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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11617-00

Fecha
1 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11617-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL en contra del señor Orlando Polo Rodríguez, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en la modalidad de agencias en derecho, a la parte actora, las cuales se fijan en la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y serán incluidos en la liquidación que deberá realizar la Secretaría General de esta Corporación. TERCERO: ABSTENERSE de condenar al pago de expensas, gastos y perjuicios por no aparecer causados. 35 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de proporcionalidad con la aplicación de los criterios de razonabilidad expuestos. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL Demandado: Orlando Polo Rodríguez Radicado: 11001-03-15-000-2021-11617-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11617-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de junio de 2022

Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
Demandado: Orlando Polo Rodríguez
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11617-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11617-00
Recurrente: CAJA DE RETIRO DE LA FUERZAS MILITARES - CREMIL
Demandado: ORLANDO POLO RODRÍGUEZ

Temas: Causal de revisión prevista en el numeral 7º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 – Se declara infundada por no
haberse alegado la inexistencia de aptitud legal para adquirir
el derecho ni circunstancia alguna que se refiere a su pérdida.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL, por intermedio de apoderada judicial1, con el cual
pretende que se infirme la sentencia dictada el 17 de junio de 2021, por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Orlando Polo Rodríguez en
contra de La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana
y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral

1.1.1. Demanda

1. El señor Orlando Polo Rodríguez presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de La Nación -

1 El recurso fue interpuesto por la abogada Yulieth Adriana Ortiz Solano, con fundamento en el poder especial

conferido por el MG (R) Leonardo Pinto Morales, director general de la entidad, con el lleno de los requisitos
legales.
2 El proceso se tramitó bajo el radicado 08001233300120160058501.

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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
Demandado: Orlando Polo Rodríguez
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11617-00

Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares – CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio
20132570121151/MDN-CGFM-FACCOFAC-JEMFA-JED-DIPRE-ASEJU-1.10 del
27 de mayo de 2013, por el cual el director de personal de la Fuerza Aérea
Colombiana negó la solicitud de reliquidación de la asignación de retiro reconocida
a favor del demandante, con la inclusión de la prima de especialista, equivalente al
treinta y cinco por ciento (35%) sobre la asignación básica, con fundamento en lo
regulado en el artículo 35 del Decreto 062 de 19993.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordenara a la
entidad demandada que reliquidara la prestación económica, con inclusión de
todos los factores salariales y, en especial, de la prima de especialista.

1.1.2. Sentencia de primera instancia

3. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Oralidad “A” dictó
sentencia, el 13 de abril de 2018, en la que negó las pretensiones de la demanda.

4. Para arribar a la citada resolutiva, el a quo del proceso ordinario analizó el
marco normativo que regula la prima de especialista, para concluir que el personal
de oficiales técnicos de la Fuerza Aérea, con asignación de retiro, tuvo derecho al
reconocimiento, pago y reajuste de la citada prestación hasta el 29 de julio de
2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2107 de 20034.

5. Al respecto, señaló que el derecho a percibir la citada prestación económica
dependía de que: i) el personal de oficiales técnicos de la Fuerza Aérea
Colombiana proviniera de suboficiales técnicos de la institución; y ii) a la entrada
en vigor del Decreto 2107 de 2003, dichos oficiales tuvieran la especial condición
de estar devengando la asignación de retiro.

6. Al valorar el acervo probatorio aportado, concluyó que, al demandante no le
eran aplicables los Decretos 122 de 1997, 058 de 1998 y 062 de 1999 5, porque
que durante la vigencia de éstos no se le había reconocido su asignación de retiro.

3 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares,

Oficiales, Suboficiales y agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
empleados públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen
bonificaciones para alféreces, guardiamarinas, pilotines, grumetes y soldados, se modifican las comisiones y
se dictan otras disposiciones en materia salarial.” El artículo 35 citado por la parte actora establece: “Artículo
35. El personal de Oficiales técnicos de la Fuerza Aérea, provenientes del escalafón de Suboficiales técnicos
de la Fuerza Aérea, con asignación de retiro, tendrá derecho al reconocimiento y pago, o al reajuste según el
caso, de una prima de especialista del treinta y cinco por ciento (35%), liquidada sobre la asignación básica
mensual.”
4 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 745 de 2002".
5 Los decretos referidos corresponden a los que fijaron los sueldos básicos del personal para las referidas

anualidades.

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7. Por otra parte, puntualizó que, si bien para los años 2001 a 2003, el
demandante tuvo derecho al reajuste deprecado, con la inclusión de la prima de
especialista, la petición tan solo la radicó el 12 de marzo de 2013, cuando su
derecho había prescrito.

8. Señaló que el actor no era beneficiario de la reliquidación de la prestación
que percibía con la inclusión de la prima deprecada, habida cuenta de que
transcurrieron más de cuatro (4) años, contados desde la fecha de exigibilidad del
derecho, hasta la de su reclamación, ello en virtud del artículo 174 del Decreto
1211 de 19906.

1.1.3. Sentencia de segunda instancia

9. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, en sentencia del
de junio de 2021, revocó el fallo de primera instancia.

10. En su lugar, declaró: i) probada parcialmente la excepción de prescripción
cuatrienal de las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 12 de
marzo de 2009, propuesta por La Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Fuerza Aérea Colombiana; ii) la nulidad parcial del acto administrativo demandado
y, en consecuencia, ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana “corregir si a ello hubiere
lugar, en lo concerniente a la hoja de servicios del demandante, en el sentido de incluir en
dicho documento la prima de especialista del 35% en la asignación básica del
demandante que sirvió de base para el reconocimiento de la asignación de retiro.”

11. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL que reajustara el sueldo base de la asignación de
retiro que percibe el señor Orlando Polo Rodríguez, con la inclusión de la prima de
especialista en un porcentaje equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del
salario básico, a partir del 27 de diciembre de 2000, pero con efectividad desde el
12 de marzo de 2009, por haber operado la prescripción cuatrienal.

12. El ad quem del proceso ordinario precisó que, si bien el demandante
reclama la inclusión de la prima de especialista con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35 del Decreto 62 de 1999, como esta prestación se reguló a través
de varios decretos, el juez está en la obligación de dar aplicación a todas las
normas, por tratarse de derechos laborales en los que el principio de justicia
rogada no es absoluto.

6 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”. El
artículo citado establece que “Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que
se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente
sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores
reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y
pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.”

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13. A continuación, fijó el marco normativo que regula la prima en cuestión,
para concluir, en forma contraria a como lo hizo el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que la prestación se mantuvo en el tiempo y no fue derogada, siendo
aplicable únicamente a los oficiales técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana
provenientes del escalafón de suboficiales técnicos que, a la fecha de entrada en
vigor de la disposición, se encontraran percibiendo asignación de retiro.

14. Valoró las pruebas obrantes en la foliatura, para concluir que el señor
Orlando Polo Rodríguez tiene derecho al reconocimiento y pago de la referida
prima, por cuanto “Prestó sus servicios a la Fuerza Aérea Colombiana por más de 22
años, ingresó como suboficial técnico y posteriormente realizó el curso de oficial técnico,
además que a la fecha de retiro del servicio ostentaba el grado de Mayor en la
especialidad de mantenimiento aeronáutico.”

15. Al comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos por la norma que
contempla la prima de especialización, consideró que el actor tiene derecho al
reajuste equivalente al treinta y cinco por ciento (35%), pero no a la reliquidación
de todos los factores salariales con base en esta prestación, por cuanto la misma
“no se previó como partida computable para el reconocimiento pensional, a la luz del
artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, por cuanto se aplica únicamente como reajuste del
salario básico que se incluirá en el IBL de la asignación de retiro.”

16. Examinó el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas, para
determinar que transcurrieron más de cuatro (4) años entre la fecha de causación
del derecho (27 de diciembre de 2000, oportunidad en la que entró a regir el
Decreto 2724 de 20007, cuando el demandante ya percibía la asignación de retiro)
y la petición de reliquidación con la inclusión de la prima (12 de marzo de 2013).

17. Advirtió que la demanda se radicó el 15 de marzo de 2016, por lo que operó
la prescripción de las mesadas correspondientes a la asignación de retiro con
inclusión de la prima de especialista, causadas con anterioridad al 12 de marzo de
2009, razón por la cual únicamente se debían reconocer sobre las mensualidades
generadas con posterioridad a dicha fecha.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

18. El 13 de diciembre de 20218, CREMIL interpuso recurso extraordinario de
revisión, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia dictada el 17 de junio
de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor

7 7 Diario Oficial. Año CXXXVI. N. 44272. 27, diciembre, 2000. Página. 30
8 Reenviado a la Secretaría General del Consejo de Estado el 9 de diciembre de 2021.

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Orlando Polo Rodríguez en contra de La Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Fuerza Aérea Colombiana – Caja Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.

2.2. Causal invocada y fundamentos fácticos y jurídicos del recurso

19. La entidad recurrente sustentó el recurso en la causal 7ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, consistente en no tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.

20. Para fundamentar la causal alegada, señaló que CREMIL reconoció la
asignación de retiro al demandante del proceso ordinario, mediante la Resolución
No. 0978 del 13 de abril de 1999, con efectos a partir del 1º de mayo de 1999, en
cuantía del setenta y ocho por ciento (78%) del sueldo básico de actividad
correspondiente a su grado, por haber acreditado un tiempo de labores de 22
años, 11 meses y 11 días, conforme a la hoja de servicios militares No. 034 del 6
de febrero de 1999.

21. Advirtió que se incluyeron, como partidas computables, las primas de
actividad, antigüedad y navidad y el subsidio familiar, afirmando que son las
únicas que es posible tener en cuenta para determinar el IBL, al tenor de lo
dispuesto por el Decreto Ley 1211 de 19909.

22. Argumentó que la prima de especialista no se encuentra contemplada
dentro de la relación legal de las partidas que es posible incluir para liquidar la
asignación de retiro del actor.

23. Se refirió al principio de inescindibilidad de la norma, advirtiendo que no
existe congruencia entre “lo fallado y lo considerado”, porque la prima de especialista
no es una partida computable para efectos de liquidación de la asignación de
retiro, lo cual sustentó en el contenido del artículo 158 del Decreto Ley 1211 de
199010, que correspondía a la norma vigente para la fecha de reconocimiento de la
asignación de retiro.

9 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.”
10 El precepto citado es del siguiente tenor: ARTICULO 158. LIQUIDACION PRESTACIONES. Al personal de

Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le liquidarán
las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así: - Sueldo básico. - Prima de
actividad en los porcentajes previstos en este estatuto. - Prima de antigüedad. - Prima de Estado Mayor, en
las condiciones previstas en este estatuto. - Duodécima parte de la prima de Navidad. - Prima de vuelo en las
condiciones establecidas en este Decreto. - Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto
en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento
(47%) del respectivo sueldo básico. PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en
este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones
pensionales y demás prestaciones sociales.

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24. Concluyó afirmando que esta prestación fue reconocida con sustento en la
disposición referida “que señala de manera taxativa las que pueden ser tenidas en
cuenta en la liquidación de la asignación de retiro y en cuyo parágrafo extiende la
prohibición de que fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo
ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones
consagradas en este estatuto, serán computable para efectos de la asignación de retiro”.

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto admisorio del recurso extraordinario de revisión

25. Previa corrección de las irregularidades advertidas en auto previo 11, el 24
de enero de 2022, se admitió la demanda, se ordenó notificar por estado a la parte
recurrente y se dispuso la debida integración del contradictorio, con la vinculación
y efectiva notificación del señor Orlando Polo Rodríguez, en su condición de
demandante del proceso ordinario y titular del derecho sustantivo en conflicto.

26. En la misma providencia se ordenó notificar al representante del Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última, en los
términos y para los efectos establecidos en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

27. Las notificaciones se surtieron el 18 de febrero de 2022, según constancias
secretariales obrantes en el SAMAI, con lo cual quedó debidamente conformada la
litis. El proceso se fijó en lista el 28 de febrero de 2022, en los términos de los
artículos 199 y 253 de la Ley 1437 de 2011.

2.3.2. Contestación de la demanda

28. La parte demandada, por intermedio de apoderado judicial12, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, aceptando como
ciertos algunos de los hechos de la demanda y negando otros.

29. Argumentó que la causal 7ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no es
procedente en el caso concreto, porque está probado que el señor Orlando Polo
Rodríguez ingresó al curso como suboficial el 13 de septiembre de 1976 y como
oficial se desempeñó desde el 1º de septiembre de 1978 hasta el 1º de febrero de
1999, en la especialidad de técnico aeronáutico, por lo que consolidó el derecho a

11 Auto interlocutorio dictado el 25 de enero de 2022, por el cual se inadmitió la demanda para que la parte

actora i) Indicara como parte del presente proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza
Aérea Colombiana, suministrara el nombre de sus representantes y las direcciones físicas y electrónicas en
las que recibirán notificaciones; y ii) Remitiera copia de la demanda nuevamente integrada y de sus anexos a
los correos de la referida entidad y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
12 El demandado confirió poder especial al abogado Cesar Augusto Ardila López, con el lleno de los requisitos

legales.

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que se le pagara la prima de especialización, por lo que no hay lugar a infirmar la
sentencia que ordenó reliquidar con fundamento en un derecho adquirido.

30. En esta oportunidad procesal el Ministerio Público no rindió concepto y el
Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana igualmente guardó
silencio.

2.3.3. Etapa probatoria

31. Vencido el término de traslado, el expediente ingresó al despacho el 15 de
marzo de 2022 y el 23 de marzo siguiente, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 254 de la Ley 1437 de 2011, se decretó la prueba consistente en
incorporar el expediente que contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la providencia censurada.

32. El expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho fue recibido el 31 de marzo de 2022 y del mismo se corrió traslado a las
partes por el término de tres (3) días, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 110 del Código General del Proceso, el cual venció en silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Normatividad aplicable

33. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, consignados en los artículos
248 a 25513.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

34. La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, con el cual
pretende que se infirme la sentencia dictada el 17 de junio de 2021, por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Orlando Polo Rodríguez en
contra de La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana
y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL.

13 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.

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35. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de
Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión14.

36. Cabe destacar que el precepto en cita fue adicionado por el artículo 68 de la
Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que las reglas de competencia
previstas en esta disposición “también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, regulada en el artículo
2015 de la Ley 797 de 2003.”

37. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión
para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.

3.2.2. Oportunidad

38. En el sub examine se corrobora que la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión se presentó en el término establecido en el inciso 2º del
artículo 251 de la Ley 1437 de 201116, si se tiene en cuenta que la sentencia que
se pretende infirmar fue dictada el 17 de junio de 2021, notificada el 7 de
septiembre de la citada anualidad, habiendo cobrado ejecutoria el 14 del mismo
mes y año, por lo que la entidad tenía posibilidad de solicitar la revisión hasta el 13
de septiembre de 2022 y lo hizo el 13 de diciembre de 2021.

39. En efecto, el inciso 2º del precepto citado establece que “En el caso del
numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los

14 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta
sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano a
todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba
decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se
afectan los principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no
vulnera el principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno
de los magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a
todos los consejeros que participaron de la decisión impugnada.
15 Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza

privada.
16 En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los

cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

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motivos que dan lugar al recurso.”

40. En relación con el presupuesto referido a la legitimación, debe expresarse
que CREMIL está legitimada en la causa por activa y el señor Orlando Polo
Rodríguez, por pasiva, respectivamente, toda vez que, la entidad pública
recurrente y el demandado fueron las partes del proceso en el que se dictó la
sentencia objeto de la petición de revisión y la primera fue condenada al
reconocimiento y pago de la prestación económica cuya declaratoria de
inexistencia del derecho reclama.

41. La litis se integró igualmente con todos los demandados del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento, a quienes se les notificó en debida forma
el auto admisorio del recurso contando con el derecho a intervenir y solicitar
pruebas.

3.3. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar la sentencia dictada el
17 de junio de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección
“A”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral,
instaurado por el señor Orlando Polo Rodríguez en contra de la entidad
recurrente y otro, en virtud de la cual se dispuso el reajuste de la asignación de
retiro que devenga el demandante del proceso ordinario, con inclusión de la prima
de especialista.

43. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica expuesta por la
parte actora, el material probatorio recaudado y los argumentos contenidos en el
libelo introductorio, el problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
establecer si se configura en el sub examine alguno de los supuestos de hecho
consagrados en la causal 7ª de revisión, consistentes en no tener la persona en
cuyo favor se decretó la prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o haber perdido este después de dictada la sentencia o que
haya sobrevenido alguna de las causales para su perdida.

44. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes
ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, consagrado
en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011; y ii) requisitos para la configuración de
la causal consagrada en el numeral 7º del citado precepto; y iii) análisis del caso
concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso y la
valoración en su conjunto de los medios de convicción allegados al proceso, con
plenas garantías del derecho al debido proceso de las partes.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

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45. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley17.

46. Las sentencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones
y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las
dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las
dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza
permita la interposición de tal recurso.”18

47. Para la interposición de este excepcional mecanismo de impugnación
deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados en el artículo
252 de la Ley 1437 de 2011, especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y
acreditar en grado de plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o
causales consagradas en el artículo 250 ejusdem, en que se funda el recurso.

48. Constituye una exigencia de especial trascendencia que la parte actora
aporte las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de revisión que alega.

49. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

50. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede

17 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que

se indican, ha sido construido por esta Corporación, entre, otras, en las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2.03.2010, Rad. REV-2001-00091,
6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133, 12.06.2005, Rad. REV-1997-00143-
02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad.
REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07 2010,
Rad. 2007- 00267, y 9.06.2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-02361-00.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4 de agosto de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa

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exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado
ámbito interpretativo19.

51. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por
el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador,
pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la
sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su
validez.”20

52. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)21.

53. Con este mecanismo de impugnación de sentencias ejecutoriadas
igualmente se pretende la garantía del debido proceso, como lo destacó la Corte
Constitucional, al considerar que es posible invocar la violación de este y el mismo
debe ser protegido de manera integral por el juez de la revisión, previo
señalamiento de sus principales características22.

19 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)".
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del

3.02.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E)
21 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el

fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación
o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo contencioso
administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14.08.2008, exp. 16.594.
22 Corte Constitucional, sentencia C-520 del 4.10.2009, M.P. María Victoria Calle Correa. En esta providencia

la Corte precisó que “la revisión no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para estos yerros
están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del propio proceso. La revisión, que no es un
recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado
de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La
acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo
extraordinaria sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible
aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de “una figura que modifica providencias
amparadas en el principio de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión deben ser

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3.5. Causal de revisión establecida en el numeral 7º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 e improcedencia del recurso para discutir la inclusión de
factores o la reliquidación de la prestación periódica

54. El examen de esta causal se debe realizar con relación a los supuestos de
hecho que consagra la norma y que se refieren a “No tener la persona en cuyo favor
se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida”.

55. En Consejo de Estado ha precisado el alcance e interpretación de esta
causal, advirtiendo que únicamente procede cuando la sentencia cuya infirmación
se pretende ha reconocido una pensión o prestación periódica, como la asignación
de retiro, de tal manera que su ámbito de aplicación “excluye decisiones cuando el
objeto de análisis en el proceso ordinario recayó en cuestiones diferentes al
reconocimiento del derecho, tales como reliquidaciones, factores dejados de incluir u otros
aspectos que conciernen con su monto”23.

56. La anterior conclusión está contenida en la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación24, en los siguientes términos:

“En ese orden, se tiene que los elementos estructurantes de esta causal son:

• Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete o
reconozca a favor de determinada persona una pensión periódica, de las
cuales cabe mencionar las de jubilación, de vejez, de invalidez, de
sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública,
principalmente.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias
que niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que
resuelvan sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los
concernientes a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general,
modificación o discusión de su monto25

aplicadas e interpretadas en sentido restringido”. Sentencia T-291 del 21.05.2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión,

Sentencia del 1.08.2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2016-03414-00
(REV) Se pueden revisar igualmente las siguientes sentencias Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala
Especial de Decisión Veinte, Senencia del 16.10.2018. Rad. 110010315000201401658; M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés; Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia del 5.03.2019, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, Rad. 11001-03-15-000-2014-04407-00(REV), Sala Sexta Especial de Decisión, Sentencia del
3.11.2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03047-00(REV); Sala Novena
Especial de Decisión, Sentencia del 22.03.2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2018-02341-00.
24 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 7.12,2010. Radicación

número: 11001-03- 15-000-2005-00297-01(REV) Actor: Maria Ofir Jaramillo Buitrago. M.P. Rafael E. Ostau De
Lafont Pianeta.
25 La sentencia incluyó la siguiente cita original: “No puede confundirse la aptitud legal necesaria o titularidad

para gozar de una pensión con el derecho a cualquier reajuste de su cuantía, precisamente porque las
causales de revisión son excepciones al principio de la cosa juzgada que ampara a las sentencias

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• Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la “aptitud legal”
para acceder al derecho de gozar de esa pensión periódica, siendo tal
aptitud la situación jurídica necesaria para que surja la condición o status de
pensionado en quien pidió su reconocimiento. cualquier error judicial por
ostensible que sea”.

57. Esta Corporación ha considerado que el recurso extraordinario interpuesto
con fundamento en la causal 7ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a
diferencia de las demás causales, permite abrir la discusión jurídica de la
sentencia impugnada, al resaltar que:

“[…] su descripción normativa está referida de manera directa y específica a
la cuestión de si se reúnen los requisitos que le den al actor la aptitud legal
para acceder al derecho en mención, que viene a ser el tema central de toda
providencia judicial en la que se decrete o reconozca una pensión periódica
a favor de persona determinada, pues justamente la causal se estructura
cuando esa persona no reúna “la aptitud legal necesaria”, o la pierda
después de proferida la sentencia o sobrevenga alguna causal legal para su
pérdida”26

58. Consideró que lo que se discute con ocasión de la invocación de esta
causal es si fueron o no correctos los parámetros para reconocer el derecho
pensional, lo cual excluye todo lo relacionado con los factores que se deben
computar, como parte el Ingreso Base de Liquidación, o los reconocimientos
adicionales consagrados en normas jurídicas especiales que influyen en la cuantía
de la mesada, ratio que se reiteró en reciente sentencia27.

ejecutoriadas y, por lo mismo, no pueden interpretarse con amplitud para intentar cobijar con ellas cualquier
error judicial por ostensible que sea”, se dice en sentencia de 4 de junio de 1991, expediente 3920, Sección
Segunda, consejero ponente doctor Joaquín Barreto Ruiz.”
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4.06.1991, M.P. Joaquín

Barreto Ruiz, Rad. 3920; Sentencia del 7.12.2010, Rad. 11001-03-15-000-2005-00297-01 REV, M.P. Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias del 13.02.2020. Rad:
11001-03-25-000-2016-00287-00 (1637-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y la del 29.10.2020, Rad:
11001- 03-25-000-2015-00138-00(0287-15), M.P.: William Hernández Gómez; sentencia del 7.05.2020,
M.P.,William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2016- 00422-00(1930-16), demandante: Fundación
San Juan de Dios en Liquidación. La línea jurisprudencial aquí citada es unívoca al señalar que “están
exceptuadas de esta causal las sentencias que niegan dicha clase de prestaciones periódicas y las que
resuelvan sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, tal es el caso de la reliquidación por inclusión de
factores o en general, por la discusión del monto en sí. En cuanto a la aptitud legal: En este apartado, debe
tenerse en cuenta que el punto de discusión de la sentencia cuya revisión se pide debe entenderse como el
cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa pertinente, que dan lugar al nacimiento de un derecho
económico. Dicho de otra manera, es la situación jurídica en que se debe encontrar una persona, con ocasión
de la concurrencia de los supuestos legales señalados en la regulación que le es aplicable, para ser titular de
la prestación periódica reconocida mediante sentencia”
27 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, sentencia del 4.03.2021, M.P. César Palomino

Cortés

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3.6. Análisis del caso concreto

3.6.1. Ausencia de configuración de los supuestos de hecho contemplados
en la causal invocada

59. Al aplicar el marco normativo y jurisprudencial al caso concreto, lo primero
que advierte la Sala es que los argumentos expuestos por la parte recurrente no
encuadran en los supuestos de hecho de la causal alegada, por cuanto esta no
afirmó y mucho menos acreditó que el señor Orlando Polo Rodríguez no tuviera
aptitud legal para percibir la asignación de retiro ni que existan situaciones que le
hayan hecho perder ese derecho.

60. Adicionalmente, resulta evidente que la sentencia cuya infirmación se
pretende no reconoció la prestación económica referida, porque este derecho se
ordenó mediante el acto administrativo contenido en la Resolución No. 0978 del 13
de abril de 1999, expedida por CREMIL, con efectos a partir del 1º de mayo de
1999, en cuantía del setenta y ocho por ciento (78%) del sueldo básico de
actividad correspondiente a su grado, por haber acreditado un tiempo de labores
de 22 años, 11 meses y 11 días, conforme con lo que aparece en la hoja de
servicios militares No. 034 del 6 de febrero de 1999, entregada por la Fuerza
Aérea Colombiana, la cual se encuentra en firme y goza de presunción de
legalidad, en tanto no ha sido ni suspendida ni declarada nula por esta jurisdicción.

61. En consecuencia, el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “A” no puede ser atacado con fundamento en la causal 7ª
de revisión, por cuanto el mismo no se pronunció sobre la aptitud legal del
beneficiario de la prestación, sino únicamente sobre la inclusión de la prima de
especialista creada por el legislador como un incentivo para “el personal oficial
técnico proveniente del escalafón de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana”.

62. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó
la providencia se debatió sobre la inclusión de una prestación adicional a los
factores computables para la liquidación y no sobre uno de estos, cuyo derecho se
adquirió con posterioridad al reconocimiento de la asignación de retiro, aspecto
que está excluido de los supuestos de hecho contemplados como causales de
revisión, previstos en el numeral 7º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
invocado por CREMIL, a los que se hizo referencia en el numeral 54 de esta
sentencia.

63. En efecto, el objeto del proceso en el que se dictó la providencia censurada
se contraía a examinar el derecho a la reliquidación de la prestación periódica
devengada por el demandante del juicio de nulidad y restablecimiento, con la
inclusión de la prima de especialista cuyos destinatarios estaban claramente

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determinados en la norma de creación y que incluían únicamente aquellos que ya
estuvieran devengando la asignación de retiro, previamente liquidada con los
factores autorizados por el legislador, y cumplieran los demás requisitos
establecidos.

64. Esta alegación, sin duda alguna, guarda relación con el monto de la
prestación periódica, más no con el derecho a percibirla o con la pérdida de este,
por lo que la causal no se configura en el sub examine y, por ende, no está
llamada a prosperar, debiéndose declarar infundada.

3.6.2. Falta de acreditación de que la cuantía del derecho excede lo previsto
por el legislador

65. Ahora bien, si en gracia de discusión resultara posible que el juez de la
revisión readecuara la causal a aquella que consagra el supuesto fáctico alegado
por la parte recurrente, lo cierto es que el presente recurso tampoco tendría
posibilidad de prosperar.

66. Lo anterior, por cuanto CREMIL argumentó que la prima de especialista no
se encuentra contemplada en la relación legal de las partidas que es posible incluir
para liquidar la asignación de retiro del actor y que, en esa medida, se habría
ordenado incrementar la prestación por encima de lo autorizado por el legislador,
alegación que realmente encuadra en la causal consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200328, que consagra la denominada acción especial
de revisión.

67. La norma referida permite solicitar la revisión de las sentencias que hayan
ordenado el pago de prestaciones periódicas, “Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables”, correspondiendo a los jueces tener especial cuidado a
la hora de revisar su monto, en aras de garantizar principios superiores como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional29, la protección de los recursos
públicos, ligada al de sostenibilidad fiscal30 y la correspondencia entre los factores
sobre los cuales se realizaron aportes y aquellos sobre los que se liquida la
mesada.

68. Es así como, al revisar el incremento de la asignación de retiro que se
ordenó en la sentencia cuestionada, la Sala advierte que tal decisión obedeció a

28 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
29 Este principio se deriva de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política que consagra el

derecho a la seguridad social con eficiencia, universalidad y solidaridad e impide utilizar los recursos
destinados a esta para fines distintos.
30 Que surge de lo dispuesto por el artículo 334 de la Carta y que orienta a las Ramas y órganos del poder

público.

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haberse encontrado acreditados los requisitos legales establecidos en el artículo
78 del Decreto 612 de 197731.

69. En efecto, el señor Orlando Polo Rodríguez demostró ser especialista en
mantenimiento aeronáutico, haber ingresado a la Fuerza Aérea Colombiana como
suboficial y realizado curso de oficial, desempeñándose como tal desde el 1º de
septiembre de 1978 hasta el 1º de febrero de 1999, al tiempo que para el
momento de creación del incentivo económico estaba devengando la asignación
de retiro, previamente reconocida por acto administrativo, esto es, por medio de la
Resolución 978 del 13 de abril de 1999, con efectos a partir del 1º de mayo de
1999.

70. Se probó igualmente que, por haber acreditado los requisitos referidos, el
señor Orlando Polo Rodríguez adquirió el derecho al reconocimiento de la prima
de especialista a partir del año 2000, con la entrada en vigencia del artículo 35 del
Decreto 2724 de 200032 que contempla el derecho al reajuste con inclusión del
porcentaje del treinta y cinco por ciento (35%) sobre la asignación básica de la
prestación periódica previamente reconocida.

71. La Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación, al resolver
el caso concreto, aclaró que este incremento no implica que al beneficiario le
asista la prerrogativa consistente en la reliquidación de los demás factores
computados para determinar la cuantía de la asignación de retiro.

72. Ello, por cuanto la prima de especialista no tiene la naturaleza jurídica de
partida computable para determinar el monto de la asignación de retiro, por
cuanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Decreto 1211 de
1990, para la época del reconocimiento de la asignación del beneficiario, los
factores a incluir eran: el sueldo básico, las primas de antigüedad, actividad, la
duodécima parte de la prima de navidad, la prima de vuelo, los gastos de
representación y el subsidio familiar.

73. La naturaleza de la prima de especialista corresponde a una prestación
adicional al salario básico, para quienes tuvieran previamente reconocida la
asignación y cumplieran los demás requisitos que se dejaron consignados en
precedencia.

31 “Artículo 78. Prima para Oficiales Técnicos. Los Oficiales Técnicos de la Fuerza Aérea que procedan del

escalafón de Suboficiales, tendrán derecho, a una prima equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo
básico mensual correspondiente a su grado.”
32 “Artículo 35. El personal de Oficiales Técnicos de la Fuerza Aérea, provenientes del escalafón de

Suboficiales Técnicos de la Fuerza Aérea, con asignación de retiro, tendrá derecho al reconocimiento y pago,
o al reajuste según el caso de una Prima de Especialista del treinta y cinco por ciento (35%) liquidada sobre la
asignación básica mensual.”

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74. Esta conclusión surge de la claridad del texto legal que prevé que a este
emolumento tienen derecho quienes se encuentren percibiendo la asignación de
retiro, siendo en consecuencia un requisito previo y sine qua non para el
nacimiento del derecho.

75. En la misma sentencia se aclaró que se trata de un reconocimiento
adicional, lo cual quedó consignado en los siguientes términos: “la prima de
especialidad no se previó como partida computable para el reconocimiento pensional, a la
luz del artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, por cuanto se aplica únicamente como
reajuste del salario básico que se incluirá en el IBL de la asignación de retiro.”

76. En consecuencia, si bien le asiste la razón a la entidad recurrente cuando
afirma que la prima de especialista no es un factor computable para liquidar la
asignación de retiro, como igualmente se precisó en la sentencia censurada, no
así en cuanto afirma que el señor Polo Rodríguez no tiene derecho al incremento
de la mesada con su inclusión.

77. Lo anterior por cuanto este acreditó en el proceso la concurrencia de todos
los requisitos para su reconocimiento a saber: i) estar percibiendo asignación de
retiro; y ii) ser un oficial técnico especialista; y iii) provenir del escalafón de
suboficiales técnicos de la Fuerza Aérea, por lo que la alegación de CREMIL se
encuentra más encaminada a reabrir el debate dado en las instancias del proceso
que a acreditar que realmente se reconoció un emolumento al que el señor Polo
Rodríguez no tenía derecho.

3.7. Conclusiones

78. No se encontraron acreditados en el caso concreto los supuestos de hecho
exigidos para la configuración de la causal séptima de revisión, por cuanto no se
desvirtuó la aptitud legal del señor Orlando Polo Rodríguez para adquirir el
derecho a la asignación de retiro, como tampoco que el mismo haya perdido la
prerrogativa en cuestión con posterioridad a su reconocimiento.

79. Tampoco se acreditó que se estuviera reconociendo al beneficiario de la
asignación de retiro un monto superior a aquel al cual tiene derecho, en virtud de
las normas jurídicas que regulan la materia, y que la Sala estudió por tratarse de
una causal de naturaleza in iudicando lo que el recurso interpuesto se debe
declarar infundado.

3.8. Costas y perjuicios

80. Según lo dispuesto por el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de
2011, con la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, aplicable
al sub examine, si se declara infundado el recurso procede condenar en costas y

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perjuicios al recurrente, precepto que se debe integrar normativamente con el
Código General del Proceso, que regula la procedencia de estas en el artículo
365, canon que en el numeral 8º establece que “Sólo habrá lugar a costas cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

81. Por otra parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados durante
el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en
virtud del numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el artículo 6º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201633.

82. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena
en costas, en la modalidad de agencias en derecho, se soporta en un criterio
netamente objetivo-valorativo; en este caso, frente a la parte a la que se le declara
infundado el recurso extraordinario de revisión, “siempre que exista prueba de su
existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”34,
como ocurre en este caso en el que la parte demandada tuvo que contestar la
demanda por intermedio de apoderado judicial.

83. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, las que se fijan en la suma equivalente de dos (2) salarios mínimos
legales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y a favor de
la parte demandada.

84. Lo anterior en aplicación de los criterios contenidos en el artículo 2º del
acuerdo previamente citado que hacen referencia a la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que venció en el
juicio, sin tener en cuenta en este caso la cuantía de las pretensiones, en tanto la
misma no se precisó, siendo indeterminada por centrarse el debate en la
procedencia de la inclusión de una prestación periódica.

85. Al respecto, está acreditado que el señor Orlando Polo Rodríguez
compareció al presente proceso por intermedio de apoderado judicial constituido
desde el momento en que fijó el proceso en lista –el 18 de febrero de la presente
anualidad–, habiendo intervenido en la contestación de la demanda,
extendiéndose su gestión durante el trámite del proceso que, por su naturaleza de

33 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
34 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala

fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que
tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.

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recurso extraordinario, constituye un mecanismo célere.

86. Se trata en consecuencia de una gestión que, en cuanto a su duración, no
supera los seis (6) meses y en la que, por el diseño procesal, la intervención se
limita a la contestación de la demanda y, eventualmente, al debate probatorio sin
que resulte necesario alegar de conclusión o interponer recurso alguno al ser el
trámite de única instancia.

87. Con respecto a la calidad de la actuación profesional, se evidencia que el
apoderado presentó argumentos jurídicos serios encaminados a desvirtuar la
configuración de la causal de revisión alegada, por lo que la suma fijada en esta
oportunidad –que es superior al monto mínimo permitido, pero no alcanza el
máximo– responde a criterios de idoneidad, razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad, según se analizó en precedencia35.

88. No se condena por concepto de gastos y expensas por no haberse
comprobado su causación.

89. Tampoco se condena al pago de perjuicios por no haberse solicitado ni
aparecer causados.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
en contra del señor Orlando Polo Rodríguez, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en la modalidad de agencias en derecho, a la
parte actora, las cuales se fijan en la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y serán incluidos en la liquidación que deberá realizar
la Secretaría General de esta Corporación.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar al pago de expensas, gastos y perjuicios
por no aparecer causados.
35 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de proporcionalidad con la

aplicación de los criterios de razonabilidad expuestos.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada Magistrada
(Ausente con excusa)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrada Magistrado
(Con salvamento parcial de voto)

MARÍA ADRIANA MARIN
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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