Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02341-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02341-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02341-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA NOVENA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2018-02341-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento
de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 19 de
julio de 2017 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
Tema: Causal invocada: - Numeral 7 del artículo 250, del CPACA.
Reiteración de jurisprudencia, la sentencia impugnada no
reconoció una prestación periódica, sino que la reliquidó – no se
configura.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.
Habiendo sido desestimada la ponencia presentada por la magistrada conductora
del proceso y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1,
procede la Sala Novena Especial de Decisión a dictar sentencia en el marco del
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, por intermedio de
apoderado judicial, en el cual se invocó la causal del numeral 7 del artículo 250
del CPACA2 y que pretende que se infirme la sentencia de 19 de julio de 2017,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El señor Guillermo Archila Ramírez, a través de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No.
1
Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
2
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: […] 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida. […]”.
3
M.P. Gabriel Valbuena Hernández, demandante: Guillermo Archila Ramírez, demandado:
Departamento de Cundinamarca, radicado: 25000232500020110115301.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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3181 del 9 de octubre de 2001 y 287 del 2 de abril de 2002, a través de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de
Cundinamarca negó la reliquidación de su pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó el pago de la “cuota parte
pensional” del 75% de la asignación mensual con el reajuste correspondiente a
partir del 30 de julio de 1992, más los sueldos, gastos de representación y primas
de navidad y vacaciones correspondientes.
La demanda se sustentó en los siguientes supuestos fácticos, que se sintetizan
así:
1.1.1. El señor Guillermo Archila Ramírez se desempeñó como diputado en la
asamblea del departamento de Cundinamarca, en el periodo 1966 y 1967.
1.1.2. El Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 7546 de 3 de julio
de 1992, reconoció al señor Archila Ramírez la pensión de jubilación, a partir del
30 de julio de 1992.
1.1.3. El 16 de diciembre de 1999, el señor Archila Ramírez solicitó a la dirección
de Talento Humano del departamento de Cundinamarca, el reconocimiento de la
cuota parte pensional por haber desempeñado el cargo de diputado; petición
resuelta de manera desfavorable mediante las Resoluciones 3181 de 9 de
octubre de 2001 y 287 de 2 de abril de 2002.
El señor Archila Ramírez aludió que la demandada reconoció la cuota parte
pensional a los señores José Cenón Castra Valderrama, Hernando Saquera
Caicedo, Jesús Bulla Forera, Juan Augusto Hernández y Hernando Navarro
Torres, quienes se encontraban en las mismas condiciones fácticas y jurídicas.
Sin embargo, en los actos administrativos objeto de censura, al no reconocerse
la reliquidación pensional, se violaron normas de rango constitucional, legal y
reglamentario, los derechos a la igualdad, al trabajo y los principios de legalidad
y mínimos laborales irrenunciables4.
La parte demandante señaló que en su caso existe un derecho adquirido,
consolidado antes del 23 de diciembre de 1993, amparado por los artículos 58
de la Constitución Política y 146 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, que los actos
demandados estaban viciados de nulidad por falta de aplicación de las
Ordenanzas Departamentales 2 de 1978, 18 de 1977, 11 de 1991, las cuales, en
4
Citó los artículos 2, 4, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 2 de la
Ley 4 de 1992; 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; 16 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la
Ley 700 de 2001; 26 de la Ley 797 de 2003; Acto Legislativo 1 de 2005 y parágrafos transitorios;
el Decreto 2131 de 1948 y las Leyes 171 de 1961, 77 de1988 y 4 de 1976.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
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su criterio, no habían sido derogadas por la Ley 100 de 1993, por lo que debía
ordenarse el reajuste pensional.
1.2. Actuaciones procesales relevantes.
La demanda correspondió por reparto a la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se admitió por auto de 26
de junio de 20125, providencia en la que, igualmente, se ordenó notificar al
gobernador de Cundinamarca y al Ministerio Público 6.
El departamento de Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la demanda
y propuso como excepciones las que denominó: “inconstitucionalidad de las
Ordenanzas invocadas”, por infracción de los literales e) y f) del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política; “inaplicabilidad de las ordenanzas
invocadas” porque son inconstitucionales e ilegales desde su expedición y por
tanto no generan derechos; “cobro de lo no debido” en tanto que los reajustes
pensionales que le corresponden al señor Archila Ramírez son los que
establecieron las Leyes 4 de 1992, 4 de 1976, 71 de 1988 y el Decreto 1160 de
1989 y; “prescripción de las pretendidas mesadas”, por haber transcurrido más
de 3 años para su reclamación.
El 27 de noviembre de 20127, el juez de primera instancia abrió el proceso a
pruebas. Posteriormente, por medio de proveído de 8 de marzo de 20138, se
corrió traslado a las partes para alegatos de conclusión.
1.3. Sentencia de primera instancia.
Finalizada la etapa de alegaciones, la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 30 de mayo de 20139,
en la que negó las súplicas de la demanda.
Para sustentar su decisión, precisó que la competencia para fijar las prestaciones
sociales de los empleados públicos territoriales, tanto en la Constitución de 1886
y de 1991, corresponde privativamente al Congreso, y dichas prestaciones están
previstas en la Ley 6 de 1945, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
5
Índice 9 del trámite de primera instancia del proceso ordinario en el aplicativo SAMAI.
6
Índices 11 y 14 del trámite de primera instancia del proceso ordinario en el aplicativo SAMAI.
7
Índice 23 del trámite de primera instancia del proceso ordinario en el aplicativo SAMAI.
8
Índice 31 del trámite de primera instancia del proceso ordinario en el aplicativo SAMAI.
9
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL – ANEXO - Anexo: ANEXO No1 .pdf (.pdf) Nro
Actua 30”, páginas 3 a 16, del presente trámite de revisión en el aplicativo SAMAI.
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En ese sentido, indicó que le asistía razón al departamento de Cundinamarca al
proponer las excepciones de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las
ordenanzas señaladas en la demanda, porque el demandante no puede
pretender que la pensión que le fue reconocida por el ISS desde el 30 de julio de
1992, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, le sea reliquidada con base
en el régimen prestacional de los diputados y bajo el argumento que, en los casos
que refirió, sí se reajustaron las pensiones de acuerdo con la Ordenanza 2 de
1976.
1.4. Sentencia de segunda instancia.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta corporación profirió sentencia el
del 19 de julio de 201710, en la que resolvió:
“[…] PRIMERO. REVÓCASE la sentencia de 30 de mayo de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las súplicas de la demanda
instaurada por el señor Guillermo Archila Ramírez en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Departamento de
Cundinamarca.
SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 3181 de 9 de octubre de
2001 y de la Resolución 287 de 2 de abril de 2002 a través de las cuales se le negó
al señor Guillermo Archila Ramírez la reliquidación de la pensión de jubilación.
TERCERO. DECLÁRASE probada la excepción de prescripción trienal propuesta
por el Departamento de Cundinamarca con anterioridad al 24 de noviembre de
2008 respecto del reconocimiento pretendido.
CUARTO. ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca. a título de
restablecimiento del derecho, que realice las transferencias presupuestales y las
gestiones interadministrativas pertinentes ante el Instituto de los Seguros Sociales,
que es la entidad pagadora de la pensión jubilatoria, con el fin de que efectúe el
pago de las mesadas mensuales que correspondan a la reliquidación de la pensión
de jubilación en favor del señor Guillermo Archila Ramírez, que corresponde al
75% de la asignación mensual total que correspondía al cargo de diputado.
QUINTO. DÉSE cumplimento a esta sentencia en los términos y condiciones
establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo
[…]”.
Para llegar a la anterior conclusión, la Subsección “A” de la Sección Segunda de
esta corporación, en primer lugar, precisó que “[…] aunque el actor solicita que
se le reconozca y pague la «cuota parte pensional» y que en el curso del proceso
tanto él como el demandado aluden al «reajuste pensional»; en realidad se debe
entender que lo que se pretende con la acción de la referencia, es que la pensión
10
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL – ANEXO - Anexo: ANEXO No1 .pdf (.pdf) Nro
Actua 30”, páginas 18 a 54, del presente trámite de revisión en el aplicativo SAMAI.
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de jubilación que el ISS le reconoció al accionante, sea reliquidada con el
porcentaje establecido por la Ordenanza 2 de 1976 modificada por la Ordenanza
18 de 1977, pues las mismas parten del supuesto de que la pensión jubilatoria
ya esté reconocida, y precisamente en este asunto así lo fue”.
De acuerdo con lo anterior, fijó el siguiente problema jurídico:
“[...] Se contrae a determinar si al demandante le asiste el derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación según lo dispuesto por las Ordenanzas 2
de 1976 y 18 de 1977, con ocasión del desempeño del cargo de diputado de la
Asamblea Departamental de Cundinamarca, en los años 1966 y 1967.”.
El juez ad quem ratificó que en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir de
la Carta de 1991, a las entidades territoriales se les otorgó competencia para
establecer prestaciones sociales a través de acuerdos u ordenanzas.
Seguidamente, explicó que la Asamblea Departamental de Cundinamarca en la
Ordenanza 2 de 1976, en su artículo 2, estableció que la pensión de jubilación
de quien hubiere ejercido en propiedad, y por lapso no inferior a un (1) año las
funciones de diputado de la Asamblea del mismo departamento, por un período
completo por lo menos, sería igual al 75% de la asignación mensual total que
corresponda al respectivo cargo. Y en su artículo 3 prescribió que lo señalado en
la anterior norma, se aplica a quien hubiere sido pensionado con base en la
remuneración de alguno de los cargos mencionados en ese precepto, entre los
que incluyó el de diputado de dicha asamblea y resaltó que la anterior disposición
fue modificada por el artículo 3 de la Ordenanza Departamental 18 de 1977, en
el sentido de ampliarla a quienes hubieran sido pensionados por cualquier
entidad de derecho público.
Igualmente, precisó que los artículos 2, 4 y 5 de la Ordenanza 2 de 1976 y 3 de
la Ordenanza 18 de 1977, fueron declarados nulos por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en sentencia de 14 de octubre de 200411, en consideración a
que la Asamblea Departamental de Cundinamarca excedió sus facultades
legales al expedir dichos actos, pues no le estaba permitido establecer
prestaciones sociales. No obstante, señaló que el legislador había amparado las
situaciones individuales definidas con base en normas territoriales, según lo
ordenado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
11
En la providencia se citó en su pie de página No. 14 “[…] Tribunal de Cundinamarca, Sala de
Descongestión, Subsección D, sentencia de 14 de octubre de 2004, radicado: 3254-01,
magistrado ponente Gustavo Alfonso Jácome Peinado. Esta sentencia reposa en el expediente
(fols. 30 a 42). Se destaca que esta Sección en sentencia de 16 de febrero de 2006, radicado
25000 23 25 000 1988 9266 02, demandante: Esther Elena Mercado Jarava, demandado:
Departamento de Cundinamarca, con ponencia del consejero Tarcisio Cáceres Toro, resolvió
estar a lo resuelto en esta sentencia del tribunal por estar demostrada la excepción de cosa
juzgada. Se informa que el radicado difiere del que se aprecia en el texto del fallo (fols. 116 a
129) […]”.
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Al respecto, indicó que esa Sección12 había considerado que con las referidas
disposiciones “[…] no fue creada una prestación social periódica ni mucho menos
un régimen pensional especial que debiera reconocerse, en tanto que las mismas
únicamente establecieron la posibilidad de mejorar o de aumentar la cuantía de
una pensión ya reconocida, siempre que el jubilado hubiera ejercido en propiedad
el cargo de diputado y por un lapso no inferior a 1 año por un período completo,
casos estos en los cuales se reliquidaría la pensión en la suma equivalente al
75% de la asignación mensual total que corresponda a dicho cargo”.
De acuerdo con lo anterior, explicó que con posterioridad a la expedición de la
Constitución Política de 1991, y teniendo en cuenta que en el nivel territorial
coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento
superior y a la ley y que era necesario salvaguardar los derechos pensionales
consolidados, el legislador decidió avalar las situaciones atípicas que así se
presentaron como una expresión del contenido del artículo 53 ejusdem, en
cuanto a la protección de los derechos adquiridos conforme a disposiciones
normativas preexistentes (artículo 146 de la Ley 100 de 1993), por lo que “[…]
sin lugar a dudas las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con
anterioridad a la Ley 100 de 1993 y con fundamento en disposiciones territoriales
sobre pensiones extralegales, continuarían vigentes […] “.
Así las cosas, señaló que quienes, antes de la entrada en rigor de la Ley 100 de
1993, tuvieran los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos,
tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de
garantizar los derechos adquiridos, “sin consideración a su irregularidad”.
En cuanto al caso concreto, señaló que desde el 3 de julio de 1992 el ISS le
reconoció al señor Archila Ramírez la pensión de jubilación y que en el año 1999,
con ocasión de su labor como diputado en los años 1966 y 1967, solicitó ante el
ente territorial demandado que, por aplicación de las Ordenanzas 2 de 1976 y 18
de 1977 y el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que se le pagara la “cuota parte
pensional” y precisó que “[…] la anterior petición de ninguna manera se puede
entender que hace referencia al pago de una cuota parte pensional, porque de lo
que se trata es de una solicitud de reliquidación de la pensión jubilatoria que ya
había sido reconocida; en atención a que esta Sección ya estableció, que las
12
En la providencia se citó en su pie de página No. 15 “[…] Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de 26 de junio de 2008, radicado 1049-2007, demandante: Gloria Pinto Pacheco,
consejero ponente Alfonso Vargas Rincón; sentencia de 23 de abril de 2011, radicado 1463-2011,
demandante: Servio Tulio Ruiz, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila. Respecto a
esta última sentencia se precisa, que en ella se consideró que el actor debió agotar previamente
la vía gubernativa ante el Instituto de Seguros Sociales, pero en la presente decisión no se tiene
en cuenta este aspecto, pues tal discusión ya fue zanjada por el a quo al momento de admitir la
demanda, como se observa a folio 164 y tampoco fue objeto de la alzada interpuesta por el actor,
quien en su calidad de apelante único es favorecido por el principio de la no reformatio in pejus.
[…]”.
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disposiciones ordenanzales invocadas no crearon un régimen pensional de
carácter especial ni una prestación social periódica, solo la posibilidad de
acrecentar la pensión de jubilación ya decretada”.
Explicó que, “[…] si bien las ordenanzas habilitaron la posibilidad de que el
jubilado obtuviera el derecho a la reliquidación de su pensión en el 75% de la
asignación mensual, por haber desempeñado el cargo de diputado de la
Asamblea Departamental de Cundinamarca en propiedad; no se puede perder
de vista, que además era necesario que dicho empleo lo ejerciera por lo menos
por un año y por «periodo completo».
Y en este caso es evidente que, tal como fue certificado por el presidente de la
Asamblea de Cundinamarca, el demandante en el año 1966 compereció (sic) a
las sesiones del mes de octubre y del mes de noviembre, así mismo en el año
1967 asistió en el mes de octubre y en el mes de noviembre; es decir, que al
asistir en el periodo de 2 años para el que fue elegido a las sesiones ordinarias
que únicamente se celebraban por dos meses en el año, esto es en octubre y
noviembre, cumplió con el presupuesto de tiempo de labor de un año y por
periodo completo que fue establecido ordenanzalmente para tener derecho a la
reliquidación pensional.
Como de acuerdo con lo ordenado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, se
deben avalar las situaciones atípicas que generaron derechos adquiridos
conforme a disposiciones territoriales preexistentes alusivas a las prestaciones
extralegales contrarias al ordenamiento superior y a la ley, claramente se
encuentra habilitado el reconocimiento del derecho que el actor ahora depreca.”
Concluyó “[…] Así las cosas, la sentencia objeto de apelación deberá ser
revocada, en atención a que el accionante sí es beneficiario, por el lapso en que
estuvo vigente, del régimen ordenanzal que invocó, pues está probado que
cumplió con el tiempo completo de servicio en el cargo de diputado establecido
en el mismo, que le genera el derecho a la reliquidación de su pensión de
jubilación en el 75% de la asignación mensual total que correspondía a dicho
empleo, con los correspondientes ajustes legales [...]”.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. Demanda.
El 13 de julio de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
departamento de Cundinamarca presentó recurso extraordinario de revisión en
donde invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
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contra la sentencia de 19 de julio de 2017, proferida por la Subsección “A” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado13.
2.2. Actuaciones procesales relevantes.
2.2.1. Manifestación de impedimento.
El proceso fue asignado al despacho del magistrado Gabriel Valbuena
Hernández que, mediante escrito del 16 de octubre de 2018, se declaró impedido
para conocer de este asunto, por haber participado y suscrito la providencia
objeto de recurso extraordinario de revisión14.
A través de auto del 4 de junio de 2019, esta Sala Especial de Decisión declaró
fundada la manifestación de impedimento planteada por el doctor Valbuena
Hernández y, como consecuencia de ello, lo separó del conocimiento del
proceso, correspondiendo por nuevo reparto a la magistrada Marta Nubia
Velásquez Rico15.
2.2.2. Auto inadmisorio de la demanda.
Por medio de providencia del 9 de septiembre de 2019, se inadmitió la demanda
para que la parte recurrente sustentara la causal de revisión invocada y aportara
el poder conferido al abogado que indicó representarla16.
El 17 de septiembre de 201917, la entidad recurrente presentó escrito de
subsanación en el que indicó que sustentaba la causal de revisión establecida en
el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en el hecho que la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta corporación al dictar la sentencia
recurrida desconoció el principio de congruencia, toda vez que no expuso la
argumentación, razonamientos constitucionales, legales, de equidad y
doctrinarios para fundamentar su decisión.
13
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 7 a 20, del presente trámite de
revisión en el aplicativo SAMAI.
14
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 207 y 208, del presente trámite
de revisión en el aplicativo SAMAI.
15
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 210 a 218, del presente trámite
de revisión en el aplicativo SAMAI.
16
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 228 a 231, del presente trámite
de revisión en el aplicativo SAMAI.
17
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 236 a 254, del presente trámite
de revisión en el aplicativo SAMAI.
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Igualmente, propuso la causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo
250 del CPACA, por considerar que el señor Guillermo Archila Ramírez “[...] no
tiene la aptitud legal o derecho necesario para ser beneficiario de la Ordenanza
002 de 1976 ni de la Ordenanza 18 de 1977 [...]”. Argumentó que la sentencia de
segunda instancia que se controvierte se profirió con base en elementos jurídicos
declarados nulos e ilegales y, además, desconoció que los actos administrativos
que sustentaron el reconocimiento de las prestaciones objeto de la litis habían
sido anulados a través de la sentencia de 14 de octubre de 2004, emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se encontraba en firme.
En ese sentido, sostuvo “[…] En cuanto a la vigencia y aplicabilidad de la
Ordenanza 002 de 1976 y de la Ordenanza 18 de 1977, se advierte que como
para la fecha de presentación de la demanda el 29 de noviembre de 2011, ya
había sido declarada su nulidad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante Sentencia del 14 de octubre de 2004, se estaba frente a una situación
consolidada, dicha providencia incide en las situaciones que se encuentran en
discusión ante las autoridades administrativas (como ocurre en el caso que nos
ocupa) o jurisdiccionales, por lo que se concluye que ante la declaratoria de
nulidad de las mencionadas disposiciones la aplicación de las mismas carece de
sustento jurídico. Sentencia que tiene efectos erga omnes por lo que el señor
ARCHILA RAMÍREZ no puede pedir que regresen al ordenamiento jurídico
dichas ordenanzas”18.
Finalmente, aportó el poder otorgado al abogado Pablo Enrique Murcia Barón,
para que la representara judicialmente en el presente trámite19.
2.2.3 Auto admisorio de la demanda.
Por medio de auto dictado el 19 de marzo de 202020, se admitió la demanda, pero
solo respecto de la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA,
al encontrarla debidamente sustentada.
18
Adicionalmente, la parte recurrente citó como apoyo de sus argumentos la sentencia del 19 de
enero de 2001, proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, expediente 05001-23-24-000-1997-0213-01, M.P. Daniel Manrique Guzmán
y la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente 73001-23-31-000-2008-00665-
01, M.P. William Giraldo Giraldo.
19
Poder otorgado por la directora general de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las previsiones de la Resolución No. 0070 de
13 de enero del 2020 y en ejercicio de la función delegada por el Decreto No. 0261 de 03 de
agosto de 2012. Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL -
Cuaderno: 2018-02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 256 a 269, del
presente trámite de revisión en el aplicativo SAMAI.
20
Índice 30, archivo .pdf “EXPEDIENTE DIGITAL - CUADERNO PRINCIPAL - Cuaderno: 2018-
02341-00 R.E.R. CUAD. PPAL.pdf(.pdf) NroActua 30”, páginas 296 a 305, del presente trámite
de revisión en el aplicativo SAMAI.
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9
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
Al respecto, se indicó que, si bien en la demanda se invocó la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 ibídem, los supuestos fácticos que señaló la
recurrente no se adecuaron a las causales previstas en el artículo 133 del Código
General del Proceso, ni en el instituido en el artículo 29 de la Constitución Política,
razón por la cual no se sustentó en debida forma.
Asimismo, en la referida providencia, se indicó que el recurso se había
interpuesto oportunamente, en atención a las previsiones del artículo 251 del
CPACA.
Finalmente, en atención a que al plenario se allegó el poder otorgado por la
directora general de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
departamento de Cundinamarca al abogado Pablo Enrique Murcia Barón, se
concluyó que se cumplieron los presupuestos requeridos para tener al
mencionado profesional de derecho como apoderado de la recurrente21.
La referida providencia se ordenó notificar por estado a la parte recurrente y
personalmente al señor Guillermo Archila Ramírez y al agente del Ministerio
Público, notificaciones que se surtieron en legal forma y con posterioridad, se
realizó el correspondiente traslado, según las constancias obrantes en el
expediente22.
2.2.4. Intervenciones.
Por medio de memorial radicado a través de correo electrónico, remitido el 1 de
septiembre de 2020, la señora María Claudia Archila Montaña, hija del señor
Guillermo Archila Ramírez – extremo pasivo, quien actúa a nombre propio en su
calidad de abogada, presentó escrito de oposición al recurso extraordinario de
revisión formulado frente a la causal prescrita en el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA.
En primer término, señaló que el fallo materia de impugnación “[...] no tuvo como
objeto declarar o rechazar una pensión de jubilación (prestación periódica). El
punto central de la sentencia fue la reliquidación de la pensión de jubilación ya
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales al doctor Archila Ramírez [...]”.
21
En la referida providencia a pesar de haberse reconocido personería para actuar como
apoderado de la recurrente al doctor Pablo Enrique Murcia Barón, aquel había manifestado que
renunciaba al poder conferido, según memorial “obrante a folio 142”. No obstante, como no aportó
constancia de comunicación de esa situación a la entidad como lo exige el inciso 4 del artículo 76
del CGP, se le requirió para que allegara copia de dicho documento, lo cual no realizó, sino que
posteriormente presentó nuevo poder, con fecha de 25 de febrero de 2020, índice 36 y se le
reconoció personería para actuar como apoderado de la recurrente por auto de 3 de diciembre
de 2020, índice 44.
22
Índices 33 a 35 y 39 del presente trámite de revisión en SAMAI.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
Afirmó que “[...] si el objeto de la sentencia, como se ha demostrado, no fue el
reconocimiento de la pensión de jubilación sino la reliquidación de la pensión ya
reconocida, dicha sentencia no puede ser revisada con base en la causal
establecida en el numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. La
mencionada causal resulta improcedente e inaplicable frente a la sentencia
proferida por el honorable Consejo de Estado el 19 de julio de 2017 y por lo mismo
el recurso extraordinario de revisión promovido por el apoderado de la accionante
debe ser rechazado por la Sala Especial de Decisión que conoce este recurso
[...]”.
En consecuencia, solicitó que se rechazara la demanda de revisión interpuesta,
porque “[...] los motivos invocados por el accionante no encuentran aplicación
[...]” y, además, porque la sentencia cuestionada “[...] no vulneró el debido
proceso y está ajustada a derecho [...]”.
Posteriormente, mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 23, la
referida abogada envió la escritura pública No. 3.771 otorgada el 27 de diciembre
de 2018 ante la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, contentiva del trabajo de
partición y adjudicación de bienes en la sucesión del señor Guillermo Archila
Ramírez, con el fin de acreditar su condición de hija legítima y demostrar su
“interés jurídico” en el presente proceso.
Por medio de auto del 3 de diciembre de 202024, se le requirió para que allegara
copia del registro civil de defunción del señor Guillermo Archila Ramírez.
A través de correo electrónico del 9 de diciembre de 202025, se aportó copia del
registro civil de defunción, con indicativo serial 09482818, expedido en la Notaría
21 del Círculo de Bogotá.
Por auto de 15 de junio de 2021: i) se ordenó la citación de los señores Alejandro
Archila Montaña y Guillermo Archila Montaña (también hijos del señor
Guillermo Archila Ramírez), en calidad de litisconsortes necesarios de la parte
demandada, ii) se requirió a la recurrente y a la señora María Claudia Archila
Montaña para que suministraran las direcciones electrónicas o físicas de los
referidos litisconsortes y iii) que una vez cumplido lo anterior, se les notificara
personalmente el auto admisorio del recurso extraordinario de revisión así como
también se les corriera traslado de la demanda de revisión.
23
Índice 42 del presente trámite de revisión en SAMAI.
24
Índice 44 del presente trámite de revisión en SAMAI. Esta decisión se notificó mediante mensaje
de datos enviado el 9 de diciembre de 2020, índice 48.
25
Índice 49 del presente trámite de revisión en SAMAI.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
2.2.5. Los señores Guillermo Archila Montaña y Alejandro Archila Montaña -
litisconsortes necesarios por pasiva - guardaron silencio respecto de la demanda
de revisión interpuesta26.
2.2.6. Concepto del Ministerio Público.
El Ministerio Público no emitió concepto, guardó silencio.
2.2.7. Auto de pruebas.
Por medio de auto de 3 de agosto de 202127, se dispuso tener como pruebas los
documentos aportados con la demanda28 y se decretó la prueba documental
solicitada por la parte recurrente, razón por la cual se ordenó que, a través de la
Secretaría General de esta corporación, se librara comunicación a la Secretaría
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
remitiera constancia de ejecutoria y copia digital de la sentencia proferida el 14
de octubre de 2004 en el expediente identificado con el No. 3254-0129.
2.2.8. Otras actuaciones procesales.
Mediante providencia de 14 de diciembre de 202130, se ordenó designar como
conjuez a un magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el
propósito de reemplazar al doctor Gabriel Valbuena Hernández31 y, de esa
manera, integrar el quorum decisorio de la Sala Novena Especial de Decisión. La
diligencia de sorteo se realizó el 15 de ese mes y año, en la cual resultó elegido
el magistrado Dr. William Hernández Gómez32.
26
Los referidos litisconsortes se notificaron a las direcciones electrónicas que informó la señora
María Claudia Archila Montaña y se les corrió el respectivo traslado de la demanda, como consta
en la documental obrante en los índices 59 y 60 del presente trámite en SAMAI.
27
Índice 62 del presente trámite de revisión en SAMAI.
28
Esto es, las correspondientes al acápite de pruebas de la demanda:
“[…]
1. Resolución N° 3181 del 9 de Octubre de 2001.
2. Resolución N° 287 del 2 de Abril de 2002.
3. Decreto Ordenanzal número 03938 de noviembre 7 de 1991.
4. Decreto Ordenanzal número 00613 de marzo 4 de 1992.
5. Sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - subsección B - Expediente 2011-01153.
6. Sentencia proferida por el] CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, el día 19 de julio de 2017.
7. Ordenanza 002 de 1976.
8. Ordenanza 18 de 1977.
9. Sentencia del 14 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - subsección B- expediente 2001-34284. […]”.
29
De las referidas pruebas se realizó su traslado por medio de fijación en lista, como consta en
los índices 68 y 83 del presente trámite de revisión en SAMAI.
30
Índice 85 del presente trámite de revisión en SAMAI.
31
A quien se le declaró fundado su impedimento a través de auto de 4 de junio de 2019.
32
Índices 88 y 89 del presente trámite de revisión en SAMAI.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
Por auto de 4 de febrero de 202233, la magistrada Dra. Marta Nubia Velásquez
Rico remitió a este despacho34 la presente actuación, al no haber sido acogida
por los magistrados que conforman la Sala Novena Especial de Decisión la
ponencia, que se presentó en sesión de 18 de enero de 2022.
Al respecto, el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, Reglamento Interno del
Consejo de Estado, dispone:
“ARTÍCULO 50.- REGLAS PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS EN LA SALA
PLENA CONTENCIOSA. El estudio de proyectos en la Sala Plena Contenciosa
se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
6. Nuevo proyecto. En caso de no ser aprobado el proyecto, el expediente pasará
inmediatamente en el orden alfabético de apellidos de los miembros de la Sala, al
consejero que comparta la posición mayoritaria, quien redactará el nuevo proyecto
con prioridad y lo someterá a discusión y aprobación”.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia.
De acuerdo con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de
Estado es competente para conocer la demanda de revisión contra la sentencia
proferida el 19 de julio de 2017, en segunda instancia, por la Subsección “A” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
33
Índice 91 del presente trámite de revisión en SAMAI.
34
El proceso se puso a disposición de este despacho el 7 de febrero de 2022, como consta en el
índice 95 de SAMAI.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
restablecimiento del derecho que el señor Guillermo Archila Ramírez, por medio
de apoderado judicial, presentó contra la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del departamento de Cundinamarca.
3.2. Oportunidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA, la demanda de
revisión que se fundamenta en la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250
del CPACA “[...] deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso”.
En el presente caso la demanda fue presentada dentro del término establecido ,
toda vez que la sentencia que se pretende infirmar fue dictada el 19 de julio de
2017, por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
notificada por edicto que se fijó el 11 de agosto de 2017 y se desfijó el 15 del
mismo mes y año35, de tal manera que cobró ejecutoria el 18 de ese mes y
anualidad, de acuerdo con las previsiones del artículo 302 del CGP36, y la
demanda de revisión fue interpuesta el 13 de julio de 2018, por ende, no alcanzó
a transcurrir el año al cual se refiere la norma aplicable al caso.
3.3. Legitimación en la causa.
En punto a este presupuesto procesal, considera la Sala que la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca está
legitimada en la causa por activa, toda vez que fue el extremo pasivo y la entidad
que resultó condenada en la sentencia de 19 de julio de 2017, que puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000232500020110115301.
Igualmente, los señores María Claudia, Alejandro y Guillermo Archila Montaña,
por pasiva, en su condición de herederos del señor Guillermo Archila Ramírez y
que fueron vinculados al proceso en condición de litisconsortes necesarios, toda
vez que fue el demandante en el proceso en el que se dictó la sentencia objeto
del recurso extraordinario de revisión.
35
Según el índice 19 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 25000232500020110115301 - SAMAI.
36
“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una
vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.“.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
3.4. Problema jurídico.
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada el 19 de julio de 2017, por la Subsección “A” de la Segunda del Consejo
de Estado, que revocó la providencia de 30 de mayo de 2013 de la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que,
en su lugar, accedió a las súplicas de la demanda del señor Guillermo Archila
Ramírez.
En consecuencia, se deberá establecer si en el caso concreto se configura la
causal de revisión referida a no tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida (art. 250.7 CPACA), por
cuanto la sentencia que se controvierte se profirió con base en elementos
jurídicos declarados nulos e ilegales y desconoció que los actos administrativos
que sustentaron el reconocimiento de las prestaciones objeto de la litis habían
sido anulados a través de la sentencia de 14 de octubre de 2004 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual se encontraba en firme.
3.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión37.
El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia,
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por decisiones injustas.
Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su
ámbito de acción está restringido a las causales previstas por el legislador, las
cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA, y en
síntesis se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
37
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de
2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995,
Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037;
Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de
15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-
00231-00, Actor: Víctor Daniel Viveros Villegas.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso
la violación al debido proceso, y se trata de causales que no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta corporación, “No es un recurso que proceda por violación de la
ley”38. En otras palabras, “el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia.”39.
Las sentencias susceptibles del recurso a voces del artículo 248 del CPACA
son “[…] las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”.
En suma, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta corporación, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
3.4.2. La causal de revisión consistente en no tener la persona en cuyo favor
se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
Previo a abordar el análisis del recurso extraordinario de la referencia, la Sala
debe precisar que el estudio de este asunto únicamente se realizará en relación
con la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, toda vez que,
como se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia: i) la demanda
de revisión se inadmitió respecto de la causal señalada en el numeral 5 ejusdem
y, además, ii) dicha decisión no fue impugnada por el ente público recurrente.
De acuerdo con lo señalado en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, puede
demandarse la revisión por “no tener la persona en cuyo favor se decretó una
38
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 3, sentencia de 4 de agosto de 2021.
Radicado. 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, Radicado 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida” (negrilla de la Sala).
En relación con la causal de revisión previamente transcrita, la Sala Cuarta
Especial de Decisión40 delimitó su marco de interpretación y configuración en los
siguientes términos:
“[...] El entendimiento que ha de darse a esta causal y por lo mismo al término
de oportunidad para su ejercicio representa que al momento de la presentación
del recurso se examine: i) que la sentencia que se acusa, declaró el
reconocimiento de una pensión, ii) excluye decisiones cuando el objeto de
análisis en el proceso ordinario recayó en cuestiones diferentes al
reconocimiento del derecho, tales como reliquidaciones, factores dejados
de incluir u otros aspectos que conciernen con su monto y iii) cuando las
razones que se invoquen para explicar la pérdida del derecho se verifique con
posterioridad a la expedición de la sentencia, se debe manifestar [...]” (destaca la
Sala).
Asimismo, en lo relativo a los elementos estructurantes41 de la causal en
comento, se ha considerado lo siguiente:
“[...] En ese orden, se tiene que los elementos estructurantes de esta causal
son:
• Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete o
reconozca a favor de determinada persona una pensión periódica, de las
cuales cabe mencionar las de jubilación, de vejez, de invalidez, de
sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública,
principalmente.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias
que niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los
concernientes a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general,
modificación o discusión de su monto42.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
No. 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicado No. 11001-03-15-000-2016-03414-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
41
Este pronunciamiento jurisprudencial analizó los elementos estructurantes de la causal de
revisión establecida el artículo 188-4 del CCA. Si bien es cierto que dicha norma no es la aplicable
en este caso, lo cierto es que el estudio que se efectuó respecto de dicha disposición es extensible
al artículo 250-7 del CPACA, puesto que ambas prescripciones guardan identidad en su contenido
• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de diciembre
de 2010, radicado No. 11001-03-15-000-2005-00297-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
42
En la providencia se citó en su pie de página No. 1 “No puede confundirse la aptitud legal
necesaria o titularidad para gozar de una pensión con el derecho a cualquier reajuste de su
cuantía, precisamente porque las causales de revisión son excepciones al principio de la cosa
juzgada que ampara a las sentencias ejecutoriadas y, por lo mismo, no pueden interpretarse con
amplitud para intentar cobijar con ellas cualquier error judicial por ostensible que sea”, se dice en
sentencia de 4 de junio de 1991, expediente 3920, Sección Segunda, consejero ponente doctor
Joaquín Barreto Ruiz.”.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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• Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la “aptitud legal” para
acceder al derecho de gozar de esa pensión periódica, siendo tal aptitud la
situación jurídica necesaria para que surja la condición o status de pensionado en
quien pidió su reconocimiento. La norma no habla de aptitud física, fisiológica o
mental que esgrime el oponente a este recurso, sino de una aptitud de carácter
legal, es decir, la que surge del ordenamiento jurídico y no del ámbito funcional en
que semánticamente se ubica la mayoría de las acepciones gramaticales del
vocablo aptitud [...]” (énfasis añadido por esta Sala).
Recientemente, la Sección Segunda de esta corporación43, especializada en la
materia, explicó y profundizó el análisis de la siguiente forma:
“[…] 1. En cuanto al carácter de la prestación decretada: Sea lo primero advertir
que la causal señalada por el artículo 250 numeral 7 del CPACA no se refiere
únicamente a pensiones, como lo hacía el artículo 188 numeral 4 del CCA, sino
que se extiende a prestaciones periódicas. Tal concepto resulta más amplio que
el contenido en la normativa anterior. En efecto, este incluye tanto pensiones como
otro tipo de erogaciones.
Respecto de las primeras, conviene precisar que se trata de las pensiones de
jubilación, vejez, invalidez, sustitución, y la asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública. En lo relativo a las segundas, esta Subsección sostuvo que:
«se extiende a las demás prestaciones sociales o salariales de carácter periódico
que provengan de una relación laboral vigente, por lo que incluso cabrían las
prestaciones periódicas de carácter no laboral ordenadas en la sentencia, como,
por ejemplo, el pago de una indemnización por estamentos o el reconocimiento de
un lucro cesante en las mismas condiciones, en virtud de un contrato de prestación
de servicios incumplido»44.
Sobre este punto, debe aclararse que están exceptuadas de esta causal las
sentencias que niegan dicha clase de prestaciones periódicas y las que
resuelvan sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, tal es el caso de
la reliquidación por inclusión de factores o en general, por la discusión del
monto en sí.
2. En cuanto a la aptitud legal: En este apartado, debe tenerse en cuenta que el
punto de discusión de la sentencia cuya revisión se pide debe entenderse como
el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa pertinente, que dan
lugar al nacimiento de un derecho económico. Dicho de otra manera, es la
situación jurídica en que se debe encontrar una persona, con ocasión de la
concurrencia de los supuestos legales señalados en la regulación que le es
aplicable, para ser titular de la prestación periódica reconocida mediante
sentencia. Los supuestos señalados por la norma pueden sintetizarse así:
43
Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección "A", M.P William Hernández Gómez,
sentencia de 18 de noviembre de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2018-01169-00(4045-18),
demandante: UGPP, demandados Lucy Graciela Orobio Moreno y Carlos Andrés Salas Orobio y
sentencia y sentencia de 29 de octubre de 2020, radicación 11001-03-25-000-2015-00138-
00(0287-15), demandante Universidad de Cundinamarca, demandado Carlos Arturo León
Morales.
44
En la providencia de 18 de noviembre de 2020, M.P. William Hernández Gómez, radicación:
11001-03-25-000-2018-01169-00 se citó en su pie de página No. 27 “Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2016-
00422-00(1930-16), demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación.”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a
quien no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal
por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez
y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida
laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. (énfasis
añadido por esta Sala).
Con fundamento en lo expuesto, procede la Sala a estudiar los argumentos del
recurso extraordinario de revisión propuesto en el presente caso.
3.4.3. El caso concreto.
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 19 de julio de
2017, por la Subsección “A” de la Segunda del Consejo de Estado, por considerar
que se fundamentó en elementos jurídicos declarados nulos e ilegales, por lo que
está incursa en las previsiones del numeral 7 del artículo 250 del CPACA.
No obstante, de conformidad con la postura jurisprudencial citada en el acápite
anterior, en el caso concreto, esta Sala Especial de Decisión observa que la
sentencia objeto de impugnación no es de aquellas susceptibles de ser
cuestionadas a través de la causal de revisión invocada, porque el fallo objeto de
debate fue claro al fijar que el problema jurídico a resolver, esto es, determinar si
al señor Guillermo Archila Ramírez le asistía o no el derecho a que su pensión
de jubilación fuese reliquidada, de conformidad con lo dispuesto en las
Ordenanzas Departamentales 2 de 1976 y 18 de 1977.
En ese orden de ideas, la providencia que se pretende infirmar precisó que el
proceso que promovió el señor Guillermo Archila Ramírez tenía por objeto la
reliquidación de su pensión de jubilación, la cual ya había reconocido el
Instituto de Seguros Sociales45.
Igualmente, la Subsección “A” de la Segunda del Consejo de Estado, al abordar
el fondo del asunto, fue específica al determinar que la solicitud de 16 de
diciembre de 1999, presentada por el señor Archila Ramírez ante la dirección de
Talento Humano del departamento de Cundinamarca y que fue resuelta de
manera desfavorable mediante los actos administrativos cuya legalidad se
controvirtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho “[…] de
ninguna manera se puede entender que hace referencia al pago de una cuota
parte pensional, porque de lo que se trata es de una solicitud de reliquidación de
45
La pensión de jubilación del señor Guillermo Archila Ramírez fue reconocida a través de la
Resolución 7546 del 3 de julio de 1992, acto administrativo expedido por el Instituto de Seguros
Sociales.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
la pensión jubilatoria que ya había sido reconocida; en atención a que esta
Sección ya estableció, que las disposiciones ordenanzales invocadas no crearon
un régimen pensional de carácter especial ni una prestación social periódica, solo
la posibilidad de acrecentar la pensión de jubilación ya decretada”.
Así las cosas, para la Sala es evidente que la sentencia de segunda instancia no
decretó una prestación periódica en favor del señor Guillermo Archila Ramírez,
toda vez que, se reitera, la providencia definió sobre la reliquidación de la
pensión, por lo que no puede prosperar la causal invocada en la demanda de
revisión.
3.4.4. Conclusión.
En atención a que esta Sala Especial de Decisión no encontró acreditada la
causal 7 de revisión prevista en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto
no concurren los requisitos necesarios para su configuración, el recurso no
prospera y se declarará infundado.
3.4.5. Costas.
En primer lugar, debe recordarse que por costas procesales se entiende
aquellos gastos necesarios o útiles que se deben sufragar en el proceso, y de
acuerdo con el artículo 361 del Código General del Proceso 46, comprenden: i)
los gastos o expensas del proceso47, que son aquellas erogaciones distintas
al pago de honorarios de abogados, dentro de las que se enlistan, los gastos
ordinarios y otros, como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación,
registros, pólizas, copias, certificaciones, notificaciones, etc. y ii) las agencias
en derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento
dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte
vencedora –y no de su representante judicial- conforme a los criterios
establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, y no corresponde
a los honorarios efectivamente pagados por dicha parte a su apoderado48.
Ahora bien, en materia contencioso administrativa la Sala advierte, que la Ley
1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas en el marco del
recurso extraordinario de revisión. No obstante, la Ley 2080 de 2021 por medio
46
En adelante CGP.
47
El artículo 364 del CGP establece las reglas para el pago de las expensas.
48
Corte Constitucional, sentencia C- 539 de 28 de julio de 1999 y sentencia C-043 de 27 de enero
de 2004. En este mismo sentido puede consultarse, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, radicación: 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
de su artículo 70, modificó el artículo 255 del CPACA y dispuso que “si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
Por lo anterior, resulta pertinente hacer una breve mención al desarrollo
normativo de la condena en costas en el procedimiento contencioso
administrativo, para dilucidar su alcance y definir si en el presente recurso
extraordinario de revisión que se declarará infundado frente a la causal alegada
por la entidad recurrente, procede o no la condena en costas. En lo contencioso
administrativo las costas procesales se han regulado de la siguiente manera:
Decreto 01 de Ley 446 de 1998- Sentencia Ley 1437 de Ley 2080 de 2021
1984 – Criterio Criterio subjetivo- C-043 de 200449 2011- Criterio
objetivo- Conducta procesal Objetivo /
de las partes- valorativo
ARTÍCULO 171. ARTÍCULO 55. La Corte ARTÍCULO 188. ARTÍCULO 47.
En todos los CONDENA EN Constitucional a CONDENA EN Adiciónese el
procesos, con COSTAS. El partir de la COSTAS. Salvo siguiente inciso al
excepción de los artículo 171 del jurisprudencia de en los procesos artículo 188 de la
de nulidad y de Código Contencioso esta corporación en que se ventile Ley 1437 de 2011:
los electorales Administrativo, indicó que el un interés público,
habrá condena quedará así: artículo 171 del la sentencia “En todo caso, la
en costas para el CCA, modificado dispondrá sobre la sentencia
litigante "Artículo 171. por el artículo 55 de condena en dispondrá sobre la
particular Condena en costas. la Ley 446 de 1998, costas, cuya condena en costas
vencido en el En todos los norma especial y liquidación y cuando se
proceso, procesos, con por tanto de ejecución se establezca que se
incidente o excepción de las aplicación regirán por las presentó la
recurso, en los acciones públicas, el preferente, es muy normas del demanda con
términos del Juez, teniendo en clara en cuanto Código de manifiesta carencia
artículo 392 del cuenta la conducta establece un factor Procedimiento de fundamento
Código de asumida por las subjetivo en la Civil. legal.”
Procedimiento partes, determinación de la
Civil. podrá condenar en responsabilidad de Según la norma: ARTÍCULO 70.
costas a la vencida las partes por el Modifíquese el
La norma fijaba en el proceso, reembolso de las i) Se retomó el artículo 255 de la
un criterio incidente o recurso, costas judiciales. criterio objetivo y Ley 1437 de 2011,
objetivo para en los términos del se abandona el el cual quedará así:
imponer la Código de La norma, se dijo, elemento
condena en Procedimiento Civil.". introdujo un factor subjetivo o “ARTÍCULO 255.
costas, con de discrecionalidad conductual de los Sentencia. […]
excepción de los El aparte subrayado del juez, más no de sujetos
procesos de fue declarado arbitrariedad. La ley procesales. Si se declara
nulidad y exequible por la deja a la infundado el
electorales, pero Corte Constitucional apreciación judicial ii) Se fija una regla recurso, se
solo en contra en sentencia C-043 la evaluación de la general según la condenará en
del litigante de 2004. conducta asumida cual en la costas y perjuicios
particular por las partes. sentencia se al recurrente.”
vencido. La norma posibilita dispondrá de la
imponer la condena condena en El artículo 255 de la
en costas a la parte costas, Ley 1437 de 2011,
vencida en el independienteme modificado por el
49
Expediente D-4695 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
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proceso, incidente o nte de la conducta artículo 70 de la Ley
recurso, bajo un de las partes. 2080 de 2021, es
criterio de igualdad, de aplicación
pero en iii) Se establece preferente dado
consideración a la una excepción que es una
conducta asumida que corresponde disposición especial
por la parte. a aquellos en materia de
procesos en los costas en el recurso
Son dos las que se ventile un extraordinario de
modificaciones que interés público, revisión.
introdujo: los que han sido
definidos por la
i) se autoriza la jurisprudencia de
condena no solo para esta corporación,
el litigante particular como los relativos
vencido en el a las “acciones
proceso, incidente o públicas,
recurso, sino que contencioso
posibilita dicha objetivo o de mera
condena para la constitucionalidad
entidad pública y/o legalidad”51.
vencida;
iv) La norma
ii) exige una realizó una
valoración de la integración
conducta reprochable normativa con las
atribuible a la parte disposiciones del
vencida. Código General
del Proceso-Ley
La dificultad que 1564 de 2012-,
advirtió la particularmente
jurisprudencia en con los artículos
punto de la aplicación 365 y 366 que
de esta norma se establecen reglas
evidenció en la sobre la condena
cláusula abierta o y liquidación de
“concepto jurídico las costas.
indeterminado” en
ella contenida que no
facultaba al juez para
decidir a su arbitrio
sobre la existencia
material de la
conducta procesal,
“sino para revolver en
frente de una
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera-Subsección B-
Sentencia de 11 de octubre de 2021. Número de radicación: 11001-03-26-000-2019-00011-00
(63.217). M.P Fredy Hernando Ibarra Martínez. La Sala precisó “[…] la única forma de imprimirle
un efecto útil y eficacia real a la norma es equiparar “interés público” a “medios de control públicos”
(v.gr. nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros). // En esa
perspectiva en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen intereses particulares
o individuales de las entidades públicas o de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad
y restablecimiento; controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros)
procederá la condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite la disposición.
[…]”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
actuación claramente
verificable, cuando
ella amerita la
condena al
reembolso de los
gastos hechos por la
parte favorecida con
el juicio, incidente o
recurso, en
consideración a los
fines de esa facultad
discrecional”50.
Precisado lo anterior y descendiendo al caso concreto, se impone resolver si en
el presente recurso extraordinario de revisión procede o no la condena en costas
con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dado que era la
normativa vigente para la fecha de presentación del recurso.
En efecto, al respecto es importante señalar que el artículo 86 de Ley 2080 de
2021, relativo a su vigencia, indica que las reformas procesales allí establecidas,
prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de
su publicación -25 de enero de 2021-. Sin embargo, en su inciso cuarto establece
que:
“[…] En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones.”.
En este orden de ideas en atención a que el recurso extraordinario de revisión se
presentó el 13 de julio de 2018, - a través de una nueva demanda- para la Sala
no es aplicable al presente asunto la modificación introducida por la Ley 2080 de
2021 al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, aunado al hecho que los sujetos
procesales tenían una expectativa legítima relacionada con la forma en que se
regulan las costas porque, para julio de 2018, no se encontraba vigente la Ley
2080 de 2021, que expresamente estableció que si se declara infundado el
recurso, el juez condenará en costas y perjuicios al recurrente.
Lo anterior implica que, se debe acudir a la regla general prevista en el artículo
188 del CPACA, según la cual, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil, particularmente por las previsiones del artículo 365,
numerales 1 y 8 ejusdem, que disponen: “1. Se condenará en costas a la parte
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18
de febrero de 1999. Radicación número: CE-SEC3-EXP1999-N10775 M.P Ricardo Hoyos Duque.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
Así las cosas, bajo este marco normativo es importante recordar que esta
corporación ha aplicado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas,
por un lado objetivo porque es resultado de la derrota en el proceso, incidente o
recurso propuesto y, a la vez, valorativo, porque se requiere que el juez revise
si las costas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado realizada
efectivamente dentro del proceso52.
Bajo esta línea, la Sala Especial de Decisión considera que en el presente caso
es procedente la condena en costas a cargo de la entidad recurrente, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, en armonía con el artículo 365 del
CGP, por las siguientes razones:
i) El asunto no es de aquellos exceptuados por la norma, en tanto, el presente
recurso extraordinario de revisión, estatuido como mecanismo excepcional contra
la inmutabilidad de la cosa juzgada, no corresponde a aquellos “medios de control
públicos” o contenciosos objetivos de legalidad a los que se ha referido la
jurisprudencia para entender la expresión “procesos en que se ventile un interés
público” utilizada en el artículo 188 del CPACA.
En este sentido debe resaltarse que, el recurso extraordinario de revisión
regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, tiene por finalidad
enmendar o corregir los errores o ilicitudes de una sentencia contraria a derecho,
y en el caso concreto, la demanda de revisión se sustentó en la causal prevista
en el numeral 7 del artículo 250 ejusdem, con el propósito de cuestionar la
decisión ejecutoriada emitida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral en el que el interés de quien accionó fue de
naturaleza eminentemente particular y subjetivo, y se contrajo a la reliquidación
de la pensión de jubilación del demandante con fundamento en actos
ordenanzales.
ii) La condena en costas a la parte recurrente procede de manera objetiva al
declararse infundado el recurso extraordinario que propuso (art. 365.1 CGP).
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, radicación: 15001-23-33-000-
2012-00162-01.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
iii) Bajo un criterio valorativo, hay lugar a la condena por concepto de agencias
en derecho en la medida en que se acreditó la actividad que realizó la abogada
María Claudia Archila Montaña, quien actuó en nombre propio dentro del
presente trámite (art. 365.8 CGP)
En efecto, al tenor del artículo 366 del CGP la liquidación de las agencias en
derecho procede aun cuando se actúe sin apoderado, y según la norma, el juez
debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente (numeral 4 ejusdem).
Así las cosas, en lo concerniente a la fijación de agencias en derecho, debe
recordarse que el extremo pasivo53 en esta controversia está conformado por los
hijos -adjudicatarios de los bienes en la sucesión- del señor Guillermo Archila
Ramírez, señores Alejandro Archila Montaña, María Claudia Archila Montaña y
Guillermo Archila Montaña.
Los señores Alejando y Guillermo Archila Montaña no intervinieron, por ende, no
constituyeron apoderado judicial, de ahí que no sea procedente fijar agencias en
derecho a su favor.
Sin embargo, la señora María Claudia Archila Montaña, en nombre propio y en
su calidad de profesional del derecho54, por medio de memorial radicado a través
de correo electrónico, el 1 de septiembre de 2020, presentó escrito de oposición
al recurso extraordinario de revisión55. A su vez, mediante correo electrónico del
2 de septiembre de 2020, envió la escritura pública No. 3.771 otorgada el 27 de
diciembre de 2018 ante la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, contentiva del trabajo
de partición y adjudicación de bienes en la sucesión del señor Guillermo Archila
Ramírez, con el fin de acreditar su condición de hija y demostrar su “interés
jurídico” en el presente proceso56.
Además, por medio de auto del 3 de diciembre de 202057, se le requirió para que
allegara copia del registro civil de defunción del señor Guillermo Archila Ramírez,
lo cual atendió a través de correo electrónico del 9 de diciembre de 2020, en el
53
La conformación del extremo pasivo se consolidó a partir de la notificación del auto del 15 de
junio de 2021, índice 59 del presente trámite del SAMAI.
54
La señora María Claudia Archila Montaña litigó en nombre propio y sin apoderado judicial, pues
acreditó su calidad de abogada, índice No. 40 de la plataforma tecnológica SAMAI- lo cual se
corroboró en el mismo aplicativo
Validación de datos del abogado:
Nombre abogado: MARIA CLAUDIA ARCHILA MONTAÑA
Tarjeta profesional 90436
Estado: Vigente
55
Índice 40 del presente trámite de revisión en SAMAI.
56
Índice 42 del presente trámite de revisión en SAMAI.
57
Índice 44 del presente trámite de revisión en SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
que aportó lo solicitado, con indicativo serial 09482818, expedido en la Notaría
21 del Círculo de Bogotá58. Aunado a lo anterior, mediante auto de 15 de junio
de 202159, se requirió a la recurrente60 y a la señora María Claudia Archila
Montaña para que suministraran las direcciones electrónicas o físicas de los
señores Alejandro y Guillermo Archila Montaña, lo cual atendió la mencionada
señora Archila Montaña por medio de memoriales del 17 y 25 de junio de 202161,
actuaciones que, conllevaron a conformar el litisconsorcio necesario, es decir,
poder determinar de manera efectiva el contradictorio en el presente asunto.
En suma, estima la Sala que la gestión de la señora María Claudia Archila
Montaña en este proceso resulta suficiente para que se disponga la fijación de
agencias en derecho a su favor, a título compensatorio62 frente a los esfuerzos
en el tiempo, dedicación y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo
pasivo y litigante en causa propia, el hecho de contestar el presente recurso y
atender los requerimientos por parte de la autoridad judicial, sumado a la
naturaleza y duración de esta causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en
los artículos 365 y 366 del CGP.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, como este es un
proceso de única instancia ante esta corporación, la liquidación de las costas será
realizada por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en
el artículo 36663 del CGP.
58
Índice 49 del presente trámite de revisión en SAMAI.
59
Índice 51 del presente trámite de revisión en SAMAI.
60
La entidad recurrente manifestó desconocer el lugar de notificaciones de los señores Alejandro
y Guillermo Archila Montaña. Índice 57 del presente trámite de revisión en SAMAI.
61
Índices 56 y 58 del presente trámite de revisión en SAMAI.
62
La Sala 27 Especial de Decisión de esta Corporación, MP. Rocío Araújo Oñate, en sentencia
de 6 de agosto de 2019 precisó que “[…] la función de las agencias en derecho es la de otorgar
a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó
[…]”, radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante Yesid Figueroa García,
demandado Municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.
63
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
[...].
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
[…].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede
ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior,
según el caso.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
Asimismo, según el numeral 4 del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:
“[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.
[…].
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...].
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...]” (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor de la señora María
Claudia Archila Montaña y a cargo de la entidad pública demandante en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente - SMMLV a la fecha en que se profiere esta
providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento
de Cundinamarca, por la causal 7 del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia
de 19 de julio de 2017, proferida por la Subsección “A” de la Segunda del Consejo
de Estado, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la entidad recurrente y en favor de la
señora María Claudia Archila Montaña, de acuerdo con lo expuesto en esta
sentencia.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por parte de la entidad recurrente.
CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Pensiones
del departamento de Cundinamarca
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2018-02341-00
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General de Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente con
salvamento parcial de voto) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente
(Firmado electrónicamente) con aclaración de voto)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
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