Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00904-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00904-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-25-000-2013-00904-00
Nº interno: 1956-2013
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 30
de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander. Causal regulada en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que revocó el fallo del 19 de agosto
de 2009 dictado por el Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga que negó
las súplicas de la demanda y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor José
Gabriel Cupabán Rueda contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal en
Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, radicado: 2007-
00079-01.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el
señor José Gabriel Cupabán Rueda
El señor José Gabriel Cupabán Rueda, presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social, con el
fin de obtener la nulidad del Oficio GN – 2991 de 11 de octubre de 2006,
expedido por el Líder Grupo Nómina de Pensionados de la Caja Nacional de
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Previsión Social, en la cual se negó la petición de reintegro del 7% descontado
por aportes para salud sobre la pensión gracia.
Igualmente, solicitó que: se declare que solamente se debe efectuar un
descuento del 5% por concepto de aportes para salud sobre la pensión, de
conformidad con la Ley 91 de 1989; y se condene a Cajanal a: (i) reintegrar el 7%
de los descuentos efectuados por dicho concepto sobre la pensión gracia, con
retroactividad desde cuando el demandante adquirió el derecho; (ii) pagar la
indexación o corrección monetaria sobre las sumas adeudadas al demandante,
desde el momento en que se debió cancelar cada suma de dinero y hasta que se
verifique el pago total de las obligaciones; (iii) reconocer, liquidar y pagar
intereses de mora; (iv) dar estricto cumplimiento a la sentencia y a pagar las
costas procesales.
Como fundamentos de hecho narró que Cajanal reconoció una pensión gracia a
favor del señor José Gabriel Cupabán Rueda, por cumplir los requisitos de edad y
tiempo de servicios en el ramo de la docencia oficial.
Señaló que el demandante elevó petición escrita a la entidad demandada, para
que se reintegrara a su favor el 7% de los descuentos realizados por Cajanal por
concepto de salud sobre la pensión gracia que le fue reconocida. Esta petición se
resolvió de forma negativa por Cajanal a través de la Resolución GN – 29891 de
11 de octubre de 2006.
Afirmó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la aplicación del
Sistema Integral de Seguridad Social creado en la misma, por lo que no es
posible aplicar un descuento del 12% sobre la pensión gracia.
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La Caja Nacional de Previsión Social no contestó la demanda.
3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del
19 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda. En dicha decisión
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a
favor de Cajanal, teniendo en cuenta que el FOPEP es el fondo encargado de
administrar los recursos de Cajanal.
Indico que no es procedente la devolución al accionante de los aportes del 7%,
toda vez que el porcentaje establecido en el artículo 8, numeral 5 de la Ley 91 de
1989 fue modificado por el artículo 81, inciso 4 de la Ley 812 de 2003, en el
sentido que “corresponderá a la suma de aportes que para pensión y salud establezcan
la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, establecido en el 12% del ingreso base de cotización
a partir de enero de 2009 […]”.
4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La parte demandante presentó recurso de apelación, al considerar que Cajanal
fue la entidad que reconoció y paga la pensión gracia del actor, por lo que,
contrario a lo declarado por el juez de instancia, dicha entidad está legitimada en
la causa por pasiva.
Afirmó que Cajanal es la entidad encargada de efectuar los descuentos por
concepto de aportes para salud y no el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional – FOPEP, máxime porque el fondo es una cuenta especial de la Nación
que no tiene personería jurídica y no puede ser parte en un proceso.
5. Sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 30 de mayo de
2011, revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad
del acto acusado; ordenó a Cajanal abstenerse de continuar descontando la
suma que exceda el 5% por concepto de salud sobre la pensión gracia
reconocida al señor Cupabán Rueda; ordenó reintegrar al demandante el 7% que
ha venido descontando de más sobre la pensión gracia, desde la fecha en que se
hicieron efectivos los descuentos; declaró prescritas las sumas descontadas de
más sobre la pensión gracia reconocida al actor, con anterioridad al 18 de
septiembre de 20031.
Como fundamento de la decisión señaló que Cajanal fue la entidad que expidió el
1
Folios 133 reverso-140.
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
acto administrativo demandado y aunque no paga la pensión ni efectúa los
descuentos por concepto de salud, ordena al FOPEP pagar al demandante a
pensión con los reajustes y deducciones ordenadas por ley que, conforme a lo
expuesto en el acto administrativo acusado, corresponde al 12% del ingreso
pensional para cotización a salud.
Indicó que el demandante ingresó al servicio docente con anterioridad a 1980 y
no le son aplicables las disposiciones previstas en las Leyes 812 de 2003 ni 1122
de 2007, las cuales modificaron aspectos relacionados con las cotizaciones al
sistema de seguridad social en salud, pues hacerlo conllevaría a la vulneración
del principio de irretroactividad de la ley.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal consideró que el descuento efectuado de
la pensión gracia devengada por el demandante en cuantía del 12% no tiene
soporte legal, por lo que se torna en ilegal y, como consecuencia, debe revocarse
la decisión proferida por el juez de primera instancia y declararse la prescripción
de los valores adeudados con anterioridad al 18 de septiembre de 2003.
6. El recurso extraordinario de revisión
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo
de Santander, con fundamento en las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según las cuales procede la revisión de
pensiones: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 2.
Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso, indicó:
Señaló que a través de la Resolución 11634 de 21 de septiembre de 1999,
expedida por Cajanal, se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a
favor del señor Cupabán Rueda, en cuantía de $529.330,82, efectiva a partir del
3 de septiembre de 1998.
2
Folios 196-212.
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Posteriormente, el señor José Gabriel Cupabán solicitó la revisión de su pensión
gracia con inclusión de algunos factores salariales que no tuvo en cuenta la
entidad, petición que fue negada con la expedición del Auto 101173 de 15 de
febrero de 2002.
Que mediante Auto 102017 de 7 de marzo de 2002, se dejó sin efectos el Auto
101173 de 15 de febrero de 2002, para en su lugar, conceder recurso de
apelación interpuesto por el pensionado contra el acto ficto o presunto.
A través de la Resolución 02672 de 16 de mayo de 2003, la Jefe de la Oficina
Jurídica de Cajanal resolvió el recurso interpuesto por el pensionado,
confirmando la negativa del acto ficto configurado frente a la petición de
reliquidación de la pensión gracia del señor Cupabán Rueda.
Posteriormente, Cajanal expidió la Resolución 2889 de 18 de abril de 2006, en la
cual reliquidó la pensión gracia reconocida al recurrente, con la inclusión de todos
los factores salariales, elevando la cuantía a la suma de $619.709, 78, efectiva a
partir del 3 de septiembre de 1998.
En escrito del 18 de setiembre de 2016 el señor José Gabriel Cupabán solicitó
ante Cajanal la devolución del 7% sobre lo descontado por concepto de salud
sobre la pensión gracia. Esta petición fue resuelta de forma negativa mediante el
Oficio GN – 29891 de 11 de octubre de 2006, expedido por Cajanal.
En virtud de lo anterior, el señor Cupabán Rueda presentó demanda en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la
devolución del 7% descontado por concepto de salud.
Mediante sentencia del 19 de agosto de 2019 el Juzgado Trece Administrativo de
Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue apelada
por el demandante. El Tribunal Administrativo de Santander a través de fallo del
30 de mayo de 2011 revocó la anterior decisión y, en su lugar, accedió a las
súplicas de la demanda.
En cuanto a la causal en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
manifestó que la decisión judicial de segunda instancia se produjo con
vulneración al debido proceso, pues existía falta de legitimación en la causa por
6
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
pasiva en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
instaurada por el señor Cupabán Rueda, toda vez que Cajanal no era la entidad
llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, por no ser la destinataria ni
depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el Sistema de
Seguridad Social en Salud.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien los descuentos por concepto de
Seguridad Social en Salud se efectúan por Cajanal, respecto de las pensiones
reconocidas, tales recursos son girados al Fondo de Solidaridad y Garantía –
Fosyga, que según el Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio
de Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica, ni planta de
personal propia.
En relación con la otra causal, prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, consideró que procede la revisión de la sentencia, por cuanto la cuantía
decretada excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
suspensión y reintegro de las sumas descontadas por concepto de aportes a
salud sobre la pensión reconocida en favor del señor José Gabriel Cupabán pese
a que los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se fundan en lo dispuesto en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de
1993.
Advirtió que, de conformidad con las normas indicadas, son afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, entre otros, los pensionados, por lo que
se les exige pagar las cotizaciones al tenor de lo establecido en el numeral 3 del
artículo 160 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que los docentes beneficiarios de la pensión gracia no se encuentran
excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social, pues no
hacen parte de la excepción prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que dicha prestación no se paga por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sino que está a cargo de Cajanal, por lo que no resultaba
procedente ordenar la devolución de las cotizaciones descontadas al señor
Cupabán Rueda por conceto de salud que excedan del 5%.
Como pretensiones del recurso, solicitó:
“[…] 1. Revocar la sentencia de 30 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Administrativo de Santander, que revoca la sentencia proferida el 19 de agosto de
2009 por el Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurada por el señor
JOSÉ GABRIEL CUPABÁN RUEDA contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL.
2. Declarar que existió falta de legitimación en la causa en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurada por el señor JOSÉ
GABRIEL CUPABÁN RUEDA, pues CAJANAL no era la entidad llamada a
satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta de no ser la destinataria
ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el [Sistema de]
Seguridad Social en Salud.
3. Declarar que sobre la pensión de gracia reconocida en favor del señor JOSÉ
GABRIEL CUPABÁN RUEDA, deben realizarse los descuentos por concepto de
salud, conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
4. Condenar al señor JOSÉ GABRIEL CUPABÁN RUEDA a reintegrar los valores
cancelados por concepto de devolución de los aportes en salud, en cumplimiento
de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 30 de
mayo de 2011. […]”.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 2 de
septiembre de 20153. Posteriormente, en providencia del 18 de noviembre de
2019 se dispuso notificar nuevamente al demandado, teniendo en cuenta que no
obraba constancia de notificación personal4. Mediante auto del 20 de mayo de
2021 se ordenó la notificación a la parte demandada a través de emplazamiento 5.
En providencia del 17 de febrero de 2022 se designó curador ad-item para que
represente al señor José Gabriel Cupabán en el proceso de la referencia6. En
auto del 6 de octubre de 2022 se requirió lo dispuesto en providencia anterior7. El
7 de marzo de 2023 se posesionó la curadora ad-litem del señor Cupabán
Rueda8. En auto del 8 de junio se prescindió del máximo periodo probatorio9.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión
La abogada que actúa en calidad de curador ad-litem del señor Cupabán Rueda
se opuso a la prosperidad de las pretensiones del recurso extraordinario de
revisión y señaló que no se configuran las causales invocadas por la UGPP y que
3
Folios 215-217.
4
Folios 245-reverso.
5
Folios 251-reverso.
6
Folios 254-reverso.
7
Folios 259-reverso.
8
Folio 268.
9
Folios 270-reverso.
8
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
existe buena fe por parte del pensionado10.
9. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
2. Oportunidad y legitimación en la causa por activa en la presentación del
recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 30 de
mayo de 201311, pues la sentencia recurrida se dictó el 30 de mayo de 2011, y
conforme con el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la entidad de previsión social tiene legitimación para interponer este
medio extraordinario en un término de 5 años.
Asimismo, la Sala advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias
judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
A su vez, se observa que el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 “ Por
el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
10
Visible en el índice 50 del aplicativo Samai.
11
Folio 212 reverso.
9
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan
las funciones de sus dependencias”, establece como función de la UGPP “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que la UGPP está legitimada en la
causa por activa para interponer el recurso extraordinario de revisión previsto en
la Ley 797 de 2003 y que lo hizo de manera oportuna.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander que revocó el fallo dictado el 19 de
agosto de 2009, por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió
a las mismas.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 30 de
mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, se incurrió en las
causales de revisión alegadas por el recurrente, esto es, en primer lugar, si se
quebrantó el derecho al debido proceso, en tanto existía falta de legitimación en
la causa por pasiva de Cajanal al no ser la entidad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda; y, en segundo orden, si la cuantía del derecho
reconocido al docente excede lo debido de acuerdo con la ley, por disponerse en
dicha decisión que, sobre la pensión gracia devengada por el señor José Gabriel
Cupabán Rueda, se reintegren las sumas descontadas sobre la mesada
pensional, por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en
salud que exceda el 5% y que se suspendan los mismos descuentos.
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de las causales invocadas por la entidad
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.
2.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
10
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por
el juez de instancia.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios12.
Ahora bien, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo incorporó, a las causales allí establecidas, las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que, por el trámite del
recurso extraordinario de revisión, se resolviera esta acción especial, dentro de la
cual también pueden invocarse las causales señaladas en el artículo 250 citado.
En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
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Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
La inclusión o correspondencia en cuanto al trámite o causales de estos dos
mecanismos extraordinarios de revisión, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25, en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción
especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables
jurídicamente, sino solo que el trámite13 y sus causales generales14 le resultan aplicables
a aquella por remisión”, pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis15, dado
que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada – al igual que el recurso
extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad
propia16”, como es el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta
acción especial, debido a las dos causales de revisión que se pueden invocar17.
Ciertamente, debido a las causales que son procedentes en este recurso
extraordinario de revisión, concretamente, en cuanto a la cuantía del derecho
reconocido, permite que el juez extraordinario, de alguna manera, analice
aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen en
cuenta para la cuantificación del derecho18.
13
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la
ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio
de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-
2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de
marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-
00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha
aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario
de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
14
Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo
contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el
CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
16
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo
de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de
mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
17
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley
797 de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los
montos de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el
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Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Así mismo, es importante precisar que, al igual como sucede en el estudio de las
causales del recurso extraordinario de revisión, los motivos para pretender la
nulidad de la sentencia que ha reconocido el derecho a una prestación periódica
a cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados,
pues tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia.
2.2. Alcance de las causales invocadas por la entidad demandante
La primera causal está prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, según la cual se puede solicitar la revisión de una sentencia “ cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.
Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero
de 2019, consideró:
“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el
recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición,
específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental
cuya violación da lugar a la configuración de la causal.
[…]
Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados,
y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una
actuación administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y
equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver:
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-
15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de
junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio
de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-
00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Fallo
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el
derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem”19.
La Sala considera que para que se configure esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo
esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del
debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar
suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la
cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la
justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.
La segunda causal es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es
decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente viable.
De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala
advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para
accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a
cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica
cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.
3. Caso concreto
3.1. Primer cargo de violación
La entidad recurrente considera que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander se produjo con vulneración al debido proceso, por
cuanto se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
19
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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Fallo
entidad demandada (Cajanal), pues no era la autoridad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda, al no ser destinataria ni depositaria de los fondos o
recursos que se recaudan para el Sistema de Seguridad Social en Salud.
A juicio de la Sala, esta causal invocada no puede ser estudiada bajo los
argumentos expuestos en el recurso, pues no cuestiona la competencia del juez
que dictó la providencia, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver
el asunto, ni hace alusión a la falta de garantías de audiencia, defensa,
contradicción, así como tampoco a la falta de motivación de la decisión, siendo
necesario que se alegue y acredite alguno de dichos presupuestos bajo esta
causal.
Quiere decir lo anterior que, el recurrente no acreditó que la decisión objeto de
revisión se dictó con violación al debido proceso, sino que se evidencia que lo
pretendido es cuestionar las providencias bajo un argumento que fue planteado
dentro del proceso ordinario, pues Cajanal alegó dicha inconformidad dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor José
Gabriel Cupabán en su contra, es decir, que contó con los mecanismos
procesales para debatir este aspecto dentro de las oportunidades otorgadas por
el legislador.
Al respecto, la Sala advierte que, Cajanal en el curso del proceso ordinario
planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que
fue un punto debatido y discutido dentro del proceso ordinario.
En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el recurso extraordinario de
revisión no constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha
adelantado ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo
extraordinario, que se funda en la configuración de alguna de las causales
taxativamente señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión
judicial y evitar la afectación de los derechos fundamentales de alguno de los
sujetos procesales y no se puede emplear como una oportunidad para
controvertir aspectos que se resolvieron de forma desfavorable en el proceso
ordinario, pues aceptar dicha situación conllevaría al desconocimiento de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
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Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Sobre este punto, la Sala Especial de Decisión Cuarta, en sentencia del 30 de
noviembre de 202120:
“[…] La causal de revisión contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
793 de 2003 - violación del debido proceso - falta de legitimación en la
causa por pasiva
El apoderado de la parte recurrente señaló que en el presente caso se configura
la causal especial de revisión contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
793 de 2003, comoquiera que la orden judicial cuestionada se obtuvo con
vulneración al debido proceso, por cuanto «[…] existía falta de legitimación por
pasiva respecto de la entidad demandada CAJANAL hoy UGPP, en la acción de
Nulidad y Restablecimiento del derecho instaura (sic) por el señor ADALBERTO
MÁRQUEZ FUENTES IBARRA (…) por no ser la entidad a satisfacer (sic) las
pretensiones de la demanda por ser esta la destinataria de los fondos que
recaudan para la Seguridad Social en Salud […]».
En tal sentido, es oportuno precisar que, conforme con la jurisprudencia de esta
corporación23, la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 793 de 2003 es procedente cuando la sentencia atacada reconoce, reajusta
o reliquida -con violación al debido proceso- una pensión con cargo al tesoro
público
o los fondos de naturaleza pública.
Ahora bien, es importante precisar que, conforme con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional24, el derecho fundamental al debido proceso está compuesto
por la garantía de los siguientes presupuestos:
[…] (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural,
identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer
jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de
los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo
de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a
los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a
los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones
separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas. […] (negrillas fuera del texto).
Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala no observa que los argumentos
de la entidad demandante se encuentran dirigidos a evidenciar la vulneración
20
Consejo de Estado, Sala Plena del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Cuarta. Sentencia del 30 de
noviembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2017-01538 (REV). M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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directa de alguna de las garantías del debido proceso antes señaladas, sino a
controvertir la legitimación en la causa la entidad que fungió como demandada
dentro del proceso ordinario que dio origen a la sentencia objeto de análisis.
En efecto, la Sala advierte que el recurrente no está argumentando que el
proceso ordinario no siguió las formas del procedimiento y, mucho menos, que se
le desconocieron sus garantías de audiencia y defensa, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem, como tampoco que el caso
haya sido resuelto por el juez incompetente.
En relación con la falta de legitimación alegada en esta oportunidad, es menester
resaltar que, durante el curso del proceso ordinario, la parte recurrente no alegó
dicha inconformidad, no obstante de haber contado con la posibilidad de utilizar
los mecanismos procesales que la legislación procesal instituye cuando se trata
de corregir irregularidades asociadas a la planteada por la UGPP -carencia de
legitimación en la causa- entre los que se destacan: la proposición de
excepciones previas; el incidente de nulidad o el recurso de reposición en contra
del auto que admitió la demanda y ordenó la vinculación de la referida entidad al
proceso.
Así las cosas, la Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
ser instituido como una tercera instancia para subsanar las eventuales falencias
de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino para enmendar aquellos vicios
que afectan sustancialmente el orden legal, de allí que, si los argumentos
expuestos en sede de revisión nunca fueron objeto de debate dentro del proceso
ordinario, estos se tornan improcedentes para efectos de infirmar los efectos de
una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada. […]”.
En virtud de lo anterior, no se advierte la vulneración del derecho al debido
proceso, pues la UGPP tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y
contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra fundada
esta causal.
En todo caso, la Sala resalta que, de conformidad con lo previsto en el inciso 2
del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, la representación de la
Nación en los procesos contenciosos administrativos está a cargo del “ Ministro,
Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del
Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía
en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.
Siendo ello así, y como el acto administrativo acusado en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor Cupabán Rueda fue
expedido por el Líder Grupo Nómina de Pensionados de Cajanal era esta última
entidad la autoridad administrativa llamada a actuar como demandada en el
aludido proceso.
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Fallo
Asimismo, se evidencia que, la competencia para realizar las deducciones de la
mesada pensional por concepto de las cotizaciones obligatorias 21, entre ellas, el
aporte destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud, fue encomendado en
su momento a Cajanal según lo dispuesto en el artículo 2, numeral 5 22 , del
Decreto 65 de 200423.
Así las cosas, la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
pues la Caja Nacional de Previsión Social era la persona jurídica legitimada en la
causa para actuar como parte demandada en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de
defensa y contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra
fundada esta causal.
3.2. Segundo cargo de violación
La UGPP planteó como segunda causal de revisión, la contenida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento que el porcentaje que se
debe descontar por concepto de aporte destinado al Sistema de Seguridad Social
en Salud sobre la pensión gracia reconocida al señor José Gabriel Cupabán
Rueda, es el contenido en la Ley 100 de 1993, es decir, el 12,5%, lo que implica
el pago de una mesada pensional en cuantía superior a la dispuesta por la ley.
Con el fin de estudiar esta causal, la Sala analizará la naturaleza de la pensión
gracia y, a partir de allí, se determinará la procedencia o no de los descuentos
por aportes a salud sobre la misma, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 100
de 1993 y 1122 de 2007.
3.2.1. De la naturaleza de la pensión gracia
La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de
escuelas primarias oficiales, que prestaron sus servicios en el magisterio por un
término no menor de 20 años. Dicha normativa estableció las condiciones
especiales en materia pensional sobre la cuantía, la posibilidad de acumular
21
El aporte en salud constituye una cotización obligatoria para los pensionados y jubilados, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 157, 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de las exclusiones a que se refiere el artículo 279 ibídem.
22
“5. Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley…”
23
“Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial
del Estado”.
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servicios prestados en diversas épocas, los requisitos que deben acreditarse y
ante quién deben comprobarse.
A través de las Leyes 116 de 1928 24 y 37 de 1933 25 , se extendieron sus
beneficiarios y el tiempo de servicio computable para esta prestación. La primera,
dispuso en el artículo 6 que “los empleados y profesores de las Escuelas Normales y
los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que
contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan”; y la segunda, en el
artículo 3, hizo extensiva la pensión gracia “a los maestros que hayan completado los
años de servicio señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.
Así pues, tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial
podían acceder a la pensión gracia, siempre y cuando reunieran los requisitos
exigidos por la Ley.
Con la expedición de la Ley 43 de 197526 se nacionalizó la educación primaria y
secundaria que se venía prestando en los entes territoriales y, con ello, dejarían
de presentarse las diferencias salariales entre los docentes nacionales y
territoriales.
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y, en su artículo 1, clasificó el personal docente, así: nacional,
nacionalizado y territorial; además, en el artículo 15, numeral 2, fijó un límite
temporal para el reconocimiento de la pensión gracia. Siendo así, no se
beneficiarían de la aludida prestación “los docentes vinculados a partir del 1 de enero
de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
enero de 1990”, toda vez que, respecto de estos se estipuló que a su favor solo se
reconocería “una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año” y que gozarían del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional.
El reconocimiento de esta pensión se encontraba a cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 081 del 20 de
enero 197627, en el artículo 1528 de la Ley 91 de 1989 y en el canon 279 de la Ley
24
“Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927”.
25
“Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”.
26
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones.”
27
Por el cual se trasladan unas funciones a la Caja Nacional de Previsión Social.
19
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Fallo
100 de 1993 y no del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado con
la Ley 91 de 1989.
Con respecto a los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud que
se debe efectuar sobre esta mesada pensional, debe señalarse que la obligación
de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud se consagró para
los pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, desde la Ley 4
de 1966, que en su artículo 229, dispuso:
“Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión
Social cotizarán con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de
afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes.
Parágrafo. Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%)
de su mesada pensional”.
La anterior normatividad, no exceptuó de dicha obligación a los beneficiarios de la
pensión gracia, por cuanto con los recursos recaudados se financian los servicios
de salud. Posteriormente y en ese mismo sentido, el artículo 7 de la Ley 4 de
197630, señaló:
“Artículo 7. Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así
como los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la
Ley, según lo determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán
derecho a disfrutar de los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos,
hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de las
entidades, patronos o empresas tengan establecido o establezcan para sus
afiliados o trabajadores activos, o para sus dependientes según sea el caso,
mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los
beneficiarios de tales servicios”. (Negrilla fuera de texto original)
Ahora bien, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estableció que el monto y
distribución de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, es obligatorio
para todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, incluidos los
beneficiarios de la pensión gracia, pues dicha norma no distinguió entre este
régimen especial y el ordinario de pensión de jubilación. En esta ley se
28
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule
con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(…)
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
29
Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
30
Este artículo sobre cobertura familiar fue subrogado por el artículo 163 Ley 100 de 1993 en cuanto al régimen que
contempla. Radicación 659 de 1994. Sala de Consulta y Servicio Civil).
20
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Fallo
estableció, de manera general, que la tasa de cotización para financiar el Sistema
General de Seguridad Social en Salud sería del 12%, en los siguientes términos:
“Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud según las normas del presente
régimen, será máximo 12% del salario base de cotización, el cual no podrá ser
inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del
empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización
será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación
de los beneficiarios del régimen subsidiado”.31 Negrillas fuera de texto.
La anterior regla fue modificada por la Ley 1122 del 9 de enero de 2007 “ Por la
cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones”, aumentando el porcentaje de cotización en
los siguientes términos:
“Artículo 10. Modificase el inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual
quedará así:
Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del
12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al
salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del
empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la
subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los
beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud
los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por
ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de
solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente
artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el
incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo
será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento
(0,5%)”. Negrilla fuera de texto.
Posteriormente, la Ley 1250 de 27 de noviembre de 2008, “ Por la cual se adiciona
un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley
1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 6 de la Ley 797 de 2003”, modificó el porcentaje de cotización para los
pensionados, en los siguientes términos:
Artículo 1. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual se entenderá incluido
a continuación del actual inciso primero, así:
"Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones
(…)
31
El texto transcrito es el original de la Ley 100 de 1993, que fue modificado, posteriormente, a través del artículo 10 de la
Ley 1122 de 2007.
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Fallo
"La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados
será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional", la cual se hará
efectiva a partir del primero de enero de 2008"32.
Si bien, las mencionadas normas no consagran de manera expresa la pensión
gracia como susceptible de la cotización en salud, lo cierto es que ha de
entenderse incluida, por cuanto se trata de una prestación a cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social, y sobre la cual la ley no estableció ninguna
excepción al respecto.
Por último, el artículo 26 del Decreto 806 de 199833 dispuso que las personas con
capacidad de pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante el pago de
una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente
por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador, incluyendo como
afiliados a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o
sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin hacer ningún tipo
de exclusión a pensiones de jubilación de regímenes especiales.
Por lo tanto, a aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión vitalicia de jubilación, incluyendo la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del sistema de seguridad social. De esta manera, sobre la pensión
que se reconoce y paga a través de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy de
la UGPP, se debe efectuar el descuento del 12.5% con destino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Por otro lado, el artículo 279 de la referida Ley 100 de 1993 consagró los
regímenes que se encuentran exentos del Sistema Integral de Seguridad Social,
así:
“Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
32
El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2009.
33
“Artículo 26. Afiliados al Régimen Contributivo. Las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen
Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente por el
afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.
Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud: (…)
c) Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector
privado. En los casos de sustitución pensional o pensión de sobrevivientes deberá afiliarse la persona beneficiaria de
dicha sustitución o pensión o el cabeza de los beneficiarios…”.
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Fallo
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 198934, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el
efecto se expida…” (Negrillas fuera de texto)
Pues bien, la norma en cita consagra la exclusión de los docentes que se
encuentren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
creado por la Ley 91 de 1989, de manera que, la excepción debe entenderse
referida solo respecto de las prestaciones a cargo del Fomag, por lo que no
puede incluirse la pensión gracia cuyo reconocimiento está en cabeza de la Caja
Nacional de Previsión Social, hoy obligación asumida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por virtud de lo dispuesto en el artículo 156, literal i) de la Ley
1151 de 200735.
Esta Subsección considera que los docentes que han accedido a la pensión
gracia no están exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema
de Seguridad Social en Salud y, por consiguiente, son afiliados al régimen
contributivo de ese sistema, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1, del literal a)
del artículo 157 de la Ley 100 de 199336, postura en la cual, han coincidido la
Corte Constitucional37 y esta Corporación38.
34
La expresión “Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989” se declaró condicionalmente exequible mediante sentencia C-461/95 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, en el entendido que “su aplicación no vulnere el principio de igualdad y, en consecuencia, se reconozca a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a un beneficio igual o
equivalente a la mesada pensional adicional, un beneficio similar”.
35
“ARTÍCULO 156. GESTIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean
responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá
todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y
asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003…”
36
“Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir de la sanción de la
presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma
temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.
Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del
título III de la presente Ley.
37
Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Corte Constitucional, Sentencia T-546/14, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2013, radicación 25000 23 25
23
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
Así las cosas, los beneficiarios de la pensión gracia se consideran afiliados al
Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, se
encuentran obligados a realizar las cotizaciones para salud previstas en las
Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que se debe infirmar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por cuanto ordenó a
Cajanal (hoy UGPP) (i) reintegrar al señor José Gabriel Cupabán Rueda los
descuentos que le fueron realizados de su pensión gracia por concepto de
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que excede el
5%; y (ii) abstenerse de continuar haciendo dichos descuentos, lo que dio lugar a
que el ente previsional pudiera pagar una mesada pensional superior a la
determinada por la ley, razón por la cual se procederá a emitir la sentencia de
reemplazo.
Pues bien, como quiera que en esta providencia ya están expuestos los
antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el
marco jurídico de la pensión gracia y de los descuentos destinados al Sistema de
Seguridad Social en Salud sobre las mesadas pensionales, la Sala se abstendrá
de resumir nuevamente dichos puntos.
Previo a estudiar lo correspondiente a los descuentos de salud, se advierte que,
en el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia, se controvirtió la decisión que declaró probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a Cajanal. Sobre este punto,
en párrafos anteriores se indicó que, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 149 del CPACA y en el artículo 2, numeral 539, del Decreto 65 de 200440,
le correspondía a Cajanal efectuar las deducciones de la mesada pensional por
concepto de las cotizaciones obligatorias, dentro de las cuales se encuentra los
aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud. Asimismo, Cajanal
000 2011 00805 01, número interno: 2090 -2012, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tal posición se ha replicado tanto en
sentencias posteriores, entre otras, en las siguientes: Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2017, radicación 63001
23 33 000 2014 00239 01, número interno: 1932-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y Subsección B, sentencia del 15
de marzo de 2018, radicación: 11001 03 25 000 2013 00392 00, número interno: 0849-13, M.P. William Hernández
Gómez; Sentencia de fecha 9 de abril de 2019, número interno: 2546-2014, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de
fecha 29 de agosto de 2019, radicado: 11001032500020140013700, número interno: 0343-2014, M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez; sentencia de fecha 7 de noviembre de 2019, radicado interno: 0949-2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39
“5. Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la ley…”
40
“Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial
del Estado”.
24
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
fue la entidad que expidió el acto administrativo acusado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Cupabán Rueda,
razón por la cual era la persona jurídica legitimada en la causa para actuar como
parte demandada en dicho asunto.
En atención al análisis realizado en líneas que anteceden, la Subsección
concluye que la pensión gracia no está exceptuada de los descuentos que deben
hacerse por concepto de cotización en salud en el porcentaje establecido en la
Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, en la medida que tal regla no excluye del
Sistema de Seguridad Social en Salud a los beneficiarios de la pensión gracia.
Como corolario de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral
1) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y en el literal c) numeral 1) del artículo
26 del Decreto 806 de 1998 41 , el señor Cupabán Rueda, como titular de la
pensión gracia, hace parte de los afiliados del régimen contributivo del Sistema
de Seguridad Social en Salud y, por ende, debe realizar las cotizaciones por
concepto de salud, equivalente al 12%, en virtud de lo previsto en el artículo 204
de la Ley 100 de 1993, adicionado por la Ley 1250 de 2008.
Ahora, en cuanto a la solicitud de la UGPP, relacionada con que se ordene al
señor José Gabriel Cupabán la devolución de los valores cancelados en
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia de 30 de mayo de 2011, la Sala advierte que, conforme al artículo 83
de la Constitución Política, la buena fe de los particulares se presume 42 y este
evento no se ha desvirtuado, toda vez que el reintegro de los valores
descontados fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander.
En esa medida, y al no encontrarse desvirtuada la buena fe por parte de la
UGPP43, sin desconocer que se trata de recursos que pertenecen al sistema de
seguridad social en salud y a su sostenibilidad, la Sala considera que dicha
presunción permanece incólume, motivo por el cual, en aplicación del artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
no se ordenará el reintegro de las mencionadas sumas pagadas.
41
Derogado por el Decreto 2353 del 3 de diciembre de 2015, que, en todo caso, los mantiene como afiliados al régimen
contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, en su artículo 34, numeral 34.1.3.
42
Sentencia T-517-12.
43
Sentencia de 1.º de septiembre de 2014, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Exp. 25000-23-25-000-2011-00609-
02 (3130-13).
25
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
No hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo establecido en el
artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite.
II. DECISION
Vistas las consideraciones que anteceden, se establece que al señor José
Gabriel Cupabán Rueda no le asiste razón en su pretensión de obtener la nulidad
parcial del Oficio GN – 29891 de 11 de octubre de 2006, expedido por el Líder
Grupo Nómina Pensionados Cajanal, que negó la solicitud de suspensión y
reintegro de los valores descontados por aportes a salud sobre la pensión gracia,
razón por la cual, la Sala infirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 30 de mayo de 2011. En virtud de lo anterior, se
deberá revocar la sentencia proferida por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, declarará no probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a Cajanal y negará las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la
sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por Tribunal Administrativo de
Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por el señor José Gabriel Cupabán Rueda, por la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SEGUNDO: INFIRMAR la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por
Tribunal Administrativo de Santander. Como consecuencia de lo anterior, se
26
Número interno: 1956-2013
Demandante: UGPP
Demandado: José Gabriel Cupabán Rueda
Fallo
dispone: REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Bucaramanga el 19 de agosto de 2009. En su lugar,
“Primero: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, respecto a la Caja Nacioal de Previsión Social.
Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor
José Gabriel Cupabán Rueda, por las razones expuestas en la presente
decisión”.
TERCERO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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