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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2013-01143-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01143-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01143-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 23 de junio de 2011, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 18 Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013) Demandante: UGPP Segundo. Infirmar la sentencia del 23 de junio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone: Revocar el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, del 1º de junio de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María del Rosario Fuentes León en contra de la Caja Nacional de Previsión Social y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta decisión. Tercero. No condenar en costas. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 19

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-01143-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintitrés (23) abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: María del Rosario Fuentes León

Temas: Causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Pensión gracia, descuentos en salud

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
proferida el 23 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander2, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María
del Rosario Fuentes León.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1.En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 23 de junio de 2011
por el Tribunal Administrativo de Santander que confirmó parcialmente la decisión
del 1° de junio de 2010 dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga, a través de la cual se declaró la nulidad del Oficio GN-36880 del 8

1 En adelante UGPP
2Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 2008-00339-01; actor: María del
Rosario Fuentes León, demandado: Cajanal
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

de agosto de 2008 expedido por la Subdirección de Prestaciones Económicas –
Grupo de Nóminas de la Caja Nacional de Previsión Social3 y se ordenó la
devolución de sumas por concepto de servicios de salud superiores al 5%
descontadas de la pensión gracia reconocida a María del Rosario Fuentes León.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la sentencia dictada
el 23 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander; ii) la declaración
de que existió falta de legitimación en la causa porque Cajanal no era la entidad
destinataria de los recursos que se recaudan para el sistema de seguridad social en
salud; iii) la orden de efectuar los descuentos por concepto de salud sobre la pensión
gracia reconocida a María del Rosario Fuentes León, de conformidad con la Ley
100 de 1993; y iv) la orden del reintegro de los valores pagados por concepto de
devolución de los aportes en salud en cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señalaron los siguientes:

3.1. A través de la Resolución 012081 del 8 de mayo de 1998, Cajanal le reconoció a
María del Rosario Fuentes León una pensión gracia en suma equivalente a
$537.340, a partir del 4 de mayo de 1997.

3.2. Maríadel Rosario Fuentes León solicitó que se descontara de su pensión
únicamente el 5% por concepto de salud y no el 12% y reclamó la devolución de los
aportes deducidos de más, petición que fue negada a través del Oficio GN – 36880
del 8 de agosto de 2008.

3.3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho pidió que se
declarara la nulidad del aludido oficio y se ordenara el reintegro de los descuentos
realizados por cotización a salud; asunto que le correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga que, en sentencia del 1° de junio de 2010, accedió
a las pretensiones de la demanda, así:

«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del oficio GN - 36880 del 08 de agosto de 2.008. expedido
por la Subdirección de Prestaciones Económicas - Grupo de Nómina de la Caja Nacional de
Previsión Social, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar de oficio la prescripción de las sumas que se descontaron de más de la
pensión gracia de la demandante con anterioridad al 08 de agosto de 2.005, conforme la parte
motiva.

TERCERO: Como consecuencia de la nulidad declarada y a título de establecimiento del derecho,
se dispone:

3 En lo que sigue Cajanal

2

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

a) Ordénese a la Caja Nacional de Previsión Social abstenerse de continuar descontando de la
pensión gracia que devenga la señora MARIA DEL ROSARIO FUENTES LEON, identificada con
la cédula de ciudadanía número 28.096.854, el 7% de más por concepto de salud.
b) Ordénese a CAJANAL que reintegre a la demandante el 7% que ha venido descontando de
más del ingreso de su pensión gracia, desde la fecha en que se hicieron efectivos los descuentos
superiores al 5%.
c) Advertir sobre la prescripción de las sumas a devolver a que se hizo referencia en esta
decisión.
d) Las diferencias que resulten serán ajustadas en los términos del artículo 178 del C.C.A,
siguiendo la fórmula señalada en la parte motiva de esta decisión.
e) Se reconocerán intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A en cuanto se
den los supuestos de hecho allí señalados.
f) A esta providencia se le dará cumplimiento dentro de los términos establecidos en el artículo
176 del C.C.A. Dicho acto se notificará a la parte interesada y será susceptible de recursos en la
forma mencionada en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO:

NIEGANSE las demás suplicas de la demanda.» (sic)

3.4. Cajanal interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander mediante el fallo del 23 de junio
de 2011 que modificó el ordinal segundo para declarar la prescripción de los
derechos causados con anterioridad al 23 de junio de 2005 y confirmó en lo demás
lo decidido por el a quo. El fallo quedó ejecutoriado el 21 de julio de 2011.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 23 de junio de 2011 el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y
se ordenó la devolución de sumas por concepto de servicios de salud descontadas
de la pensión gracia reconocida a María del Rosario Fuentes León.

5. Para tal efecto observó lo siguiente4:

5.1. Cajanal estaba legitimada en la causa porque fue la entidad que expidió el acto
que negó la solicitud de reintegro de los aportes a salud. Además, aunque no era la
entidad que pagaba la pensión ni efectuaba los descuentos, al reconocer la
prestación ordenó al Fopep realizar las deducciones ordenadas en la ley, que, de
acuerdo con el acto acusado, correspondían al 12% del ingreso pensional para
cotización a salud.

5.2. María del Rosario Fuentes León, en calidad de docente con anterioridad al año
1980 y vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio5,

4 Folios del 119 a 125 del cuaderno principal.
5 En los que se sigue Fomag

3

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

estaba exceptuada de las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, razón
por la que, no le era aplicable la contribución al sistema de seguridad social en salud
del 12% del salario.

5.3. No había disposición que autorizara el descuento en discusión por cuanto: no era
aplicable la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1703 de 2002, ya que los docentes
pertenecen a un régimen especial; si bien la Ley 812 de 2003 establece que deben
cotizar a salud y pensión según las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, el régimen de
excepción se mantuvo para los docentes vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la última norma, esto es al 27 de junio de 2003, es decir, tal condición
aplicó para los vinculados después de esa fecha; y la Ley 1122 de 2007 que fijó la
cotización en salud en el 12.5% tampoco modificó la situación de quienes estaban
amparados con el régimen anterior.

5.4. La demandada presentó la reclamación administrativa el 23 de junio de 2008,
razón por la cual prescribieron los derechos causados con anterioridad al 23 de junio
de 2005.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con violación al debido proceso, comoquiera que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de nulidad y
restablecimiento instaurada por María del Rosario Fuentes León, pues Cajanal no
era la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el sistema
de seguridad social en salud. Además, si bien era la que efectuaba los descuentos,
«respecto de las pensiones reconocidas, tales recursos son girados con destino al
FOSYGA, Fondo de Solidaridad y Garantía, el que de acuerdo con el Decreto 1283 de 1996,
es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud manejada por encargo fiduciario, sin
personería jurídica ni planta de personal propia» (sic).

6.2. Lacuantía decretada excedió lo debido de acuerdo con la ley, porque los
descuentos por concepto de cotización o aportes a salud que se debieron efectuar
sobre esta mesada pensional estaban fundados en lo dispuesto en los artículos 157,
202 y 203 de la Ley 100 de 1993. Además, resulta obligatoria la cotización para
todos los afiliados al régimen contributivo de salud.

6.3. Los docentes beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran excluidos de la
aplicación del sistema integral de la seguridad social, pues no hacen parte de la

6 Folios del 157 a 172 del cuaderno principal 1

4

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

excepción contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior,
comoquiera que el parágrafo 2 de la mencionada disposición alude a que la Caja
Nacional de Previsión continuará con el pago de la prestación y no el Fomag, por lo
que, la referida pensión no se encuentra en la excepción realizada por el legislador.

6.4. Para resolver el presente asunto no era aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, que exceptúa de la Ley 100 de 1993 en materia de salud a los docentes
oficiales vinculados con anterioridad a la vigencia del mencionado estatuto, pues en
él se hace referencia a las prestaciones reconocidas por el Fomag; no obstante, la
pensión gracia no es pagada por tal entidad sino por Cajanal.

6.5. La orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander desconoció que
antes de la Ley 100 de 1993, los pensionados de Cajanal aportaban el 5% de su
mesada para salud. Con la citada ley, la cotización se unificó en un 12% para todos
los pensionados sin importar el tipo de pensión de que se tratara; incluso, para no
disminuir el poder adquisitivo de quienes ya estaban pensionados antes de 1994,
se ordenó aumentar sus mesadas en un monto equivalente a la diferencia entre el
5% y el 12%, con lo que se compensó el mayor aporte.

6.6. En todo caso, la discusión por tales aportes fue zanjada por la Corte
Constitucional en la sentencia T-359 de 2009 en el sentido de que eran
improcedentes las devoluciones de los descuentos en salud efectuados a la pensión
gracia.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento
en que7:

7.1. Nose vulneró el derecho al debido proceso, pues el Fosyga únicamente
administró los recursos derivados de las cotizaciones para financiar el sistema de
salud y recibió instrucciones sobre la forma en que debía realizar tales pagos.
Además, aunque Cajanal no fue la entidad encargada de pagar la pensión
reconocida a María del Rosario Fuentes León, sí fue la que la reconoció y ordenó el
pago de las mesadas pensionales, así como la realización de los descuentos por
concepto de salud.

7.2. A los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de
2003, quienes eran pensionados del Fomag, la ley permitió efectuarles el descuento
del 5% de cada mesada pensional, incluidas las adicionales. Por lo tanto, no
proceden las pretensiones de la revisión; sin embargo, de acceder a ellas, se solicita

7 Samai, índice 92.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

que los efectos de la sentencia sean ex nunc y, de no prosperar lo anterior, se
declare la prescripción de los cobros correspondientes a los últimos 5 años.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 22 de julio de 2013 contra la sentencia proferida el 23 de junio de
2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
8
2019 , por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 23 de junio de 2011 quedó ejecutoriada el 21 de julio
de ese año y la acción se presentó el 22 de julio de 20139, lo que permite concluir
que fue en la oportunidad señalada por el inciso 4 del artículo 252 del CPACA.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe a determinar ¿si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 23 de junio de 2011 está incursa en las causales de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber ordenado a Cajanal (hoy
UGPP) abstenerse de efectuar los descuentos y devolver los valores deducidos de
la pensión gracia reconocida a María del Rosario Fuentes León por concepto de
aportes a salud, al considerar que sobre esa prestación no procedía tal deducción?

8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9 Folio 172, respaldo, del cuaderno principal.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 10 de la Ley 797 de 200311 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

17. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención

10 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.» (sic).

20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»14.

21. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 15 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal» (sic).

22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario» (sic)16.

2.4.2. De la pensión gracia

23. La Ley 114 de 191317 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ejusdem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y buena conducta.

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
17 Por la cual «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela»

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

24. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 18 señaló que
«[…] el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación.» (sic).

25. Posteriormente, las leyes 116 de 192819 y 37 de 193320 en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

26. Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena
21
de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así :

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales» (sic).

27. Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197522 y en línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de
198923, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia,
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

28. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200024 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927»
20 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados»
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado No. S-699.
22 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
23 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
24 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

29. En torno a su reconocimiento se ha señalado que los docentes deben acreditar:
i) una experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, ii) completar 20 años de servicios en una plaza
territorial o nacionalizada25 y iii) tener buena conducta durante su desempeño como
docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los
tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea
continuo.

30. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 26 además de restringir
el reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, dispuso la compatibilidad de esta prestación con
la pensión ordinaria de jubilación en los siguientes términos:

«Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.» (sic)

31. En similar sentido, el artículo 6 de la Ley 60 de 199327 previó:

«El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.» (sic).

25 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra

Vélez; sentencias de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014) y del 11 de agosto de 2022 radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
26 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
27 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

32. Ahorabien, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de Cajanal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
81 de 1976, en los artículos 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 y en el
279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2, y en la actualidad la pensión gracia es
asumida por la UGPP.

2.4.3. De los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud sobre
la pensión gracia

33. El artículo 228 de la Ley 4ª de 1966 estableció para los pensionados afiliados a
Cajanal la obligación de realizar los aportes para financiar los servicios de salud, sin
que se hubiera hecho alguna excepción para los beneficiarios de la pensión gracia,
en los siguientes términos:

«Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social
cotizarán con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de afiliación,
y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Parágrafo. Los
pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su mesada
pensional.»

29
34. En similar sentido, el artículo 7 de la Ley 4 de 1976 señaló:

«Artículo 7. Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así como
los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la Ley, según lo
determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán derecho a disfrutar de
los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de
rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de las entidades, patronos o empresas tengan
establecido o establezcan para sus afiliados o trabajadores activos, o para sus
dependientes según sea el caso, mediante el cumplimiento de las obligaciones
sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios» (resaltado)

35. Con posterioridad, en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 se estableció que el
monto y distribución de las cotizaciones al Sistema de Seguridad en Salud es
obligatorio para todos sus afiliados, incluidos los beneficiarios de la pensión gracia,
toda vez que la norma no distinguió entre este régimen especial y el ordinario de
pensión de jubilación. En este artículo se estableció que la tasa de cotización para
financiar dicho sistema sería del 12%, para tal efecto previó:

«Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo 12%

28 derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993
29 Este artículo sobre cobertura familiar fue subrogado por el artículo 163 Ley 100 de 1993 en cuanto

al régimen que contempla. Radicación 659 de 1994. Sala de Consulta y Servicio Civil).

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras
partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del
trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía
para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado.»

36. A través de la Ley 1122 de 200730 se modificó el artículo 204 de la Ley 100 de
1993, en el sentido de aumentar el porcentaje de cotización de la siguiente manera:

«Artículo 10. Modifícase el inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual
quedará así:

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12,5% del
ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno
punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad del
Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las
cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se
incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será
destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que
hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional
reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de
2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por
ciento (0,5%).»

37. Con posterioridad, a través de la Ley 1250 de 200831 se determinó que la
cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sería del
12% del ingreso de la respectiva mesada pensional. En lo referente se previó:

«ARTÍCULO 1o. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual se entenderá incluido a
continuación del actual inciso primero, así:

“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones (…)
“<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La cotización mensual al régimen contributivo de
salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional”,
la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008”.» (Resaltado del
texto original).

38. Ahora, si bien las mencionadas normas no establecen de manera expresa la
pensión gracia como susceptible de la cotización en salud, ha de entenderse
incluida por cuanto se trata de una prestación a cargo de Cajanal y sobre la cual la
ley no previó ninguna excepción al respecto.

30 «Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

y se dictan otras disposiciones.»
31 «Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo

10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 6o de la Ley 797 de 2003.»

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

39. Finalmente, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 señaló que las personas con
capacidad de pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante la realización
de aportes financiados directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y
su empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin
hacer ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de regímenes especiales.

40. Por lo tanto, aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión de jubilación, con inclusión de la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud. De esta manera, sobre la
pensión que se reconoce y paga a través de Cajanal, hoy UGPP, se debe efectuar
el descuento del 12% con destino a ese sistema.

41. Ahora bien, a pesar de que en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se exceptuó
de la aplicación del sistema integral de seguridad social a los afiliados al Fomag,
ello se predica exclusivamente de aquellas prestaciones a cargo de este fondo y no
de la pensión gracia cuyo reconocimiento se encuentra atribuido a Cajanal, hoy
obligación asumida por la UGPP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 156, literal
i) de la Ley 1151 de 2007.

42. Asílas cosas, los docentes que han accedido a la pensión gracia no están
exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social
en Salud y por ende son afiliados al régimen contributivo, al tenor de lo dispuesto
en el numeral 1, del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 199332, postura en la
cual han coincidido la Corte Constitucional33 y esta corporación34.

32 «Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir

de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que
permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados
al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las
normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.»
33 Corte Constitucional, sentencias T-659 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014 y T-581 de 2015,

entre otras.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2013,

radicado 25000 23 25 000 2011 00805 01 (2090 -2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tal posición
se ha replicado en sentencias posteriores, entre otras, en las siguientes: sentencias del 26 de enero
de 2017, radicado 63001 23 33 000 2014 00239 01 (1932-2015) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez ;
del 15 de marzo de 2018, radicado: 11001 03 25 000 2013 00392 00 (0849-13), M.P. William
Hernández Gómez; del 29 de agosto de 2019, radicado: 11001032500020140013700 (0343-2014),
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, del 24 de agosto de 2023, radicado: 11001-03-25-000-2014-00841-
00, M.P. Cesar Palomino Cortés.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

43. De conformidad con lo anterior queda claro que los beneficiarios de la pensión
gracia son afiliados obligatorios del régimen contributivo del Sistema de Seguridad
Social en Salud, en consecuencia, deben realizar las cotizaciones para salud
previstas en las leyes 100 de 1993 y 1250 de 2008.

2.5. Caso concreto

44. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

45. Frente a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
consistente en que «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»,
la UGPP considera que se configuró, toda vez que la sentencia objeto de revisión
se profirió con vulneración del debido proceso, comoquiera que existía una falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de Cajanal en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por María del Rosario Fuentes León contra
ese ente de previsión, pues no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones
de la demanda por no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que
se recaudan para la seguridad social en salud.

46. Noobstante, se advierte que fue Cajanal la entidad que expidió el acto
administrativo que se demandó en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por María del Rosario Fuentes León, de manera que era la
llamada a fungir como parte demandada en dicho proceso.

47. Aunado a ello, la competencia para realizar las deducciones de la mesada
pensional por concepto de las cotizaciones obligatorias35, entre ellas, el aporte
destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud fue encomendado en su
momento, a Cajanal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 536, del
Decreto 65 de 200437.

48. En otros términos, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
pues era la legitimada en la causa para fungir como parte demandada en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho mencionada, razón por la cual no se
encuentra fundada esta causal.

35 El aporte en salud constituye una cotización obligatoria para los pensionados y jubilados, al tenor

de lo dispuesto en los Artículos 157, 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de las exclusiones
a que se refiere el Artículo 279 ibídem.
36 «5. Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos

establecidos por la ley»
37 «Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa

Industrial y Comercial del Estado».

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

49. En torno a la causal prevista en el literal b) ejusdem, esto es, «cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», esta Sala evidencia que en la sentencia
recurrida se excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) a
María del Rosario Fuentes León se le reconoció una pensión gracia; ii) según lo
dispuesto en el literal a) del numeral 1) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y en
el literal c) numeral 1) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, hace parte de los
afiliados del régimen contributivo del SGSSS; iii) las cotizaciones o aportes a salud
al SGSSS son obligatorias para todos sus afiliados; iv) como beneficiaria de la
pensión gracia no está excluida de tal obligación, toda vez que la norma no
distinguió entre este régimen especial y el ordinario de pensión de jubilación. Por lo
tanto, debe realizar las cotizaciones por concepto de salud.

50. Por consiguiente, y como ha sido el criterio de la sala en asuntos con similares
contornos fácticos y jurídicos38, se debe infirmar la sentencia proferida el 23 de junio
de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander y se procederá a emitir la
sentencia de reemplazo, conforme con lo establecido en el inciso 2 del artículo 255
del CPACA, en el que se determinó que si el competente encuentra fundada la
causal «del literal b) el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada
y dictará la que en derecho corresponde».

2.6. Sentencia de reemplazo

2.6.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y sus
pretensiones

51. María del Rosario Fuentes León presentó demanda en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo39 con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio GN
– 36880 del 8 de agosto de 2008 expedido por la Subdirección de Prestaciones
Económicas – Grupo de Nóminas de Cajanal, para que el descuento que se le
efectuara por concepto de aportes a salud fuese del 5% del monto de su pensión
gracia, y que se le reintegraran los mayores valores descontados por tal concepto,
esto es el 7% del monto de su mesada con retroactividad desde cuando adquirió el
derecho.

2.6.2. Sentencias de primera y segunda instancia

52. Mediante sentencia del 1º de junio de 2010, el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del

38 Sentencia del 6 de junio de 2024, radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar.
39 En adelante CCA.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

acto acusado. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, ordenó
la suspensión de los descuentos por concepto de seguridad social en salud del 7%
que había sido deducido de más del monto de la pensión gracia reconocida a María
del Rosario Fuentes León y la devolución de los mayores valores descontados a
partir del 8 de agosto de 2005, por haberse configurado la prescripción de los
derechos causados con anterioridad a esa fecha.

53. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la sentencia del 23 de junio
de 2011, confirmó parcialmente la decisión. En tal sentido, modificó el ordinal
segundo para declarar la prescripción de las sumas causadas antes del 23 de junio
de 2005.

2.6.3. Caso en concreto

54. En efecto, de acuerdo con el marco normativo expuesto en acápites anteriores
los beneficiarios de la pensión gracia se consideran afiliados al régimen contributivo
del SGSSS y, por lo tanto, deben realizar las cotizaciones en salud previstas en las
leyes 100 de 1993 y 1250 de 2008, pues a dichos pensionados no se les excluyó
de tal obligación.

55. En consecuencia, sobre la pensión gracia reconocida a María del Rosario
Fuentes León se deben efectuar las cotizaciones que las mencionadas leyes
disponen por concepto de descuentos a salud, equivalentes al 12% del ingreso de
la respectiva mesada pensional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la
Ley 1250 de 2008.

56. Ello es así, se reitera, porque de acuerdo con la norma y la interpretación que
sobre ella ha realizado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las
cotizaciones al sistema de Seguridad Social en salud deben corresponder al 12 %
sobre la totalidad de los ingresos, sin que para tal efecto exista ley vigente que
excluya de tal pago a los beneficiarios de la pensión gracia, que es pagada,
actualmente, por la hoy recurrente Ugpp.

57. De acuerdo con lo anterior, se establece que a María del Rosario Fuentes León
no le asiste razón en su pretensión de obtener la nulidad del acto demandado en el
proceso ordinario, que resolvió en forma desfavorable la solicitud de suspensión y
reintegro de los descuentos que se le realizaban por concepto de cotización para la
salud en la mesada de la pensión gracia por un mayor valor al 5%, razón por la cual,
se deberá revocar la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga que accedió a las pretensiones y, en su lugar, se negarán las súplicas
de la demanda.

58. En el evento en que la UGPP hubiese procedido a la devolución de los

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

descuentos por concepto de aportes con destino a salud, no hay lugar a ordenar su
reintegro por la demandada, puesto que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución política, la buena fe de los particulares se presume y, en el caso
concreto, este evento no se ha desvirtuado, por cuanto la orden de reintegro de los
valores descontados fue producto de la decisión judicial ahora atacada.

59. Sin desconocer que se trata de recursos que pertenecen al sistema de seguridad
social en salud, lo cierto es que, al no ser probada la mala fe, no se ordenará el
reintegro de las mencionadas sumas pagadas, esto en aplicación del artículo 136
del CCA, hoy 164 del CPACA.

2.7. Costas

60. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se configuró la causal
invocada en el literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, razón por la cual se
declarará fundada la acción especial de revisión, comoquiera que a María del
Rosario Fuentes León no le asiste razón en su pretensión de obtener la nulidad del
Oficio GN– 36880 del 8 de agosto de 2008 expedido por la Subdirección de
Prestaciones Económicas – Grupo de Nóminas de Cajanal, que resolvió de manera
desfavorable la solicitud de reintegro de los descuentos efectuados a su prestación
por concepto de aporte en salud, razón por la cual, la Sala infirmará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 23 de junio de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 23 de junio de 2011, por la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 de acuerdo con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01143-00 (2741-2013)
Demandante: UGPP

Segundo. Infirmar la sentencia del 23 de junio de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone:

Revocar el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, del 1º de junio
de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María del
Rosario Fuentes León en contra de la Caja Nacional de Previsión Social y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta
decisión.

Tercero. No condenar en costas.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

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