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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00949-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00949-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00949-00 (6653-2019) pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00949-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00949-00 (6653-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandada: Iris Margoth Tirado Zornosa

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión prevista
en los literales a) y b). Devolución de sumas de dinero pagadas
en virtud de un reconocimiento pensional ilegal. DECLARA
INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra la sentencia del diez (10) de junio de dos mil
diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, para lo cual
invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Iris Margoth Tirado Zornosa nació el 5 de diciembre de 1952, y prestó
sus servicios docentes al departamento de Sucre entre el 1.° de enero de 1975 y el 7
de enero de 2003, con vinculación del orden nacional y presentó ante la UGPP
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, que fue negada a través de
la Resolución 27510 de 2003, al no demostrar el cumplimiento de los 20 años de
servicios en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital; decisión
que fue confirmada mediante la Resolución 7208 de 2004.

Que, sin acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, interpuso acción
de tutela junto con 144 docentes, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de
dicha pensión, que fue decidida en su favor por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Ciénaga (Magdalena), en sentencia de 7 de abril de 2006, en la que
ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconocer la prestación
solicitada.

1 La presentación de la acción se efectuó el 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con el sello que reposa en

el folio 8 vuelto del expediente, cuaderno ppal.

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Que, en cumplimiento del referido fallo de tutela, el ente previsional profirió la
Resolución 47576 de 2006, con la cual reconoció la pensión gracia a partir del 5 de
diciembre de 2002, en cuantía de $878.417.42.

Que, mediante providencia del 29 de mayo de 2014, la Fiscalía Segunda Delegada
ante el Tribunal Superior de Santa Marta ordenó la suspensión provisional del fallo
de tutela y del acto administrativo que reconoció la pensión, razón por la cual se
suspendió su ejecución mediante Resolución RDP 024760 de 2014.

Que, mediante sentencia del 11 de abril de 2018, el Tribunal Superior de Santa Marta
declaró penalmente responsable al juez que profirió la referida tutela, por los delitos
de peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso con el delito de
prevaricato por acción.

Que, con fundamento en lo anterior, la UGPP ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, contra el acto
administrativo contenido en la Resolución 47576 de 2006, solicitando como
restablecimiento del derecho la devolución de las sumas pagadas en virtud del
reconocimiento pensional.

Que el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 10 de julio de 2019,
accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la nulidad del acto demandado, pero
negó la solicitud de restablecimiento del derecho.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la providencia del 10 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Sucre declaró
la nulidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión gracia a
favor de la señora Iris Margoth Tirado Zornosa, y negó las demás pretensiones.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que la señora Tirado fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional como
docente en 1975 y prestó sus servicios hasta 2009, acumulando 34 años y 5 meses
de labor.

Expreso que, aunque la docente fue vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 —
requisito previsto para acceder a la pensión gracia—, el tiempo de servicio computado
para su reconocimiento fue prestado bajo una vinculación de carácter nacional, y no
territorial o nacionalizado, como lo exige la normativa aplicable. Esta circunstancia
quedó demostrada mediante las certificaciones expedidas por la Secretaría de
Educación Departamental de Sucre y el Ministerio de Educación Nacional (Oficios
700.11.03/SE No. 1122 del 27 de septiembre de 2018 y 2018-ER-222922 del 25 de
septiembre de 2018, respectivamente), en las que se precisó que la señora Tirado
fue nombrada directamente por el Ministerio y que su salario fue asumido por la
Nación, aunque se canalizara a través de entidades territoriales.

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Concluyó que, si bien procedía la nulidad del acto administrativo que reconoció la
pensión gracia, no había lugar al reintegro de las sumas pagadas por tal concepto, al
no haberse demostrado que la beneficiaria actuó de mala fe, conforme a lo previsto
en el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA.

Que tratándose de una acción de nulidad contra un acto que reconoce una pensión
periódica, no opera de manera automática el restablecimiento del derecho mediante
el reintegro de lo pagado. Para ello, es necesario que se desvirtúe la presunción de
buena fe en la obtención del derecho, conforme lo ha establecido la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en sentencias del 6 de marzo de 2008 (Exp. 0488-07) y del
17 de marzo de 2011 (Exp. 2049-08).

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP interpuso acción de revisión2 la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

Considera que la orden judicial se profirió con vulneración del debido proceso, en
tanto las sumas percibidas por la docente por concepto de la pensión gracia
irregularmente reconocida no le correspondían y lo correcto era ordenar su reintegro
a la UGPP, en defensa del orden superior y la preservación del orden público, con lo
que se transgreden los principios constitucionales consagrados en los artículos 1.°,
2.°, 4.°, 6.°, 29, 58, 83, 95 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

Que el fallador no analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar que conllevaron
a la decisión de tutela donde, la señora Iris Margoth Tirado junto con otros 144
docentes, actuando con abuso del derecho, interpusieron una acción de tutela en el
municipio Ciénaga (Magdalena) y en su caso particular, no era el lugar de su
domicilio, sino que estaba a 273 km de distancia de este. Que, aunque solicitó la
pensión gracia y esta le fue negada prefirió iniciar una tutela, en lugar de recurrir a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Que además contra el juez que
profirió la tutela se profirió sentencia penal condenatoria

Que en el proceso contencioso la UGPP acreditó que no se valoró adecuadamente
la buena fe de la docente, por lo cual debía concluirse que su actuación ante la
administración fue contraria a derecho. En apoyo de esta postura se invocó como
precedente la sentencia del Consejo de Estado del 1.° de septiembre de 2014, en
la cual, siguiendo la jurisprudencia constitucional –especialmente la Sentencia T-
218 de 2012–, se aplicó el principio fraus omnia corrumpit y se ordenó la devolución
de las sumas percibidas indebidamente por otra docente que accedió a la pensión
gracia mediante una tutela ilegítima.

Contestación a la acción especial de revisión

La parte demandada se opuso3 a las pretensiones al considerar que no se logró
2 Véase folio 1 del expediente, cuaderno principal.
3 La demandada contestó a través de curador ad litem el 10 de julio de 2024. Véase índice 00065 del aplicativo

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demostrar ninguna de las causales de revisión invocadas y que la UGPP se limitó a
cuestionar los razonamientos expuestos en la sentencia recurrida, sin tener en
cuenta que este medio de control no constituye una tercera instancia ni permite
reabrir el debate propio de las instancias ordinarias.

Que, es claro que en el curso del proceso de lesividad la UGPP no acreditó la
existencia de una conducta dolosa o de mala fe por parte de la demandada, ni que
sus actuaciones hubiesen inducido de manera fraudulenta una decisión judicial
favorable. Por el contrario, esta actuó amparada en una sentencia judicial y recibió
los pagos en calidad de particular de buena fe.

Solicitó estudiar el fenómeno de la prescripción, con el fin de establecer si la entidad
ejerció oportunamente la acción o si, por el contrario, la posibilidad de reclamar la
devolución de las sumas ya estaba extinguida por el paso del tiempo.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá determinar si, en la sentencia del 10 de julio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, se configuran las causales de
revisión alegadas por la entidad demandante. En particular, si al no acceder a la
devolución de las sumas percibidas por la señora Iris Margoth Tirado por concepto
de la pensión gracia, se efectuó un reconocimiento con violación al debido proceso
y se excedió la cuantía prevista por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra

SAMAI.
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como una acción especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación de quien
está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»6.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del

5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),

C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV).

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tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»10.

De igual manera, esta Sala ha establecido como criterios para justificar este medio
extraordinario de impugnación, además de las garantías mencionadas, los seis
eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que, de manifestarse, dan
lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Estos últimos han sido aplicados en el análisis de revisión
con el propósito de verificar la existencia de posibles defectos en las actuaciones
judiciales consideradas en sí mismas11, a saber: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.

Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de
la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»12. De igual manera, se advierte que se
manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte
del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para
revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la
ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
11 Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) y Consejo
de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia del 18
de agosto de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2020-03549-00.
12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 .

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Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Limitación y alcance de la sede de revisión

Dada la naturaleza excepcional de la revisión, las causas o motivos en que se
fundamenta esta acción no deben considerarse como una vía procesal para corregir
fallos o errores que las partes o sus representantes legales pudieran haber cometido
durante el desarrollo del proceso que dio lugar a la sentencia impugnada, ya que
este mecanismo no supone una nueva instancia ni brinda la oportunidad de
enmendar errores o negligencias derivados de la falta de diligencia del interesado.

En estos términos ya se pronunció esta Corporación al señalar que dicha acción
«[…] no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la
Ley, o en un valor mayor al que corresponde»13.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

La Subsección observa que ninguno de los argumentos presentados por la UGPP
logra acreditar de manera efectiva la configuración de las causales especiales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En lo que respecta al literal a) resulta evidente que la entidad demandante no dirige
su reproche a una irregularidad concreta atribuible a la actuación del Tribunal que
profirió la sentencia del 10 de junio de 2019.

En efecto, del análisis del escrito de revisión se advierte que los planteamientos de la
UGPP se limitan a discrepar de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Sucre en cuanto a la negativa de ordenar la devolución de los dineros percibidos
por la señora Iris Margoth Tirado Zornosa, sin que se identifiquen errores sustanciales
de procedimiento ni desconocimiento de garantías fundamentales durante la
tramitación del proceso de lesividad. No se aportan elementos que permitan concluir
que el fallador incurrió en un vicio que afectara sustancialmente los pilares del
derecho fundamental al debido proceso, tales como el juez natural, el respeto de las
formas propias del juicio o el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Por el contrario, lo que se evidencia es que el Tribunal accedió parcialmente a las

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Revisión. Sentencia

del 2 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-03049-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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pretensiones de la UGPP, al declarar la nulidad del acto administrativo que reconoció
la pensión gracia. Sin embargo, en cuanto a la pretensión de restablecimiento del
derecho, concluyó que no se demostró la mala fe de la beneficiaria, al considerar que
su actuación estuvo respaldada por una decisión judicial previa; determinación que
no fue recurrida por la entidad mediante el recurso de apelación, lo que permitió que
adquiriera firmeza.

En consecuencia, se concluye que la UGPP intenta, a través de la acción especial de
revisión, suplir las omisiones en su estrategia de defensa dentro del proceso de
lesividad, particularmente la falta de impugnación oportuna del fallo que negó el
reintegro de las sumas pagadas. No puede olvidarse que la acción de revisión no es
una segunda instancia ni un medio para enmendar errores procesales atribuibles a
las partes. Por ello, mal puede ahora la administración pretender reabrir una discusión
que, por su propia inactividad procesal, quedó jurídicamente cerrada.

En relación con la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Sala considera que los argumentos expuestos por la UGPP no
satisfacen los presupuestos que permiten la prosperidad del recurso extraordinario
de revisión por esta vía.

En efecto, si bien la entidad accionante señala que la sentencia impugnada incurrió
en una indebida aplicación del artículo 164 del CPACA, al abstenerse de ordenar el
reintegro de las sumas percibidas por la señora Iris Margoth Tirado Zornosa con
ocasión del reconocimiento de una pensión gracia que posteriormente fue anulada,
dicha inconformidad no recae sobre el valor mismo de la prestación reconocida, ni
acredita que se haya efectuado un pago en cuantía superior al que, conforme a la ley,
le correspondería al beneficiario en caso de legitimidad del derecho pensional.

Debe recordarse que la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 citado, se
estructura a partir de tres elementos esenciales: «i) que se trate de un derecho debido
de acuerdo con la ley, esto es, que efectivamente se haya causado a favor del
interesado el derecho reclamado; ii) que este último haya sido reconocido mediante
una providencia judicial, transacción o conciliación judicial o extrajudicial; iii) y que
exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»14.

Ninguno de estos elementos se acredita, porque la sentencia del Tribunal no
reconoció una prestación nueva ni aumentó su valor, sino que, por el contrario, anuló
el acto que la otorgaba. La controversia planteada por la UGPP se centra en el hecho
de que no se accedió a la pretensión de devolución de los montos pagados, mas no
en que la prestación reconocida excediera lo legalmente previsto.

En consecuencia, no es posible encuadrar el reproche formulado por la UGPP dentro
del alcance material de la causal b), pues no se trata de un exceso de cuantía del
reconocimiento pensional, sino de un desacuerdo en el efecto jurídico derivado de la
declaratoria de nulidad del acto administrativo, concretamente, la decisión del juez

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

6 de mayo de 2021. Exp: 11001-03-25-000-2018-00748-00 (2720-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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contencioso de no ordenar la devolución de los dineros percibidos, al considerar que
no se desvirtuó la buena fe de la beneficiaria.

Así las cosas, al no demostrarse los supuestos fácticos ni jurídicos exigidos para la
configuración de la causal especial de revisión invocada, y teniendo en cuenta que
los fundamentos de la acción no se orientan a cuestionar un exceso en la liquidación
de una prestación reconocida, sino a reabrir el debate sobre la decisión judicial de no
ordenar la devolución de las sumas percibidas, se concluye que no se cumplen los
presupuestos que permitirían su prosperidad.

Por lo anterior, se declarará infundada la acción especial de revisión.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es que,
en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá
sobre la condena en costas.

Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), vigente para el momento en que se interpuso el recurso de revisión,
se prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso, o a aquella
cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente». Este artículo establece además que las costas solo pueden ser
impuestas cuando en el expediente se evidencie su causación y en la medida en que
sean probadas.

En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho, pues
no están debidamente causadas ni comprobadas en el expediente y adicionalmente,
la representación de la parte demandada estuvo a cargo de un curador ad litem, quien
ejerció sus funciones de manera gratuita como defensor de oficio, conforme a lo
dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
contra la sentencia del diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019) proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00949-00 (6653-2019)

pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUEGUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

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