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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00255-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00255-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de diciembre de 2011, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. Infirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone: Revocar el fallo del 13 de diciembre de 2010, expedido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y en su lugar negar las pretensiones de 32 Artículo 83 de la Constitución Política. 33 En igual sentido se ha pronunciado esta corporación. Al respecto ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 11001 03 25 000 2013 01382 00 (3495- 2013) M.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado 85001 23 33 000 2016 00113 01 (2816-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 17 Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017) Demandante: UGPP la demanda presentada por Ana Rosmira Jaimes de Merchán contra la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), de acuerdo con lo expuesto en esta decisión. Tercero. Sin condena en costas. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00255-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: Ana Rosmira Jaimes de Merchán

Tema: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003. Pensión gracia, descuentos en salud

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
proferida el 6 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 13 de diciembre de 2010, que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ana Rosmira Jaimes de
Merchán contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 6 de diciembre de
2011 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-31-006-2010-00065-013 que
confirmó el fallo dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga el 13 de diciembre de 2010, por medio del cual se accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Ana Rosmira Jaimes de Merchán

1
En lo que sigue UGPP.
2
En lo sucesivo Cajanal.
3 En vigencia de lo dispuesto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

contra Cajanal, encaminadas a la reducción al 5% de los descuentos que por
concepto de salud le han realizado sobre su mesada de pensión gracia y a reintegrar
a su favor las sumas correspondientes al porcentaje descontado en exceso por este
concepto, esto es el 7.5%.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander el 6 de diciembre de 2011 que confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 13 de
diciembre de 2010; ii) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de Cajanal; y iii) ordenar los descuentos en salud según lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993 sobre la mesada de pensión gracia reconocida a Ana Rosmira
Jaimes de Merchán.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Ana Rosmira Jaimes de Merchán prestó sus servicios como docente en el
departamento de Santander desde el 24 de junio de 1979 hasta el 11 de abril de
2005 y el 18 de octubre adquirió el estatus pensional.

-A través de la Resolución 22149 del 17 de mayo de 2007, Cajanal le reconoció a
la pensión gracia en suma equivalente a $1’610.621, a partir del 18 de octubre de
2005.

• De la mesada pensional anteriormente reconocida, por concepto de cotización al
servicio de salud, se efectuó el descuento del 12%, el cual se aumentó al 12.5%a
partir del 2007. La causante solicitó la suspensión de los descuentos, petición que
fue negada por la entidad.

• La accionada presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Resolución CDP 2019-00877 del 13 de agosto de 2009 de Buenfuturo
en representación de Cajanal y mediante fallo del 13 de diciembre de 2010 el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga le ordenó abstenerse
de descontar sumas superiores al 5% de la pensión gracia devengada y reintegrar
el valor deducido de esa prestación que superen el mencionado porcentaje, decisión
objetada por Cajanal y confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander.

• Mediante Resolución 023018 del 21 de mayo de 2013 Cajanal cumplió la orden
impartida por el Tribunal en la sentencia del 6 de diciembre de 2011.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 6 de diciembre
de 2012, resolvió el recurso de apelación presentado por Cajanal y confirmó la
providencia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga en el fallo del 13 de diciembre de 2010, que accedió a las súplicas de
la demanda.

Para tal efecto se pronunció en estos términos4:

• Cajanal está legitimada en la causa por pasiva, puesto que si bien fue Buenfuturo
el que respondió negativamente la solicitud de Ana Rosmira Jaimes de Merchán lo
cierto es que lo hizo en su representación. Respecto de la Nación – Ministerio de
Protección Social –FOSYGA, solo está encargado de recibir el dinero de las
entidades encargadas de hacer los descuentos, sin tener participación alguna en la
forma como se liquidan las deducciones de las mesadas pensionales por concepto
de salud.

-Ana Rosmira Jaimes de Merchán en su calidad de docente beneficiaria de la
pensión gracia inició su vida laboral antes de 1980, no tiene la obligación de cotizar
al Fosyga el 12% ni el 12.5% de su mesada pensional, dado que está exceptuada
de las disposiciones del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. En igual manera, de los
incisos 1 y 4 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que indican que los docentes que
estén en el régimen exceptuado de la Ley 100, es decir, los pertenecientes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), deben cotizar al sistema
de seguridad social en salud, solo si fueron vinculados a partir de su promulgación,
o sea, desde el 27 de junio de 2003, no antes, como en efecto sucede en el
particular. De ese modo también sucede en el caso de la Ley 1122 de 2007 que
modificó la Ley 100 al fijar en un 12.5% del ingreso base para la cotización al
régimen contributivo de salud, pues aplica solo para los empleados vinculados
después del 1.º de enero de 2007.

-Así las cosas, el descuento del 12,5% por concepto de salud efectuado a la pensión
gracia de la beneficiaria no tiene soporte legal.

-La demandada está en la obligación de reintegrar las sumas que fueron
descontadas de la mesada pensional de la causante, superiores al 5% por concepto
de salud, desde el 17 de junio de 2006 con ocasión del fenómeno de la prescripción
trienal.

4
Folios 106 al 115.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

• En relación con el literal a), la orden impartida en la sentencia objeto de revisión
se produjo con vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que Cajanal no
se encontraba legitimada en la causa por pasiva, pues no era la entidad llamada a
satisfacer las pretensiones de la demanda por no ser la destinataria ni depositaria
de los fondos o recursos que se recaudan para la seguridad social en salud.

• En cuanto al literal b), la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, al haberse accedido al reintegro de las sumas descontadas por
concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia que se concedió a Ana Rosmira
Jaimes de Merchán.

• Tales descuentos, con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
se originan en lo dispuesto en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993,
normativa que establece que son afiliados a dicho sistema los pensionados, a
quienes les es exigible el deber de pagar las cotizaciones en un porcentaje del
12.5%. Los docentes beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran excluidos
de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social, en tanto se trata de una
prestación a cargo de Cajanal, de modo que no se encuentran dentro de la
excepción prevista en el artículo 279 de esa ley.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Ana Rosmira Jaimes de Merchán no se pronunció en la instancia procesal.

5
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea
el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
6
SAMAI, índice 38, documento ED_CUADERNO1_02OTROS-DEMANDA(. pdf) NroActua 38.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA7.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander se profirió con vulneración del debido proceso y, en
consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reducción al 5% de los
descuentos que por concepto de salud le han realizado a la mesada de la pensión
gracia de Ana Rosmira Jaimes de Merchán y a reintegrar a su favor las sumas
correspondientes al porcentaje descontado en exceso por este concepto, esto es el
7% y posterior al 2007 el 7.5% y por lo tanto se configuran los supuestos del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

7
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
8
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.»

5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 797 de 200310 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen11.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes12:

9
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
10
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
11
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
12
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales.»13

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación14 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

13
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un
estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»15

2.3.2. De la pensión gracia

La Ley 114 de 191316 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación
al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas
primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era
necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 17, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal
diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública
primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la
secundaria lo era a cargo de la Nación.»

Posteriormente, las Leyes 116 de 192818 y 37 de 193319, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
16
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
19
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

Luego, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que era prestado y
financiado por los departamentos y municipios pasó a redefinirse como un servicio
público a cargo de la Nación en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 197520, la cual
introdujo un proceso gradual de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de
1980 y que tenía como propósito equiparar las condiciones salariales y
prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los del nivel nacional.

Por su parte, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 198921, además de
restringir el reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, dispuso la compatibilidad de esta
prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:

«Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

Así las cosas, esta norma exceptuó la regla que impedía que la pensión gracia y la
ordinaria de jubilación fueran ambas de carácter nacional, lo que se permitió
únicamente respecto de los docentes departamentales y municipales que, a 31 de
diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización que
implantó la Ley 43 de 1975. En similar sentido, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 22
dispuso:

«El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…).»

20
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
21
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
22
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»

9

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

De otro lado, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de Cajanal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
81 de 1976, en el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 y en el 279
de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2. En la actualidad la pensión gracia es asumida
por la UGPP.

2.3.3. De los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud sobre
la pensión gracia

El artículo 223 de la Ley 4ª de 1966 estableció para los pensionados afiliados a
Cajanal la obligación de realizar los aportes para financiar los servicios de salud, sin
que se hubiera hecho alguna excepción para los beneficiarios de la pensión gracia,
en los siguientes términos:

«Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social
cotizarán con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes.
Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su
mesada pensional.»

Con posterioridad, en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 se estableció que el
monto y distribución de las cotizaciones al Sistema de Seguridad en Salud es
obligatorio para todos sus afiliados, incluidos los beneficiarios de la pensión gracia,
toda vez que la norma no distinguió entre este régimen especial y el ordinario de
pensión de jubilación. En este artículo se estableció que la tasa de cotización para
financiar dicho sistema sería del 12%, así:

«Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo 12%
del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras
partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del
trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía
para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado».

A través de la Ley 1122 de 200724 se modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
en el sentido de aumentar el porcentaje de cotización, de la siguiente manera:

«Artículo 10. Modificase el inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual
quedará así:

23
Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
24
«Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones.»

10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12,5% del
ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno
punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad del
Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las
cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se
incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será
destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que
hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional
reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de
2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por
ciento (0,5%)».

Ahora, si bien las mencionadas normas no establecen de manera expresa la
pensión gracia como susceptible de la cotización en salud, ha de entenderse
incluida por cuanto se trata de una prestación a cargo de Cajanal y sobre la cual la
ley no previó ninguna excepción al respecto.

El artículo 26 del Decreto 806 de 1998 señaló que las personas con capacidad de
pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante la realización de aportes,
financiados directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su
empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin
hacer ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de regímenes especiales.

Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 1250 de 2008 adicionó un inciso al artículo 204
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual
correspondió a «[l]a cotización mensual al régimen contributivo de salud de los
pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional», de modo que
el mencionado descuento será finalmente del 12%.

Por lo tanto, aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión de jubilación, con inclusión de la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud. De esta manera, sobre la
pensión que se reconoce y se paga a través de Cajanal, hoy UGPP, se debe
efectuar el descuento del 12% con destino a ese sistema.

Ahora bien, a pesar de que en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se exceptuó de
la aplicación del sistema integral de seguridad social a los afiliados del Fondo

11

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)25, ello se predica
exclusivamente de aquellas prestaciones a cargo de este fondo y no de la pensión
gracia cuyo reconocimiento se encuentra en cabeza de Cajanal, obligación hoy
asumida por la UGPP, por virtud de lo dispuesto en el artículo 156, literal i) de la Ley
1151 de 2007.

Así entonces, los docentes que han accedido a la pensión gracia no están
exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social
en Salud y por ende son afiliados al régimen contributivo, al tenor de lo dispuesto
en el numeral 1, del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 199326, postura en la
cual, han coincidido la Corte Constitucional27 y esta corporación28.

Acorde con esto, al quedar claro que los beneficiarios de la pensión gracia son
afiliados obligatorios del régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en
Salud, en consecuencia, deben realizar las cotizaciones para salud previstas en las
Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.

2.4. Caso concreto

En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, la
Sala advierte lo siguiente:

25
En lo sucesivo Fomag.
26
«Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir
de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que
permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados
al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las
normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.»
27
Corte Constitucional, sentencias T-659 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-546 de 2014, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2013,
radicación 25000 23 25 000 2011 00805 01, número interno: 2090 -2012, M.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Tal posición se ha replicado tanto en sentencias posteriores, entre otras, en las siguientes:
Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2017, radicación 63001 23 33 000 2014 00239 01,
número interno: 1932-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y Subsección B, sentencia del 15 de
marzo de 2018, radicación: 11001 03 25 000 2013 00392 00, número interno: 0849-13, M.P. William
Hernández Gómez; Sentencia de fecha 9 de abril de 2019, número interno: 2546-2014, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez; sentencia de fecha 29 de agosto de 2019, radicado:
11001032500020140013700, número interno: 0343-2014, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2019, radicado interno: 0949-2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

12

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 la UGPP considera que se configuró, toda vez que la sentencia
objeto de revisión se profirió con vulneración del debido proceso, dado que existía
una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de Cajanal en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Ana Rosmira Jaimes de
Merchán contra ese ente de previsión, pues no era la entidad llamada a satisfacer
las pretensiones de la demanda por no ser la destinataria ni depositaria de los
fondos o recursos que se recaudan para la seguridad social en salud.

No obstante, se advierte que fue Cajanal la entidad que expidió el acto29
administrativo que se demandó en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Ana Rosmira Jaimes de Merchán, de manera que era la
llamada a fungir como parte demandada en dicho proceso.

Aunado a ello, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 del Decreto 65 de
2004, Cajanal, en su momento, era la entidad que ostentaba la competencia para
hacer las deducciones de la mesada pensional por concepto de las cotizaciones
obligatorias, entre las que se encuentra el aporte con destino al Sistema de
Seguridad Social en Salud.

En tal sentido, no se evidencia vulneración del derecho al debido proceso, pues era
la legitimada en la causa para fungir como parte demandada en la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho mencionada; por lo tanto, el examen del recurso se
debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) de la norma en que
se funda la acción, la Sala encuentra que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander se encuentra incursa en ella, pues al ordenar la
reducción al 5%, de los descuentos que por concepto de salud le han realizado a
la mesada de pensión gracia de Ana Rosmira Jaimes de Merchán y al reintegrar a
su favor las sumas correspondientes al porcentaje descontado en exceso por este
concepto, esto es el 7.5%, dio lugar a que el ente previsional pagara una mesada
pensional superior a la determinada por la ley.

Lo anterior, en consideración a que, como ya se analizó, los beneficiarios de la
pensión gracia deben realizar las cotizaciones para salud previstas en las Leyes
100 de 1993, 1122 de 2007 y 1250 de 2008, que se establecieron en un 12% en
consideración de lo previsto en el artículo 10 de la segunda normativa referida.

29 Si bien Buenfuturo fue la entidad que profirió el acto, lo cierto fue que lo hizo en representación de

Cajanal.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

Es de resaltar que se configura la causal de revisión, en la medida en que los
aportes a salud hacen parte del Sistema Integral de Seguridad Social y no pueden
entrar al patrimonio de los beneficiarios de la prestación social en perjuicio de la
sociedad.

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar la prosperidad de la acción de
revisión por la causal en estudio y como consecuencia de ello infirmar la
providencia proferida el 2 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Santander y proceder a emitir la sentencia de reemplazo, conforme con lo
establecido en el inciso 2 del artículo 255 del CPACA, en el que se determinó que
si el competente encuentra fundada la causal «del literal b) el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho
corresponde.»

2.5. Sentencia de reemplazo

2.5.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y sus
pretensiones

Ana Rosmira Jaimes de Merchán, en ejercicio de la acción prevista en el artículo
85 del Código Contencioso Administrativo, presentó una demanda en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio PABF CDP 2009-00877 del 13 de agosto de 2009,
por medio del cual Cajanal respondió desfavorablemente su solicitud tendiente a la
suspensión de los descuentos que se realizan por concepto de cotización para la
salud en la mesada de la pensión gracia, así como el reintegro del porcentaje
descontado en exceso por este concepto, al indicar que la deducción del 12% de
la prestación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico.

A título de restablecimiento del derecho, pidió declarar: i) la suspensión de los
descuentos del 12% respecto de la pensión gracia, ii) la reducción de la deducción
al 5%, monto permitido por la ley, del valor de su pensión por concepto de salud y
iii) el reintegro de las sumas correspondientes al porcentaje descontado que excedió
el monto legal de que trata el anterior numeral.

2.5.2. Fundamentos fácticos y jurídicos

Mediante la Resolución 22149 del 17 de mayo de 2007, por cumplir con los
requisitos de edad y tiempo de servicios en el ramo de la docencia oficial, Cajanal
le reconoció a Ana Rosmira Jaimes de Merchán la pensión gracia en una suma
equivalente a $1’610.621,96, a partir del 18 de octubre de 2005.

14

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

Ana Rosmira Jaimes de Merchán solicitó a Cajanal la suspensión del descuento, la
reducción al 5% y el reintegro de los dineros que se le han cobrado de más por
concepto de cotización para la salud sobre la mesada de su pensión gracia, con
retroactividad de tres años contados a partir de la fecha de radicación de la petición.

Mediante el Oficio PABF-CDP-2009-00877 del 13 de agosto de 2009, expedido por
el gerente del patrimonio autónomo Buenfuturo, facultado mediante poder general
otorgado por la liquidadora de Cajanal en liquidación para contestar peticiones, le
fue negada su solicitud, con fundamento en la Ley 1122 de 2007 que estableció que
la cotización en salud en el régimen contributivo será del 12.5% del ingreso base de
cotización; no obstante, en el caso de los pensionados, la Ley 1250 de 2008 dispuso
la modificación del aporte en el 12%.

2.6. Sentencias de primera y segunda instancia

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 13
de diciembre de 201030, accedió a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia declaró la nulidad del acto administrativo demandado. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó a Cajanal «abstenerse de continuar descontando
de la pensión gracia que devenga la señora ANA ROSMIRA JAIMES DE MERCHAN sumas
superiores al 5% como cotización por concepto de salud» (sic para toda la cita) y a «reintegrar
a la señora ANA ROSMIRA JAIMES DE MERCHAN las sumas que han sido descontados
de la Pensión Gracia como cotización por concepto de salud, que excedan del porcentaje
del 5% sobre la mesada pensional, desde la fecha en que se hicieron efectivos» (sic para
toda la cita).

El Tribunal Administrativo de Santander, por medio del fallo proferido el 6 de
diciembre de 2011, confirmó la decisión al considerar que el descuento del 12% por
concepto de salud efectuado a la pensión gracia de Ana Rosmira Jaimes de
Merchán no tiene soporte legal y modificó el ordinal quinto en el sentido de ordenar
que «el reintegro de la sumas de dinero que excedan el 5% como cotización por concepto
de salud, descontadas a la pensión gracia de la demandante, debe efectuarse desde el 17
de julio de 2006, por haber ocurrido el fenómeno de la prescripción trienal y hasta la
ejecutoria de la sentencia» (sic para toda la cita).

2.7. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión proferida el 6 de diciembre de 2011, Cajanal presentó
recurso de apelación, para lo cual manifestó que el a quo desconoció lo dispuesto

30
Folios 95 a 102.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

en los artículos 279 y 280 de la Ley 100 de 1993, así como en el artículo 14 del
Decreto 1703 de 2002, respecto de la obligación de cotizar en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud de una persona afiliada como cotizante a un régimen
de excepción que tenga una relación laboral o ingresos adicionales, en cuyo caso
su empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva cotización
al Fosyga.

La pensión gracia, al tratarse de un ingreso adicional a favor de los docentes, le
corresponde cotizar para el SGSSS con destino al Fosyga, cuyo propósito
específico es la financiación de la subcuenta de compensación en la cual se asigna
el pago de incapacidades y de licencias de maternidad y paternidad, todo esto en
virtud del principio constitucional de solidaridad.

2.7. Del caso concreto

En consideración al marco normativo expuesto en acápites anteriores, los
beneficiarios de la pensión gracia se consideran afiliados al régimen contributivo
del Sistema de Seguridad Social en Salud31 y por lo tanto deben realizar las
cotizaciones en salud previstas en las Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, pues la
obligación no excluye a los beneficiarios de esa prestación.

En consecuencia, sobre la pensión gracia reconocida a Ana Rosmira Jaimes de
Merchán se deben efectuar las cotizaciones que las mencionadas leyes disponen
por concepto de descuentos a salud, equivalentes al 12% en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 10 de la segunda normativa en mención, con su respectiva
adición.

Así las cosas, a Ana Rosmira Jaimes de Merchán no le asiste razón en su
pretensión de nulidad del acto demandado, razón por la cual se revocará la
sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga el 13 de diciembre de 2010 que declaró la nulidad del acto
demandado y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, en el evento en que la entidad hubiese procedido a la devolución de
los descuentos por concepto de salud, en atención a lo dispuesto en el numeral 1,
literal c) del artículo 164 del CPACA no se ordenará el reintegro de suma de dinero

31
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1) del Artículo 157 de la Ley 100 de
1993 y en el literal c) numeral 1) del Artículo 26 del Decreto 806 de 1998.

16

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

alguna, toda vez que no se desvirtuó la presunción de buena fe32, pues los valores
devueltos fueron producto de una decisión judicial33.

2.8. Costas

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que se configuró la causal
invocada en el literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, razón por la cual se
declarará fundada la acción especial de revisión.

Como consecuencia de lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 13 de
diciembre de 2010 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga que declaró la nulidad del Oficio PABF CDP 2009-00877 del 13 de
agosto de 2009 y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 6 de diciembre de 2011, por la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.

Segundo. Infirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone:

Revocar el fallo del 13 de diciembre de 2010, expedido por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga y en su lugar negar las pretensiones de

32
Artículo 83 de la Constitución Política.
33
En igual sentido se ha pronunciado esta corporación. Al respecto ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 11001 03 25 000 2013 01382 00 (3495-
2013) M.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado 85001 23 33
000 2016 00113 01 (2816-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00255-00 (1301-2017)
Demandante: UGPP

la demanda presentada por Ana Rosmira Jaimes de Merchán contra la Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), de acuerdo con lo expuesto en esta decisión.

Tercero. Sin condena en costas.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

18

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