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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03619-00

Fecha
5 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03619-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la entidad demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la señora Olga Trujillo Silva. Por Secretaría liquidar las agencias en derecho.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03619-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03619-00
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: OLGA TRUJILLO SILVA
Providencia SENTENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2023, PROFERIDA POR
objeto de LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE
revisión: ESTADO, EN EL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 41001-23-33-000-
2015-00227-01 (1638-2021),

Temas: Causales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por considerar
que se empleó una línea jurisprudencial que protege solamente al
cónyuge separado de hecho, y no al excónyuge por cesación definitiva
de los efectos civiles de matrimonio religioso, disolución y liquidación
de la sociedad conyugal; y aplicar de manera errada la prescripción.

SENTENCIA

1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la
sentencia de segunda instancia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 41001-23-33-000-2015-00227-011.

1. ANTECEDENTES

1.1. Del proceso ordinario

2. La señora Olga Trujillo Silva instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la UGPP y solicitó la nulidad de los actos administrativos
contenidos en las Resoluciones Nos. RDP 23378 del 29 de julio de 2014, RDP
27746 del 11 de septiembre de 2014 y RDP 32754 del 28 de octubre de 2014, así
como a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a causa del fallecimiento del señor Betil Perdomo Gutiérrez ocurrida
el 10 de noviembre de 2008.

3. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Huila, bajo el radicado 41001-23-33-000-2015-00227-00 y terminó con sentencia el
6 de octubre de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
1
SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-03619-00; Índice 00002 «7_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSDEMANDA»

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Demandante: UGPP

reconocimiento de la pensión a partir del 11 de noviembre de 2008, y el pago de las
mesadas pensionales causadas con posterioridad al 20 de junio de 2011 por efectos
de la prescripción trienal.

4. La UGPP interpuso el recurso de apelación, el cual le correspondió conocer
a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, la que profirió
sentencia el 13 de julio de 2023, confirmando la del a-quo.

5. Posteriormente la UGPP interpuso acción de tutela que se tramitó bajo
radicado 11001-03-15-000-2023-06997-00, con el fin de obtener amparo al derecho
fundamental del debido proceso y que se dejara sin efecto la sentencia proferida el
13 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sin
embargo, en fallo del 13 de diciembre de 2023, confirmado el 1 de abril de 2024, se
declaró improcedente2.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

6. La UGPP interpuso el recurso extraordinario de revisión con fundamento en
las causales previstas en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y, b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

7. Respecto de la causal a), expone que el fallo del 13 de julio de 2023 se apartó
de la línea jurisprudencial existente, porque si bien se puede reconocer el derecho
a la pensión de la cónyuge con la simple separación de cuerpos, no sucede lo mismo
cuando se ha declarado la cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Cita
para el efecto, las sentencias SL 2010 radicación nro. 45045 del 05 de junio de
2019, SL 1130 radicación nro. 74857 del 22 de marzo de 2022 de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia y SU-108 del 11 de marzo de 2020 de la Corte
Constitucional y concluye señalando que la sentencia incurre en defecto material o
sustantivo.

8. Señala que el debido proceso debe respetarse en todas las actuaciones
judiciales y administrativas, lo que implica decidir con base en las normas
preexistentes que regulan la materia; sin embargo, la sentencia se profirió en abierta
transgresión a dicho principio, al ordenar a la UGPP el reconocimiento de una
pensión que no corresponde legalmente. Sostiene que, solo existe prueba de la
convivencia entre la señora Olga Trujillo Silva y el causante durante el año previo a
su fallecimiento, cuando este fue internado el 25 de octubre de 2007 en la Unidad
de Salud Mental del Hospital Universitario de Neiva. En consecuencia, no se
acreditó el cumplimiento del requisito legal de convivencia al menos por los cinco
años anteriores a la muerte del causante.

9. En cuanto a la causal b), argumenta que la prescripción fue contabilizada de
manera errónea, lo que vulnera el principio de sostenibilidad financiera y causa un

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perjuicio al erario, dado que los pagos efectuados por concepto de pensión carecen
de sustento legal. Fundamenta esta afirmación en que la señora Trujillo Silva
interrumpió la prescripción el 28 de enero de 2009, al presentar por primera vez la
solicitud de reconocimiento pensional ante Cajanal. Por consiguiente, la
prescripción debe computarse desde la fecha de presentación de la demanda, el 22
de septiembre de 2015, lo que implica que las mesadas pensionales anteriores al
22 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas.

1.3. Trámite procesal

10. El 3 de septiembre de 20243 se admitió la demanda y se ordenó notificar a la
parte actora, a la señora Olga Trujillo Silva, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dichas notificaciones se surtieron el 5 de
septiembre de 20244 y el 13 de enero de 20255.

11. El 1 de noviembre de 20246 y 25 de febrero de 20257, este último aclarado el
26 de mayo8, se dictó auto de pruebas, y se decretaron como tales los documentos
allegados por las partes.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Señora Olga Trujillo Silva9 sostiene:

12. Que mediante el recurso extraordinario de revisión la UGPP pretende obtener
una nueva valoración de los argumentos expuestos en el proceso ordinario e
introducir planteamientos que no fueron objeto de debate en dicho trámite judicial.

13. Que la UGPP interpuso una acción de tutela con base en los mismos hechos
y argumentos expuestos en la presente demanda de revisión, la cual fue declarada
improcedente por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

14. Descarta la vulneración al debido proceso, por cuanto en el trámite del
proceso ordinario se le concedieron a la UGPP las oportunidades procesales para
contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, participar en la
audiencia inicial, presentar alegatos finales, ser notificada de las decisiones por los
medios legales, incluida la sentencia de primera instancia frente a la cual presentó
recurso de apelación.

15. La UGPP restringe indebidamente el alcance de la jurisprudencia, limitándolo
únicamente a los casos en los que el requisito de convivencia aplica para cónyuges
separados de hecho que aún permanecen casados. De esta manera, desconoce la
exigencia legal de acreditar la convivencia en un sentido amplio durante el tiempo

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SAMAI. Proceso No. 11001-03-15-000-2024-03619-00; Índice 00005
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establecido por la ley y, omite valorar adecuadamente las pruebas recaudadas en
el proceso, las cuales dan cuenta de la ayuda mutua brindada por la señora Olga
Trujillo Silva al causante durante un periodo superior a cinco años.

16. Finalmente, el error para contabilizar la prescripción, no fue planteado en el
recurso de apelación.

1.4.2. Ministerio Público10

17. Descarta la configuración de la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, por no encontrarse acreditado que la decisión de segunda
instancia, proferida dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, haya vulnerado el debido proceso al reconocer y ordenar el pago de una
pensión de sobrevivientes post mortem a favor de la señora Olga Trujillo Silva. Por
el contrario, dicha decisión se basó en la valoración de las pruebas practicadas por
el Tribunal Administrativo del Huila, concluyendo que, pese a la cesación de los
efectos civiles del matrimonio, se acreditó que la señora Trujillo Silva acompañó y
cuidó al señor Bertil Perdomo Gutiérrez en sus condiciones de salud durante los
cinco años anteriores a su fallecimiento.

18. Tampoco se configura la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
porque el causante cumplía con los requisitos de edad, tiempo de servicios y
régimen de transición establecidos en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión
de jubilación. Además, la señora Olga Trujillo Silva acreditó los requisitos legales
para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al demostrar que convivió
maritalmente con el causante, brindándole apoyo físico, médico y emocional hasta
el 10 de noviembre de 2008, fecha en que ocurrió su fallecimiento y, pese a existir
una sentencia que decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico,
se probó la convivencia continua durante los cinco años previos al deceso del señor
Perdomo Gutiérrez.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la UGPP, conforme a lo dispuesto en los artículos 24911
y 10712 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

10
SAMAI. Radicado: 11001-03-15-000-2024-03619-00; Índice 00012.
11
«Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión. (…)». Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015
12
«Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.»

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Administrativo13, así como por la distribución de negocios al interior del Consejo de
Estado, establecida en el artículo 29 del Acuerdo No. 80 de 201914.

2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario

20. La sentencia recurrida fue proferida el 13 de julio de 2023, y notificada de
manera electrónica el 29 de agosto de 2023, adquiriendo ejecutoria el 5 de septiembre
del mismo año15. La UGPP interpuso el recurso extraordinario de revisión el 12 de julio
de 202416, esto es, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

21. ¿Procede declarar fundado el recurso de revisión de la sentencia del 13 de
julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, por haber reconocido la pensión de sobrevivientes con violación al debido
proceso y la cuantía del derecho reconocido exceder el valor de lo debido?

22. Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión; (ii) el alcance de las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

23. El recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Su finalidad es invalidar o declarar
la nulidad de la providencia cuando se considera que resulta contraria a la justicia y al
derecho, con el propósito de que se adopte una nueva decisión conforme a la ley.

24. Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso
originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de
justicia material17.

25. Entonces, el ámbito de revisión está restringido por las causales que el
legislador ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por
tratarse de situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que se deduce de su texto. En esta medida las

13
En adelante CPACA.
14
Reglamento del Consejo de Estado. «Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado. (…)».
15
SAMAI. Proceso 11001-03-15-000-2024-03619-00; Índice 00002 «12_ED_ACTUACIONE_008EJECUTORI»
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SAMAI. Proceso 11001-03-15-000-2024-03619-00; Índice 00001
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia del 1° de
agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).

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causales taxativas habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, con
el fin de evitar su uso indebido como medio de impugnación que implique la apertura
de un nuevo debate probatorio o interpretativo, y de esta manera, impedir una tercera
instancia.

26. En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200518, «no se trata de
controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores
de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera
podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio
contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados
con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez».

27. En el artículo 250 del CPACA se enlistan las causales de revisión, que tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Estas causales no aluden a errores sustanciales que puedan
derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial.

28. Adicional a las anteriores causales, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
estableció la acción especial para revisar las sentencias, conciliaciones o acuerdos
transaccionales que impongan al erario o fondo de naturaleza pública la obligación
de cubrir prestaciones periódicas, y procede por: a) la violación al debido proceso y
b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le era legalmente aplicable.

2.5. Alcance de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

29. Las causales de revisión enlistadas en la Ley 797 de 2003 buscan proteger
el patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional, revisando la legalidad de las prestaciones reconocidas, sin embargo, no
permiten reabrir la cuestión de fondo decidida en el juicio ordinario, sino que el único
objeto es la revisión de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo
establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su
legalidad.

30. Su propósito, es por tanto proteger los recursos limitados del tesoro público,
y aplicar los principios de sostenibilidad y universalidad del sistema de seguridad
social, así como fortalecer el principio de la moralidad administrativa y corregir el
reconocimiento pensional que se ha efectuado en exceso.

31. Tiene como características especiales, que no solo procede contra
sentencias ejecutoriadas, sino también contra otro tipo de providencias que

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-
00794-01 M.P. Ligia López Díaz.

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reconozcan una prestación, como la transacción y la conciliación19. Así mismo,
puede ser interpuesta por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios del
Trabajo y Seguridad Social, y, Hacienda y Crédito Público, por el Contralor General
de la República o por el Procurador General de la Nación y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones20.

Causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

32. La jurisprudencia de la Corporación ha exigido que la parte recurrente brinde
elementos en relación con las conductas que estima vulneradoras del derecho
fundamental al debido proceso21:

«[…] para que se configure esta causal de revisión, la demandante debe probar que
la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso, es
decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este
derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho
sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca,
hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así
podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al
restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de
revisión.»

33. El derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, comprende: i) El derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar
la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa,
que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo,
la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem22.

34. La jurisprudencia ha sido pacífica en cuanto a la configuración de la causal,
sin que sea posible alegar los fundamentos propios del litigio o la controversia
suscitada en el marco del medio de control que derivó en la providencia recurrida.
Por el contrario, es necesario exponer las razones por las cuales la sentencia
desconoció el derecho fundamental al debido proceso, con el alcance que tiene, a
propósito de actuaciones judiciales.

Causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

35. La jurisprudencia ha entendido que ésta causal resulta procedente cuando la
sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente viable23. Así mismo, «la revisión se encamina a verificar si existe
19
Sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20
Sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de mayo de
2024, número único de radicación 11001-03-25-000-2018-01432-00.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, providencia del 5 de
febrero de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de abril de
2024, radicado: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018).

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o no un exceso en la cuantía decretada mediante sentencia judicial»24. Esto teniendo
en cuenta que se parte del presupuesto de que el beneficiario acredita los requisitos
previstos en la ley para la prestación.

36. Se concluye así que el recurso de revisión no es una instancia para examinar
la procedencia de la prestación económica, los derechos que le asisten a la
beneficiaria o las discusiones propias de la instancia ordinaria. A contrario sensu, la
causal fue prevista como una herramienta para que las autoridades soliciten la
corrección de una sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando
ha reconocido una cuantía que supera los márgenes dispuestos por el ordenamiento
jurídico.

2.6. Caso concreto

37. La parte recurrente sostiene que la sentencia del 13 de julio de 2023,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, a saber: a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y b) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda
lo legalmente debido, conforme a la ley, pacto o convención colectiva aplicable.

38. La sentencia objeto de revisión fue dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Olga Trujillo Silva contra la
UGPP. En dicho proceso se declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 23378
del 29 de julio de 2014, RDP 27746 del 11 de septiembre de 2014 y RDP 32754 del
28 de octubre de 2014, y se ordenó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a partir del 11 de noviembre de 2008, con ocasión del fallecimiento
del compañero permanente, Betil Perdomo Gutiérrez. No obstante, se dispuso que
el pago de las mesadas pensionales se efectuara únicamente a partir del 20 de junio
de 2011, en aplicación de la prescripción trienal.

39. Según la UGPP, el reconocimiento de la pensión en este caso fue ilegal,
porque tanto en primera como en segunda instancia se desconoció la línea
jurisprudencial vigente, pues acepta la posibilidad de reconocer el derecho
pensional a una cónyuge separada de hecho, pero no cuando existe una sentencia
que declara la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Lo que en
realidad cuestiona la UGPP es la aptitud legal para el reconocimiento del derecho
pensional, aspecto que es propio de la causal 7 del artículo 250 del CPACA.

40. A la señora Olga Trujillo Silva le fue negado en sede administrativa, el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge; por lo tanto,
acudió a la vía judicial mediante un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Tribunal Administrativo del Huila, donde tras considerar la existencia
de una sentencia que declaró la cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico, le reconoció la pensión en calidad de compañera permanente, al

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de
2024, número único de radicación 11001-03-25-000-2013-00904-00.

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Demandante: UGPP

acreditarse que convivió con el causante durante los cinco (5) años previos a su
fallecimiento y que lo asistió y cuidó durante el desarrollo de graves afecciones
como alzhéimer, esquizofrenia, crisis psicóticas, entre otros síntomas derivados de
su estado de salud.

41. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, confirmó dicha
decisión mediante sentencia del 13 de julio de 2023, al encontrar acreditada la
convivencia durante los cinco (5) años previos a la muerte del señor Perdomo
Gutiérrez, pese a la cesación de los efectos civiles del matrimonio.

42. La decisión tuvo en cuenta lo establecido en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Con fundamento en dichos instrumentos,
se concluyó que la señora Olga Trujillo Silva fue víctima de violencia intrafamiliar y
exigirle convivencia con su agresor, constituye una carga desproporcionada e
injusta, que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano en materia de protección de los derechos de las mujeres. La sentencia
precisó lo siguiente:

84. Pese a lo anterior y a la ruptura de la cohabitación, la demandante brindó
acompañamiento espiritual y permanente a su excónyuge brindándole apoyo
inclusive de asistencia ante los estrados judiciales para lograr el suministro de sus
servicios médicos, así como de los cuidados físicos que requería por el deterioro
cognitivo que estaba presentando el señor Perdomo Gutiérrez.

85. Al contrario, no existe prueba de que se haya producido algún tipo de ruptura total
del vínculo, por lo que es evidente que durante los últimos 5 años previos a su deceso,
la demandante no pudo cohabitar con el causante, pero porque se encontraba en
riesgo su vida misma así como la de su familia, tal como les habían advertido los
médicos, dado el agravamiento que podía presentar la enfermedad psiquiátrica. (…)

88. En este sentido, una vez realizada una valoración conjunta de las pruebas
aportadas, así como los testimonios y declaraciones recaudados, la Sala colige que,
efectivamente la señora Olga Trujillo Silva sí sostuvo con el causante una relación
con vocación de estabilidad y permanencia, que se mantuvo hasta sus últimos años
de vida, prodigándole la ayuda mutua y los cuidados que requería su enfermedad, así
como el vínculo afectivo, el amor, la solidaridad y en la que se demostró que dependía
económicamente de él, al punto que al momento del deterioro de su salud, ella seguía
velando por su cuidado mientras él recibía cuidado médico especializado.

43. Acorde con lo expuesto, el reconocimiento de la pensión no se obtuvo con
violación al debido proceso y la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado se ajustó a los lineamientos jurisprudenciales vigentes sobre
pensión de sobrevivientes para compañeros permanentes. Además, no se
fundamentó en la existencia del matrimonio católico, el cual ya había cesado
mediante sentencia judicial que decretó la cesación de sus efectos civiles.

44. La parte recurrente también alega que la sentencia del 13 de julio de 2023
incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, al estimar que la cuantía del derecho reconocido excedía lo legalmente

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debido, pues la prescripción de las mesadas pensionales debió contarse tres años
hacia atrás desde la fecha de presentación de la demanda (22 de septiembre de
2015), no desde la última reclamación porque dicha prescripción había sido
interrumpida con la primera solicitud administrativa radicada el 28 de enero de 2009.

45. En el trámite del proceso ordinario, la UGPP no formuló reparos sobre la
prescripción; sin embargo, la sentencia de primera instancia la declaró probada
desde 20 de junio de 2011, teniendo en cuenta la solicitud de reconocimiento del
derecho pensional.

46. Pese a lo anterior, la UGPP no atacó la sentencia en este sentido, toda vez
que la impugnación se limitó a cuestionar: (i) el cumplimiento del requisito de
convivencia para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; y (ii) la
aplicación de la jurisprudencia pertinente25. Estos argumentos fueron reiterados en
los alegatos de conclusión en segunda instancia, sin que se solicitara al juez natural
pronunciarse sobre la prescripción decretada en primera instancia26.

47. Se precisa que la causal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003 no procede
para cuestionar un pago determinado por un período, si no la cuantía de las
mesadas en estricto sentido.

48. En todo caso, si la UGPP consideraba que la sentencia de segunda instancia
omitió pronunciarse sobre la prescripción, pudo acudir a la figura de adición de
providencia, prevista en el artículo 287 del Código General del Proceso, para
solicitar el respectivo pronunciamiento dentro del trámite ordinario.

49. Dado que la cuestión relativa a la prescripción no fue planteada ante el juez
natural en su momento, no es procedente proponer su análisis mediante el recurso
extraordinario de revisión que no puede utilizarse para introducir debates propios de
las instancias ordinarias ni para subsanar omisiones o deficiencias en la defensa.

50. La UGPP también alega una posible afectación al principio de sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social; sin embargo, este argumento, por sí solo,
no habilita a la Sala Especial para reabrir el debate del proceso ordinario ni convertir
el recurso extraordinario de revisión en una instancia adicional.

51. En consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, al no haberse configurado las causales alegadas por la parte recurrente.

2.7. Costas

52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del CPACA, modificado
por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 - norma vigente al momento de
presentación de la demanda-, se condenará en costas a la parte recurrente cuando
el recurso extraordinario de revisión sea declarado infundado. Así mismo, conforme
con los artículos 188 y 306 del mismo código, la liquidación y ejecución de las costas
se regirá por las disposiciones del régimen procesal general.

25
SAMAI; Proceso No. 41001233300020150022700. Índice 00071.
26
SAMAI; Proceso No. 41001233300020150022701. Índice 00021.

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53. En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso establece que
las costas comprenden los gastos procesales y las agencias en derecho. A su vez,
el artículo 365, numeral 8, dispone que solo habrá lugar a su imposición cuando se
acredite en el expediente que dichos gastos fueron causados, y en la medida en
que estén debidamente comprobados.

54. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el trámite procesal,
no se accederá a su imposición por cuanto no obran pruebas en el expediente que
acrediten su ocurrencia. No obstante, al haber designado la señora Olga Trujillo
Silva un apoderado judicial que ejerció su defensa y presentó escrito de oposición
al recurso, se condenará en costas a la parte recurrente por concepto de agencias
en derecho.

55. Según lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP y el Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en los
procesos relacionados con el recurso extraordinario de revisión, las agencias en
derecho deben tasarse entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. En atención a ello, la Sala considera razonable fijar este
concepto en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la señora Olga
Trujillo Silva, liquidado a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la UGPP contra la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la entidad demandante. Se fija por concepto
de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a favor de la señora Olga Trujillo Silva. Por Secretaría liquidar las agencias
en derecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado (E)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Aclara voto

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