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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00750-00

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00750-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la causal 7 del artículo 250 del CPACA, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, presentó 21 Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014) Demandante: UGPP contra la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 11001-33-31-021-2011-00323-00 al juzgado de origen y archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2014-00750-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

16 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Gustavo Alejandro Venegas Valencia

Tema: Causal 7 del artículo 250 del CPACA

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del 17 de octubre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, a través de la cual confirmó la providencia del 9 de marzo de 2012,
emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá D.C., que había accedido
a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso radicado 11001-33-31-021-
2011-00323-00.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011, la UGPP, por conducto de apoderada, solicitó la revisión de la
sentencia del 17 de octubre de 2013, suscrita por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con el fin de que se infirme y, en
su lugar, se declare que el señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia no tiene
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

derecho a que Cajanal E.I.C.E.,1 hoy UGPP, le reconozca y pague una pensión de
vejez por los servicios prestados como empleado público, en razón a que devenga
otra prestación igual naturaleza, reconocida por el ISS,2 originada en las labores
cumplidas como funcionario de la seguridad social.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:3

i) El 23 de agosto de 1994, por Resolución 003380, el ISS reconoció una pensión de
jubilación al señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia, efectiva a partir del 1 de
julio de 1994, teniendo en cuenta su condición de funcionario de la seguridad social,
por cuanto ocupó el cargo de médico especialista pediatra. La prestación se fundó
en los Decretos 1848 de 1969, 1651 de 1977, 1653 de 1977, 413 de 1980 y en la
Ley 33 de 1985, en atención al siguiente tiempo de servicio:

Período Entidad Cargo
Del 02-10-72 al 30-06-94 Secretaría de Salud de Bogotá Profesional Universitario VIIIC
Del 01-08-73 al 08-07-75 ISS – Seccional Cundinamarca Médico Especialista - Pediatra

ii) La Resolución 003380 de 1994 indicó que la pensión allí reconocida era
incompatible «con otra asignación que provenga del Tesoro Público».

iii) El demandado también prestó sus servicios en el Ministerio de Justicia, entre el
1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1992. El último cargo desempeñado fue el de
profesional universitario 3020-08.

iv) El 30 de noviembre de 2009, el accionado solicitó ante Cajanal E.I.C.E. el pago
de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con fundamento en el lapso
laborado en dicho ministerio; sin embargo, esta petición fue negada, a través de la
Resolución PAP 015020 del 28 de septiembre de 2010.

1 Caja Nacional de Previsión Social, hoy liquidada.
2 Instituto de Seguros Sociales.
3 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

2

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Demandante: UGPP

v) El señor Venegas Valencia interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Cajanal con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución PAP
015020 de 2010.

vi) Dentro de dicho proceso, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá D.C.,
mediante sentencia del 9 de marzo de 2012, condenó a Cajanal a reconocer al
interesado una pensión de vejez, efectiva a partir del 2 de abril de 1994, en cuantía
del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios.

vii) La anterior providencia fue apelada por la parte demandada, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través de
sentencia de 17 de octubre de 2013, confirmó la decisión de primera instancia.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 confirmó la providencia del 9 de
marzo de 2012, suscrita por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá D.C.,
con base en los siguientes razonamientos:4

i) El a quo reconoció una pensión de vejez a favor del señor Gustavo Alejandro
Venegas Valencia. La UGPP apeló dicha decisión, pero sostuvo que el referido
ciudadano no tenía derecho al pago de la indemnización sustitutiva a la pensión de
vejez.

ii) Conforme al artículo 357 del CPC,5 la competencia en segunda instancia está
limitada por los argumentos de la alzada.

iii) La apelación presentada por la UGPP no guarda congruencia con la sentencia
recurrida. En consecuencia, se concluye que en el presente caso no existió «motivo

4 Folios 104 a 112.
5 Código de Procedimiento Civil.

3

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Demandante: UGPP

alguno de inconformidad» contra el fallo apelado y, por lo tanto, debe mantenerse
incólume la decisión allí adoptada.

1.1.4. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA, que establece como causal de revisión «[n]o tener la persona en cuyo favor

se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna
de las causales legales para su pérdida». La UGPP expuso los siguientes
argumentos:

i) La jurisdicción de lo contencioso administrativo desconoció que el señor Gustavo
Alejandro Venegas Valencia no tenía la aptitud legal para que la UGPP le otorgara
una pensión de vejez, ya que gozaba de idéntica prestación a cargo del ISS, la cual
le fue reconocida en atención a los tiempos oficiales laborados como funcionario de
la seguridad social.

ii) Con el segundo reconocimiento pensional se desconoció la prohibición «de
percibir dos asignaciones del tesoro público», establecida en el artículo 128 de la
Constitución Política y que también está contenida en los Decretos 1848 de 1968,
1042 de 1978, 758 de 1990 y en la Ley 4 de 1992.

iii) Los dos reconocimientos pensionales obedecen a las vinculaciones que tuvo el
accionado como servidor público; sin embargo, los empleos oficiales que
desempeñó no podían conferirle el derecho a percibir dos pensiones de vejez por
ser incompatibles entre sí.

1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia, por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, en los siguientes términos:6

6 Folios 133 a 139.

4

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Demandante: UGPP

i) En este caso no se configura la causal de revisión invocada, por cuanto los
médicos están autorizados legalmente para desempeñarse en más de una
institución oficial y, por lo tanto, pueden devengar varias asignaciones provenientes
del tesoro público, así como acceder a los derechos y prestaciones consagrados en
la Ley 100 de 1993. Inclusive, los aludidos servidores debían afiliarse a Cajanal y
también al ISS cuando simultáneamente prestaban sus servicios en este último.

ii) La pensión que reconoció Cajanal no tuvo en cuenta los períodos que el
accionado laboró en el ISS.

iii) Las pensiones e indemnizaciones a cargo del ISS, hoy Colpensiones, no son
dineros públicos, por ende, no se configura la incompatibilidad que alega la UGPP.

iv) No se integró correctamente el contradictorio, ya que también debían comparecer
las autoridades judiciales que profirieron las decisiones reprochadas.

v) En una actuación cuestionable y unilateral, la UGPP dejó de pagarle al accionado
«la pensión del ISS por la cual devengaba mensualmente más de $5.600.000 para
someterlo a vivir con la pensión de la UGPP por valor de $993.911.37».

vi) El señor Venegas Valencia actuó de buena fe durante el proceso ordinario,
mientras que la UGPP fue negligente en el ejercicio de su defensa, ya que ni siquiera
apeló adecuadamente la decisión de primera instancia que otorgó la pensión de
vejez al demandado. En consecuencia, debe salvaguardarse el reconocimiento
pensional efectuado por las autoridades competentes, teniendo en cuenta que se
trata de un derecho adquirido conforme a derecho y forma parte del patrimonio del
interesado.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

El señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia afirmó que en el presente proceso

5

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Demandante: UGPP

no se integró correctamente el contradictorio, por cuanto se omitió citar a los
magistrados que suscribieron la sentencia objeto de revisión.

Al respecto, es oportuno aclarar que el recurso extraordinario de revisión no implica
un reproche contra la autoridad judicial que profirió la sentencia recurrida, sino
contra esta última, con base en las causales previstas de manera taxativa en la ley.
De ahí que no se requiera la vinculación de la autoridad judicial al proceso; no
obstante, sí era necesaria la comparecencia del señor Venegas Valencia, en
garantía de sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso, teniendo en
cuenta que la decisión del juez de revisión puede implicar la alteración de la
providencia que definió la cuestión litigiosa e hizo tránsito a cosa juzgada.7

2.2. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 18 de junio de 2014,8 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),9 por lo cual, esta corporación es competente
para conocerlo, en virtud del artículo 249 ejusdem.10 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es
competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo
13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.11

2.3. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «podrá

7 En similar sentido, puede consultarse la sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección A, radicado 11001-03-25-000-2017-00297-00 (1450-2017).
8 Folio 114, reverso, cuaderno principal.

La Sala advierte que el 15 de agosto de 2014, la UGPP radicó recurso extraordinario de revisión y posteriormente, el 11 de
diciembre de 2015, presentó reforma de la demanda, la cual fue admitida por esta Subsección a través del auto del 12 de
abril de 2018 obrante a folio 467 del cuaderno 2.
9 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
10 Artículo 249. Competencia. […]

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […].
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Demandante: UGPP

interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 7 de noviembre de
2013,12 y el recurso de revisión se interpuso el 18 de junio de 2014. Por lo tanto, el
recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, está
incursa en la causal de revisión del numeral 7 del artículo 250 del CPACA.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»;13 por tal razón, su procedencia se limita a las
causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse
de manera restrictiva.

En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así́ lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha sentencia se expuso lo siguiente:

Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente
ha indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge

12 Folio 230, expediente ordinario.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.

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Demandante: UGPP

como una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional,
el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,
ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que
esta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal
como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el
Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario
de revisión existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la
justicia, y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una
limitación a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.
[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el
campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas,
buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada. (...)
[Resaltado y cursivas del original]

Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia
del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión,
no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias
ejecutoriadas y previa la constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas
causales que autorizan su utilización, permite enmendar errores o ilicitudes
cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho
al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en la siguiente
providencia de 2005:14

Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en
relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la
Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de
que se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-

00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.

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Demandante: UGPP

discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en
firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba,
que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.

En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia
de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:15

[…] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una
instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del
litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una
demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben
ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control
más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga
advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de
Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe interponer por medio
de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros términos, el recurso
es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia, a partir del
auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado recurso
es un nuevo proceso.

El recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y siguientes
del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos».16 El
plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la
sentencia objeto de impugnación,17 y debe reunir los requisitos fijados en el artículo
252 ibidem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada, acompañada
de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer
valer.

15 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de febrero de 2015;

radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16 Artículo 249 CPACA.
17 Artículo 251 CPACA.

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma
inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el
recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del
CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de

carácter procedimental.18 En sentencia de 8 de mayo de 2019, esta corporación,
respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo
siguiente:19

[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé́ , como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con
la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia,
ni prevé́ oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o
negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció́ una
acción sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera
irregular, por lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o
particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas
a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por
finalidad, la protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se
aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales
del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a
establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como
una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en

18 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con

las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente procedimentales,
pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido
al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los
elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal
del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica,
por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

2.5.2. Causal 7 de revisión del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

En lo que respecta a esta causal, denominada por la jurisprudencia como «falta de
aptitud legal», se ha entendido que su configuración ocurre en tres situaciones
concretas: a. cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él,
por ejemplo, cuando en la sentencia se le reconoce una pensión a alguien que aún
no tiene la aptitud legal, por error involuntario tanto de la Administración Pública
como del juez administrativo; b. cuando la persona, luego del reconocimiento, perdió
su aptitud legal, por cuestiones de hecho, por ejemplo, cuando esté gozando de una
pensión de invalidez, recupera su salud y queda en condiciones de volver a trabajar;
y, c. cuando la persona luego del reconocimiento, perdió su aptitud legal, por
cuestiones de derecho,20 por ejemplo, la pérdida de la pensión por condena de
carácter penal.

Adicionalmente, la Sala Plena de esa corporación estableció los siguientes
elementos de la causal en comento:21

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de octubre de 2020,

expediente 0287-2015.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000 2005-00297-01 (REV),

sentencia del 7 de diciembre de 2010.

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

Si bien en este recurso extraordinario no es admisible adentrarse en el fondo de la
cuestión litigiosa resuelta en la sentencia que sea objeto del mismo, puesto que no
constituye una nueva instancia y la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, según se precisó ab initio de estas consideraciones, se tiene que la
causal ahora invocada significa una excepción relativa a esa característica anotada,
toda vez que su descripción normativa está referida de manera directa y específica a
la cuestión de si se reúnen los requisitos que le den al actor la aptitud legal para
acceder al derecho en mención, que viene a ser el tema central de toda providencia
judicial en la que se decrete o reconozca una pensión periódica a favor de persona
determinada, pues justamente la causal se estructura cuando esa persona no reúna
«la aptitud legal necesaria», o la pierda después de proferida la sentencia o
sobrevenga alguna causal legal para su pérdida.

En ese orden, se tiene que los elementos estructurantes de esta causal son:

• Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete o
reconozca a favor de determinada persona una pensión periódica, de las cuales
cabe mencionar las de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la asignación
de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que
niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes
a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión
de su monto.

• Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para
acceder al derecho de gozar de esa pensión periódica, siendo tal aptitud la
situación jurídica necesaria para que surja la condición o status de pensionado
en quien pidió su reconocimiento. La norma no habla de aptitud física, fisiológica
o mental que esgrime el oponente a este recurso, sino de una aptitud de carácter
legal, es decir, la que surge del ordenamiento jurídico y no del ámbito funcional en
que semánticamente se ubica la mayoría de las acepciones gramaticales del vocablo
aptitud.

De modo que no se trata de atender la literalidad natural de la sola palabra
aptitud, sino de interpretarla no solo con el adjetivo que la acompaña, con la
cual se le da una connotación convencional en el plano técnico jurídico, sino
también en el contexto del enunciado, en el cual sirve destacar la expresión «No
reunir», con la cual el legislador anuncia de entrada que esa aptitud consiste en
conjunción de cosas, eventos o situaciones; en la reunión de elementos o supuestos,
que para efectos del surgimiento o adquisición de derechos, vienen a ser ni más ni
menos que los requisitos (supuestos de hecho) previstos en la normatividad
pertinente para el nacimiento del derecho subjetivo de que se trate.

Aptitud legal en este caso es, entonces, la situación jurídica en que se debe
hallar una persona cualquiera, individualmente considerada, producto de la
ocurrencia de los supuestos señalados en la regulación de la materia, para ser
titular del derecho de la pensión periódica decretada o reconocida en la
sentencia impugnada bajo la causal sub examine […]. [Resalta la Sala].

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Demandante: UGPP

Del anterior lineamiento interpretativo, que ha sido reiterado de forma pacífica por
esta corporación, se concluye que la causal 7 de revisión del artículo 250 del CPACA
se propone determinar si fueron o no correctos los parámetros que utilizó la
providencia recurrida para reconocer un derecho pensional.22

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

La UGPP considera que la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en la causal de revisión del
numeral 7 del artículo 250 del CPACA, puesto que reconoció una pensión de vejez al
señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia, pese a que no acreditaba de la aptitud
legal para recibirla, toda vez que tenía reconocida una pensión de igual naturaleza
por parte del ISS, en razón a que se desempeñó como funcionario de la seguridad
social. En consecuencia, con esta segunda pensión se desconoció la prohibición de
percibir más de una asignación del tesoro público.

Ahora bien, la Sala considera que en este caso el anterior argumento no permite
configurar la causal de revisión invocada, pues en realidad se trata de un esfuerzo
por suplir la falta de diligencia que tuvo la UGPP para defender sus intereses en el
proceso ordinario que culminó con la sentencia de segunda instancia ahora
reprochada. En efecto, al plenario se allegó el referido expediente y de su lectura
se resaltan los siguientes aspectos:

i) El señor Gustavo Alejandro Venegas Valencia interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se anularan las Resoluciones PAP
015020 del 28 de septiembre de 2010 y PAP 038764 del 16 de febrero de 2011,
suscritas por Cajanal E.I.C.E, que le negaron la «indemnización sustitutiva a la
pensión de vejez». El actor reclamó dicho pago en razón a que laboró como
servidor del Ministerio de Justicia y aportó al sistema de pensiones con destino a
dicha caja de previsión, entre el 1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1992.

22 Consejo de Estado, Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión, sentencia del 25 de mayo de 2022, radicado 11001-03-15-

000-2021-11617-00.

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

ii) El Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá D.C., mediante sentencia del 9
de marzo de 2012, determinó que el accionante no tenía derecho a la
mencionada indemnización, sino a una pensión de vejez, en cuantía del 75% del
salario percibido en el último año de servicio, conforme lo dispone la Ley 33 de
1985. Al respecto, se explicó que el ciudadano era beneficiario del régimen de
transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contaba con
más de 55 años de edad y completó 20 años de servicio como empleado público.

iii) La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y argumentó
que el accionante no tenía derecho a percibir la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez solicitada.

iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 17 de
octubre de 2013, confirmó el fallo apelado, bajo el entendido de que los
razonamientos de la alzada no le permitían estudiar el reconocimiento pensional
efectuado por el fallador de primera instancia, por ende, resultaba imperioso
concluir que la UGPP no tenía inconformidad con el beneficio prestacional allí
reconocido. Textualmente, se expresó lo siguiente:

[…] mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una
determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo cual
corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de
solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o
asuntos que se plantean ante la segunda instancia.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C.
de P. C. En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia
su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos
a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior,
toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de
la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional
ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el
recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el
procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual
debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum”.

Hecha la anterior acotación, debe resaltar la Sala que la entidad demandada, por
conducto de su apoderado, en su recurso de alzada no se refiere de manera alguna

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

a los motivos en que se fundamentó el Juzgado para acceder a las súplicas de la
demanda. En efecto, su escrito no guarda congruencia con lo decidido por el
fallador de instancia, pues hace un recuento de la normativa que regula la
Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez y concluye que tales
disposiciones no son aplicables al demandante. Y como se desprende de la sentencia
impugnada, el A quo no reconoció una indemnización sustitutiva, por no ser el
derecho que le corresponde al actor, sino que accedió al reconocimiento de la
pensión de jubilación por considerar que era un deber hacerlo conforme a la
normatividad vigente, por, según su dicho, haber cumplido los requisitos de ley para
acceder a la pensión en cita.

Como es sabido el marco de la resolución judicial en segunda instancia lo establece
la sentencia y el recurso de apelación. Por lo que no le es dado al sentenciador
arrogarse más poderes de los que le corresponden, es decir, su examen sólo
puede versar sobre los motivos de inconformidad formulados por el apelante contra
el fallo y, no sobre los que debieron ser invocados. En el caso objeto de examen, por
la incongruencia presentada, no puede menos la Sala que establecer que no
existió en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo. Las
razones expuestas, imponen declarar incólume la sentencia del Tribunal [sic] que
accedió a las súplicas de la demanda en los términos indicados por el A quo. [Resalta
la Sala].

v) En el referido trámite judicial no obra la Resolución 003380 del 23 de agosto
de 1994, proferida por el ISS, que le reconoció la pensión de vejez al actor en su
condición de funcionario de la seguridad social de ese instituto; por el contrario,
este documento solamente fue aportado por la UGPP como anexo del presente
recurso extraordinario de revisión.

vi) Las únicas pruebas que se arrimaron al proceso de nulidad y restablecimiento
en comento fueron la cédula de ciudadanía del señor Venegas Valencia y su
registro civil de nacimiento; el certificado laboral de los servicios prestados en el
Ministerio de Justicia y los emolumentos percibidos; una declaración bajo
juramento en la cual manifestó que «no voy a seguir aportando al sistema de
pensión de Cajanal ya que en la actualidad soy pensionado del Seguro Social»;
la reclamación administrativa de la indemnización sustitutiva y los actos que
negaron tal petición.

El anterior recuento evidencia que el proceso de nulidad y restablecimiento ahora
cuestionado se desarrolló con unas particularidades que impiden configurar la
causal de revisión establecida en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, pues esta
corporación ha precisado que para ello es necesario que el fallo objeto del recurso

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

reconozca a favor de determinada persona una pensión periódica y que «la cuestión
decidida en dicha sentencia haya sido la “aptitud legal” para acceder al derecho de
gozar de esa pensión periódica».23

En este caso, se controvierte la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, esa providencia no hizo
examen alguno frente a la aptitud legal del señor Venegas Valencia para acceder a
la pensión de jubilación que ahora se pretende dejar sin efectos; por el contrario, la
referida corporación judicial expresó que el recurso de apelación presentado por la
UGPP contra el fallo de primera instancia que reconoció la pensión de vejez, adolecía

de una incongruencia insalvable que impedía hacer un análisis de fondo en torno a
dicha prestación.

En este orden de ideas, el ad quem no hizo ningún tipo de estudio respecto de la
procedencia del derecho, esto es, el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo
de servicios, monto, régimen aplicable y mucho menos la incompatibilidad pensional
que expone la UGPP a través del presente recurso extraordinario.

La decisión del tribunal fue respetuosa del principio de congruencia de las
providencias judiciales, bajo el entendido de que la competencia del superior está
determinada por los motivos de la apelación. Inclusive, esta Subsección ha dejado
sin efectos sentencias que contravienen dicho mandato, en tanto ello se traduce en
una vulneración al debido proceso y, por tal motivo, las decisiones son revisables a
la luz del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, pues tal irregularidad configura una
nulidad originada en la sentencia.24

En este contexto, el argumento de la incompatibilidad pensional resulta novedoso
al debate que se ventiló en sede ordinaria y pone en riesgo los derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia del demandado, pues se le
sorprende con una hipótesis que nunca fue examinada por el juez natural de la

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000 2005-00297-01 (REV),

sentencia del 7 de diciembre de 2010.
24 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 5 de octubre de 2023, radicado 11001 03 25 000 2020

00965 00 (2926-2020); y ii) del 18 de octubre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-00690-00 (2075-2020).

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

causa, por lo que también se afecta la garantía de doble instancia, ya que no se
habilitaron las oportunidades procesales que le permitieran exponer las razones
fácticas y jurídicas que estimara pertinentes, conforme lo exige un litigio
transparente y respetuoso del derecho de contradicción de los involucrados.

El señor Venegas Valencia tampoco pudo aportar las pruebas requeridas para
verificar si realmente se configuraba tal incompatibilidad pensional, si había manera
de superarla o si existían opciones alternas para lograr que las cotizaciones
realizadas a Cajanal fueran tomadas en cuenta para recomponer el ingreso base de
liquidación pensional de la prestación que se le reconoció como funcionario de la
seguridad social.

En efecto, el mencionado ciudadano ha alegado que como médico se le permitía
laborar en varias entidades oficiales, situación que ha sido corroborada por esta
corporación en relación con los profesionales de la medicina y la jurisprudencia no
ha sido pacífica en torno a cuál debe ser el impacto pensional de esas múltiples
vinculaciones.

Al respecto, se destaca que para la fecha en que se expidió la sentencia objeto de
revisión, se habían desarrollado múltiples tesis en relación con la situación de los
médicos que efectuaron cotizaciones en varios fondos de pensiones, en virtud de
diferentes vinculaciones oficiales y que se presentaron con antelación a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, como ocurre en el sub lite. Algunas de los
aludidos criterios jurisprudenciales corresponden a los siguientes:

i) Los referidos servidores tienen derecho a que se les reconozca una sola
pensión, pero cuyo cálculo tenga en cuenta todos los emolumentos percibidos
durante las vinculaciones simultáneas.25

ii) Si las horas laboradas son sucesivas es procedente el reconocimiento de otra
pensión de vejez porque, en realidad, lo que se hace es pagar el medio tiempo

25 Sentencia del 27 de marzo de 2008, radicado 25000-23-25-000-1997-46980-01 (2830-01).

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

que falta para completar la pensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos
para acceder a la segunda pensión.26

iii) La autorización legal para el desempeño de dos cargos públicos y la
percepción de dos asignaciones provenientes del tesoro público, necesariamente
debe conllevar la posibilidad de disfrutar de los beneficios que se generan como
consecuencia de dicha potestad. Lo contrario implicaría castigar, sin fundamento
jurídico alguno, al empleado que, en ejercicio de una potestad legal y
excepcional, decidió destinar gran parte de su tiempo al desempeño de dos
cargos públicos.27

En este orden de ideas, resultaba indispensable que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que cuestiona la UGPP se hubiera ventilado la
incompatibilidad pensional sobre la cual se edifica el recurso extraordinario de la
referencia, pues era una materia que exigía un amplio análisis jurídico y probatorio
garante del debido proceso, contradicción y defensa de las partes involucradas.

En tal sentido, esta Subsección ha explicado que los recursos o acciones
extraordinarias de revisión no pueden constituirse en una tercera instancia para
suplir la falta de diligencia de los sujetos procesales en los trámites ordinarios. Esta
conclusión se ha fundado en los siguientes razonamientos:28

[…] la Sala observa que aun cuando la UGPP apeló la decisión adoptada por el a quo,
no discutió la incompatibilidad pensional que se consolidaba en el sub lite. La
alzada se circunscribió a lo siguiente:
[…]

En el sub lite la sentencia del 21 de enero de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, solo analizó si los
actos objeto de demanda eran susceptibles de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues entorno ello, la UGPP sustentó el recurso de
apelación, es dable concluir que dicha decisión se ajustó a derecho, por cuanto

26 Sentencia del 27 de marzo de 2008, radicado 25000-23-25-000-1997-46980-01 (2830-01).
27 Sentencia del 6 de junio de 2012, radicado 15001-23-31-000-2002-03649-01 (2318-08).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-

2017-00530-00 (2462-2017).

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

el artículo 328 del CGP29 prevé que la competencia del juez de segunda instancia
está limitada a los argumentos de la alzada, y en ese sentido se desató el
recurso.

En este caso, si bien el a quo pudo haber efectuado una interpretación de las normas
que no se acompasa con el artículo 128 de la Carta, también es cierto que el ad quem
limitó su estudio al objeto de la apelación, según la regla de competencia contenida
en el artículo 328 del CGP. Esto a su vez, es una expresión del artículo 29 ibidem en
cuanto dispone «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio». Es decir, actuó salvaguardando el derecho al
debido proceso. En criterio de la Subsección, esta actuación no puede ser
reprochable, pues se constituye en garantía de este derecho fundamental. De
ahí que, ante la aparente colisión de normas constitucionales, se da prevalencia
a aquella que define un derecho fundamental frente a aquella que prevé una
prohibición general, en aplicación del principio pro homine. Este le impone al
juez la obligación de acudir a un criterio hermenéutico que dé prevalencia a la
interpretación más extensiva a los derechos humanos, frente a otra más restringida
en su ejercicio30.

Igualmente, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no es una
tercera instancia que admita reabrir el debate jurídico, probatorio y fáctico propio de
las instancias procesales que ya se han surtido. […].

Bajo este parámetro, se advierte que esta no es la oportunidad para discutir el
derecho reconocido a la pensionada, comoquiera que la entidad contaba con el
recurso de apelación para obtener del Tribunal Administrativo un
pronunciamiento en torno a la compatibilidad pensional en el sub judice. No
obstante, se limitó a debatir si los actos objeto de demanda eran o no enjuiciables
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que como se
expuso en precedencia resulta ajena a la naturaleza excepcional que el legislador le
atribuyó al recurso extraordinario de revisión. [Resalta la Sala].

En el anterior antecedente, esta Subsección advirtió que la pensión que se
reconoció en sede ordinaria estaba incursa en la prohibición constitucional de
percibir dos asignaciones del tesoro público; sin embargo, no se invalidó la decisión

29 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. […]».
30 Sobre la aplicación del principio pro homine se puede ver la sentencia T-284 de 2006 de la Corte Constitucional. Entre

otros aspectos, se resaltan lo siguientes aparte: «[…] El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo
el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión
extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar
siempre a favor del hombre. […]
En este orden de ideas, los jueces deben propender por la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos,
pues se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las disposiciones jurídicas en materia sancionatoria o
anulatoria se lleve a cabo sin acudir a criterios extensivos o analógicos, y tome en cuenta el principio de legalidad, y en
últimas, de acuerdo con los criterios "pro-homine", derivados de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo
colombiano.[…]»

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

objeto del recurso extraordinario, toda vez que dicha incompatibilidad jamás fue
alegada antes los jueces de la causa y, por lo tanto, no podía utilizarse la demanda
de revisión como una tercera instancia para reabrir un litigio que ya había culminado.

La anterior conclusión es garante del acceso a la administración de justicia y los
principios pro homine y pro actione, en virtud de los cuales «el Estado colombiano
debe garantizar que la autoridad prevista por el sistema legal interno no solo decida
“sobre los derechos de toda persona”, sino también que interprete y aplique las
normas de la Convención y del ordenamiento jurídico interno de manera que no se
suprima, limite o excluya el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en la Convención, en “otros actos internacionales de la misma naturaleza” y en la
ley nacional»31.

Igualmente, esta postura resulta garante del derecho fundamental al debido proceso
y de la competencia funcional que se radica en cabeza de los tribunales
administrativos, pues ella está delimitada por la sentencia de primera instancia y los
argumentos que las partes expongan en la alzada, conforme lo preceptúa el artículo
328 del CGP.

Bajo esta línea de intelección, se observa que en el presente caso la UGPP apeló la
sentencia suscrita por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá D.C., que la
condenó a reconocer una pensión de vejez al señor Venegas Valencia.

Sin embargo, la entidad fundó la alzada en que el interesado no tenía derecho a la
indemnización sustitutiva a la pensión de vejez, por ende, debía dejarse incólume
el derecho pensional reconocido. A su turno, la incompatibilidad pensional fue
excluida del objeto de estudio en la providencia revisada, en atención a que el
recurso de apelación propuesto por la UGPP no abordó tal aspecto, por lo tanto, el
recurso extraordinario incoado resulta improcedente para subsanar las falencias de
la entidad en el ejercicio de su defensa técnica.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, consejera ponente: Dra. Stella

Conto Díaz Del Castillo, auto de 29 de julio de 2013, radicado: 25000 23 36 000 2012 00628 01 (46740), actor: María
Valencia Arango y otros.

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

Por lo expuesto, en el sub lite no se encuentra configurada la causal prevista por el
numeral 7° del artículo 250 del CPACA, razón por la cual el recurso extraordinario de
revisión se declarará infundado.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el inciso 2 del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos jurídicamente al que
ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye no hay lugar
a infirmar la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la decisión es respetuosa de los
principios pro homine, debido proceso y congruencia que orientan las actuaciones
judiciales, razón por la cual se impone declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de
la causal 7 del artículo 250 del CPACA, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, presentó

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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00750-00 (2340-2014)
Demandante: UGPP

contra la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 11001-33-31-021-2011-00323-00 al juzgado de origen y
archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

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