Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00417-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00417-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00417-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00417-00
Nº interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 11
de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Causal regulada en el numeral 7 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Fundación
San Juan de Dios en Liquidación contra la sentencia del 11 de diciembre de
2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E en Descongestión confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurada por la Fundación San Juan de Dios en Liquidación contra
la señora Ana Isabel Aldana León.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
Fundación San Juan de Dios en Liquidación1
La Fundación San Juan de Dios en Liquidación (Hospital Materno Infantil –
Hospital San Juan de Dios) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la nulidad del Acta de Reconocimiento de la
Pensión de Jubilación 0056 de 28 de octubre de 2002, mediante la cual el
Director General Interventor Delegado de la Fundación San Juan de Dios
reconoció pensión a la señora Ana Isabel Aldana León.
Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordene el reintegro de las sumas
de dinero pagadas por dicho concepto desde la expedición del Acta de
Reconocimiento de la pensión y pago del 28 de octubre de 2008, hasta la fecha
1
Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-027-2008-00686-01.
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Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
de la declaratoria de nulidad de la misma. Igualmente, solicitó que se disponga la
actualización de las sumas que debe devolver.
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en que mediante la Resolución
5464 de 19 de agosto de 1977 los establecimientos Hospitalarios San Juan de
Dios e Institución Materno Infantil empezaron a ser dirigidos administrativa y
técnicamente por la Nación – Ministerio de Salud.
Que posteriormente, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 290 de 1979 “Por
el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones relación con la
Fundación San Juan de Dios”; 1374 de 1979 “Por el cual se adoptan los estatutos de la
Fundación San Juan de Dios”; y 371 de 23 de febrero de 1998 “Por la cual se suple la
voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
Mediante Acta de Reconocimiento 0056 de 28 de octubre de 2002, se reconoció
pensión de jubilación a la señora Ana Isabel Aldana León en cuantía del 75%
según lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención Colectiva de Trabajo de
1982, es decir, que se reconoció por valor de $675.763. Dicha prestación
convencional se reconoció desde el 1 de noviembre de 2002.
Advirtió que el 8 de marzo de 2005, mediante sentencia 145, ejecutoriada el 14
de junio de 2005, la Sala Plena del Consejo de Estado declaró la nulidad de los
Decretos 290 de 1979, 1374 de 1979 y 371 de 1998, lo que conllevó a que la
Fundación San Juan de Dios dejó de existir y, por lo mismo, las instituciones
hospitalarias San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil pasaron nuevamente a
la Beneficencia de Cundinamarca, lo que conlleva a afirmar que dichas
instituciones son establecimientos públicos del orden departamental, razón por la
cual las personas que estaban vinculadas laboralmente a dichas entidades eran
por regla general empleados públicos.
Afirmó que, en virtud de lo expuesto, los empleados públicos de dichas entidades
no podían presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas,
por lo que no podía verse beneficiada y obtener una pensión convencional.
Que según la comunicación No. 2-2008-023300 suscrita por la Viceministra
General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicada en el proceso de
liquidación el 15 de agosto de 2008, en consideración a la revisión que efectuó el
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Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la base de datos enviada por la
Liquidadora, sobre mesadas pensionales adeudadas, indicó que: “(…) del análisis
de la información suministrada por usted, se concluye que más o menos 44
pensionados, no cumplen los requisitos para acceder a una pensión convencional, dadas
las fechas de terminación laboral establecidas por la Corte Constitucional, respecto de
los ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios (…)”.
Igualmente, señaló que el Ministerio de Hacienda solicitó a la Liquidadora que
adelantara las acciones para que no se continuara con el pago de las pensiones
irregulares, por lo que se debía realizar el estudio correspondiente para
suspender los pagos y revocar las pensiones.
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
La señora Ana Isabel Aldana León, a través de apoderado, manifestó que las
relaciones entre la Fundación San Juan de Dios y sus empleados estuvieron
regidas siempre por el Código Sustantivo del Trabajo, siendo así que su
vinculación fue a través de un contrato de trabajo a término indefinido.
Consideró que el fallo dictado por el Consejo de Estado no puede generar efectos
retroactivos con los cuales se afecten los derechos adquiridos y consolidados de
los trabajadores que prestaron sus servicios en la Fundación San Juan de Dios.
Planteó como excepciones: (i) la falta de jurisdicción y de competencia del juez
administrativo para resolver la controversia, por tratarse de un conflicto que se
originó en una relación laboral derivada de un contrato de trabajo; (ii) la carencia
de los elementos axiológicos para incoar la acción; (iii) temeridad; (iv) mala fe; (v)
caducidad y/o prescripción; (vi) buena fe del demandado para el no reintegro de
las prestaciones reclamadas.
3. La sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3
El Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá, en sentencia del 23 de julio de
2010, decidió: (i) negar las pretensiones de la demanda; (ii) declarar no probadas
las excepciones propuestas; y (iii) no condenar en costas.
2
Folios 43-56.
3
Folios 339-342 reverso.
4
Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
Señaló que, debido a la situación económica de la Fundación San Juan de Dios y
a la vulneración de los derechos fundamentales de algunos de sus trabajadores,
se presentaron sendas acciones de tutela, lo que dio origen a la SU-484 de 2008,
con el fin de unificar la solución constitucional de esa crisis.
Advirtió que, en dicha decisión, la Corte Constitucional, entre otras cosas,
estableció que el 29 de octubre de 2001 fue la fecha de terminación de las
relaciones laborales entre los trabajadores y la Fundación, para lo cual se tuvo en
cuenta el día de egreso del último paciente del Hospital, lo que sucedió el 21 de
septiembre de 2001.
Sin embargo, señaló que después del egreso del último paciente y de la
publicación de la Resolución 1933 de 2001, un buen número de empleados del
Hospital San Juan de Dios siguieron asistiendo normalmente a su sitio de trabajo,
siendo así que, en el caso bajo estudio, la interesada continuó laborando hasta
octubre de 2002.
Consideró que la fecha indicada por la Corte Constitucional, como de terminación
de las relaciones laborales (29 de octubre de 2001), puede admitir ciertas
excepciones, pues la Resolución 1933 de 2001 no impone perentoriamente la
separación del cargo de todo el personal que ocupa cargos administrativos, pues
dicha disposición emplea la expresión “si fuera el caso”, por lo que, como la
señora Ana Isabel Aldana ocupaba el cargo de mecanógrafa, es entendible que
continuara laborando unos meses más, hasta que la entidad formalizó el retiro de
la empleada en octubre de 2002, lo cual se soporta incluso en los testimonios
rendidos por las señoras Aura Myriam Herrera, María Angélica Medina y Floralba
Aguilera, quienes aseguraron que la demandante continuó prestando sus
servicios por un año más.
Agregó que, aunque no había entrado en vigencia para esa época la Ley 790 de
2002, que instituye el retén social, no es menos cierto que la situación planteada
debe ser analizada a la luz de los principios que lo regulan, pues faltaban menos
de 3 años para que la señora Ana Isabel Aldana cumpliera los requisitos para
acceder a la pensión.
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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
Señaló que, la relación laboral de la demanda no podía ser finiquitada por la
administración ya que le faltaban pocos meses para concretar su derecho a
pensión, por lo que se debía mantener empleada los pocos meses que restaban
para cumplir el requisito de tiempo de servicio, el cual se cumplía el 18 de enero
de 2002.
4. El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia
4.1. El apoderado de la señora Ana Isabel Aldana interpuso recurso de
apelación, con el fin de que se ordene la condena en costas en el proceso,
teniendo en cuenta que la parte demandada incurrió en gastos al contratar a un
profesional del derecho4.
4.2. La Fundación San Juan de Dios en Liquidación presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia y realizó un recuento de los
hechos que dieron origen a la demanda5.
Afirmó que, el acto administrativo que se controvierte fue producto de una
decisión unilateral y arbitraria del entonces representante legal e interventor, la
cual no obedeció a las circunstancias fácticas y jurídicas de la entidad, hoy en
liquidación, relativas a total inviabilidad financiera y administrativa, creando con
su actuar una situación jurídica en cabeza la un grupo de ex funcionarios que no
habían cumplido con el tiempo requerido para tal efecto, ni por la ley ni por la
convención colectiva de trabajo.
Afirmó que la ex funcionaria no alcanzó a cumplir con el tiempo requerido para
otorgarse el beneficio convencional de la pensión de jubilación.
Agregó que, no puede el Despacho presumir que la demandada continuó en sus
labores con posterioridad al 29 de octubre de 2001 y que las declaraciones
allegadas al proceso fueron realizadas por otras ex funcionarias que también se
encuentran en la misma situación que la señora Ana Isabel Aldana.
Indicó que, indistintamente de si las funciones eran de carácter administrativo u
operacional, lo que en efecto ocurrió fue que, a partir del 21 de septiembre de
4
Folio 349.
5
Folios 352-356.
6
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Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
2001, en el Hospital San Juan de Dios no había más pacientes, no se generaron
facturas, ni historias clínicas por archivar o redactar memorandos, por lo que se
generó un cierre total hospitalario.
5. La sentencia objeto de revisión6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E de
Descongestión, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2013 decidió
confirmar el fallo de primera instancia.
Aseguró que, el derecho pensional que consolidó la señora Ana Aldana antes de
la ejecutoria de la sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el
28 de octubre de 2002, no podía verse afectado con la decisión tomada en esa
decisión.
Ahora bien, la entidad demandante afirmó que la ex trabajadora no cumplió el
tiempo de servicio previsto en la convención colectiva para acceder a la pensión
de jubilación, con fundamento en lo dispuesto en la sentencia SU-484 de 2008,
pues para la fecha en que según la sentencia se terminaron todas las relaciones
laborales, la interesada no cumplía los 20 años de servicios.
Al respecto, consideró que, en los supuestos señalados por la Corte
Constitucional en la sentencia invocada, no se encuentra el caso de la
demandada, pues ella obtuvo la pensión de jubilación, sin mediar controversia u
oposición alguna de la persona que representaba la entidad demandante para la
época del reconocimiento y agregó que, al 29 de octubre de 2001 le faltaba poco
tiempo a la señora Ana Aldana para cumplir con el requisito de tiempo de trabajo,
exactamente 4 meses y 10 días, situación que debe ser protegida y amparada
por el Estado, por lo que dicha garantía no debía verse afectada con la decisión
de la Corte Constitucional.
Afirmó que, de las declaraciones prestadas por las señoras Aura Myriam Herrena
Benavides, María Angélica Medina Llanos y Floralba Aguilera Pacheco, ex
compañeras de la demandada, se desprende que continuaron laborando en la
entidad con posterioridad a la fecha en que egresó el último paciente del Hospital,
y cumplían el horario de 8 am a 4 pm, según instrucción de un funcionario con
6
Folios 474-495.
7
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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
apellido Casallas.
Consideró que, aplicando el principio de confianza legítima al caso bajo estudio,
se establece que el tiempo posterior a la terminación de las relaciones laborales,
según la Corte Constitucional es válido, pues según las pruebas allegadas al
proceso, fue el mismo representante legal de esa época de la fundación
intervenida, quien avaló el tiempo de servicio posterior, por lo que no puede
pretenderse ahora que no sea tenido en cuenta.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas, solicitada por la parte demandada,
no es posible acceder a dicha petición, por cuanto no se probó en el proceso la
actitud temeraria o de mala fe por parte de la entidad demandante.
6. El recurso extraordinario de revisión7
La Fundación San Juan de Dios en Liquidación interpuso recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en
Descongestión, con fundamento en la causal prevista en el numeral 7 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según la cual es causa de revisión: “7. No tener la persona en cuyo
favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de
las causales legales para su pérdida”.
Dentro del recurso solicitó: (i) que se revise la sentencia recurrida; (ii) que se
acceda a las pretensiones incoadas en el proceso que se revisa; (iii) que se
declare la nulidad del acta de reconocimiento de la pensión No. 0056 de 2002;
(iv) que se ordene a la señora Ana Isabel Aldana León reintegrar las sumas de
dinero pagadas por concepto del reconocimiento irregular de pensión de
jubilación desde la fecha de expedición del acta de reconocimiento hasta la fecha
de declaratoria de nulidad de la misma, las cuales deben ser indexadas.
Señaló que, la señora Ana Isabel Aldana León se vinculó al Centro Hospitalario
San Juan de Dios a través de una relación legal y reglamentaria, a partir del 1 de
marzo de 1982, en el cargo de ayudante de servicio.
7
Folios 5-19 del cuaderno de revisión.
8
Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
Agregó que la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU-
484 de 2008, determinó que las decisiones adoptadas en ese fallo producían
efectos oponibles a todos los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios,
que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, pues
según la sentencia T-121 de 2016, expedida por la misma Corporación, existen
situaciones concretas acaecidas por una causa común, por lo que se debe dar un
trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos
fundamentales.
Advirtió que la sentencia T-121 de 2016 constituye un hecho sobreviniente dentro
del reconocimiento de pensión de jubilación a favor del accionado, por cuanto
dicha decisión estipula los efectos y alcances de la sentencia de unificación SU-
484 de 2008 y, en consecuencia, reitera de forma clara y expresa que la extinta
Fundación San Juan de Dios es una institución de la Beneficencia de
Cundinamarca, es decir, una institución de salud departamental, por lo que la
normatividad aplicable a sus ex trabajadores, es la de los trabajadores de
entidades territoriales del sector salud, por lo que no estaba permitido la
celebración de convenciones colectivas de trabajo.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
Previo a admitir el recurso extraordinario de revisión, el 22 de septiembre de 2017
el Despacho Sustanciador dispuso que se oficiara al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que enviara constancia de ejecutoria de la providencia
recurrida8.
Posteriormente, el recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto
del 17 de junio de 20209. A través de providencia del 30 de septiembre de 2021,
el Despacho Sustanciador prescindió del periodo probatorio, al encontrarse que
en el expediente reposan pruebas suficientes para decidir de fondo el asunto10.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión11
La señora Ana Isabel Aldana León, a través de apoderado, se opuso a la
8
Folio 30 del cuaderno principal de revisión.
9
Folios 46-47 del cuaderno principal.
10
Folio 53 del cuaderno principal.
11
Visible en el índice 24 de samai, al consultar el expediente de la referencia.
9
Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
prosperidad del recurso extraordinario de revisión. Advirtió que, el recurso
extraordinario de revisión se ejerce (i) por hechos externos al proceso, que no
fueron controvertidos ni decididos al interior del mismo; (ii) los hechos deben ser
nuevos; (iii) los hechos no fueron sometidos al examen del fallador; (iv) el hecho
debe ser de tal naturaleza que desvirtúe la inmutabilidad de la cosa juzgada; (v)
el hecho nuevo debe ser objetivamente considerado; (vi) debe alegarse como
causal; (vii) no debe referirse a razones fácticas o jurídicas discutidas en el
proceso; (viii) no debe constituir una nueva instancia; y (ix) debe ser probado por
cualquiera de los medios establecidos en la ley.
Señaló que la sentencia citada por la entidad recurrente (T-121 de 2016), es un
desarrollo de la sentencia SU-484 de 2008, por lo que no se trata de un hecho
nuevo que pueda ser alegado a través de este mecanismo extraordinario, por lo
que no logra desvirtuar la inmutabilidad de la cosa juzgada de la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sin embargo, afirmó que en las dos instancias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se discutió sobre la naturaleza jurídica de la
Fundación San Juan de Dios, por lo que el análisis efectuado por la sentencia T-
121 de 2016 no es un hecho nuevo y sobreviniente.
Advirtió que, en la sentencia de tutela T-121 de 2016, la Corte Constitucional
consideró que los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad retrotraen la
situación a lo existente antes de haberse proferido el acto anulado, sin afectar las
situaciones jurídicas que se consolidaron, es decir, aquellas que han quedado en
firme o han sido objeto de pronunciamiento judicial, por lo que no pueden ser
susceptibles de debatirse jurídica o administrativamente.
Agregó que, en la misma decisión, se consideró que en materia laboral se deben
respetar los derechos adquiridos y en materia de seguridad social tiene un
derecho adquirido quien ha cumplido los requisitos de tiempo y edad o semanas
de cotización exigidas por la ley o convención para acceder a la pensión.
Señaló que “[…] La aplicación forzosa de la Convención Colectiva de Trabajo para la
señora ANA ISABEL ALDANA LEON, implica por otro lado, y atendiendo a lo dicho por la
Corte Constitucional sobre la fecha de terminación de los contratos de trabajo del
personal que laboraba en el Hospital San Juan de Dios, conlleva necesariamente a
10
Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
considerar la facultad que para el 28 de octubre de 2002 tenía la Fundación de otorgar la
pensión de jubilación convencional, a quienes le faltaran menos de dos años para
cumplir los 20 años de servicio con la entidad, siempre y cuando hubieren laborado por
lo menos 18 años, como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo del año 1982
en su artículo 74, en concordancia con el artículo 17 literal c) de la Convención Colectiva
de Trabajo del año 1970, celebrada entre la Beneficencia de Cundinamarca y su
Sindicato de Trabajadores […]”.
Igualmente, consideró que una interpretación jurisprudencial no tiene la
capacidad para afectar situaciones pasadas, ni fallos judiciales ejecutoriados, ya
que no tiene efectos ex tunc.
También manifestó que, en la sentencia recurrida de forma acertada se señaló
que la señora Ana Isabel Aldana gozaba de una protección especial por ser
prepensionada.
Finalmente, señaló que la Fundación San Juan de Dios en liquidación carece de
legitimación en la causa para interponer el recurso extraordinario de revisión
previsto en la Ley 797 de 2003.
9. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión, la Sala debe establecer si
11
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Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
procede infirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si se configura la causal prevista en el
numeral 7 del artículo 250 del CPACA, en cuanto a juicio de la entidad
demandante, la señora Ana Isabel Aldana León no tiene la aptitud legal necesaria
para ser beneficiaria de la pensión de jubilación que le fue reconocida.
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por la entidad
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.
2.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia.12 Más que un recurso, es un
verdadero proceso13 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
proferir la sentencia cuestionada14”15.
12
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
13
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
14
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Fallo
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado 16, y salvo la causal 4ª del artículo
25017, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”18.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’19. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios20.
2.2. Causal regulada en el numeral séptimo del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral séptimo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo regula la causal del recurso extraordinario de
revisión por “7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica,
al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida
15
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
19
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
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Número interno: 1925-2016
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Fallo
(…)”.
Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado
los elementos estructurales que componen la causal señalada en el numeral
séptimo del artículo 250 del CPACA, a saber21:
(i) Que el recurso se presente contra una sentencia en la cual se decretó el
reconocimiento a favor de determinada persona de una prestación periódica,
dentro de las cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de
invalidez, de sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública, principalmente. En cuanto al carácter de la prestación decretada, se
aclara que la causal no se refiere únicamente a pensiones, sino que se extiende
a prestaciones periódicas.
Lo anterior significa que no son susceptibles de estudiar a través de esta causal
las sentencias que niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las
que resuelvan sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los
concernientes a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general,
modificación o discusión de su monto.
(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para
acceder o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos
señalados por la norma pueden resumirse así:
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto
puede ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una
pensión a quien no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal
por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez
y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida
laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación.
21
Ver la sentencia del 7 de diciembre de 2010. Expediente 11001-03-15-000-2005-00297-01(REV). M.P.: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianetta; la sentencia del 13 de febrero de 2020 con número de radicado: 11001-03-25-000-2016-00287-00
(1637-16), M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas y la sentencia del 29 de octubre de 2020 con Radicación número:
11001-03-25-000-2015-00138-00(0287-15), M.P.: William Hernández Gómez.
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Número interno: 1925-2016
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
3. Caso concreto
La Fundación San Juan de Dios en liquidación interpuso el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en
Descongestión, con fundamento en la causal prevista en el numeral 7 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, al considerar que en dicha providencia se mantuvo la legalidad del
acta de reconocimiento pensional 0056 de 28 de octubre de 2002, mediante la
cual la extinta Fundación San Juan de Dios le reconoció a la señora Ana Isabel
Aldana León una pensión de jubilación, con fundamento en una convención
colectiva de trabajo, pese a que no era aplicable a los ex trabajadores de dicha
entidad.
Asimismo, manifiesta que con la sentencia de tutela T-121 de 8 de marzo de
2016, expedida por la Corte Constitucional en un asunto similar al presente, se
configura un hecho sobreviniente respecto de todos los ex trabajadores de la
entidad, pues el juez constitucional realizó un análisis de los límites y alcances de
la sentencia de unificación SU-484 de 2008 y del fallo de 8 de mazo de 2005
proferido por el Consejo de Estado en el proceso de nulidad que estudió los
Decretos 290 y 1374 de 2009 y 371 de 1998.
Aseguró que, el Tribunal equivocadamente concluyó que en relación con la
pensión de jubilación reconocida a la señora Ana Isabel Aldana León se
configuró un derecho consolidado, bajo el argumento que al tratarse de una
situación jurídica definida se debe mantener la legalidad para mantener la
integridad y coherencia de todo el orden jurídico existente, en amparo del
principio a la confianza legítima y teniendo en cuenta que según las pruebas
allegadas al proceso, la pensionada continuó trabajando con posterioridad a la
fecha señalada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-484 de 2008, lo
cual tiene sustento además en unos testimonios rendidos por otras ex
trabajadoras de la entidad.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que lo pretendido por la entidad
demandante consiste en debatir en sede de revisión la aptitud legal la señora Ana
Isabel Aldana León para ser acreedora de la pensión de jubilación reconocida en
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Número interno: 1925-2016
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Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
el Acta de Reconocimiento Pensional 0056 de 28 de octubre de 2002, expedida
por el Director General Interventor Delegado de la Fundación San Juan de Dios.
Pues bien, con el fin de analizar los argumentos planteados por la entidad
recurrente, se debe establecer en primer lugar si el recurso extraordinario de
revisión fue interpuesto de forma oportuna.
La Sala advierte que, por regla general el artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
“El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia”. El mismo artículo, en su inciso tercera, en relación con la causal
prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, regula que “En el caso del
numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso”.
En el caso bajo estudio, como se indicó en párrafos anteriores, la entidad
recurrente alega la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA,
bajo el argumento que la sentencia T-121 de 2016 constituyó un hecho
sobreviniente que habilitó la interposición del recurso extraordinario de revisión
en esta oportunidad, con fundamento en el término otorgado por el inciso tercero
del artículo 251 del mismo cuerpo normativo.
Pues bien, con el fin de establecer la fecha de “ocurrencia de los motivos que dan
lugar al recurso”, la Sala debe remitirse necesariamente a la sentencia recurrida,
pues en dicha decisión se negó la nulidad del acto de reconocimiento pensional,
al considerar que la señora Ana Isabel Aldana goza de una pensión convencional
que le fue otorgada en sede administrativa, al estar demostrado que cumplió los
20 años de servicios previstos en la convención colectiva.
En virtud de lo anterior, el recurso extraordinario de revisión debió interponerse
dentro del término establecido en la norma, contabilizado a partir de la ejecutoria
de la sentencia del Tribunal, toda vez que en esta providencia se analizó lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-484 de 2008, sobre la
terminación de las relaciones laborales y, pese a ello encontró acreditado que la
señora Ana Isabel Aldana laboró hasta octubre de 2002 y con ello cumplió el
requisito de los 20 años para acceder a la pensión convencional.
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Número interno: 1925-2016
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Demandado: Ana Isabel Aldana León
Fallo
Ahora bien, la Sala considera que, aunque la Corte Constitucional en la sentencia
T-121 de 2016 estableció que el fallo SU-484 de 2008 tuvo efectos retroactivos
frente a las situaciones jurídicas que no estaban consolidades con fundamento en
decisiones judiciales con fuerza de cosa juzgada, no es el caso bajo estudio,
pues, como se indicó en el párrafo anterior, la decisión recurrida se expidió con
posterioridad a la sentencia SU-484 de 2008, siendo así que el Tribunal tuvo en
cuenta dicha decisión y, al analizar la situación fáctica del caso concreto,
concluyó que la relación laboral de la señora Ana Isabel Aldana concluyó en un
periodo diferente al establecido por la Corte Constitucional.
Para llegar a dicha conclusión el Tribunal tuvo en cuenta la naturaleza del cargo
(mecanógrafa) y a que no estaba contenido en los cargos que debían separarse
con la Resolución 1933 de 2001; al documento que acredita la terminación del
contrato en octubre de 2002; y a los testimonios rendidos dentro del proceso.
Quiere decir lo anterior que, a juicio de la Sala, no puede considerarse que la
sentencia T-121 de 2016 constituye un hecho sobreviniente determinante para
que la trabajadora perdiera presuntamente el reconocimiento de la pensión
convencional, de modo que el término para la interposición del presente recurso
empezó a correr con la ejecutoria de la misma sentencia recurrida, razón por la
cual se evidencia que el recurso fue extemporáneo.
Al respecto, se advierte que la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, en un asunto similar al presente, consideró22:
“[…] Para la Sala, la sentencia de la Corte Constitucional T-121 de 8 de marzo de
2016 no constituye un hecho sobreviniente que sirva de sustento para alegar la
pérdida de la aptitud legal de la señora Dina Triana Ramírez de continuar
percibiendo la prestación periódica que le fue reconocida, en vía administrativa, por
la Fundación San Juan de Dios.
En primer lugar, porque la sentencia T-121 de 2016 tuvo efectos inter partes, tal y
como se desprende del contenido de dicha providencia; y si bien es cierto que en
ella se precisaron los alcances de la sentencia SU-484 de 2008, también lo es que,
al ser una sentencia de tutela (T), sus efectos no pueden extenderse erga omnes,
como sucedería en el evento de que se admitiera al presente caso, para reabrir el
debate jurídico.
En segundo lugar, es preciso aclarar que la referida sentencia T-121 de 2016
analizó un supuesto fáctico muy diferente al de la señora María Dina Triana
Ramírez, pues en ella se estudió el caso de una médico especialista en anestesia,
22
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2020. Radicado: 11001-03-25-000-
2016-00422-00 (1930-2016). M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Fallo
a quien nunca se le probó que hubiese continuado asistiendo a laborar a la
Fundación San Juan de Dios después de la intervención ordenada por la
Superintendencia de Salud; mientras que la aquí demandada era una «ayudante
de esterilización»23, cargo que no fue incluido en la Resolución 1933 de 21 (sic) de
septiembre de 2001 «por medio de la cual se ordena la intervención administrativa
total de la Fundación San Juan de Dios y se adoptan medidas con relación a sus
unidades institucionales» 24 , puesto que en ella se determinó separar a las
«personas que ocupa[ban] cargos de dirección, técnicos y si fuere el caso,
administrativos», pero no a las del nivel asistencial, como sería el caso de una
«ayudante». Además, en el caso de la señora Triana de Ramírez sí se comprobó
que asistiera a laborar con posterioridad a la mencionada intervención de la
Superintendencia, como se desprende del Acta de Terminación del Contrato de
Trabajo por Mutuo Acuerdo25, suscrita el 31 de octubre de 2002 entre la señora
María Dina Triana de Ramírez y el director general interventor de la Fundación San
Juan de Dios, Saddy Martín Pérez, quien era la autoridad de la que únicamente se
admitían órdenes, según establece la Resolución 1933 del 29 de septiembre de
2001. […]”.
Por las anteriores razones, la Sala declarará que el recurso extraordinario de
revisión se presentó de forma extemporánea, como quiera que la entidad dejó
transcurrir más de un año desde la expedición de la sentencia recurrida, la cual
estudió el reconocimiento pensional a la señora Ana Aldana, razón por la cual no
hay lugar a estudiar la causal planteada por la Fundación San Juan de Dios.
Igualmente, se establece que no hay lugar a condenar en costas debido a que en
virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso
por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no
ocurre en el sub lite.
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará extemporáneo el recurso extraordinario de
revisión presentado por la Fundación San Juan de Dios en Liquidación y no
condenará en costas a la entidad recurrente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
23
De acuerdo con el Acta de Reconocimiento pensional 0101 de 28 de octubre de 2002, obrante en los folioso 11 y 12 del expediente
ordinario.
24
Folios 384 al 389 del expediente ordinario.
25
Folios 13 y 14 del expediente ordinario.
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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
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Fallo
FALLA
PRIMERO: DECLARAR EXTEMPORÁNEO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Fundación San Juan de Dios en Liquidación contra la sentencia
de 11 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas a la parte recurrente.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Salvamento de voto
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