Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00056-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00056-00 (0057-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00056-00 (0057-2020)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno2
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia del 11 de
diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó.
Tema: causales a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a dictar
sentencia en el marco de la acción especial de revisión3 presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), por intermedio de apoderado judicial, en la cual
se invocaron las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y pretende que
se infirme la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó4, que confirmó con modificación el fallo del 12 de mayo de
2014 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, el cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Isaías Córdoba Blandón, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP con la finalidad de declarar
la nulidad parcial de la Resolución 14149 del 11 de junio de 2002, expedida por
CAJANAL, que le reconoció una pensión de vejez. Igualmente, pidió que se declarara
la nulidad de los siguientes actos administrativos que negaron la reliquidación
pensional: Resolución RDP 09358 del 27 de febrero de 2013 y la Resolución RDP
019961 del 2 de mayo de 2013, que la confirmó, al resolver el recurso de apelación.
1 Expediente híbrido: Expediente conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar
de estar separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo
PCSJA20-11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 En la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor Isaías Córdoba Blandón
3 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
4 Proceso con radicado 27001333300220130029400, M.P. Norma Moreno Mosquera
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Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada a reliquidar la pensión con el 75% del promedio mensual de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro,
es decir, el comprendido entre el 29 de diciembre de 1994 y el 29 de diciembre de
1995. Asimismo, pidió la indexación de la primera mesada pensional, el pago de las
diferencias pensionales debidamente indexadas, junto con los intereses moratorios.
3. El demandante manifestó que nació el 10 de enero de 1945, prestó sus servicios al
Estado desde el 12 de abril de 1965 al 29 de diciembre de 1995 y que la Caja Nacional
de Previsión Social le reconoció una pensión de vejez, mediante la Resolución 14149
del 1° de junio de 2002. Relató que reclamó la reliquidación de la mesada pensional
con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en
aplicación de la Ley 33 de 1985, pero la petición fue negada por la UGPP.
4. En el concepto de violación, indicó que los actos administrativos demandados no
aplicaron la normativa superior, en tanto, para liquidar la pensión se debía computar la
totalidad de los factores salariales percibidos por el trabajador para la fecha de retiro
del servicio.
1.2. Sentencia de primera instancia5
5. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, en la sentencia del 12 de mayo
de 2014, resolvió:
PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución 14149 del 11 de junio de 2002,
expedida por CAJANAL EICE, en cuanto determinó como monto de la pensión de vejez la
suma de $399.813,36; y la nulidad total de la Resolución RDP 9358 del 27 de febrero de
2013, y la Resolución RDP 019961 del 2 de mayo de 2013, expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), en cuanto negaron la reliquidación de la pensión de sobrevivientes [sic, se
corrige se trató de una pensión de vejez] al señor Isaías Córdoba Blandón.
TERCERO.- (sic) A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), entidad que asumió el pago de las obligaciones pensionales de CAJANAL
EICE EN LIQUIDACIÓN, a reconocer y pagar el ingreso base de liquidación (IBL) de la
pensión de vejez concedida al señor Isaías Córdoba Blandón, mediante Resolución 14149
del 11 de junio de 2002, expedida por CAJANAL EICE, efectiva a partir del 10 de enero de
2010, de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, sobre el 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, más
los respectivos ajustes consagrados en el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, conforme a la
certificación de factores salariales visible a folios 30 a 34 del expediente.
CUARTO.- CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que asumió el pago de
las obligaciones pensionales de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a pagar las diferencias
de las mesadas pensionales resultantes entre lo pagado y lo que debió reconocer, con el
respectivo ajuste al valor, teniendo en cuenta la prescripción extintiva causada con
anterioridad al 15 de noviembre 2009, declarada por este despacho en el trámite de la
audiencia inicial.
5 Índice 36 Samai, ED_C01_CD2_FOLIO 65B-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.zip) NroActua 36, Juzgado.
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Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
[…]
6. Como fundamento de su decisión, el Juzgado señaló que, en relación con los
factores del ingreso base de liquidación pensional, se aplica la tesis de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010 6.
Providencia en la cual se concluyó que los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de
otros factores devengados por el trabajador en el último año de servicios.
7. Adujo que la sentencia del 4 de agosto de 2010 era vinculante y obligatoria para las
autoridades judiciales, por tanto, la entidad demandada desconoció los derechos a la
seguridad social y al debido proceso, al no aplicar debidamente el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en consonancia con las Leyes 33 y 62 de 1985. Por
ello, los actos demandados estaban viciados de nulidad por desconocer las citadas
normas.
1.3. Recurso de apelación7
8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social presentó recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, con fundamento en que la pensión solamente se puede liquidar con
los factores sobre los que el empleado hizo aportes al ente de previsión y que están
regulados en el Decreto 1158 de 1994.
1.4. Sentencia de segunda instancia8
9. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 11 de diciembre de
2014, modificó el numeral primero del fallo del Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó, el cual quedó así:
SEGUNDO (sic): Declárese la nulidad parcial de la Resolución 14149 del 11 de junio de 2002,
en cuanto determinó el monto de la pensión de vejez en la suma de $399.813,36; la nulidad
de las resoluciones RDP 09358 del 27 de febrero del 2013, por medio de la cual se niega la
reliquidación pensional y la RDP 019961 del 2 de mayo de 2013, por medio de la cual resolvió
negativamente el recurso de apelación formulado en contra del acto administrativo contenido
en la Resolución RDP 09358 del 27 de febrero de 2013, y se ordena que la reliquidación de
la pensión del señor Isaías Córdoba Blandón (fallecido), le sea cancelada a la sucesión y la
reliquidación a favor de la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, a partir de la Resolución
RDP 024395 del 28 de mayo de 2013, por ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente.
TERCERO: Confírmanse los demás numerales de la sentencia del 12 de mayo de 2014,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
10. La decisión se fundamentó en que el demandante era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, y que tenía derecho a la reliquidación pensional con
los factores salariales devengados en el último año de servicios, al considerar que se
debían aplicar integralmente las Leyes 33 y 62 de 1985:
6 M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila
7 Índice 36 Samai, ED_C01_CD2_FOLIO 65B-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.zip) NroActua 36, Tribunal.
8 Índice 36 Samai, ED_C01_CD2_FOLIO 65B-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.zip) NroActua 36, Tribunal.
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Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
i) Para el 1° de abril de 1994, el actor tenía más de 40 años de edad y 25 años de
servicios, por tanto, era beneficiario del régimen anterior a la Ley 100 de 1993.
ii) Mediante la Resolución 14149 del 11 de junio de 2002, la entidad reconoció la
pensión al accionante por haber adquirido el estatus pensional el 10 de enero de
2000, sin embargo, en la liquidación excluyó las primas de alimentación, de navidad,
vacacional, de servicios y el auxilio de transporte.
11. También explicó que bajo la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2020 y a la luz del principio de favorabilidad, resultaría inocuo
el régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, si se le aplicara al pensionado
el porcentaje y base de liquidación regulado en esta normativa. En consecuencia,
consideró que se imponía la aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que al acudir
a estas normas el salario base de liquidación es superior y favorable.
12. Se ordenó a la administración que realizara el descuento de los factores salariales
no cotizados por el interesado.
13. Por otra parte, precisó que la entidad le reconoció una pensión de sobrevivientes
a la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, con ocasión del fallecimiento del señor
Isaías Córdoba Blandón, el 24 de diciembre de 2012. Por ende, según el artículo 68 del
Código General del Proceso, declaró la sucesión procesal, y el pago de la reliquidación
pensional a favor de la beneficiaria del causante.
II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda9
14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP), a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la
acción especial de revisión contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014
por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó con modificación el fallo del 12
de mayo de 2014, dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó.
15. Invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 10 y formuló las
siguientes pretensiones:
i) Infirmar la sentencia objeto de revisión.
9
Índice 36 Samai, ED_C01_CD1_FOLIO 65A-ESCRITO DE REVISION(.zip) NroActua 36. Págs. 4 a 23.
10 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea
el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo
por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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ii) Declarar que Ana Consuelo Ibarguen Moreno, en calidad de beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de Isaías Córdoba Blandón, no tiene
derecho a la liquidación de la mesada pensional ordenada en el fallo de instancia, y
en su lugar, disponer que la pensión se calcule conforme a las reglas previstas en
las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017,
SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018 de la Corte Constitucional.
iii) Ordenar a la UGPP reliquidar la mesada pensional y calcular el ingreso base de
liquidación conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los factores base de
cotización taxativamente señalados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994,
acorde con las providencias de la Corte Constitucional.
16. En criterio de la entidad, se configura la causal a) por cuanto la orden judicial
violó el derecho al debido proceso, ya que se otorgó la reliquidación al pensionado sin
cumplir los requisitos legales, lo que lesionó el erario al obligar a la nación a asumir el
pago de una pensión con recursos del Sistema General de Seguridad Social. Además,
se ordenó la reliquidación de dicha pensión basándose en una interpretación errónea,
sin considerar lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 respecto al
IBL y los factores salariales. Así pues, la entidad reprochó que se concedió un aumento
en la mesada pensional sin que el jubilado tuviera derecho, en contravención del Acto
Legislativo 01 de 2005, que garantiza la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional. Asimismo, resaltó que la norma aplicable es el Decreto 1158 de 1994 que
regula los factores salariales tomando en cuenta los cotizados durante los últimos 10
años de servicio.
17. Por otra parte, la entidad indicó respecto a la causal b) que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que el señor Isaías
Córdoba Blandón adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993,
siendo beneficiario del régimen de transición, y por ello, tenía derecho a la aplicación
de la Ley 33 de 1985, pero solamente en cuanto a la edad, tiempo y monto, toda vez
que el ingreso base de liquidación estaba regulado en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993; es decir, que correspondía al 75% del promedio de los factores cotizados
en los últimos 10 años de servicios. En cuanto a los factores salariales, el causante
adquirió el estatus de pensionado en vigencia el Decreto 1158 de 1994, por tanto, era
la norma que regía su derecho pensional.
18. En este orden de ideas, la UGPP indicó que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó, que accedió a la reliquidación pensional con el 75% de los
factores devengados en el último año de servicios, desconoció los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993, violó el principio de sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, y no acató la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU- 631 de 2017.
19. En este orden de ideas, la UGPP planteó que se configuró un abuso palmario del
derecho, debido a la equivocada interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, así como al desconocimiento del precedente vinculante de la Corte
Constitucional sobre la forma de calcular el IBL de las pensiones para los beneficiarios
del régimen de transición. A su juicio, la reliquidación pensional es irregular, ya que el
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Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
señor Isaías Córdoba Blandón está obteniendo ventajas irrazonables relacionadas con
un incremento en su prestación del 18.59%, en grave detrimento del erario.
2.2. Actuaciones procesales relevantes
20. Por medio del auto del 3 de febrero de 2022, se admitió la demanda y se ordenó
notificar personalmente a la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, a costa de la
UGPP, para lo cual se ordenó librar despacho comisorio al Tribunal Administrativo del
Choco11.
21. El apoderado de la UGPP acreditó que envió por correo postal la citación para la
diligencia de notificación personal a la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, junto
con el auto admisorio de la demanda12. A su vez, la demandada, en escrito del 17 de
mayo de 2022, solicitó que las notificaciones fueran enviadas a su correo personal13.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Chocó remitió el despacho comisorio
diligenciado, el 26 de agosto de 202214. Sin embargo, la demandada no presentó la
contestación de la demanda.
22. En auto del 29 de septiembre de 2022, el despacho ponente tuvo como pruebas
las allegadas con la demanda y prescindió del periodo probatorio15. El 24 de abril de
2023, la Secretaría de la Sección Segunda informó que la parte demandada guardó
silencio y que el expediente se encontraba para fallo16.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
23. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA17.
24. La Sección Segunda está facultada para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201918,
por tratarse de un asunto de carácter laboral.
3.2. Oportunidad
25. El fallo del 11 de diciembre de 2014, dictado por el Tribunal Administrativo del
11 Índice 14 Samai.
12 Índice 22 Samai.
13 Índice 21 Samai.
14 Índice 25 Samai
15 Índice 27 Samai
16 Índice 35 Samai
17 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
18 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
Chocó quedó ejecutoriado el 14 de enero de 2015, tal como lo informó el referido
tribunal, mediante oficio 313 del 6 de febrero de 2015, que obra a índice 11 de Samai.
26. Teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó
ejecutoriada en vigencia del CPACA, se aplica el inciso 4º del artículo 251 de esta
normativa:
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de
la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio […].
27. Por consiguiente, la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente el 18 de
diciembre de 201919, toda vez que el término de 5 años vencía el 14 de enero de 2020.
3.3. Legitimación en la causa
28. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter competentes para el
reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se decretó su liquidación, como
sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE (art. 156 de Ley 1151 de 2007).
Ahora bien, el numeral 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200920 le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201321.
29. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201622, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer la acción especial de
que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».
30. Por su parte, la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno está legitimada por
pasiva, dada su condición de sucesora procesal dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 27001333300220130029400.
3.4. Problema jurídico
31. Conforme a los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso la UGPP, corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se
configuran las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 y, por tanto, es procedente infirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2014,
dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó con modificación la
19 Índice 36 Samai, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36, pág. 23.
20 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias
21 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: 6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
22 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
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Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
sentencia del 12 de mayo de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó. En consecuencia, se debe establecer lo siguiente:
i) ¿Si el reconocimiento se obtuvo con violación del debido proceso?
ii) ¿Si la cuantía del derecho reconocido a Isaías Córdoba Blandón excedió lo debido
de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de la pensión de vejez en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?
32. En este orden de ideas, para resolver los problemas planteados, la Sala analizará
las generalidades de la acción especial de revisión y las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego se estudiará el caso concreto.
3.4.1. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia23.
33. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra las sentencias, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada. Está
regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción se limita
a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas24.
34. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»25, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
23 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado
11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
24 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
25 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés
“ […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso
extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de
Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. MP. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-
04141-00 REV. MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
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o convención colectiva que legalmente son aplicables.
35. Dicha revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la caracterizan
según la jurisprudencia del Consejo de Estado26 y de la Corte Constitucional, a saber:
i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia27;
ii) la legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado28;
iii) no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social29; y
iv) no es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se enmarca a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde30.
36. A partir de los antecedentes históricos «la revisión creada en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma
pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la reducción
del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema pensional, como se
observa en la exposición de motivos. Así, en concreto respecto de la revisión de
providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la
Nación’»31.
37. Ahora bien, sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 202032 la parte interesada debe demostrar que el reconocimiento pensional se hizo
con desconocimiento de las garantías constitucionales que componen el derecho al
26 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de
Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
28 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°
de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18
de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William Hernández
Gómez.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
32 «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
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debido proceso, conforme el artículo 29 superior, esto es, i) el derecho al juez natural
o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio
o procedimiento; y iii) las garantías de audiencia y defensa.
38. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
202033, esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…] 5.2. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y
sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del
artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema
pensional un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal
forma que fuera posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas
vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de
revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que
responde dicho instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio
financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del
gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular.
[…]”34.
39. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de sumas periódicas que
afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
33 «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
34 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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3.4.2. Análisis del caso concreto
40. El Tribunal Administrativo del Chocó profirió la sentencia objeto de revisión, que
confirmó con modificación el fallo del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, y la
UGPP invoca las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) de la Ley
797 de 2003.
41. Al respecto, la entidad sostiene que se configuró la causal del literal a) porque
las decisiones judiciales acusadas son contrarias a la ley y la jurisprudencia, en la
medida que otorgaron un aumento en la mesada pensional sin fundamento
constitucional ni legal, porque desconocieron los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, así como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994. Agregó que, en el caso del
causante, como beneficiario del régimen de transición, el ingreso base de liquidación
está regido por los artículos 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
42. Frente a la causal del literal b) la UGPP indicó que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que se accedió a la
reliquidación de una pensión de vejez sin aplicar los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993.
43. Igualmente, la UGPP planteó que se configuró un abuso palmario del derecho,
debido a la equivocada interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
44. Ahora bien, con el objeto de resolver los problemas jurídicos, se destaca que en
el proceso ordinario se acreditaron los siguientes hechos:
i) Isaías Córdoba Blandón nació el 10 de enero de 1945, como consta en la cédula
de ciudadanía35; prestó sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional del 12
de abril de 1965 al 1° de abril de 1967, en la Administración Postal Nacional del 1°
de noviembre de 1968 al 15 de octubre de 197136, y en el Ministerio de Salud del
23 de enero de 1978 al 29 de diciembre de 199537; el último cargo que desempeñó
fue celador, código 5320, grado 0438. El último año de servicios devengó los
siguientes factores: sueldo, bonificación por servicios prestados, subsidio de
alimentación, auxilio de transporte, dominicales y festivos, horas extras, jornadas
nocturnas, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y prima
técnica39.
ii) La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 14149 del 11 de
junio de 2002, le reconoció una pensión de vejez al señor Isaías Córdoba Blandón,
indicó que adquirió el estatus pensional el 10 de enero de 2000, y realizó la
liquidación «con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de
1 año y 9 meses, conforme lo establecido en la sentencia 168 de 20 de abril de 1995
de la Corte Constitucional, entre el 1° de abril de 1994 y el 30 de diciembre de
1995». Como factores salariales, la entidad incluyó la asignación básica,
35 Índice 36 Samai, Índice 36 Samai, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 36, pág.
129.
36 Ídem, pág. 132.
37 Ídem, pág. 133.
38 Idem.
39 Idem, págs. 151 a 152.
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dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y jornada
nocturna40.
iii) El señor Isaías Córdoba Blandón falleció el 24 de diciembre de 2012, como lo
indica el registro civil de defunción41.
iii) A través de la Resolución RDP 009358 del 27 de febrero de 2013, la UGPP negó
la reliquidación de la pensión de vejez, al indicar que la pensión se liquidaba
solamente con los factores establecidos en el Decreto 1158 de 199442.
iv) Mediante la Resolución RDP 024395 del 28 de mayo de 2013, la UGPP reconoció
una pensión de sobrevivientes a la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, en la
calidad de compañera permanente del señor Isaías Córdoba Blandón43.
45. Asimismo, la UGPP aportó al proceso la Resolución RDP 032356 del 15 de
agosto de 2017, por la cual cumplió el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Chocó que ordenó la reliquidación pensional con los factores salariales devengados
en el último año de servicios y aplicó una tasa del 75%, teniendo en cuenta el
certificado de factores expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se
dispuso como beneficiaria a la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno, en la misma
cuantía de la pensión devengada por el causante. En el numeral octavo se ordenó
descontar de las mesadas atrasadas el valor de $19.662.160, «por concepto de
aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Lo anterior sin perjuicio de
que con posterioridad se determine que el pensionado adeuda valores adicionales o
superiores por el referido concepto»44.
46. Mediante la Resolución RDP 037041 del 26 de septiembre de 2017, la UGPP
resolvió el recurso de apelación contra la Resolución RDP 032356 del 15 de agosto de
2017, y la modificó en el sentido que los intereses moratorios estarían a cargo de la
UGPP y a favor de la parte interesada45.
47. Una vez expuestos las causales alegadas y los presupuestos fácticos, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
3.4.2.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
de la transición de la Ley 100 de 1993
48. La Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, en el fallo de unificación del 28
de agosto de 2018 trató el ingreso base de liquidación para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
40 Idem, págs. 183.
41 Idem, pág.
42 Idem, págs. 221 a 224
43 Idem, págs. 239 a 243.
44 Idem, págs. 225 a 233.
45 Idem, págs. 244 a 247.
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mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base46.
49. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.
3.4.2.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por la UGPP
50. En el caso bajo análisis, en primer lugar, la UGPP sostiene que se configuró la
causal regulada en el literal a) referente a la obtención de una suma periódica o
prestación con cargo al tesoro público con violación al debido proceso; dado que, en
su criterio, a la parte accionada no le asistía el derecho a la reliquidación pensional en
los términos ordenados; sin embargo, lo que advierte la Sala es que este cargo no
configura vulneración alguna de las garantías del debido proceso, relativas al derecho
al juez natural, a la defensa, a la independencia e imparcialidad del fallador.
51. En este sentido, se insiste en que el cargo presentado en la demanda por
violación del derecho al debido proceso de la UGPP, concierne exclusivamente a la
censura de la liquidación pensional en presunto desconocimiento de la Ley 100 de
1993 y de las sentencias de la Corte Constitucional. Por ende, la Sala no evidencia
que el cargo esté estructurado para acreditar la pretermisión de las garantías
constitucionales del derecho al debido proceso, como el derecho de defensa técnica
en un proceso sin dilaciones, mediante una providencia motivada expedida por un
funcionario competente.
52. Por consiguiente, esta primera causal será desestimada.
53. En segundo lugar, la UGPP alegó la causal prevista en el literal b) porque las
sentencias de instancia ordenaron la reliquidación de la pensión de jubilación sin tener
en cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 idem y el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Igualmente, indicó
que existió un abuso palmario del derecho, dado que la reliquidación pensional fue
irregular y concedió ventajas irrazonables al señor Isaías Córdoba Blandón por el
incremento de la pensión en el 18.59%.
54. Descendiendo al estudio de la causal del literal b), se tiene que para esta
Subsección lo relevante cuando se trata de acciones especiales de revisión consiste
en analizar el criterio jurisprudencial vigente47 para la época en que el Tribunal dictó la
decisión censurada. Esto, acorde con los efectos del fallo de unificación del 28 de
agosto de 201848 de la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo que
expresamente consideró «debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas
en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley».
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-01458-00
(4815-2018), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia de 13 de junio de 2024.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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55. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación de servicio.
56. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Chocó dictó la sentencia del
11 de diciembre de 2014, en la que citó el fallo del 4 de agosto de 2010 (expediente
0112-09, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila), proferido por el Consejo de Estado;
además, precisó que si el servidor público, para el 1° de abril de 1994 no acreditaba
los requisitos para acceder a la pensión y era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, tenía derecho «a que la liquidación y reconocimiento de su pensión
se hagan conforme al régimen pensional anterior al que estaba sometido». Agregó que
al existir duda sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se deben
preferir las normas más favorables que eran las Leyes 33 y 62 de 1985.
57. Por tanto, el Tribunal adujo que la mesada pensional se debía liquidar con el 75%
de los factores salariales devengados en el último año de servicios, en aplicación del
régimen pensional anterior contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985.
58. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó del 11 de diciembre de 2014 siguió la línea jurisprudencial
vigente y aplicable para el asunto particular, por tanto, prevalece la fuerza de cosa
juzgada.
59. Por otra parte, la UGPP señaló que se configuró un abuso palmario del derecho,
toda vez que el señor Isaías Córdoba Blandón obtuvo una ventaja irrazonable en el
incremento de su pensión. Sobre el particular, se indica que la procedencia de las
causales de revisión debe interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los
reconocimientos pensionales, que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de
2005 refiere que procede la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del
derecho o sin el cumplimiento de los requisitos legales, acorde con el procedimiento
establecido por el legislador, pero que a la fecha no ha sido expedido.
60. El abuso del derecho en materia pensional fue abordado por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-258 de 201349, al indicar que se debe evidenciar un
gran incremento de los ingresos que no corresponda a la vida laboral y que represente
un salto abrupto frente a los salarios recibidos en toda su vida productiva. En otras
palabras, precisó que «los incrementos significativos de los ingresos del servidor en
sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su
49 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los
aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la
obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».
61. Sin embargo, la UGPP no acreditó en el presente proceso la configuración del
abuso en la reliquidación pensional ordenada por la autoridad judicial de instancia,
comoquiera que el incremento de la mesada pensional en el 18.5950 dispuesto en la
providencia censurada no demuestra que el valor de la pensión haya aumentado
significativamente sin guardar relación con los salarios recibidos por el señor Isaías
Córdoba Blandón en su vida laboral.
62. Por el contrario, acorde con los hechos probados se resalta que el señor Isaías
Córdoba Blandón prestó sus servicios gran parte de su vida laboral en la
Administración Postal y el Ministerio de Salud, respectivamente, del 1° de noviembre
de 1968 al 15 de octubre de 1971, y del 23 de enero de 1978 al 29 de diciembre de
1995. El último cargo que desempeñó fue celador, código 5320, grado 04 y su último
año de servicios transcurrió del 29 de diciembre de 1994 al 29 de diciembre de 1995.
Además, el acto administrativo que cumplió la orden judicial, contenido en la
Resolución RDP 032356 del 15 de agosto de 2017 ordenó en el numeral octavo
descontar la suma de $19.662.160, «por concepto de aportes para pensión de factores
de salario no efectuados».
63. En consecuencia, la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó con modificación el fallo del 12 de
mayo de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, no incurrió en la causal
de revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003.
5. Costas
64. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
65. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
66. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que a través de la
acción especial de revisión se ventila un interés público, pues la entidad legitimada
pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del Sistema General
de Pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo
especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en
50 Según lo indica la UGPP en la demanda de revisión.
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detrimento del erario51. Igualmente, la Subsección considera que la demanda no se
presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
6. Conclusión
67. Acorde con lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de revisión
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia del 11 de
diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó
con modificación el fallo del 12 de mayo de 2014 del Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó, el cual accedió a las pretensiones de la demanda del señor Isaías Córdoba
Blandón, cuya sucesora procesal es la señora Ana Consuelo Ibarguen Moreno.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO.- DECLARAR infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó con modificación el
fallo del 12 de mayo de 2014 del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Lucía
Arbeláez de Tobón, como apoderada de la UGPP, en los términos del memorial que
obra a índice 40 de Samai.
TERCERO.- RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para
actuar como apoderado principal de la UGPP, identificado con cédula de ciudadanía
8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional 12.100 del Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos del poder que consta a índice 43 de Samai.
CUARTO.- RECONOCER personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio para
actuar como apoderado sustituto de la UGPP, identificado con cédula de ciudadanía
7.711.118 y tarjeta profesional 141.941 del Consejo Superior de la Judicatura, en los
términos de la sustitución del poder que obra a índice 43 de Samai.
QUINTO.- Sin condena en costas.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
51 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00056-00 (0057-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Ana Consuelo Ibarguen Moreno
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC/HGM
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