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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01772-00

Fecha
4 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01772-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edelmira del Carmen Jiménez contra la sentencia del 30 de abril de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00576-01 (4105- 17). 2. Condenar en costas a la parte recurrente en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y Rosa Helena Pedraza de Rincón, las cuales se liquidarán por la Secretaría General de esta Corporación. 3. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, ingresar el expediente al despacho de la consejera ponente para lo de su competencia. 4. Reconocer personería a la persona jurídica OMAJ CONSULTORES JURÍDICOS S.A.S., identificada con número de identificación tributaria 901.245.500-1, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para actuar en calidad de apoderada de la UGPP, en los términos y para los efectos del poder general conferido (índice 94 del SAMAI). 5. Reconocer personería al abogado Daniel Antonio Genes Benedetti para actuar en calidad de apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos del poder general conferido, (índice 94 del SAMAI). 33 Identificada con número de identificación tributaria 901.245.500-1, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos. 34 Escritura Pública Nro. 5054 del 23 de septiembre de 2024 en la que, adicionalmente, se revocó el poder general que se había otorgado al Consorcio Asesores Jurídicos O & J, cuyo representante legal era el señor Daniel Antonio Genes Benedetti. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848) 6. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-01772-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de diciembre de 2024

Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848)

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848)
Demandante EDELMIRA DEL CARMEN JIMÉNEZ
Temas Recurso extraordinario de revisión. Falta de aptitud legal de la
persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Edelmira del Carmen Jiménez contra la sentencia del 30 de
abril de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00576-01 (4105-17)1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Solicitud de reconocimiento pensional

Con ocasión del fallecimiento del señor José Rincón2, las señoras Rosa Helena
Pedraza Rincón3 y Edelmira Jiménez Hernández4 -en nombre propio y de los
menores Laura Edith y Diego Alejandro Rincón Jiménez-, de forma independiente,
solicitaron a Cajanal el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, para lo cual
adujeron, en su orden, las calidades de cónyuge y compañera permanente.

A través de la Resolución PAB 030706 del 16 de diciembre de 2010 se (i) ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a la señora Edelmira
Jiménez, en un 50%, y a sus hijos menores de edad, en el porcentaje restante; y,
(ii) se negó la petición de la señora Rosa Helena pues no cumplió con el requisito
de convivencia en los últimos 5 años de vida del causante.

Posteriormente, mediante la Resolución PAB 050853 del 29 de abril de 2011, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto administrativo
relacionado en el párrafo anterior, se dispuso dejar en suspenso la pensión de
sobrevivientes reconocida a la señora Edelmira Jiménez “hasta tanto se [allegara]
sentencia proferida por la justicia ordinaria donde se dirima la controversia presentada”, habida
cuenta de que se demostraron tiempos de convivencia simultánea entre las
entonces petentes y el causante.

Así, en la parte motiva del acto se dispuso lo siguiente:

1 Promovido por la señora Rosa Helena Pedraza de Rincón en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, y con la intervención de
la hoy accionante.
2
Hecho acaecido el 5 de julio de 2010.
3
Solicitud formulada el 19 de agosto de 2010.
4 Solicitud elevada el 23 de julio de 2010.
1

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“… se debe dejar en suspenso la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora
EDELMIRA DEL CARMEN JIMENEZ HERNANDEZ ya identificada en calidad de
COMPAÑERA PERMANENTE en cuantía del 50%, debido a que acredita una convivencia en
la cual existe controversia y simultaneidad en los tiempos acreditados como convividos con
el causante.
Que debe dejarse en suspenso el posible derecho que le pudiese corresponder de la pensión
de sobrevivientes a la señora ROSA ELENA PEDRAZA DE RINCON ya identificada en
calidad de CONYUGE, debido a que acredita una convivencia en la cual existe controversia
y simultaneidad en los tiempos acreditados como convividos con el causante.
Que existe controversia respecto de a quién y/o en qué proporción es procedente el
reconocimiento de la prestación solicitada.
Que de conformidad con la norma transcrita y analizados los documentos que obran en el
cuaderno administrativo se deja en suspenso el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a las señoras EDELMIRA DEL CARMEN JIMENEZ HERNANDEZ en calidad
de COMPAÑERA PERMANENTE y a la señora ROSA ELENA PEDRAZA DE RINCON en
calidad de CONYUGE hasta tanto se allegue sentencia proferida por la justicia ordinaria
donde se dirima la controversia presentada.
Que son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 1204 de 2008 y
Decreto 01 de 1984”.

2. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1. Demanda

El 17 de junio de 2013, Rosa Helena Pedraza de Rincón, a través de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pretendió la anulación parcial de las Resoluciones PAB 030706 y 050853, y, como
consecuencia de ello, solicitó (i) el reconocimiento y pago de la sustitución pensional
en su calidad de cónyuge -en un 50% mientras subsistiera el derecho de los
menores Laura Edith y Diego Alejandro y, posteriormente, en cuantía del 100% por
acrecimiento-; (ii) el reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios; y, (iii)
el cumplimiento de la sentencia en los términos dispuestos en el C.P.A.C.A.

Ello, por cuanto consideró que cumplía los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico para acceder a la sustitución pensional, pues demostró la
convivencia -por un lapso de 57 años- y la dependencia económica -dedicó su “vida
a la crianza y cuidado de su prole sin poder desarrollar actividad económica distinta a la de su hogar,
que le permitiera subsistir por su cuenta o garantizarse una vida digna en los años que le quedan de
vida”-.

En caso de presentarse una compatibilidad pensional con la compañera
permanente solicitó se le reconociera un porcentaje de la cuota parte
correspondiente, el cual estimó en un 37% del monto en suspenso, atendiendo el
hecho de que convivió con el causante por más de 43 años.

2.2. Sentencia de primera instancia

El 14 de junio de 2017, la Sala de Decisión Nro. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la demanda incoadas por la señora Rosa Helena,
y ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Edelmira del Carmen
Jiménez Hernández y su acrecimiento cuando los hijos menores dejaran de ser
beneficiarios.

En consecuencia, “[declaró] la nulidad del inciso séptimo del artículo primero de la Resolución
PAP 050853 de 29 de abril de 2011, por medio del cual dejó en suspenso el 50% de la pensión de

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sobreviviente, quedando en firme la Resolución PAP 030706 de 16 de diciembre de 2010, a través
de la cual había sido reconocida la pensión de sobrevivientes a la señora Edelmira del Carmen
Jiménez Hernández en calidad de compañera permanente”.

Para el efecto consideró que:
• La señora Rosa Helena no acreditó la convivencia continua con el señor José Rincón que
se requería para acceder a la prestación reclamada, esto es, cinco años o más, de
acuerdo con el contenido del interrogatorio de parte que rindió en el proceso, así como
con los testimonios de Luis Hernando Morales Becerra, Rosa Edelmira Díaz Cely y Clara
Cecilia Sandoval González.

Tampoco probó el apoyo afectivo y la comprensión brindada al causante, puesto que, en
palabras del tribunal de instancia:
“la señora Rosa Helena Pedraza insistió que los hijos eran los que lo cuidaban y que ella quiso separarse
legalmente del causante, pues conocía que [él] sostenía una relación con la señora Edelmira, incluso
adujo que no conocía los problemas de salud que aquejaban al causante, que dos o tres veces lo visitó
en la clínica y que fue por un hijo que se enteró de [su] fallecimiento”.

• Por su parte, Edelmira Jiménez demostró tanto la convivencia con el señor Rincón desde
el año 1995 hasta la fecha de su deceso, así como la dependencia económica respecto
de él, al punto que este último solicitó a Cajanal el traspaso pensional en favor de su
compañera permanente con fundamento en el artículo 1 de la Ley 44 de 1980.

Por demás, señaló que aun cuando no ignoraba que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
previó que ante la existencia de una sociedad conyugal no disuelta había lugar a dividir
la pensión entre la cónyuge y la compañera permanente en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido, lo cierto era que, en el caso concreto, no había lugar a
privilegiar la pareja formada por un vínculo matrimonial sobre aquella que se formó con
base en uno natural, de modo que no había lugar a “otorgar un beneficio respecto de la
relación que había concluido hacía ya muchos años y de la que solo quedó la simple
apariencia de convivencia por guardar las formas” .

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la sentencia C-1035 de 2008.

• Finalmente, dispuso que una vez los hijos menores del causante perdieran el derecho a
percibir la prestación, la señora Edelmira contaría con el 100% de la misma.

La Magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz salvó su voto al considerar que la señora
Rosa Helena sí era beneficiaria de la prestación al tenor de lo previsto en el inciso
final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, habida cuenta de que:

(i) la sociedad conyugal no se había liquidado -en el proceso se demostró una
separación de hecho5- y
(ii) se acreditó, de acuerdo con la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, una convivencia de 5 años en cualquier tiempo.

Por ello, como en el caso concreto existió una convivencia sucesiva entre la
cónyuge y la compañera permanente, y la sociedad conyugal se encontraba
vigente, la prestación debió reconocerse en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido.

De suerte que al no tratarse de una convivencia simultánea era improcedente
aplicar la primera parte del inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
al igual que la sentencia C-1035, que se ocupó de su constitucionalidad.

5 Para lo cual se apoyó en las consideraciones de la sentencia C-336 de 2014.
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2.3. Recursos de apelación

2.3.1. Parte actora
La señora Rosa Helena, por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de
apelación en contra de la determinación anterior bajo el entendido de que sí era
beneficiaria de la prestación, para lo cual señaló que el asunto correspondía a la
convivencia con compañera permanente, pero con sociedad conyugal vigente.
De ahí que, de acuerdo con lo prescrito en el último apartado del inciso 3 del literal
b) de la Ley 797 de 2003, la pensión debía reconocerse de forma proporcional al
tiempo de convivencia que ella, en su calidad de cónyuge, y la compañera
permanente compartieron con el causante. Por lo tanto, señaló que el tribunal de
instancia erró al tratar el asunto como uno de convivencia simultánea cuando no lo
era.
Además, cuestionó el que no se hubiera dado por demostrada la convivencia y
apoyo brindado durante 5 años en cualquier época, pese a que las pruebas del
proceso acreditaban ese elemento (registro civil de matrimonio, procreación de 12
hijos, declaraciones de Tomás Suárez, Remberto Ulises Camargo, y Claudia Mireya
Flechas).

2.3.2. UGPP

La entidad solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, toda vez
que la señora Edelmira Jiménez no demostró la convivencia con el causante
durante los últimos 5 años de su vida: los deponentes no refirieron su existencia.
Adicionalmente, solicitó que no se le condenara en costas en caso de un fallo
adverso a sus pretensiones.

2.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión

El 30 de abril de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó parcialmente la sentencia recurrida y, en su lugar, para lo que aquí
interesa, dispuso:

“Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones PAB 300706 de 16 de diciembre de 2010 y
PAB 050853 de 29 de abril de 2011, emanadas de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy
UGPP, mediante las cuales denegó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de
la señora Rosa Pedraza y dejó en suspenso el 50% restante de la sustitución pensional que
le fue reconocida a la señora Edelmira Jiménez. Una vez se cumplan las condiciones de
pérdida de reconocimiento del derecho en favor de Laura y Diego Rincón Jiménez, acrecerá
en porcentajes iguales a las señoras Rosa Pedraza y Edelmira Jiménez” (Resalto del original)

Luego de exponer el fin del derecho a la sustitución pensional, sus diferencias con
la pensión de sobrevivientes, y los escenarios respecto del cónyuge y/o la
compañera permanente, el juez de segunda instancia precisó que:

• La señora Edelmira Jiménez Hernández demostró convivencia con el señor
José Rincón por un periodo de 14 años, 10 meses y 28 días antes de su
deceso (desde el 7 de agosto de 1995 hasta el 5 de julio de 2010), según se
desprendía de los testimonios de Hernando Morales Becerra, Edelmira Días
Cely, y Clara Cecilia Sandoval González, así como de las declaraciones
extraprocesales de José Peregrino García y Laura Judith Rincón.

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En esa medida, se acreditaron los requisitos exigidos por el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de la sustitución pensional.

• La señora Rosa Helena Pedraza de Rincón también cumplió con los requisitos
exigidos para ser beneficiaria de la sustitución pensional.

No se acreditó que durante los últimos 5 años existiera una convivencia con
vocación de estabilidad y permanencia entre ella y el causante, lo que impedía
que su situación se regulara al tenor del literal a) del artículo 13 de la Ley 797.

Empero, su situación se enmarcaba dentro de lo dispuesto en el inciso 3° del
literal b) del artículo mencionado, a la luz del cual: “si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”; aparte exequible de acuerdo con la sentencia C-336 de 2014.

En efecto, en el caso concreto se registró la existencia de compañera
permanente y cónyuge con sociedad conyugal vigente, lo que implicaba que
la prestación debía reconocerse de forma proporcional atendiendo el tiempo
que cada una de ellas convivió con el causante. En palabras del ad quem:

“Ahora bien, no se puede desconocer que el inciso 3.º del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993 brindó la oportunidad a la cónyuge supérstite de ser beneficiaria de la pensión
de sobrevivientes a pesar de que el pensionado hubiese tenido una compañera permanente
durante los últimos cinco años, la cual se divide proporcionalmente al tiempo de convivencia
con el fallecido, pero solo cuando se ha mantenido la sociedad conyugal vigente.
Lo anterior, por cuanto la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial
existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente, dado que los haberes del matrimonio
siguen produciendo efectos jurídicos. En tal sentido, la sociedad de hecho que logre
conformar el pensionado o el afiliado con la compañera permanente, solo cobrará efectos una
vez esté liquidada la sociedad conyugal 6.
En función de lo dicho, observa la Sala que el caso concreto exhibe los presupuestos fácticos
regulados por el legislador en el analizado inciso final, por lo que corresponde otorgar la
prestación social al cónyuge separado de hecho y al compañero(a) permanente en proporción
al tiempo de convivencia con el causante.
Así las cosas, el derecho a la sustitución pensional que en este proceso se debate 7 debe ser
sustituido proporcionalmente de acuerdo con el tiempo compartido entre la tercera interesada
Edelmira Jiménez, por haber sido su compañera permanente8, y la demandante Rosa Elena
Pedraza en calidad de cónyuge supérstite, toda vez que no se evidenció ruptura ni del vínculo
matrimonial ni de la sociedad conyugal, a pesar de la separación de hecho”.

Siendo así las cosas, con base en las reglas fijadas por la corporación, estableció
que (i) a la señora Rosa Helena le correspondía el 37% de la cuota que se
encontraba en discusión, y (ii) a la señora Edelmira Jiménez le correspondía el 13%
de la misma cuota; sumas que debían ser indexadas en los términos contemplados
en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

6
Nota original: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2013-04442-01 (1076-15).
7
Nota original: Esto es, el 50% de la pensión de sobreviviente del causante, pues el porcentaje restante se
encuentra en cabeza de Laura Judith y Diego Alejandro Rincón, hijos del señor José Rincón.
8 Nota original: Condición acreditada en sede administrativa.
5

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Posteriormente, señaló que una vez se cumplieran las condiciones de pérdida de
reconocimiento del derecho en favor de Laura y Diego Rincón Jiménez, acrecerían
en porcentajes iguales a las señoras Rosa Pedraza y Edelmira Jiménez. Además,
puso de presente la improcedencia de la prescripción9 y del reconocimiento y pago
de los intereses moratorios solicitados en la demanda10.

Finalmente, condenó en costas de segunda instancia a la demandada por haber
sido vencida dentro del proceso.

• Adición de sentencia

Con ocasión de la solicitud del 30 de abril de 2020, formulada por el apoderado de
la señora Rosa Helena, se profirió el auto del 18 de febrero de 2021, mediante el
cual se adicionó la sentencia en el sentido de:

“ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, pagar el porcentaje del 50% de la pensión que
en vida recibió el señor José Rincón (q.e.p.d.) en los siguientes términos: A la señora Rosa
Helena Pedraza «cónyuge supérstite» el 37%; y a la señora Edelmira Jiménez «compañera
permanente» el 13%. La entidad reconocerá tal porcentaje a partir del 6 de julio de 2010, día
siguiente al deceso del señor José Rincón y los valores adeudados serán ajustados en los
términos del artículo 187 del CPACA…”

3. Recurso especial de revisión

3.1. Demanda11

La señora Edelmira del Carmen Jiménez, a través de apoderado designado para el
efecto, pretendió se declarara la nulidad de la sentencia del 30 de abril de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00576-01 (4105-17).

En consecuencia, solicitó se (i) negaran las pretensiones incoadas por Rosa Helena
Pedraza de Rincón; (ii) declarara la nulidad de las Resoluciones PAP 050853 y
030706; (iii) reconociera en su favor el derecho a la sustitución de la pensión de
vejez del señor José Rincón, así como su acrecimiento cuando cesara el derecho
reconocido a los hijos menores; (iv) ordenara a la UGPP la realización de las
gestiones económicas correspondientes para garantizar el pago de la prestación, y,
se le reconocieran y cancelaran las mesadas desde que el derecho quedó en
suspenso, y, (v) se condenara en costas a la demandada.

Lo anterior, bajo el entendido de que se configuró la causal prevista en el numeral
7 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, “[n]o tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida”

Ello, por cuanto para el reconocimiento de la prestación no bastaba que la señora
Rosa Helena en “algún momento haya sido la Esposa (sic) del causante”, por cuanto “el
requisito que prima para conceder el pago de la prestación económica es el de la convivencia, pues
se está ante la protección del derecho a la seguridad social y no frente al escenario del derecho
hereditario”.

9
Al no haber transcurridos 3 años desde la notificación de la Resolución PAP050853 y la presentación de la
demanda: lo primero tuvo lugar el 11 de mayo de 2011 mientras que lo segundo se registró el 17 de junio
de 2013.
10
Atendiendo la incompatibilidad entre intereses moratorios e indexación.
11 Índice 2 del SAMAI.
6

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Por tal razón, para la parte actora “[s]e equivoc[ó] el cuerpo colegiado al modificar la sentencia
de primera instancia, ya que privilegi[ó] el vínculo matrimonial sobre la convivencia efectiva.
Desatendi[ó], que es la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia la que se
constituye en factor determinante para considerar al beneficiario de la prestación económica”. Aun
cuando la “jurisprudencia constitucional acepta las diferencias entre la UMH [unión marital de
hecho] y el matrimonio, pero no un tratamiento legislativo distinto a las familias que se forman a partir
de cada vinculo. Tales diferencias por el origen del vínculo son discriminatorias”.

En esa medida, se desconocieron los artículos 5, 13, 42 y 48 constitucionales, así
como los principios de estabilidad económica y social para los allegados del
causante, reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, y, el material
para la definición del beneficiario.
Por lo tanto, como lo relevante era acreditar la convivencia, sostuvo que era la única
beneficiaria de la prestación que fue objeto de discusión en el proceso ordinario
cuya sentencia se cuestiona, lo que se confirmaba, en su sentir, al tener en cuenta
las pautas sentadas en la sentencia C-1035 de 2008, las cuales no habían sido
modificadas.

3.2. Intervención de Rosa Helena Pedraza de Rincón12

Rosa Helena Pedraza de Rincón, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Estimó que lo pretendido es utilizar el mecanismo extraordinario como un espacio
adicional para debatir los argumentos expuestos por el juez de segunda instancia,
máxime cuando la providencia cuestionada se ajustó a la normativa que resultaba
aplicable.
En sus palabras:
“…, la Sentencia (sic) impugnada se encuentra debidamente fundamentada en preceptos
legales como jurisprudenciales, siendo desacertadas las afirmaciones de la accionante, de
desconocimiento de los principios constitucionales que enuncia y pretender que a la cónyuge
supérstite se le desconozca su derecho a sustituir al causante, con el pretexto de no haber
probado la convivencia dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso del
causante, atribuyendo a las Altas cortes dicha exigencia y desconociendo que ellas han
enfatizado el derecho a la pensión de sobreviviente si demuestra la existencia del matrimonio,
de la sociedad conyugal no disuelta y convivencia por cinco años, en cualquier época”.
(Resalto del original).

3.3. UGPP13

Por intermedio de apoderado judicial, la entidad se opone a las pretensiones de la
demanda.

De una parte, porque lo pretendido, a su juicio, es reabrir el debate que se adelantó
en las instancias correspondientes; propósito que desconoce la finalidad del
mecanismo extraordinario. De otra, porque la sentencia recurrida carece de errores
de hecho o de derecho que den lugar a su infirmación, pues se aplicaron en debida
forma las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, así como las sentencias C-1035 de
2008 y C-336 de 2014, a más de que la valoración probatoria resultó acorde con lo
acreditado en el plenario.

12
Índice 39 del SAMAI.
13 Índice 57 del SAMAI.
7

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3.4. Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio .

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con los artículos 111 y 249 del CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación14.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
CPACA15, mediante el Acuerdo 80 de 201916, que compiló, entre otros, el Acuerdo
321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la
creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación17.

En consecuencia, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 del Consejo de Estado es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión al
cuestionarse una sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación.

2. Oportunidad de la acción

De acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 251 del C.P.A.C.A., en
casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “deberá
presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso”.

En el presente asunto, los motivos que sustentan el recurso aluden a la falta de
aptitud legal de la beneficiaria de un reconocimiento prestacional, razón por la que
el cómputo del término se inicia una vez ejecutoriada la sentencia cuya infirmación
se pretende.

14 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
15 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
16 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
17
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
8

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848)

Esa providencia, que data del 30 de abril de 2020, fue aclarada mediante auto del
18 de febrero de 2021; decisión complementaria que se notificó el 3 de marzo del
mismo año por mensaje al buzón electrónico suministrado por las partes18. En
consecuencia, según lo previsto en el artículo 203 del CPACA, quedó ejecutoriada
el 8 de marzo de 202119.
La demanda se presentó el 19 de abril de 202120 razón por la que debe considerarse
interpuesta dentro de la oportunidad establecida por el legislador.
3. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
causal de revisión alegada por la parte actora, en orden a lo cual es menester definir
si la señora Rosa Helena Pedraza de Rincón contaba con la aptitud legal para ser
beneficiaria de la sustitución pensional concedida en la sentencia recurrida.
Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de los aspectos
relativos a la causal de revisión invocada en la demanda, y, posteriormente, se
examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
4. Causal de revisión invocada. Falta de aptitud legal
Según se anotó, en la demanda se invocó la causal de revisión establecida en el
numeral 7 del artículo 250 del C.P.A.C.A. según la cual:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida (…).”

De acuerdo con el componente normativo y la jurisprudencia de esta corporación,
la estructuración de esta causal de revisión requiere considerar lo siguiente:

• La sentencia cuestionada debe corresponder a una mediante la cual se
decreta o reconoce una prestación periódica a favor de determinada
persona21.
De ahí, entonces, que se excluyan las providencias que (i) niegan esa clase
de prestación, y (ii) aquellas “que resuelvan sobre aspectos posteriores a su
reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación, factores dejados de incluir
y, en general, modificación o discusión de su monto 22”, ya que no es dable confundir la

18 Índice 30 del SAMAI. Radicado Nro.: 15001-23-33-000-2013-00576-01.
19 Constancia Secretarial obrante en el Índice 31 del SAMAI dentro del radicado Nro.: 15001-23-33-000-2013-
00576-01.
20 Índice 2 del SAMAI.
21 El numeral 7 del artículo 250 del C.P.A.C.A. se refiere a prestación periódica y no solo a pensión periódica,
como ocurría en vigencia del C.C.A. (numeral 4 del artículo 188), “lo que permite inferir que esta causal
amplía su cobertura no solo a las pensiones, sino también a las demás prestaciones sociales o salariales
de carácter periódico que pueden devenir de una relación laboral vigente. Incluso, podría pensarse en
prestaciones periódicas de carácter no laboral ordenadas en la sentencia, como por ejemplo: el pago de una
indemnización por estamentos o el reconocimiento de un lucro cesante en las mismas condiciones, en virtud
de un contrato de prestación de servicios incumplido”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 13
de febrero de 2020, radicado: 11001-03-25-000-2016-00287-00 (1637-2016). En el mismo sentido, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.: William
Hernández Gómez, radicado: 11001-03-25-000-2015-00138-00 (0287-2015).
22
Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, M.P.:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado: 11001-03-15-000-2016-03414-00. En el mismo sentido:
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aptitud legal necesaria, o titularidad, con el derecho al reajuste de la cuantía
de la pensión.
• Que lo decidido en la sentencia que se pretende infirmar haya sido la “aptitud
legal” para acceder a la prestación periódica, entendiendo por ella “la situación
jurídica necesaria para que surja la condición o status de pensionado en quien pidió́ su
reconocimiento”.

En pocas palabras, que se abordara el examen de los requisitos previstos en
la normatividad aplicable para el nacimiento del derecho correspondiente.
• En lo que respecta a esa falta de “aptitud legal”, la norma identificó los
siguientes supuestos: (i) cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener
derecho a él23; (ii) cuando, luego del reconocimiento, la persona perdió su
aptitud legal por cuestiones de hecho24; y, (iii) cuando, luego del
reconocimiento, la persona perdió su aptitud legal por cuestiones de derecho,
por ejemplo, por condena penal, en el entendido de que el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hubiera hecho con base en documentación falsa, en tanto conducta
tipificada como delito por la ley penal 25.

• Considerando lo anterior, se ha entendido que el recurso extraordinario
interpuesto con fundamento en la causal de revisión en comento, a diferencia
de las demás causales, permite abrir la discusión jurídica de la sentencia
impugnada. Para el efecto se ha sostenido que26:
“[…] su descripción normativa está referida de manera directa y específica a la cuestión de si
se reúnen los requisitos que le den al actor la aptitud legal para acceder al derecho en
mención, que viene a ser el tema central de toda providencia judicial en la que se decrete o
reconozca una pensión periódica a favor de persona determinada, pues justamente la causal
se estructura cuando esa persona no reúna “la aptitud legal necesaria”, o la pierda después
de proferida la sentencia o sobrevenga alguna causal legal para su pérdida”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.: César
Palomino Cortés, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13),
y sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por la misma Subsección y el mismo ponente dentro del
proceso de radicado: 11001-03-25-000-2016-00417-00 (1925-2016).
23 Por ejemplo, cuando en la sentencia se le reconoce una pensión a alguien que aún no tiene la aptitud legal,
por error involuntario tanto de la Administración Pública como del Juez Administrativo.
24 A modo de ejemplo, cuando la persona que esté gozando de una pensión de invalidez, recupere su salud y
quede en condiciones de volver a trabajar.
25 Nota original: Así lo entendió la Corte Constitucional en sentencia SU-182, de 8 de mayo de 2019, con
ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, al reconocer que «solo sería válido revocar una pensión,
sin el consentimiento del afectado, cuando exista una sentencia penal que demuestre cómo su
actitud u omisión fue determinante para el reconocimiento irregular de la pensión». Donde más
adelante precisó que «En la sentencia C-835 de 2003 se declara condicionalmente exequible el artículo 19
de la Ley 797 de 2003, «en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se
hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén tipificadas como delito por
la ley penal». En efecto, la Corte precisó en dicha sentencia que, por una parte, la entidad o importancia de
los motivos que legalmente puede promover la verificación oficiosa de una pensión, «debe tratarse de unos
motivos reales, objetivos, trascendentes, y desde luego, verificables», que «no pueden contraerse al
capricho, a la animadversión o a la simple arbitrariedad del funcionario competente». Por otra, la entidad o
importancia del incumplimiento de los requisitos que pueden dar lugar a la revocatoria del acto
administrativo de reconocimiento pensional, aún sin el consentimiento del titular, se advierte «en el evento
de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento
de los requisitos». Para tales efectos, «basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley
penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con
conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc.». (Resalto del original).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.: Rafael
Francisco Suárez Vargas, sentencia del 13 de febrero de 2020, radicado: 11001-03-25-000-2016-00287-00
(1637-2016).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
M.P.: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de mayo de 2022, radicado: 11001-03-15-000-2021-11617-00.
10

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5. Caso concreto
En la sentencia cuestionada se decretó la existencia del derecho a la sustitución
pensional en cabeza de la señora Rosa Helena Pedraza mediante el análisis de los
requisitos previstos en la norma que se estimó aplicable a su situación. Además, lo
discutido en el recurso extraordinario corresponde a la falta de aptitud legal porque
la prestación se obtuvo sin tener derecho a ella atendiendo la falta de convivencia
con el causante durante los últimos 5 años de su vida.
En esas condiciones se reúnen los presupuestos para proceder con el análisis de
fondo planteado.
5.1. De la aptitud legal de Rosa Helena Pedraza de Rincón
La Sala Especial de Decisión estima que la señora Rosa Helena Pedraza de Rincón
sí era beneficiaria de la sustitución de la pensión de vejez reconocida al señor José
Rincón, según pasa a exponerse.
5.1.1. Para atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó la
denominada pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional como una
prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba
el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación.
En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente en la sentencia C-
1094 de 2003:
“… Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por
objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en ley, así́ como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los
segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el
legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La
finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente
del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean
alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado
que ha fallecido. Por ello, la ley prevé́ que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él
su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades…” (Resalto fuera del original)

5.1.2. Aunque comparten la misma finalidad, lo cierto es que las dos prestaciones
corresponden a cuestiones diferenciables: la pensión de sobrevivientes se refiere a
la prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado que
muere sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión; por su parte,
la sustitución pensional alude a la prestación que se le otorga al núcleo familiar de
un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente
exigibles para pensionarse y fallece.
Bajo ese entendido, lo debatido en el proceso ordinario era la sustitución pensional,
puesto que el señor José Rincón se encontraba disfrutando de la pensión de
jubilación al momento de su fallecimiento27.

27
Por medio de la Resolución Nro. 03448 de 13 de marzo de 1985, expedida por la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL), se le reconoció pensión vitalicia de jubilación con efectividad a partir del 1.º de
mayo de 1984.
11

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5.1.3. Tratándose de la normativa que gobierna la sustitución pensional, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que las disposiciones aplicables
son aquellas que se encontraban vigentes al momento del fallecimiento del
causante28.

Por ello, como la muerte del señor Rincón se produjo el 5 de julio de 2010, la norma
vigente era la Ley 100 de 1993 (artículo 47), modificada por la Ley 797 de 2003
(artículo 13), que para lo que aquí interesa preveía lo siguiente:

“Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de
edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si
tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación
de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente; (…)” (Resalto de la Sala).

5.1.4. Esa norma, para lo que convoca la atención de esta Sala Especial de
Decisión, consagra dos situaciones diferentes, a saber:

• La relativa a la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional cuando
existió convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la compañera
permanente; caso en el que, en principio, la beneficiaria era la esposa.

Se dice que en principio, porque mediante la sentencia C-1035 de 2008 se
declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge
y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo” contenida en el literal b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, en el entendido de que además de la esposa o esposo,
serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que

28
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008. Exp.
2638-2014.
12

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dicha pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido29.

• La que corresponde cuando existe una cónyuge separada de hecho y una
unión marital de hecho por más de 5 años al momento de fallecimiento del
causante, prevista en el inciso tercero del literal b) de la disposición transcrita
al consagrar que cuando “no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la
unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional
al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.

La constitucionalidad de dicho apartado se declaró en la sentencia C-336 de
2014, al considerar que no desconoce el derecho a la igualdad de la
compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes con
la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a supuestos fácticos
idénticos: la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al
momento de la muerte con el causante, y la última compañera permanente,
pertenecen a grupos diferentes.

Para ello se retomó la jurisprudencia constitucional que indicaba la
diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Se
explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el
apoyo mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en
razón del matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad
patrimonial de hecho entre compañeros permanentes. Por esto, según se
anotó en la providencia de constitucionalidad en comento, el legislador
“ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia
efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la
asignación de una cuota parte de la pensión”.

La medida adoptada por el legislador se estimó constitucionalmente justificada
“en tanto que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de
hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos

29 Para adoptar esta decisión, la Corte Constitucional determinó que la norma demandada sí establecía un
trato diferenciado y preferencial, cuando había convivencia simultánea con el causante, pues para conceder
la pensión de sobrevivientes se prefería al cónyuge.
A reglón seguido observó la Corte que dicha diferenciación en el trato se fundaba en una distinción de origen
familiar, y que se privilegió injustificadamente a la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente. Al
respecto determinó que:
“(…) Frente a esta regulación legislativa, considera la Corte que, de acuerdo al entendimiento de la
dimensión constitucional que irradia la figura de la pensión de sobrevivientes, no existe razón alguna
para privilegiar, en casos de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo
matrimonial, sobre aquella que se formó con base en un vínculo natural. Dicho en otras palabras, no
se puede argumentar que para proteger la familia como núcleo esencial de la sociedad, se excluyan
del ámbito de protección asistencial modelos que incluso la propia Carta ha considerado como tales.
Al analizar el criterio con base en el cual, en casos de convivencia simultánea, se prefiere al cónyuge a
efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes, la Corte no encuentra que con la norma se busque
alcanzar un fin constitucionalmente imperioso. Es más, la Corte, con base en su propia jurisprudencia,
estima que la distinción en razón a la naturaleza del vínculo familiar no puede constituir un criterio con base
en el cual, como lo hace la disposición bajo examen, se establezcan tratamientos preferenciales que
desconozcan la finalidad legal y constitucional de la pensión de sobrevivientes.
(…)
En estos términos, a pesar de que la Corte ha sostenido que el matrimonio y la unión marital de hecho son
instituciones con especificidades propias y no plenamente asimilables, la jurisprudencia constitucional ha
decantado que “los derechos conferidos a la familia que se conforma por cualquiera de las dos vías no son
susceptibles de tratamiento diferencial cuando éste tiene como único fundamento su divergencia
estructural”. Por este motivo, la Corte llega a la conclusión de que el trato preferencial que establece la
expresión demandada no es constitucional.”
13

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patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo
efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial
existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus
conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad
de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio.”

Finalmente se concluyó que “en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia
y apoyo mutuo acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el
legislador le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos…”

5.1.5. Para esta Sala Especial de Decisión en el caso objeto de estudio no existió
una convivencia simultánea entre cónyuge y compañera con el señor José Rincón
durante sus últimos 5 años de vida.

Así se destacó en la sentencia recurrida al señalar que la señora Edelmira Jiménez
-compañera permanente- convivió con el causante por 14 años, 10 meses y 28
días, los que se extendían desde el 7 de agosto de 1995 hasta el 5 de julio de 2010,
fecha de su muerte.

En esa misma providencia se puso de presente que durante los últimos años de
vida del señor causante no existió convivencia con vocación de estabilidad y
permanencia con la señora Rosa Helena Pedraza de Rincón -cónyuge-; cuestión
que no se debatió en el mecanismo extraordinario. Fue por ello que se anotó:

“De las pruebas previamente relacionadas, considera la Sala que no son claras, convincentes
y concisas en establecer la convivencia efectiva entre los señores José Rincón y Rosa Helena
Pedraza, por lo menos durante los cinco últimos años anteriores al fallecimiento, pues si bien
la cónyuge supérstite en su declaración señaló, con énfasis, que el causante no abandonó el
hogar, pues estaba «casi todos los días en su casa» y que le proporcionaba mensualmente
para su manutención, tales afirmaciones se contradicen con los testigos aportados por la
señora Edelmira en los que describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
el causante convivió con su compañera permanente desde el 7 de agosto de 1995, dentro de
los cuales se evidenció que nunca se ausentó de su casa y que siempre estuvo pendiente de
sus hijos menores al llevarlos todos los días al colegio.
Así las cosas, está probado que durante los últimos 5 años anteriores al deceso del señor
José Rincón (q.e.p.d.) no existió una convivencia simultánea que le permita a la señora Rosa
Elena Pedraza el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por lo menos no de
conformidad al literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues si bien se logró demostrar
que el causante ocasionalmente la visitaba y a sus nietos, luego de su partida del hogar, de
modo alguno indica que se haya tratado de una relación de convivencia, caracterizada por la
clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia”

Por tal razón no es procedente aplicar lo previsto en la sentencia C-1035 de 2008,
que se pronunció sobre el supuesto de convivencia simultánea entre cónyuge y
compañera permanente con el causante durante los últimos 5 años de su vida.

5.1.6. La situación del caso concreto corresponde a la de una cónyuge separada
de hecho y una unión marital de hecho por más de 5 años al momento de
fallecimiento del causante.

Esa separación de hecho fue aludida en el derecho de petición que la señora Rosa
Helena elevó a Cajanal el 31 de marzo de 199830 -documento examinado

30
Al respecto se consignó lo siguiente: “ROSA HELENA PEDRAZA DE RINCON, portadora de la Cédula de
ciudadanía 24.045.551 de Santa Rosa de Viterbo, de donde soy vecina, me dirijo a usted para que, conforme
14

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expresamente en la sentencia que se revisa-, y dentro del proceso no obra
elemento que demuestre la ruptura del vínculo matrimonial o de la sociedad
conyugal31.

Por lo tanto, la señora Rosa Helena Pedraza de Rincón sí era beneficiaria de la
sustitución pensional. Recuérdese que al tenor del inciso 3° del literal b) del artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “Si
no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación
de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”

Así las cosas, mal puede sostenerse que dicha señora careciera de aptitud legal
para ser beneficiaria de la prestación que se le reconoció, razón por la cual no es
procedente la infirmación de la sentencia cuestionada.

6. Costas

La demanda de la referencia se presentó el 19 de abril de 202132, razón por la que
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el C.P.A.C.A.,
modificado por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General
del Proceso.

En efecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone, para lo que aquí interesa:
“[l]a presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las
competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley”

Por ello, resulta aplicable lo previsto en el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que
modificó el artículo 255 del CPACA, e impuso el deber de condenar en costas
cuando el recurso extraordinario de revisión se declare infundado. Así, se prevé
expresamente: “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente”

Como esa previsión no contiene una regulación íntegra de la condena en costas
corresponde integrarla con lo previsto en los artículos 365 y 366 del C.G.P.,
aplicables en virtud de la remisión dispuesta en el artículo 188 del C.P.A.C.A.

En el asunto de la referencia, tanto la UGPP como la señora Rosa Helena Pedraza
de Rincón contestaron oportunamente la demanda, actuación que por sí misma
constituye prueba suficiente para fijar, en favor de cada una de ellas, agencias en
derecho, pues permite establecer que designaron apoderados para estar al tanto
del proceso y ejercer la defensa de sus intereses.

a la parte final del Oficio de 5 de febrero de 1.998, que me fue enviado por el Coordinador de Sistemas de
esa Entidad, fotocopia que me permito adjuntarle, se sirva informarme, si en su dependencia se halla
documento alguno presentado por JOSE RINCON, identificado con la cédula de ciudadanía. 1.162.761 de
Susacón, solicitando sustitución de la Pensión de jubilación de la cual goza. Y si se ha producido
últimamente, cambios en los beneficiarios de esa sustitución. La anterior petición, la formulo en virtud de
que el señor JOSE RINCON calidad de mi legítimo esposo, me había nombrado como su beneficiaria de su
pensión de Jubilación, en el año de 1.991, -como consta en la fotocopia. que anexo-, pero en la actualidad
encontrándonos en separación de hecho, es decir, no legalizada, existiendo inclusive Sociedad Conyugal
vigente, no se (sic) si haya cambios en dicha sustitución”. (Resalto de la Sala)
31
Esto, considerando que el mecanismo extraordinario no es un instrumento para discutir la valoración
probatoria del proceso primigenio.
32 Índice 2 del SAMAI.
15

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848)

Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, la consejera
sustanciadora dictará un auto posterior, de conformidad con lo consagrado en el
numeral 3 del artículo 366 del C.G.P., una vez quede en firme la presente sentencia.

7. Personería jurídica

Vistos los artículos 160 del C.P.A.C.A. y 74 y 75 del C.G.P., y atendiendo que la
persona jurídica OMAJ CONSULTORES JURÍDICOS S.A.S.33 allegó poder general
para actuar en calidad de apoderada de la UGPP34, se le reconocerá la respectiva
personería.

Adicionalmente, considerando que el abogado Daniel Antonio Genes Benedetti,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.067.899.781 y con la tarjeta
profesional Nro. 318.543, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, asumió
la representación de la UGPP y se encuentra inscrito en el certificado de existencia
y representación legal de OMAJ CONSULTORES JURÍDICOS S.A.S., se le
reconocerá la respectiva personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Edelmira del Carmen Jiménez contra la sentencia del 30 de abril de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00576-01 (4105-
17).

2. Condenar en costas a la parte recurrente en favor de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- y Rosa Helena Pedraza de Rincón, las cuales se liquidarán por
la Secretaría General de esta Corporación.

3. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General, ingresar
el expediente al despacho de la consejera ponente para lo de su competencia.

4. Reconocer personería a la persona jurídica OMAJ CONSULTORES
JURÍDICOS S.A.S., identificada con número de identificación tributaria
901.245.500-1, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios
jurídicos, para actuar en calidad de apoderada de la UGPP, en los términos y
para los efectos del poder general conferido (índice 94 del SAMAI).

5. Reconocer personería al abogado Daniel Antonio Genes Benedetti para
actuar en calidad de apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos
del poder general conferido, (índice 94 del SAMAI).

33
Identificada con número de identificación tributaria 901.245.500-1, cuyo objeto social principal es la
prestación de servicios jurídicos.
34
Escritura Pública Nro. 5054 del 23 de septiembre de 2024 en la que, adicionalmente, se revocó el poder
general que se había otorgado al Consorcio Asesores Jurídicos O & J, cuyo representante legal era el señor
Daniel Antonio Genes Benedetti.
16

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01772-00 (2848)

6. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. La comprobación de su validez e integridad se puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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