Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00460-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00460-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00460-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Myriam Aguilera de Espitia
Tema: Causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a
través de la cual confirmó parcialmente la providencia del 5 de junio de 2014, emitida
por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá D.C., que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso radicado 11001-
33-35-012-2013-00171-00.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado, solicitó lo siguiente: i) infirmar las
sentencias del 5 de junio de 2014 y del 8 de abril de 2016, proferidas por el Juzgado
Doce Administrativo de Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente; y ii) declarar que Cajanal EICE en liquidación carecía de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: UGPP
legitimación en la causa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Myriam Aguilera de Espitia.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló:
i) El 13 de julio de 2004, por Resolución 14087, Cajanal reconoció la pensión de
vejez a la señora Myriam Aguilera de Espitia, condicionada a que se desvinculara
laboralmente.
ii) El 14 de septiembre de 2004, mediante la Resolución 08177, la DIAN1 retiró del
servicio a la mencionada ciudadana, a partir del 1 de octubre de 2004.
iii) El 13 de julio de 2006, 4 de septiembre de 2007 y 1 de noviembre de 2007,
Cajanal expidió las resoluciones 33466, 40773 y 52089, respectivamente, que
reliquidaron el monto pensional.
iv) El 24 de julio de 2012, por Resolución RDP 006102, Cajanal negó una solicitud
de reliquidación de la prestación porque las decisiones anteriores se encontraban
ajustadas a derecho.
v) El 30 de agosto de 2012, el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda
instancia en la que anuló la Resolución 08177 del 14 de septiembre de 2004 y, a
título de restablecimiento del derecho, ordenó a la DIAN «reconocer y pagar a la
señora Myriam Aguilera de Espitia los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la fecha del retiro hasta el 15 de agosto de 2010, fecha en la que
cumplió la edad de retiro forzoso. De la suma que resulte, la Entidad deberá
descontar lo pagado por concepto de mesadas pensiones para reintegrarla a
Cajanal y el valor de las cotizaciones dejadas de efectuar».
1 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Demandante: UGPP
vi) El 22 de octubre de 2012, por Resolución RDP 012571, Cajanal confirmó la
Resolución RDP 006102 del 24 de julio de 2012, que había negado una petición de
reliquidación pensional.
vii) El 16 de septiembre de 2015, por Resolución RDP 037890, Cajanal reliquidó la
pensión de vejez de la interesada, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado
entre el 16 de junio de 2004 y el 30 de diciembre de 2010, pero con efectos fiscales
una vez demostrara el retiro definitivo.
viii) Las sentencias reprochadas anularon las Resoluciones RDP 006102 del 24 de
julio de 2012 y RDP 012571 del 22 de octubre de 2012. A su vez, ordenaron a Cajanal
reliquidar la prestación en el equivalente al 75% de los emolumentos devengados
por la pensionada durante el año anterior al retiro definitivo del servicio,
comprendido entre el 30 de septiembre de 2003 y el 29 de septiembre de 2004.
ix) Mediante Concepto 201711000598993,2 la Subdirección de Asesoría y
Conceptualización concluyó:
Se evidencia que la señora Miryam Aguilera de Espitia laboró para la DIAN hasta el 31
de octubre de 2012 [sic] y no hasta el 30 de septiembre de 2004 como se indicó en el
fallo objeto de consulta.
En este orden de ideas, al dar cumplimiento a la orden judicial en los términos en los
cuales se encuentra redactada, se le estaría realizando al pensionado un doble pago,
contraviniendo la prohibición de que trata el artículo 128 de la Carta Política y la Ley
4 de 1992, pues nótese que el juez de conocimiento ordenó cancelar la pensión a
partir del 30 de septiembre de 2004, época para la cual la causante se encontraba
vinculada a la DIAN en calidad de servidor público, como consta en el Certificado de
Información Laboral expedido por la DIAN.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 8 de abril de 2016 confirmó parcialmente la providencia del
5 de junio de 2014, suscrita por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá D.C.,
con base en los razonamientos que se resumen, a continuación:3
2 No se indicó la fecha del documento.
3 Folios 205 a 215 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
i) La demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y, como trabajó durante más de 20 años en el sector oficial, su
pensión se rige por la Ley 33 de 1985. Esa disposición debe aplicarse de manera
integral, conforme lo indicó el Consejo de Estado en sentencias de unificación del 4
de agosto de 20104 y del 25 de febrero de 2016.5
ii) En consecuencia, se confirma la sentencia apelada en tanto dispuso que la
accionante tiene derecho a que su pensión se liquide en cuantía del 75% de los
factores devengados en el año anterior al retiro del servicio, «1° de octubre de 2003
al 30 de septiembre de 2004», incluyendo la asignación básica, bonificación por
servicios, incremento de antigüedad y primas de vacaciones, navidad y servicios. A
su vez, conforme lo sostuvo el a quo, se encuentran prescritas las diferencias
pensionales causadas antes del 18 de mayo de 2009.
iii) Sin embargo, el proveído recurrido debe modificarse en el sentido de indicar que
los factores que se causan anualmente solo pueden computarse en una doceava
parte y que la actora deberá efectuar las cotizaciones sobre los emolumentos que
no hubieran sido objeto de la deducción legal, de manera indexada y por toda la
vida laboral.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, estableció que las personas beneficiarias del
régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tienen
4 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009).
5 Radicado 25000-23-42-000-2013-01541-01 (4683-2013).
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Demandante: UGPP
derecho a que la normativa anterior se aplique en cuanto a las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto para acceder al derecho pensional.
ii) El IBL no hace parte del régimen de transición y, por lo tanto, la pensión debe
liquidarse con el «promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el derecho o con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio o con el promedio de lo devengado en toda la vida laboral», conforme lo
establecen los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
iii) El fallo recurrido se apartó de los anteriores lineamientos y, en su lugar, ordenó
liquidar la pensión de la señora Myriam Aguilera de Espitia en cuantía del 75% de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, al amparo
de la sentencia del 4 de agosto de 2010, suscrita por el Consejo de Estado y que
es contraria al precedente de la Corte Constitucional.
iv) La sentencia objeto de revisión también es inconsistente en cuanto al último año
laborado por la interesada, pues lo determinó entre el 1 de octubre de 2003 y el 30
de septiembre de 2004, pero el Consejo de Estado en sentencia del 30 de agosto
de 2012 indicó que la ciudadana tenía derecho a continuar laborando hasta el 15 de
octubre de 2010.
v) La ejecución de la providencia reprochada desconoce que la ahora demandada
«fue reintegrada y cancelado sus prestaciones hasta el 15 de octubre de 2010, por
lo tanto existe un doble pago entre octubre de 2004 fecha a partir de la cual ingresó
a nómina de pensionados por retiro y octubre de 2010 fecha hasta la cual fue
reintegrada al servicio». De esta manera «la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo a la ley»; además, se quebrantó el artículo 128 de la
Constitución Política.
vi) La providencia demandada violó el derecho al debido proceso de Cajanal, por
cuanto la entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no
es «la destinataria ni depositaria de los fondos que se recaudan para la Seguridad
Social en Salud».
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Demandante: UGPP
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
El apoderado de la señora Myriam Aguilera de Espitia se opuso a las pretensiones
de la demanda en estos términos:6
i) En cumplimiento de un fallo proferido por el Consejo de Estado, anulatorio del acto
de desvinculación de la interesada, la DIAN expidió la Resolución 003230 del 25 de
abril de 2013, por la cual ordenó pagar los sueldos y prestaciones sociales de la
interesada hasta el 15 de octubre de 2010 con la precaución de deducir los valores
pensionales sufragados por Cajanal, es decir, que solamente se reconocieron «las
diferencias entre los sueldos por reintegro y lo pagado por pensión». En
consecuencia, en este caso no ocurrió el doble pago que alega la parte actora.
ii) La sentencia objeto de revisión se expidió conforme a las pretensiones que en su
momento se elevaron en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho
tendiente a obtener la reliquidación pensional, en consonancia con las pruebas
recaudadas. Entonces, era válido tener como último año de servicio el comprendido
entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, pues en ningún
momento se estudió la nueva fecha de retiro fijada por la jurisdicción contenciosa.
iii) Por Resolución RDP 017929 del 21 de mayo de 2018, la UGPP dio cumplimiento
al fallo ahora cuestionado y ordenó reliquidar la pensión teniendo en cuenta lo
devengado en el último año de servicio, fijado entre el 16 de octubre de 2009 y el
15 de octubre de 2010. Igualmente, los efectos fiscales se establecieron a partir de
la última de las citadas fechas. Además, se precisó que esta decisión era
consecuente con el artículo 128 de la Constitución Política.
iv) En este caso debe llamarse a la DIAN como litisconsorte necesaria o tercero con
interés, pues fue la encargada de cumplir la orden de impartida por el Consejo de
Estado en el proceso en que se demandó el acto de desvinculación de la ciudadana.
6 Folios 652 a 658.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
v) La accionada ha actuado de buena fe. A su vez, los fallos jurisdiccionales están
amparados por el principio de seguridad jurídica y la presunción de legalidad.
vi) Debe verificarse la conducta que ha asumido la UGPP, pues en caso de
encontrarla temeraria procede la condena en costas.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
La señora Myriam Aguilera de Espitia afirmó que al presente proceso debía llamarse
a la DIAN como litis consorte necesaria o tercero con interés, por cuanto dio
cumplimiento a la orden del Consejo de Estado que dispuso el pago de salarios
dejados de percibir por su retiro ilegal de dicha entidad.
Al respecto, es oportuno aclarar que en el auto admisorio de la presente acción de
revisión se estudió la demanda y se verificó que solamente era necesaria la
comparecencia de la señora Myriam Aguilera de Espitia, en garantía de sus
derechos de defensa, contradicción y debido proceso, teniendo en cuenta que la
decisión del juez de revisión puede implicar la alteración de la providencia que
definió la cuestión litigiosa e hizo tránsito a cosa juzgada.
En contraste, no era necesario vincular a la DIAN por cuanto no hizo parte del proceso
ordinario que dio lugar a la expedición de la sentencia ahora cuestionada y tampoco
suscribió los actos administrativos enjuiciados en esa oportunidad.7
2.2. Competencia
7 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: i) Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de
noviembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014); ii) Sala 21 Especial de Decisión, auto del 14
de septiembre de 2023, radicado 11001 03 15 000 2020 02927 00; y iii) Sala Especial de Decisión Nº 1, auto del 13 de
octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2014-01924-00.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es
competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza publica la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación».10
Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta
que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.
2.3. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
8 Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. «Artículo
249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.».
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como
sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 13 de abril de 201611 y
la acción especial de revisión se interpuso el 19 de abril de 2018,12 por lo que es
dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se encuentra
inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión
«Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
11 Folio 235 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Folio 606.
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Demandante: UGPP
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del CPACA, lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que
han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
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Demandante: UGPP
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto
pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la
acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en
que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse
que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca
aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es,
entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se
encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral,
en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia
contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la
Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa
están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».15
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».16
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».17
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
15 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV).
16 Ibidem.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743-
13).
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Demandante: UGPP
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,18 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba
el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la
pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque
frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General
de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado N.º 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,19 la ley y la Corte Constitucional,20 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
19 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá́ en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que
ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera
del texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión,
estos deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la
fecha en que se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los
efectos de la nueva tesis jurisprudencial.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
En la demanda de revisión la UGPP adujo que la sentencia objeto de reproche
reconoció un derecho pensional con vulneración al debido proceso y cuya cuantía
excede lo debido de acuerdo con la ley. A continuación, se estudiaron cada uno de
los reparos endilgados.
2.6.1. Vulneración al debido proceso
Para el análisis de la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», es necesario que el recurrente exponga la vulneración
a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Al respecto, esta corporación ha precisado21 que el mencionado derecho
fundamental comprende los siguientes elementos: «i) El derecho al juez natural o
funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio
o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para
impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y
defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a
un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados
por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de
providencias judiciales, conocidos como causales especiales de procedibilidad de
la acción de tutela contra tales decisiones,22 a saber: i) defecto orgánico; ii) defecto
procedimental absoluto; iii) defecto fáctico; iv) defecto material o sustantivo; v) error
inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución.23
21 En sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de Decisión.
22 Ver: i) Corte Constitucional, Sentencia SU-116 de 2018; y ii) Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.° 19, sentencia
del 31 de mayo de 2021, radicación: 11001031500020200309200.
23 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
Por su parte, la UGPP sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva en
el proceso ordinario que se adelantó en su contra toda vez que no es «la destinataria
ni depositaria de los fondos que se recaudan para la Seguridad Social en Salud».
El anterior argumento resulta incongruente con la forma en que se integró el
contradictorio y se fijó el litigio en el referido trámite judicial. Además, no tiene
vocación de prosperidad al tenor del artículo 159 del CPACA, pues este preceptúa
que las entidades públicas, para efectos judiciales, estarán representadas por «la
persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho».
A su turno, la UGPP fue llamada al proceso ordinario por cuanto se discutía la
legalidad de los actos administrativos proferidos por esta, los cuales negaron la
reliquidación de una pensión de jubilación que dicho fondo venía reconociendo, de
manera que estaba llamada a fungir como demandada.
En consecuencia, la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido proceso
alegada por la parte actora y, por ende, se declarará infundado el recurso en torno
a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.24
2.6.2. Cuantía del derecho reconocida en exceso
En relación con la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, invocada por la entidad recurrente, esta Subsección ha precisado que aquella
parte del supuesto de que el beneficiario de la prestación reúne los requisitos
exigidos para ser acreedor del derecho. Además, la revisión se encamina a verificar
si existe o no un exceso en la cuantía decretada mediante sentencia judicial.25
La Sala considera que los argumentos enunciados en el recurso extraordinario de
revisión ilustran con suficiencia en qué consiste la afectación del patrimonio público,
por las siguientes razones:
24 En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 30 de noviembre de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2017-01538-00; y ii) del 9 de julio de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00709-00 (3608-
17).
25 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de enero de 2022, radicado 110010325000201500816 00 (2987-2015); y Subsección B, sentencia del 6 de mayo de
2021, radicado 20180074800 (2720-2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
i) La UGPP expresó que en este caso el derecho pensional excedió lo debido
de acuerdo con la ley, específicamente, porque superó el monto que
correspondía al tenor de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994.
Al respecto, se observa que la decisión judicial cuestionada ordenó reliquidar la
pensión de la señora Myriam Aguilera de Espitia con inclusión de todos los
factores percibidos en el último año de servicios, esto es, asignación básica;
bonificación por servicios prestados; y primas de antigüedad, servicios, navidad
y vacaciones.
Sin embargo, las primas de servicios, navidad y vacaciones no se encuentran
enlistadas en el Decreto 1158 de 1994, cuya aplicación invoca la UGPP; por lo
tanto, al haberse ordenado la inclusión de dichos emolumentos para conformar
el ingreso base de liquidación pensional, se generó un incremento en la cuantía
de la prestación ahora debatida.
ii) La UGPP también manifestó que el reconocimiento de la pensión de la señora
Aguilera de Espitia conllevó un desconocimiento de la prohibición establecida en
los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de 1992. De esta
manera, se generó un pago en cuantía superior a la que realmente le
correspondía a la pensionada.
Bajo este escenario, se encuentra debidamente sustentada la causal de revisión
invocada por la UGPP. En consecuencia, la Subsección estudiará los reparos que en
concreto se elevaron contra la sentencia del objeto de revisión, a saber: i) liquidó la
prestación con base en el 75% de los factores salariales devengados por la
interesada en el último año de servicio, en contravía de los lineamientos trazados
por la Corte Constitucional; ii) el juzgador precisó que el último año de servicio
estaba comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004,
pese a que el retiro se verificó el 15 de octubre de 2010; y, iii) la anterior falencia
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
impactó la fecha de efectividad de la prestación y terminó siendo simultánea con la
vinculación laboral, de ahí que se efectuó un doble pago en contravía de la
prohibición de percibir dos asignaciones del erario, conforme lo establece el artículo
128 de la Carta Magna.
Para efectos metodológicos, se abordará el primer reparo indicado y luego, de
manera conjunta, se estudiarán los otros dos por encontrarse estrechamente
relacionados.
2.6.2.1. Conformación del IBL pensional. Régimen de transición
La UGPP sostuvo que la sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional contenida en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU-395 de 2017, las cuales determinaron que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación pensional aplicable es el contenido en el inciso 3 de dicha
norma o en el artículo 21 ibidem.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con sustento en la sentencia emitida el 4 de agosto de 2010, por la
Sección Segunda de esta corporación,26 entendió que la expresión «monto»,
contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas
que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus
servicios», en el último año.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
Concretamente, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:27
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados
y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, como lo advirtió el fallador de instancia, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,28 fijó el criterio de
esta corporación en torno a la integración del ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993), para concluir que este solo puede estar constituido por aquellos
factores sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de
pensiones. De esta manera, la Sección Segunda ajustó su postura con la
establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
28 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: UGPP
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se
encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia. Lo anterior, en atención a que el tribunal encontró
probado que la señora Myriam Aguilera de Espitia era beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Como consecuencia, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia
emitida el 5 de junio de 2014 por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá D.C.,
en tanto ordenó reliquidar la pensión de jubilación en el equivalente al 75% del
promedio salarial devengado por la hoy demandada en el último año de servicio,
incluyendo la asignación básica, bonificación por servicios, incremento de
antigüedad y primas de vacaciones, navidad y servicios.
A su turno, se modificó el proveído recurrido en el sentido de indicar que los factores
de causación anual solo podían computarse en una doceava parte y que la
pensionada debía efectuar las cotizaciones sobre los emolumentos que no hubieran
sido objeto de la deducción legal, de manera indexada y por toda la vida laboral.
Es preciso aclarar que en la presente acción la UGPP se circunscribió a discutir que
para calcular el IBL pensional debieron atenderse las disposiciones contenidas en
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
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los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional desarrollada sobre el tema; sin embargo, no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección, siguiendo
el criterio de anteriores decisiones,29 contraerá su análisis a los aspectos
controvertidos en el sub lite.
Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que la sentencia
del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta corporación vigente para
la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente
250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual el IBL se debía
establecer con todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, cabe señalar que en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se
observa que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
debate propuesto en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) derecho a la
igualdad; y iii) derechos adquiridos.
De hecho, sobre el artículo 36 ejusdem, en la sentencia se señaló que el legislador
con estas disposiciones legales excedía la protección de los derechos adquiridos,
para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de
vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
29 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00 (3158-2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
Además, la providencia en cita consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 contenía una discriminación irrazonable e injustificada
para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos,
tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad
que resultaba contraria el artículo 13 de la Constitución Política.
Por su parte, si bien para la fecha de expedición de la decisión objeto de reproche,
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional se había
pronunciado sobre el IBL y el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella
únicamente se refirió al régimen pensional de los congresistas y de los altos
dignatarios del Estado, una condición que no reúne la señora Myriam Aguilera de
Espitia.
Tampoco resulta aplicable la Sentencia SU-230 de 2015 por cuanto el tribunal de
Cundinamarca hizo un exhaustivo análisis de las razones que lo conducían a acatar
el lineamiento jurisprudencial trazado por el Consejo de Estado e inclusive se basó
en la Sentencia C-816 de 2011 referente a «la fuerza vinculante de los fallos de
unificación frente a los funcionarios judiciales de cada jurisdicción».
En cuanto a la Sentencia SU-395 de 2017, se advierte que fue proferida con
posterioridad a la providencia recurrida y, por lo tanto, no admite su invocación como
precedente jurisprudencial.
Conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de
unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al ingreso
base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, dicha
providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
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Demandante: UGPP
2.6.2.2. Fecha de efectividad de la prestación
La UGPP sostuvo que la sentencia objeto de revisión determinó que el último año de
servicio estaba comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de
2004, pese a que la ciudadana laboró hasta el 15 de octubre de 2010. La entidad
agregó que esta irregularidad impactó la fecha de efectividad de la prestación y
generó una simultaneidad entre la vinculación al servicio oficial y la percepción de
las mesadas pensionales, por lo que se quebrantó el artículo 128 de la Constitución
Política.
La Sala considera que el anterior argumento carece de respaldo para declarar
fundada la causal de revisión invocada, pues no guarda relación con el debate
planteado en el proceso ordinario materia de reproche y tampoco tiene en cuenta
las actuaciones que con posterioridad adelantó la UGPP en aras de evitar el doble
pago que ahora se enrostra. Esta conclusión encuentra sustento en los siguientes
razonamientos que se derivan de las pruebas aportadas al plenario:
i) El 17 de julio de 2013, la señora Myriam Aguilera de Espitia interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anularan las
Resoluciones RDP 006102 del 24 de julio de 2012 y RDP 012571 del 22 de octubre
de 2012, suscritas por Cajanal E.I.C.E, que le negaron la reliquidación de su
pensión de vejez.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquidara la prestación
en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios, «comprendido entre el 01 de octubre de 2.003 y el 30 de septiembre
de 2.004 (fecha en que demostró el retiro definitivo del servicio oficial)». 30
La interesada aportó los documentos que acreditaban que había sido
desvinculada el 30 de septiembre de 2004, así como los emolumentos
devengados en los años 2003 y 2004.31
30 Folios 65 a 78 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
31 Folios 28 y 30 a 36 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
ii) El Juzgado Doce Administrativo de Bogotá D.C., mediante sentencia del 5 de
junio de 2014, anuló los actos acusados y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión
de la actora «en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual del total
devengado durante el año anterior al retiro definitivo del servicio, esto es, lo
percibido durante el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 2003 y el
29 de septiembre de 2004, incluyendo no sólo la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, sino también las
primas de: servicios, navidad y vacaciones, debidamente certificados como
consta a folios 30 a 36 del proceso, efectiva a partir del 19 de mayo de 2009,
teniendo en cuenta la prescripción declarada probada en este fallo». 32
iii) La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y argumentó
que el IBL pensional debía conformarse con estricta aplicación de los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993, esto es «con el promedio de lo devengado en el
tiempo que le hiciere falta al afiliado para cumplir en status pensional, los últimos
10 años o todo el tiempo si le resulta favorable teniendo en cuenta los factores
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994». Por lo tanto, la entidad no controvirtió
la fecha en que la actora se retiró del servicio, ni mucho menos cuándo debía
surtir efectos fiscales la prestación.33
iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 8 de
abril de 2016, confirmó parcialmente el fallo apelado en el sentido de mantener
la liquidación y efectividad de la condena en los términos ordenados por el a quo,
pero modificó el fallo para precisar que los factores de causación anual solo
podían computarse en una doceava parte y que la actora debía efectuar las
cotizaciones sobre los emolumentos que no hubieran sido objeto de la deducción
legal, de manera indexada y por toda la vida laboral.
Es pertinente anotar que en las consideraciones el ad quem afirmó que el último
año de servicio estaba comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de
septiembre de 2004, pese a que el juzgado lo hizo con un día de diferencia en
32 Folios 127 a 136 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
33 Folios 144 a 152 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
cada extremo; sin embargo, en la parte resolutiva no se varió la decisión de
primera instancia frente a este aspecto.
Además, para lo que interesa a la presente acción de revisión, ambas autoridades
judiciales tuvieron en cuenta que la actora se retiró del servicio a partir del 1 de
octubre de 2004.
El anterior recuento demuestra que la decisión del tribunal fue respetuosa del
principio de congruencia de las providencias judiciales, bajo el entendido de que la
competencia de fallador está determinada por la demanda, las excepciones, las
pruebas aportadas al plenario y los motivos de la apelación.34
En efecto, en ninguna de las etapas anotadas se alegó que el último año de servicios
correspondiera a una fecha diferente a la invocada en la demanda, esto es el 1 de
octubre de 2004, por ende, el fallador fue respetuoso de la verdad procesal puesta
en su conocimiento.
Bajo esta línea de intelección, esta Subsección carece de competencia para
estudiar aspectos que no fueron objeto del proceso ordinario ahora recurrido, pues
ello pugna con la excepcionalidad de este mecanismo judicial y el derecho de
defensa de los intervinientes.35
En este contexto, los argumentos referentes a la variación del retiro del servicio de
la pensionada y la prohibición de recibir una doble asignación del erario resultan
novedosos al debate que se ventiló en sede ordinaria y pone en riesgo los derechos
al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la demandada, pues
se le sorprende con una hipótesis que nunca fue examinada por el juez natural de
la causa, por lo que también se afecta la garantía de doble instancia, ya que no se
habilitaron las oportunidades procesales que le permitieran exponer las razones
34 Artículos 281 del Código General del Proceso y 187 del CPACA. Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A: i) sentencia del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); y ii)
sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por esta Subsección, radicado 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-
2019).
35 Ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) del 16 de noviembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2014-
00750-00 (2340-2014); ii) del 13 de octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2014-01924-00; y iii) del 8 de octubre de
2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017).
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00460-00 (1831-2018)
Demandante: UGPP
fácticas y jurídicas que estimara pertinentes, conforme lo exige un litigio
transparente y respetuoso del derecho de contradicción de los involucrados.
La señora Myriam Aguilera de Espitia tampoco pudo aportar las pruebas requeridas
para verificar si realmente se configuraba la prohibición de recibir una doble
asignación del tesoro público como lo alega ahora la UGPP.
Es más, en el sub lite la mencionada ciudadana ha sostenido que en ningún
momento percibió simultáneamente la pensión de jubilación y dineros a título de
salarios y prestaciones sociales. Esta afirmación encuentra respaldo en los
siguientes documentos aportados al plenario:
i) El 30 de agosto de 2012, el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda
instancia en la que anuló la Resolución 08177 del 14 de septiembre de 2004, que
había retirado del servicio a la ahora demandada. A título de restablecimiento del
derecho, se dispuso:
4. […] ordénase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, reconocer
y pagar a la señora Myriam Aguilera de Espitia los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta el 15 de agosto de 2010, fecha en
la que cumplió la edad de retiro forzoso. De la suma que resulte, la Entidad deberá
descontar lo pagado por concepto de mesadas pensiones para reintegrarla a Cajanal
y el valor de las cotizaciones dejadas de efectuar.
ii) El 25 de abril de 2013, por Resolución 003230, la DIAN dio cumplimiento a la
anterior decisión, por lo que reconoció los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir por la interesada entre el 1 de octubre de 2004 y
el 15 de octubre de 2010. Además, descontó los dineros que ella percibió por
concepto de mesadas pensionales, así como los aportes al sistema de salud,
pensión y fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente, caja de
compensación, ICBF, SENA y ARP. En lo que atañe a la presente acción, se destaca
el siguiente aparte:36
RESUMEN TODOS LOS FACTORES
CONCEPTO DIAN FOPEP VALOR V/ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZAR
36 Folios 274 a 285 y 555 a 566.
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Demandante: UGPP
SALARIOS, 125.717.118,oo 75.043.626,oo 50.673.492.oo 9.747.200,oo
FACTOR GRUPAL E
INCREMENTO
ANTIGÜEDAD
PRIMA DE NAVIDAD 9.146.944,oo 5.989.514,oo 3.157.430,oo 528.996,00
PRIMA DE 4.289.146,oo 6.276.630,00 -1.987.484,oo -
SERVICIOS
PRIMA NACIONAL 22.873.725,oo 22.873.275,oo 3.746.300,oo
PRIMA DE
VACACIONES,
INDEMNIZACIÓN, 14.433.118,00 14.433.118,oo 2.559.147,oo
VACACIONES,
BONIFICACIÓN
SERVICIOS Y
RECREACIÓN
TOTAL 176.459.601,00 87.309.770,00 89.149.831,oo 16.581.643,oo
RESUELVE:
[…]
ARTÍCULO SEXTO: RECONOCER y DISPONER la CONSIGNACIÓN al CONSORCIO FOPEP 2007
NIT. 900.178.299 4 en CUENTA DE AHORROS No. 031-379532-84 BANCOLOMBIA de la
ciudad de Bogotá, de la cual es su titular, de la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($87.309.770,oo) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de los pagos efectuados a la beneficiaria, de la señora
MYRIAM AGUILERA DE ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28. 426.822,
en calidad de pensionado, conforme a la liquidación adelantada por dicho consorcio,
cuyos descuentos a la beneficiaria se encuentran discriminados en la parte
motiva de esta decisión. [Resalta la Sala].
iii) El 21 de mayo de 2018, la UGPP dio cumplimiento a la sentencia objeto de revisión
y ordenó reliquidar la pensión de vejez de la señora Myriam Aguilera de Espitia, en
cuantía del 75% de la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por
servicios prestados, devengados entre el 16 de octubre de 2009 y el 15 de octubre
de 2010. De esta decisión se resalta lo siguiente:37
Que es pertinente señalar que si bien es cierto los fallos judiciales, señalan que el
periodo a liquidar corresponde al periodo comprendido entre el 30 de septiembre de
2003 hasta el 29 de septiembre de 2004, es preciso señalar que teniendo en cuenta
la Resolución No. 003230 del 25 de abril de 2013 expedida por la DIAN, la señora
MYRIAM AGUILERA DE ESPITIA ya identificada, laboró hasta el 15 de octubre de 2010,
razón por la cual se procedió a liquidar la mesada pensional conforme al último
año laborado.
Lo anterior con el fin de no vulnerar lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución Política […].
37
Folios 640 a 644.
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Demandante: UGPP
Así mismo, es pertinente señalar que teniendo en cuenta que la prescripción
ordenada por el fallo es anterior a la fecha de retiro, se tendrá como fecha de
efectividad el 16 de octubre de 2010.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento del fallo por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C el 8 de abril de 2016, se reliquida la
pensión de VEJEZ del (a) señor (a) AGUILERA DE ESPITIA MYRIAM, ya identificado (a) en
los siguientes términos:
Cuantía $1,264,944
Cuantía Letras UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS Y CUATRO
Fecha Efectividad 16 de octubre de 2010
Fecha Efectos Fiscales
[…] [Resalta la Sala].
El escenario antes descrito, demuestra que el Consejo de Estado, dentro del
proceso ordinario en el cual analizó el acto que retiró del servicio a la señora Myriam
Aguilera de Espitia, tuvo la precaución de ordenar descontar del valor de las
condenas las mesadas pensionales percibidas por la ciudadana. De este modo,
logró que la interesada no devengara pensión y salario en forma simultánea.
La anterior decisión fue acatada integralmente por la DIAN, pues el acto que
reconoció los emolumentos dejados de percibir entre el 1 de octubre de 2004 y el
15 de octubre de 2010, también efectuó las operaciones tendientes a restar del
retroactivo salarial las mesadas pensionales devengadas en ese lapso.
Igualmente, la UGPP garantizó que los efectos de la reliquidación pensional
decretada en sede judicial fueran posteriores a la fecha en que se verificó la
desvinculación de la interesada, esto es, el 15 de octubre de 2010. Inclusive, explicó
que esta determinación obedecía a la necesidad de respetar el artículo 128
Constitucional, en tanto dispone que nadie puede «recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público».
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Demandante: UGPP
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2 del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las
causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 8 de abril de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: UGPP
Segundo. Reconocer personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, como
apoderada de la UGPP y para los efectos del poder conferido.38
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 11001-33-35-012-2013-00171-00 al juzgado de origen y
archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
38 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
31
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