Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00717-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00717-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00717-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00717-02 (0344-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Édgar Vanegas Durán
Litisconsorte: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2
Tema: Pensión de «vejez» y jubilación. Hecho sobreviniente
Sentencia segunda instancia
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por Colpensiones y Édgar
Vanegas Durán contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016,
a través de la cual reconoció al demandado la pensión de «vejez», y VPB 262 del 3
de enero de 2017, mediante la cual se confirmó el anterior acto administrativo al
resolver un recurso de apelación4.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) el reintegro de los dineros pagados con ocasión de los actos
administrativos demandados, por concepto de mesadas pensionales y retroactivo;
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En lo sucesivo Ugpp.
3 En adelante CPACA.
4 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_01DEMANDA(.PDF) NroActua 1», archivo
«7_250002342000202100717002REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085242», folios 1 a
25.
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(ii) la indexación de las sumas que resultaren de lo que se resolviera; y (iii) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016, Colpensiones
reconoció a Édgar Vanegas Durán una pensión de «vejez», efectiva a partir del 1 de
diciembre de 2016, en cuantía inicial de $2.612.111. La prestación se liquidó con un
ingreso base de liquidación5 de $3.345.858, una tasa de reemplazo del 78.07% y
1968 semanas cotizadas.
3.2. El 19 de diciembre de 2016, el beneficiario interpuso recurso de apelación con
el propósito de que la prestación fuera reliquidada con fundamento en la Ley 33 de
1985 y con inclusión de los factores salariales devengados durante el último año de
servicio.
3.3. A través de la Resolución VPB 262 del 3 de enero de 2017, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto inicial.
3.4. En sentencia proferida el 27 de febrero de 2020, en el proceso con radicado
2013-05547-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D condenó a la Ugpp a reconocer y pagar a Édgar Vanegas Durán una
pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, con inclusión
de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.
3.5. Además, se estableció que la prestación sería efectiva a partir del 6 de julio de
2006, con efectos fiscales desde el 6 de mayo de 2010, y se ordenó actualizar el
IBL desde la fecha del retiro, ocurrida el 6 de octubre de 1998, hasta la consolidación
del estatus pensional.
3.6. La
Ugpp expidió la Resolución RDP 010724 del 29 de abril de 2021, en
cumplimiento de la referida orden judicial, la cual fue remitida a Colpensiones
mediante comunicación radicada el 6 de junio de 2021.
3.7. Al revisar la nómina de pensionados, Colpensiones constató que Édgar Vanegas
Durán figuraba en estado activo y recibía simultáneamente una mesada pensional
reconocida por esa administradora y otra por la Ugpp.
3.8. Por
medio del auto de pruebas APSUB 1562 del 4 de junio de 2021,
Colpensiones pidió al beneficiario autorización para revocar las resoluciones GNR
368147 del 5 de diciembre de 2016 y VPB 262 del 3 de enero de 2017.
3.9. Medianteescrito radicado el 18 de junio de 2021, el pensionado negó la
autorización para revocar los actos administrativos y manifestó que la pensión
reconocida por Colpensiones correspondía a tiempos laborados en el sector
5 En lo que sigue IBL.
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privado, mientras que la otorgada por la Ugpp se sustentaba en tiempos de servicios
públicos.
3.10. Según la liquidación efectuada por Colpensiones, entre diciembre de 2016 y
julio de 2021 se pagaron al demandado $132.415.033 por concepto de mesadas
pensionales, retroactivo, aportes al sistema de salud y demás conceptos derivados
del reconocimiento efectuado mediante los actos administrativos demandados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política; y 19 de la
Ley 4ª de 1992.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. Las resoluciones GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016 y VPB 262 del 3 de
enero de 2017 desconocieron las disposiciones invocadas, debido a que
Colpensiones reconoció al demandado una pensión de «vejez» que resultaba
incompatible con la de jubilación otorgada por la Ugpp en cumplimiento de la
sentencia proferida el 27 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
5.2. Lapercepción simultánea de ambas prestaciones comportaba una doble
asignación proveniente del tesoro público, prohibida por los artículos 128 de la
Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de 1992, sin que la situación del beneficiario
estuviera comprendida en alguna de las excepciones previstas legalmente.
5.3. La incompatibilidad se originó porque las dos prestaciones cubrían igual riesgo
y para su reconocimiento se tuvieron en cuenta tiempos laborados o cotizados en
el sector público. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, esos
periodos debían concurrir a la financiación de una sola pensión, por lo que no podían
sustentar reconocimientos pensionales independientes a cargo de Colpensiones y
de la Ugpp.
5.4. En virtud de la sentencia judicial que ordenó a la Ugpp reconocer la pensión de
jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, la competencia para asumir la prestación
correspondía a dicha entidad y no a Colpensiones. Por tanto, los actos demandados
permanecieron en el ordenamiento pese a que el derecho pensional debía ser
satisfecho por la Ugpp.
5.5. La prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público comprendía
las pensiones financiadas con tiempos de servicio público. Era posible percibir
simultáneamente una pensión de jubilación del sector público y una pensión de
«vejez» reconocida por el Instituto de Seguro Social6 únicamente cuando esta última
se hubiera causado exclusivamente con servicios prestados a empleadores
particulares.
5.6. Colpensiones adelantó el procedimiento administrativo dirigido a obtener la
autorización del beneficiario para revocar los actos de reconocimiento pensional; no
6 En adelante ISS.
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obstante, aquel no otorgó su consentimiento
1.2. Contestaciones de la demanda
6. ÉdgarVanegas Dúran se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos7:
6.1. Los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico,
toda vez que la pensión reconocida por Colpensiones se sustentó en 1968 semanas
cotizadas como docente de instituciones educativas privadas y en el cumplimiento
de los requisitos de edad y tiempo previstos en la Ley 100 de 1993.
6.2. Parael reconocimiento de esa prestación no se computaron los periodos
laborados al servicio del Estado entre mayo de 1977 y octubre de 1998. Por
consiguiente, la pensión otorgada por Colpensiones, financiada con aportes
privados, resultaba compatible con la prestación a cargo de la Ugpp, sustentada en
tiempos de servicio público.
6.3. Lacompatibilidad entre las prestaciones ya había sido examinada en la
sentencia proferida el 27 de febrero de 2020 en el proceso 25000-23-42-000-2013-
05547-00, en el cual Colpensiones intervino. En esa providencia se estableció que
las pensiones tenían diferente origen y fuente de financiación, aunque la decisión
se encontraba pendiente de resolver en sede de apelación ante el Consejo de
Estado.
6.4. Para esa fecha no percibía simultáneamente ambas pensiones, debido a que la
Resolución RDP 010724 del 29 de abril de 2021, expedida por la Ugpp en
cumplimiento de la sentencia, había sido dejada sin efectos mediante la Resolución
RDP 017819 del 19 de julio de 2021, hasta que se resolviera el recurso de apelación.
6.5. Tampoco procedía el reintegro de las mesadas pensionales, porque las sumas
fueron recibidas de buena fe y el reconocimiento no estuvo precedido de fraude,
falsedad documental, abuso del derecho o alguna otra actuación irregular atribuible
al beneficiario.
6.6. Se configuraron las excepciones de (i) pleito pendiente; (ii) cobro de lo no debido;
(iii) ausencia de vicios en los actos administrativos; (iv) inexistencia de la obligación
e improcedencia de devolución de sumas de dinero recibidas; y (v) innominada.
7. La Ugpp se opuso a las súplicas de la demanda con base en las siguientes
consideraciones8:
7.1. La entidad carecía de competencia para modificar o pronunciarse sobre la
legalidad de las resoluciones GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016 y VPB 262
7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 15, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«144_RECIBEMEMORIALES_202100717(.pdf) NroActua 15», archivo
«144_250002342000202100717002RECIBEMEMORIAL20220407093012».
8 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«152_RECIBEMEMORIALES_25000234200020210071(.pdf) NroActua 17», archivo
«152_250002342000202100717003RECIBEMEMORIAL20220427101358».
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del 3 de enero de 2017, debido a que fueron expedidas por Colpensiones, a la que
correspondía ejercer la defensa de dichos actos administrativos.
7.2. En el proceso 25000-23-42-000-2013-05547-00, en sentencia del 27 de febrero
de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Ugpp a
reconocer al demandado una pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985.
En cumplimiento de esa providencia se expidió la Resolución RDP 010724 del 29
de abril de 2021, que fijó la prestación en $2.598.846.
7.3. Posteriormente, mediante la Resolución RDP 017819 del 19 de julio de 2021, se
dejó sin efectos el referido reconocimiento, debido a que la sentencia no se
encontraba ejecutoriada, se había interpuesto recurso de apelación y estaba
pendiente de decisión un incidente de nulidad. Por tanto, no existía una decisión
definitiva de la Ugpp sobre la prestación.
7.4. Pese a lo anterior, se debía examinar si resultaba jurídicamente posible que el
demandado percibiera dos pensiones destinadas a cubrir igual riesgo de vejez y, en
caso de comprobarse su incompatibilidad, anular alguno de los actos que efectuaron
los reconocimientos pensionales.
7.5. Como excepciones propuso la de (i) posibilidad de incompatibilidad entre
pensiones que cubren igual riesgo; (ii) prescripción; (iii) buena fe de la Ugpp; y (iv)
declaratoria oficiosa de otras excepciones.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandante. En este sentido, dispuso lo siguiente9:
«[…] PRIMERO.-. Se declara la nulidad parcial de la GNR No. 368147 del 5 de
diciembre de 2016 que reconoció una pensión de vejez en favor del señor EDGAR
VANEGAS DURAN y la Resolución No. VPB262 del 3 de enero de 2017 que confirmó
la anterior decisión, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, EXCLUIR de dichos actos administrativos, los tiempos
públicos tenidos en cuenta para su reconocimiento, tales como los laborados en el
municipio de Zipaquirá y el INURBE, debiendo la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES – COLPENSIONES, estudiar nuevamente la prestación reconocida al
demandado única y exclusivamente con el tiempo laborado y acreditado en el
sector privado y bajo la normatividad aplicable al caso concreto.
SEGUNDO.- Se niegan las demás súplicas de la demanda. […]». [sic]
9. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«152_RECIBEMEMORIALES_25000234200020210071(.pdf) NroActua 17», archivo
«152_250002342000202100717003RECIBEMEMORIAL20220427101358».
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9.1. El reconocimiento simultáneo de una pensión por servicios prestados al Estado
y otra financiada con aportes derivados de relaciones laborales privadas no
generaba, por sí solo, incompatibilidad, debido a la diferencia entre el origen y la
fuente de financiación de ambas prestaciones.
9.2. No obstante, para reconocer la pensión de «vejez» mediante la Resolución GNR
368147 de 2016, Colpensiones contabilizó los periodos laborados en instituciones
universitarias privadas, así como al servicio del municipio de Zipaquirá y al extinto
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana10. Estos últimos
también sirvieron de fundamento para que la Ugpp reconociera la pensión de
jubilación ordenada judicialmente. En consecuencia, iguales tiempos de servicio
público fueron utilizados para financiar las dos prestaciones, circunstancia que
desconoció la prohibición de doble asignación proveniente del erario.
9.3. Asimismo, una vez excluidos los periodos públicos, el demandado conservaba
el derecho a una pensión de «vejez» con fundamento en los tiempos cotizados en el
sector privado. Por esta razón, procedía declarar la nulidad parcial de los actos
acusados y ordenar a Colpensiones estudiar nuevamente la prestación únicamente
con esos periodos, cuya administración continuaría a cargo de esa entidad.
9.4. No procedía el reintegro de las mesadas pensionales pagadas, porque la buena
fe del beneficiario se presumía y Colpensiones no demostró que hubiera acudido a
maniobras engañosas, documentos falsos o cualquier otra conducta dirigida a
inducir en error a la administración para obtener el reconocimiento pensional.
9.5. Lacondena en costas a la parte vencida era improcedente, porque no se
acreditaron actuaciones constitutivas de abuso del derecho, mala fe o temeridad
procesal, ni se demostró su causación.
1.4. Los recursos de apelación
10. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos11:
10.1. Está de acuerdo con la declaratoria de nulidad parcial de los actos demandados
y la orden de excluir los tiempos públicos laborados en el municipio de Zipaquirá y
el Inurbe. Sin embargo, cuestionó la negativa de ordenar la devolución de las sumas
pagadas por concepto de mesadas pensionales, retroactivo y demás conceptos
derivados del reconocimiento.
10.2. La pensión de «vejez» se reconoció con inclusión de periodos públicos que
también sirvieron de fundamento para la prestación otorgada por la Ugpp, por lo que
el demandado recibió valores a los cuales no tenía derecho. En consecuencia, la
falta de restitución de esos recursos configuró un enriquecimiento sin causa y afectó
la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la destinación específica de los
recursos de la seguridad social.
10 En lo sucesivo Inurbe.
11 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 70, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«197_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 70», archivo
«194_SENTENCIA_ACCEDEPAR_2021717SentenciaPrim_0_20241204135353152».
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10.3. La mala fe del beneficiario se encontró acreditada, debido a que fue informado
de la irregularidad del reconocimiento cuando se le pidió autorización para revocar
los actos administrativos. Pese a conocer que la prestación resultaba lesiva y
contraria al ordenamiento jurídico, no autorizó la revocatoria ni adelantó actuación
alguna para restituir los dineros recibidos y recibió las mesadas durante el trámite
judicial.
10.4. La prohibición de recuperar las prestaciones periódicas pagadas únicamente
protegía a quienes hubieran actuado de buena fe, supuesto que no se configuraba
en este asunto. Por tanto, debía ordenarse la devolución de la totalidad de las
sumas percibidas desde la inclusión en nómina o, por lo menos, desde la fecha en
que se requirió la autorización para revocar los actos cuestionados.
10.5. La actuación de Colpensiones estuvo amparada por la buena fe y se dirigió a
proteger los recursos del sistema mediante la aplicación de la Constitución, la ley y
la jurisprudencia. En consecuencia, se deberá revocar parcialmente la sentencia y
acceder a las demás pretensiones de la demanda, en particular, a la restitución de
los valores pagados al demandado.
11. Édgar Vanegas Dúran apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento
en los siguientes argumentos12:
11.1. Ladecisión se sustentó en una situación jurídica que desapareció con la
sentencia del 20 de septiembre de 2023, a través de la cual la Sala Veintisiete
Especial de Decisión del Consejo de Estado declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión; infirmó el fallo del 16 de junio de 2022, por el cual se
confirmó la decisión del 27 de febrero de 2020, que ordenó a la Ugpp reconocer la
pensión de jubilación; y negó las pretensiones formuladas contra esa entidad. Así
entonces, ya no coexisten dos prestaciones pensionales que justificaran excluir de
la pensión de Colpensiones los tiempos laborados en el sector público.
11.2. Como consecuencia de esa decisión sobreviniente, la pensión reconocida por
Colpensiones era la única prestación vigente. En esa medida, la orden de liquidarla
exclusivamente con los tiempos privados desconocería los periodos laborados
durante más de 20 años en el municipio de Zipaquirá y en el Inurbe, y lo dejaría sin
la posibilidad de que sus servicios fueran considerados en algún reconocimiento
pensional.
11.3. Era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debido a que, para el 1 de abril de 1994, tenía 43 años de edad y acreditaba más
de 750 semanas de servicio público y más de 813 semanas entre tiempos públicos
y privados. Asimismo, contaba con 1059 semanas laboradas en el sector oficial y
2.060 semanas cotizadas por sus vinculaciones con empleadores privados.
11.4. Envirtud del principio de favorabilidad, debió compararse la prestación
reconocida bajo la Ley 797 de 2003 con los regímenes previstos en la Ley 33 de
12 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 71, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«198_MemorialWeb_Recurso-APELACIONLESIVIDAD(.pdf) NroActua 71», archivo
«198_250002342000202100717002MemorialWeb20241218173726».
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1985 y el Acuerdo 049 de 1990. Según sus cálculos, la aplicación de la Ley 33 de
1985 resultaba más beneficiosa, pues permitía reconocer una mesada equivalente
al 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios,
superior a la otorgada mediante los actos demandados.
11.5. En consecuencia, pidió revocar parcialmente la sentencia y ordenar a
Colpensiones reconocer la prestación conforme con la Ley 33 de 1985, en cuantía
no inferior a $2.597.865, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2006 y con efectos
fiscales desde el 1 de octubre de 2024. Subsidiariamente, pretendió que se negaran
las súplicas de la demanda de «lesividad», con el fin de conservar la posibilidad de
reclamar administrativamente la reliquidación pensional mediante la inclusión de la
totalidad de los tiempos laborados o cotizados.
1.5. Trámite en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en cuanto no
fue necesario el decreto de pruebas13.
1.6. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda, con
fundamento en lo siguiente14:
13.1. La sentencia proferida el 20 de septiembre de 2023 por la Sala Veintisiete
Especial de Decisión del Consejo de Estado, infirmó el fallo que había ordenado a
la Ugpp reconocer la pensión de jubilación y negó las pretensiones formuladas
contra esa entidad.
13.2. Portanto, desapareció la coexistencia de prestaciones y, con ella, la
incompatibilidad pensional que sustentó la demanda de lesividad y la decisión de
primera instancia. En consecuencia, Colpensiones debía continuar a cargo de la
pensión de «vejez» reconocida mediante los actos demandados.
13.3. No era procedente definir en segunda instancia el régimen pensional más
favorable al demandado ni ordenar la reliquidación de la prestación, pues el litigio
se restringió a la compatibilidad entre las pensiones reconocidas por Colpensiones
y la Ugpp. Un estudio adicional requeriría el agotamiento previo de la actuación
administrativa correspondiente y desbordaría la competencia del superior.
13.4. Tampoco había lugar a ordenar la devolución de las sumas pagadas, debido a
que no se alegó ni demostró que el beneficiario hubiera acudido a actuaciones
fraudulentas para obtener la prestación. Por el contrario, las mesadas fueron
percibidas de buena fe, incluso en virtud de decisiones administrativas y judiciales,
13 Así se dispuso en el auto proferido el 31 de marzo de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «4Autoqueadmite_03442025admiterecurs(.pdf) NroActua
4», archivo «4_Autoqueadmite_03442025admiterecurs_0_20250505170311852».
14 Samai, índice 8, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_7Concepto(.pdf) NroActua 8», archivo
«7_7_250002342000202100717021YYY05273247».
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Demandante: Colpensiones
por lo que no prosperaba el recurso interpuesto por Colpensiones en este aspecto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
14. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos […]».
2.2. Cuestión previa
15. Previo a abordar el fondo del asunto, se pone de presente que el consejero ponente
integró la Sala Veintisiete Especial de Decisión que profirió la sentencia del 20 de
septiembre de 2023 dentro del recurso extraordinario de revisión radicado 11001-03-
15-000-2022-06408-00.
16. Sin embargo, esta circunstancia no configura causal de impedimento alguna,
porque aquella actuación y el presente medio de control corresponden a procesos
autónomos y distintos. En efecto, en el primero se examinó un recurso extraordinario
de revisión contra las providencias judiciales que le habían otorgado un derecho
pensional a Édgar Vanegas Dúran y a cargo de la Ugpp, mientras que en este asunto
se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera
instancia proferida dentro del proceso promovido por Colpensiones contra sus propios
actos administrativos. Por tanto, no se trata del conocimiento de igual proceso en una
instancia anterior, supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 141 del CGP, en
concordancia con el artículo 130 del CPACA.
2.2. Problemas jurídicos
17. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación15, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si la sentencia proferida el 20 de
septiembre de 2023 por la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de
Estado, que infirmó el fallo de segunda instancia dictado en el proceso promovido
por Édgar Vanegas Dúran contra la Ugpp, revocó la decisión de primera instancia
que había ordenado a ese ente de previsión social reconocerle la pensión de
jubilación y negó las pretensiones formuladas contra esa entidad, produjo la
desaparición sobreviniente de la incompatibilidad pensional que sustentó la
pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados?
18. Asimismo, establecer ¿si hay lugar a ordenar al demandado la devolución de los
dineros pagados por Colpensiones con fundamento en los actos administrativos
demandados?
19. Finalmente, establecer ¿si resulta procedente, dentro de este medio de control,
15 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación del demandado con
fundamento en la Ley 33 de 1985 y en aplicación del principio de favorabilidad?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Hechos sobrevinientes y su incidencia en la decisión judicial
20. El principio de la doble instancia reconocido en el artículo 31 de la Constitución
Política permite que toda sentencia judicial sea apelada, salvo algunas excepciones
legales. Esta garantía del debido proceso asegura que haya un juez superior,
independiente e imparcial, que revise la decisión original; sin embargo, el acceso a
este derecho no es automático, por cuanto, tal como lo establecen los artículos 243
y 247 del CPACA, existen requisitos que deben cumplirse para la procedencia del
recurso, entre otros, el tipo de providencias que se pueden apelar y el trámite a
seguir.
21. De conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso 16, el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión impugnada en
relación con los reparos formulados por el recurrente, con el propósito de que
aquella sea revocada o reformada. Por tanto, la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra delimitada por los aspectos de la sentencia que fueron objeto
de inconformidad17. Al respecto, la norma establece:
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia:
respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 71.
22. No obstante, la decisión judicial no puede desconocer las circunstancias que, con
posterioridad a la presentación de la demanda, puedan modificar o extinguir el
derecho sustancial sobre el cual versa el litigio. En tal sentido, el artículo 281 del
CGP, aplicable en virtud de la remisión prevista en el artículo 306 del CPACA,
dispone que esos hechos deben tenerse en cuenta en la sentencia cuando
aparezcan probados y hayan sido alegados por la parte interesada en la oportunidad
correspondiente o puedan ser considerados de oficio.
23. La referida disposición establece:
Artículo 281. Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
16 En adelante CGP.
17 El artículo 320 del CGP resulta aplicable a los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en virtud de la remisión prevista en el artículo 306 del CPACA, siempre
que sea compatible con su naturaleza.
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último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio. […]
24. De este modo, al proferir la sentencia el juez debe verificar si subsisten los
presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaron las pretensiones y la decisión
recurrida. La consideración de un hecho modificativo o extintivo sobreviniente no
implica alterar el objeto del litigio, sino establecer su incidencia en el derecho
sustancial debatido y en la subsistencia de aquellos presupuestos.
25. En relación con el recurso extraordinario de revisión, el artículo 255 del CPACA
establece que, cuando se encuentra fundada alguna de las causales que exigen
dictar sentencia de reemplazo, el juez debe invalidar la providencia revisada y
proferir la decisión que en derecho corresponda. En ese evento, la sentencia
invalidada deja de definir la situación jurídica controvertida, la cual queda regulada
por la providencia que la sustituye. En lo pertinente, la norma dispone:
Artículo 255. Sentencia. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6
a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha
invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en
concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación
afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad
judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
26. Así las cosas, cuando durante el proceso se profiere una sentencia de revisión
que modifica la situación jurídica que sirvió de fundamento a las pretensiones,
corresponde al juez establecer su incidencia en el litigio y verificar si subsiste el
supuesto que sustentó la nulidad reclamada.
2.4. Caso concreto
27. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
27.1. Mediante la Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016 18,
18 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«11_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ADM191666541(.PDF) NroActua 1», archivo
«11_250002342000202100717004REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085447».
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Colpensiones reconoció a Édgar Vanegas Durán una pensión de «vejez» con
fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual computó los tiempos laborados en el municipio de
Zipaquirá, el Inurbe y distintas instituciones universitarias, equivalentes a 13779
días y 1968 semanas. La prestación se liquidó con un ingreso base de liquidación
de $3.345.858 y una tasa de reemplazo del 78.07%, para una mesada inicial de
$2.612.111, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2016.
27.2. Asimismo, se identificaron como tiempos públicos no cotizados a Colpensiones
los correspondientes al municipio de Zipaquirá, entre el 23 de mayo y el 31 de
diciembre de 1977, y al Inurbe, entre el 5 de junio de 1978 y el 6 de octubre de 1998,
y se estableció que la prestación era incompatible con cualquier otra asignación
proveniente del tesoro público.
27.3. Por medio de la Resolución VPB 262 del 3 de enero de 201719, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto administrativo y
lo confirmó. Para ello, negó la reliquidación de la pensión bajo los parámetros de la
Ley 33 de 1985 y con los factores salariales del último año de servicio, al considerar
que la competencia para estudiar dicha prestación correspondía a la Ugpp y que,
para remitirle el expediente, el interesado debía autorizar la revocatoria del
reconocimiento efectuado por Colpensiones. Asimismo, mantuvo la mesada de
$2.612.111, por resultar superior a la obtenida conforme con los demás regímenes
examinados, y negó el retroactivo, la indexación y los intereses moratorios
reclamados.
27.4. En sentencia proferida el 27 de febrero de 202020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se abstuvo de declarar la nulidad
del Auto ADP 009370 del 28 de junio de 201321 y condenó a la Ugpp a reconocer y
pagar a Édgar Vanegas Durán una pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de
1985, equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante los últimos diez
años de servicios, con inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994, efectiva desde el 6 de julio de 2006 y con efectos fiscales a partir del 6 de
mayo de 2010. Asimismo, se ordenó actualizar el IBL desde el retiro del servicio,
ocurrido el 6 de octubre de 1998, y se consideró que la prestación era compatible
con la reconocida por Colpensiones, al estimarse que esta se financió con aportes
efectuados en el sector privado, mientras que aquella se fundamentó en los
servicios prestados en el sector público. Decisión contra la cual la entidad
demandada interpuso recurso de apelación.
27.5. Con la Resolución RDP 010724 del 29 de abril de 2021 22, en cumplimiento de
19 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«12_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ADM191666542(.PDF) NroActua 1», archivo
«12_250002342000202100717005REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085448».
20 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«83_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_GJRNOTAF2020_5336(.PDF) NroActua 1»,
archivo «83_2500023420002021007170076REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085539».
21 Mediante el cual la Ugpp se declaró incompetente para reconocer la pensión de «vejez» del actor.
22 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«68_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_GENREQIN2021_6099(.PDF) NroActua 1», archivo
«68_2500023420002021007170061REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085530».
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la referida sentencia, la Ugpp reconoció a Édgar Vanegas Durán una pensión de
jubilación en los términos ordenados. La prestación se liquidó con un ingreso base
de $3.465.128 y una tasa de reemplazo del 75%, para una mesada inicial de
$2.598.846, para lo cual se computaron 7417 días de servicio, equivalentes a 1059
semanas, correspondientes a los periodos laborados en el municipio de Zipaquirá y
el Inurbe.
27.6. A través del Auto de Pruebas APSUB 1562 del 4 de junio de 2021 23,
Colpensiones requirió al demandado para que, dentro del término de 1 mes,
otorgara autorización expresa para revocar los actos acusados. La entidad
fundamentó la petición en que la Ugpp, mediante la Resolución RDP 010724 del 29
de abril de 2021, le había reconocido una pensión en cumplimiento de la sentencia
proferida el 27 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por lo que consideró configurada la prohibición de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público. Además, advirtió que, de no allegarse el
consentimiento, acudiría ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
27.7. Mediante la Resolución SUB 159133 del 8 de julio de 202124, Colpensiones
dispuso remitir el expediente de Édgar Vanegas Durán a la Dirección de Procesos
Judiciales, debido a que, mediante escrito del 18 de junio de 2021, el interesado
negó expresamente la autorización para revocar los actos de su reconocimiento
pensional al considerar que no existía incompatibilidad entre las prestaciones, pues
la reconocida por esa entidad correspondía a tiempos privados y la otorgada por la
Ugpp a tiempos públicos, por lo que pidió archivar la actuación administrativa.
27.8. Por medio de la Resolución RDP 017819 del 19 de julio de 202125, la Ugpp dejó
sin efectos jurídicos la Resolución RDP 010724 del 29 de abril de 2021, a través de
la cual había reconocido la pensión de jubilación al demandado, debido a que se
encontraba pendiente de decisión el incidente de nulidad promovido contra la
sentencia del 27 de febrero de 202026 y, por tanto, consideró que dicha providencia
judicial no estaba ejecutoriada. La entidad precisó que la medida se mantendría
hasta que se profiriera una nueva decisión judicial definitiva que permitiera resolver
de fondo la situación pensional.
27.9. De conformidad con el certificado de devengados y deducidos del 23 de julio de
202127, Colpensiones informó que, durante el periodo comprendido entre junio de
23 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«13_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ADM191666543(.PDF) NroActua 1», archivo
«13_250002342000202100717006REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085449».
24 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 1, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«14_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ADM191666544(.PDF) NroActua 1», archivo
«14_250002342000202100717007REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085450».
25 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 7, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«151_RECIBEMEMORIALES_19166654(.zip) NroActua 17», carpeta
«151_250002342000202100717002RECIBEMEMORIAL20220427101357», subcarpeta
«19166654», archivo «19166654 UNIFICADO.pdf», folios 53 a 59.
26 Aunque así de señaló en el acto en cuestión, lo cierto es que para ese momento se encontraba
pendiente de resolución el recurso de apelación impetrado en contra de la sentencia 27 de febrero
de 2020.
27 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
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2018 y junio de 2021, el pensionado recibió por concepto de mesadas pensionales
$120.376.727, valor respecto del cual se efectuaron deducciones por $20.396.252,
para un valor neto girado de $99.980.475. Asimismo, que la prestación se
encontraba activa.
27.10. Conforme con el Oficio 1110 del 8 de abril de 2022 28, expedido por el
subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Ugpp, una vez verificada la
información registrada en el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional29, no
se evidenció que se efectuaran pagos al demandado con fundamento en la
Resolución RDP 010724 del 29 de abril de 2021.
27.11. A través de sentencia del 16 de junio de 202230, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia proferida el 27 de febrero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D. Para ello, consideró que el pensionado conservó los beneficios del
régimen de transición, debido a que, al 1 de abril de 1994, acreditaba más de 15
años de servicios cotizados, por lo que resultaba aplicable la Ley 33 de 1985.
Asimismo, estableció que la Ugpp era la competente para dicho reconocimiento,
toda vez que la adquisición del estatus pensional fue el 6 de julio de 2006, antes del
traslado masivo de los afiliados de la Caja Nacional de Previsión Social31 al ISS.
27.12. Mediante sentencia del 20 de septiembre de 202332, la Sala Veintisiete
Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado declaró fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
UGPP, infirmó la sentencia del 16 de junio de 2022, revocó la providencia del 27 de
febrero de 2020 y, en su lugar, negó las pretensiones formuladas por Édgar
Vanegas Durán contra esa entidad. Para ello, consideró que, al momento de
presentar la solicitud pensional en 2013, aquel se encontraba afiliado a Colfondos,
por lo que la Ugpp no administraba sus aportes ni tenía competencia para reconocer
la prestación; asimismo, estimó que la pensión de jubilación era incompatible con la
pensión de «vejez» reconocida por Colpensiones. Finalmente, negó la devolución
de las sumas pagadas, al no haberse alegado ni probado la mala fe del beneficiario.
2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto
28. En el presente asunto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia proferida el 4 de
diciembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Lo anterior, porque Colpensiones
tuvo en cuenta para reconocer la pensión de «vejez» tanto los periodos cotizados en
«15_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_CN19166654(.PDF) NroActua 1», archivo
«15_250002342000202100717008REPARTOYRADICEXPEDIENTE20210916085451».
28 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 16, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«148_RECIBEMEMORIALES_RESPREQJ_202100717(.pdf) NroActua 16», archivo
«148_250002342000202100717002RECIBEMEMORIALRESPREQJ20220419163215».
29 En lo que sigue Fopep.
30 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00717-00, índice 26, actuación «AL DESPACHO MEMORIAL», documento
«161_ALDESPACHOMEMORIAL_ALLEGASEN_202100717(.pdf) NroActua 26», archivo
«161_250002342000202100717001ALDESPACHOMEMALLEGASEN20220722154758».
31 En lo sucesivo Cajanal.
32 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 20 de septiembre de 2023,
radicado 11001-03-15-000-2022-06408-00, índice 28, Samai.
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el sector privado como los servicios prestados en el municipio de Zipaquirá y el
Inurbe, pese a que estos últimos también sirvieron de fundamento para la prestación
reconocida por la Ugpp.
29. Por ello, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó estudiar
nuevamente la pensión con exclusión de los tiempos públicos. No obstante, negó la
devolución de las mesadas pagadas, debido a que no se desvirtuó la buena fe del
beneficiario.
30. Inconforme con lo anterior, Colpensiones apeló la decisión de primera instancia
únicamente en cuanto negó el reintegro de las sumas pagadas. La inclusión de los
periodos públicos dio lugar al pago de valores que el demandado no tenía derecho
a recibir y su falta de restitución configuraba un enriquecimiento sin causa y afectaba
los recursos del sistema pensional. Además, la mala fe se encontraba acreditada,
porque Édgar Vanegas Durán conoció de la irregularidad cuando se le requirió para
autorizar la revocatoria de los actos, pero se negó a otorgar el consentimiento y
continuó con la percepción de la prestación. En consecuencia, se debía ordenar la
devolución de la totalidad de las sumas recibidas o, subsidiariamente, de las
causadas desde dicho requerimiento.
31. Por su parte, Édgar Vanegas Dúran apeló la decisión del tribunal al considerar
que la incompatibilidad pensional que sustentó la demanda desapareció con la
providencia del 20 de septiembre de 2023, mediante la cual la Sala Veintisiete
Especial de Decisión del Consejo de Estado infirmó el fallo que había ordenado a la
Ugpp reconocer la pensión de jubilación y negó las pretensiones formuladas en
contra de esa entidad.
32. Por tanto, la prestación reconocida por Colpensiones era la única vigente y no
procedía excluir de su liquidación los tiempos laborados en el sector público.
Asimismo, como beneficiario del régimen de transición y en aplicación del principio
de favorabilidad, debía reconocérsele la pensión conforme con la Ley 33 de 1985.
Subsidiariamente, pidió negar las pretensiones de la demanda, con el fin de
conservar la posibilidad de reclamar administrativamente la reliquidación de la
prestación con la totalidad de los tiempos acreditados.
33. En este contexto, el análisis de la Sala se circunscribirá, en primer lugar, a
establecer si la sentencia del 20 de septiembre de 2023 extinguió la situación de
coexistencia pensional que sustentó las pretensiones de Colpensiones y, por
consiguiente, si procede revocar la decisión apelada y negar las súplicas de la
demanda. En segundo lugar, se examinará si hay lugar a ordenar al demandado la
devolución de las sumas pagadas por esa administradora. Finalmente, se
determinará si dentro de este proceso resulta procedente acceder a la petición del
demandado de reliquidar la prestación conforme con la Ley 33 de 1985.
34. Como se expuso en el marco normativo, al momento de dictar sentencia deben
considerarse los hechos sobrevinientes que modifiquen o extingan el derecho
sustancial debatido, siempre que su valoración no comporte la alteración del objeto
del litigio. Asimismo, cuando prospera un recurso extraordinario de revisión, la
providencia recurrida pierde sus efectos y la sentencia de reemplazo pasa a definir
la situación jurídica discutida.
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35. En este caso, la causa que sustentó las pretensiones de Colpensiones consistió
en que los tiempos laborados por Édgar Vanegas Durán en el municipio de
Zipaquirá y el Inurbe habían sido computados tanto para reconocer la pensión de
«vejez» mediante los actos demandados como para otorgar la pensión de jubilación
a cargo de la Ugpp. A juicio de la entidad, esa duplicidad desconocía la prohibición
de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público y justificaba la
nulidad de sus propios actos.
36. En efecto, mediante la Resolución GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016,
Colpensiones reconoció la pensión con fundamento en la Ley 100 de 1993 y
computó los servicios prestados en el sector público y los periodos cotizados por las
vinculaciones con instituciones universitarias privadas. Posteriormente, la sentencia
del 27 de febrero de 2020 ordenó a la Ugpp reconocer otra prestación conforme con
la Ley 33 de 1985, para lo cual se tuvieron en cuenta los servicios prestados en el
municipio de Zipaquirá y el Inurbe.
37. Esa decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 16 de junio de 2022. Sin embargo, mediante sentencia del 20
de septiembre de 2023, la Sala Veintisiete Especial de Decisión declaró fundado el
recurso extraordinario de revisión promovido por la Ugpp, infirmó la providencia de
segunda instancia, revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
negó las pretensiones formuladas por Édgar Vanegas Durán contra dicha entidad.
38. De esta manera, la sentencia de revisión eliminó el título judicial que sustentaba
el reconocimiento de la pensión a cargo de la Ugpp. Por tanto, al momento de
proferirse la sentencia apelada ya no coexisten las 2 prestaciones que habían
originado la presente demanda, pues únicamente subsiste la reconocida por
Colpensiones mediante las resoluciones GNR 368147 del 5 de diciembre de 2016
y VPB 262 del 3 de enero de 2017.
39. La consideración de esa circunstancia no modifica la causa ni el objeto del litigio.
Por el contrario, permite establecer si subsistía el presupuesto fáctico y jurídico en
el que Colpensiones fundamentó la nulidad pretendida. Tampoco supone que la
sentencia de revisión hubiera saneado retroactivamente los actos administrativos,
sino que extinguió la situación de coexistencia pensional cuya corrección se
perseguía mediante este proceso.
40. Así,los tiempos laborados en el municipio de Zipaquirá y el Inurbe ya no
sustentan dos prestaciones sociales concurrentes, sino que integran sólo la pensión
reconocida por Colpensiones. En consecuencia, desapareció la duplicidad que,
según la demanda, desconocía la prohibición de recibir más de una asignación
proveniente del tesoro público.
41. Además, la entidad demandante no sustentó la ilegalidad de los actos en la
imposibilidad de computar los tiempos públicos dentro de la pensión de «vejez»,
considerados de forma independiente, sino en que esos mismos periodos habían
servido para reconocer una segunda prestación a cargo de la Ugpp. Una vez
desapareció esta última, dejó de existir una razón autónoma que justificara excluir
de la liquidación los servicios prestados en el sector público.
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42. En tales condiciones, la decisión de primera instancia se fundó en una situación
jurídica que había desaparecido antes de que se profiriera la sentencia. En efecto,
para el 4 de diciembre de 2024 ya se había infirmado la providencia que ordenó el
reconocimiento a cargo de la Ugpp y se habían negado las pretensiones formuladas
contra esa entidad. Por tanto, no procedía declarar la nulidad parcial de los actos ni
ordenar a Colpensiones que estudiara nuevamente la prestación con exclusión de
los tiempos públicos.
43. En cuanto a la devolución pretendida por Colpensiones, la Sala advierte que las
mesadas reclamadas fueron pagadas con fundamento en los actos administrativos
que reconocieron al demandado la pensión de «vejez» y permanecieron vigentes.
En efecto, la entidad no cuestionó el cumplimiento de los requisitos para acceder a
esa prestación ni la forma en que fue liquidada, sino la incompatibilidad que surgió
cuando la Ugpp reconoció otra pensión con fundamento en iguales tiempos de
servicio público.
44. Sin embargo, la sentencia proferida por la Sala Veintisiete Especial de Decisión
del Consejo de Estado el 20 de septiembre de 2023 eliminó el título judicial que
sustentaba el reconocimiento a cargo de la Ugpp y dejó subsistente únicamente la
prestación otorgada por Colpensiones. Por tanto, los pagos efectuados por esta
administradora conservaron su fundamento jurídico, de modo que no constituyeron
un pago de lo no debido ni dieron lugar a un enriquecimiento sin causa del
demandado.
45. La negativa de Édgar Vanegas Durán a autorizar la revocatoria de los actos
tampoco demuestra que hubiera actuado de mala fe, pues se limitó a defender la
vigencia de una prestación reconocida por Colpensiones que, finalmente, fue la
única que subsistió. En consecuencia, no hay lugar a ordenar la devolución total o
parcial de las sumas pagadas y el recurso de apelación interpuesto por esa entidad
no tiene vocación de prosperidad.
46. Enconsecuencia, prospera el reparo formulado por Édgar Vanegas Durán
respecto de la incidencia de la sentencia de revisión. Por ello, se revocará la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.
47. Ahora bien, el demandado también pidió que, en aplicación del principio de
favorabilidad, se ordenara a Colpensiones reconocer la prestación conforme con la
Ley 33 de 1985, en cuantía no inferior a $2.597.865, efectiva desde el 1 de diciembre
de 2006 y con efectos fiscales a partir del 1 de octubre de 2024.
48. Al respecto, la controversia fue promovida por Colpensiones con el propósito de
obtener la nulidad de sus propios actos y la devolución de las sumas pagadas. Por
tanto, el objeto del proceso se circunscribió a determinar si esos reconocimientos
resultaban contrarios al ordenamiento jurídico por la utilización simultánea de
iguales tiempos públicos en 2 prestaciones pensionales.
49. De conformidad con los artículos 177 y 180, numeral 7, del CPACA, la pretensión
propia del demandado debía formularse mediante demanda de reconvención dentro
de la oportunidad prevista para ello, con el fin de que integrara la fijación del litigio
y pudiera ser controvertida por los demás sujetos procesales. No obstante, Édgar
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Vanegas Durán no acudió a ese mecanismo para obtener el reconocimiento o la
reliquidación de su pensión conforme con la Ley 33 de 1985, tan es así que ni
siquiera presentó demanda de reconvención.
50. La petición de aplicar dicho régimen implica un restablecimiento distinto del
pretendido en la demanda y fue planteada únicamente en el recurso de apelación.
En consecuencia, excede el objeto del litigio y no corresponde examinar de fondo
los distintos regímenes pensionales ni ordenar una nueva liquidación en esta
instancia, pues de conformidad con los artículos 281, 320 y 328 del CGP, aplicables
en virtud de la remisión prevista en el artículo 306 del CPACA, la sentencia debe
guardar correspondencia con las pretensiones debatidas y el recurso de apelación
tiene por objeto la revisión de la cuestión decidida.
51. Lo contrario impediría a Colpensiones controvertir una pretensión autónoma en
primera instancia y desconocería, entre otros, los principios de contradicción y doble
instancia.
52. En consecuencia, no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo sobre la
procedencia de reconocer o reliquidar la pensión conforme con la Ley 33 de 1985.
Esta decisión no impide que el interesado acuda ante Colpensiones y, de ser
necesario, ante la jurisdicción competente, para reclamar la aplicación del régimen
que estime más favorable, con observancia de los requisitos sustanciales y
procesales correspondientes.
53. En suma, la sentencia del 20 de septiembre de 2023 extinguió la situación de
coexistencia pensional que fundamentó la presente demanda. Como los actos
expedidos por Colpensiones permanecieron vigentes y los pagos efectuados con
fundamento en ellos conservaron su sustento jurídico, no hay lugar a ordenar su
devolución. En consecuencia, se revocará la decisión apelada y se negarán las
pretensiones formuladas por esa administradora. Asimismo, no se emitirá
pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de reliquidación planteada por el
demandado en el recurso de apelación.
2.5. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
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respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma33.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en ambas
instancias.
3. Conclusión
59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la sentencia proferida el
20 de septiembre de 2023 extinguió la situación de coexistencia pensional que
sustentó la presente demanda, toda vez que infirmó la decisión de segunda
instancia, revocó la providencia que había ordenado a la Ugpp reconocer la pensión
de jubilación y negó las pretensiones formuladas contra esa entidad. En
consecuencia, únicamente subsistió la prestación reconocida por Colpensiones y
no se acreditó una razón autónoma que justificara la nulidad parcial de los actos
demandados o la exclusión de los tiempos de servicio público.
60. Asimismo, las mesadas pagadas por Colpensiones conservaron su fundamento
jurídico, pues se reconocieron en virtud de actos administrativos que permanecieron
vigentes y correspondieron a la única prestación pensional que subsistió. Por tanto,
no hay lugar a ordenar su devolución. En consecuencia, se revocará la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
Asimismo, no se emitirá pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de
reliquidación formulada por Édgar Vanegas Durán en el recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en esta decisión. En su lugar:
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Colpensiones en
contra de Édgar Vanegas Durán.
Tercero. No condenar en costas en ninguna de las instancias.
33 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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