República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00481-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Vinculado: Municipio de Soledad, Atlántico1
Tema: incompatibilidad entre pensión de vejez y pensión de jubilación docente.
Subtema. Sistema de financiación de la seguridad social.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C,
mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la
entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó
que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Añadió que dicha pensión es compatible con
la de vejez que devenga y que le fue reconocida por el ISS (hoy Colpensiones).
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Señaló que la pensión de jubilación
reclamada es incompatible con la pensión de vejez que percibe el accionante, toda vez
que guardan relación en cuanto al origen y a la fuente del servicio prestado. Ello, en
tanto la prestación reconocida por el ISS se originó en los servicios prestados en
entidades educativas del sector privado y público (Sena).
1 Ente territorial vinculado a través de auto del 4 de diciembre de 2017, visto en Samai índice 02, expediente digital,
archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 01.ActadeReparto-AutoAdmisorio, págs. 2 a 3.
1
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Esta Subsección confirma parcialmente la decisión anterior, por razones diferentes. Se
define que la pensión de vejez reconocida por el ISS al demandante,
independientemente del origen de las cotizaciones que la sustentaron, es incompatible
con la pensión de jubilación reclamada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (en adelante Fomag), Secretaría de Educación del Municipio de
Soledad, Atlántico.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 10 de octubre de 20172, el señor Darío Yime de León,
por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 0000001 del 3 de agosto de
2016, mediante la cual se negó al accionante el reconocimiento de la pensión de
jubilación, así como del acto ficto negativo que resolvió en el mismo sentido el recurso
de reposición interpuesto en su contra.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación a partir de la adquisición del
estatus pensional, de acuerdo con la cuantía de su salario al momento de adquirir el
estatus pensional, sin perjuicio de los incrementos legales correspondientes, junto con
el retroactivo causado desde la fecha en que consolidó el derecho hasta la fecha en
que se haga efectivo el pago, con sus respectivos intereses y debidamente indexados.
4. Como pretensión «secundaria», solicitó que se dé aplicación al artículo 148 de
la Ley 1437 de 2011, en el sentido de inaplicar la Resolución 0000001 del 3 de agosto
de 2016. Pidió, además, la condena en costas y agencias en derecho a cargo de la
parte demandada, el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192
del CPACA.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
pág. 1.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
págs. 1 a 9.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. El señor Darío Yime de León fue nombrado docente en propiedad en el Instituto
Simón Bolívar de Soledad, por medio del Decreto 058 del 6 de octubre de 1974; luego
de renunciar, mediante el Decreto 00124 del 25 de enero de 1995, fue nombrado en
la misma calidad en el Colegio Bachillerato Mixto de Ponedera; y posteriormente fue
trasladado a la Institución Educativa Básica No. 8 de Soledad, habiéndose retirado del
servicio por edad de retiro forzoso conforme al Decreto 0307 del 5 de septiembre de
2005.
7. El accionante cumplió los requisitos de tiempo de servicio (20 años) y edad
exigidos por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para obtener la pensión de jubilación a
cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, razón por la cual presentó solicitud de reconocimiento de dicha
prestación, bajo el número 2013-PENS-012459 del 8 de agosto de 2013.
8. La entidad accionada negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación al demandante, mediante la Resolución 0000001 del 3 de agosto de 2016,
bajo el argumento de que ya le había sido reconocida una pensión de vejez por el ISS
(hoy Colpensiones), a través de la Resolución 003298 del 30 de octubre de 1999 (esta
pensión se le otorgó por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio prestado
al sector privado, en tanto laboró desde el 1 de abril de 1969 en el Colegio San José,
hasta el 10 de diciembre de 1998 en el Colegio Sindicaribe de Barranquilla).
9. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de reposición contra
la Resolución 0000001 de 2016; sin embargo, manifestó que, a la fecha de
presentación de la demanda, la entidad no había resuelto el recurso.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 23, 25, 29 y 58.
• De la Ley 100 de 1993, el artículo 279.
• De la Ley 60 de 1993, el artículo 6.
• De la Ley 115 de 1994, el artículo 115.
• Del Decreto 3135 de 1968, los artículos 29 y 31.
• Del Decreto 1848 de 1969, el artículo 81.
10. La parte accionante sostuvo que el trabajo constituye una obligación social
objeto de especial protección, y que los derechos adquiridos son inalienables,
irrenunciables e imprescriptibles. Adujo que la entidad demandada, al negar el
reconocimiento pensional, desconoció de manera arbitraria el derecho adquirido a la
pensión del señor Darío Yime de León.
3
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
11. Manifestó que, de acuerdo con el artículo 10 del ordenamiento civil, ante la
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal debe preferirse la
constitucional, y señaló que la pensión de jubilación es un derecho imprescriptible,
cuyo reconocimiento, revisión o reliquidación puede solicitarse en cualquier tiempo
mediante el derecho de petición.
12. Transcribió algunos apartes de la sentencia del 8 de noviembre de 2017
(radicado interno 5435-05) y de un pronunciamiento de la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, relativos a la ausencia de incompatibilidad entre una
asignación del tesoro público y una pensión de vejez reconocida por el ISS cuando
esta se sustenta en aportes de origen privado. Además, indicó que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los recursos que administra el ISS, así
provengan de las cotizaciones de entes públicos con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, no gozan de la calidad de públicos, motivo por el cual, «en
principio, la percepción de una asignación pagada por el ISS no es incompatible con
la de otra asignación del tesoro público».
13. Asimismo, incluyó un cuadro comparativo de los servicios prestados por el
demandante al sector privado —Colegio San José, Colegio Colón para Varones,
Colegio Técnico Comercial Ltda., Colegio Eucarístico de la M. y Colegio Sindicaribe,
entre 1969 y 1998— y al sector público —Instituto Simón Bolívar de Soledad, Colegio
Bachillerato Mixto de Ponedera e Institución Educativa Básica No. 8 de Soledad, entre
1974 y 2005—, con el cual pretendió acreditar el cumplimiento de 20 años de servicio
y su condición de beneficiario de las disposiciones vigentes con anterioridad al 31 de
diciembre de 1989, en los términos de los artículos 15 y demás concordantes de la Ley
91 de 1989.
14. Concluyó que, con fundamento en lo anterior, se encuentran acreditados los
presupuestos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme al
artículo 1 de la Ley 33 de 1985 —20 de servicio y 55 años de edad—, por lo que, en
su criterio, el derecho pensional reclamado se encuentra plenamente consolidado.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
con fundamento en las siguientes consideraciones4.
15. Argumentó que no es la entidad llamada a responder por el acto demandado,
pues no fue la encargada de proferirlo. Manifestó que, conforme al artículo 56 de la
Ley 962 de 2005, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución Política y del artículo
4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento
04.ContestacionMin.Educacion.
4
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
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Sociales del Magisterio
9 de la Ley 489 de 1998, la atención de las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponde a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas,
o la dependencia que haga sus veces, quienes reciben y radican las solicitudes,
expiden las certificaciones de tiempo de servicio, elaboran y remiten el proyecto de
acto administrativo de reconocimiento a la sociedad fiduciaria encargada del manejo
de los recursos del Fondo para su aprobación, y suscriben el acto correspondiente una
vez este sea aprobado.
16. Explicó que, como consecuencia del proceso de descentralización del sector
educativo previsto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional perdió la
facultad de ser nominador de los docentes, la cual fue trasladada a los departamentos
y distritos y, posteriormente, por la Ley 715 de 2001, a los municipios certificados, de
manera que es a estas entidades territoriales a quienes corresponde la administración
del personal docente y el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de la
relación laboral. Precisó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, constituye una cuenta especial de la Nación
sin personería jurídica, cuyos recursos son administrados por la Fiduciaria La
Previsora S.A. en virtud del contrato de fiducia mercantil contenido en la Escritura
Pública No. 0083 del 21 de junio de 1990, sin injerencia alguna del Ministerio de
Educación Nacional en dicho trámite.
17. Adujo que la obligación de integrar debidamente el contradictorio impone que
exista congruencia jurídica entre quien solicita la prestación y el sujeto llamado a
responder por ella, motivo por el cual solicitó que se vinculara al proceso a «la
Secretaría de Educación de Barranquilla», conforme al artículo 61 del Código General
del Proceso, y que se citara como litisconsorte necesario a la Fiduciaria La Previsora
S.A., en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo.
18. Sostuvo que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva para
actuar, toda vez que no es la obligada a efectuar el estudio de reconocimiento o
negación de la prestación reclamada. Señaló que, en todo caso, dicho estudio se
efectuó con base en la normativa aplicable, por lo que la obligación exigida en la
demanda, además, carecería de fundamento legal.
19. Afirmó que el demandante no cumple con el requisito de tiempo de servicio
exigido por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para acceder al reconocimiento de la
pensión de jubilación. Como sustento de lo anterior, citó el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, relativo a los contratos de prestación de servicios, y transcribió apartes de las
sentencias C-154 de 1997 y C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que se refieren
a la distinción entre el contrato de prestación de servicios y la relación laboral, y a las
particularidades que rigen la vinculación laboral de los servidores públicos.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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20. Finalmente, propuso la excepción de prescripción respecto de cualquier
derecho reclamado para el cual pudiera resultar probada, con fundamento en que, si
bien los derechos prestacionales son imprescriptibles, las mesadas que de ellos se
derivan sí prescriben en el término de tres años, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
2.2.2. El municipio de Soledad se opuso a las súplicas de la demanda, las cuales
solicitó que se negaran, bajo los siguientes argumentos5:
21. Precisó que la Resolución 0000001 del 3 de agosto de 2016 fue expedida por
la Secretaría de Educación Municipal únicamente por las funciones de gestión
asignadas en el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, en nombre y representación de
la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
22. Indicó que la pretensión de reconocimiento pensional es improcedente por
incurrir en una incompatibilidad prohibida en el ordenamiento jurídico. Explicó que,
según el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992,
nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación proveniente del tesoro público o de entidades en las que el Estado
tenga parte mayoritaria. En tal sentido, como el ISS (hoy Colpensiones) es una entidad
del Estado con naturaleza de empresa industrial y comercial, se encuentra
comprendido dentro de dicha prohibición, de manera que el demandante, al percibir ya
una pensión por parte de dicha entidad, no podría acceder a una segunda prestación
con cargo al Fomag.
23. Señaló que la excepción a la prohibición antes referida, prevista en el literal g)
del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 —relativa a los servidores oficiales docentes
pensionados— no resulta aplicable al caso, en tanto dicha excepción solo beneficia a
quienes ya se encontraban pensionados a la entrada en vigor de la ley (18 de mayo
de 1992), condición que el accionante no cumplía, puesto que su pensión del ISS le
fue reconocida solo hasta 1999. Esto, de acuerdo con lo expuesto por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto No. 1305 de 2000.
24. Añadió que los artículos 29 y 31 del Decreto 3135 de 1968 y 81 del Decreto
1848 de 1969, invocados por el demandante, regulan la pensión de retiro por vejez —
prestación distinta, subsidiaria y condicionada a la carencia de recursos para la
congrua subsistencia—, la cual no resulta aplicable a quien, como él ya cuenta con
una pensión reconocida. Por tal razón, tampoco por esta vía le asistiría el derecho
reclamado.
25. Sostuvo que el municipio de Soledad es ajeno a la relación jurídica sustancial
debatida, pues la obligación de reconocer y pagar las prestaciones de los docentes
afiliados al Fomag corresponde, por disposición del artículo 5 de la Ley 91 de 1989 y
5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento
05.ContestacionMSoledad.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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del artículo 56 de la Ley 962 de 2005, al propio Fondo y a su administradora, la
Fiduciaria La Previsora S.A. En respaldo de su tesis citó pronunciamientos del Consejo
de Estado (sentencia del 5 de diciembre de 2013, expediente 25000-23-25-000-2009-
0467-01, y el concepto No. 1423 de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil) y del
Tribunal Administrativo del Atlántico, según los cuales la Secretaría de Educación
territorial actúa como simple tramitadora, en nombre y representación de la Nación y
del Fomag.
26. Solicitó la vinculación de Colpensiones —por ser la entidad que reconoció la
pensión de vejez al demandante— y del departamento del Atlántico —por haber
ostentado la calidad de nominador de los docentes de Soledad antes de la expedición
del Decreto Departamental No. 001233 de 2002—.
27. Subsidiariamente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación e
inexistencia del derecho, por no existir fundamento legal que ordene el reconocimiento
pensional a cargo del ente territorial, y la de prescripción, respecto de las mesadas
causadas con más de tres años de anterioridad a la reclamación administrativa, con
fundamento en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969.
2.3. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
profirió sentencia el 31 de marzo de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas6.
29. Expuso el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los
requisitos de pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985; la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 sobre los criterios de interpretación
para los beneficiarios del régimen de transición; la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, que fijó las reglas del ingreso base de liquidación de la pensión de
docentes oficiales según su fecha de vinculación; la prohibición de doble asignación
del tesoro público prevista en el artículo 128 de la Constitución Política y en el artículo
19 de la Ley 4 de 1992; y la jurisprudencia sobre incompatibilidad entre las pensiones
de vejez reconocidas por el ISS y las de jubilación pagadas por entidades públicas,
conforme a la cual dicha compatibilidad procede solo cuando la pensión de vejez se
sustenta exclusivamente en servicios al sector privado.
30. Señaló que el accionante nació el 25 de marzo de 1939 y, según el reporte de
semanas cotizadas expedido por el ISS, acreditó tiempos laborados para el Colegio
San José —a partir del 1 de abril de 1969 al 1 de mayo de 1969—, el Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena) —del 17 de abril y al 6 de junio de 1969—, el Colegio Colón
6
Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 25SentenciaDeniega.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
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para Varones, el Ateneo Técnico Comercial Ltda., el Colegio Eucarístico de la Merced
y el Colegio Sindicaribe —entre el 2 de febrero de 1970 y el 31 de agosto de 1998—.
31. Añadió que mediante la Resolución 003298 del 30 de octubre de 1999 el ISS le
reconoció una pensión de vejez a partir del 25 de marzo de 1999, con base en 1257
semanas cotizadas; y, que, conforme al Formato Único de Historia Laboral expedido
por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, prestó servicios como docente
oficial por más de 20 años, al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de
Soledad; entidad que a través de la Resolución «00000016» del 3 de agosto de 2016,
le negó la solicitud de reconocimiento de una pensión de jubilación.
32. Señaló que dentro de las semanas cotizadas que sirvieron de base para el
reconocimiento de la pensión de vejez por el ISS se incluyó el período laborado para
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), entidad de naturaleza pública; de manera
que dicha prestación constituye una asignación proveniente del tesoro público.
Concluyó que, en tanto la pensión de vejez reconocida al demandante no se originó
exclusivamente en servicios prestados a empleadores particulares, sino que incluyó
tiempo laborado para una entidad estatal, se configura la incompatibilidad con la
pensión de jubilación reclamada al Fomag, comoquiera que el fundamento de ambas
prestaciones guarda relación en cuanto a su origen y fuente, siendo las dos
asignaciones del erario.
33. Definió que al accionante no le asiste el derecho a devengar simultáneamente
las dos pensiones (del ISS y Fomag) y que el acto administrativo acusado se ajusta a
derecho.
2.4. Recurso de apelación
34. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, con el fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos7:
35. Cuestionó que la sentencia impugnada hubiese fundado la incompatibilidad
pensional en el hecho de que, dentro de las semanas cotizadas para el reconocimiento
de la pensión de vejez por el ISS, se incluyera un período cotizado a nombre del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) entre el 17 de abril y el 6 de junio de 1969.
Señaló que dicha cotización no correspondió a una vinculación laboral real del señor
Darío Yime de León, sino que, mientras laboraba en el Colegio San José bajo la
modalidad de orden de prestación de servicios, se presentó a una convocatoria del
Sena del Atlántico para instructores de cultura general, superó las pruebas, fue
admitido y enviado a una capacitación sobre la metodología de la entidad. Afirmó que,
antes de que transcurrieran dos meses de dicha capacitación, se le informó que el
7 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 27MemorialApelacion-
Informe.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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cargo había sido suprimido por orden de Bogotá, por lo que nunca llegó a dictar clase
ni a ejercer efectivamente el cargo para el cual fue seleccionado.
36. Afirmó que el accionante jamás tuvo una vinculación laboral con el Sena y que
las cotizaciones efectuadas durante ese breve lapso de capacitación no reflejan una
relación de trabajo real, como lo evidenciaría el hecho de que no alcanzan siquiera los
dos meses. Por ende, la totalidad de las cotizaciones que dieron lugar al
reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS provienen exclusivamente de
servicios prestados bajo la modalidad de orden de prestación de servicios en el sector
privado, sin que en ningún momento hubiese ejercido funciones en el Sena.
37. Señaló que la pensión que actualmente devenga el accionante de Colpensiones
asciende a $1.500.000, mientras que la pensión reclamada al Ministerio de Educación
superaría los $2.000.000, de manera que no sería justo que termine perjudicado por
un error relacionado con una vinculación que nunca se materializó, por la supresión
del cargo.
38. Invocó, en respaldo de su tesis sobre la ausencia de incompatibilidad pensional,
el artículo 128 de la Constitución Política y la sentencia C-133 de 1993, relativa al
alcance de la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público, así como
el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. Afirmó que, de acuerdo con lo establecido
reiteradamente tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, los
recursos que administra el ISS, así provengan de cotizaciones de entes públicos con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no gozan de la calidad de
públicos, por lo cual, en principio, la percepción de una asignación pagada por el ISS
no es incompatible con la de otra asignación del tesoro público.
39. Citó la sentencia del 8 de noviembre de 20178 y el concepto 1480 de 2003 de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el sentido de que no se
configura incompatibilidad entre recibir sueldo en un cargo público y una pensión de
vejez del ISS, precisando que, si bien dicha providencia y el concepto referido
analizaron la necesidad de suspender el pago de la pensión mientras el docente
gozara de protección a la estabilidad laboral (artículo 19 de la Ley 344 de 1996), esa
situación no resulta aplicable al caso, pues no se discute la incompatibilidad entre la
pensión del ISS y una asignación por el ejercicio de un cargo público, y porque los
docentes se encuentran amparados por un régimen de incompatibilidad especial.
40. Concluyó que no es acertada la decisión de negar el derecho pensional
reclamado, fundada en la incompatibilidad pensional, máxime cuando, a su juicio, la
pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes eminentemente privados,
efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2017, radicado interno
5435-2005, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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Sociales del Magisterio
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
41. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.
2.6. Ministerio Público
42. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado10 no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
43. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
44. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver
los siguientes problemas jurídicos:
45. ¿La pensión de vejez reconocida por el ISS al accionante y que se causó con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es compatible con la pensión
de jubilación que pretende le reconozca el Fomag, en consideración a los periodos en
los que prestó servicios como docente oficial?
46. En caso afirmativo ¿si el demandante acredita los requisitos exigidos por la Ley
33 de 1985 para acceder a una pensión de jubilación, en su condición de docente
oficial, teniendo en cuenta que se vinculó al servicio con anterioridad a la Ley 812 de
2003?
47. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará la prohibición de
recibir dos asignaciones del erario, incompatibilidad pensional y los docentes de
tiempo completo.
9 Samai, índice 04, auto que admite recurso de apelación, archivo
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10
Samai, índice 07, envío de notificación, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
10
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Demandante: Darío Yime de León
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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48. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y, en
el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los problemas jurídicos
propuestos.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Prohibición de recibir dos asignaciones del erario, incompatibilidad
pensional y los docentes de tiempo completo
49. En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, el artículo 64 señalaba que
nadie podía recibir dos sueldos del tesoro público, salvo para los casos especiales que
determinaban las leyes. El Decreto Ley 1713 de 196011 reguló la prohibición y las
excepciones, así:
ARTÍCULO 1º.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
PARÁGRAFO- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto,
se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.
50. Más adelante, el artículo 32 del Decreto 1042 de 197812 señaló que, entre las
excepciones de la regla de no percibir doble asignación del tesoro, estaban
comprendidas «las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en
los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo» (lit. a).
51. En la actualidad, el artículo 128 de la Constitución Política establece las
prohibiciones de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y de recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente
11 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la
Constitución.
12 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones.
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determinados por la ley. Igualmente, la Ley 4 de 199213 reitera la prohibición y regula
las excepciones para las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
52. Desde la Ley 4 de 1992 quedó prohibido para una misma persona ocupar en
forma simultánea dos cargos, independientemente de su dedicación, puesto que
solamente podía recibir en forma adicional honorarios por hora cátedra14.
53. Ahora bien, es relevante destacar que el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 15
indicaba que las pensiones que cubría el ISS eran incompatibles entre sí (lit. a); con
las demás pensiones y asignaciones del sector público (lit. b); y con las pensiones de
jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo, el precepto indicó
que el beneficiario podría optar por la más favorable cuando existiera concurrencia
entre ellas.
54. Cabe anotar que la sentencia del 1 de marzo de 201216, de la Subsección B, de
la Sección Segunda, determinó que el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 señalaba
que las pensiones e indemnizaciones del ISS eran incompatibles entre sí y con otras
pensiones del sector público. En todo caso, explicó que el Consejo de Estado, en 1995,
declaró la nulidad de los literales a y b, al acoger la tesis de la Corte Suprema de
Justicia, según la cual las pensiones pueden ser compatibles cuando tienen origen
diferente: una por servicios al Estado (pensión de jubilación del sector público) y otra
por servicios a empleadores privados cotizados al ISS, con fondos distintos.
13 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de marzo de 2006, exp. 25000232500020010628701 (378305), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
15 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 17001-23-31-000-2009-00102-01 (0375-11), M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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55. Por tanto, la citada sentencia precisó que es válido recibir simultáneamente una
pensión de jubilación del sector público y una pensión de vejez del ISS si esta última
se origina en trabajos con particulares. En cambio, no son compatibles cuando la
pensión del ISS se liquida incluyendo tiempos del sector público, porque en ese evento
se estarían usando nuevamente recursos del tesoro público para pagar otra pensión.
56. Ciertamente, la Sección Segunda de esta corporación en sentencia del 3 de
abril de 199517 al declarar la nulidad de los literales a y b del artículo 49 del Decreto
758 de 1990, que establecían la incompatibilidad de las pensiones a cargo del ISS,
entre sí, y con las demás del sector público, explicó que «al dictarse el decreto ley
1650 de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado […] en su artículo
22», de manera tal que «el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros
que aportaran asalariados y empleadores […]; por consiguiente no puede afirmarse
que las pensiones que éste otorgue provinieron del Tesoro Público».
57. Por lo tanto, según la referida sentencia del 3 de abril de 1995, «se trata de dos
asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente», ya que «la
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS, una obedece a servicios prestados al Estado, la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público».
58. También, es importante mencionar que la postura jurisprudencial adoptada por
la Sección Segunda en la sentencia de 3 de abril de 1995 a la que se hizo referencia
anteriormente, ha sido reiterada, para señalar que es posible devengar dos pensiones
de vejez en favor de un mismo beneficiario, siempre y cuando una sea por tiempos de
servicios acumulados en el sector público y la otra por servicios prestados a patronos
particulares. Ese fue el criterio que, por ejemplo, sostuvieron las siguientes sentencias:
Fecha de la providencia Radicación Ponente
6 de noviembre de 1997 8516 Javier Díaz Bueno
19 de octubre de 2006 2000-03365-01 (3691-2005) Jaime Moreno García
22 de octubre de 2009 2001-00423-01 (0262-2008) Víctor Hernando Alvarado
1 de marzo de 2012 2009-00102-01(0375-11) Bertha Lucía Ramírez de Páez
17 de abril de 2013 2009-00274-01(2297-11) Alfonso Vargas Rincón
2 de mayo de 2013 2010-01157-01(1742-12) Luis Rafael Vergara Quintero
1 de agosto de 2018 2013-02538-01(2091-15) Rafael Suarez Vargas
20 de junio de 2019 2014-00364-01(2623-16) William Hernández Gómez
25 de septiembre de 2020 2014-00318-01(0113-2018) Carmelo Perdomo Cuéter
15 de octubre de 2020 2015-00041-01 (2507-17) Rafael Suarez Vargas
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril
de 1995, exps. 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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59. A su vez, la Sala Especial de Decisión 27 en sentencia del 20 de septiembre de
2023, al resolver el recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2022-06408-
00 promovido por la UGPP contra la sentencia del 16 de junio de 2022, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda, resolvió infirmarla, entre otras razones, porque
de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, si bien «la concurrencia de
cotizaciones en los mismos periodos no supone la incompatibilidad entre prestaciones
por vejez y por jubilación, siempre que el origen y fuente que sustente a cada una de
ellas no comprometa recursos públicos», evento en el cual sí se infringiría el artículo
128 de la Constitución Política.
60. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia también ha sostenido que las pensiones de jubilación, derivadas de servicios
prestados en el sector público, son compatibles con las prestaciones que se generan
a partir de las cotizaciones pagadas al ISS, en los siguientes casos:
• En los eventos en que el tiempo de servicios sea completado antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993;
• cuando una de las pensiones es reconocida en virtud de los regímenes
preexistentes al sistema de seguridad social, y
• en los casos que se trate de una prestación reconocida a través de cajas de
previsión, donde haya clara diferenciación en las fuentes de financiamiento. Por
ejemplo: sentencias del 27 de enero de 1995, rad. 7109; del 23 de octubre de
2019, exp. 98083; del 9 de marzo de 2022, exp. 86972; del 14 de noviembre de
2023, exp. 95493; del 15 de noviembre de 2023, exp. 98083, entre otras.
61. Sin embargo, en la actualidad el criterio de la Subsección B18 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado19 consiste en que, según los artículos 17 y 22 del
Decreto 1650 de 1977, el sistema tripartito20 de financiación de las pensiones que
reconoce la Administradora Colombiana de Pensiones contiene como una de las
fuentes de financiación las «transferencias de los presupuestos nacional,
departamentales, municipales y de los territorios nacionales, que debe entenderse la
participación de los recursos del erario en el reconocimiento de las pensiones». Por
consiguiente, aun en el evento de que la pensión de vejez haya sido reconocida con
fundamento en los aportes realizados por un patrono particular, hay incompatibilidad
pensional con la pensión de jubilación, independientemente del origen de las
cotizaciones.
18 La magistrada ponente ha aclarado su voto en asuntos como el presente, al señalar que, de acuerdo con lo
explicado en precedencia, desde 1995, en forma pacífica y uniforme, la Sección Segunda acogió como regla
interpretativa y de decisión la tesis de la compatibilidad entre dos pensiones de vejez, cuando una esté financiada
con aportes realizados en virtud de tiempos de servicio oficiales, y la otra con ocasión de cotizaciones del sector
privado.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023, exp. 25000-23-42-
000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Trabajador, empleador y Estado.
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62. En este sentido, en el fallo del 12 de diciembre de 202321, la Subsección B
consideró que «si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre otros,
con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es que estas
prestaciones también se encuentran financiadas con recursos provenientes del erario,
tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo que, por su fuente, las haría
incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público».
63. Este criterio fue reiterado por la Sección Segunda, Subsección B, en el auto del
24 de octubre de 202422, providencia que la magistrada ponente acompañó con
aclaración de voto, toda vez que se trataba de dos pensiones cuyos estatus se
consolidaron en vigencia de la Ley 100 de 1993. Aclaró el voto en el entendido de que
el reciente criterio de esta Subsección constituye una postura distinta del precedente
reiterado de la Sección Segunda.
3.4. Hechos probados relevantes
64. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
65. El señor Darío Yime de León nació el 25 de marzo de 1939, según copia del
registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía23.
66. Mediante la Resolución 03298 del 30 de octubre de 1999, el ISS reconoció a
favor del accionante una pensión de vejez, a partir del 25 de marzo de 1999, con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año,
en condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. La prestación se reconoció en atención a que el demandante acreditó 1257
semanas cotizadas, con un IBL de $596.92624.
67. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por el
ISS, el demandante acredita semanas de aportes a la entidad, por periodos
interrumpidos, entre el 1 de abril de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1999. En este
documento se advierte que los empleadores fueron el Colegio San José; Sena; Colegio
Colón para Varones; Ateneo Tec. Comer. Ltda; Colegio Eucarístico de la Merc. y
Colegio Sindicaribe25.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023, exp. 25000-23-42-
000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-42-000-2021-00707-01 (3332-2024), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
23 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
pág. 28, 30 a 31, y carpeta 07.CD, documento Dario Yime de león, págs. 2 a 3.
24 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
pág. 20.
25 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
págs. 21 a 22.
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68. Según los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral
expedidos el 29 de noviembre de 200526, 22 de mayo de 200627 y 27 de mayo de
201428 por la Secretaría de Educación del Municipio de Soledad, y la copia de los
decretos y actas de posesión que reposan en el plenario, el demandante prestó sus
servicios en calidad de docente en propiedad, al departamento del Atlántico desde el
27 de noviembre de 197429 hasta el 22 de junio de 198430; y del 1 de febrero de 199531
al 5 de septiembre de 200532.
69. A través de la Resolución 0000001 del 3 de agosto de 2016, el municipio de
Soledad, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional
negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del demandante,
bajo el argumento de que esta se financia con dineros públicos. Esto, al advertir que
el accionante percibe una pensión reconocida por «Colpensiones»33.
70. El 30 de agosto de 2016, el interesado interpuso recurso de reposición contra
la anterior decisión34; sin embargo, según lo relató la parte accionante en el escrito de
la demanda, a la fecha de la presentación del medio de control, este no se había
resuelto35.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
71. La parte demandante solicitó que se reconozca a favor del señor Darío Yime de
León una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985. Adujo que la pensión
de vejez que percibía, la cual le otorgó el ISS, era compatible con la prestación
pretendida. Esto, toda vez que el tiempo de cotización tenido en cuenta para la pensión
de vejez era de naturaleza privada.
26 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario
Yime de león, págs. 102 a 103.
27 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario
Yime de león, págs. 105 a 106.
28 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario
Yime de león, págs. 24 a 25.
29 Aunque en el formato único se indica que el accionante tomó posesión del cargo el 16 de octubre de 1974, con
ocasión del Decreto de nombramiento 0058 de 1974, se advierte, conforme al acta de posesión, que esta se efectuó
el 27 de noviembre de 1974, la cual obra en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario Yime de león, pág. 85 a 87.
30 La renuncia la aceptó la Gobernación del Atlántico a través del Decreto 0327 de 1984, visto en Samai, índice 02,
expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario Yime de león, pág.
88.
31 Si bien en el formato se lee que el demandante se posesionó el 25 de enero de 1995, por virtud del Decreto
000124 de esa fecha, lo cierto es que en el expediente obra el acta de posesión, según la cual se posesionó ante
el gobernador del Atlántico a partir del 1 de febrero de 1995. Ver: Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario Yime de león, págs. 36 a 37.
32 El municipio de Soledad, Atlántico, le aceptó al accionante la renuncia al cargo de directivo docente a partir del
5 de septiembre de 2005, por medio del Decreto 0307 de esa fecha, visto en Samai, índice 02, expediente digital,
archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), carpeta 07.CD, documento Dario Yime de león, pág. 25, 114.
33 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
pág. 13.
34 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_ONEDRIVE_20220805(.zip), documento 00.DemandayAnexos,
págs. 14 a 19.
35
Hecho 5 de la demanda, que no fue desvirtuado por la parte accionada.
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72. El Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó que el accionante no podía
percibir simultáneamente una pensión de jubilación reconocida por el servicio prestado
como docente oficial y la pensión de vejez otorgada por el ISS, en tanto ambas
prestaciones comparten el origen y la fuente de financiación. Precisó que en la
prestación reconocida se computó un periodo laborado por el demandante al servicio
del Sena, entidad que es de naturaleza pública. Afirmó que esa circunstancia hace
incompatible dicho reconocimiento con la pensión de jubilación reclamada al Fomag.
73. Inconforme con la decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación,
en el que alega que el período cotizado a nombre del Sena entre el 17 de abril y el 6
de junio de 1969, valorado por el ISS para el reconocimiento de la pensión de vejez,
no correspondió a una vinculación laboral real, sino a una capacitación recibida tras
superar una convocatoria de dicha entidad mientras prestaba servicios en el Colegio
San José. No obstante, manifestó que la capacitación fue interrumpida antes de dos
meses por la supresión del cargo, sin que el demandante hubiese alcanzado a ejercer
funciones en la entidad.
74. Adujo que la totalidad de las cotizaciones que sustentan la prestación
reconocida por el ISS provienen de servicios prestados al sector privado y que,
además, los docentes están amparados por un régimen especial, lo cual hace
compatible ambas pensiones.
75. En este orden de ideas, corresponde definir si la pensión de vejez reconocida
por el ISS al accionante, que se causó con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, es compatible con la pensión de jubilación que pretende la parte
demandante le reconozca el Fomag, en consideración a los periodos en los que prestó
servicios como docente oficial. En caso afirmativo, la Sala resolverá si el accionante
acredita los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de
jubilación, en su condición de docente oficial, teniendo en cuenta que se vinculó al
servicio con anterioridad a la Ley 812 de 2003.
76. Así, se tiene que conforme se demostró en el proceso, el señor Darío Yime de
León percibe desde el 25 de marzo de 1999 una pensión de vejez, reconocida por el
ISS a través de la Resolución 03298 del 30 de octubre de 1999, con fundamento en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Tal prestación se
reconoció en virtud del tiempo cotizado por los empleadores denominados: Colegio
San José; Sena; Colegio Colón para Varones; Ateneo Tec. Comer. Ltda; Colegio
Eucarístico de la Merc. y Colegio Sindicaribe.
77. Advertido lo anterior, el Fomag decidió, a través de los actos administrativos
acusados, negar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del accionante
porque en su criterio la pensión de vejez que percibe —reconocida por el ISS— y la
de jubilación que pretende son incompatibles.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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78. Ahora bien, se recuerda que según se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, el sistema de financiación de las pensiones
reconocidas por Colpensiones es de naturaleza tripartita, según los artículos 17 y 22
del Decreto 1650 de 1977, dentro de cuyas fuentes se encuentran las transferencias
de los presupuestos nacional, departamental, municipal y de los territorios nacionales,
lo que debe entenderse como la participación de recursos del erario en el
reconocimiento de las pensiones.
79. Al respecto, se destaca que, aunque las pensiones reconocidas por el ISS se
financian, entre otras, con las cotizaciones de trabajadores y empleadores, lo cierto es
que dichas prestaciones también cuentan con respaldo de recursos públicos, como
impuestos y transferencias del presupuesto. Esta circunstancia generaría una
incompatibilidad con otras asignaciones provenientes del tesoro público, por su fuente,
que obedece al sistema tripartita de financiación de la seguridad social.
80. Por tal razón, aun cuando la pensión de vejez haya sido reconocida con
fundamento en los aportes efectuados por un patrono particular, existe
incompatibilidad pensional con la pensión de jubilación, independientemente del origen
de las cotizaciones, comoquiera que las pensiones reconocidas por el ISS, si bien son
pagadas con los aportes de trabajadores y patronos, también se financian con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo que
por su fuente las hace incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público.
81. En tal sentido, descendiendo al caso particular, en atención a que el accionante
percibe una pensión de vejez reconocida por el ISS desde el 25 de marzo de 1999,
con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, se concluye que dicha prestación resulta
incompatible con la pensión de jubilación reclamada al Fomag, independientemente
de que las cotizaciones que dieron lugar a su reconocimiento provengan de
empleadores particulares. Ello, en la medida en que el sistema de financiación de las
pensiones a cargo del ISS —hoy Colpensiones— compromete recursos del erario,
según se explicó en precedencia.
82. En punto, frente al argumento de la parte recurrente, según el cual el período
cotizado a nombre del Sena entre el 17 de abril y el 6 de junio de 1969 no correspondió
a una vinculación laboral real, sino a una capacitación interrumpida antes de dos
meses por la supresión del cargo, la Sala advierte que dicho argumento no resulta
suficiente para revocar el fallo apelado. En efecto, conforme se explicó antes, la
incompatibilidad advertida entre la pensión de vejez reconocida por el ISS y la pensión
de jubilación reclamada al Fomag no depende de que las cotizaciones que sustentaron
aquella tengan origen público o privado, sino de la naturaleza tripartita del sistema de
financiación de las pensiones a cargo de dicha entidad, la cual compromete recursos
del erario indistintamente del origen de los aportes.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
Demandante: Darío Yime de León
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83. Por consiguiente, aun si en gracia de discusión se aceptara que el período
cotizado al Sena no correspondió a una vinculación laboral efectiva, tal circunstancia
en nada alteraría la conclusión del asunto, pues la incompatibilidad pensional
subsistiría igualmente respecto de la totalidad de la prestación reconocida por el ISS.
84. Con todo, y aunque ello resulta indiferente para la decisión, la Sala observa que
la afirmación de la parte apelante, según la cual el señor Darío Yime de León nunca
ejerció funciones para el Sena, no se encuentra respaldada por medio probatorio
alguno allegado al proceso. En cambio, el reporte de semanas cotizadas expedido por
el ISS, que obra en el plenario, goza de la presunción de veracidad, en tanto no fue
tachado de falso. En tal sentido, la sola manifestación en el escrito de apelación, sin el
aporte siquiera de una constancia emitida por el Sena respecto a la situación laboral
del demandante, resulta insuficiente para desvirtuar su dicho. Con todo, según se
explicó, esta circunstancia no incide en la decisión que se adoptará.
85. En consecuencia, comoquiera que la respuesta al primer problema jurídico
planteado es negativa, al advertirse que la pensión de jubilación reclamada y la
pensión de vejez reconocida por el ISS son incompatibles, se estima que no es
necesario que la Sala se pronuncie sobre el segundo interrogante, esto es, si el
accionante acredita los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para acceder a una
pensión de jubilación.
86. Así las cosas, se precisa que la negativa al reconocimiento de la pensión de
jubilación reclamada por el señor Darío Yime de León, contenida en la Resolución
0000001 del 3 de agosto de 2016 y en el acto ficto negativo que resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en su contra, se ajusta a
derecho, aunque no por las razones expuestas por el Tribunal de primera instancia —
relativas específicamente al carácter público del período cotizado al Sena—, sino por
la incompatibilidad pensional advertida en esta providencia, la cual se extiende a la
prestación reconocida por el ISS.
87. Por último, sin perjuicio de que la pretensión de nulidad no está llamada a
prosperar por las razones expuestas, la Sala no pasa por alto que, según las
certificaciones que obran en el expediente, el señor Darío Yime de León tiene la
expectativa de acreditar el tiempo de servicio docente exigido por el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 —conforme lo pretendido en la demanda— para acceder a una pensión
de jubilación por parte del Fomag.
88. En tal sentido, en atención a los principios de favorabilidad y de condición más
beneficiosa en materia laboral y de seguridad social, se considera que el interesado,
de tener derecho a una pensión por parte del Fomag, puede optar ante la
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00481-01 (4104-2022)
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administración por la que le convenga económicamente36, de conformidad con los
artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969.
89. Por consiguiente, aunque no se declarará la nulidad del acto acusado —pues
se ajustó a derecho al negar el reconocimiento simultáneo de ambas prestaciones—,
se ordenará a la entidad accionada que defina la situación pensional del demandante,
es decir, que determine si acredita los requisitos de la norma que le resulte aplicable
para la pensión de jubilación docente, y fije cuál sería su cuantía de resultar
procedente.
90. Una vez el Fomag emita el pronunciamiento concerniente, deberá notificar al
accionante para que este manifieste cuál de las dos prestaciones —la pensión de vejez
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, o la eventual pensión de jubilación docente—
opta por conservar, en el entendido de que, por la incompatibilidad declarada, no podrá
percibir ambas de manera simultánea. Si el interesado elige la pensión a cargo del
Fomag, dicha entidad y el propio interesado deberán adelantar ante Colpensiones las
gestiones pertinentes para la suspensión del pago de la pensión de vejez actualmente
reconocida, evitando así una doble erogación con cargo al tesoro público.
3.6. Conclusión de la decisión
91. Se concluye que la pensión de vejez reconocida al señor Darío Yime de León
es incompatible con la pensión de jubilación reclamada al Fomag, con independencia
del origen de las cotizaciones que la sustentaron y, en particular, indistintamente de si
el periodo cotizado al Sena correspondió o no a una vinculación laboral real.
92. No obstante, en atención a que el interesado tiene la expectativa de acreditar el
tiempo de servicio para ser acreedor de una pensión por parte del Fomag, y en
aplicación de los principios de favorabilidad y de condición más beneficiosa, se
ordenará a la entidad demandada definir su situación pensional, determinando si reúne
los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación docente. Establecido lo
anterior, el accionante deberá optar entre dicha prestación y la pensión de vejez que
actualmente percibe, debiendo, en caso de elegir la del Fomag, adelantar ante
Colpensiones, junto con esta entidad, las gestiones necesarias para la suspensión del
pago de la pensión de vejez, con el fin de evitar una doble erogación con cargo al
tesoro público.
93. Por consiguiente, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
en tanto se adicionará de acuerdo con lo expuesto anteriormente.
36 En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 3 de septiembre de 2026, exp. 76001-23-33-
000-2014-01236-01 (2977-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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4. Costas
94. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.
Segundo. Adicionar la sentencia impugnada, en cuanto a lo siguiente:
Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que, en el término
de un mes siguiente a la notificación de esta providencia, defina la situación pensional
del señor Darío Yime de León, determinando si acredita los requisitos de la norma que
le resulte aplicable para la pensión de jubilación docente, y fije cuál sería su cuantía de
resultar procedente.
Una vez notificada la anterior decisión, el señor Darío Yime de León deberá manifestar
ante el Fomag, cuál de las dos prestaciones —la pensión de vejez reconocida por el ISS,
hoy Colpensiones, o la eventual pensión de jubilación docente— opta por conservar, en
atención a la incompatibilidad advertida en esta providencia.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Sociales del Magisterio
En caso de que el señor Ramón Elías Parra Vargas opte por la pensión de jubilación a
cargo del Fomag, dicha entidad y el interesado deberán adelantar ante Colpensiones las
gestiones necesarias para la suspensión del pago de la pensión de vejez actualmente
reconocida.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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