Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia de 9 de agosto de
2018, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN –LEY 797 DE 2003-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, la Sala
Veintidós Especial de Decisión procede a dictar sentencia en el marco de la
acción especial de revisión2 presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en
adelante UGPP, por intermedio de apoderada judicial, en la cual se invocaron las
causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pretende que se
infirme la sentencia de 9 de agosto de 2018, proferida por la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora María Eugenia Ledesma Llantén, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPPP con
la finalidad de declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución UGM 004420 del 16 de agosto de 2011, expedida por el liquidador
de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en Liquidación, a través
de la cual se le negó el reconocimiento de la pensión gracia y ii) Auto ADP 007543
del 25 de julio de 2014, proferido por la subdirectora (e) de determinación de
derechos pensionales de la UGPP, que ordenó el archivo de la solicitud
1
Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
2
Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación:
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena
Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019-
04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
3
MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, demandante: María Eugenia Ledesma Llantén, demandada:
UGPP, radicación: 19001-23-33-000-2015-00067-01.
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1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Asunto: Acción especial de revisión
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presentada el “12 de mayo de 2014” con el objeto de que se le reconociera la
referida prestación4.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada que reconociera y pagara la referida pensión con la inclusión de
todos los factores salariales a partir del 26 de septiembre de 2009 de forma
retroactiva, con la consecuente indexación e intereses moratorios regulados en
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La demandante manifestó que: i) nació el 4 de octubre de 1955, ii) mediante el
Decreto 438 de 1975 fue nombrada como maestra de primaria para el plantel
educativo ERM del municipio de Balboa, iii) a través del Decreto 4660 de 1975
fue trasladada al centro educativo La Estación del municipio de Morales, iv) por
medio del Decreto 1434 de 1980 fue trasladada al plantel educativo Localidad
Única del mismo municipio, v) mediante Resolución 19 de 31 de octubre de 1995
el alcalde del municipio de Morales la nombró como docente de tiempo completo
de la institución Francisco Antonio Rada y, vi) desde 1997 laboró como docente
en la institución educativa agropecuaria Máximo Gómez - sede principal de
Morales.
Señaló que prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años, los
cuales ejerció en instituciones educativas del departamento del Cauca desde el
25 de septiembre de 1975 hasta el momento de presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, el 30 de enero de 2015.
Indicó, que la pensión gracia fue negada mediante los actos acusados, al
considerarse que no cumplió el tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizada durante 20 años, porque la experiencia ejercida desde el 31 de
octubre de 1995 es del nivel nacional.
La señora Ledesma Llantén citó como disposiciones vulneradas los artículos 48
y 53 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 19135, artículos 1º y 4º; 116
de 19286, 39 de 19037, 37 de 19338, 4ª de 19669, artículo 4º y 91 de 198910.
4
Debe precisarse que la señora María Eugenia Ledesma Llantén acusó la legalidad además de
otros actos administrativos por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la mencionada
prestación. Sin embargo, solo se señalan la Resolución UGM 004420 de 2011 y el auto ADP
007543 de 2014, por cuanto el ponente del Tribunal Administrativo del Cauca, en auto de 5 de
mayo de 2015, solo admitió el medio de control respecto de aquellos, como consta del archivo
.zip “66_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_87 2021(.zip) NroActua 41”, el cual contiene el
documento .pdf comprimido “CUADERNO PRINCIPAL.pdf”, páginas 93 a 100 (folios 91 a 98) –
que corresponden al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 19001-23-33-
000-2015-00067-01, digitalizado que obra en el índice 41 de SAMAI del presente trámite de
revisión.
5
“Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”.
6
“Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
7
“Sobre Instrucción Pública”.
8
“Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados”.
9
“Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan
las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”.
10
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
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Aludió que se transgredió su derecho a la seguridad social, pues consideró haber
cumplido todos los requisitos para obtener la pensión gracia, entre ellos, 50 años
de edad y 20 años de servicio como docente nacionalizada, los nombramientos
fueron realizados por autoridad territorial y no pueden ser considerados como
nacionales, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 91 de 1989.
Señaló que la administración hizo una errónea interpretación del artículo 105 de
la Ley 115 de 1995, toda vez que los recursos para pagar la nómina de los
docentes vinculados por las entidades territoriales serían transferidos a través del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, pero tal circunstancia no
le otorgaba la calidad de docente nacional.
1.2. Actuaciones procesales relevantes
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cauca, la
cual se admitió por auto de 4 de mayo de 201511, providencia en la que,
igualmente, se ordenó notificar al director de la UGPP, al agente del Ministerio
Público y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado12.
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la accionante
no acreditó el tiempo de servicios, porque a partir del 31 de octubre de 1995 las
vinculaciones eran del nivel nacional, las cuales no podían ser computadas para
efectos de la prestación requerida. Por último, solicitó que, en caso de que se
reconociera la pensión, se aplicara la prescripción trienal.
El 16 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial y se fijó el litigio
de la siguiente forma:
“¿Determinar si (sic) Resolución No. 004420 del 16 de agosto de 2011 expedida
por Cajanal EICE En Liquidación y el auto No. ADP 007543 del 25 de julio de 2014
expedido por la UGPP, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago
de la Pensión Gracia a la señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, se
encuentran ajustadas o no a la ley?”.
En la misma diligencia, se decretó como prueba, la documental aportada por los
sujetos procesales y se suspendió la audiencia para ser reanudada el 29 de
febrero de 2016, porque no era “[…] posible integrar la Sala de Oralidad del
Tribunal Administrativo para escuchar los alegatos y proferir sentencia”13.
El 29 de febrero de 201614, el Tribunal de primera instancia: i) decretó una prueba
de oficio y ordenó “[…] al Departamento del Cauca – Secretaría de educación y
al Municipio de Morales (Cauca) para que […] alleguen Oficio de fecha 30 de
11
Índice 41 de SAMAI, archivo .zip “66_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_87 2021(.zip)
NroActua 41”, el cual contiene el documento .pdf comprimido “CUADERNO PRINCIPAL.pdf”,
páginas 93 a 100 (folios 91 a 98) - proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
19001-23-33-000-2015-00067-01.
12
Ib. Páginas 105 a 111 (folios 103 a 109).
13
Ib. Página 195 (folio 166).
14
Ib. Páginas 199 y 200 (folios 170 y 171).
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Asunto: Acción especial de revisión
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mayo de 1997 expedido por el Delegado Permanente del Ministerio de educación
Nacional ante el FER Cauca” y ii) reprogramó la fecha para continuar con la
audiencia inicial el 8 de abril de ese año.
Finalmente, el 11 de abril de 2016 inició el término de traslado a las partes para
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto15.
1.3. Sentencia de primera instancia
Finalizada la etapa de alegaciones, el Tribunal Administrativo del Cauca dictó
sentencia el 17 de junio de 201616 en la que resolvió:
“[…] PRIMERO. - DECLARAR la nulidad del Auto No. ADP 007543 del 25 de julio
de 2014 expedido por la UGPP por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la Pensión Gracia a la señora MARIA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN,
por los motivos ya expuestos.
SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, reconocer y pagar a la señora MARIA EUGENIA LEDESMA
LLANTÉN, una pensión mensual vitalicia denominada "pensión gracia", causada a
partir del 1 de septiembre de 2012 en cuantía que se liquidará en la forma señalada
en la parte motiva de esta providencia, con los reajustes anuales de ley.
TERCERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta
por la parte demandada.
CUARTO: - Las sumas de la condena impuesta a la entidad demandada en la
presente sentencia, se actualizarán aplicando para ello la fórmula indicada en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. - CONDENAR a la entidad demandada a pagar la suma del 0,5% por
concepto de agencias en derecho del valor de la condena impuesta en la presente
sentencia, conforme a lo expuesto en la parle considerativa de esta providencia.
SEXTO. - Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[…]”.
En primer lugar, el Tribunal desestimó la vinculación de la demandante, mediante
Decreto 019 de 31 de octubre de 1995, al considerarla del nivel nacional porque
fue financiada con recursos de la Nación.
Sin embargo, consideró, que las vinculaciones que tuvo la señora Ledesma
Llantén durante su vida profesional correspondían al ejercicio de la docencia
oficial nacionalizada por más de 20 años, entre 1975 y 1980 en los municipios de
Balboa y Morales, Cauca, y, a partir del 5 de diciembre de 1997, en el cargo de
rectora del Colegio Agropecuario Máximo Gómez del municipio de Morales.
15
Ib. Página 225 (folio 196).
16
Ib. Páginas 245 a 263 (folios 216 a 225).
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En consecuencia, al cumplirse los requisitos para ser beneficiaria de la pensión
gracia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reconocer, liquidar y pagar la
prestación mencionada, a partir de la fecha en que adquirió el estatus, “esto es,
el 1º de septiembre de 2012”, sobre el 75% del salario percibido durante el año
anterior a la fecha de su causación.
1.4. Recursos de apelación17
1.4.1 La señora María Eugenia Ledesma Llantén recurrió la decisión de
primera instancia, en su criterio, adquirió el estatus pensional el 24 de agosto de
2010, por lo cual se debió reconocer la pensión gracia teniendo en cuenta los
tiempos de servicio entre 1995 y 1997, que fueron desestimados por el a quo,
comoquiera que son válidos porque el nombramiento provino de la autoridad
territorial y obedecieron a una vinculación nacionalizada.
Finalmente, insistió que tenía derecho al pago de los intereses de mora de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque la UGPP demoró el
reconocimiento de la prestación sin justificación.
1.4.2. La UGPP solicitó que se revocara la decisión del Tribunal y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda, porque los servicios prestados por
la demandante son nacionales, en particular, los comprendidos del año 1995 en
adelante, de acuerdo con los certificados de su historia laboral.
1.5. Sentencia de segunda instancia
La Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación profirió sentencia
el 9 de agosto de 201818, en la que resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 17 de junio
de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las
pretensiones de la demanda incoada por María Eugenia Ledesma Llantén contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP, para el reconocimiento de su pensión
gracia, salvo lo relativo a los numerales SEGUNDO, TERCERO y QUINTO, en el
sentido de determinar la fecha del status (sic) pensional, la declaración de
prescripción de las mesadas y modificar la efectividad de la pensión gracia; así
como de abstenerse de condenar en costas al vencido; conforme lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia; y en su lugar, el numeral segundo quedará
así:
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENA a la UGPP a RECONOCER y PAGAR la
pensión gracia a la señora María Eugenia Ledesma Llantén, equivalente al 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la consolidación de su status (sic) pensional, esto es, el 24 de agosto de
2010, pero con efectos fiscales a partir del 29 de enero de 2012 por prescripción
17
Ib. Páginas 273 a 283 (folios 235 a 245).
18
Ib. Páginas 404 a 431 (folios 325 a 338 vuelto).
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trienal, sumas que deberá pagar debidamente indexadas, conforme a lo señalado en
la parte motiva de esta providencia, y tendrá en cuenta los reajustes anuales de ley.
[…]”.
En cuanto al caso concreto, a partir de los certificados de historia laboral “001089
del 13 de septiembre de 2010”, “50362 de 6 de enero de 2015 (sic)” y del análisis
de los actos de vinculación, en particular de los Decretos 019 del 31 de octubre
de 1995 y [sin número] del 5 de diciembre de 1997, el ad quem determinó que:
i) Los nombramientos de la demandante se realizaron por autoridades
territoriales.
ii) Los servicios fueron pagados con dineros provenientes de la Nación a
través del FER de Cauca.
iii) La actora tomó posesión de los cargos y ejerció sus funciones.
iv) En cuanto a la vinculación de 1997, Colegio Agropecuario Máximo Gómez,
precisó que “[…] el plantel educativo fue creado por medio de la Ordenanza
Departamental del Cauca 042 del 14 de octubre de 1994, lo que permite
colegir, que la plaza es nacionalizada”.
En consecuencia, de acuerdo con los parámetros normativos y jurisprudenciales
aplicables a la materia, y toda vez que lo esencialmente relevante frente al
reconocimiento de la prestación era la acreditación de la plaza a ocupar, las
vinculaciones de 1995 y 1997 en adelante, se consideraron nacionalizadas y
computables a favor de la demandante. Por tanto, se determinó que no le asistía
razón a la UGPP y al Tribunal en desestimar la experiencia ejercida en el referido
periodo, resumiéndose los tiempos de servicio de la siguiente forma:
Institución Periodo Clase
Cargo Acto Administrativo Tiempo
educativa Desde Hasta vinculación
Escuela Rural El 5 años, 3
Propiedad
Cedro - municipio de Docente Decreto 438 de 1975 25 de septiembre de 30 de diciembre de meses y 6
1975 1980 nacionalizada
Balboa días
Bachillerato Mixto
Francisco Antonio Directivo 1 de noviembre de 4 de diciembre de Propiedad 2 años, 1
Decreto 019 de 1995
Rada - municipio de Docente 1995 1997 nacionalizada mes y 4 días.
Morales
I.E. Agropecuaria [sin número] y
Directivo Propiedad 17 años, 1
Máximo Gómez – continuidad con 5 de diciembre de 1997 6 de enero de 2015
Docente nacionalizada mes y 2 días.
municipio de Morales Decreto 0688-2004
24 años, 5
TOTAL meses y 12
días
Así las cosas, se estableció que la señora Ledesma Llantén adquirió el estatus
pensional el 24 de agosto de 2010, porque para ese momento cumplió los 20
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años de servicio requeridos en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, y ya había
alcanzado los 50 años de edad.
No obstante, para determinar la fecha de los efectos fiscales del reconocimiento
del derecho, se señaló que la primera solicitud que presentó la demandante para
tal finalidad ocurrió el 29 de octubre de 2010, dirigida a CAJANAL, quien la negó
en Resolución UGM 004420 del 16 de agosto de 2011, situación que interrumpió
el término de prescripción trienal de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135
de 196819 y 102 del Decreto 184 de 196920. Sin embargo, como la demandante
sólo reclamó en sede judicial hasta el 29 de enero de 2015, se declararon
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de enero de 2012.
Finalmente, se negaron los intereses de mora que reclamó la parte actora, porque
“la pensión gracia se contempló como una dádiva del Estado en favor de los
docentes territoriales y nacionalizados para equipararlos en materia salarial con
los docentes nacionales, es decir, que no se trata propiamente de una pensión,
en el entendido que no se encuentra dentro del régimen de seguridad social, y
su reconocimiento no responde a la contraprestación económica por los aportes
que se deben efectuar al sistema […]”.
II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda21
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP, a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de
la acción especial de revisión contra la sentencia de 9 de agosto de 2018,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y formuló las
siguientes pretensiones:
“[…] 1. Revocar la sentencia proferida el 9 de agosto de 2018, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó el fallo de primera instancia
del Tribunal Administrativo del Cauca de 17 de junio de 2016, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado
por la señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
2. Declarar que a la señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, no le asiste
el derecho a la pensión de gracia teniendo en cuenta los servicios prestados en
calidad de docente NACIONAL.
19
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y
se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
20
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
21
índice 2 de SAMAI, archivo .doc “EXPEDIENTEDIGITAL-Rad: R.E.R.2020-02983-
00DR.LUISALBERTO.doc(.doc)NroActua2.”.
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3. Declarar que la señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, debe efectuar
la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la
pensión de gracia, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor
alguno en virtud de tal prestación. sin (sic) perjuicio de los intereses de mora que
se causen desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta la fecha de pago
total, liquidados a la tasa legal vigente aplicable”.
A juicio de la recurrente, se configuran las causales: a) cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso y b) cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables, toda vez que se otorgó
el derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 114 de 1913; 6° de la Ley 116 de 1928; 3° de la Ley
37 de 1933; 5° y 7° del Decreto 2277 de 1977 y 1° y 2° de la Ley 43 de 1975.
Manifestó que el reconocimiento de la pensión gracia, ordenado en el fallo22
objeto del recurso, se hizo con violación del debido proceso, por cuanto no es
dable contabilizar tiempos de servicio con vinculaciones de carácter nacional
desde el 30 de octubre de 1995 a enero de 2015, toda vez que el ad quem
inobservó las certificaciones de tiempos de servicio obrantes en el expediente
prestacional y olvidó verificar, que conforme lo previsto en el artículo 10° de la
Ley 43 de 1975, a partir del 1° de enero de 1976, la creación de nuevas plazas o
cargos docentes, debían tener una aprobación previa del Gobierno Nacional –
Ministerio de Educación Nacional y su financiación estaba a cargo de la Nación,
por lo que dichos empleos se entendían con carácter nacional, con cargo al
situado fiscal que continuaba atendiendo obligaciones o servicios de la Nación,
por lo que no podía entenderse que estos eran recursos propios del municipio,
por tanto, las vinculaciones de ese periodo no se ajustan a los requerimientos
normativos para el reconocimiento de la pensión gracia23.
Igualmente, señaló que de acuerdo con el certificado de historia laboral de “12
junio de 2013”, elaborado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, las vinculaciones fueron determinadas como nacionales. Por tanto,
aludió que las pruebas allegadas al proceso se desconocieron por el juez de
primera y segunda instancia, y su interpretación fue errada al considerar que
dichas vinculaciones eran nacionalizadas.
Refirió que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ11-52 del 21
de junio de 2018, reiteró la importancia de la acreditación de la plaza a ocupar,
nacional o nacionalizada, con el fin de determinar los tiempos de servicio para el
22
La recurrente informó que “Mediante Resolución No. RDP 043962 de 14 de noviembre de
2018, la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, dio cumplimiento a lo ordenado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, reconociendo una pensión gracia a la
señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, en cuantía equivalente a $2.569.029 pesos,
efectiva a partir del 24 de agosto de 2010, sin acreditar retiro del servicio por ser del ramo
docente”.
23
Igualmente, citó el “lineamiento 187 acta 1979 del 30 de noviembre de 3, 4 y 5 de diciembre de
2018” de esa entidad, con relación a la fuente de financiación de los recursos utilizados para el
pago de salarios de los docentes y que son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
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8
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
reconocimiento de la pensión gracia. Así las cosas, en su criterio, se encuentra
probado para el caso en concreto, de acuerdo con las certificaciones y actos de
nombramiento, que el segundo periodo de tiempo de servicios que laboró la
docente, y del cual obtuvo el reconocimiento de la pensión gracia, fue del nivel
nacional.
Sostuvo que la decisión judicial que concedió la prestación a la señora María
Eugenia Ledesma, sin cumplir los requisitos legales para ser beneficiaria, resulta
ser ilegal y otorga un derecho que excede la cuantía de lo debido legalmente por
el Estado a la docente, sin encontrar un sustento normativo que ampare tal
situación.
Igualmente, indicó que dicho reconocimiento, sin norma que lo autorice, configura
un perjuicio para la UGPP y afecta el erario en la medida en que se dispuso el
pago de unos valores a los que no tenía derecho la docente.
Finalmente, con fundamento en los argumentos referidos y en los términos del
artículo 229 del CPACA, y al estimar que “aparece prima facie la contradicción
de dicha decisión judicial con los preceptos vigentes al momento de ser
nombrada como docente oficial la demandada, sin el cumplimiento de los
requisitos legales para ello”, solicitó la suspensión provisional del reconocimiento
pensional objeto de la providencia que se pretende infirmar, para no afectar los
recursos del sistema y cubrir las pensiones que se encuentren ajustadas a
derecho.
2.2. Actuaciones procesales relevantes
2.2.1. Autos de admisión y el que resolvió sobre la medida cautelar24
Por medio de auto de 12 de agosto de 2020, se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la señora María
Eugenia Ledesma Llantén, al agente del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, notificaciones que se surtieron en legal
forma, según las constancias obrantes en el expediente digital25.
Asimismo, en la referida providencia, se indicó que el recurso se había
interpuesto oportunamente, en atención a que la sentencia cuestionada fue
notificada el 11 de septiembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el
artículo 203 del CPACA, y quedó ejecutoriada el 14 de septiembre de ese año,
por lo que se presentó en tiempo, de acuerdo con las previsiones del inciso 4°
del artículo 251 ejusdem.
Finalmente, se reconoció personería para actuar a la apoderada de la entidad
recurrente.
24
Índices 4 y 5 de SAMAI.
25
Índices 13, 14 y 19 de SAMAI.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
Por otra parte, en providencia de esa misma fecha, se rechazó la solicitud de
suspensión provisional invocada en la demanda, por improcedente, como lo ha
determinado esta Corporación26.
2.2.2. Contestación a la demanda de revisión27
En memorial radicado a través de correo electrónico, remitido el 4 de septiembre
de 2020, la señora María Eugenia Ledesma Llantén, por medio de apoderada
judicial, presentó escrito de oposición a la demanda de revisión y solicitó:
“[…] NO REVOCAR y RATIFICAR la PROVICENCIA (SIC) DEL 09 DE AGOSTO
DE 2018, proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, que
confirmó el fallo de Primera Instancia del Tribunal Administrativo del Cauca de 17
junio de 2016”.
Realizó un recuento de sus vinculaciones con el departamento del Cauca como
docente, y señaló que sus nombramientos fueron realizados por el gobernador
(Decreto 438 del 04 de septiembre de 1975) y, posteriormente, por el alcalde del
municipio de Morales, Cauca (Resolución 019 del 31 de octubre de 1995), que
corresponden a entidades territoriales y superan el término de 20 años de
servicios cumplidos “desde el 26 de septiembre de 2009”, lo que demuestra su
calidad de maestra del nivel territorial.
Precisó que el gobernador del departamento del Cauca realizó su nombramiento
como representante legal del ente territorial y el alcalde del municipio de Morales,
Cauca, en uso de las facultades conferidas por la Ley 29 de 1989.
Refirió que es necesario tener en cuenta los artículos 1° y 15 de la Ley 91 de
1989, el primero, que define al personal nacional como aquellos docentes
vinculados con nombramiento del gobierno nacional, por lo que no existe
posibilidad que una persona vinculada laboralmente, por medio de una entidad
territorial, se le denomine como personal nacional y, el segundo, para resaltar
que sus servicios para el departamento ocurrieron antes del 31 de diciembre de
1980, por lo que cumple con los requisitos de la norma.
En el mismo sentido, citó los artículos 1° y 3° [numeral 3°] de la Ley 114 de 1913,
la Ley 116 de 1928 y la Ley 37 de 1933 para indicar, que sí tiene derecho a la
prestación reconocida, porque se vinculó como docente de primaria a partir del
25 de septiembre de 1975, cumplió los 20 años de servicio, tiene excelente
desempeño laboral y cuenta con más de 50 años de edad, cumpliendo con todos
los requisitos de la pensión gracia.
26
En el citado proveído se citó, auto de 14 de agosto de 2018, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicación: 11001-03-15-000-2017-02078-01 MP. Ramiro Pazos Guerrero, auto
de 18 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01979-00, Sala Veinticinco Especial
de Decisión MP. Marta Nubia Velásquez Rico y auto de 25 de julio de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2017-02457-00, Sala Once Especial de Decisión MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27
Índice 22 de SAMAI.
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
Finalmente, manifestó que en la actualidad el pago de los salarios y prestaciones
sociales de los docentes, nombrados por un ente territorial, llámese municipio o
departamento, se hace con recursos de la Nación, sin que ello implique que el
nombramiento se elimine o pase a considerarse como de la Nación.
2.2.3. Concepto del Ministerio Público28
A través de correo electrónico, remitido el 31 de agosto de 2020, la procuradora
tercera delegada ante esta Corporación emitió concepto en el que solicitó
declarar infundada la acción especial de revisión.
En el caso concreto, a juicio de la agente del Ministerio Público, desde el 30 de
octubre de 1995 hasta el 6 de enero de 2015, la autoridad nominadora fue del
orden territorial, y la plaza en la que laboró la señora Ledesma es de igual
naturaleza, por lo que, en su criterio, era dable concluir que la docente cumplió
cabalmente con los requisitos previstos en la Ley 114 de 1913 para acceder a la
pensión gracia.
Precisó que el carácter nacionalizado de la vinculación de la docente no debe
cambiar, pues los FER29 eran financiados con recursos aportados tanto por la
Nación como por la entidad territorial y administrados por las autoridades del
respectivo departamento, así las cosas, la supervisión del delegado del Ministerio
de Educación Nacional obedece a lo preceptuado en el artículo 31 de Decreto
3157 de 1968.
Por tanto, indicó que no es el origen de los recursos con que se financia el pago
de los servicios docentes lo que determina la naturaleza del vínculo (nacional,
territorial o nacionalizado) para efectos de acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, sino el hecho de que se acredite que la plaza a ocupar sea de
carácter territorial o nacionalizada.
Así las cosas, señaló que la sentencia controvertida no vulneró el derecho al
debido proceso sustentado en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
porque se encontró probado que la vinculación de la señora María Eugenia
Ledesma Llantén es de carácter nacionalizado, y que además acreditó el
cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 114 de 1913 para acceder a la
pensión gracia, situación que conlleva a que tampoco se configure la causal
prevista en el literal b) de la mencionada ley.
2.2.4. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica guardó silencio.
28
Índice 21 de SAMAI.
29
Fondos Educativos Regionales-Decreto 3157 de 1968-.
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Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
2.2.5. Auto de pruebas
Por medio de auto de 9 de marzo de 202130, se dispuso: i) tener como pruebas
los documentos aportados con la demanda31, ii) se decretó la prueba documental
solicitada por la parte recurrente, razón por la cual se ordenó que, a través de la
Secretaría General de esta Corporación, se librara oficio al Tribunal
Administrativo del Cauca para que remitiera el expediente contentivo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora
María Eugenia Ledesma Llantén contra la UGPP, radicación: 19001-23-33-000-
2015-00067-00, dejando abierta la opción de efectuar su envío mediante el uso
de medios tecnológicos32 y iii) se reconoció personería a la apoderada judicial de
la señora María Eugenia Ledesma Llantén.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta Corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo
de Estado es competente para conocer la demanda especial de revisión contra
la sentencia proferida el 9 de agosto de 2018, en segunda instancia, por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
30
Índice 24 de SAMAI.
31
Esto es, el expediente administrativo prestacional de la señora María Eugenia Ledesma Llantén
que reposa en la UGPP, documental obrante en el archivo .doc “EXPEDIENTEDIGITAL-Rad:
R.E.R.2020-02983-00DR.LUISALBERTO.doc(.doc)NroActua2.”, contenida en el índice 2 de
SAMAI.
32
La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de correo electrónico recibido
por la Secretaría General de esta Corporación el 6 de abril de 2021, remitió el expediente
solicitado de forma digital (índice 31). No obstante, en providencia de 11 de junio de 2021, se
advirtió que no estaba completo, razón por la cual se solicitó a la referida autoridad que lo
remitiera por medio físico (índices 41 y 42 de SAMAI), la Secretaría del Tribunal Administrativo
del Cauca remitió en físico, y nuevamente en digital, el expediente con radicado 19001-23-33-
000-2015-00067-01, como consta en el documento .pdf:
“65_RECIBEPRUEBAS_OFICIOREMISOR IO(.pdf) NroActua41”.
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Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
nulidad y restablecimiento del derecho de contenido laboral que la señora María
Eugenia Ledesma Llantén adelantó contra la UGPP.
3.2. Oportunidad
La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la
sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del
CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta
normativa que precisa lo siguiente:
“[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]”.
En el presente caso, la sentencia de 9 de agosto de 2018 se notificó el 11 de
septiembre de ese año33, y en este orden, cobró ejecutoria a los tres días
siguientes, de conformidad con el artículo 302 del CGP34, lo que acaeció el 14 de
septiembre de esa anualidad y la demanda de revisión fue interpuesta el 6 de
julio de 202035, por ende, no alcanzaron a transcurrir los 5 años previstos el inciso
4° del artículo 251 del CPACA.
3.3. Legitimación en la causa
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, facultó al Gobierno para que, por conducto
del “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y, por otra, al Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, la revisión de aquellas providencias
judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
Al respecto, es importante señalar, que de conformidad con el artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento
de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de
Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del mismo carácter
que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las
33
Como se puede constatar del índice 23 de SAMAI en el trámite con radicado 19001-23-33-000-
2015-00067-01.
34
“Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. //
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
35
Según informe de reparto y radicación, archivo .doc “EXPEDIENTEDIGITAL-Rad: R.E.R.2020-
02983-00DR.LUISALBERTO.doc(.doc)NroActua2.”, í nd i c e 2 de SA MAI .
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Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió
con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
Con posterioridad, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28
de diciembre de 200936 el Gobierno Nacional asignó, dentro de las funciones
atribuidas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, la de adelantar o asumir,
cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Esta disposición fue reproducida en el Decreto 575 de 201337.
Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016, se refirió a la
legitimación en la causa por activa que le asiste a la UGPP para interponer el
recurso de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así:
“(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal”.
En virtud de lo anterior, esta Sala Especial de Decisión considera que la UGPP
está legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción especial
de revisión conforme lo previsto el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por su parte, la señora María Eugenia Ledesma Llantén, está legitimada por
pasiva, dada su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de contenido laboral con radicado 19001-23-33-
000-2015-00067-01, en el que se dictó la sentencia que se pretende infirmar.
3.4. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso la UGPP, corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se
configuran las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y, por tanto, es procedente infirmar la sentencia de 9 de agosto de
2018, dictada por la Subsección “B” de la Segunda del Consejo de Estado, que
confirmó, con modificación, la providencia de 17 de noviembre de 2016 del
Tribunal Administrativo del Cauca.
36
“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones
de sus dependencias.”
37
“Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de
sus dependencias”. De conformidad con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las
funciones asignadas a la UGPP, está la de: “6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones o
modifiquen”.
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Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala de manera
preliminar, hará una breve mención, a partir de la jurisprudencia decantada por
la Corporación, sobre las generalidades de la acción especial de revisión y las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para luego, analizar el caso concreto.
3.4.1. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reiteración de jurisprudencia.
El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia,
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por decisiones injustas.
Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su
ámbito de acción está restringido a las causales previstas por el legislador, las
cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada38.
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció, lo que se ha denominado por la
jurisprudencia de esta Corporación, como una “acción especial” 39, a través de la
cual se facultó a sujetos calificados para la revisión de aquellas providencias
judiciales que hubieran decretado -o decreten- el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, bajo las
causales expresamente contenidas en el literal a) – reconocimiento pensional con
violación al debido proceso –, y en el literal b) - la cuantía del derecho reconocido
38
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio
de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995,
Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037.
39
Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del
Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés “ […] En este orden, precisa la Sala que
aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de
revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que
se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría-
para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala). Cfr., sentencia
de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala
Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-
000-2019-01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de
sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia
de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. MP. Martha Nubia
Velásquez Rico.
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excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
legalmente son aplicables.
La norma en mención dispone, que dicha revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado en los artículos 248 y siguientes del CPACA para el
recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, dicho trámite presenta
elementos que lo particularizan y que han sido estudiados tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado40 como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
• Se estatuyó para controvertir las sentencias o conciliaciones que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y
contrarrestar los casos de corrupción en esta materia41.
• La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado42.
• En cuanto a su alcance, la jurisprudencia ha señalado que no se extiende
a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el
propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira43.
• No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal
a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde44.
40
Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas
Especiales de Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03549-00. MP. William Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre
de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
41
Consej o de Est ado. Sala de lo Cont enci oso Administ rat ivo. Sección Seg und a
– Subsección A.MP. William Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado:
25000-23-25-000-2002-05275-01.
42
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4,
sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
19, sentencia de 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00,
demandante: UGPP. MP. William Hernández Gómez.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben
de acuerdo con las normas que rigen la materia45.
En este mismo contexto, y a partir de los antecedentes históricos de la Ley 797
de 2003, se ha dicho que “[…] la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma
pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la
reducción del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema
pensional, como se observa en la exposición de motivos. Así, en concreto
respecto de la revisión de providencias judiciales, transacciones, conciliaciones
judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o pensiones, se
indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación” […]”46.
Ahora bien, sobre las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 202047 se impone reiterar, que de acuerdo con la primera de ellas,
la acción especial de revisión es procedente cuando la sentencia atacada
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza
pública con violación del debido proceso. En este supuesto, es claro que la parte
interesada debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición y
demostrar que el reconocimiento pensional se hizo con desconocimiento de las
garantías constitucionales que componen el derecho al debido proceso conforme
lo dicta el artículo 29 superior, esto es, i) el derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento; y iii) las garantías de audiencia y defensa48.
Así, frente a la segunda causal de revisión, esta Corporación ha explicado lo
siguiente:
“[…] 5.2. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
N25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2017-00744-00, demandante:
UGPP. MP. Martha Nubia Velásquez Rico y sentencia T- 112 de 2020, MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. Sentencia de 16 de septiembre de 2021, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Radicación número: 11001-03-25-000-2016-01139-00 (5051-
16) MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de
marzo de 2014, radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo
Arenas Monsalve.
47
“[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
48
Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena
Especial de Decisión el 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-
00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
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De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición
de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo
20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema
posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera
lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales
de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema General
de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de
tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se
procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y
conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca
el interés general sobre el particular. […]”49.
En suma, las causales de procedencia de la acción de revisión deben
interpretarse atendiendo la teleología de dicho instrumento procesal con el que
se faculta la revisión de los reconocimientos pensionales que afectan los
principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones. No obstante, se impone recordar, que en ningún caso es posible, a
través de este medio, plantear discusiones propias de las instancias procesales
o subsanar falencias en la actuación.
Precisado lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión, procede al análisis
del caso concreto a partir del estudio de las razones expresadas por la recurrente
que sustentan las causales que se invocan.
3.4.2. Análisis del caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 9 de agosto
de 2018, por la Subsección “B” de la Segunda del Consejo de Estado, por
considerar que se configuran las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ambas causales se sustentan en el hecho de haber contabilizado como válidos
los tiempos de prestación de servicios desde el 30 de octubre de 1995 al 6 de
enero de 2015, porque en criterio de la UGPP, corresponden a vinculaciones
nacionales y no nacionalizadas de la docente María Eugenia Ledesma Llantén.
49 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de
Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP.
Alberto Yepes Barreiro.
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En criterio de la actora, la sentencia cuya revisión se solicita, debe ser revocada
“como quiera que ordena el reconocimiento de una pensión gracia en favor de la
señora MARÍA EUGENIA LEDESMA LLANTÉN, pese a que en el tiempo que
pretende acumular para el otorgamiento de la prestación, ostentaba la calidad de
docente nacional”. Argumenta, además, que la señora Ledesma no tiene derecho
a gozar de la pensión gracia, por cuanto pretende sumar a los tiempos
nacionalizados aquellos en los cuales tuvo una vinculación a la docencia oficial
con carácter nacional, y las leyes que regulan dicha prestación, junto con la
jurisprudencia ampliamente desarrollada, excluyen tal posibilidad.
Como sustento de su petición señala expresamente, que la acción de revisión es
procedente dado que en el trámite judicial existió una evidente vulneración al
debido proceso y se creó una situación jurídica en favor de la docente, y en
detrimento del erario, con grave afectación del interés general.
El soporte argumentativo frente a las causales que invoca en la demanda, esto
es, las previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 es el mismo, para
los dos supuestos, y se concreta en que, a través de la sentencia recurrida, “se
otorgó un derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en nuestro ordenamiento jurídico…”, en la medida en que, se contabilizaron
tiempos de servicio con vinculación de carácter nacional para el reconocimiento
de la pensión gracia.
En tal sentido, se refiere a las pruebas obrantes en el expediente prestacional y
las obtenidas e incorporadas a la actuación judicial, las cuales fueron tenidas en
cuenta por el juzgador que, al valorarlas, optó por el reconocimiento pensional a
favor de la demandante pese a que su vinculación durante el tiempo transcurrido
entre el 30 de octubre de 1995 y el 6 de enero de 2015, fue de carácter nacional.
Indica que el Consejo de Estado, se apartó de la información que arrojaba la
prueba documental, particularmente hace mención al Decreto 019 de 31 de
octubre de 1995 en el que se registra la aprobación de la Junta Administradora
FER-Cauca, con relación a la disponibilidad presupuestal, aunado a la
certificación expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en la que se indicaba el origen de la plaza que ocupaba la docente,
pese a lo cual, en la sentencia se concluyó que la vinculación de la señora María
Eugenia Ledesma Llantén fue de carácter nacionalizado.
De manera enfática sostiene que los jueces de instancia “desconocieron el valor
probatorio” de las certificaciones expedidas por el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, que acreditaban el carácter nacional de la vinculación de
la señora Ledesma Llantén. Es a partir entonces, del “desconocimiento de la
prueba arrimada al proceso”, que se solicita declarar fundada la causal invocada
en tanto la sentencia ordenó el pago de una mesada que excede lo legamente
debido a la señora María Eugenia Ledesma Llantén.
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Pues bien, antes de resolver el caso, esta Sala Especial de Decisión considera
importante hacer una breve mención sobre la prestación que fue reconocida por
los jueces de instancia y que en criterio de la parte recurrente, no le asiste el
derecho a la señora María Eugenia Ledesma.
3.4.2.1. Del reconocimiento y pago de la pensión gracia50
A través de la Ley 114 de 1913 se creó una “pensión de jubilación vitalicia” para
los maestros de escuelas oficiales que hubiesen prestado sus servicios en el
magisterio por un tiempo no menor de veinte años, equivalente a la mitad del
salario devengado en los dos últimos años de labor, o al promedio del sueldo
recibido, si este fuese variable, siempre y cuando cumplieran con los siguientes
requisitos, establecidos en su artículo 4.º:
“1°. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2°. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y
costumbres.
3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que
un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación y por un Departamento.
4º. Que observa buena conducta.
5º. Que si es mujer está soltera o viuda.
6º. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”.
La referida prestación fue extendida a través de Ley 116 de 1928, a los
empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de
instrucción pública.
Posteriormente, a través de la Ley 37 de 1933, se cobijó a los maestros que
hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria.
A través de la Ley 43 de 1975 se terminó con el régimen de responsabilidades
compartidas en materia educativa entre la Nación y los departamentos y
municipios al establecer que “La educación primaria y secundaria oficiales serán
un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que
ocasione y que hoy sufragan los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el
Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los
términos de la presente Ley”.
En consecuencia, con ocasión del proceso de nacionalización en comento y la
posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del
50
Sobre este marco normativo se pueden confrontar las Salas Especiales de Decisión 19 y 9,
sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001031500020190174900. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
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personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989, por
medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales
del personal docente luego de la nacionalización.
Además, dicha Ley buscó amparar la expectativa que, en cuanto a pensión
gracia, tenían todos aquellos docentes territoriales, es decir, sujetos de su
otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha
prestación gratuita, y que quedaron inmersos dentro de la mencionada
nacionalización a 31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el
mencionado proceso.
Por lo tanto, se dispuso un régimen de transición para los docentes vinculados
antes de esta fecha, que les permitiera mantener el beneficio hasta la
consolidación de su derecho pensional, protegiendo sus expectativas frente al
coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia,
asimismo, se precisó que, para los demás docentes, es decir, los vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.
De acuerdo con lo anterior, es dable afirmar que el punto de partida para definir
si el docente tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación
contenida en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los
docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes
vinculados a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del
proceso de nacionalización de la educación que se adelantó por disposición
de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 1051 de la Ley 43 de 1975, de manera
que la plaza a ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto.
51
“Artículo 10. En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial,
ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos
planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional”.
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Al respecto, en sentencia de 29 de agosto de 1997, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado52, refiriéndose a la Ley 114 de
1913, precisó:
“[…] El numeral 3º. (sic) Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia
de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no
ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]” (subraya del texto original)
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales.”
Más adelante, señaló que:
“[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre
y cuando cumplan con la totalidad de requisitos” […]”.
Ahora bien, en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 53, la Sección
Segunda de esta Corporación, luego de estudiar el componente dogmático del
situado fiscal, la naturaleza de los recursos cedidos por la Nación a las entidades
territoriales y los fondos educativos regionales (FER), definió algunas reglas en
la materia. Entre ellas, las que permiten determinar la categoría que ostenta un
docente54 con el fin de decidir si se satisface el requisito estudiado para que
proceda el reconocimiento de la pensión gracia, y que pueden resumirse de la
siguiente manera:
i) Los docentes territoriales y nacionalizados no se convierten en
educadores nacionales por el hecho de que en el acto de su vinculación
haya intervenido, además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro
de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional (FER), y
52
Radicado S-699, MP. Nicolás Pájaro Peñaranda.
53
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 25000-23-42-000-2013-04683-01. MP.
Carmelo Perdomo Cuéter.
54
Sobre el particular, la sentencia del 21 de junio de 2018 dispuso: “v) Por tanto, no es dable
inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales
(i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica
la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial […]”.
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este último certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal. Tampoco adquieren dicha condición por el solo hecho de que
los recursos destinados para su sostenimiento hayan tenido su origen en la
Nación.
ii) La calidad de docente territorial puede acreditarse bien sea con copia de
los actos administrativos en los que conste el vínculo y se pueda determinar
que la plaza a ocupar es de aquellas que el legislador previó como
territoriales o bien con la certificación emitida por la autoridad nominadora
en la que de forma inequívoca se indique que el tipo de vinculación es
territorial.
iii) Independientemente del origen de los recursos el docente debe acreditar
que la plaza a ocupar es de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo
que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad o
de las exógenas, cuando se sufragaban los gastos a través de los FER, y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones
que estos generaban se enmarcan en los recursos del sistema general de
participaciones.
Así, las referidas leyes y la jurisprudencia de esta Corporación son claras al
señalar que el derecho al reconocimiento de la pensión gracia lo tiene el personal
docente territorial y nacionalizado. De esta manera, queda excluido como
beneficiario de esta prestación el personal docente nacional y por ello tampoco
es factible que el tiempo laborado en tal condición se contabilice con el servido
en calidad de educador nacionalizado o territorial.
Igualmente, la línea jurisprudencial sobre el reconocimiento de la pensión gracia,
es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de servicio como su
referente para determinar si es posible acceder a la citada prestación.
3.4.2.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por la UGPP
En el caso concreto, esta Sala Especial de Decisión observa que la sentencia de
9 de agosto de 2018 se refirió al marco normativo de la pensión gracia y con ello,
a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, así como a las
siguientes providencias:
• Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia
de 26 de agosto de 1997, radicado S-699, MP. Nicolás Pájaro Peñaranda.
• Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de
19 de enero de 2006, radicado 25000-23-25-000-2002-05760-01 (6024-05),
MP. doctor Tarsicio Cáceres Toro y sentencia de 28 de julio de 2016, radicado
66001-23-33-000-2013-00384-01 (3876-2014), MP. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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• Sección Segunda del Consejo de Estado, “sentencia de unificación” de 22 de
enero de 2015, radicado 25000-23-42-000-2012-02017-01 (0775-2014), MP.
(E) Alfonso Vargas Rincón.
• Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de unificación por
importancia jurídica de 21 de junio de 2018, CE-SUJ-SII-11-2018, radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
De acuerdo con el referido marco, la Subsección “B” de la Sección Segunda de
esta Corporación precisó que:
i) El reconocimiento de la pensión gracia procede respecto de los educadores
que cumplan 20 años de servicio en establecimientos oficiales del orden
territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren
haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración y buena
conducta, y esta prestación es compatible con la pensión de jubilación.
ii) Sobre la prueba en cuanto al tiempo de servicios y la vinculación, señaló
que lo importante es establecer la autoridad nominadora, la naturaleza de la
institución educativa a la cual el docente prestó sus servicios y los extremos
temporales de la vinculación con el fin de verificar los requisitos previstos en
la Ley 114 de 1913 para acceder al derecho prestacional.
iii) En cuanto al tiempo de servicio como referente para el reconocimiento,
indicó que no importa si es continuo o discontinuo, como tampoco es
necesario que, a 31 de diciembre de 1980, el docente se encontrara en
servicio activo.
iv) No es dable inferir que los docentes territoriales y nacionalizados se
conviertan en educadores nacionales cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta
Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional - FER, así este
último haya certificado la vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestal,
dado que lo esencialmente relevante es la acreditación de la plaza a ocupar,
porque una vez incorporados los recursos a los presupuestos locales, pasan
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes territoriales en calidad de
rentas exógenas.
Bajo el marco normativo y jurisprudencial y frente a las vinculaciones de la
señora María Eugenia Ledesma Llantén, durante el periodo comprendido entre
los años 1995 a 2015, tiempos que la recurrente insiste que son del nivel
nacional, el juez ad quem expuso:
“[….] frente a los tiempos de servicio en los que hay controversia, estos son, los
ejercidos a partir de 1995, informa la Sala, que según Certificado de Historia
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Laboral 50362 del 6 de enero de 201555 [coincide número y fecha con el anterior],
la demandante fue vinculada en propiedad mediante Decreto 019 del 31 de octubre
de 1995 como Directivo Docente para Básica Secundaria en el plantel educativo
de «Bachillerato Mixto Francisco Antonio Rada», promovida el 5 de diciembre de
1997 en la «Institución Educativa Agropecuaria Máximo Gómez – sede principal
[Antes Colegio Máximo Gómez]», y finalmente mediante Decreto 0688 del 29 de
septiembre de 2004, se declaró su continuidad en la misma escuela, acumulando
19 años, 2 meses y 7 días hasta la fecha de la certificación. Sin embargo, el
certificado no especifica la clase de vinculación que ostentó la actora, y para ello
la Sala abordará los actos administrativos mencionados. ”
En atención a lo anterior procedió a estudiar los actos administrativos de
nombramiento y determinó que las plazas eran nacionalizadas, para lo cual
explicó, sobre el “Decreto 019 del 31 de octubre de 1995 «Por el cual de
convierten las actuales horas cátedra en plazas docente de tiempo completo y
se nombran unos docentes en propiedad en el Municipio de Morales.»56
expedido por el Alcalde Municipal de Morales – Cauca:”
42. De la parte considerativa, se observa, que el Ministerio de Educación Nacional,
dispuso unos recursos para atender la conversión de la vinculación de los docentes
que laboraban mediante horas cátedra, a cargos en propiedad, de acuerdo con el
informe de cargas académicas elaborado por la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte del Departamento del Cauca, el cual contó con la aprobación de la Junta
Administradora FER - Cauca en sesión del 17 de julio de 1995, y con la certificación
del Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
Departamento del Cauca sobre la disponibilidad presupuestal requerida, según
Oficio 080 del 25 de octubre de 1995, y así procedió el Alcalde Municipal de
Morales frente a la actora, pues la designó como maestra escalafonada en el
Colegio Máximo Gómez, satélite del Colegio Francisco Antonio Rada de dicho ente
territorial, tal como consta en los artículos 1º y 2º del acto administrativo.
43. También observa la Sala, que la demandante tomó posesión del cargo el 1º
de noviembre de 1995 ante el Alcalde del Municipio de Morales - Cauca, según
consta en la copia del acta57, información que es contraria a la del Certificado de
Historia Laboral anteriormente mencionado, el cual indica que el servicio fue
ejercido desde el 31 de octubre de 1995.
44. De las pruebas anteriores, se destacan varios hechos relevantes; el primero,
el nombramiento fue realizado por el Alcalde Municipal de Morales – Cauca; el
segundo, los servicios fueron pagados con dineros provenientes de la Nación a
través del F.E.R. de Cauca; y el tercero, la actora tomó posesión del cargo y ejerció
sus funciones, lo cual permite analizar esta vinculación.
45. Estando en este punto, vale la pena recordar, que el a quo desestimó este
tiempo de servicio, al concluir, que la naturaleza del nombramiento no solo la da la
autoridad que expide el acto administrativo, si no, también el origen de los
recursos, que en el presente caso devino del Gobierno Central, y por ello los
catalogó nacionales.
46. No obstante lo anterior, hay que hacer notar, que la intervención del delegado
del Ministerio de Educación Nacional o la financiación del servicio educativo con
recursos del FER, no le quita el carácter territorial o nacionalizado a la vinculación,
o más bien, no le convierte de contera en maestro nacional, de acuerdo con el
55
Folios 28 a 29 [del cuaderno físico del expediente].
56
Folios 43 a 45 [del cuaderno físico del expediente].
57
Folio 46.
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criterio unificado de ésta Sección expuesto en la sentencia proferida el 21 de junio
de 2018 dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)58, en la
que se dijo, que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de
las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos
Regionales, es decir, que no obstante los recursos fueran de origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad territoriales de rentas
exógenas.
47. Lo segundo que se puede decir, es que la nominación provino de la máxima
autoridad local del municipio, y recuérdese que conforme a lo dispuesto en el
numeral 1º del artículo 1º de la Ley 91 de 1989 59, son docentes nacionales, los
nombrados directamente por el Gobierno Nacional, lo cual no ocurre en este caso,
y de acuerdo al numeral 2º ibídem, son docentes nacionalizados, los vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43
de 1975, razón por la cual, estima la Sala, que ésta experiencia es válida para
efectos de la pensión gracia.
[…]
51. Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto en precedencia, concluye la Sala,
que la vinculación de la demandante efectuada mediante el Decreto 019 de 1995
es nacionalizada, y en efecto computable para efectos de la pensión gracia”.
Seguidamente, en cuanto al “ii) Decreto sin número del 5 de diciembre de 1997
«Por el cual se promueve a un Docente al cargo de Directivo Docente
Nacionalizado.» expedido por el Alcalde del Municipio de Caldono [(sic)60] –
Cauca61”, explicó:
52. Del acto administrativo, observa la Sala, que el Alcalde Municipal de Caldono
• Cauca promovió a la demandante como Directivo Docente Nacionalizada al cargo
de Rectora del «Colegio Agropecuario Máximo Gómez» de dicha entidad territorial,
que en sus consideraciones deja ver que lo anterior se concreta de acuerdo con la
intervención del Delegado Permanente del FER – Cauca, quien expidió
certificación de la disponibilidad de presupuestal y de la viabilidad para la
promoción de la docente mediante Oficio del 30 de mayo de 1997.
53. A partir de lo anterior, es dable tener en cuenta los argumentos expuestos en
esta providencia respecto de la clase de vinculación docente, conforme al criterio
sentado por la Sección Segunda en la sentencia unificadora del 21 de junio de
58
CP. Carmelo Perdomo Cuéter
59
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Artículo 1º.-
Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a
continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975.»
60
El ad quem por error mecanográfico identificó que correspondía al municipio de “Caldono”, pero
el acto administrativo refiere es al municipio de Morales, Cauca.
61
Visible en el CD que contiene el expediente administrativo de la demandante ubicado en el folio
148 del expediente, en el archivo llamado «26-Documentos no requeridos - Causante»
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201862, que concretamente dice que la intervención del Delegado del Ministerio de
Educación Nacional o la financiación del servicio educativo con recursos del FER,
no le quita el carácter territorial o nacionalizado a la vinculación, o más bien, no le
convierte de contera en maestro nacional.
54. Aunado a lo anterior, se debe considerar lo dispuesto en el numeral 1º del
artículo 1º de la Ley 91 de 198963, que definió a los docentes nacionales como los
vinculados directamente por el Gobierno Nacional, lo cual no ocurre en el presente
caso, y de acuerdo con el numeral 2º ibídem, son docentes nacionalizados, los
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975, pues como ya se dijo, la accionante fue designada por el Alcalde
Municipal del Caldono (sic)– Cauca, razón por la cual, estima la Sala, que ésta
experiencia es válida para efectos de la pensión gracia. También debe
mencionarse, que el plantel educativo fue creado por medio de la Ordenanza
Departamental del Cauca 042 del 14 de octubre de 199464, lo que permite colegir,
que la plaza es nacionalizada.
55. Así las cosas, se puede colegir, que los servicios educativos desempeñados
por la demandante entre a partir (sic) del 5 de diciembre de 1997 son
nacionalizados, y por ende computables para efectos de la pensión gracia en
cuestión.
56. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que la demandante
mantuvo su vinculación nacionalizada desde el nombramiento efectuado con el
Decreto 019 de 1995, los servicios prestados desde el 1º de noviembre de 1995 al
6 de enero de 201565 son nacionalizados y por ende válidos para el reconocimiento
de la pensión gracia.
57. Finalmente, se encuentra el Certificado de Tiempo de Servicio 001089 del 13
de septiembre de 201066, en el que se establece que la actora tuvo una vinculación
nacionalizada desde 1975 hasta 1980, y municipal desde 1997 en adelante.
58. Así las cosas, concluye la Sala, que no le asiste razón a la UGPP en cuanto a
la vinculación nacional que pretende endilgar a la demandante respecto de los
servicios ejercidos a partir de 1995, y tampoco se comparte la decisión del a quo
de desestimar la experiencia ejercida entre 1995 y 1997 […]”.
Como puede evidenciarse, el reconocimiento pensional tuvo una fundamentación
nutrida entre la que se destaca el criterio unificado que fijó la sentencia del 21 de
junio de 2018 dictada por la Sección Segunda de la Corporación.
62
Proferida dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), C.P.
Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
63
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Artículo 1º.-
Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a
continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975.»
64
Según se aprecia en el acto de promoción de la demandante como rectora de la dicha
institución educativa.
65
Según Acta de posesión visible a folio 46 y al Certificado de Historia Laboral del 6 de enero de
2015 visible a folios 28 a 29.
66
Visible en el CD que contiene el expediente administrativo de la demandante ubicado en el folio
148 del expediente, en el archivo llamado «4-Certificado de información laboral - Causante»
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Ahora bien, según se explicó en líneas anteriores, el recurso extraordinario de
revisión no procede para realizar nuevos juicios sobre la valoración probatoria
efectuada por los jueces de instancia, lo que obedece, no solo al carácter
excepcional de este medio impugnatorio frente al principio excepcional de la cosa
juzgada, como lo ha sostenido esta Corporación, sino también a la necesidad de
proteger otros principios como los de autonomía e independencia judicial, con
fundamento en los cuales, el juzgador goza de amplias facultades para valorar
las pruebas en cada caso concreto.
En este orden, como los argumentos expuestos por la recurrente, para sustentar
que el reconocimiento pensional a favor de la Señora María Eugenia Ledesma
Llantén se obtuvo con violación al debido proceso (artículo 20, literal a de la Ley
797 de 2003), se soportan en la inconformidad respecto de la apreciación que
hizo el juez sobre las pruebas, no es dable que por esta vía excepcional se
cuestione tal labor, pues se impone privilegiar la autonomía y la independencia
del juez, en particular, cuando se advierte un juicio valorativo conforme a criterios
de objetividad, racionalidad, motivación y legalidad, por lo que la causal no se
configura.
Además, la carga argumentativa de la parte actora en lo que tiene que ver con la
violación al derecho fundamental al debido proceso, no menciona ningún
elemento que deba revisar esta Sala relacionado con el desconocimiento de las
garantías constitucionales que debió atender la autoridad judicial.
Ahora bien, toda vez que la UGPP alegó que se configuraba la causal del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con los mismos argumentos, porque en
criterio de la entidad se accedió al reconocimiento de una pensión gracia sin el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, puntualmente, el de
acreditar 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado, la Sala
desestimará su argumentación como quiera que el reproche de la recurrente está
dirigido a cuestionar la aptitud legal de la señora María Eugenia Ledesma para el
reconocimiento pensional, a partir de la valoración probatoria que se hizo en la
sentencia, asunto que no es propio de la causal invocada, dado que ello
implicaría reabrir un debate frente al derecho a la pensión gracia o cualquier otro
que le asistiera conforme a lo probado, como si se tratara de una tercera
instancia.
Además, es importante señalar que, de acuerdo con la causal referida, la acción
es procedente para revisar la cuantía del derecho pensional cuando excede lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva y, en el presente caso,
la entidad recurrente no alega una diferencia en el monto pensional reconocido a
la señora María Eugenia Ledesma Llantén, que exceda el que legalmente le
correspondía a título de pensión gracia, pues se insiste, el argumento de la
demanda de revisión se contrae a debatir el cumplimiento de los requisitos para
acceder a dicha prestación, concretamente en lo que tiene que ver con el carácter
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nacionalizado de su vinculación docente durante los 20 años de servicios que
requiere la ley.
En este punto, la Sala insiste en que, a través de esta acción especial de revisión,
de naturaleza excepcional, resulta improcedente reabrir un debate probatorio que
zanjó la sentencia recurrida la que, con fundamento en las pruebas aportadas y
controvertidas en el proceso, reconoció la pensión gracia a favor de la señora
Ledesma Llantén, por encontrar acreditados los requisitos legales para tal efecto,
incluidos los tiempos de servicios que cuestiona la UGPP en la presente acción.
3.4.2.3. Conclusión
En atención a que esta Sala Especial de Decisión no encontró configuradas las
causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto no concurren
los requisitos necesarios para su configuración, la acción especial de revisión no
prospera y se declarará infundada.
3.5. Costas
La Ley 1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas
especialmente en el marco del recurso extraordinario de revisión67. No obstante,
la Ley 2080 de 2021 por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
Ahora bien, el artículo 86 de Ley 2080 de 2021, relativo a su vigencia, indica que
las reformas procesales allí establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Sin embargo, en su inciso cuarto establece que:
“[…] en estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones.”.
En este orden de ideas en atención a que el recurso extraordinario se presentó
el 6 de julio de 202068, - a través de una nueva demanda- para la Sala no es
aplicable al presente asunto la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021
al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que el trámite del presente
medio extraordinario se encontraba en curso cuando entró en vigencia dicha ley,
aunado al hecho que los sujetos procesales tenían una expectativa legítima
67
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, inciso 3° “[…] La revisión se tramitará por
el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y
podrá solicitarse […] por las causales consagradas para este en el mismo código y además: […]”.
68
Según informe de reparto y radicación, í nd i ce 1 d e S AMA I .
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relacionada con la forma en que se regulan las costas porque, para julio de 2018,
no se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021 que expresamente estableció que
si se declara infundado el recurso, el juez condenará en costas y perjuicios al
recurrente69.
Lo anterior implica que se debe acudir al artículo 188 del CPACA, en cuyo texto
se dispone:
“Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).
Así las cosas, de conformidad con el mencionado artículo 188 del CPACA, no
hay lugar a la condena en costas dado que en el presente caso se promovió la
acción especial de revisión prevista en la Ley 797 de 2003 que reviste un interés
público, en la medida en que la entidad legitimada pretende la salvaguarda del
equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito
que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de
revisión contra sentencias que ordenen un reconocimiento pensional en
detrimento del erario público70.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial Veintidós de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales - UGPP con el fin de que se infirme la sentencia proferida el 9 de
agosto de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 19001-23-33-000-2015-00067-01.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, de acuerdo con lo señalado en esta
sentencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente del proceso ordinario, enviado en calidad
de préstamo a esta sala.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.
69
En este sentido se puede ver la sentencia proferida el 22 de marzo de 2022 por la Sala Novena
Especial de Decisión. Radicación número 11001-03-15-000-2018-02341-00.
70
Se puede consultar la sentencia de 22 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Novena
Especial de Decisión dentro del expediente con número de radicación 11001-03-15-000-2019-
01749-00-REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
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Asunto: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-02983-00
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente (Firmado electrónicamente
con aclaración de voto con aclaración de voto)
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente
(Firmado electrónicamente) con aclaración de voto)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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