Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00639-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00639-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00639-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-00639-01 (1783-2023)
Demandante: Beatriz Cecilia Estrada Pérez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Compatibilidad entre pensión de jubilación del FOMAG y pensión
de vejez del ISS con origen público. Prohibición constitucional
de recibir doble asignación del tesoro público. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Beatriz Cecilia Estrada Pérez instauró demanda1 en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 201850046455 del 26 de junio de 2018,
mediante la cual la Secretaría de Educación de Medellín negó el reconocimiento de
la pensión de jubilación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a
reconocer y pagar dicha prestación en compatibilidad con el salario y otras
1 Ver índice 2, expediente digital.
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pensiones, con los ajustes anuales de ley y con el retroactivo adeudado desde la
consolidación del derecho, el 19 de mayo de 2016.
Que la entidad demandada sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 14 de febrero de 1952 y que laboró como docente al servicio del
municipio de Medellín del 23 de agosto al 30 de noviembre de 1996, nombrada por
Decreto 890 de 1996; del 14 de febrero de 1997 al 17 de noviembre de 1998
designada por Decreto 151 de 1997; del 29 de abril de 1999 al 12 de diciembre de
2005 nominada por Decreto 095 de 1999; y que su último vínculo laboral lo inició el
12 de diciembre de 2005 en virtud del Decreto 2640 de 2005 y que al menos hasta
la fecha de presentación de la demanda se encontraba activa en el servicio.
Que acreditó un total de 20 años, 7 meses y 29 días, y que obtuvo el estatus de
pensionada al momento de cumplir 55 años de edad, es decir, el 19 de mayo de
2016.
Que en diciembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
su labor desempeñada en la educación pública, pero que fue negada a través del
acto demandado en consideración a la incompatibilidad entre la pensión pretendida
con una reconocida previamente por COLPENSIONES, fundamentado en el artículo
49 del Decreto 758 de 1990.
Que la pensión reconocida por COLPENSIONES se obtuvo por servicios prestados
al IDEMA, el cual no corresponde a la docencia oficial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgredieron: los
artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, 2 de la Ley 102 de 1927, 33 de la Ley 6.° de
1945, 6 de la Ley 1.° de 1963, 1.° de la Ley 57 de 1964, 5 del Decreto Ley 224 de
1972, 2 y 19 letra g de la Ley 4.° de 1992, 6 de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley
100 de 1993, 19 de la Ley 344 de 1996, 7 del Decreto 320 de1949, 1°. del Decreto
606 de 1969, 36 y 70 del Decreto Ley 2277 de 1979 y el Decreto 2285 de 1955.
Que el acto administrativo que se fundamentó en una incompatibilidad entre la
pensión a cargo del FOMAG por servicios prestados a la docencia pública y la
pensión que actualmente disfruta a cargo de Colpensiones, es nulo por aplicar
incorrectamente la norma de incompatibilidad pensional, ya que las pensiones de
los docentes no provienen del tesoro público.
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Que a partir de la Carta Política de 1991 se estima que los recursos para financiar
pensiones son parafiscales y pertenecen al trabajador, siendo el Estado solo un
administrador cuando estos están en cajas públicas. Por tanto, dichos recursos no
forman parte del erario.
Que desde antes de la Constitución de 1991, diferentes leyes y decretos
reconocieron a los docentes la compatibilidad entre pensión y salario.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 29 de marzo de 20192 y notificada a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), quien contestó3 que según establece el artículo 49 del Decreto 758 de
1990 las pensiones que cubre el ISS son incompatibles con las demás pensiones y
asignaciones del sector público, y que, por tanto, al contar la demandante con una
pensión del IDEMA, esta resulta incompatible con la de vejez que solicita al FOMAG.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inepta demanda, (ii) legalidad de
los actos administrativos atacados de nulidad, (iii) inexistencia de la obligación, (iv)
excepción de cobro de lo no debido, (v) improcedencia de la indexación de las
condenas, (vi) prescripción, (vii) compensación, (viii) sostenibilidad financiera y (ix)
excepción genérica.
En la audiencia inicial4, sobre la excepción de inepta demanda el tribunal advirtió
que no se especificaron las razones que fundamentan la excepción por lo que se
abstuvo de pronunciarse; en cuanto a la prescripción, determinó resolverla con el
fondo del asunto. Fijó el litigio, declaró fallida la etapa de conciliación y efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.
Prescindió de la audiencia de pruebas considerando que solo se encontraba
pendiente la respuesta de la Secretaría de Educación de Medellín en atención al
exhorto decretado, y que una vez recibida, correría traslado de la misma para que
las partes se pronunciaran, y de manera posterior, el correspondiente para que
estas presentaran alegatos de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del primero (1.°) de
diciembre de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones de la demanda
estimando que en atención a la limitación de doble asignación a cargo del erario, no
2 Expediente digital, archivo 01Cuaderno1, página 28.
3 Ibid., página 38.
4 Ibid., página 78.
5 Folios 119 a 128.
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es posible que los docentes puedan percibir dos pensiones que se originen en
aportes realizados al sector público, bien sea una reconocida por el régimen de
prima media o del régimen anterior a la Ley 100 de 1993 y aquella causada por el
servicio docente a cargo del FOMAG. Que estas solo pueden ser compatibles si
alguna es causada por recursos de naturaleza privada.
Que la pensión reconocida a la demandante por COLPENSIONES tiene origen en
servicios prestados en el sector público, por lo que al otorgarse la pensión
pretendida se incurriría en la prohibición del artículo 128 constitucional, sin importar
que se trate de tiempos independientes.
Condenó en costas a la parte demandante en aplicación del artículo 365 del CGP.
EL RECURSO DE APELACIÓN6
La demandante interpuso recurso de apelación argumentando que los recursos
manejados por los fondos de pensiones no hacen parte del erario, ya que son
parafiscales cuando los administran entidades públicas como Colpensiones o el
FOMAG. Señaló además que su inclusión en el presupuesto general de la Nación
es solo contable, pues su verdadero titular es el trabajador al que se le hacen los
aportes, y que, por tanto, no puede afirmarse que la pensión ya reconocida tenga
origen público.
Que conforme a la normatividad y a la jurisprudencia los educadores pueden recibir
de manera simultánea pensión y sueldo, así como más de una pensión.
Que la pensión reconocida por el tiempo laborado en el Ministerio de Agricultura no
es incompatible con la reclamada a cargo del FOMAG, pues no son causadas por
los mismos servicios y estos incluso fueron prestados en tiempos distintos, pues su
labor a favor del IDEMA fue hasta 1992 y el desempeño como docente oficial fue a
partir de agosto de 1996.
TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 28 de marzo de 20237 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar
no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
Se decidirá previas las siguientes,
6 Ver índice 85 de SAMAI del tribunal de origen.
7 Ver índice 4 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG pese a
haberle sido reconocida previamente una pensión de vejez por el Instituto de
Mercadeo Agropecuario- IDEMA, entidad de naturaleza pública.
Marco normativo y jurisprudencial
Régimen pensional de los docentes oficiales
En relación con los docentes oficiales, entendidos como empleados públicos, la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado8 fijó reglas jurisprudenciales acerca del entendimiento de los
diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado según la
fecha de su vinculación al magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003,
pues aquellos vinculados después de su vigencia están sometidos al régimen
general previsto en la Ley 100 de 1993, pero para aquellos que ingresaron con
anterioridad a la misma, continúan sujetos al determinado para los servidores
públicos del orden nacional, contenido en la Ley 33 de 1985.
Prohibición constitucional de recibir doble asignación del erario
En cuanto a las limitaciones, el artículo 64 de la Constitución Política de 18869
estableció la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público o de empresas o instituciones en que tuviera parte el Estado, con excepción
de los casos especialmente establecidos por el legislador.
Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991, el artículo
12810 reiteró la prohibición, la cual impide la coexistencia de dos o más
emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos
públicos. En este sentido, la norma comprende dos supuestos improcedentes: i)
desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación
del tesoro público.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019 del
veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Exp. 680012333000201500569-01 (0935-17). C.P. César
Palomino Cortés.
9 «[…] Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones
en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por
tesoro público el de la nación, los departamentos y los municipios. […]»
10 «[…] Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […]»
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Por otro lado, este artículo fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992,11
indicando expresamente lo siguiente: «[…] Artículo 19. Nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado.(…)»
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado relativo
a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario, incluidas las
pensiones, ello por cuanto el legislador estaba en plena facultad para hacerlo dentro
de su liberad de configuración.
Compatibilidad entre las pensiones reconocidas por el ISS y por el FOMAG
La Ley 100 de 1993, por su parte, restringió el reconocimiento pensional y las
personas beneficiarias de dicho régimen no podrán percibir más de una pensión
destinada atender la misma contingencia. Sobre el particular, existe una línea
jurisprudencial estable y reiterada sobre la materia, y esta Subsección en sentencia
del 1.° de junio de 202112, por su parte, manifestó:
«[…] la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que tal aseveración
relativa al entendimiento abstracto de la incompatibilidad entre asignaciones del
Estado, tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales configuradas
antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigor,
esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon
constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos
prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez […]
[…] el fin ulterior del Sistema General de Seguridad Social implementado con la
promulgación de la Ley 100 de 1993, es unificar las condiciones y exigencias
para toda la población, en orden de acceder en clave de igualdad e integralidad
a todas las prestaciones que este consagra, y de aquella forma suplir las
contingencias derivadas de la actividad laboral […]»
Sin embargo, la mentada norma en el inciso 2°. del artículo 279 exceptuó de su
aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
como sigue:
11 «Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.»
12 Consejo de Estado. Sección segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de junio de 2021. Exp. 73001-23-33-
000-2014-00178-01 (4981-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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“Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida.”
En consecuencia, la mentada prohibición de la Ley 100 de 1993 sobre la
concurrencia de prestaciones pensionales no resulta aplicable a los docentes
afiliados al referido fondo, no obstante, ello no implica la inexistencia de una
limitación en materia prestacional para los educadores estatales, pues conforme al
artículo 128 de la Constitución Política, se establece una restricción relacionada con
la percepción simultanea de asignaciones que provengan del erario, con las
excepciones señaladas por la ley y la jurisprudencia13, por tanto, en materia
pensional, los docentes oficiales solo pueden recibir una prestación financiada con
recursos públicos destinada a cubrir el riesgo de vejez.
En el marco de lo expuesto y en lo que respecta a la compatibilidad pensional, sin
duda es posible que los educadores en mención puedan ser beneficiarios de
manera concurrente de una pensión de jubilación reconocida por el FOMAG y de
una pensión de vejez reconocida por el antiguo ISS hoy COLPENSIONES, siempre
que esta última haya sido causada exclusivamente por aportes provenientes del
sector privado, pues la restricción aplicable no recae sobre la doble titularidad
pensional, sino en los recursos con los que se financia la prestación; por tanto, si la
pensión reconocida por el ISS proviene en su totalidad o en parte de cotizaciones
efectuadas por entidades públicas, sí se configuraría una incompatibilidad por verse
inmersos en tal reconocimiento dineros del tesoro nacional.
Esta posición ha sido sostenida en reiterada jurisprudencia14 de esta corporación,
destacándose para el efecto, la sentencia del 25 de septiembre de 2020 con
radicado 08001-23-33-000-2014-00318-01(0113-2018)15 que expuso:
«En desarrollo de la anterior normativa, la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación, con ocasión de la prohibición de percibir, en forma
simultánea, doble asignación del tesoro público, conceptuó:
13 Se precisa que la ley y la jurisprudencia permiten que los docentes oficiales puedan percibir de manera
simultánea salario y pensión, y pensión gracia y pensión de jubilación, a saber, el artículo 5 de la Ley 224 de
1972 advierte que la actividad docente no es incompatible con la pensión (ver sentencia con radicado 05001-
23-33-000-2019-01161-01 (5798-2024)), y por su parte, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 señala que la pensión
gracia será reconocida por CAJANAL, hoy UGPP, y que será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
14 (i) Consejo de Estado. Sala especial de decisión. Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023). Exp. 11001-03-15-000-2022-06408-00. C.P. Rocío Araújo Oñate; (ii) Consejo de Estado. Sección
segunda, Subsección A. Sentencia del quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020). Exp. 54001-23-33-000-
2015-00041 01 (2507-2017). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; (iii) Consejo de Estado. Sección segunda,
Subsección A. Sentencia del veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019). Exp. 08001-23-33-000-2014-
00364-01(2623-16). C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de septiembre del 2020. Exp. 08001-
23-33-000-2014-00318-01(0113-18). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Con fundamento en la indispensable calidad de empleado público, la finalidad
de las dos prohibiciones concurre al mismo fin, que no se reciba más de una
asignación, bien mediante el desempeño de otro empleo, ora de uno sólo,
percibiendo otra clase de remuneraciones propias de los servidores públicos.
El desarrollo jurisprudencial del término “asignación”, puede resumirse así: “con
este vocablo genérico se designa en hacienda pública toda cantidad de dinero
que se fija y destina al pago de las prestaciones relacionadas con el servicio
público oficial”, según la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia
del 11 de diciembre de 1961 -.
Por su parte, esta Sala en la Consulta 896 de 1997 sostuvo que “...la prohibición
de recibir más de una asignación del tesoro público, está estrechamente
relacionada con el ejercicio de empleos en el sector oficial o con el pago de
prestaciones provenientes del ejercicio de estos empleos (...) las asignaciones
mencionadas en dichas normas comprenden los sueldos, prestaciones sociales
y toda clase de remuneración que tenga como fundamento un vínculo o relación
laboral con entidades del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, este alto tribunal ha determinado que es dable
devengar simultáneamente una pensión de jubilación por servicios prestados
en el sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS, siempre y cuando
la segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el sector privado.
Pero no ocurre lo mismo cuando la pensión que se reconoce proviene de otra
entidad de índole pública, debido a que los dineros allí involucrados proceden
del tesoro público, lo que comporta una incompatibidad pensional, situación
frente a la cual la normativa da la posibilidad al interesado de escoger la pensión
que le resulte más favorable.»
Resolución del caso concreto
Antes de resolver el asunto de la reclamante, es necesario precisar el objeto de
debate en este proceso, teniendo en cuenta que, tanto en la demanda como en el
recurso de apelación, la accionante fundamentó en parte sus pretensiones en la
compatibilidad que existe entre el salario de los docentes y la pensión, sobre lo cual,
se aclara que dicho planteamiento no es el punto en litigio, pues el acto acusado y
los demás motivos de inconformidad giran en torno a la negativa de reconocer una
pensión de jubilación a cargo del FOMAG, justificada en la existencia de un derecho
pensional otorgado por el ISS, y no por el hecho de que la docente continuara
vinculada laboralmente y percibiendo un salario.
Ahora bien, respecto al problema jurídico en cuestión, debe analizarse la naturaleza
del servicio prestado y cotizado que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la
pensión de vejez por parte del ISS en la Resolución 025024 del 17 de septiembre
de 201216.
16 Expediente digital, página 82.
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En el referido acto administrativo se establece que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural otorgó a la actora una pensión de jubilación a partir de 1992 y,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994 y el 45 del Decreto
1748 de 1995, la entidad continuó realizando aportes al ISS con el fin de que esta
última asumiera la cobertura de la pensión una vez cumplidos los requisitos
exigidos. Para el efecto, el mencionado instituto le reconoció a la demandante la
“prestación económica de vejez” a partir del 14 de febrero de 2007.
Con base en lo expuesto se tiene que, la pensión reconocida por el extinto Instituto
de Seguros Sociales, fue liquidada con fundamento en las semanas cotizadas, y
conforme a las consideraciones del acto, la totalidad de aportes efectuados
provenían del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad de naturaleza
pública.
Esto implica que las cotizaciones que sustentan la pensión de la que actualmente
es titular la docente, tienen su origen en recursos del Estado, y en consecuencia, se
configura una incompatibilidad con la pensión de jubilación que se pretende obtener
a cargo del FOMAG, esto en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política,
pues acceder a ambas prestaciones supondría una doble asignación financiada por
el erario, incluso si el servicio prestado a favor del IDEMA y aquel laborado como
docente oficial se prestaran en tiempos distintos que no concurrieran entre sí.
Otro argumento de discrepancia de la actora es que los recursos administrados por
los fondos de pensiones son parafiscales y no hacen parte del tesoro público, sobre
lo cual, precisa esta Sala que, el análisis del debate se centra en el origen de los
dineros destinados a efectuar los aportes a pensión, que como ya se definió fue de
naturaleza pública, y no en la calidad que pueda dársele en atención al manejo y
administración que sobre dichos recursos disponga la ley ni por la forma en la que
estos ingresan al Presupuesto General de la Nación.
Considerando lo expuesto en la presente providencia, el acto administrativo
demandado se encuentra ajustado a derecho, por tanto, se deberá confirmar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202117 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
17 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.»
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los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida primero (1.°) de diciembre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
negó a las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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