RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2014-01236-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01236-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-01236-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: incompatibilidad entre pensión de vejez y pensión de jubilación docente.
Subtema. Sistema de financiación de la seguridad social.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la
entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. Manifestó
que en calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Añadió que dicha pensión es compatible con
la de vejez que devenga y que le fue reconocida por el ISS (hoy Colpensiones).

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Señaló que, si bien la pensión de
jubilación reclamada es compatible con la pensión de vejez que percibe el accionante,
no puede reconocer la prestación reclamada a su favor, toda vez que no cumple con
los 20 años de servicio exigidos por la Ley 33 de 1985.

Esta Subsección confirmará parcialmente la decisión anterior, por razones diferentes.
Lo anterior, toda vez que la pensión de vejez reconocida por el ISS al demandante,
independientemente del origen de las cotizaciones que la sustentaron, es incompatible
con la pensión de jubilación reclamada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (en adelante Fomag), Secretaría de Educación del Municipio de Palmira.

1

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 30 de octubre de 20141, el señor Ramón Elías Parra
Vargas, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 1151.13.3-1449 del 16 de
octubre de 2012, por medio de la cual se negó al accionante el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, así como de la Resolución 1151.13.3-1735 del 18 de
diciembre de 2012, que resolvió en el mismo sentido el recurso de reposición
interpuesto en su contra.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación a partir del 3 de agosto de
2013, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado por concepto de
sueldo y demás factores salariales en el último año de servicios, con fundamento en
el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y en los artículos 1 y 15 de la Ley 91
de 1989, en concordancia con la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 4 de
1966 y la Ley 115 de 1994. Solicitó, igualmente, el pago de las mesadas pensionales
causadas y dejadas de percibir desde esa fecha hasta la ejecutoria de la sentencia
que ponga fin al proceso.

4. Pidió, además, que las sumas reconocidas se ajusten conforme a la fórmula de
indexación prevista en el artículo 187 del CPACA; que se condene al pago de intereses
de conformidad con el artículo 192 ibidem, en cuanto se configuren los supuestos de
hecho y de derecho correspondientes; y que se condene en costas a la parte
demandada, con fundamento en el artículo 188 del mismo estatuto.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

1 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE
DIGITAL PARTE 1, pág. 55.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, págs. 35 a 55.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

6. El señor Ramón Elías Parra Vargas solicitó al municipio de Palmira el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, a la que dijo tener derecho por los
servicios prestados como docente nacional en la Institución Educativa Alfonso López
Pumarejo del Municipio de Palmira.

7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al estudiar la
petición, determinó no acceder a lo solicitado, según hoja de revisión 1080033 del 21
de agosto de 2012, toda vez que el demandante se encontraba pensionado por vejez
por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), conforme a la Resolución
108389 del 19 de septiembre de 2011.

8. Mediante la Resolución 1151.13.3-1449 del 16 de octubre de 2012, la entidad
accionada negó el reconocimiento de la pensión de jubilación; negativa que confirmó
al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de la Resolución 1151.13.3-
1735 del 18 de diciembre de 2012. Ambos actos fueron notificados personalmente al
demandante, el primero el 25 de octubre de 2012 y el segundo el 23 de enero de 2013.

9. Según el certificado de historia laboral expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el demandante tomó posesión del cargo de
docente el 22 de septiembre de 1993, de conformidad con el Decreto 2124 del 17 de
septiembre de 1993, y mediante la Resolución 1104 del 26 de julio de 2013 se declaró
su retiro forzoso del servicio, con efectos a partir del 2 de agosto de 2013.

10. Con anterioridad a su posesión en el cargo docente, el señor Ramón Elías Parra
Vargas estuvo afiliado, por intermedio de varios empleadores privados, al Régimen de
Prima Media administrado por el entonces ISS, ante el cual solicitó el 29 de octubre de
2007 el reconocimiento de la pensión de vejez, teniendo como último empleador al
Instituto Municipal del Deporte de Palmira. Mediante la Resolución 108389 del 19 de
septiembre de 2011, el ISS le reconoció y pagó dicha pensión a partir del 1 de julio de
2009, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto era beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

11. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas ante Colpensiones, el tiempo
de cotización acreditado para la pensión de vejez reconocida por el ISS difiere del
tiempo de servicio invocado para la pensión de jubilación que ahora se reclama, de
manera que, según lo afirma el accionante, la exigencia legal para la configuración de
este último derecho es independiente y autónoma frente a los presupuestos que
sirvieron de base al reconocimiento pensional del ISS.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1 —
numeral 1—, y 2, 25 y 26.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

• De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53,
58 y 209.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 2 —literal a)— y 4.
• De la Ley 100 de 1993, los artículos 1, 3, 4, 36, 142 y 279.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 115 de 1994.
• Decreto 3135 de 1968.
• Decreto 1848 de 1969.
• Decreto 1045 de 1978.
• Decreto 4121 de 2011.

12. Explicó que el ISS, hoy Colpensiones, fue creado como establecimiento público
mediante el artículo 8 de la Ley 90 de 1946 y tras sucesivas transformaciones —el
Decreto 2148 de 1992, que la convirtió en empresa industrial y comercial del Estado,
la Ley 1151 de 2007 que creó Colpensiones y el Decreto 4121 de 2011, que cambió la
naturaleza jurídica de esta última a la de empresa industrial y comercial del Estado
organizada como entidad financiera de carácter especial—, su régimen jurídico y
patrimonial es asimilable al del derecho privado, con un «espíritu de libre competencia»
en la administración del sistema de pensiones.

13. En esa medida, manifestó que en la pensión de vejez que le fue reconocida al
demandante confluyen aportes de empleadores privados, financiamiento
ostensiblemente distinto del que sostiene la pensión de jubilación a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que, por disposición del
artículo 2 numeral 5 de la Ley 91 de 1989, asume las prestaciones del personal
docente con cargo a la Nación.

14. Argumentó que los presupuestos fácticos y jurídicos de una y otra prestación
son autónomos e independientes, mientras la pensión de vejez del ISS derivó de su
vinculación como trabajador afiliado por intermedio de empleadores particulares, la
pensión de jubilación reclamada se funda en su condición de empleado público
nominado por el Municipio de Palmira en el cargo de docente, respecto del cual el
accionante no realizó aportes ni fue afiliado por la entidad nominadora a un sistema de
aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Concluyó que la
incompatibilidad prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, al ser de
aplicación restrictiva, admite prueba en contrario y no opera automáticamente frente a
prestaciones con orígenes de financiación distintas.

15. Invocó en respaldo de su argumento un pronunciamiento del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B —sentencia del 1 de marzo de 2012,
radicación 17001-23-31-000-2009-00102-01 (0375-11)3—, según el cual es posible

3
M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

percibir simultáneamente una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector
público y una pensión de vejez del ISS, siempre que esta última se hubiese reconocido
exclusivamente por servicios prestados a patronos particulares, y no cuando incluya
tiempos laborados para el sector público, evento en el cual sí se configuraría la
incompatibilidad del artículo 128 constitucional.

16. Adujo la vulneración de los principios de favorabilidad y de condición más
beneficiosa previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 13, 29 y 48 ibidem, así como del inciso segundo del artículo 279 de la Ley
100 de 1993, puesto que, a su juicio, la negativa administrativa desconoció que ante
la duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho debe optarse por la
situación más favorable al trabajador, y que la primacía de la realidad sobre las
formalidades impone reconocer el derecho pensional efectivamente configurado con
independencia de la calificación que le dieron las entidades demandadas. Señaló que
dicha negativa afecta igualmente el mínimo vital y móvil del actor y de su núcleo
familiar.

17. Finalmente, sostuvo que se encuentran acreditados los presupuestos legales
para el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme al artículo 1 de la Ley 33
de 1985 —20 de servicio y 55 años de edad, con derecho al 75 % del salario promedio
del último año— y al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que rige el régimen prestacional
de los docentes vinculados con anterioridad al 1 de enero de 1990, por lo que, en su
criterio, el derecho pensional reclamado se encuentra plenamente consolidado.

2.2. Contestación de la demanda

18. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones4.

19. Argumentó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
constituye una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, integrada por un
patrimonio autónomo destinado a pagar las prestaciones que las entidades territoriales
reconocen a su planta docente, de manera que el acto administrativo demandado
contiene la voluntad de la secretaría de educación territorial y no la de la entidad
demandada.

20. Sostuvo que, si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra actos que reconocen prestaciones periódicas puede intentarse en
cualquier tiempo, el derecho a reclamar mesadas no pagadas o su reajuste está
sometido al término trienal previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Invocó
en su apoyo la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 23 de abril de

4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE
DIGITAL PARTE 2, págs. 16 a 20.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

1998, según la cual solo es posible reconocer las mesadas causadas dentro de los
tres años anteriores a la fecha de la solicitud.

21. Manifestó que el derecho a la pensión de jubilación solo se consolida cuando
se cumplen los requisitos legales que determinan su exigibilidad, de conformidad con
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y con el artículo 2 del Decreto 3752 de
2003. Mientras ello no ocurra, el interesado solo es titular de una mera expectativa y
no de un derecho cierto, de manera que el reconocimiento debe efectuarse con base
en la normativa vigente al momento en que la prestación efectivamente se causa, y no
con fundamento en disposiciones posteriores o distintas a las aplicables en dicho
momento.

22. Señaló que el régimen jurídico que cobija al demandante es el previsto en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, que exige 20 años de servicio, continuos o
discontinuos, y 55 años de edad para acceder a una pensión equivalente al 75 % del
salario promedio del último año. Precisó que dicha norma dispone una excepción a
favor de los empleados oficiales que, a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero
de 1985), hubiesen cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, quienes
continuarían rigiéndose por las disposiciones anteriores en lo relativo a la edad de
jubilación; aclaró que esa excepción se circunscribe exclusivamente al requisito de
edad y no cobija los factores salariales computables en la liquidación, los cuales, en
todo caso, deben corresponder a aquellos sobre los que efectivamente se hayan
realizado aportes durante el último año de servicio, conforme al artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.

23. En tal sentido, invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, del 12 de febrero de 2009 (exp. 15001233100020020116401, M.P.
Bertha Lucía Ramírez Páez), que precisó que la Ley 91 de 1989 no instituyó un
régimen especial de pensiones para los docentes nacionalizados, sino que remitió a
las normas generales de los empleados públicos del orden nacional, esto es, a la Ley
33 de 1985.

24. Concluyó que al demandante no le asistía el derecho reclamado, pues para la
fecha de expedición del acto administrativo acusado no se había certificado en legal
forma el tiempo de servicio oficial, de manera que no quedó demostrado el
cumplimiento del requisito de 20 años de servicio exigido por la Ley 33 de 1985 para
el reconocimiento de la pensión a la fecha del estatus pensional.

25. Finalmente, adujo que el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público, prohibición que, según explicó,
solo admite las excepciones expresamente señaladas en la ley, entre ellas las
previstas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, sin que el demandante hubiese
acreditado encontrarse dentro de alguna de dichas excepciones. Afirmó que, en

6

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

consecuencia, no había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos
acusados, por cuanto gozaba de una pensión reconocida por el ISS.

2.3. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
profirió sentencia el 31 de octubre de 2019, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante5.

27. Indicó que, tratándose del reconocimiento pensional de los docentes oficiales,
es posible devengar simultáneamente la pensión de jubilación por el servicio prestado
en entidades del sector público y la pensión de vejez reconocida por el ISS
correspondiente al tiempo servido al sector privado, siempre que el fundamento de
ambos reconocimientos no sea el mismo. Por ende, en principio, no existe
incompatibilidad entre ambas prestaciones a la luz del artículo 128 de la Constitución
Política.

28. Precisó que, de acuerdo con el informe de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones, al accionante sus empleadores le efectuaron cotizaciones desde el 23
de noviembre de 1971 hasta el 30 de junio de 2009 y por tal razón, se benefició de la
pensión reconocida por el ISS a través de la Resolución 108389 del 19 de septiembre
de 2011. En punto, aclaró que, si bien dicho informe muestra que el accionante
presenta aportes a partir del 1 de enero de 2008, realizados por el Instituto Municipal
del Deporte de Palmira, ese periodo no se incluyó, toda vez que en la misma resolución
de reconocimiento pensional se estableció que las cotizaciones hechas después del 1
de marzo de 2003 no se tendrían en cuenta en el conteo del tiempo de servicios
prestados.

29. Sostuvo, en atención a que el demandante solicitó el reconocimiento de una
pensión de jubilación dada la prestación de servicios en calidad de docente, que como
se vinculó a la docencia oficial —el 26 de septiembre de 1981—antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable era el previsto en la Ley
33 de 1985, que exige 20 años de servicio y 55 años de edad, requisito este último
que se encontró acreditado, pues el accionante cumplió dicha edad el 31 de julio de
2002.

30. Señaló que, si bien el certificado expedido por la Secretaría de Educación de
Palmira reportó 21 años, 2 meses y 30 días de servicio, el período comprendido entre
el 24 de septiembre de 1986 y el 30 de junio de 1993, laborado por el demandante
como docente de hora cátedra, no podía computarse en su totalidad, sino que debía
convertirse conforme al parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, según el cual
solo se tienen en cuenta como jornadas completas las de cuatro o más horas diarias.

5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE
DIGITAL PARTE 2, págs. 99 a 108.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

31. Con fundamento en esa conversión, el Tribunal estableció que el tiempo servido
de manera ordinaria ascendía a 18 años, 6 meses y 13 días, al cual sumó 1 año, 4
meses y 1 día correspondientes al tiempo laborado en hora cátedra, para un total de
19 años, 10 meses y 14 días, inferior a los 20 años exigidos por la Ley 33 de 1985.

32. Al no encontrarse acreditado el requisito del tiempo de servicio, el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda y, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 en concordancia con el artículo 366 del Código General del Proceso, condenó
en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

33. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, con el fin de que se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos6:

34. Sostuvo que el Tribunal partió de una interpretación sustantiva y de una
aplicación matemática erróneas al calcular el tiempo laborado por el demandante en
calidad de docente de hora cátedra, pese a haber citado correctamente el parágrafo 1
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. Adujo que el a quo7 desconoció el número real de
horas cátedra y el tiempo efectivamente señalado en el certificado de tiempo de
servicios, documento al que, en su criterio, se le dio un «alcance caprichoso» que no
se desprende de su contenido.

35. En respaldo de lo anterior, presentó un recálculo del tiempo laborado como
docente de hora cátedra durante el período comprendido entre el 24 de septiembre de
1986 y el 30 de junio de 1993, en el que, a diferencia del cómputo del Tribunal —que
arrojó un total de 1.924 horas laboradas—, estableció un total de 2.763 horas, con
fundamento en la duración real de cada período de vinculación (expresada en meses
y semanas) y no en la duración que, según afirmó, había tomado erradamente el a
quo.

36. Explicó que, al dividir dicho total en cuatro, conforme al parágrafo 1 del artículo
1 de la Ley 33 de 1985, se obtienen 690,75 días laborados, equivalentes a 1 año, 11
meses y 0 días, cifra que, sumada a los 18 años, 6 meses y 13 días de servicio
ordinario reconocidos por el Tribunal, arroja un total de 20 años, 5 meses y 13 días de
servicio, tiempo que —afirmó— resulta suficiente para acceder al reconocimiento de
la pensión de jubilación reclamada.

37. Afirmó también, que el juez de primera instancia pasó por alto la parte final del
parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en cuanto dispone que el tiempo de

6 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 001 RECURSOApelación.
7
Juez de primera instancia.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

servicio debe adicionarse con los días de descanso remunerado y de vacaciones,
aspecto que, a su juicio, debía tenerse en cuenta para la resolución de la controversia.

38. Invocó como precedentes jurisprudenciales las sentencias T-339 de 2015 y T-
429 de 2016 de la Corte Constitucional, relativas al defecto procedimental absoluto y
por exceso ritual manifiesto, a la facultad oficiosa del juez para esclarecer la realidad
fáctica del litigio, y a la figura de la corrección de errores aritméticos y de digitación en
las providencias judiciales, así como a su diferencia frente a la figura de la adición de
la sentencia. Con fundamento en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política,
referidos a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales y al
sometimiento de los jueces al imperio de la ley, solicitó que se corrigieran los errores
aritméticos atribuidos al fallo impugnado o, subsidiariamente, que se revoque.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

39. Mediante auto del 11 de agosto de 2022, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante8.

40. A través de auto del 22 de junio de 2023, se corrió traslado a las partes para
que allegaran sus alegatos de conclusión y, vencido el término para el efecto, se
pusiera el expediente a disposición del Ministerio Público9.

2.6. Alegatos de conclusión

41. La parte demandante al presentar sus alegatos de conclusión reiteró los
argumentos del recurso de apelación interpuesto10.

42. Se advierte que el municipio de Palmira a través de apoderado, a quien pide se
le reconozca personería jurídica, allegó escrito que contiene unos alegatos de
conclusión. No obstante, se destaca que dicho ente territorial no funge como parte
dentro del proceso de la referencia, ni tampoco se le ha vinculado como tercero
interesado dentro de este. Por ende, la Sala no hará pronunciamiento alguno sobre el
particular, ni reconocerá la personería jurídica al abogado que lo pretende
representar11.

8 Samai, índice 04, auto que admite recurso de apelación, archivo
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).
9 Samai, índice 10, auto que corre traslado para alegar, archivo
AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.docx).
10 Samai, índice 18, recibe memoriales por correo electrónico, archivo
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf).
11 Samai, índices 15, 16 y 20, recibe memoriales oneline, archivos 12_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) y

13_MemorialWeb_PeticiOn(.pdf), 18_MemorialWeb_Alegatos(.pdf), respectivamente. Índice 21, recibe memoriales
por correo electrónico, archivo 18_MemorialWeb_Alegatos(.pdf).

9

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.7. Ministerio Público

43. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado12 no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

45. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver
los siguientes problemas jurídicos:

46. ¿La pensión de vejez reconocida por el ISS al accionante, que computó tiempo
de servicios privados y se causó con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, es compatible con la pensión de jubilación que pretende la parte demandante
le reconozca el Fomag, en consideración a los periodos en los que prestó servicios
como docente oficial?

47. En caso afirmativo ¿si el accionante acredita los 20 años de servicio exigidos
por la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de jubilación, en su condición de
docente oficial, teniendo en cuenta que se vinculó al servicio con anterioridad a la Ley
812 de 2003?

48. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará la prohibición de
recibir dos asignaciones del erario, incompatibilidad pensional y los docentes de
tiempo completo.

49. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y,en
el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los problemas jurídicos
propuestos.

12
Samai, índice 13, envío de notificación, archivo Soporte notificación Auto que corre trasl(.pdf).

10

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Prohibición de recibir dos asignaciones del erario, incompatibilidad
pensional y los docentes de tiempo completo

50. En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, el artículo 64 señalaba que
nadie podía recibir dos sueldos del tesoro público, salvo para los casos especiales que
determinaban las leyes. El Decreto Ley 1713 de 196013 reguló la prohibición y las
excepciones, así:

ARTÍCULO 1º.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
PARÁGRAFO- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto,
se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.

51. Más adelante, el artículo 32 del Decreto 1042 de 197814 señaló que, entre las
excepciones de la regla de no percibir doble asignación del tesoro, estaban
comprendidas «las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en
los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo» (lit. a).

52. En la actualidad, el artículo 128 de la Constitución Política establece las
prohibiciones de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y de recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Igualmente, la Ley 4 de 199215 reitera la prohibición y regula
las excepciones para las siguientes asignaciones:

13 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la

Constitución.
14 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones.
15 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.

53. Desde la Ley 4 de 1992 quedó prohibido para una misma persona ocupar en
forma simultánea dos cargos, independientemente de su dedicación, puesto que
solamente podía recibir en forma adicional honorarios por hora cátedra16.

54. Ahora bien, es relevante destacar que el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 17
indicaba que las pensiones que cubría el ISS eran incompatibles entre sí (lit. a); con
las demás pensiones y asignaciones del sector público (lit. b); y con las pensiones de
jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo, el precepto indicó
que el beneficiario podría optar por la más favorable cuando existiera concurrencia
entre ellas.

55. Cabe anotar que la sentencia del 1 de marzo de 201218, de la Subsección B, de
la Sección Segunda, determinó que el artículo 49 del Decreto 758 de 1990 señalaba
que las pensiones e indemnizaciones del ISS eran incompatibles entre sí y con otras
pensiones del sector público. En todo caso, explicó que el Consejo de Estado, en 1995,
declaró la nulidad de los literales a y b, al acoger la tesis de la Corte Suprema de
Justicia, según la cual las pensiones pueden ser compatibles cuando tienen origen
diferente: una por servicios al Estado (pensión de jubilación del sector público) y otra
por servicios a empleadores privados cotizados al ISS, con fondos distintos.

56. Por tanto, la citada sentencia precisó que es válido recibir simultáneamente una
pensión de jubilación del sector público y una pensión de vejez del ISS si esta última
se origina en trabajos con particulares. En cambio, no son compatibles cuando la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de marzo de 2006, exp. 25000232500020010628701 (378305), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
17 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros

Sociales Obligatorios.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 17001-23-31-000-2009-00102-01 (0375-11), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.

12

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

pensión del ISS se liquida incluyendo tiempos del sector público, porque en ese evento
se estarían usando nuevamente recursos del tesoro público para pagar otra pensión.

57. Ciertamente, la Sección Segunda de esta corporación en sentencia del 3 de
abril de 199519 al declarar la nulidad de los literales a y b del artículo 49 del Decreto
758 de 1990, que establecían la incompatibilidad de las pensiones a cargo del ISS,
entre sí, y con las demás del sector público, explicó que «al dictarse el decreto ley
1650 de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado […] en su artículo
22», de manera tal que «el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros
que aportaran asalariados y empleadores […]; por consiguiente no puede afirmarse
que las pensiones que éste otorgue provinieron del Tesoro Público».

58. Por lo tanto, según la referida sentencia del 3 de abril de 1995, «se trata de dos
asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente», ya que «la
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS, una obedece a servicios prestados al Estado, la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público».

59. También, es importante mencionar que la postura jurisprudencial adoptada por
la Sección Segunda en la sentencia de 3 de abril de 1995 a la que se hizo referencia
anteriormente, ha sido reiterada, para señalar que es posible devengar dos pensiones
de vejez en favor de un mismo beneficiario, siempre y cuando una sea por tiempos de
servicios acumulados en el sector público y la otra por servicios prestados a patronos
particulares. Ese fue el criterio que, por ejemplo, sostuvieron las siguientes sentencias:

Fecha de la providencia Radicación Ponente

6 de noviembre de 1997 8516 Javier Díaz Bueno
19 de octubre de 2006 2000-03365-01 (3691-2005) Jaime Moreno García
22 de octubre de 2009 2001-00423-01 (0262-2008) Víctor Hernando Alvarado
1 de marzo de 2012 2009-00102-01(0375-11) Bertha Lucía Ramírez de Páez
17 de abril de 2013 2009-00274-01(2297-11) Alfonso Vargas Rincón
2 de mayo de 2013 2010-01157-01(1742-12) Luis Rafael Vergara Quintero
1 de agosto de 2018 2013-02538-01(2091-15) Rafael Suarez Vargas
20 de junio de 2019 2014-00364-01(2623-16) William Hernández Gómez
25 de septiembre de 2020 2014-00318-01(0113-2018) Carmelo Perdomo Cuéter
15 de octubre de 2020 2015-00041-01 (2507-17) Rafael Suarez Vargas

60. A su vez, la Sala Especial de Decisión 27 en sentencia del 20 de septiembre de
2023, al resolver el recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2022-06408-
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril

de 1995, exps. 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna.

13

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

00 promovido por la UGPP contra la sentencia del 16 de junio de 2022, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda, resolvió infirmarla, entre otras razones, porque
de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, si bien «la concurrencia de
cotizaciones en los mismos periodos no supone la incompatibilidad entre prestaciones
por vejez y por jubilación, siempre que el origen y fuente que sustente a cada una de
ellas no comprometa recursos públicos», evento en el cual sí se infringiría el artículo
128 de la Constitución Política.

61. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia también ha sostenido que las pensiones de jubilación, derivadas de servicios
prestados en el sector público, son compatibles con las prestaciones que se generan
a partir de las cotizaciones pagadas al ISS, en los siguientes casos:

• En los eventos en que el tiempo de servicios sea completado antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993;
• cuando una de las pensiones es reconocida en virtud de los regímenes
preexistentes al sistema de seguridad social, y
• en los casos que se trate de una prestación reconocida a través de cajas de
previsión, donde haya clara diferenciación en las fuentes de financiamiento. Por
ejemplo: sentencias del 27 de enero de 1995, rad. 7109; del 23 de octubre de
2019, exp. 98083; del 9 de marzo de 2022, exp. 86972; del 14 de noviembre de
2023, exp. 95493; del 15 de noviembre de 2023, exp. 98083, entre otras.

62. Sin embargo, en la actualidad el criterio de la Subsección B20 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado21 consiste en que, según los artículos 17 y 22 del
Decreto 1650 de 1977, el sistema tripartito22 de financiación de las pensiones que
reconoce la Administradora Colombiana de Pensiones contiene como una de las
fuentes de financiación las «transferencias de los presupuestos nacional,
departamentales, municipales y de los territorios nacionales, que debe entenderse la
participación de los recursos del erario en el reconocimiento de las pensiones». Por
consiguiente, aun en el evento de que la pensión de vejez haya sido reconocida con
fundamento en los aportes realizados por un patrono particular, hay incompatibilidad
pensional con la pensión de jubilación, independientemente del origen de las
cotizaciones.

63. En este sentido, en el fallo del 12 de diciembre de 202323, la Subsección B
consideró que «si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre otros,

20 La magistrada ponente ha aclarado su voto en asuntos como el presente, al señalar que, de acuerdo con lo

explicado en precedencia, desde 1995, en forma pacífica y uniforme, la Sección Segunda acogió como regla
interpretativa y de decisión la tesis de la compatibilidad entre dos pensiones de vejez, cuando una esté financiada
con aportes realizados en virtud de tiempos de servicio oficiales, y la otra con ocasión de cotizaciones del sector
privado.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023, exp. 25000-23-42-

000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
22 Trabajador, empleador y Estado.
23
Idem.

14

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es que estas
prestaciones también se encuentran financiadas con recursos provenientes del erario,
tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo que, por su fuente, las haría
incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público».

64. Este criterio fue reiterado por la Sección Segunda, Subsección B, en el auto del
24 de octubre de 202424, providencia que la magistrada ponente acompañó con
aclaración de voto, toda vez que se trataba de dos pensiones cuyos estatus se
consolidaron en vigencia de la Ley 100 de 1993. Aclaró el voto en el entendido de que
el reciente criterio de esta Subsección constituye una postura distinta del precedente
reiterado de la Sección Segunda.

3.4. Hechos probados relevantes

65. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

66. El señor Ramón Elías Parra Vargas nació el 31 de julio de 1947, según copia
de la cédula de ciudadanía25.

67. Mediante la Resolución 108389 del 19 de septiembre de 2011, el ISS reconoció
a favor del accionante una pensión de vejez, a partir del 1 de julio de 2009, en cuantía
de $1.088.435, equivalente al 90 % del «promedio de lo devengado durante los últimos
10 años o el de toda la vida si tuviere 1250 semanas o más cotizadas», con
fundamento en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año, en condición de beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por el requisito de la edad (40 años a la entrada en vigor de
la referida ley)26.

68. La prestación se reconoció en atención a que el demandante acreditó 1518
semanas cotizadas, desde el 23 de noviembre de 1971 hasta el 15 de junio de 2009,
de las cuales 802 semanas se cotizaron en los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad. Al respecto, se precisó que los aportes efectuados después
del 1 de marzo de 2003 no podían tenerse en cuenta para el cómputo de las semanas,
comoquiera que no se registró pago por el mismo lapso para el Sistema de Seguridad
Social en Salud, los cuales se deben realizar de manera concomitante, de acuerdo con
el Decreto 510 de 2003.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-42-000-2021-00707-01 (3332-2024), M.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar.
25 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, pág. 6.
26 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, págs. 28 a 29.

15

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

69. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por
Colpensiones, actualizado al 7 de junio de 2016, el demandante acredita 1716,14
semanas cotizadas, por periodos interrumpidos, entre el 23 de noviembre de 1971
hasta el «30 de junio de 2009». En este documento se advierte que los empleadores
fueron el Colegio Caldas, Sanz de R Yolanda M, Socorro Parra Vargas y el Instituto
Municipal, quien efectuó aportes a partir del 1 de enero de 200827; lo que significa, en
consonancia con la Resolución 108389 del 19 de septiembre de 2011, que dichos
periodos —los del Instituto Municipal— que se predicarían al servicio público no fueron
tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez por parte del
ISS28.

70. Según el certificado de tiempo de servicios emitido el 26 de agosto de 2011 por
la Secretaría de Educación del Municipio de Palmira, a partir del 26 de septiembre de
1981 el accionante se vinculó como docente al servicio de esa entidad, donde laboró
en las modalidades de hora cátedra, propiedad y comisión, interrumpidamente, hasta
el 26 de agosto de 201129.

71. Conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 26 de agosto de 2011 por la Secretaría de Educación del Municipio de
Palmira, el demandante prestó sus servicios a la entidad en calidad de docente desde
el 26 de septiembre de 1981 hasta el 26 de agosto de 2011, fecha en la que se
encontraba activo en propiedad30.

72. De acuerdo con los certificados de tiempo de servicios emitidos el 22 de
septiembre de 2015 por la Secretaría de Educación del Municipio de Palmira, el
accionante laboró al servicio de la entidad en interinidad a partir del 26 de septiembre
hasta el 25 de noviembre de 1981 y del 15 de septiembre al 13 de noviembre de 1984;
luego, en la modalidad de hora cátedra, interrumpidamente, durante el periodo
comprendido del 24 de septiembre de 1986 hasta el 30 de junio de 199331.

73. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
emitido el 12 de septiembre de 2013 por la Secretaría de Educación del Municipio de
Palmira, el demandante prestó sus servicios a la entidad en calidad de docente en
propiedad del 22 de septiembre de 1993 al «15 de agosto de 2013», por retiro forzoso.

27 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE
DIGITAL PARTE 1, págs. 30 a 34.
28 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 2, págs. 61 a 67. Información que coincide con el reporte de semanas cotizadas en pensiones
emitido por Colpensiones actualizado al 11 de agosto de 2014, visto en Samai, índice 02, expediente digital, archivo
ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE DIGITAL PARTE 1, págs. 30 a 34.
29 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, págs. 19 a 21.
30 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, pág. 22.
31 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL CUADERNO 2 PARTE 2, págs. 29 a 30.

16

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Durante dicho lapso se le concedió una comisión no remunerada del 1 de enero de
2008 al 31 de diciembre de 200832.

74. En edicto 0002 con fecha del 1 de agosto de 2013, la Secretaría de Educación
del Municipio de Palmira notificó al accionante la Resolución 1104 de julio de 2013 —
sin día establecido— por medio del cual se declaró su retiro forzoso del servicio como
docente en propiedad, a partir del 2 de agosto de 201333.

75. Mediante la Resolución 1151.13.3-1449 del 16 de octubre de 2012, la entidad
accionada negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del
demandante, bajo el argumento de la incompatibilidad existente con la pensión de
vejez que percibía, la cual le fue reconocida por el ISS a través de la Resolución
108389 del 19 de septiembre de 2011. Ello, con fundamento en el artículo 128 de la
Constitución Política34.

76. El interesado interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión35, el
cual fue resuelto por medio de la Resolución 1151.13.3-1735 del 18 de diciembre de
2012, en el sentido de no reponer y confirmarla en su integridad36.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

77. La parte demandante solicita que se reconozca a favor del señor Ramón Elías
Parra Vargas una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, a partir del
3 de agosto de 2013. Adujo que la pensión de vejez que percibía, la cual le otorgó el
ISS era compatible con la prestación pretendida. Esto, toda vez que el tiempo de
cotización acreditado para la pensión de vejez difiere del tiempo de servicio invocado
para la pensión de jubilación que se reclama.

78. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca determinó que era posible que el
accionante devengara simultáneamente la pensión de jubilación por el servicio
prestado como docente oficial y la pensión de vejez reconocida por el ISS
correspondiente al tiempo servido al sector privado, en tanto el fundamento de ambos
reconocimientos no es el mismo. No obstante, definió que el demandante no tenía
derecho a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, puesto que no
acreditó los 20 años de servicio que exige dicha ley. Al respecto, señaló que según se
probó, solo completó 19 años, 10 meses y 14 días de servicio.

32 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE
DIGITAL PARTE 1, págs. 24 a 26.
33 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, pág. 27.
34 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL CUADERNO 2 - PARTE 1, págs. 37 a 38.
35 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL CUADERNO 2 - PARTE 1, págs. 12 a 36, 60 a 79 y documento 000 EXPEDIENTE DIGITAL CUADERNO
2 PARTE 2, págs. 1 a 5.
36 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_7600123330012014(.zip), documento 000 EXPEDIENTE

DIGITAL PARTE 1, págs. 11 a 17.

17

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

79. Inconforme con la decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación,
en el que sostiene que el juez de primera instancia incurrió en un error al calcular el
tiempo de servicio prestado como docente de hora cátedra, en tanto lo cierto es que
acredita 20 años, 5 meses y 13 días de servicio, lo que lo hace acreedor de la pensión
de jubilación.

80. En este orden de ideas, corresponde definir si la pensión de vejez reconocida
por el ISS al accionante, que computó tiempo de servicios privados y se causó con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es compatible con la pensión
de jubilación que pretende la parte demandante le reconozca el Fomag, en
consideración a los periodos en los que prestó servicios como docente oficial. En caso
afirmativo, la Sala resolverá si el accionante acredita los 20 años de servicio exigidos
por la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de jubilación, en su condición de
docente oficial, teniendo en cuenta que se vinculó al servicio con anterioridad a la Ley
812 de 2003.

81. Así, se señala que conforme se demostró en el proceso, el señor Ramón Elías
Parra Vargas percibe desde el 1 de julio de 2009 una pensión de vejez, reconocida por
el ISS a través de la Resolución 108389 del 19 de septiembre de 2011, con fundamento
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Tal prestación
se reconoció en virtud del tiempo cotizado, de manera interrumpida, del 23 de
noviembre de 1971 y hasta antes del 1 de marzo de 2003, teniendo en cuenta las
semanas cotizadas por los empleadores denominados: Colegio Caldas, Sanz de R
Yolanda M y Socorro Parra Vargas.

82. Advertido lo anterior, el Fomag decidió, a través de los actos administrativos
acusados, negar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del accionante
porque en su criterio, la pensión de vejez que percibe —reconocida por el ISS— y la
pensión de jubilación que pretende son incompatibles de acuerdo con lo establecido
en el artículo 128 de la Constitución Política.

83. Ahora bien, se recuerda que según se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, el sistema de financiación de las pensiones
reconocidas por Colpensiones es de naturaleza tripartita, según los artículos 17 y 22
del Decreto 1650 de 1977, dentro de cuyas fuentes se encuentran las transferencias
de los presupuestos nacional, departamental, municipal y de los territorios nacionales,
lo que debe entenderse como la participación de recursos del erario en el
reconocimiento de las pensiones.

84. Al respecto, se destaca que, aunque las pensiones reconocidas por el ISS se
financian, entre otras, con las cotizaciones de trabajadores y empleadores, lo cierto es
que dichas prestaciones también cuentan con respaldo de recursos públicos, como
impuestos y transferencias del presupuesto. Esta circunstancia, generaría una

18

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

incompatibilidad con otras asignaciones provenientes del tesoro público, por su fuente,
que obedece al sistema tripartita de financiación de la seguridad social.

85. Por tal razón, aun cuando la pensión de vejez haya sido reconocida con
fundamento en los aportes efectuados por un patrono particular, existe
incompatibilidad pensional con la pensión de jubilación, independientemente del origen
de las cotizaciones, comoquiera que las pensiones reconocidas por el ISS, si bien son
pagadas con los aportes de trabajadores y patronos, también se financian con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo que
por su fuente las hace incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público.

86. En tal sentido, descendiendo al caso particular, en atención a que el accionante
percibe una pensión de vejez reconocida por el ISS desde el 1 de julio de 2009 con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, se concluye que dicha prestación resulta
incompatible con la pensión de jubilación reclamada al Fomag, independientemente
de que las cotizaciones que dieron lugar a su reconocimiento provengan de
empleadores particulares. Ello, en la medida en que el sistema de financiación de las
pensiones a cargo del ISS —hoy Colpensiones— compromete recursos del erario,
según se explicó en precedencia.

87. Por lo anterior, la Sala no comparte el criterio expuesto por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de primera instancia, en cuanto
sostuvo que, en principio, no existía incompatibilidad entre la pensión de vejez
reconocida por el ISS y la pensión de jubilación reclamada al Fomag.

88. En consecuencia, comoquiera que la respuesta al primer problema jurídico
planteado es negativa, se estima que no es necesario que la Sala se pronuncie sobre
el segundo interrogante, esto es, si el accionante acredita los 20 años de servicio
exigidos por la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de jubilación. Por esa
misma razón, tampoco es del caso examinar los argumentos del recurso de apelación
relativos al recálculo del tiempo laborado en la modalidad de hora cátedra, pues lo
cierto es que la pretensión del reconocimiento pensional no puede prosperar dada la
incompatibilidad advertida.

89. Así las cosas, se precisa que la negativa al reconocimiento de la pensión de
jubilación reclamada por el señor Ramón Elías Parra Vargas, contenida en las
Resoluciones 1151.13.3-1449 del 16 de octubre de 2012 y 1151.13.3-1735 del 18 de
diciembre de 2012, se ajusta a derecho, aunque no por las razones expuestas por el
Tribunal de primera instancia —relativas al tiempo de servicio—, sino por la
incompatibilidad pensional advertida en esta sentencia.

90. Por último, sin perjuicio de que la pretensión de nulidad no está llamada a
prosperar por las razones expuestas, la Sala no pasa por alto que, según las

19

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

certificaciones que obran en el expediente, el señor Ramón Elías Parra Vargas tiene
la expectativa de acreditar el tiempo de servicio docente exigido por el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 —conforme lo pretendido en la demanda— para acceder a una pensión
de jubilación por parte del Fomag.

91. En tal sentido, en atención a los principios de favorabilidad y de condición más
beneficiosa en materia laboral y de seguridad social, se considera que el interesado,
de tener derecho a una pensión por parte del Fomag, puede optar ante la
administración por la que le convenga económicamente, de conformidad con los
artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969.

92. Por consiguiente, aunque no se declarará la nulidad de los actos acusados —
pues se ajustaron a derecho al negar el reconocimiento simultáneo de ambas
prestaciones—, se ordenará a la entidad accionada que defina la situación pensional
del demandante, es decir, que determine si acredita los requisitos de la norma que le
resulte aplicable para la pensión de jubilación docente, y fije cuál sería su cuantía de
resultar procedente.

93. Una vez el Fomag emita el pronunciamiento concerniente, deberá notificar al
accionante para que este manifieste cuál de las dos prestaciones —la pensión de vejez
reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, o la eventual pensión de jubilación docente—
opta por conservar, en el entendido de que, por la incompatibilidad declarada, no podrá
percibir ambas de manera simultánea. Si el interesado elige la pensión a cargo del
Fomag, dicha entidad y el propio interesado deberán adelantar ante Colpensiones las
gestiones pertinentes para la suspensión del pago de la pensión de vejez actualmente
reconocida, evitando así una doble erogación con cargo al tesoro público.

3.6. Conclusión de la decisión

94. Se concluye que la pensión de vejez reconocida al señor Ramón Elías Parra
Vargas es incompatible con la pensión de jubilación reclamada al Fomag, con
independencia del origen de las cotizaciones que sustentaron aquella.

95. No obstante, en atención a que el interesado tiene la expectativa de acreditar el
tiempo de servicio para ser acreedor de una pensión por parte del Fomag, y en
aplicación de los principios de favorabilidad y de condición más beneficiosa, se
ordenará a la entidad demandada definir su situación pensional, determinando si reúne
los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación docente. Establecido lo
anterior, el accionante deberá optar entre dicha prestación y la pensión de vejez que
actualmente percibe, debiendo, en caso de elegir la del Fomag, adelantar ante
Colpensiones, junto con esta entidad, las gestiones necesarias para la suspensión del
pago de la pensión de vejez, con el fin de evitar una doble erogación con cargo al
tesoro público.

20

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

96. Por consiguiente, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
en tanto se adicionará de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

4. Costas

97. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

98. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionante en el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 31 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído.

Segundo. Adicionar la sentencia impugnada, en cuanto a lo siguiente:

Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que, en el término
de un mes siguiente a la notificación de esta providencia, defina la situación pensional

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

21

Radicación: 76001-23-33-000-2014-01236-01 (2977-2022)
Demandante: Ramón Elías Parra Vargas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

del señor Ramón Elías Parra Vargas, determinando si acredita los requisitos de la norma
que le resulte aplicable para la pensión de jubilación docente, y fije cuál sería su cuantía
de resultar procedente.

Una vez notificada la anterior decisión, el señor Ramón Elías Parra Vargas deberá
manifestar ante el Fomag, cuál de las dos prestaciones —la pensión de vejez reconocida
por el ISS, hoy Colpensiones, o la eventual pensión de jubilación docente— opta por
conservar, en atención a la incompatibilidad advertida en esta providencia.

En caso de que el señor Ramón Elías Parra Vargas opte por la pensión de jubilación a
cargo del Fomag, dicha entidad y el interesado deberán adelantar ante Colpensiones las
gestiones necesarias para la suspensión del pago de la pensión de vejez actualmente
reconocida.

Tercero. Revocar en numeral segundo de la sentencia apelada que condenó en costas
en primera instancia.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.