Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06408-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06408-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06408-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de septiembre de 2023
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Edgar Vanegas Durán
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06408-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06408-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP-
Demandado: EDGAR VANEGAS DURÁN
Temas: Causales de revisión previstas en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 y el numeral 7.° del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011. Requisitos para su configuración. Declara
fundado el recurso. Infirma providencia recurrida. Niega
pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
(en adelante UGPP), a través de apoderada judicial, con el cual pretende que se
infirme la sentencia del 16 de junio de 2022, dictada por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Edgar Vanegas Durán en
contra de la entidad recurrente.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Edgar Vanegas Durán nació el 6 de julio de 1951 y trabajó como
empleado público en forma discontinua durante 20 años, 7 meses y 4 días, desde
el 23 de mayo de 1977 hasta el 6 de octubre de 19981. Así mismo, estuvo
vinculado como profesor del programa de arquitectura en distintas universidades
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Trabajó en la Alcaldía de Zipaquirá, en el Instituto de Crédito Territorial (ITC) y en el Instituto de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Edgar Vanegas Durán
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privadas2, entre los años 1981 y 2016.
2. El señor Vanegas Durán consideró que era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, puesto que a la entrada en vigencia de esa
normativa, el 1.° de abril de 1994, había laborado 16 años y 8 días al servicio del
sector oficial. Además, el trabajador efectuó cotizaciones tanto al sector público en
la extinta Cajanal EICE (hoy UGPP) y al liquidado ISS (hoy Colpensiones), como
al sector privado en la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías S.A. (Colfondos).
3. Con base en lo anterior, el señor Vanegas Durán le solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación3, sin embargo, mediante auto
n.° ADP 9370 del 28 de junio de 2013, la entidad declaró que no era competente
para tramitar lo pedido, dado que, en la base de datos de los aportes al sistema de
pensiones, se encontró que el interesado estaba afiliado al régimen de ahorro
individual con solidaridad – en adelante RAIS- en Colfondos, por lo que era a esta
última a la que le correspondía pronunciarse sobre las pretensiones del
peticionario.
4. El señor Edgar Vanegas Durán ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el objetivo de obtener la
nulidad del auto n.° ADP 9370 del 28 de junio de 2013. Como consecuencia, a
título de restablecimiento del derecho, se le ordenara a la entidad reconocerle y
pagarle la pensión de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual del
último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales (primas de
alimentación, de navidad, de vacaciones, de servicios y de antigüedad quinquenal,
así como el estímulo al ahorro y la bonificación por servicios prestados).
Asimismo, que se condenara a la indexación de la primera mesada y al pago de
intereses de mora. Finalmente, pidió que se le diera cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
1.2. Sentencia de primera instancia
5. Mediante la sentencia del 27 de febrero de 2020, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda.
6. Para llegar a la anterior conclusión, el a quo estableció que el señor Edgar
Vanegas Durán inicialmente cotizó al régimen de prima media con prestación
definida – en adelante RPM- y, si bien, se cambió al RAIS, lo cierto es que el 27 de
2
Fue profesor en las Universidades La Gran Colombia, de La Salle y Antonio Nariño,
3
Conforme a lo dispuesto en la audiencia inicial donde se fijó el litigio a propósito de esa
prestación económica. En el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, Colpensiones
compareció como vinculado. Esta última entidad no fue vinculada en esta actuación toda vez que
no fue parte y tampoco tiene interés en las resultas de este asunto.
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mayo de 2016, retornó al primero, por lo que le correspondía a la UGPP
pronunciarse sobre el reconocimiento pensional.
7. Explicó que el peticionario estaba cubierto por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, esto porque al 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia
de esa normativa, el señor Vanegas Durán había cumplido 16 años, 5 meses y 4
días laborados.
8. Resaltó que la pensión reclamada es “por el tiempo laborado en el sector
público” bajo las reglas de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo
año. En cuanto al ingreso base de liquidación (IBL), aplicó la decisión de
unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que para los beneficiarios del régimen de transición garantizaba la
liquidación de la prestación conforme a los factores sobre los cuales efectuó las
respectivas cotizaciones. Esto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del
sistema pensional.
9. Indicó que las pruebas aportadas evidenciaron que el señor Edgar Vanegas
Durán trabajó en el sector público en el municipio de Zipaquirá y en el Inurbe por
un lapso de 20 años, 7 meses y 3 días. Asimismo, determinó que el 6 de julio de
2006, cumplió 55 años de edad, por lo que adquirió el estatus pensional al cumplir
la edad requerida en ese momento.
10. El a quo se refirió a la compatibilidad pensional, para ello aludió a la
Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016, mediante la cual
Colpensiones le reconoció al señor Edgar Vanegas Durán la pensión de vejez, con
base en los tiempos que el beneficiario cotizó como docente en el sector privado.
En atención a lo anterior, el tribunal concluyó que: “la liquidación de la pensión [de
vejez] se efectuó con los aportes realizados como docente universitario del sector
privado y que la pensión que solicitó ante la UGPP se fundamenta en los aportes
efectuados al sector público, lo cual no genera incompatibilidad entre las
prestaciones”.
11. Finalmente, el juez de primer grado aclaró que el 6 de mayo de 2013, fecha
en que el actor le solicitó a la UGPP el reconocimiento pensional, aquel se
encontraba afiliado al RAIS, por lo que el acto administrativo acusado se ajustó a
derecho, dado que la afiliación al RPM ocurrió el 27 de mayo de 2016. Sin
embargo, a partir de la situación fáctica, las pruebas allegadas al proceso, y en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, el tribunal
concluyó que no había lugar a declarar la nulidad del Auto ADP 0009370 de 28 de
junio de 2012, aunque sí era procedente efectuar el reconocimiento pensional, con
base en el inciso 3.º del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
12. De acuerdo con lo anterior, la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidió abstenerse de declarar la
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nulidad del acto administrativo acusado y condenó a la UGPP a reconocer y pagar
al señor Edgar Vanegas Durán, de manera indexada, la pensión de jubilación en
los términos de la Ley 33 de 1985 y la liquidación incluyendo los factores del
Decreto 1158 de 1994, efectiva a partir del 6 de julio de 2006, pero con efectos
fiscales desde el 6 de mayo de 2010, por prescripción trienal.
13. La UGPP apeló la anterior decisión. Para el efecto, argumentó que en el
expediente no había prueba del traslado del señor Vanegas Durán al RPM, pues
consultada la base de datos de afiliación al sistema de pensiones, aparecía
registrada como última afiliación al RAIS, en Colfondos a 1.º de marzo de 2000
pero con la anotación de “retirado”. En ese orden, la unidad afirmó que no está
legitimada en la causa por pasiva para efectuar el reconocimiento pensional
ordenado por el a quo, pues este debe ser efectuado por Colfondos S.A. y si, en
gracia de discusión, se admitiera que el peticionario está afiliado al RPM, el
llamado a efectuar el pago de la prestación sería Colpensiones.
14. De otra parte, el apoderado de la UGPP señaló que cuando el señor
Vanegas Durán se cambió del RPM al RAIS, perdió los beneficios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
15. Finalmente, el representante de la entidad sostuvo que únicamente tiene la
obligación del reconocimiento pensional de las prestaciones causadas a cargo de
la administradora del RPM del orden nacional y de las entidades públicas del
mismo orden que hayan tenido la función de reconocer las pensiones y que se
hubieren liquidado; pero como en este caso el actor cotizó a diferentes
instituciones, la obligación pensional no estaría a cargo de la UGPP.
1.3. Sentencia de segunda instancia
16. En fallo del 16 de junio de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo.
17. La segunda instancia formuló como problema jurídico a resolver:
“si por retornar al régimen de prima media con prestación definida luego de
haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, el actor
perdió el beneficio de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 para poder obtener el reconocimiento pensional según lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985”. Una vez dilucidado lo anterior, tendría que establecer “cuál es
el ente de previsión competente para el reconocimiento de la pensión de
jubilación del señor Edgar Vanegas Durán”.
18. Para resolver la cuestión jurídica planteada, la Subsección B de la Sección
Segunda abordó el análisis de: i) el régimen de transición pensional previsto en la
Ley 100 de 1993 y la modificación del Acto Legislativo 01 de 2005; ii) el extinto ISS
(hoy Colpensiones) y las cajas, fondos o entidades de previsión social como
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administradores del RPM, y iii) las competencias atribuidas a Colpensiones y a la
liquidada Cajanal (hoy UGPP).
19. El juez de segunda instancia, señaló que de conformidad con las reglas
establecidas en los artículos 6.º del Decreto 813 de 1994, 1.º del Decreto 2527 de
2000 y 3.º y 4.º del Decreto 2196 de 2009, la UGPP es competente para decidir
sobre la solicitud pensional del peticionario porque al 1.º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aquel tenía más de 16 años de
servicios cotizados en la extinta Cajanal.
20. El ad quem estableció que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional solo conservan los beneficios del régimen de transición “aquellas
personas que retornan al régimen de prima media con prestación definida, siempre que al
1.º de abril de 1994 acumulen 15 años o más de servicios cotizados”. Como en este
caso, para ese momento límite, el señor Vanegas Durán tenía 43 años de edad y
más de 16 años de labores con aportes al RPM, conservó los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
21. Concluyó que la UGPP es competente para resolver la solicitud pensional,
pues según el Decreto 2196 de 2009, le corresponde a esa entidad atender las
solicitudes de reconocimiento pensional de las personas que hubieren cumplido
los requisitos para pensionarse antes del 1.º de julio de 2009, circunstancia en la
que se encuentra el señor Edgar Vanegas Durán, quien adquirió el estatus el 6 de
julio de 2006 por edad, ya que el tiempo de servicio lo había cumplido el 6 de
octubre de 1998. Por lo anterior, confirmó la decisión del a quo.
22. El anterior fallo se notificó por medios electrónicos el 8 de julio de 2022, de
tal manera que la sentencia cobró ejecutoria el 15 de julio de la citada anualidad.
23. La UGPP dio cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado mediante la
Resolución n.º RDP 000808 de 22 de septiembre de 2022, que ordenó el pago de
la “pensión de vejez” a favor del señor Edgar Vanegas Durán, en cuantía de
$2.597.865, efectiva a partir del 6 de julio de 2006.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. Demanda
24. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del Consejo
de Estado el 1.º de diciembre de 2022, la apoderada de la UGPP, interpuso
recurso extraordinario de revisión, en el que incluyó las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Revocar de manera íntegra la sentencia proferida el 16 de junio de
2022, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “B”, que confirmó la sentencia proferida el 28 de junio de
2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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Subsección “D” dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral con radicado No. 25000234200020130554701,
promovido por el señor EDGAR VANEGAS DURAN, contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, decisión que quedó
ejecutoriada el 13 de julio de 2022, la cual dispuso el pago de una pensión de
jubilación siendo esta incompatible con la pensión de vejez reconocida por
Colpensiones, pues cubre el mismo riesgo de vejez.
SEGUNDO: Declarar que el señor EDGAR VANEGAS DURAN no le asiste el
derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación reconocida por
fallo judicial, en tanto ya se le ha reconocido una pensión de vejez, estando
percibiendo más de una asignación proveniente del tesoro público, la cual cubre
el mismo riesgo (vejez).
TERCERO: Declarar que la pensión de jubilación pagada por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
es incompatible con la pensión de vejez legal reconocida por la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, pues ambas prestaciones tienen
como objetivo cumplir la misma contingencia de vejez, de manera que no resulta
ajustado el pago de dos asignaciones en su favor con cargo del erario.
CUARTO: Ordenar al señor EDGAR VANEGAS DURAN, a efectuar la
devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la
pensión de vejez debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor
alguno en virtud de tal prestación4.
25. La apoderada de la UGPP manifestó que interpuso este recurso con
fundamento en las causales previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 y el numeral 7.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Argumentó que
la pensión de jubilación concedida al señor Edgar Vanegas Durán por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado excede lo debido
legalmente y es incompatible con la pensión de vejez reconocida por
Colpensiones al mencionado ciudadano. Esto porque ambas provienen del tesoro
público y cubren el mismo riesgo: la vejez.
2.2. Causales de revisión invocadas y sustento
26. Como causales de revisión la parte recurrente invocó las establecidas en el
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20035 y el numeral 7.° del artículo
250 de la Ley 1437 de 20116, las cuales sustentó así:
4
La transcripción corresponde al texto original de la demanda del recurso extraordinario de
revisión, por lo que puede tener errores.
5
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
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27. Causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: la sentencia
recurrida concedió una pensión de jubilación con base en los tiempos laborados
por el trabajador en el municipio de Zipaquirá y en el Inurbe, pese a que dichos
aportes habían sido computados por Colpensiones para el reconocimiento de la
pensión de vejez.
28. Para la apoderada de la entidad, al señor Vanegas Durán se le está
efectuando un pago no debido porque recibe una mesada pensional a la cual no
tiene derecho, con lo que se afectan de manera significativa los principios de
eficiencia, progresividad y equidad del sistema de seguridad social en pensiones.
29. En este sentido, agregó que al efectuársele pagos que no tienen soporte
legal ni jurídico, el señor Vanegas Durán ha recibido sumas pagadas en exceso.
30. En conclusión, la abogada consideró que la decisión de los jueces
administrativos de primera y segunda instancia fue “desacertada” porque no podía
reconocérsele una pensión de jubilación al beneficiario que ya recibía una
prestación similar por parte de Colpensiones. En este punto, concluyó que esta es
razón suficiente para que se infirme la sentencia recurrida.
31. Causal del numeral 7.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011: mediante la
Resolución GNR 368147 de 5 de diciembre de 2016, Colpensiones le reconoció al
señor Edgar Vanegas Durán una pensión de vejez con base en el artículo 33 de la
Ley 100 de 19937 (modificado por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003).
32. La apoderada de la UGPP refirió, de una parte, que la pensión reconocida
por Colpensiones tuvo en cuenta los tiempos de servicio laborados en el municipio
de Zipaquirá, el Inurbe, así como en las universidades La Gran Colombia, Católica
de Colombia, de La Salle y en la Fundación Universidad de América, desde el 2 de
marzo de 1981 al 1.° de agosto de 2012. De otra, que la prestación que la Unidad
reconoció tuvo en cuenta los tiempos servidos en el sector público, mismos
aportes computados para la pensión de vejez ya reconocida, por lo que son
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revision
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
6
ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
(…)
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
(…)
7
Mediante el cual se establecen los requisitos que debe reunir el afiliado para obtener la pensión
de vejez.
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incompatibles y contrarían los artículos 128 de la Constitución8 y 13 de la Ley 100
de 19939.
33. Por último, la abogada de la entidad refirió que la causal invocada se
configura por la indebida valoración probatoria que efectuó la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que desconoció
que la pensión de vejez de Colpensiones en favor del señor Edgar Vanegas Durán
se calculó con fundamento en los mismos tiempos de la ordenada con la sentencia
recurrida.
2.3. Actuaciones procesales relevantes
2.3.1. Auto admisorio de la demanda
34. Mediante auto del 1.º de diciembre de 2022 se admitió la demanda del
recurso extraordinario de revisión, proveído que se notificó a las partes10,
integrándose en debida forma el contradictorio. También se surtió la notificación al
representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
2.3.4. Contestación de la demanda
35. La apoderada judicial del señor Edgar Vanegas Durán se opuso a las
pretensiones del recurso promovido por la UGPP, toda vez que la sentencia
recurrida está debidamente fundamentada, goza de plena validez y está amparada
por los principios de cosa juzgada, inmutabilidad y seguridad jurídica. Agregó que
lo pretendido por la entidad es reabrir el debate procesal que fue zanjado por los
jueces de instancia.
36. Añadió que respecto de la compatibilidad de las pensiones de vejez y
jubilación, la UGPP no formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación
del fallo dictado por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo que no le estaba dado al Consejo de
Estado pronunciarse sobre aspectos ajenos a la impugnación, en virtud del
principio de congruencia y el artículo 320 del CGP, según el cual, “el recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante”. En
8
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.
9
ARTICULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características: (…) j) Ningún afiliado podrá recibir
simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez; (…).
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cualquier caso, la abogada consideró que “las decisiones recurridas explicaron
ampliamente las razones por las que las prestaciones eran compatibles”.
37. Frente a la compatibilidad de pensiones, la representante del demandado
afirmó que la sentencia del a quo fue enfática en señalar que para efectos de la
pensión de jubilación se tendrían únicamente los tiempos de servicio prestados
por el señor Edgar Vanegas Durán en el sector público, en el municipio de
Zipaquirá y en el Inurbe. Asimismo, afirmó que la pensión de vejez se le reconoció
“exclusivamente con los aportes realizados como docente universitario del sector
privado”, lo cual suma más de 38 años.
38. La apoderada del señor Vanegas Durán refirió que, si bien es cierto que el
acto de reconocimiento de la pensión de vejez de Colpensiones menciona los
tiempos públicos laborados en el Inurbe y en el municipio de Zipaquirá, solo lo
hace de manera ilustrativa, porque los tiempos públicos fueron excluidos de la
pensión de vejez, lo cual se demuestra con el hecho de que los aportes
efectuados nunca fueron trasladados al ISS o a Colpensiones, sino a cajas de
previsión, lo que “comprueba que contrario a lo afirmado por la accionante, no fue
financiada por aportes ya tenidos en cuenta en el reconocimiento de pensión de
jubilación efectuado a través de las providencias judiciales objeto de revisión”
(subrayas del texto).
39. La abogada del accionado aseveró que su poderdante ha recibido de buena
fe las sumas reconocidas.
2.5. Etapa probatoria
40. Por auto dictado el 28 de febrero de 2023, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados con la demanda y la contestación presentada por el señor
Edgar Vanegas Durán.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL
3.1. Normatividad aplicable
41. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En aquel se indican los términos, causales y requisitos
que deben cumplirse para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 25511,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.
11
Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
9
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Edgar Vanegas Durán
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06408-00
3.2. Presupuestos procesales de la acción
3.2.1. Competencia
42. La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión,
interpuesto por la apoderada de la UGPP, con el cual pretende que se infirme la
sentencia dictada el 16 de junio de 2022, por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral instaurado por el señor Edgar Vanegas Durán
contra la entidad recurrente.
43. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 249 la Ley 1437
de 2011, en virtud del cual las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión12.
44. Postura que fue reafirmada en el auto del 24 de mayo del 2023, a través del
cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, unificó jurisprudencia en el
sentido de indicar que tratándose de recursos extraordinarios de revisión no se
configura en los magistrados la causal de recusación prevista en el numeral 1° del
artículo 141 del Código General del Proceso, por el solo hecho de haber suscrito
la sentencia objeto de revisión13.
45. Por su parte, el artículo 107 de la misma normativa creó las salas
especiales de decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley
expresamente les encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió
el Acuerdo 321 de 2014 que, en cuyo artículo 2.º, señaló los asuntos de su
competencia, asignándoles, entre otros, los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado, competencia que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del
Acuerdo 80 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
actualmente vigente.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
este fallo se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir
de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite
concluir que no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento,
por lo cual es claro que no se afectan los principios de imparcialidad e independencia judicial.”
Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de imparcialidad el conocimiento de un
recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los magistrados que aprobó la sentencia
recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los consejeros que
participaron de la decisión impugnada.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de unificación del 24 de
mayo de 2023, Radicado: 11001-03-15-000-2020-00471-00, Demandante: Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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3.2.2. Oportunidad
46. En el presente caso se encuentra acreditado que la demanda se dirige
contra la sentencia dictada el 16 de junio de 2022, notificada el 8 de julio de 2022,
la cual cobró ejecutoria el día 15 de ese mismo mes y año y el recurso fue
interpuesto el 1.° de diciembre de 2022, lo que significa que se presentó dentro del
término legal.
3.2.3. Legitimación en la causa
47. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
señalarse que la UGPP está habilitada por activa y el señor Edgar Vanegas
Durán, por pasiva, respectivamente, porque fueron las partes demandada y
demandante, respectivamente, del juicio en el que se dictó la sentencia objeto de
esta petición de revisión y la primera fue condenada al pago de la prestación
económica cuyo indebido reconocimiento se reclama.
3.3. Problema jurídico
48. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo del 16 de junio
de 2022, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el
señor Edgar Vanegas Durán, en el que se confirmó la decisión de primera
instancia que ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión de jubilación
reclamada.
49. Con fundamento en la situación fáctica señalada por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en la demanda de
revisión y en la contestación, los problemas jurídicos que subyacen al caso
concreto consisten en:
¿Determinar si en la sentencia del 16 de junio de 2022, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó
que la UGPP era la competente para tramitar y reconocer la solicitud
pensional reclamada por el acto se configuran las causales previstas en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el numeral 7.º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011?
50. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Veintisiete Especial de
Decisión abordará los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso
extraordinario de revisión; ii) caracterización de las causales previstas en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el numeral 7.º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, y iii) análisis del caso concreto.
11
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3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
51. De acuerdo con el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el
recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las
providencias judiciales que se encuentran ejecutoriadas y, por ende, amparadas
por el principio de la cosa juzgada. Esta herramienta autoriza al juez para
revisarlas e infirmarlas, cuando aquellas se tornen injustas al haber configurado
alguna de las causales enlistadas en el artículo 250 de la normativa mencionada14.
52. Las providencias susceptibles del recurso son las proferidas: (i) por las
secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado; (ii) en única, primera o segunda instancia por los tribunales
administrativos, y (iii) en primera o segunda instancia por los jueces
administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de este dispositivo15.
53. La demanda contentiva del recurso debe cumplir los requisitos del artículo
252 de la Ley 1437 de 2011, es decir que incluyan:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende
hacer valer.
54. La jurisprudencia ha entendido que la técnica de este dispositivo exige
demostrar que se afectó la validez de la decisión jurisdiccional, por lo que debe
haber una correspondencia entre las pretensiones, la causal invocada y los
argumentos de la demanda.
55. Por el contrario, está descartada su utilización como si se tratara de una
instancia adicional. En este sentido, se ha sostenido que esta herramienta no
puede emplearse para: (i) imponer apreciaciones jurídicas distintas a las del juez
natural; (ii) pretender subsanar errores u omisiones de la propia parte durante el
proceso ordinario; o (iii) cuestionar la valoración probatoria que efectuó la
autoridad judicial16.
14
El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características
esenciales que se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de
2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-
2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad.
REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia del
22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007- 00267.
15
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
Sentencia del 3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-
00 (REV);
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56. Al tiempo, las condiciones descritas suponen un límite para la actuación del
juez extraordinario, cuyo margen interpretativo está delimitado por los
fundamentos de la demanda y la causal invocada17.
57. En suma, este recurso tiene como objeto revisar las decisiones adoptadas
injustamente en los términos de las causales taxativas del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, pero no es una instancia adicional del proceso ordinario que pueda
emplearse para corregir errores de hecho o de derecho18.
58. A continuación, la Sala presentará la caracterización de las causales
invocadas por la UGPP en el caso bajo estudio.
3.5 Caracterización del recurso extraordinario especial de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003
59. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó el recurso especial de revisión
de las providencias judiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones con
cargo al erario o a fondos de naturaleza pública. También son susceptibles de este
trámite las sentencias que reconozcan sumas de dinero en contravía de lo
establecido en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.
60. El procedimiento que se sigue para esta causal es el del recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 249 y 253 de la Ley 1437 de
2011 (con la adición y modificación introducidas por los artículos 68 y 69 de la Ley
2080 de 2021), siempre que se trate de asuntos sometidos a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
61. En torno a las consecuencias jurídicas que se derivan en los eventos de
encontrar fundada una de las causales objeto de análisis, el artículo 253 ídem,
establece dos alternativas:
i) De acreditarse el supuesto de hecho consagrado en la causal prevista en el
literal a), se deberá declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada
con la circunstancia que dio lugar a la revisión y se devolverá el proceso a la
autoridad judicial de origen, para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de
nuevo, según corresponda.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27.01.2004. Rad. (REV)
2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad.
(REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz; sentencia del 29 de abril de 2015, M.P. Danilo Rojas
Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); sentencia de 26 de noviembre de 2018,
radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot Peña Garzón Sala Cuarta
Especial de Decisión, Sentencia del 13 de octubre de 2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad.
11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
18
De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte
actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o
carente de justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el
proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
14.08.2008, Rad. 16.594
13
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ii) En el evento de haberse demostrado el supuesto de hecho consagrado el
literal b) se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda.
62. La diferencia en las consecuencias jurídicas está sustentada en los
supuestos fácticos disimiles de cada causal, de carácter in procedendo la primera
e in judicando la segunda.
63. Al igual que en las pautas generales del recurso extraordinario de revisión,
estas causales especiales exigen una carga argumentativa mínima encaminada a
demostrar ya sea el desconocimiento del núcleo esencial del debido proceso o, el
reconocimiento de la prestación económica en exceso o sin que se tuviera el
derecho, al haberse otorgado con violación de las normas sustantivas en que se
funda y que afectan el erario y la sostenibilidad del sistema pensional.
64. Sobre la segunda causal, se prevé la posibilidad de que el litigio verse sobre
“problemas de interpretación del derecho; por ejemplo, el régimen jurídico
aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen
especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces
competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003”.19
65. En este caso, la UGPP invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200320, la cual procede cuando “la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables.”
66. En la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003, se señaló
que la posibilidad de revocar las pensiones otorgadas irregularmente es uno de los
instrumentos que permiten afrontar la corrupción y evitar los perjuicios que puedan
sufrir las finanzas públicas21. De ahí que el legislador haya dotado a las entidades
que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, de un instrumento
judicial que permite revisar las prestaciones que contrarían la ley, porque no
cumplen los requisitos exigidos o exceden lo que en derecho les corresponde a
sus beneficiarios, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad
social en pensiones22.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003, reiterada en la C-258 del 7.05.2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
20
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”
21
Imprenta Nacional. Gaceta Legislativa 56. Consecutivo 4-816. Exposición de motivos Proyecto
de Ley 56 de 2002-Senado. Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones
que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley.
22
Corte Constitucional, Sentencia C-760 del 10.08.2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes
14
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3.6. Causal de revisión del numeral 7.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
67. Esta causal debe valorarse en atención a los supuestos de hecho que
establece la norma y que se refieren a “[n]o tener la persona en cuyo favor se
decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida”.
68. El Consejo de Estado ha entendido que esta causal procede únicamente
cuando se impugna una sentencia que reconoció una pensión o prestación
periódica, de tal manera que su ámbito de aplicación excluye decisiones que
resolvieron cuestiones diferentes como reliquidaciones por factores dejados de
incluir u otros aspectos relacionados con el monto de la prestación23. En este
sentido, la Sala Plena de este tribunal ha expresado lo siguiente:
En ese orden, se tiene que los elementos estructurantes de esta causal son:
• Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete o
reconozca a favor de determinada persona una pensión periódica, de las cuales
cabe mencionar las de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que
niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes
a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general, modificación o
discusión de su monto.
• Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la “aptitud legal” para
acceder al derecho de gozar de esa pensión periódica, siendo tal aptitud la
situación jurídica necesaria para que surja la condición o status de pensionado
en quien pidió su reconocimiento. cualquier error judicial por ostensible que
sea24.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión, Sentencia del 1.08.2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-
000-2016-03414-00 (REV) Se pueden revisar igualmente las siguientes sentencias Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Veinte, Senencia del 16.10.2018. Rad.
110010315000201401658; M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sala Novena Especial de
Decisión, Sentencia del 5.03.2019, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 11001-03-15-000-
2014-04407-00(REV), Sala Sexta Especial de Decisión, Sentencia del 3.11.2020, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03047-00(REV); Sala Novena Especial de
Decisión, Sentencia del 22.03.2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000- 2018-
02341-00
24
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 7.12,2010.
Radicación número: 11001-03- 15-000-2005-00297-01(REV) Actor: Maria Ofir Jaramillo Buitrago.
M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.La sentencia incluyó la siguiente cita original: “No puede
confundirse la aptitud legal necesaria o titularidad para gozar de una pensión con el derecho a
cualquier reajuste de su cuantía, precisamente porque las causales de revisión son excepciones al
principio de la cosa juzgada que ampara a las sentencias ejecutoriadas y, por lo mismo, no pueden
interpretarse con amplitud para intentar cobijar con ellas cualquier error judicial por ostensible que
sea”, se dice en sentencia de 4 de junio de 1991, expediente 3920, Sección Segunda, consejero
ponente doctor Joaquín Barreto Ruiz.”
15
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69. Asimismo, se ha considerado que la causal 7.ª del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, permite abrir la discusión jurídica de la sentencia impugnada, toda
vez que está diseñada para verificar que el beneficiario de la prestación tenga la
aptitud legal -que cumpla los requisitos- para acceder al derecho25.
3.8. Análisis del caso concreto
70. La Sala de Decisión advierte que, de manera conjunta, la pretensión de la
recurrente consiste en señalar que la sentencia del 16 de julio de 2022, de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la
decisión de primera instancia, le impuso el reconocimiento de una pensión de
jubilación bajo las condiciones de la Ley 33 de 1985; carga que desconoce la
prohibición legal de recibir más de una asignación del tesoro nacional, por haberse
reconocido al señor Vanegas Durán una pensión de vejez por Colpensiones que
tiene en cuenta los mismos tiempos y cotizaciones ordenados para su cómputo.
71. Sobre este aspecto, debe tenerse en consideración que, si bien, la decisión
de segunda instancia que se impugna a través de la revisión, no analizó los
requisitos del señor Vanegas Durán para ser beneficiario de la pensión de
jubilación, por no ser este el objeto del recurso de apelación y se limitó a analizar
la competencia en el cumplimiento del derecho ordenado, al confirmar la decisión
válido su reconocimiento y el análisis efectuado por el a quo.
72. Lo anterior implica que: (i) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sea la competente para estudiar la demanda propuesta por la UGPP, ya que este
mecanismo procede contra sentencias ejecutoriadas proferidas por las
subsecciones del Consejo de Estado; y (ii) posibilita el estudio de las causales
invocadas para verificar si la UGPP debe asumir el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación del señor Edgar Vanegas Durán, pues fue a partir de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que quedó en firme la obligación
prestacional.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4.06.1991, M.P.
Joaquín Barreto Ruiz, Rad. 3920; Sentencia del 7.12.2010, Rad. 11001-03-15-000-2005-00297-01
REV, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. En el mismo sentido se pueden consultar las
sentencias del 13.02.2020. Rad: 11001-03-25-000-2016-00287-00 (1637-16), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas y la del 29.10.2020, Rad: 11001- 03-25-000-2015-00138-00(0287-15),
M.P.: William Hernández Gómez; sentencia del 7.05.2020, M.P.,William Hernández Gómez, Rad.
11001-03-25-000-2016- 00422-00(1930-16), demandante: Fundación San Juan de Dios en
Liquidación. La línea jurisprudencial aquí citada es unívoca al señalar que “están exceptuadas de
esta causal las sentencias que niegan dicha clase de prestaciones periódicas y las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, tal es el caso de la reliquidación por inclusión de
factores o en general, por la discusión del monto en sí. En cuanto a la aptitud legal: En este
apartado, debe tenerse en cuenta que el punto de discusión de la sentencia cuya revisión se pide
debe entenderse como el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa pertinente, que
dan lugar al nacimiento de un derecho económico. Dicho de otra manera, es la situación jurídica en
que se debe encontrar una persona, con ocasión de la concurrencia de los supuestos legales
señalados en la regulación que le es aplicable, para ser titular de la prestación periódica
reconocida mediante sentencia”. Consúltese también: Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B”, sentencia del 4.03.2021, M.P. César Palomino Cortés.
16
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73. Con base en lo anterior, la Sala, en este caso particular, verificará si se
configuraron las causales invocadas por la UGPP, y en tal medida, determinará si
era la competente para reconocer y pagar el derecho reclamado por el señor
Vanegas Durán y, si éste debía o no ser reconocido al peticionario.
74. Como fundamento del recurso de revisión la parte demandante consideró
que la sentencia debe ser invalidada porque se configuran las causales del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y del numeral 7° del artículo 250 de la Ley
1437. En síntesis, los argumentos presentados son los siguientes:
i) Mediante la Resolución GNR 368147 de 5 de diciembre de 2016,
Colpensiones le reconoció al señor Edgar Vanegas Durán una pensión de
vejez con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el
artículo 9.º de la Ley 797 de 2003).
ii) La prestación reconocida por Colpensiones tuvo en cuenta los
tiempos de servicio laborados en el municipio de Zipaquirá, el Inurbe y las
universidades La Gran Colombia, Católica de Colombia, de La Salle y en la
Fundación Universidad de América. Esto, evidencia que incluyó los mismos
aportes computados para la pensión de jubilación ordenada por los jueces
administrativos.
iii) En primera instancia, mediante la sentencia del 27 de febrero de
2020, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda. Esto porque
consideró que el señor Vanegas Durán era beneficiario del régimen de
transición y retornó al RPM el 27 de mayo de 2016, por lo que la UGPP tenía
competencia para resolver la pretensión pensional.
El a quo concluyó que el señor Vanegas Durán cumplía los requisitos de la
Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de jubilación por el tiempo
prestado en el sector público (en el Inurbe y en el municipio de Zipaquirá), la
cual, a su juicio, era compatible con la que reconoció Colpensiones.
iv) Esta decisión fue impugnada por la UGPP y, mediante la sentencia
del 16 de junio de 2022, la Subsección B del Consejo de Estado confirmó la
decisión del a quo.
v) Para la UGPP, el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor
Vanegas Durán infringe el artículo 128 de la Constitución porque desconoce
que el beneficiario recibe una pensión de vejez financiada con recursos del
erario. Es decir, para la recurrente, está recibiendo una doble remuneración
por la misma contingencia: la vejez.
vi) Para la UGPP el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en
cuenta que la pensión de vejez que se le reconoció al señor Edgar Vanegas
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Durán tuvo como base los mismos tiempos de la sentencia recurrida, por lo
que existe un pago no debido al recibir una mesada pensional a la cual no
tiene derecho, afectando de manera significativa los principios de eficiencia,
progresividad y equidad del sistema de seguridad social en pensiones.
75. Como se puede advertir, el sustento de la unidad demandante, de una
parte, se dirige a advertir que el derecho pensional del señor Vanegas Duran se
otorgó en mayor valor al que debía ser reconocido y, de otra, que no tenía la
aptitud legal para tal reconocimiento, lo que permite concluir que las causales
invocadas se excluyen entre sí, en razón a que, la primera de ellas, parte del
supuesto de que el reclamante si tenía derecho a la pensión de jubilación a cargo
de la UGPP, pero se reconoció en exceso y, la segunda, está dirigida a establecer
que no debió otorgársele la prestación.
76. De manera que, la Sala abordará el estudio del caso concreto partiendo de
la posible configuración de la causal 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y
verificará si, en este caso, la pensión de jubilación ordenada por esta jurisdicción:
(i) estaba a cargo de la UGPP y, ii) se decretó en favor del señor Edgar Vanegas
Durán sin tener la aptitud legal necesaria para su reconocimiento.
77. En la sentencia de segunda instancia se concluyó que la pensión
reconocida al señor Vanegas Durán se encontraba a cargo de la UGPP en la
medida que:
“ (…) De conformidad con las reglas establecidas por los artículos 6º del Decreto
813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000 y 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la
UGPP es competente para decidir sobre una solicitud pensional, en los
siguientes eventos:
i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de
julio de 2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del
decreto 2196 de 2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al
momento de adquirir el estatus).
ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin
tener la edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la
edad y sin haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.
iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al
1º de abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este
último lo reunió antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al
ISS, en cualquier momento.
iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de
pensionado, antes del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado
con posterioridad al ISS.
78. Por lo que concluyó:
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“Teniendo en cuenta lo anterior y lo acreditado en el proceso, como que el señor
Edgar Vanegas Durán - demandante adquirió el estatus pensional el 6 de julio
de 2006 al cumplir 55 años de edad, debido a que el tiempo de servicio ya lo
había consolidado con antelación, encontrándose que para dicha fecha estaba
afiliado a CAJANAL, es posible establecer que el reconocimiento al derecho a la
pensión le corresponde a la UGPP, por lo que habrá de confirmarse la sentencia
del tribunal”.
79. Del recuento probatorio realizado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y verificado el expediente ordinario esta Sala advierte:
80. Para la Sala, se configura la causal 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, invocada por la UGPP, pues, no debió ser ordenado el reconocimiento
pensional a la UGPP en la medida que no tenía la competencia para ello, toda vez
que al momento de consolidarse el derecho pensional del señor Vanegas Durán,
esto es, 6 de julio de 2006, no se encontraba afiliado a Cajanal, por el contrario, se
encontraba en el RAIS, a cargo de Colfondos, régimen al que se trasladó el 1 de
marzo del 2000. Lo anterior, permite concluir que la situación del señor Vanegas
Duran no se encuentra en ninguno de los eventos descritos en la providencia
censurada y que se transcribieron en el numeral 75 de esta providencia.
81. En el caso concreto la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, además de los requisitos generales de edad y semanas cotizadas
estaba determinada por el régimen al que estaba afiliado el demandante para el
momento en el que solicitó su reconocimiento pensional.
82. Bajo este supuesto, si bien, el señor Vanegas Durán para la fecha en que
reclamó a la UGPP el derecho, contaba con 62 años de edad (nació el 6 de julio
de 1951) y, relacionó los tiempos de servicio 218 días en el municipio de
Zipaquirá, 7322 días en el Inurbe y 6239 días en las Universidades La Gran
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Colombia, Católica, de La Salle, América y Fundación Universidad de Bogotá, lo
cierto es que para el año 2013 se encontraba afiliado a Colfondos, en razón a ello
quien debía estudiar la viabilidad del reconocimiento pensional era dicho fondo y
no la UGPP, quien no tenía la administración de los aportes realizados durante las
semanas cotizadas.
83. Lo anterior, evidencia la ausencia de competencia de la UGPP para
reconocer la pensión de jubilación y el yerro en el que incurrió la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al confirmar la sentencia del 27 de
febrero de 2020. Aunado a lo anterior, también se desconoció que en el transcurso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue otorgada por
Colpensiones una pensión de vejez en favor del señor Vanegas Duran que
garantizaba el derecho a la seguridad social en materia pensional del
demandante.
84. Efectivamente, 5 de diciembre de 2016, Colpensiones profirió la Resolución
GNR 368147 mediante la cual le reconoció al señor Edgar Vanegas Durán una
pensión de vejez en la que consignó:
al llevarse a cabo la liquidación de la prestación teniendo en cuenta los tiempos
públicos y privados por favorabilidad con toda la historia laboral y con base en
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003, se encontró que en relación con lo establecido en la Ley 71 de 1988 y
Decreto 758 de 1990, le era más favorable para los intereses del asegurado,
toda vez que con la primera de las normas mencionadas se obtiene una tasa de
reemplazo del 87%, mientras que con la segunda y tercera norma mencionada
se obtiene una tasa de reemplazo del 75% y 78%; por lo cual se concluye que es
procedente reconocer la pensión de Vejez en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
85. Luego, el mismo acto administrativo, en el artículo quinto de la parte
resolutiva, señaló que “[e]sta prestación económica es incompatible con cualquier otra
asignación del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución Política de Colombia”.
86. En contraste con lo anterior, el reconocimiento efectuado por el a quo
implicaría la concesión del mismo derecho dos veces, pues en la resolución
transcrita se tomaron la totalidad de las cotizaciones efectuadas al sector público y
privado, cuestión que no fue advertida por el fallador de primera instancia que, sin
perjuicio de lo anterior, ordenó el reconocimiento pensional sobre las cotizaciones
públicas
87. En suma, la sentencia del 16 de junio de 2022 supondría que se asegure la
contingencia de vejez con los mismos tiempos de cotización que ya liquidados por
Colpensiones, desconociendo previsiones constitucionales y legales. El artículo
128 de la Constitución Política, señala:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
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instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas.
88. A su turno, el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, se refiere a la prohibición de
recibir más de una asignación que provenga del erario, en los siguientes términos:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
89. No obstante, la Sección Segunda de esta corporación, ha admitido que:
[E]s dable devengar simultáneamente una pensión de jubilación por servicios
prestados en el sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS,
siempre y cuando la segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el
sector privado.
Pero no ocurre lo mismo cuando la pensión que se reconoce proviene de otra
entidad de índole pública, debido a que los dineros allí involucrados proceden
del tesoro público, lo que comporta una incompatibilidad pensional, situación
frente a la cual la normativa da la posibilidad al interesado de escoger la pensión
que le resulte más favorable26.
90. Conforme a lo expuesto, la concurrencia de cotizaciones en los mismos
periodos no supone la incompatibilidad entre prestaciones por vejez y por
jubilación, siempre que el origen y fuente que sustente a cada una de ellas no
comprometa recursos públicos.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de septiembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00318-01(0113-18),
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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91. Sin embargo, la pensión de vejez que le fue reconocida por Colpensiones al
señor Edgar Vanegas Durán tuvo en cuenta los aportes efectuados como docente
de hora cátedra (en el sector privado), pero también aquellas cotizaciones que
efectuó al sistema durante la vinculación al sector público, es decir, que dicha
prestación es financiada con recursos del erario, de ahí que el mismo periodo no
pueda ser computado para el reconocimiento de la pensión de jubilación, so pena
de infringir el artículo 128 de la Constitución.
92. Además, se insiste en que para la fecha de su requerimiento a la UGPP el
demandante se encontraba activo en el RAIS, toda vez que su traslado ocurrió el
27 de mayo de 2016, lo que advierte la ausencia de competencia de dicha entidad
en el reconocimiento y pago del derecho reclamado.
3.9 Conclusión
93. La UGPP no era la competente para reconocer y pagar la pensión de
jubilación del señor Vanegas Duran, toda vez que se encontraba en el RAIS y
sería al fondo privado al que se encontraba afiliado, a quien le correspondía el
reconocimiento pensional, de manera que no cumplía con los requisitos legales
para que su derecho fuera otorgado por la entidad recurrente.
94. De otra parte, no se reparó en la existencia de la pensión de vejez
reconocida por Colpensiones por lo que la ordenada en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho quebrantaría las previsiones del artículo
128 de la Constitución Política.
95. Las anteriores razones, son suficientes para declarar fundado el recurso e
infirmar la sentencia recurrida al encontrar configurada la causal del numeral 7.º
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por lo que dada su verificación la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre la contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Ahora bien, en aplicación de lo previsto en el artículo 253 de la
Ley 1437 de 2011, se dictará el fallo que en derecho corresponda.
IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO
4.1 Las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho
96. El señor Edgar Vanegas Durán ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el objetivo de obtener la nulidad
del Auto ADP009370 de 28 de junio de 2013, por el cual la entidad se declaró
incompetente para reconocerle la pensión de vejez.
97. A título de restablecimiento del derecho, pidió que:
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(i) se declare que la UGPP es competente para tramitar la solicitud de
reconocimiento pensional;
(ii) se condene a la entidad a reconocerle y pagarle la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, es decir, teniendo en
cuenta el 75% de promedio de todos los factores devengados durante el
último año de servicio, tales como: las primas de alimentación, de navidad,
de vacaciones, de servicios y de antigüedad quinquenal, así como el
estímulo al ahorro y la bonificación por servicios prestados; efectiva a partir
del 7 de julio de 2006;
(iii) se indexe la primera mesada pensional con los IPC de los años 1998
a 2005, ya que se retiró del servicio el 7 de octubre de 1998 y adquirió el
estatus pensional el 7 de julio de 2006;
(iv) se reajusten las sumas adeudadas conforme al IPC y se paguen los
intereses moratorios a que hubiere lugar, en los términos de los artículos 192
a 195 de la Ley 1437 de 2011, y
(v) se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo previsto en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 201127.
4.2 Los hechos
98. El señor Edgar Vanegas Durán nació el 6 de julio de 1951 y trabajó como
empleado público en la Alcaldía de Zipaquirá, en el Instituto de Crédito Territorial
(ITC) y en el Inurbe, durante 20 años, 7 meses y 4 días, desde el 23 de mayo de
1977 hasta el 6 de octubre de 1998.
99. El peticionario también estuvo vinculado como profesor del programa de
arquitectura en las Universidades La Gran Colombia, de La Salle y Antonio Nariño,
entre los años 1981 y 2016, de manera discontinua durante distintos periodos
académicos.
100. El demandante consideró que era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, debido a que a la entrada en vigencia de esa normativa, el 1.°
de abril de 1994, había laborado 16 años y 8 días al servicio del sector oficial.
101. El peticionario informó que efectuó cotizaciones en la extinta Cajanal EICE
(hoy UGPP), en el liquidado ISS (hoy Colpensiones) y en Colfondos. No obstante,
27
De manera subsidiaria, la parte actora solicitó que, si se estableciera que la entidad competente
es Colpensiones, se le ordenara a esa autoridad reconocerle la pensión de jubilación. Es de anotar
que simultáneamente al trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Edgar Vanegas
Durán acudió en sede administrativa ante Colpensiones a reclamar la prestación aludida, esa
entidad efectuó el reconocimiento de la pensión de vejez mediante Resolución GNR 368147 de 5
de diciembre de 2016.
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retornó al RPM el 26 de mayo de 2016.
102. El 9 de mayo de 2012, el señor Vanegas Durán le solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, empero, tal pretensión fue
negada mediante el Auto ADP 0009370 de 28 de junio de 2012, a través del cual
se declaró incompetente para resolver lo pedido, en tanto que el entonces
demandante se había cambiado al RAIS, en concreto, a Colfondos. La unidad
consideró que a esta última le correspondía estudiar lo pretendido.
4.3 Los argumentos de defensa de la UGPP
103. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las
excepciones de: (i) falta de causa e inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido, (ii) buena fe, (iii) prescripción y (iv) compensación.
104. El apoderado de la entidad manifestó que no tiene competencia para
reconocer la prestación reclamada porque el demandante perdió los beneficios del
régimen de transición al haberse trasladado del RPM al RAIS, de manera que le
corresponde a Colfondos dicho reconocimiento o, en su defecto, a Colpensiones.
4.4 La sentencia de primera instancia
105. Mediante la sentencia del 27 de febrero de 2020, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió lo
siguiente:
“PRIMERO. ABSTENERSE DE DECLARAR la nulidad del acto administrativo
acusado, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SE CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP- a reconocer y pagar, de manera indexada, a favor del señor
EDGAR VANEGAS DURÁN, la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985, de manera que corresponda al 75% del
promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios y con inclusión de
los factores del Decreto 1158 de 1994, por lo expuesto en la parte motiva a partir
del 6 de julio de 2006, pero con efectos fiscales desde el 6 de mayo de 2010, por
prescripción trienal.
TERCERO: Se CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP- a que actualice el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de
la parte actora conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el
DANE, desde su retiro -6 de octubre de 1998- año por año, hasta la fecha en
que consolidó el status pensional, esto es, al 6 de julio de 2006.
CUARTO: La entidad deberá pagar a la parte demandante los valores
correspondientes al reconocimiento de la pensión de que tratan los numerales
anteriores, actualizados de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta
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providencia, conforme al IPC certificado por el DANE y mediante la aplicación de
la fórmula que quedó consignada en esta sentencia.
QUINTO: La entidad demandada deberá cumplir esta providencia dentro del
término fijado en los artículos 192 y siguientes del CPACA y deberá pagar los
intereses moratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195-
4 ibídem.
(…)”.
106. En cuanto a la competencia de la UGPP para tramitar la solicitud pensional
del señor Edgar Vanegas Durán, el juez de primer grado aclaró que el señor
Vanegas Durán inicialmente cotizó al RPM y, si bien es cierto que se cambió al
RAIS, el 27 de mayo de 2016, retornó al primero, por lo que le correspondía a la
UGPP pronunciarse sobre el reconocimiento pensional.
107. En ese punto, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca aclaró que el 6 de mayo de 2013, fecha en que el
señor Edgar Vanegas Durán le solicitó a la UGPP el reconocimiento pensional,
aquel se encontraba afiliado al RAIS, por lo que el acto administrativo acusado
que declaró la falta de competencia, se ajustó a derecho. Esto porque, la afiliación
al RPM ocurrió el 27 de mayo de 2016, con posterioridad al momento en que se
presentó la petición ante la unidad.
108. Sin embargo, a partir de la situación fáctica y las pruebas allegadas al
proceso, y en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, el tribunal concluyó que no había lugar a declarar la nulidad del Auto ADP
0009370 de 28 de junio de 2012, aunque sí era procedente efectuar el
reconocimiento pensional, con base en el inciso 3.º del artículo 187 de la Ley 1437
de 2011.
109. En cuanto al derecho a la pensión de jubilación, el a quo estableció que el
peticionario estaba cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
esto porque al 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de esa
normativa, había cumplido 16 años, 5 meses y 4 días laborados.
110. Para la primera instancia, el señor Vanegas Durán cumplió los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación bajo las reglas de la Ley 33 de 1985,
modificada por la Ley 62 del mismo año, toda vez que: (i) trabajó en el sector
público, en el municipio de Zipaquirá y el Inurbe por un lapso de 20 años, 7 meses
y 3 días; y (ii) el 6 de julio de 2006, cumplió 50 años de edad, por lo que adquirió el
estatus pensional en ese momento.
111. Finalmente, el a quo se refirió a la compatibilidad pensional, para ello aludió
a la Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016, mediante la cual
Colpensiones le reconoció al señor Edgar Vanegas Durán la pensión de vejez, por
lo que concluyó que “la liquidación de la pensión se efectuó con los aportes
realizados como docente universitario del sector privado y que la pensión que
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solicitó ante la UGPP se fundamenta en los aportes efectuados al sector público,
lo cual no genera incompatibilidad entre las prestaciones”.
4.5 El recurso de apelación
112. La UGPP apeló la anterior decisión y solicitó que se revocara lo decidido
por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
113. Para el apoderado de la entidad, en el expediente no había prueba del
traslado del señor Vanegas Durán al régimen de prima media, pues consultada la
base de datos, aparecía registrada como última afiliación a Colfondos y, a 1.º de
marzo de 2022, figuraba como “retirado”.
114. En ese orden, afirmó que no está legitimada en la causa por pasiva para
efectuar el reconocimiento pensional ordenado por el a quo, pues este debe ser
efectuado por Colfondos S.A. y, si en gracia de discusión, se admitiera que el
peticionario está afiliado al RPM, el llamado a efectuar el pago de la prestación
sería Colpensiones.
115. Además, la UGPP señaló que cuando el señor Vanegas Durán se cambió
del RPM al RAIS, perdió los beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993.
4.6 Consideraciones de la Sala
4.6.1 Problema jurídico
116. Atendiendo a los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Le
corresponde a la Sala establecer si ¿la UGPP es competente para tramitar la
solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Edgar Vanegas
Durán?
4.6.2 Los hechos probados
117. A partir de las pruebas que obran en el expediente, se tiene que:
118. El señor Edgar Vanegas Durán nació el 6 de julio de 1951 (fl. 19 cdno ppal).
119. Prestó servicios como empleado público durante 20 años, 7 meses y 4 días,
así:
• En el municipio de Zipaquirá entre el 23 de mayo de 1977 y el 31 de
diciembre de ese año, para un total de 7 meses y 8 días
26
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• En el Inurbe entre el 5 de junio de 1978 y el 6 de octubre de 1998, por un
lapso de 20 años, 4 meses y 1 día (con 123 días de interrupción). (fl. 243 y
248 cdno ppal).
120. El señor Vanegas Durán se trasladó a Colfondos el 1 de marzo del 2000.
121. A través de auto ADP 009370 de 28 de junio de 2013, la UGPP declaró que
no tenía competencia para tramitar la pensión de jubilación del demandante (fl. 2
cdno ppal).
122. Con posterioridad, solicitó su reingreso al Régimen de Prima Media,
requerimiento que fue aceptado por Colfondos el 27 de mayo de 2016, por lo que
retornó su afiliación a Colpensiones a partir del 1 de julio de 2016.
123. Con Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016, Colpensiones
determinó que el señor Vanegas Durán es beneficiario del régimen de transición y
que actualmente se encontraba en el RPM. Señaló que le era aplicable el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003),
para lo cual verificó que el peticionario hubiere acreditado: 1050 semanas de
cotización y 60 años de edad.
124. Para efectos del reconocimiento pensional, la entidad contabilizó que el
solicitante tenía, para ese momento, 65 años de edad y acreditó 1968 semanas,
distribuidas entre el sector público y el privado, así:
Sector Tiempo Sector Tiempo
público privado
municipio 218 días Universidades La 6239
de Gran Colombia, días
Zipaquirá Católica, de La
Salle, América y
Fundación
Universidad de
Bogotá
Inurbe 7322 días
Total: 13.779 días
125. La Resolución GNR 368147 de 2016, señaló que los tiempos acumulados
equivalen a 1968 semanas, por lo que tuvo en “cuenta los tiempos públicos y
privados por favorabilidad con toda la historia laboral y con base en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993. modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003”. Con
base en la información descrita, calculó el IBL en $2.612.111, de acuerdo con los
artículos 18 y 19 de la Ley 2100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
4.6.3. En virtud de lo expuesto, el señor Edgar Vanegas Durán para el momento
en el que reclamó a la UGPP su reconocimiento pensional estaba cobijado por el
RAIS, afiliado a COLFONDOS de suerte que, de reunir los demás requisitos
legales establecidos para el efecto, su derecho estaría cubierto por el régimen de
ahorro individual con solidaridad y no por el RPM.
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Edgar Vanegas Durán
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06408-00
126. Revisadas las pretensiones, los hechos y las pruebas se observa que el
señor Edgar Vanegas Durán efectuó aportes a Cajanal (hoy UGPP), al extinto ISS
(hoy Colpensiones) y a Colfondos y aunque estuvo afiliado al RPM, pasó al RAIS
régimen en el cual permaneció hasta el 27 de mayo de 2016, mientras que los
recursos fueron trasladados del fondo privado a Colpensiones a partir del 1 de julio
del mismo año.
127. Por su parte, la solicitud de reconocimiento pensional presentada ante la
UGPP se radicó en el año 2013, fecha en la que se encontraba vigente la
vinculación del señor Vanegas Duran con Colfondos, de manera que el
reconocimiento pensional estaba a cargo de ese fondo, pese al argumento de que
era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que
para el momento de la reclamación la UGPP no tenía bajo su custodia y
administración los aportes del señor Vanegas Duran, circunstancia que validó
plenamente la respuesta de la entidad al demandante en la que puso de presente
su falta de competencia.
128. En ese orden de ideas, el señor Edgar Vanegas Durán no tiene derecho a
la pensión de jubilación y en consecuencia, se revocará la sentencia del 27 de
febrero de 2020, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada.
De las demás pretensiones
129. Finalmente, la UGPP en su solicitud de revisión le solicitó a esta
corporación que se le ordene al señor Edgar Vanegas Durán reintegrar los valores
que percibió por concepto de la pensión de jubilación reconocida en la Resolución
RDP 000808 de 22 de septiembre de 2022, que ordenó “el pago de una pensión
de vejez a favor del señor EDGAR VANEGAS DURAN, en cuantía de $2.597.865,
efectiva a partir de 6 de julio de 2006”.
130. Sin embargo, la Sala negará esta última pretensión habida consideración de
que el ciudadano percibió de buena fe las sumas reconocidas en la sentencia que
se infirmó, por lo que no hay lugar a la devolución de las mismas, máxime cuando
en el presente proceso no se alegó ni se probó una actuación de mala fe por parte
del beneficiario.
3.7. Conclusiones
131. La Sala encontró acreditada la causal de revisión descrita en el numeral 7°
del artículo 250 del CPACA, toda vez que el señor Edgar Vanegas Durán no tiene
la aptitud legal para acceder al reconocimiento pensional con cargo a la UGPP
debido a que carece de competencia, en razón a que la administración de los
recursos para el efecto la tenía el fondo privado; además, la pensión de jubilación
es incompatible con la pensión de vejez que actualmente devenga, al ser esta
última financiada con recursos del erario.
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Edgar Vanegas Durán
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06408-00
132. Por lo tanto, i) se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por la UGPP, ii) se infirmará la sentencia del 16 de junio de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación en la
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
25000-23-42-000-2013-05547-01, iii) se revocará la decisión del a quo, para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda y, iv) se negarán las demás
pretensiones de la demanda.
133. En mérito de lo expuesto, la Sala Veintisiete Especial de Decisión de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra el fallo del 16 de junio de 2022 proferido por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación en la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el número 25000-23-42-000-2013-
05547-01. En consecuencia, se INFIRMA dicha providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 2020, proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Edgar Vanegas
Durán contra Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP (en adelante UGPP).
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones del recurso extraordinario de
revisión.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas por haber prosperado el
recurso, de conformidad con el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
MARÍA ADRIANA MARÍN
(ACLARA VOTO)
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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