Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00965-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00965-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00965-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de octubre de 2023
Radicación:11001 03 25 000 2020 00965 00 (2926-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00965 00 (2926-2020)
Demandante: José Yesid Ramírez
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. DECLARA FUNDADO
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor José
Yesid Ramírez contra la sentencia de segunda instancia del 25 de septiembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Como consecuencia de ello, solicitó desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y confirmar
la Sentencia del 31 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito de Cali, por medio de la cual se accedió a las súplicas
de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Yesid Ramírez interpuso el recurso extraordinario de revisión
establecido en el artículo 248 del C.P.A.C.A contra la sentencia de segunda
instancia del 25 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 ibídem.
Los hechos que fundamentan el recurso son los siguientes:
Que, el 31 de julio de 2015, el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de
Cali profirió la Sentencia 129, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda, bajo el entendido de que el Consejo de Estado hizo extensiva la prima
de actualización al personal retirado.
Que, contra la referida providencia, CASUR interpuso recurso de apelación;
pero, que los argumentos allí expuestos no guardaron relación con los
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fundamentos del fallo impugnado.
Que, el 25 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2019, revocó la Sentencia 129 del 31 de julio de 2015, proferida
por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali, y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda invocada por el señor José Yesid
Ramírez, en atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
Que, la parte demandada interpuso recurso de apelación, manifestando que el
juez reconoció la prestación bajo el entendido de que la reclamación estaba
dentro del término establecido, sin embargo, presentó argumentos diferentes a
dicha prima y señaló aspectos jurídicos referentes a la prima de actividad y sobre
la cual considera no tiene derecho, «sobresaliendo con ello la falta de sustento
y claridad en los términos en los que expuso su inconformidad».
Que, si bien con la decisión tomada podría considerarse que el Tribunal
desborda la competencia como juez de segunda instancia, lo cierto es que dicha
decisión no desconocería el principio de la non reformatio in pejus, toda vez que,
la parte demandada es apelante único en el trámite de segunda instancia, por
lo que la Sala consideró oportuno realizar el análisis en virtud del principio de
legalidad.
Que, la jurisprudencia ha permitido al ad quem entrar a resolver sobre
situaciones propias del objeto del proceso, en virtud del principio de legalidad,
cuando evidencie una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico, y, más
aún, en las circunstancias en las que se consolidan situaciones jurídicas en
abierta contradicción de las normas, por lo que se debe velar por el principio
constitucional de sostenibilidad fiscal.
Que, el derecho a reclamar la prima de actualización, para efectos pensionales,
surgió a partir de las sentencias del 14 de agosto de 1996 (con respecto de la
nulidad de los artículos 28 de los Decretos 25 de 1993 y 65 de 1994), y del 6 de
noviembre de 1997, (con relación a la anulación del parágrafo del artículo 29 del
Decreto 133 de 1995).
Que, las fechas límites para formular la respectiva reclamación terminaron el 19
de septiembre de 2001 y el 24 de noviembre de 2001, respectivamente, por
prescripción cuatrienal.
Que, aunque el señor Ramírez radicó la petición dentro del aludido término, esto
es, «en agosto de 2001», operó el fenómeno de prescripción, puesto que fue
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hasta el 5 de marzo de 2014 cuando interpuso la demanda, ya que tenía como
último día para tal efecto el 22 de agosto de 2005.
Que, por lo expuesto, revocó la sentencia de primera instancia para en su lugar
negar las pretensiones y condenar en costas al demandante, fijando las
agencias en derecho en la suma de 0.09 SMLMV.
Contra esta decisión se interpuso acción de tutela invocando la protección al
debido proceso, siendo negada por esta corporación bajo el argumento de que
lo procedente era el recurso extraordinario de revisión por el desconocimiento
del principio de congruencia.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248
del CPACA presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia citada.
En criterio de la parte se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA
teniendo en cuenta que existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Que lo anterior, se debe analizar en concordancia con el artículo 29 de la
Constitución Política y el numeral 1.º del artículo 133 del Código General del
Proceso, esto es «1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la
falta de jurisdicción o de competencia”.
En desarrollo de lo anterior, propuso los siguientes cargos:
Primer cargo: Que, hay incongruencia entre el recurso de apelación y la
sentencia de segunda instancia, pues CASUR, al sustentar el recurso de alzada,
lo hizo con argumentos que no guardan relación alguna con el objeto de la
controversia, dado que la entidad sustentó el recurso en la prima de actividad,
cuando lo pretendido por el señor Ramírez y lo reconocido por el Juzgado
Dieciséis Administrativo de Cali fue la prima de actualización.
Que, es un despropósito afirmar que el juez de segunda instancia puede
oficiosamente edificar sin límites la sentencia, so pretexto de la prevalencia del
principio de legalidad en las actuaciones judiciales.
Que, el desconocimiento de este precepto lesiona o vulnera el debido proceso,
en la medida en que el Tribunal sustentó la sentencia con soporte en
argumentos que la parte demandante no tuvo posibilidad de controvertir
previamente. De manera que la parte demandante, terminó sorprendida por el
juez de segunda instancia, en cuya providencia trajo a colación argumentos no
expuestos por el demandado, de los cuales no tuvieron oportunidad de
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defenderse.
Segundo cargo: Que, se desconoció el artículo 366, numeral 5, del CGP, ya
que el Tribunal no tenía la competencia para imponer en concreto la condena
en costas ni agencias en derecho en la sentencia. Que lo que se tiene autorizado
en la imposición en abstracto dentro de la sentencia, para que una vez termine
el proceso, la secretaría del juzgado de origen las liquide en la medida de su
comprobación ya que es contra el auto que las aprueba, contra el cual proceden
los recursos de Ley.
Que, no obra prueba de su causación en el proceso en la medida en que no hay
sustento de erogación alguna.
Contestación al recurso extraordinario
Vencido el término para pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión,
la parte demandada guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado tampoco
efectuó pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada, esto
es, si se demuestra la nulidad de la sentencia de segunda instancia generada a
partir de la indebida sustentación del recurso de apelación por encontrarse
probada una incongruencia entre lo apelado y lo decidido en la sentencia que
puso fin al proceso.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; y,
finalmente, iii) Se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de los
artículos 248 y 250 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
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Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos»
El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada1 y de conformidad con las causales que establece el
250 del CPACA busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que
fueron permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo
y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia.
Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea
un mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley2.
Causal de revisión invocada
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia que ponga fin al proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien
sea que resuelvan o no el litigio de fondo.
Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de
ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que
hubiera incurrido la providencia.
Asimismo, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una
situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo
de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993.
Expediente Rev 040.
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general sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de
presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta
circunstancia3.
En lo que respecta al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA que es que se configure una causal de nulidad, se precisa que si
bien, por regla general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están
consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso (8 causales), la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.
Así, pues, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre
ellas, sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número:
11001-03-15-000-2008-00294-004 ha identificado otros eventos en los que se
presenta la nulidad en la sentencia, a saber:
« En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación »
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:
“(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
3 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-
2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-
15-000-2012-00643-00).
4 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre
de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
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el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento” 5
Se ha reconocido que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.
Veamos:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que
la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (cifra petita)”6
De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo
133 citado, existen otros supuestos desarrollados jurisprudencialmente que
comportan una anomalía respecto de la sentencia y que podría desvirtuar sus
efectos de cosa juzgada.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido7.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
5 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante:
Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", CP: Cesar
Palomino Cortes, 7 de septiembre de 2018. César Palomino Cortes. Radicación número: 11001-03-25-000-
2014-00440-00(1452-14)
7 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-
00, demandante: Pedro José Vaca López.
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En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 20188, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita9, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
de la providencia10. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]».11
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-
2013-00911-01.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de
2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se
respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia
de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
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Caso concreto.
Frente al asunto que hoy nos ocupa, se hace necesario analizar cada una de
las decisiones tomadas y las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso
ordinario.
En primer lugar, tenemos que, la sentencia de primera instancia se refirió al
derecho del demandante al reajuste de la asignación de retiro con la inclusión
de la prima de actualización; en esta se indicó:
“Tal como se anunció en párrafos anteriores, la prima de actualización se
fijó en el Decreto 335 de 1992 para nivelar la asignación básica de los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, conforme al Plan Quinquenal
1992-1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social; para evitar un aumento de elevada cuantía, la vigencia de esta prima
sería hasta cuando fuera establecida la escala salarial porcentual única para
estos servidores.
El Decreto 107 de 1996 prescribió la escala gradual porcentual para los
miembros oficiales y soboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, de
donde se deduce que se cumplió la condición indicada y, por lo mismo, a
partir de ese año los decretos sobre remuneración no previeron la prima de
actualización, es decir, que ella causó efecto hasta el 31 de diciembre de
1995, por lo que no hay lugar a computarla y lo tácitamente dejado de
percibir por dicho concepto a partir del 1 de enero de 1996.
(…)
Por lo tanto, los derechos reclamados en relación con la prima de
actualización se hicieron exigibles como se mostró a partir de las sentencias
de nulidad del 14 de agosto de 1997, con respecto a la nulidad parcial del
parágrafo del artículo 28 de los decretos 25 de 1993 y 65 de 1994, y del 06
de noviembre de 1997 con relación a la nulidad parcial del parágrafo del
artículo 29 del decreto 133 de 1995.”
En segundo lugar, el recurso de apelación presentado por la demandada, tuvo
como fundamento de derecho las normas mediante las cuales considera que el
demandante no tiene derecho a percibir la prima de actividad:
“No existe norma expresa que autorice el incremento del factor prima de
actividad en los agentes de la policía nacional retirados antes del 1 de julio
de 2007, hasta un 50% tal y como se presenta para los oficiales y
suboficiales de la fuerza pública por intermedio del Decreto 2863 de 2007.
El régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública establecido en el Decreto 4433 de 2004 no contempló un reajuste
en la prima de actividad del personal activo, lo que incorpora es un régimen
pensional diferente para los servidores que adquieran el derecho a partir de
dicha fecha, motivo por el cual no es dable la aplicación del principio de
oscilación ya establecido.
(…)
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Es de resaltar, que de los factores que se tuvo en cuenta en dicho acto
administrativo para liquidar la pensión, fue la prima de actividad, la cual es
considerada como factor de cómputo en las asignaciones de actividad de la
Fuerza Pública, desde el artículo 4 del Decreto Extraordinario 188 de 1968.
A partir de lo establecido en el artículo 52 del Decreto 2340 de 1971, se
estableció para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones
sociales una prima de actividad del 15% del sueldo básico correspondiente,
la cual para el caso que nos ocupa y de acuerdo a lo expresado por la parte
demandante, le fue reconocida en su asignación de retiro en el porcentaje
ya expresado (15%), teniendo en cuenta que para el mes de julio del año
1975 (fecha de reconocimiento del derecho), dicho factor de liquidación ya
se encontraba vigente.”
Por su parte, el Tribunal en la sentencia de segunda instancia -como se indicó
en precedencia- advirtió que el recurso de apelación no se refirió a la decisión
proferida por el Juez y que sobresalía la falta de sustento y claridad en los
términos en los que expuso su inconformidad.
Con base en lo anterior, se puede llegar a la conclusión claramente de que la
decisión que puso fin al proceso presentó la incongruencia alegada por el hoy
recurrente en revisión, ya que, el Tribunal no tenía la competencia para decidir
este asunto.
Sobre la competencia del superior el artículo 328 del Código General del
Proceso expresa:
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
(…).”
La misma se encuentra supeditada a los argumentos del apelante en contra de
la decisión de primera instancia, por lo que los aspectos diversos a los
planteados por el recurrente se excluyen. La delimitación de la competencia del
Juez de Segunda Instancia la constituyen las referencias conceptuales que se
plantean en contra de la decisión adoptada por el a quo, los demás aspectos
diferentes a los planteados por el recurrente, no se tendrán en cuenta en el
debate.
Si bien le está dado al Juez de segunda instancia interpretar las razones que se
plasmen en el recurso y que no sean absolutamente claras, pero de las cuales
se pueda deducir la inconformidad, en este caso no es posible pues la prima
reconocida (de actualización) tiene unos fundamentos jurisprudenciales y
normativos completamente diferentes a la prima apelada (de actividad).
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Radicación:11001 03 25 000 2020 00965 00 (2926-2020)
Esto, pues obsérvese como la prima de actualización tuvo un desarrollo
jurisprudencial mediante el cual se dio nacimiento al derecho para un grupo
específico de personas; mientras que la prima de actividad cuenta con una
creación legal que no ha tenido ese tipo de discusiones; fundamentos que no
hacen posible una interpretación del recurso pues no se expresaron de manera
alguna las razones jurídicas para que se revocara la sentencia de primera
instancia, ni los yerros en que pudo haber incurrido el a quo al acceder a las
pretensiones, ni los fundamentos para la procedencia de una decisión en sentido
contrario.
En la sentencia que hoy se revisa, se observa que el Tribunal se atribuyó la
competencia para conocer del recurso bajo el argumento de que la decisión que
se había tomado en precedencia era ilegítima; sin embargo, esta discusión del
fondo del asunto, ni si quiera se habría podido dar por cuanto lo que lo habilitaba
para hacerla, era el propio recurso de apelación y su sustentación.
Lo que era procedente en lugar de dictar sentencia de fondo, era que al
momento de revisar los requisitos del recurso de apelación, encontrara que el
mismo no estaba sustentado, lo que daba lugar al rechazo del mismo.
Así las cosas, es factible afirmar, como lo hace la parte demandante, que la
sentencia impugnada fue incongruente y que está viciada de nulidad.
En consecuencia, la Sala de Subsección estima que la alegada incongruencia y
la nulidad se presentaron dentro del presente asunto y, por tanto, se configura la
causal invocada, teniéndose que declarar fundado el recurso.
Por lo tanto, atendiendo lo establecido en el inciso 4 del artículo 255 del CPACA
se declarará la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En consecuencia, se INFIRMA la referida sentencia y se deja sin efectos el auto
que admitió el recurso de apelación proferido el 10 de febrero de 2016 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar RECHAZARLO.
Por sustracción de materia, no se resolverá el segundo cargo planteado en el
recurso de revisión.
De la condena en costas del recurso
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su
reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se
causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley
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2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre
y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta
una carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario
a ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena
en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud
de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, se presentó contra la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida el 25 de septiembre de
2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Se declara la NULIDAD de la sentencia y INFIRMA la misma. En
consecuencia, se deja sin efectos el auto que admitió el recurso de apelación
proferido el 10 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para en su lugar RECHAZARLO.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes
en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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