Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00392-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Caducidad de la acción judicial: finalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00392-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00392-00
Consejero ponente: William Hernández Gómez
15 de marzo de 2018
SUCESIÓN PROCESAL – Noción
Esta figura se ha entendido como el remplazo total de una de las partes del proceso en aras de modificar su integración a través de un tercero que toma el lugar de aquella.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 68
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN JUDICIAL – Finalidad
Su finalidad, la de la caducidad, es racionalizar el ejercicio del derecho de acción, lo que impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas. Lo anterior, a efectos de evitar la incertidumbre que provocaría la facultad irrestricta de ventilar las controversias que se presentan en sociedad ante la jurisdicción en cualquier momento, lo que de bulto sería atentatorio del principio de seguridad jurídica. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, rad.: 0377-13.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - Término
La Sala observa que la sentencia objeto del recurso se profirió el 10 de noviembre de 2010 y se fijó en edicto entre los días 18 y 20 de enero de 2011, por lo que quedó ejecutoriada el día 21 de igual mes y año. Así, toda vez que la demanda de revisión fue instaurada el día 28 de enero de 2013, esto es dentro del término de cinco años establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, es necesario concluir que la misma se presentó de forma oportuna, por lo que no se configura la caducidad.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 251 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – Competencia
Es claro que tratándose de la acción especial de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competencia fue asignada al Consejo de Estado, de manera que lo procedente es desestimar el medio exceptivo objeto de estudio. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2014, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, rad.: 2129-12.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – Finalidad / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Límitación
Se estatuyó para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público. La limitación en la legitimación en la causa por activa. Para ejercerla se requiere de un solicitante calificado. En principio, únicamente puede ser presentada por el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República; el Procurador General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, autorizada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa por activa en la acción especial de revisión: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 1 de julio de 2016, rad.: 0704-14. Sobre la legitimación de las administradoras de pensiones para formular la acción especial de revisión: Corte constitucional, sentencia C-258 de 2013.
FUENTE FORMAL: LEY 1151 DE 2007 – ARTÍCULO 156
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Perspectivas / LEGITIMACIÓN DE HECHO-Concepto / LEGITIMACIÓN MATERIAL – Concepto
La falta de legitimación en la causa, la corporación ha sostenido que se trata de una figura que puede ser abordada desde dos perspectivas, una de hecho y otra material. La primera de ellas se establece en virtud de la relación procesal que se teje entre demandante y demandado con ocasión de la mera atribución que el primero de ellos formula en contra del segundo a través de la pretensión procesal y de su vinculación al proceso cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación material en la causa se refiere a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho y, de otro, la titularidad de la obligación, es decir, a quienes verdaderamente corresponde asumir la condición de partes dentro del proceso por ser los que, en realidad, ostentan la calidad para exigir lo que reclaman y para negarlo.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2277 DE 1979 / DECRETO REGLAMENTARIO 259 DE 1981 – ARTÍCULO 2 / DECRETO REGLAMENTARIO 259 DE 1981 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 65 DE 2004 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1703 DE 2002 – ARTÍCULO 14
PENSIÓN GRACIA – Finalidad / PENSIÓN GRACIA Y PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN - Compatibilidad / PENSIÓN GRACIA - Beneficiarios
El propósito que pretendió satisfacer el legislador con la consagración de la pensión gracia fue el de compensar el poder adquisitivo de los maestros de primaria del sector oficial vinculados a entidades territoriales, cuya remuneración era baja con relación a la de los educadores del nivel nacional debido a la escasez de recursos de los departamentos y municipios para cumplir con las obligaciones laborales a su cargo. Ello permitió que, de manera simultánea, se pudiera ser acreedor de la pensión de jubilación territorial (pensión ordinaria) y de la nacional (pensión gracia), sin que en ningún escenario ambas prestaciones pudieran provenir de recursos nacionales. Originariamente el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 estableció esta prestación económica para los maestros de las escuelas de primaria oficiales, pero luego se ampliaría dicho beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública atendiendo a las condiciones definidas en la Ley 116 de 1928. Tiempo después, de conformidad con la Ley 37 de 1993, los maestros de escuela que completaran el tiempo de servicio legalmente exigido en establecimientos de enseñanza secundaria también podrían hacerse beneficiarios de dicha prestación.
FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LEY 37 DE 1933 / LEY 43 DE 1975 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 15 / LEY 60 DE 1993 – ARTÍCULO 6 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 279
PENSIÓN GRACIA / DESCUENTOS POR APORTES A SALUD – Obligatoriedad
En consideración que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en aquella, excepción que por ser tal debe interpretarse en modo restringido, lo que impone entender que solo aplica en lo que se refiere a las prestaciones que asume aquel fondo, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia que, como se dijo, correspondía inicialmente a la Caja Nacional de Previsión Social y, ahora, a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Al no encontrarse exceptuados los docentes de la aplicación de la Ley 100 de 1993 en lo que hace a la pensión gracia, les es aplicable el artículo 157 ibídem, literal a), numeral 1, en cuanto prevé la afiliación obligatoria de los pensionados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…). En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ya que, al disponerse que no se debían realizar las deducciones legales con destino a salud sobre la pensión gracia de que es titular el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, la cuantía del derecho que le fue reconocido excedió lo debido de acuerdo con la Ley 100 de 1993. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2017, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad.: 1932-15
DEVOLUCIÓN DE SUMAS RECIBIDAS EN EXCESO / MALA FE - Prueba
En caso de que la entidad no haya realizado el pago en comento, no será procedente que el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez lo exija pues, como quedó establecido en esta providencia, sobre la pensión gracia sí debe hacerse la deducción para aportes a salud. Sin embargo, en el evento en que la entidad sí hubiese procedido a la devolución de ese dinero, no habría lugar a ordenar que sea reintegrado porque es preciso entender que fue recibido de buena fe, resultando aplicable lo establecido en el numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…). Esa buena fe se estructura teniendo en cuenta que fue una decisión judicial proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la que ordenó la devolución de las sumas retenidas de la pensión gracia por concepto de aportes a salud.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-25-000-2013-00392-00(0849-13)
Actor: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: RAFAEL ANTONIO CUENTAS RODRÍGUEZ
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Asunto: Recurso extraordinario de revisión, causales contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación.
ANTECEDENTES
El señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del:
Oficio GN-22424 del 22 de noviembre de 2007 mediante el cual la Caja Nacional de Previsión Social le negó la supresión del descuento que se le realizaba de la pensión gracia con destino a salud y la devolución de los valores correspondientes.
Acto administrativo ficto producto de la falta de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 20 de diciembre de 2007 contra el oficio anunciado.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se suprimiera el descuento que para salud dispuso efectuar la entidad demandada sobre las mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido retenidos por tal concepto.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocían los artículos 2, 5, 11, 13, 16, 23, 29 y 53 de la Constitución Política; 1 al 11 de la Ley 114 de 1913; la Ley 116 de 1928; la Ley 37 de 1933; el artículo 5 de la Ley 91 de 1989; el 279 de la Ley 100 de 1993 y el 48 del Decreto 806 de 1998.
En cuanto al concepto de violación, explicó que entre los deberes esenciales del Estado se encuentra el de velar por la vida, la honra y los bienes de todas las personas y que dicha cuestión estaba siendo incumplida por la entidad demandada. Manifestó que la ilegalidad de los actos administrativos acusados deriva de la violación de derechos adquiridos que, por lo tanto, ya se encontraban integrados a su patrimonio.
De otro lado, explicó que el descuento efectuado a la pensión gracia para cubrir servicios médico asistenciales no tiene fundamento legal en la Ley 114 de 1913 ni en las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, últimas por medio de las cuales se hizo extensiva tal prestación a los docentes de enseñanza secundaria.
Seguidamente, sostuvo que el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, que le asigna a la Caja Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la función de garantizar los servicios médico asistenciales, rige únicamente para la pensión ordinaria y no para la pensión gracia. Además, señaló que, en todo caso, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social creado por tal norma y que dicha excepción respondía a la prohibición de tener afiliaciones múltiples de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 del Decreto 806 de 1998.
A lo anterior, agregó que mientras que el Ministerio de Educación Nacional tuvo a su cargo el reconocimiento de la pensión gracia nunca se le realizó ningún descuento sobre la respectiva mesada.
Con relación a la pretensión consistente en que le sea reintegrado el dinero que ya se le descontó, afirmó que si la retención de tales valores carece de fundamento es apenas lógico que haya lugar a su devolución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 12 de junio de 2009, el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda al declarar la nulidad de los actos administrativos en cuestión y ordenar el reintegro del dinero solicitado, aclarando que prescribieron los derechos que se causaron con anterioridad al 27 de septiembre de 2004.
A tal decisión llegó luego de analizar la normativa aplicable al caso que consideró estaba dada por la Ley 114 de 1913, los artículos 152, 157, 179 y 209 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 65 del Decreto 806 de 1998.
Al estudiar el caso en concreto, destacó que para el reconocimiento de la pensión gracia basta el lleno de los requisitos legalmente exigidos, sin que sea necesario haber causado aportes a su favor ya que la misma se liquida, según su propio estatuto especial y prevalente, con base en la remuneración que percibe el servidor público, teniendo en cuenta todos los factores salariales adquiridos a lo largo del último año de servicio a aquel en que adquiera el estatus de pensionado.
Concluyó que en virtud de la categoría especial que ostenta la pensión gracia, a esta le resulta aplicable la excepción consagrada en el parágrafo 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, de manera que dicha prestación se encuentra exonerada de las cotizaciones que deben hacerse al Sistema de Salud, las cuales deben cubrirse a través de otros ingresos como salarios o pensiones ordinarias.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia de segunda instancia el 10 de noviembre de 2010, la cual es objeto del presente recurso extraordinario de revisión. En esta providencia se confirmó lo resuelto por el a quo y se adicionó la orden de suprimir el descuento para salud que venía realizando la entidad demandada sobre la pensión gracia de que era titular el actor.
En dicha oportunidad correspondió al ad quem resolver el disenso de la Caja Nacional de Previsión Social, quien manifestó no estar legitimada en la causa por pasiva porque el pago de las mesadas y los descuentos legales pertinentes corresponden al Ministerio de la Protección Social.
Al validar este asunto en el acto que profirió tal entidad ordenando el reconocimiento de la pensión gracia, el Tribunal encontró que aquella sí era la encargada de efectuar los reajustes y descuentos de ley correspondientes a la pensión «de jubilación» (sic) del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, razón por la cual las súplicas de aquella carecían de sustento.
Por lo demás, el recurso de alzada instaurado por el demandante prosperó en tanto se incluyó en la decisión judicial la orden de suspender la práctica de deducciones sobre la pensión gracia con destino a salud.
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación invocó como causales de revisión las consagradas en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Los literales enunciados prevén las siguientes causales: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó que (i) se revoque la sentencia proferida en segunda instancia que confirmó la dictada por el a quo dentro del trámite ordinario (ii) se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva (iii) se declare que sobre la pensión gracia reconocida en favor del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez deben realizarse los descuentos por concepto de salud, según la Ley 100 de 1993 y (iv) se condene al citado a reintegrar a la recurrente en revisión los valores cancelados por concepto de devolución de los aporte en salud.
Para fundamentar el recurso, dividió su exposición en dos acápites según las causales anunciadas, así:
El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso.
Al respecto, adujo que el desconocimiento de tal derecho derivaba de la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, ya que esta entidad no era la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud.
De otro lado, aludió al artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 para destacar que si bien los descuentos por concepto de Seguridad Social en Salud los efectúa la entidad, los recursos de las pensiones son girados al Fondo de Solidaridad y Garantía, que de acuerdo con el Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud.
La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con la ley.
En relación con esta causal, precisó que se configuraba al haber accedido la justicia al reintegro de las sumas que por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia le habían sido retenidas al hoy demandado.
Con tal fin, explicó que los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud tenían fundamento en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados deben encontrarse afiliados y, por ende, realizar las cotizaciones al tenor del artículo 160 ibidem, numeral 3.
De acuerdo con lo que manifestó, el aporte al régimen contributivo, actualmente fijado en un 12,5% por el artículo 204 de la citada ley, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia porque estos no hacen parte de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, aunque en principio pueda generarse la apariencia de que sí lo son.
Si bien es cierto que el inciso 2 de la disposición en comento exceptúa del Sistema General de Seguridad Social a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo hace en cuanto a las prestaciones que asume dicho fondo pero por disposición del parágrafo 2 de la misma norma, la pensión gracia no está a cargo de aquel sino de la Caja Nacional de Previsión Social. Por el mismo motivo, agregó, tampoco resulta aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 a la pensión gracia.
Finalmente, hizo referencia a la sentencia T-359 de 2009 proferida por la Corte Constitucional. Con base en ella, sostuvo que la orden judicial objeto de reproche desconoce (i) que incluso antes de la Ley 100 de 1993 los pensionados de CAJANAL contribuían con el 5% de su mesada pensional para financiar los servicios de salud por mandato del artículo 2 de la Ley 4 de 1966; (ii) que al entrar en vigencia aquella norma se estableció de manera general una tasa inicial de cotización del 12% y (iii) que para evitar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían las pensiones reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 en virtud de ese incremento en la tasa de cotización, el artículo 143 de la citada Ley 100 ordenó el reajuste mensual de las mesadas en la misma proporción.
Por lo anterior, pidió invalidar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 10 de noviembre de 2010, que confirmó y adicionó el fallo de primera instancia y, en su lugar, dictar la providencia que en derecho corresponda denegando las pretensiones del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez y ordenándole a este la devolución de las sumas de dinero recibidas.
CONTESTACIÓN DEL RECURSO
Dentro del término, el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez dio respuesta al recurso para solicitar que se denieguen las pretensiones. Como medios exceptivos propuso los siguientes:
Falta de competencia. Adujo que según el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos deben ser conocidos por los Tribunales Administrativos, a quienes corresponde el trámite del presente ya que el fallo que definió el proceso ordinario se dictó por el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla, pues el Tribunal Administrativo del Atlántico tan solo hizo una aclaración.
Inepta demanda por falta de los requisitos formales; indebida determinación de las causales de revisión. Sobre el particular, explicó que las contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales que en nada se relacionan con el caso de marras ya que dicha norma se consagra para el reconocimiento de prestaciones periódicas, sin embargo, a su juicio, en el proceso ordinario no se demandó ningún reconocimiento sino la supresión de un descuento sobre la pensión gracia.
De otro lado, destacó como una inconsistencia de la demanda de revisión el hecho de que la actora fuese la Caja Nacional de Previsión Social, cuando es sabido que dicha entidad dejó de existir desde el 12 de junio de 2013.
Finalmente, señaló que el descuento para salud que se le realizaba al señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez carecía de fundamento legal ya que aquel tenía derecho a las prestaciones médico asistenciales en forma gratuita, esto es, sin necesitad de cotizar.
CONSIDERACIONES
CUESTIONES PRELIMINARES
• Sucesión procesal.
Esta figura se ha entendido como el remplazo total de una de las partes del proceso en aras de modificar su integración a través de un tercero que toma el lugar de aquella. La sucesión procesal se encuentra regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso en los siguientes términos:
[…] Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.
Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535" \l "1971" 1971 del Código Civil se decidirán como incidente […] (Subraya la Sala)
En el caso que nos ocupa, se tiene que, aunque la demanda fue instaurada por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, esta entidad se extinguió mientras se surtía el trámite del presente proceso, motivo por el cual se hace necesario declarar como sucesor procesal a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, dicho organismo se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo.
En el sublite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 21 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
En auto del 29 de septiembre de 2014 dictado dentro del presente proceso, se le reconoció personería a la apoderada de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, sin embargo, dado que no se había declarado propiamente la sucesión procesal, la Sala procederá de conformidad en esta providencia.
• Caducidad
Antes de entrar a resolver el problema jurídico, si a ello hubiere lugar, la Subsección estudiará si la demanda fue presentada dentro del término de caducidad.
El de acceso a la administración de justicia no es un derecho absoluto y, por ello, su ejercicio puede encontrarse limitado, legítimamente, al cumplimiento de ciertos requisitos, entre otros, la exigencia de que las acciones se incoen en forma oportuna, según los términos legalmente consagrados. Por ello, en materia contencioso administrativa se ha contemplado la institución jurídica de la caducidad, que se refiere al término de orden público que tiene el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se trata de un fenómeno que se predica del ejercicio del derecho de acción.
Su finalidad es racionalizar el ejercicio del derecho de acción, lo que impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas. Lo anterior, a efectos de evitar la incertidumbre que provocaría la facultad irrestricta de ventilar las controversias que se presentan en sociedad ante la jurisdicción en cualquier momento, lo que de bulto sería atentatorio del principio de seguridad jurídica.
Conviene precisar que la acción especial de revisión que aquí se estudia está regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Al revisar la norma en cuestión se puede constatar que, a pesar de que esta dispuso que la acción podía instaurarse «en cualquier tiempo», la Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 2003, declaró la inexequibilidad de dicha expresión.
Por tal motivo, en virtud del inciso tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, resulta necesario acudir a las cláusulas de integración residual vigentes, las cuales, en el caso que nos ocupa, están dadas por la Ley 1437 de 2011 como quiera que la acción de revisión fue presentada en vigencia de la misma.
En esa medida, la normativa aplicable es el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual contempla que el recurso extraordinario de revisión, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó que
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria d la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]
Expuesto lo anterior, la Sala observa que la sentencia objeto del recurso se profirió el 10 de noviembre de 2010 y se fijó en edicto entre los días 18 y 20 de enero de 2011, por lo que quedó ejecutoriada el día 21 de igual mes y año. Así, toda vez que la demanda de revisión fue instaurada el día 28 de enero de 2013, esto es dentro del término de cinco años establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, es necesario concluir que la misma se presentó de forma oportuna, por lo que no se configura la caducidad.
A continuación, la Subsección se referirá a las excepciones propuestas por el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, toda vez que de prosperar alguna de ellas se tornaría imposible efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
• Primera excepción: Falta de competencia.
El demandado manifestó que la acción de revisión debió instaurarse ante los Tribunales Administrativos pues, a su modo de ver, la sentencia que definió los derechos discutidos en el proceso judicial ordinario fue la proferida en primera instancia, ya que el ad quem se limitó a confirmar y a aclarar aquella.
Lo primero que hay que señalar es que no le asiste razón al señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez porque la sentencia de primera instancia no quedó ejecutoriada. Contra ella, ambas partes instauraron recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, por ende, con independencia de que el pronunciamiento de segunda instancia hubiese sido confirmatorio, este se erige como el fallo objeto del actual recurso extraordinario de revisión.
Sin embargo, aquel medio exceptivo no está llamado a prosperar principalmente porque la disposición aplicable en materia de competencia no es la del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, como lo pretende el opositor, sino la especial que estableció la Ley 797 de 2003. Esta última, reformó algunas normas del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adoptó preceptos sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Una de estas modificaciones la contempló en el artículo 20, así:
«[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]» (Negrilla de la sala).
De acuerdo con esta norma, es claro que tratándose de la acción especial de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competencia fue asignada al Consejo de Estado, de manera que lo procedente es desestimar el medio exceptivo objeto de estudio.
Segunda excepción: Inepta demanda por falta de los requisitos formales
A este respecto, precisó el demandado que las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 admiten la revisión de procesos judiciales ordinarios cuando en estos se hubiese ordenado el reconocimiento de prestaciones periódicas, lo que a su juicio no sucedió en su caso.
Sobre el particular, debe indicarse que la acción de revisión contemplada en aquella norma se ha considerado como una acción especial con particularidades propias, sin perjuicio de que el trámite que deba dársele sea el mismo contemplado en el Código Contencioso Administrativo o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el caso. Entre las características principales de aquella se encuentran:
i) Su finalidad. Se estatuyó para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público.
ii) La limitación en la legitimación en la causa por activa. Para ejercerla se requiere de un solicitante calificado. En principio, únicamente puede ser presentada por el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República; el Procurador General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, autorizada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Además de las anteriores autoridades, la Corte Constitucional, en el ordinal 5.º de la sentencia C-258 de 2013, facultó a las diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer tal acción cuando el reconocimiento pensional se otorgue sin atender los supuestos bajo los cuales se declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992.
En el sublite se discute si debe revocarse la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario que instauró el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez en contra de la Caja Nacional de Previsión Social. En ella se confirmó la orden de reintegro del dinero que por concepto de descuentos para salud había retenido la entonces demandada sobre la pensión gracia de titularidad de aquel, disponiéndose la supresión de esta deducción en lo sucesivo.
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 permite que se ejerza la acción especial de revisión en contra de las providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que decreten o reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público, ello con el propósito de reducir el déficit fiscal y hacer viable financieramente el sistema pensional. Bajo ese entendido, la Sala estima que el dossier se enmarca dentro de tales parámetros ya que lo que se ha de dilucidar es si sobre la pensión gracia a que tiene derecho el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez debe practicarse el descuento para salud propio del Sistema General de Seguridad Social que consagra la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la misma proporción de dicho aporte a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera de aquel. Así las cosas, se satisface el propósito de la norma y, por consiguiente, resulta preciso desestimar la excepción formulada.
El problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver, se resume en las siguientes preguntas:
1. ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por haberse condenado a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación a la devolución de los dineros que descontó de la pensión gracia del señor Rafael Antonio cuentas Rodríguez por concepto de aportes a salud?
2. ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al considerarse que sobre la pensión gracia no proceden los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud?
De ser así: ¿Debe infirmarse la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se confirmó la orden de reintegro del dinero que por concepto de descuentos para salud había descontado la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación sobre la pensión gracia de titularidad del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, disponiéndose la supresión de esta deducción en lo sucesivo?
Primer problema jurídico
¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por haberse condenado a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación a la devolución de los dineros que descontó de la pensión gracia del señor Rafael Antonio cuentas Rodríguez por concepto de aportes a salud?
La parte actora consideró que se presentaba esta causal en la medida en que, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud, carecía de legitimación en la causa por pasiva en lo relativo a la orden de devolución del dinero que ya se había deducido de la pensión gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al debido proceso.
Así las cosas, la Sala se ocupará, en primer lugar, de establecer si, en efecto, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación carecía de legitimación en la causa por pasiva. Solo entonces, de resultar procedente, analizará si dicha circunstancia puede ser violatoria del derecho en cuestión.
Sobre la falta de legitimación en la causa, la corporación ha sostenido que se trata de una figura que puede ser abordada desde dos perspectivas, una de hecho y otra material. La primera de ellas se establece en virtud de la relación procesal que se teje entre demandante y demandado con ocasión de la mera atribución que el primero de ellos formula en contra del segundo a través de la pretensión procesal y de su vinculación al proceso cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación material en la causa se refiere a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho y, de otro, la titularidad de la obligación, es decir, a quienes verdaderamente corresponde asumir la condición de partes dentro del proceso por ser los que, en realidad, ostentan la calidad para exigir lo que reclaman y para negarlo.
A efectos de emitir un pronunciamiento sobre el particular, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que lo pretendido en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue la supresión del descuento que para salud dispuso efectuar la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación sobre las mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido retenidos por tal concepto.
Por ahora, basta mencionar brevemente que dicha entidad realizó los referidos descuentos con apoyo en los artículos 157, 202, 203, 204 y 279 de la Ley 100 de 1993, normas que, con independencia de la legalidad o no de la práctica de esta deducción en el caso concreto, cuestión que será abordada en el siguiente problema jurídico, le asignaban a las administradoras de pensiones, como pagadoras de tal prestación, la competencia para realizarlo. En el caso particular de la actora, el artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de «[…] Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley […]».
Es cierto que aunque la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación efectuaba las deducciones en comento, no era la receptora final de dichos recursos económicos ya que los mismos, al hacer parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, debían ser girados al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, donde se le imprimiría la destinación adecuada. Así lo dispone el artículo 14, inciso 2, del Decreto 1703 de 2002, en los siguientes términos:
[…] Artículo 14. Régimen de excepción. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60553" \l "1" Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 057 de 2015. Para efecto de evitar el pago doble de cobertura y la desviación de recursos, las personas que se encuentren excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no podrán utilizar simultáneamente los servicios del Régimen de Excepción y del Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizantes o beneficiarios.
Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto defina el Ministerio de Salud. Los servicios asistenciales serán prestados, exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán cubiertas por el Fosyga en proporción al Ingreso Base de cotización sobre el cual se realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los trámites respectivos […] (Subraya la Sala)
Establecido lo anterior, la Sala concluye que no es de recibo el argumento de la hoy demandante en revisión, quien en el proceso primigenio se encontraba legitimada en la causa por pasiva no solo de hecho, al haberse dirigido en su contra la demanda ordinaria, sino también materialmente.
Esta última legitimación no logra desvirtuarse por el hecho de que el dinero correspondiente a los aportes de salud debiera ser trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía, pues, en cualquier caso, quien tomó la decisión de efectuar los descuentos que el Tribunal Administrativo del Atlántico consideró no ajustados a derecho en la sentencia objeto de revisión fue la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación.
En ese orden de ideas, no resulta razonable que la recurrente en revisión hubiere alegado falta de legitimación en la causa por pasiva para cumplir la orden de devolución de los valores que dedujo de la pensión gracia del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez pues fue ella la que en primer lugar dispuso realizar los descuentos que posteriormente, en sede judicial, serían calificados de ilegales.
Luego, sería una afrenta a la proporcionalidad imponerle al pensionado la carga de reclamar ante el FOSYGA el reintegro del dinero que a juicio del ad quem le fue descontado de sus mesadas sin justificación jurídica por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, a quien, en virtud de la sentencia objeto del actual recurso, le correspondía proceder con la devolución ordenada para, en un segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el FOSYGA tendiente a la devolución de tales recursos.
Conclusión: La sentencia impugnada en vía extraordinaria no configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la falta de legitimación en la causa por pasiva que la hoy demandante acusó como violatoria del derecho al debido proceso no se presentó.
Segundo problema jurídico
¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al considerarse que sobre la pensión gracia no proceden los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud?
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión, así
«[…] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]»
En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que la misma obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma y en particular del artículo 20 ibidem estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro de tales parámetros ya que lo que se ha de dilucidar es si sobre la pensión gracia a que tiene derecho el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez debe practicarse el descuento para salud propio del Sistema General de Seguridad Social que consagra la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la misma proporción de dicho aporte a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera de aquel.
La pensión gracia como prestación sujeta a descuentos en salud
El propósito que pretendió satisfacer el legislador con la consagración de la pensión gracia fue el de compensar el poder adquisitivo de los maestros de primaria del sector oficial vinculados a entidades territoriales, cuya remuneración era baja con relación a la de los educadores del nivel nacional debido a la escasez de recursos de los departamentos y municipios para cumplir con las obligaciones laborales a su cargo. Ello permitió que, de manera simultánea, se pudiera ser acreedor de la pensión de jubilación territorial (pensión ordinaria) y de la nacional (pensión gracia), sin que en ningún escenario ambas prestaciones pudieran provenir de recursos nacionales.
Originariamente el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 estableció esta prestación económica para los maestros de las escuelas de primaria oficiales, pero luego se ampliaría dicho beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública atendiendo a las condiciones definidas en la Ley 116 de 1928. Tiempo después, de conformidad con la Ley 37 de 1993, los maestros de escuela que completaran el tiempo de servicio legalmente exigido en establecimientos de enseñanza secundaria también podrían hacerse beneficiarios de dicha prestación.
Con posterioridad, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que estaba siendo prestado y financiado por los departamentos y municipios pasó a redefinirse como un servicio público a cargo de la Nación en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, que introdujo un proceso gradual de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como propósito la igualación de las condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los del nivel nacional.
El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, además de restringir el reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, consagró expresamente la compatibilidad de esta prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:
[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación […]
Como puede advertirse, la norma en cuestión exceptuó la regla que impedía que la pensión gracia y la ordinaria de jubilación fueran ambas de carácter nacional, lo que se permitió única y exclusivamente respecto de los docentes departamentales y municipales que, a 31 de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización que implantó la Ley 43 de 1975. En similar sentido, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:
[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]
De otro lado, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación económica estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 81 de 1976; en el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 y; en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2. Como quedó explicado, en la actualidad la pensión gracia es asumida por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Con la expedición de la Ley 4 de 1966 los aportes para financiar los servicios de salud se hicieron obligatorios, sin excepción alguna, para todos los pensionados por dicha caja. Así lo previó el parágrafo del artículo 5 ibidem al señalar
[…] Artículo 2º.- Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social, cotizarán con destino a la misma así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301" \l "1" Decreto Nacional 1743 de 1994
Parágrafo.- Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su mesada pensional […] (Subrayas de la Sala)
Ahora bien, la Ley 100 de 1993 estableció una tasa de cotización del 12% para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrando en su artículo 280 lo siguiente:
[…] Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "27" 27 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html" \l "204" 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por cualquier circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará del 7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización para solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del 12% […] (Subrayas de la Sala)
El debate que subyace a la presente controversia radica en establecer si dicha tasa resulta aplicable a la pensión gracia por haber sido impuesta sin distinción alguna a todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud o si, el régimen de excepción que consagra el artículo 279, excluye de su aplicación a las pensiones gracia.
La Sala es de la primera de tales tesis pues considera que el precepto en cuestión fijó en forma general una tasa de cotización en aras de financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, teoría que va en consonancia con los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera que rigen la materia.
Lo anterior teniendo en consideración que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en aquella, excepción que por ser tal debe interpretarse en modo restringido, lo que impone entender que solo aplica en lo que se refiere a las prestaciones que asume aquel fondo, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia que, como se dijo, correspondía inicialmente a la Caja Nacional de Previsión Social y, ahora, a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Al no encontrarse exceptuados los docentes de la aplicación de la Ley 100 de 1993 en lo que hace a la pensión gracia, les es aplicable el artículo 157 ibidem, literal a), numeral 1, en cuanto prevé la afiliación obligatoria de los pensionados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así:
[…] Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley […] (Subraya la Sala)
Asimismo, sirve de fundamento a esta posición el artículo 52 del Decreto 806 de 1998, «por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», que en su artículo 52 dispone:
[…] Artículo 52. Concurrencia de empleadores o de administradoras de pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, en una misma Entidad Promotora de Salud, informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones correspondientes.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, la persona responderá por el pago de las sumas que en exceso deba cancelar el Fondo de Solidaridad y Garantía a diferentes EPS por concepto de UPC. Cuando las EPS hayan reportado oportunamente la información de sus afiliados en los términos establecidos en el presente decreto, no estarán obligadas a efectuar reembolso alguno.
Parágrafo. En el formulario de afiliación deberá quedar constancia de la concurrencia de empleadores y administradoras de pensiones […]
En efecto, esta interpretación resulta acorde con el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 que, en virtud del incremento en la tasa de cotización a salud que implicó su entrada en vigencia, ordenó el reajuste de las pensiones en la misma proporción, según el siguiente texto:
[…] Artículo 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente Ley […]
Sobre el asunto objeto de controversia, esta Corporación precisó en sentencia del 26 de enero de 2017:
[…] esta Sala considera que los pensionados en gracia, tienen la obligación de efectuar los aportes a salud en cuantía del 12%, pues el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, unificó el aporte de las mesadas pensionales al servicio de salud, sin tener en cuenta la clase de pensión de que sean beneficiarios; por lo tanto, la pensión gracia no está exceptuada de cotizar a dicho sistema […]
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya había fijado el mismo criterio, al sostener que los beneficiarios de la pensión gracia están obligados por aquella ley a aportar a salud el 12% sobre el valor de su mesada, posición que definió en las sentencias T-359 de 2009, T-546 y T-835 de 2014, y T-581 de 2015. Al respecto, ha señalado el máximo tribunal constitucional:
[…] En conclusión, ninguna disposición normativa excluye a los regímenes de excepción del deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el contrario está demostrado que a través del tiempo los beneficiarios de la pensión gracia han estado obligados a efectuar los aportes correspondientes al sistema de salud para la prestación de los servicios médico asistenciales, situación que no varió con la expedición de la Ley 100 de 1993. Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución, definido en el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el pago de las cotizaciones en salud es obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio, en acatamiento del principio de solidaridad que rige el sistema de Seguridad Social en Colombia […](Subrayas de la Sala)
En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ya que, al disponerse que no se debían realizar las deducciones legales con destino a salud sobre la pensión gracia de que es titular el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, la cuantía del derecho que le fue reconocido excedió lo debido de acuerdo con la Ley 100 de 1993.
Por tanto, la Sala declarará fundado el recurso interpuesto por la Caja Nacional de Previsión Social. En consecuencia, infirmará el fallo proferido el 10 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, indicará a continuación la sentencia de reemplazo.
2. Sentencia de Reemplazo.
• Competencia
Esta Sala es competente para proferir la sentencia de reemplazo dentro de este asunto, en virtud de lo preceptuado en el artículo 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
• Demanda
El señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez demandó la nulidad del Oficio GN-22424 del 22 de noviembre de 2007 mediante el cual la Caja Nacional de Previsión Social le negó la supresión del descuento que se le realizaba de la pensión gracia con destino a salud y la devolución de los valores correspondientes. Así mismo, el acto administrativo ficto producto de la falta de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 20 de diciembre de 2007 contra el oficio anunciado. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se suprimiera el descuento que para salud dispuso efectuar la entidad demandada sobre las mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido retenidos por tal concepto.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, el demandante afirmó que la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció la pensión gracia a través de la Resolución 26002 del 9 de noviembre de 2000, efectiva a partir del 30 de marzo de 1988. Manifestó que el 27 de septiembre de 2007, le solicitó el reintegro de las sumas descontadas de dicha prestación por concepto de servicios de salud, a lo que se negó la entidad demandada a través del oficio GN-22424 del 22 de noviembre de 2007. Este acto fue recurrido en reposición, sin embargo la entidad no lo resolvió el recurso.
El Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla, en sentencia del 12 de junio de 2009, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó el reintegro del dinero solicitado, aclarando que prescribieron los derechos que se causaron con anterioridad al 27 de septiembre de 2004.
Ambas partes interpusieron recurso de apelación por lo que el Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia de segunda instancia el 10 de noviembre de 2010, en la que confirmó lo resuelto por el a quo y adicionó la orden de suprimir el descuento para salud que venía realizando la entidad demandada sobre la pensión gracia de que era titular el actor.
• Consideraciones de la Sala
En virtud de lo anteriormente expuesto, el problema jurídico a resolver es el siguiente:
¿El señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, en condición de beneficiario de la pensión gracia, se encuentra obligado a cotizar el 12% sobre su mesada como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud con fundamento en la Ley 100 de 1993?
Según lo explicado en el acápite anterior, la solución al problema jurídico planteado debe ser positiva por las razones que brevemente se exponen en los renglones que siguen.
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no exceptúa de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social a los docentes beneficiarios de la pensión gracia ya que el reconocimiento de la misma corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, último respecto del cual aplica el régimen exceptuado de conformidad con el inciso 2 de la norma ejusdem.
De otro lado, el artículo 157, literal a), numeral 1, prevé que los pensionados deben afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el 52 del Decreto 806 de 1998 dispone que en los eventos en que una persona reciba pensión de más de una administradora de pensiones debe cotizar sobre todos los ingresos que percibe.
Así las cosas, al encontrarse cobijados por la Ley 100 de 1993, las mesadas de pensiones gracia de que sean beneficiarios los docentes deben ser objeto de la tasa de cotización general y unificada del 12% que estableció dicha norma, sin que sean de recibo las teorías que pretenden negar esta obligación o disminuirla al 5%.
En conclusión, sobre la pensión gracia reconocida a favor del señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez deben realizarse los descuentos por concepto de salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o complementan, lo que impone infirmar la sentencia del 10 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
En consecuencia, se revocará la sentencia del día 12 de julio de 2009 que dictó el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez en contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación. Y en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Finalmente, en lo que se refiere a la petición de ordenar el reintegro de los dineros que se pagaron al señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez en virtud de la orden que impartió la sentencia revisada, la Sala la negará. En primer lugar, no se encuentra probado que la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación haya efectuado dicho pago, cuestión que es refutada por aquel y respecto de la cual no se allegó prueba en contrario.
En caso de que la entidad no haya realizado el pago en comento, no será procedente que el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez lo exija pues, como quedó establecido en esta providencia, sobre la pensión gracia sí debe hacerse la deducción para aportes a salud. Sin embargo, en el evento en que la entidad sí hubiese procedido a la devolución de ese dinero, no habría lugar a ordenar que sea reintegrado porque es preciso entender que fue recibido de buena fe, resultando aplicable lo establecido en el numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminisrtativo. Según la norma en comento
[…] La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: […] c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]
Esa buena fe se estructura teniendo en cuenta que fue una decisión judicial proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la que ordenó la devolución de las sumas retenidas de la pensión gracia por concepto de aportes a salud.
No hay lugar a la condena en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declárese como sucesor procesal de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los términos del artículo 68 del Código General del Proceso.
Segundo: Declárense no probadas las excepciones de falta de competencia e inepta demanda por falta de requisitos formales propuestas por el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez, dentro del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el día 10 de noviembre de 2010, por lo expuesto ut supra.
Tercero: Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el día 10 de noviembre de 2010 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 080013331010200800167-01.
Cuarto: Infirmase la sentencia referida. En consecuencia, se dispone:
Revocar la sentencia proferida el día 12 de julio de 2009, por el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Rafael Antonio Cuentas Rodríguez en contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación. En su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Quinto: Denegar las demás pretensiones del recurso extraordinario de revisión.
Sexto: Sin condena en costas.
Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Es también denominada acción especial de revisión. Sentencia C-835 de 2003. Por tanto, ambos términos «recurso» o «acción», serán utilizados en la presente providencia. Ff. 22-30, cdno. 2. Ff. 65-80. Ff. 114-125, cdno. 2. Ff. 427-442. Ff. 472-476. F. 467. Ver sentencia del siete (7) de octubre de dos mil diez (2010); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación número: 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09). Actor: José Darío Salazar Cruz. Demandado: Procuraduría General de la Nación y Congreso de la Republica. En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto). F. 126, cdno. 2. F. 442 vuelto, cuaderno principal. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Actor: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»
La expresión en cualquier tiempo tachada en el artículo citado, fue declarada inexequible mediante sentencia C-835 de 2003. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión.
El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 otorgó esta facultad también a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, al establecer en el ordinal 1.º que « […] la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 […]»
« […] Quinto.- En los demás casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los numerales i, ii y iii del ordinal tercero, quienes tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 deberán en el marco de su competencia tomar las medidas encaminadas para hacer efectivo el presente fallo, aplicando en lo pertinente, los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del apartado de conclusiones de esta sentencia […]» (Subraya la Sala).
[…] (i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo. (ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. (iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso […]
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
Sobre el alcance del numeral 2.º, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede verse la sentencia proferida el 26 de agosto de 1997 por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […] 2. Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […] PARÁGRAFO 2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales […]
Con excepción de sus artículos 17 al 24, 52, 65, 70, 71, 72 y 79, el Decreto 806 de 1998 fue derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015. Hoy en día el tope alcanza los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por disposición expresa del artículo 1, parágrafo 1, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política. Sentencia del 26 de enero de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado 63001-23-33-000-2014-00239 01; expediente 1932-15. Sentencia T-581 del 4 de septiembre de 2015; Corte Constitucional, Referencia:
Expediente T- 4943302.
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