectuar un análisis integral del
material probatorio a la luz de la sentencias que han reconocido la posibilidad de que
la vinculación docente pueda ser distinta a la reglamentaria18 otorgó valor probatorio
suficiente a los certificados expedidos por la Secretaría de Educación de Córdoba y
concluyó que los tiempos de servicios prestados desde el año 1997 se encontraba
dentro del marco territorial y podían ser tomados en cuenta, conforme a la regla
jurisprudencial vigente en ese momento, sin que pueda afirmarse la existencia de
ningún defecto fáctico por falta de valoración probatoria.
La regla que contiene el deber de contabilizar el tiempo así laborado para su momento
– y que continua vigente – fue expuesta en su momento los siguientes términos:
«Resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la certificación
(…), el accionante los haya laborado a través de órdenes de prestación de
servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento que regula la prestación
reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de
servicios, pues resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido al
Magisterio como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas,
para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta en el monto del
mínimo requerido (20 años).»19
Debe recordarse además que, posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, señaló
que lo relevante para probar el tiempo de servicio y la vinculación no es la
denominación que se le dé ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos
puntuales que ofrezca sobre el tipo de nombramiento, la autoridad que lo realiza, la
institución educativa a la que se prestaron los servicios, su naturaleza y los extremos
temporales, con el fin de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales
establecidos en la Ley 114 de 1913. La misma pauta sexta de dicha sentencia
establece expresamente que, para acreditar la calidad de docente, «[además] de los
actos administrativos donde conste el vínculo, […] también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.».
En consecuencia, resulta adecuado que el Tribunal Administrativo de Córdoba en la
sentencia recurrida acudiera a la tesis que esta Corporación ha sostenido en casos
18 Para este fin, el juez realizó un análisis de la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015 y de la sentencia
de la Corte Constitucional C-517 de 1999, donde se reconoció el derecho a la pensión gracia para los docentes
que demostraron haber trabajado parte de su tiempo como docentes de cátedra. Además, se refirió a una sentencia
del Consejo de Estado en la que se validaron los contratos de prestación de servicios para efectos de la pensión
gracia. En esta sentencia se argumentó que los contratados bajo esta modalidad desempeñan funciones
equivalentes a los docentes vinculados en propiedad mediante acto legal y reglamentario, aunque no se identificó
el número de radicado o la fecha de dicha decisión.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de enero de 2017, expediente núm.
54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015).
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similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de la pensión
gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar aquel derecho,
toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante compruebe que ejerció
funciones como educador oficial en plazas del orden territorial o nacionalizado, lo cual
encontró acreditado bajo el asunto examen si se tiene en cuenta que tuvo como
probado que el actor fue contratado para desempeñarse como docente del propio
departamento de Córdoba, es decir, con una vinculación de naturaleza territorial.
Ante la absoluta validez de la contabilización de los tiempos laborados, desde el 3 de
marzo de 1997 hasta el 24 de noviembre de 2002, en virtud de los contratos de
prestación de servicios, es evidente que la Sala no encuentra acreditada la causal
descrita en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez, que la pensión
gracia se reconoció con plenas garantías del debido proceso para la UGPP y con
apego a las normas sustantivas y la jurisprudencia que regulan esta prestación.
En consecuencia, al no advertirse la trasgresión al debido proceso por la valoración
probatoria alegada, se declarará infundada la acción.
Condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es que,
en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá
sobre la condena en costas.
Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), vigente para el momento en que se interpuso el recurso de revisión,
se prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso, o a aquella
cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente». Este artículo establece además que las costas solo pueden ser
impuestas cuando en el expediente se evidencie su causación y en la medida en que
sean probadas.
En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho, pues no
están debidamente causadas ni comprobadas en el expediente, toda vez que la parte
demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio de la acción,
no se pronunció, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o gasto
procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho extremo de
la litis.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra la
sentencia del 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que modificó y confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería del 18 de septiembre de 2015, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Abstenerse de condenar en costas según lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.
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Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el presente proceso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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