RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00703-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00703-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00703-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra la sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia del 19 de octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Abstenerse de condenar en costas según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el presente proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00703-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Luz Marina Riaño Capera

Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce prestación
periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento de la pensión gracia.
Carácter de la plaza a ocupar.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) contra la sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Armenia del 19 de octubre de 2017, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Luz Marina Riaño Capera.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso la acción especial de revisión1 establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 13 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias
judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Luz Marina Riaño Capera, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la UGPP con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos RDP 020721 de 3 de julio de 2014, RDP
024359 de 6 de agosto de 2014 y RDP 027826 de 11 de septiembre de 2014, mediante
los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión especial de jubilación gracia.
Asimismo, la nulidad parcial del Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral consecutivo núm. 3120 de 2014 y 7194 de 2015, expedido por la
Secretaría de Educación del Quindío, donde se certificó que el régimen pensional de
la demandante es nacional.

1 La presentación de la acción se efectuó el 22 de agosto de 2020, de acuerdo con el registro que reposa en el

índice 1 de la plataforma de Gestión Judicial, SAMAI.

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada: i) el reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación gracia,
con la inclusión de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios; ii) el pago de la indemnización moratoria establecida en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, iii) la reparación del daño padecido de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, iv) la indexación de las sumas de dinero
adeudadas y, v) la cancelación de las costas procesales.

Que el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia, en sentencia del 19 de octubre
de 2017 decidió negar las pretensiones de la demanda en atención a que se probó la
calidad de docente nacional, la cual es incompatible con la pensión gracia. Para ello,
expuso que la demandante fue nombrada maestra del municipio de Pijao durante una
licencia voluntaria a través de los Decretos 0159 del 28 de marzo de 1980 y 0206 del
16 de abril de 1980 y que posteriormente, trabajó como docente en el plantel educativo
Luis Granada Mejía desde el 29 de enero de 1994 y luego se trasladó a la Institución
Santa Teresita el 1.° de junio de 2012.

Concluyó que este tiempo de servicio no cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia, ya que esta pensión solo se reconoce a docentes territoriales o nacionalizados,
no a docentes nacionales y que aunque la demandante prestó servicios en planteles
del orden territorial por algún periodo no se probó que hubiera sido beneficiaria del
proceso de nacionalización, ya que tanto el certificado de historia laboral como el
decreto de nombramiento indican claramente su imperante carácter de docente
nacional.

Respecto de los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
indicó que por ser actos preparatorios no son pasibles de ser demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Inconforme con la decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación,
argumentando que la señora Riaño se posesionó como docente de carácter municipal
el 3 de febrero de 1994 ante el alcalde municipal de Pijao y que, aunque sus salarios
y prestaciones fueron pagados a través del situado fiscal y/o recursos del Sistema
General de Participaciones, esto no impide el reconocimiento de la pensión gracia,
según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El Tribunal Administrativo de Quindío, a través de sentencia de 13 de septiembre de
2018, revocó la decisión de primera instancia, la cual quedó ejecutoriada el día 20 de
noviembre de 2018.

La UGPP mediante Resolución RDP 030990 de 16 de octubre de 2019 dio
cumplimiento a la sentencia en comento, reconociendo la pensión de la señora Luz
Marina Riaño Capera en cuantía de $.1.603.601, efectiva a partir del 4 de septiembre
de 2010.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Quindío
confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de que las certificaciones
laborales identificadas con los consecutivos núm. 3120 de 2014 y 7174 de 2015 son
actos preparatorios y no susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción. Además,
revocó parcialmente la decisión emitida por el juez de primera instancia y, en su lugar,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

declaró la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento pensional. Ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la reclamante desde el 4 de septiembre
de 2010 y dispuso condenar en costas a la parte vencida tanto en primera como en
segunda instancia.

Esta decisión se fundamentó en las consideraciones que pasan a exponerse:

Que la naturaleza de las certificaciones laborales es la de actos preparatorios, ya que
solo contienen información sobre la situación jurídica del servidor sin constituir
decisiones definitivas y solo como insumo para tomar dichas determinaciones, las
cuales sí son demandables ante la jurisdicción, ya que son las que verdaderamente
modifican la situación particular del empleado público.

Que la sentencia proferida el 21 de junio de 2018 unificó su jurisprudencia en lo
concerniente a la pensión gracia, al indicar que no es dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional (en
adelante FER), así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal.

Que en la citada providencia se concluyó que lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los FER; y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones.

Que la señora Luz Marina Riaño Capera demostró haber prestado más de 20 años de
servicio en establecimientos educativos territoriales o nacionalizados, toda vez que su
trayectoria incluye nombramientos por parte de diversas autoridades, tales como el
Gobernador del departamento de Quindío, el secretario de Educación departamental,
el delegado del Ministerio de Educación Nacional, el alcalde Municipal de Pijao, y el
secretario general del ente territorial.

En detalle, trabajó como docente interina para el departamento del Quindío del 3 de
marzo al 29 de abril de 1980, vinculada mediante los Decretos 159 y 206 de 1980.
Además, prestó servicios como catedrática externa en el Colegio Luis Granada Mejía
en varias ocasiones: desde el 20 de febrero al 30 de noviembre de 1991, según el
Decreto 052 del 8 de febrero de 1991; desde el 4 de marzo al 30 de noviembre de
1992, según el Decreto 0187 del 28 de febrero de 1992; y desde el 22 de febrero al 30
de noviembre de 1993, según el Decreto 066 del 9 de febrero de 1993. Posteriormente,
fue nombrada en el Instituto Educativo Luis Granada Mejía por el Decreto 010 de 1994
y luego trasladada al Colegio Santa Teresita de Pijao por el Decreto 378 de 2000.

Que todos los nombramientos y traslados fueron realizados por autoridades
competentes, reflejando el cumplimiento de la labor de la demandante en el ámbito
educativo territorial y nacionalizado al 4 de septiembre de 2010 y que avalan su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

derecho al reconocimiento de sus años de servicio en el contexto de la normativa
vigente.

Que la demandante cumplió con el requisito de haberse vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980, así como con el de desempeñar su empleo con honradez y
dedicación. Además, cumplió con el presupuesto de haber alcanzado los 50 años de
edad, todos ellos necesarios para el reconocimiento pensional. En consecuencia,
resulta evidente que se logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los
actos administrativos demandados.

Que la prestación de servicios en los Fondos Regionales de Educación es válida para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, así como el tiempo prestado bajo las
modalidades de vinculación en interinidad, los nombramientos en provisionalidad e
inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos de prestación
de servicio.

Que, por tanto, debe reconocerse a la señora Luz Marina Riaño Capera la pensión
gracia teniendo en cuenta para su liquidación lo que haya percibido por todo concepto,
durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos, esto es,
4 de septiembre de 2010.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.

Solicitó: (i) que se revoque la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Quindío; (ii) que se declare que a la señora Luz Marina
Riaño Capera no le asiste el derecho a la pensión gracia teniendo en cuenta que los
servicios prestados lo fueron en calidad de docente nacional, (iii) que se ordene a la
demandada a reintegrar las sumas de dinero pagadas de forma indexada por concepto
del reconocimiento irregular de pensión gracia desde la fecha de la exigibilidad de la
obligación hasta la fecha de pago total.

En resumen, los razonamientos expuestos para atacar la decisión son los siguientes:

Que la sentencia proferida desconoce los precedentes jurisprudenciales establecidos
en las providencias C-479 de 1998 y C-085 de 2022. En estas decisiones,
respectivamente, la Corte Constitucional sostuvo, por un lado, que la exigencia de no
recibir otra pensión o recompensa nacional para acceder a la pensión gracia no violaba
la Constitución, reconociendo la facultad del legislador para regular las condiciones de
acceso a las pensiones. Por otro lado, justificó la creación de la pensión gracia en la
desigualdad salarial y prestacional existente entre los docentes oficiales a cargo de
entidades territoriales y aquellos directamente vinculados por la Nación.

Que el desconocimiento también se extiende a la sentencia S-699 del 29 de agosto de
1997, emitida por la Sala Plena del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Nicolás
Pájaro Peñaranda. En dicha sentencia, se afirmó que la pensión gracia, establecida
por la Ley 114 de 1913, era una prerrogativa gratuita para ciertos docentes del sector
público, inicialmente maestros de educación primaria de carácter regional o local, y
posteriormente extendida a otros grupos y se reafirmó que no es válido contabilizar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

tiempos de servicio con vinculación de carácter nacional para conceder la pensión
gracia.

Que se demostró que la señora Luz Marina Riaño Capera durante los periodos
discontinuos entre 1991 y 1993, trabajó como docente con vinculación de carácter
nacional, pues los actos administrativos que la nombraron durante estos periodos
reflejan una intervención del delegado Regional del Ministerio de Educación Nacional,
y que su vinculación fue financiada con recursos de la Nación. Asimismo, para el
periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1994 y el 22 de febrero de 2019, su
vinculación fue también de carácter nacional, debido a que la educación ya estaba
totalmente a cargo de la Nación en virtud del fenómeno de la nacionalización dispuesto
en la Ley 43 de 1975.

Que, en consecuencia, los periodos de servicio mencionados no podían ser
contabilizados para el otorgamiento de la pensión gracia, ya que fueron prestados en
calidad de docente nacional, quedando fuera de los beneficios de esta prestación.

Que el Tribunal Administrativo del Quindío, en su sentencia de 13 de septiembre de
2018, no verificó que, conforme al artículo 10° de la Ley 43 de 1975, desde el 1. ° de
enero de 1976, la creación de nuevas plazas docentes debía ser aprobada por el
Gobierno Nacional y financiada por la Nación y, por lo tanto, los cargos docentes
debían entenderse como de carácter nacional.

Que el Tribunal desconoció el valor probatorio de la certificación expedida por el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio el 22 de febrero de 2019, que señalaba de
manera expresa el carácter nacional de la vinculación de la señora Luz Marina Riaño
Capera. Además, desconoció el contenido de la certificación electrónica de tiempos
laborados, expedida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda
el 22 de mayo de 2019, que indicaba que la fuente de recursos utilizada para los pagos
a favor de la señora Riaño para periodos discontinuos de 1991 a 1993 y de 1994 a
2019 eran de la Nación.

Que, al desconocer las pruebas presentadas en el proceso, que demostraban el
incumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión
gracia, se emitió una orden de pago de una prestación periódica con violación al debido
proceso y que excede lo legalmente debido a favor de la docente.

Finalmente, señaló que la sentencia que revocó la decisión de primera instancia del
Juzgado Segundo Administrativo de Armenia del 19 de octubre de 2017 transgrede los
artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de
1933; 5° y 7° del Decreto 2277 de 1977; 1 y 2 de la Ley 43 de 1975; y 15 de la Ley 91
de 1989, debido a que se otorgó una pensión gracia por tiempos servidos directamente
a la Nación, de manera contraria a lo establecido legalmente respecto a la prerrogativa
pensional para los docentes territoriales y nacionalizados y a lo aceptado
jurisprudencialmente sobre este tema.

Contestación a la acción especial de revisión2

La señora Luz Marina Riaño Capera pese a ser notificada en debida forma no contestó
la acción de revisión en el término previsto.

2 La notificación del auto admisorio de la demanda se efectuó por correo electrónico el 19 de agosto de 2021 (índice

15 de SAMAI) y a la fecha no se ha presentado contestación a la acción.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no emitió
pronunciamiento.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la
entidad demandante, esto es, si el reconocimiento de la pensión gracia de la señora
Luz Marina Riaño Capera, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo
debido conforme a lo previsto por la Ley, al haberse otorgado presuntamente sin el
cumplimiento de los requisitos legales.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades de la acción especial de
revisión, ii) causales de revisión invocadas; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión gracia y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones3
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de
cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial4 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está
habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que

3 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
4 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-

12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

se encuadren en dichas causales (…)»5. Frente a las causales para interponer el
recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250
del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el
inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira6 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé el debido
proceso como un derecho fundamental, encaminado a garantizar a la persona el
respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de las actuaciones
administrativas o judiciales en las que se vea vinculada o haga parte, con el propósito
último de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado7 como la Corte Constitucional8 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem».

De igual manera, esta Subsección ha establecido como criterios para justificar este
medio extraordinario de impugnación, además de las garantías mencionadas, los seis
eventos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que, de manifestarse, dan

5 Ibidem.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia

del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV)
8
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Estos últimos han sido aplicados en el análisis de revisión con
el propósito de verificar la existencia de posibles defectos en las actuaciones judiciales
consideradas en sí mismas9, a saber: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;
(ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.

Acerca de la segunda causal, relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía
excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003,
obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión
por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República
la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente
otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera
la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión gracia

Debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre
otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al
Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló
que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio
podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los
prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º
consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el
reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

« […] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.

9
Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-25-000-2019-00650-00, N.I. 4966-2019 y
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia
del 18 de agosto de 2021, Radicado N° 11001-03-15-000-2020-03549-00.
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales
y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de
1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales,
planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales
y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el
beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás
que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «[c]uando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en
su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se
liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de
servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en
Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de
enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a
través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 199712 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
(Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813 planteó una
serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de
reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los
docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los
recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general
de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar,
lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué competencia se
expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los
alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia
de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de
una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de
educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional
conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal
a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye
que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con
los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de
adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos
en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del
Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento
fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde
o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y
consagración.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Caso concreto
Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala se ocupará de
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación
periódica con violación al debido proceso se encuentra debidamente fundamentado,
caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo, se examinará si
la segunda causal invocada frente al reconocimiento excesivo de la pensión está
llamada a prosperar y, por tanto, si resulta procedente revocar su reconocimiento.

En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia del 13 de septiembre de 2018, emitida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se ordenó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a favor de la señora Luz Marina Riaño, toda vez que en su
consideración, el fallo vulneró el principio de legalidad al desconocer las normas que
establecen los requisitos de acceso a dicha prestación, dictándose en contravía de la
ley, la jurisprudencia y los principios que rigen el Estado Social de Derecho. Además,
argumenta que la decisión priorizó el interés particular sobre el general, generando
pagos pensionales que perjudican el erario y a los demás pensionados y actores del
sistema pensional.

Según se explicó en líneas anteriores, si bien la acción especial de revisión no procede
para reabrir asuntos propios del debate suscitado en el proceso ordinario ni efectuar
nuevos juicios sobre la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia, lo
cierto es que esta Corporación ha sido consistente en precisar que este mecanismo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

procede ante la existencia de alguno de los eventos que de manifestarse, dan lugar a
las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en este caso, el presunto desconocimiento del precedente y el supuesto
defecto fáctico por ausencia de valoración de la integralidad del material probatorio.

Bajo esta premisa, se analizará la causal del literal a) de la Ley 797 de 2003 para
establecer si existen defectos sustanciales o fácticos que hubiesen podido afectar el
derecho al debido proceso de la entidad.

Por una parte, los argumentos presentados por la UGPP en la acción especial de
revisión apuntan a que la sentencia recurrida se apartó de la interpretación realizada
por la Corte Constitucional en las sentencias C-084 de 199915 y C-489 de 200016, así
como del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Según estas disposiciones,
para el reconocimiento de la prestación era necesario cumplir con los requisitos de
edad y tiempo de servicios como docente del orden territorial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, la Sala concluye que no le asiste razón a la entidad recurrente al indicar
que el reconocimiento pensional otorgado a la señora Luz Marina Riaño se dio en
desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, pues en aquella ocasión
el máximo tribunal indicó que la pensión gracia debe reconocerse únicamente ante el
cumplimiento de los requisitos legales, lo cual, como se indicó, se acreditó en el caso
concreto por parte del juez de instancia al determinar la vinculación territorial y/o
nacionalizada.

En este sentido, se advierte que el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia negó
las pretensiones de la demanda por considerar que, a pesar, que las vinculaciones de
la demandante como docente fueron realizadas por las autoridades del orden
territorial, en ellas participaron los delegados del Fondo Educativo Regional y contaron
con la financiación de los recursos del Sistema General de Participaciones para el
pago de salarios, adquiriendo la condición de docente del orden nacional, decisión que
fue revocada por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la sentencia
recurrida, al considerar que, para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia,
no era indispensable establecer el origen de los recursos de la entidad nominadora,
sino el origen de la plaza a ocupar (territorial o nacionalizado).

La sentencia recurrida se ocupó del estudio del cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la prestación y en su parte considerativa realizó un pronunciamiento
en relación a que no es necesario que al 31 de diciembre de 1980, el docente deba
encontrarse en servicio activo, como quiera que el texto normativo lo que dispone para

15 En esta providencia la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de

la Ley 91 de 1989, y estableció que la pensión gracia «sólo subsiste para los docentes que se vincularon al
servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980», es decir, que mantuvo sus efectos aún con posterioridad a la
expedición de la Ley 91 de 1989. Además, consideró que indicó que el referido límite se encontraba ajustado al
ordenamiento constitucional vigente y no vulneraba el derecho a la igualdad, debido a que el Congreso, en su
función legislativa, reguló el régimen prestacional bajo el entendido que las situaciones de los docentes
vinculados antes y después del 1 de enero de 1981 son diferentes y no se requiere igualdad de trato, y en todo
caso, no se afectaron derechos adquiridos.
16 Esta decisión se profirió dentro del marco del estudio de constitucionalidad del literal b) del ordinal 2.º del

artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la Corte concluyó que los docentes que habían cumplido todos los requisitos
para la pensión de gracia antes del 29 de diciembre de 1989 tienen derecho a dicha pensión, ya que los derechos
adquiridos deben ser respetados según el artículo 58 de la Constitución. En cambio, para quienes no habían
cumplido los requisitos para esa fecha, solo existía una expectativa de derecho que el legislador podía modificar
sin vulnerar la Constitución. Por tanto, se declaró exequible la expresión acusada del literal a) del numeral 2 del
artículo 15, siempre que se entienda que las situaciones jurídicas consolidadas antes del 29 de diciembre de
1989 están protegidas por la nueva normatividad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya
sido con antelación a la mencionada calenda; consideración que por lo demás, se
ajustó a la posición reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado17, respecto
a los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia,
específicamente frente a la interpretación del numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91
de 1989.

Entonces, según la posición vigente para acceder a la pensión gracia se requiere entre
los demás requisitos enunciados previamente, estar vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980, sin que condicione su reconocimiento al cumplimiento de
los requisitos de edad y tiempo de servicios como docente del orden territorial o
nacionalizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, como lo pretende
la UGPP.

La entidad recurrente sostiene que los tiempos de servicio prestados entre el 20 de
febrero de 1991 y el 30 de noviembre de 1993 no pueden ser considerados, ya que en
el expediente constan los actos administrativos de nombramiento que evidencian, por
un lado, la intervención del delegado Regional del Ministerio de Educación Nacional y
por el otro, que el nominador actuaba con la disponibilidad presupuestal de los FER,
fondo administrado por la Nación. Además, que la Secretaría de Educación del Quindío
emitió una certificación que establecía de manera inequívoca que durante dicho
periodo la vinculación de la docente fue de carácter nacional.

En lo que respecta a la certificación electrónica de tiempos laborados expedida por la
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda el 22 de mayo de 2019, se
advierte que esta no se sustenta en prueba conocida y debatida dentro del proceso
ordinario, pues no fue solicitada, incorporada ni decretada en el trámite de instancia.
Además, su fecha de expedición es posterior al fallo que se revisa en la actualidad,
por lo que no corresponde a la Sala efectuar ningún pronunciamiento sobre el
particular, dado que la acción de revisión no se instituyó como una tercera instancia
en la que sea viable reabrir el debate probatorio.

Ahora, respecto a la certificación expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) del 22 de febrero de 2019, se advierte que también
es posterior al fallo por lo que no fue objeto de debate en el proceso ordinario y no
habría lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre este. Sin embargo, se advierte
que el contenido de este documento coincide con expedido el 26 de marzo de 2014
por el FOMAG por lo que se hará referencia a esto para garantizar que el reparo quede
plenamente resuelto.

Para la Sala, si bien es cierto que el certificado de salarios y prestaciones expedido
por la Secretaría de Educación de Quindío el 11 de julio de 2018 18, que obra en el
expediente ordinario, indica que el régimen pensional para el periodo comprendido
entre 1991 y el 30 de noviembre de 1993 fue nacional, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho el Tribunal después de analizar los Decretos 052 del 8
de febrero de 1991, 066 del 9 de febrero de 1993 y 181 del 28 de febrero de 1992,
expedidos por el gobernador del Quindío, en los que se nombró a la señora Riaño
Capera como catedrática externa y docente en el Colegio San Luis Granada,

17 Ver entre otras, sentencia del 22 de enero de 2015, radicado núm. 0775-2014, reiterada con posterioridad en

sentencia de 18 de mayo de 2018, radicado núm. 76001-23-33-000-2014-00007-01.
18 Folios 28 y 29 del archivo digital denominado 01 Cuaderno Principal No. 1, obrante en el índice 27 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

respectivamente, entendió acreditado que la vinculación durante el periodo
mencionado era válida para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

Por lo tanto, aunque existía una certificación que indicaba que el régimen pensional de
la docente para dicho periodo era de tipo nacional, lo cual además es una cuestión
distinta del tipo de vinculación, el fallador encontró que los actos de nombramiento
demostraron lo contrario, concretamente, al señalar que la demandante «demostró la
prestación de servicios por más de 20 años en establecimientos educativos territoriales
o nacionalizados, ya que fue nombrada por el Gobernador del Departamento, el
Secretario de Educación departamental junto con un delegado del Ministerio de
Educación Nacional, quienes formaban parte del Fondo Educativo Regional del
Quindío, así como por el Alcalde Municipal de Pijao y el Secretario General de dicho
ente territorial».

El Tribunal, entonces, mediante un análisis integral y sistemático del material
probatorio a la luz de la sentencia de unificación del 21 de julio de 2018, otorgó valor
probatorio suficiente a los actos de nombramiento y concluyó que la relación laboral
de la accionante desde aquella fecha se encontraba dentro del marco territorial y/o
nacionalizado, sin que pueda afirmarse la existencia de ningún defecto fáctico por falta
de valoración probatoria, máxime que los documentos presentados en la acción no
fueron incorporados al expediente dentro del plazo legal en el proceso ordinario.

Debe recordarse que conforme a la sentencia de unificación jurisprudencial citada lo
importante para probar el tiempo de servicio y la vinculación no es la denominación
que se le dé ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que
ofrezca sobre el tipo de nombramiento, la autoridad que lo realiza, la institución
educativa a la que se prestaron los servicios, su naturaleza y los extremos temporales,
con el fin de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales establecidos en la
Ley 114 de 1913. La misma pauta sexta de dicha sentencia establece expresamente
que, para acreditar la calidad de docente, «se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales».

Afirmar lo contrario constituiría una violación del principio de igualdad consagrado en
el artículo 13 del texto constitucional, que ordena dar un trato igual a quienes se
encuentran en la misma situación fáctica y un trato diferente a quienes se hallan en
distintas condiciones. En este caso, la característica relevante es haber laborado para
una entidad territorial o haber sido nacionalizado.

Por otro lado, la UGPP pretende que no se tenga en cuenta el tiempo de servicios
laborado desde el 3 de febrero de 1994 hasta el 22 de febrero de 201919, debido a que
sus salarios para tal periodo fueron financiados con fondos provenientes del situado
fiscal, es decir, recursos otorgados por el gobierno nacional, lo que implica que el
demandante ejerció como docente con una vinculación a nivel nacional.

No obstante, ante dicho argumento, la Sala resalta que, tal como se indicó en la parte
considerativa de esta decisión con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
en lo relativo al origen de los recursos para el pago de las acreencias laborales quedó

19 Para los efectos de esta decisión, la Sala tendrá en cuenta únicamente el tiempo de servicios hasta la fecha en
la que se profirió el fallo objeto de revisión, 13 de septiembre de 2018; sin perjuicio de que la señora Luz Marina
Riaño haya acreditado periodos de forma posterior.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

claro que este aspecto no es determinante para establecer la naturaleza del
nombramiento efectuado al educador en tanto:

«[…] [l]o esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones. […]».

En virtud de ello, el Tribunal tuvo por válido los períodos de servicio a partir del 3 de
febrero de 1994 para el reconocimiento de la pensión gracia argumentando que «[…]
la prestación de servicios dentro de la egida de los Fondos Regionales de Educación
son válidos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, así como el tiempo
prestado bajo las modalidades de vinculación en interinidad, los nombramientos en
provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por
contratos de prestación de servicio».

En este contexto, la Sala advierte que el otorgamiento de la pensión gracia a la docente
no contravino el derecho al debido proceso, toda vez que es patente que, al margen
de la decisión de unificación vigente en la época en que se expidió el fallo y que
continúa siendo el criterio actual, lo determinante radica en la acreditación de la plaza
a ocupar, y no el origen de los recursos con los cuales se sufragan los gastos de
nómina a través de los fondos educativos regionales, ya sean rentas endógenas o
exógenas de la respectiva localidad.

Respecto a la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
la UGPP sostuvo que el otorgamiento de la pensión sin cumplir los requisitos legales
implica un reconocimiento superior a la cuantía legalmente debida por el Estado a la
docente al no existir sustento que respalde dicha situación.

Establecido lo anterior, la Subsección considera que los argumentos propuestos por
la UGPP están encaminados a atacar el reconocimiento pensional, puesto que lo que
cuestiona precisamente es la falta de cumplimiento del requisito de tiempo para
acceder a la pensión gracia y la valoración probatoria que efectuó el juez de instancia
para dar por cumplidos estos; censuras que de ninguna manera están asociadas a
discutir la cuantía de la prestación en los términos indicados en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

De tal manera, la Sala resalta que la causal de revisión anotada parte del supuesto
teórico que la persona cumple los requisitos de edad y tiempo de servicios para
acceder a la pensión gracia y por ello, el hecho que habilita a la administración para
atacar la decisión ejecutoriada es que el valor que se asignó en la providencia judicial
resulte superior a lo que establece la Ley.

Dicha interpretación ha sido sostenida tanto por la Salas Especiales de Decisión núm.
3 y núm. 8, en sentencias del 3 de marzo de 202020, N.I. 172, M.P: Julio Roberto Piza
Rodríguez y 29 de agosto de 202321, N.I. 5689, M.P: Nubia Margoth Peña Garzón,

20 Radicado: 11001-03-15-000-2019-01815-00
21 Radicación: 11001-03-15-000-2020-03604-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

como por la Subsección B en sentencias del 4 de mayo de 2023, N.I. 3096-2015, M.P:
Carmelo Perdomo Cuéter y 3 de agosto de 202322, N.I. 6642-2019, M.P: Juan Enrique
Bedoya Escobar. En esta última decisión al estudiar un caso con similares supuestos
fácticos se adujo:

«Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis de
la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues su
propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de una
prestación ya otorgada y respecto del cual (el derecho subjetivo y particular) no hay
discrepancias [...].»

Así las cosas, si la parte lo que pretendía era invocar otra causal debe anotarse que
por tratarse la revisión de un medio de impugnación extraordinario exige un mayor
rigor conceptual, en la medida que, como se expuso en la parte considerativa de esta
decisión no le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada ni respecto de la cual no se señaló con claridad y exactitud cuáles son los
motivos, las razones y especialmente los hechos que le sirven de fundamento y la
configuran; así como también le está vedado efectuar una revisión integral del fallo,
pues este medio excepcional no es una instancia adicional en la que pueda
replantearse el litigio.

Por lo expuesto, no está llamado a prosperar el recurso de revisión frente a la causal
de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la UGPP no cuestiona la
cuantía, sino la falta de cumplimiento del requisito de tiempo de servicio para acceder
a la pensión gracia, motivo que no encaja dentro de la causal invocada.

En consecuencia, al no quedar demostrada la configuración de las causales de
revisión invocadas, se declarará infundada la acción.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es que,
en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá
sobre la condena en costas.

Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), vigente para el momento en que se interpuso el recurso de revisión,
se prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso, o a aquella
cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente». Este artículo establece además que las costas solo pueden ser
impuestas cuando en el expediente se evidencie su causación y en la medida en que
sean probadas.

En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho, pues no
están debidamente causadas ni comprobadas en el expediente, toda vez que la parte
demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio de la acción,
no se pronunció, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o gasto
procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho extremo de
la litis.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

22 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00703-00 (2088-2020)

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra la
sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Armenia del 19 de octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Abstenerse de condenar en costas según lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.