Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00204-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00204-00 (1320-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social.
Demandada: Antonia Lozano Rojas.
Asunto: Acción especial de revisión, artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuantía del derecho excede lo
debido de acuerdo con la ley. Subtema 1: indexación de primera mesada por depreciación
ocasionada con motivo del tiempo transcurrido entre la adquisición del estatus, el
reconocimiento de la prensión gracia y la reliquidación.
Sentencia de única instancia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, se procede a
dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 24 de octubre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó2, que confirmó la providencia del 14 de
noviembre de 2017, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, que concedió las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) solicita que se infirme la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó antes mencionada,
puesto que considera que incurrió en la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Lo anterior, porque en su criterio, Antonia Lozano Rojas no
tiene derecho a la indexación de la primera mesada de la pensión gracia reconocida
a su favor.
1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, rad. núm.: 11001-03-25-000-2012-
00561-00(2129-12) REV, y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, rad. núm.
11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV.
2 M.P. Norma Moreno Mosquera, demandante: Antonia Lozano Rojas, demandado: UGPP, rad. núm. 27001-
33-33-003-2014-0832-00/01.
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00204-00 (1320-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
2. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1.Antonia Lozano Rojas, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP3. Lo anterior, con el fin de que
se declarara la nulidad parcial de las siguientes resoluciones expedidas por
CAJANAL:
(i) Resolución núm. 002337 del 23 de enero de 20064, por medio de la cual, se
ordenó el reconocimiento y pago a su favor de la pensión gracia, en una
cuantía equivalente a $1.097.815, efectiva a partir del 16 de mayo de 2004.
(ii) Resolución núm. 33277 del 23 de julio de 20085, en la que se ordenó la
reliquidación de la pensión gracia, con el 75 % del promedio de lo devengado
en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, efectiva a partir
del 16 de mayo de 2004, con efectos fiscales desde el 12 de mayo de 2005,
por prescripción trienal.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reconocer y pagar a su favor la pensión gracia, con el 75 % de todos
los factores devengados en el último año de servicio —de mayo de 2003 a mayo de
2004—, y con la indexación del IBL, desde el 16 de mayo de 2004 hasta el 23 de
julio de 2008.
2.2. Sentencia de primera instancia6
3. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en sentencia del
14 de noviembre de 2017, concedió las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas y ordenó
a la UGPP indexar la primera mesada pensional a favor de la señora Lozano Rojas.
Declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 16 de diciembre de 2011 y condenó en costas a la mencionada
entidad.
4. La referida autoridad judicial consideró que la liquidación de la pensión gracia de
la señora Lozano Rojas debía incluir todos los factores devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionada, a saber, la asignación básica y
las primas de navidad, alimentación, vacaciones y extraordinaria. Explicó, que el
acto por medio del cual CAJANAL reconoció a su favor la pensión gracia no había
incluido la totalidad de los factores devengados; situación que posteriormente fue
corregida por la entidad, al efectuar la reliquidación de la pensión gracia en debida
forma, es decir, con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el
3 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 25, archivo «23RECIBE MEMORIAL_1320-2021RESPUESTA
A(.pdf) NroActua 25», páginas 5 a 14.
4 Resolución núm. 2337 del 23 de enero de 2006, visible en: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 67 a 69.
5 Resolución núm. 33277 del 23 de julio de 2008, visibles en: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», 90 a 92.
6 Sentencia de primera instancia, proferida el 14 de noviembre de 2017, por el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó, visible en: Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua
3», páginas 2 a 20.
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Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.
5. Sin embargo, precisó que la primera mesada pensional de la señora Lozano
Rojas debía ser indexada «porque desde la fecha en que adquirió el estatus de
pensionada, el 16 de mayo de 2004, y la fecha de reliquidación de la pensión de
jubilación gracia, 23 de julio de 2008, medió más de un año, por lo tanto dicho lapso
constituye un período inflacionario que sin duda afectó sustancialmente el poder
adquisitivo del salario o ingreso base de liquidación, máxime cuando no se le
incluyeron la totalidad de factores salariales devengados durante el año anterior a
la adquisición del estatus de pensionada».
2.3. Sentencia de segunda instancia7
6.El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 24 de octubre de 2019,
confirmó la decisión de primera instancia en su integridad.
7. Como fundamentos de su decisión, expuso que de acuerdo con la jurisprudencia
de esta corporación8, la entidad encargada de efectuar el pago de la pensión estaba
obligada a establecer la base de la liquidación de la prestación de manera que
preservara su poder adquisitivo, circunstancia que no se presentó en el caso
concreto. Explicó, que «si bien los factores salariales que se tuvieron en cuenta para
liquidar la pensión gracia de la [señora Lozano Rojas] fueron los [que devengó] en el
año anterior a la adquisición del [e]status de pensionada, el reconocimiento de la
prestación se hizo [1] año, 8 meses y 7 días después de acreditar el cumplimiento de
los requisitos para tener derecho a la pensión, lo que gener[ó] una devaluación en su
[IBL], razón por la [que] resulta[ba] imperativo la aplicación de la indexación».
3. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
3.1. Demanda9
8. La UGPP, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Chocó. En su escrito, planteó la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 200310 y formuló las siguientes pretensiones:
7 Sentencia de segunda instancia proferida el 24 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó,
visible en: Samai, índice 25, archivo «23RECIBE MEMORIAL_1320-2021RESPUESTA A(.pdf) NroActua 25»,
páginas 230 a 245.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25
de septiembre de 2017, rad. núm. 68001-23-33-000-2013-00700-01 (4632-14). // Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, rad.
núm. 23001-23-33-000-2012-90097-01 (1951-14).
9 Samai, índice 17, 117_ED_CUADERNO PRINCIPAL 1_CUADERNO PRINCIPAL FOLIO 1 AL 210.pdf(.PDF),
págs. 368 a 388.
10 Ley 797 de 2003. Artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión
también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial. // La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
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Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
(i) Que se revoque el fallo antes señalado, que confirmó la providencia del 14 de
noviembre de 2017 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó.
(ii) Que se declare que la señora Lozano Rojas no tiene derecho a que la primera
mesada de su pensión gracia sea indexada, por cuanto no se vio afectada por
los efectos de la devaluación de la moneda y no perdió su poder adquisitivo.
(iii) Que se condene a la señora Lozano Rojas a reintegrar a la UGPP la totalidad
de los dineros recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional
con la correspondiente indexación, en virtud de las órdenes que fueran
impartidas en la sentencia objeto de revisión.
9. A juicio de la parte recurrente, en el caso de la señora Lozano Rojas no procedía
la indexación de la primera mesada de la pensión gracia, en la medida en que había
sido reconocida con efectos retroactivos desde el 16 de mayo de 2004, y año a año
ha sido ajustada de conformidad con el IPC, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 199311.
10. Afirmó que para la indexación de la primera mesada se debía demostrar que
entre el momento del reconocimiento de la prestación y el de su pago transcurrió un
lapso en el que su valor se vio afectado por los cambios inflacionarios de la moneda.
En ese orden, explicó que la señora Lozano Rojas adquirió el estatus pensional el
16 de mayo de 2004, fecha en la que cumplió 50 años. Indicó que, para esa fecha,
la accionada se encontraba activa en el servicio oficial docente, y que esa situación
no impedía el pago de la pensión gracia, en la medida en que su naturaleza especial
permitía que fuera percibida de forma simultánea con el salario.
11. Por lo anterior, adujo que las mesadas de la pensión gracia nunca se vieron
afectadas por la inflación, por cuanto «los momentos relativos a la adquisición del
[e]status pensional, reconocimiento, pago y reliquidación han sido siempre
confluyentes»12. Así, concluyó que la indexación de la primera mesada de la pensión
gracia de Antonia Rojas Lozano contrarió la normativa aplicable13 y la jurisprudencia
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el
mismo código y además: // a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
11 Ley 100 de 1993, artículo 14. “Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general
de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de
enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se
incremente dicho salario por el Gobierno. // Parágrafo. El Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de
cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones de
renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley cuando el aumento
del salario mínimo mensual legal vigente sea superior a la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el respectivo año. El
Gobierno nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de
cobertura. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) otorgará aval fiscal para estas coberturas».
12 Samai, índice 17, 117_ED_CUADERNO PRINCIPAL 1_CUADERNO PRINCIPAL FOLIO 1 AL 210.pdf(.PDF),
págs. 368 a 388.
13 A juicio de la UGPP, se violaron las siguientes normas: (i) las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933,
100 de 1994 (artículo 14)1437 de 1022 (artículo 103); (ii) Acto Legislativo 1 de 2005; (iii) artículos 1, 2, 6, 38,
53, 58, 121, 123 inciso 2, 124 y 209; (iv) Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; y (v)
Convenio núm. 102 y 128 de la OIT sobre la Seguridad Social.
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Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
constitucional14 dictada en la materia.
3.2. Actuaciones procesales relevantes
12. Esta corporación, mediante auto del 25 de noviembre de 202115, admitió la acción
especial de revisión interpuesta por la UGPP y ordenó notificar personalmente a
Antonia Lozano Rojas y al Ministerio Público que guardó silencio.
13. Antonia Lozano Rojas, por medio de su apoderada judicial16, allegó memorial en
el que se opuso a las pretensiones de la acción especial de revisión presentada por
la UGPP. Al respecto, expuso que CAJANAL reliquidó la pensión gracia mediante
Resolución núm. 33277 del 23 de julio de 2008, y en esa decisión, dispuso que la
diferencia debía ser pagada con los reajustes establecidos en la ley, de conformidad
con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
14. Afirmó que, al incrementar el valor de la mesada con motivo de la reliquidación
realizada en 2008, el IBL de la pensión aumenta desde la fecha de reconocimiento
(16 de mayo de 2004), razón por la cual procedía la indexación de la primera
mesada al igual que el reajuste anual de conformidad con el IPC.
15. El despacho dictó auto el 8 de febrero de 202417, mediante el cual decretó las
pruebas que consideró útiles y ordenó prescindir del máximo periodo probatorio tan
pronto como fueran allegadas. De igual forma, reconoció personería a la apoderada
de Antonia Lozano Rojas.
4. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
16. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA18. A su vez, la Sección Segunda es competente para conocer
de la acción especial de revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 201919, por tratarse de un asunto de carácter laboral.
4.2. Oportunidad
17. El último inciso del artículo 251 del CPACA establece que, «[e]n los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
14 La UGPP consideró que se desconoció la sentencia SU-168 de 2017 de la Corte Constitucional.
15 «Auto que admite el recurso» visible en: Samai, índice 6, archivo
«9_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.DOCX) NroActua 6».
16 Samai, índice 14, archivo «15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 14».
17
«Auto que decreta pruebas» visible en: Samai, índice 20, archivo
«19AUTOQUEDECRET_OKRER132021DECRETAPRUEBASYRECONOCEDOCX (.docx) NroActua 20».
18 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos. // Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores
también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta
jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
19 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en
los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».
18. En el presente asunto la sentencia del 24 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó fue notificada por correo electrónico enviado el 6 de
noviembre del mismo año20 y cobró ejecutoria el 14 de noviembre siguiente21.
19. Por su parte, la acción especial de revisión fue presentada el 15 de abril de 202122,
es decir, dentro del término previsto en la norma mencionada.
4.3. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa y por pasiva se verifica a partir de las
siguientes circunstancias:
21. La UGPP se creó con el fin de asumir el reconocimiento de derechos
pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media
del orden nacional y de las entidades públicas del mismo carácter, respecto de las
cuales se haya decretado su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de
Previsión Social EICE (art. 156 de la Ley 1151 de 2007).
22. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 2009 23 asignó a la
UGPP la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003; disposición que fue reiterada en el Decreto 575 de 201324. A su vez, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016, indicó que la UGPP tiene legitimación
en la causa por activa para interponer el recurso de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho».
23. Por su parte, Antonia Lozano Rojas está legitimada en la causa por pasiva, dada
su condición de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la sentencia cuya revisión fue solicitada en este trámite.
4.4. Problema jurídico
24. De acuerdo con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión,
corresponde a la Sala determinar si ¿la indexación de la primera mesada pensional
ordenada en la sentencia objeto de revisión excedió lo debido de acuerdo con la
ley?
20 Samai, índice 25, archivo «23RECIBE MEMORIAL_1320-2021RESPUESTA A(.pdf) NroActua 25», página
246.
21
Se establece el momento en que quedó en firme la sentencia, teniendo que los 3 días de ejecutoria del artículo
302 del CGP, sólo comienzan a correr a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos para notificar
el fallo, como lo explicó la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado en auto de
unificación del 29 de noviembre de 2022.
22 Samai, índice 3, archivo «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
23 «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– y las funciones de sus dependencias».
24 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias».
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Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
25. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego resolverá el caso concreto.
4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reiteración de jurisprudencia25
26. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa
juzgada. Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de
acción está restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales
no admiten interpretaciones extensivas26.
27. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 27, en la
que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La
norma en cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.
28.La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos
que la caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado28 y de la Corte
Constitucional, a saber:
25 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, rad. núm. 11001-
03-15-000-2020-02983-00.
26 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11
de febrero de 1993, Rad. REV-037.
27 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, sentencia del 27
de marzo de 2014, rad. núm. 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12). «[…] En este orden, precisa la Sala
que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no
quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial
de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]» (subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de
febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión, dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-
04468-00 REV. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad.
núm. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de
2020, rad. núm. 11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. núm.
11001-03-15-000-2020-04141-00 REV.
28 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Salas Especiales de
Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y sentencia
de sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-2019-01749-00.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
10 de agosto de 2017, rad. núm. 25000-23-25-000-2002-05275-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00204-00 (1320-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia29.
(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado30.
(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social31.
(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho
a una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde32.
29. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así
hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición
de motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la
Nación”»33.
30. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200334, se tiene que, según la primera de ellas, la acción
especial de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública
con violación al debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue
los elementos sobre los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento
pensional se efectuó con desconocimiento de las garantías constitucionales que
constituyen el derecho al debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior,
esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa35.
29 Ibidem.
30 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del
1 de agosto de 2017, rad. núm. 11001-03-15-000-2016-02022-00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de
18 de agosto de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-2020-03549-00.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012).
34«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
35 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión
el 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00204-00 (1320-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
31.En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…] El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al
erario deben ser revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del
artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional
un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera
posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden
de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben
interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio
financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente,
de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas
y se procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y
conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que
prevalezca el interés general sobre el particular.36
32. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente
el debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones.
33. Cabe destacar que la causal b), al señalar que la acción especial de revisión
procede «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la
ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que
se verifique la suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede
o no el reconocimiento del derecho.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de
5 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00204-00 (1320-2021)
Demandante: UGPP
Demandada: Antonia Lozano Rojas
4.6. Análisis del caso concreto
34. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto
se formuló con el fin de verificar si la indexación de la primera mesada de la pensión
gracia reconocida a la convocada excede lo debido de acuerdo con la ley, pues, a
juicio de la entidad, el reconocimiento de la pensión se dio a partir de la fecha en
que la pensionada adquirió la edad y el tiempo de servicio.
35. Ahora bien, en el caso concreto se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Antonia Lozano Rojas nació el 16 de mayo de 195437, por lo que cumplió 50
años el 16 de mayo de 2004.
(ii) Prestó sus servicios para el departamento del Chocó del 4 de noviembre de
1976 al 27 de mayo de 200438, y el último cargo que desempeñó fue el de docente
para la referida entidad territorial.
(iii) CAJANAL emitió la Resolución núm. 002337 del 23 de enero de 2006, por
medio de la cual reconoció la pensión gracia, en una cuantía equivalente a
$1.091.815,50, efectiva a partir del 16 de mayo de 200439. En esa oportunidad, la
entidad únicamente tuvo en cuenta la asignación básica para la definición del IBL.
(iv) Posteriormente, CAJANAL expidió la Resolución núm. 33277 del 23 de julio
200840, en la que reliquidó la pensión gracia de la señora Lozano Rojas e incluyó
los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
En ese orden, la cuantía de la pensión ascendió a $1.288.620,19, efectiva a partir
del 16 de mayo de 2004, con efectos fiscales desde el 12 de mayo de 2005, por
prescripción trienal.
(v) Finalmente, la UGPP, en cumplimiento de las sentencias proferidas en el
proceso ordinario, emitió la Resolución RDP núm. 016702 del 17 de julio de 202041,
por medio de la cual indexó la pensión gracia a favor de la señora Lozano Rojas
«a partir del 23 de julio de 2008 (fecha final de actualización), con efectos fiscales
a partir del 16 de diciembre de 2011 por prescripción trienal»42.
36. Una vez expuestas las causales alegadas y los presupuestos fácticos del asunto,
la Sala procede a estudiar la procedencia de la indexación de la primera mesada.
4.6.1. La indexación de la primera mesada pensional
37. La jurisprudencia de esta corporación ha reiterado en varias oportunidades que,
37 Copia del Registro Civil de Nacimiento de Antonia Lozano Rojas, visible en: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», página 23.
38 Certificado de servicios prestados expedido por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del
Chocó, visble en: Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 55 y 56.
39 Resolución núm. 2337 del 23 de enero de 2006, visible en: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 67 a 69.
40 Resolución núm. 33277 del 23 de julio de 2008, visibles en: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», 90 a 92.
41 Resolución RDP núm. 016702 del 17 de julio de 2020, visible: Samai, índice 3, archivo
«4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 114 a 118.
42 Ibidem.
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ante la ausencia de una norma expresa que establezca la actualización del IBL de
una mesada pensional, se debe realizar la indexación de la primera mesada, cuando
su valor se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y por el
fenómeno inflacionario que se puede dar por el paso del tiempo.
38. En ese orden, la indexación ha sido entendida como un derecho43 procedente,
pertinente y necesario44, que se deriva de los principios de justicia, igualdad y
equidad, y de los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución45. También se ha
considerado que es un mecanismo46, distinto del reajuste previsto en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, que está encaminado a evitar que el trabajador soporte los
efectos negativos que la devaluación de la moneda y el fenómeno inflacionario
puedan causar en las sumas de dinero que recibe por concepto de pensión.
39. En cuanto a su aplicación, la jurisprudencia contenciosa-administrativa ha
precisado que procede no solo por vía judicial sino también administrativa, para que
el poder adquisitivo de las mesadas pensionales se mantenga, en garantía de los
principios de equidad y justicia. Al respecto, se ha precisado lo siguiente:
[…] si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas
adicionales a las que por ley le corresponde, no pueden desconocerse
mandatos preconizados en la Constitución de 1991, contenidos en el artículo
53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos fundamentales del
derecho al trabajo se encuentran la remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello es entonces una expresión
de equidad que impone que el pago del salario debe ser oportuno, dada la
inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, que hace imperioso
el pago del salario en forma concomitante con el desarrollo de la relación
laboral, dentro de los períodos concebidos para tal fin.47
40. De acuerdo con lo anterior, esta corporación ha concluido que la actualización
de las pensiones —ordinarias o especiales— garantiza los principios de equidad y
justicia social y protege el mínimo vital de los adultos mayores, por cuanto promueve
la conservación del poder adquisitivo de la prestación. Por esta razón, también ha
considerado que la indexación se debe emplear en virtud del principio pro homine
«para la aplicación de las normas que le sean más favorables a la persona y al goce
efectivo de sus derechos»48.
41. Por lo anterior, y en la medida en que se trata de un derecho y de un mecanismo
para evitar los efectos negativos de la inflación, las entidades encargadas del
reconocimiento de prestaciones deben asegurar que los componentes del IBL
43 Corte Constitucional, sentencia T-799 de 2007, reiterada en el fallo del 7 de marzo de 2013, dictado por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con
número de radicado 76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-11).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
11 de febrero de 2021, rad. núm. 11001-03-25-000-2014-00235-00(0701-14).
45 Ibidem.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7
de marzo de 2013, rad. núm. 76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-11).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2006, rad. núm. 73001-23-
31-000-2002-00720-01 (5116-05).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, rad. núm. 2013-
00223-01 (3173-15).
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preserven el valor al momento de la liquidación, con lo cual deben adoptar fórmulas
que aseguren la capacidad adquisitiva, potencialmente afectada por el transcurso
del tiempo.
42. En este escenario, la actualización aplica cuando el retiro del servicio ocurre
antes de la adquisición del estatus, pues en este evento resulta necesario
«mantener» el valor de lo devengado tiempo atrás con la aplicación de fórmulas que
preserven la capacidad adquisitiva al momento del reconocimiento, operación que
se realiza mediante la indexación de la primera mesada. Al respecto, la
jurisprudencia ha considerado lo siguiente49:
La indexación de la primera mesada se justifica cuando, tras el retiro del
servicio en un año especifico, el pensionado completa los requisitos para
acceder al derecho pensional en un año o más después del retiro, momento
en el cual el salario base para la liquidación de la pensión podría haber perdido
el valor. No obstante, en situaciones como la analizada, donde el retiro del
servicio y el cumplimiento de todos los requisitos para la pensión ocurrieron en
el mismo año, y el reconocimiento también se realizó en ese año, no se puede
hablar de pérdida del poder adquisitivo del ingreso base de liquidación, ya que
no ha transcurrido un periodo que permita dicha depreciación.
43. En línea con la citada jurisprudencial, la actualización del valor de lo devengado
aplica, igualmente, (i) cuando el reconocimiento de la pensión no ocurre en el mismo
año en que se adquiere el estatus o (ii) cuando el IBL se reliquida con la inclusión
de factores devengados un año antes o más de dicha reliquidación, pues, en los
dos eventos, el poder adquisitivo de la moneda resulta disminuido por el paso del
tiempo entre el momento en que se deja de percibir el salario o uno de los
emolumentos devengados y la fecha en que se reconoce la prestación o se
reliquida. Estos escenarios han sido descritos, así50:
Si bien la normativa no contempla la actualización de la base salarial para el
reconocimiento y pago de pensiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha aceptado que en economías inestables como la nuestra el mecanismo de
la indexación de las obligaciones dinerarias se convierte en un factor de
equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias, pues
cualquier reconocimiento sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero,
resulta inequitativo porque es indiscutible en algunos casos la pérdida del valor
adquisitivo que ocurre entre la fecha en que el pensionado se retira del servicio
y la fecha en que adquiere el estatus pensional y/o se reconoce la pensión, lo
que hace que la prestación se liquide con montos empobrecidos.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2013, exp. 2008-01205-
01. En igual sentido, sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, del 23 de mayo de 2018.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 2012-
90097-01 (1951-2014).
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4.6.2. Análisis de la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003
44. La UGPP formuló la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, porque, a su juicio, las sentencias de instancia ordenaron la indexación de
la pensión gracia de la señora Lozano Rojas sin tener en cuenta que, en su caso,
no había lugar a ello, por cuanto no transcurrió un lapso en el que el valor de su
mesada se hubiera visto afectada por cambios inflacionarios de la moneda.
45. En ese orden, la Sala recuerda que la pensión gracia fue creada mediante la
Ley 114 de 1913, como una prestación vitalicia para los maestros de escuelas
oficiales que prestaron el servicio en el magisterio, que posteriormente fue extendida
a los empleados y a los profesores de las escuelas normales, a los inspectores de
instrucción pública, y a los maestros que hubieran completado servicios docentes
en establecimientos de enseñanza secundaria.
46. Para su reconocimiento era necesario acreditar, además de la edad —50
años— y del tiempo de servicio —20 años—, que se había desempeñado el empleo
con honradez y consagración y que no se percibía alguna otra pensión o
recompensa de carácter nacional. Se trataba entonces de una prestación especial
que no se regía por las normas del régimen general anterior establecido en las
Leyes 33 y 62 de 1985, sino por la normativa específica dispuesta en las Leyes 116
de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.
47. Bajo el marco jurídico expuesto, en el presente asunto se observa que el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la sentencia objeto de revisión dictada
el 24 de octubre de 2019, expuso el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional en materia de la indexación o actualización y con base
en tales pronunciamientos resolvió el caso concreto.
48. En esa medida, concluyó que el fallo de primera instancia, que concedió la
indexación debía confirmarse, por cuanto encontró acreditada la pérdida de poder
adquisitivo en atención a lo siguiente51:
[L]a entidad encargada de efectuar el pago de la pensión, está obligada a
establecer la base de la liquidación de la prestación, preservando su poder
adquisitivo; circunstancia que no se presenta en el caso que nos ocupa, por
cuanto del análisis que se hace del acto administrativo del reconocimiento
pensional se evidencia, que si bien los factores salariales que se tuvieron en
cuenta para liquidar la pensión gracia de la actora, fueron los devengados por
ésta en el año anterior a la adquisición del status de pensionada, el
reconocimiento de la prestación se hizo un año 8 meses y 7 días (23 de enero
de 2006) después de acreditar el cumplimiento de los requisitos para tener
derecho a la pensión (16 de enero de 2004), lo que le genera una devaluación
en su ingreso base de liquidación, razón por la cual resulta imperativo la
51 Sentencia de segunda instancia proferida el 24 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó,
visible en: Samai, índice 25, archivo «23RECIBE MEMORIAL_1320-2021RESPUESTA A(.pdf) NroActua 25»,
páginas 230 a 245.
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aplicación de la indexación, circunstancia que nos lleva a confirmar el fallo
apelado.
49. Pues bien, frente a lo anterior, la Sala observa que la indexación o actualización
se sustentó en la devaluación de la asignación devengada por la actora al momento
de cumplir el estatus pensional, esto es, el 16 de mayo de 2004, y la tenida en
cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia ocurrido el 23 de enero de 2006.
En efecto, la Resolución 002337 de 23 de enero de 2006, muestra que la pensión
fue reconocida con la asignación devengada por la actora en el año anterior a la
fecha del estatus sin actualizar las sumas, pues no aplicó fórmula alguna para llevar
a valores de 2006 el emolumento devengado en 2003 y 2004, tal y como consta en
el acto administrativo, así:
Asignación básica 2003 $ 10,939,363.20
Asignación básica 2004 $ 6,635,684.80
Total= $ 17,565,048.00
Pensión: $ 1,463,754.00 x 75 % = $ 1,097,815.50
50. La Resolución 33277 de 23 de julio de 2008, por medio de la cual la entidad
recurrente reliquidó la pensión, también evidencia que los factores incluidos en el
IBL no fueron actualizados a valores del año 2008, dado que no aparece operación
alguna que acredite la indexación que requerían dichas sumas para asegurar la
conservación del poder adquisitivo, tal como se muestra a continuación:
Asignación básica 2003 $ 10,929,363.20
Asignación básica 2004 $ 6,635,684.80
Prima de navidad 2003 $ 1,585,071.00
Prima extraordinaria 2003 $ 731,877.00
Prima de alimentación 2003 $ 732.039.00
Prima de alimentación 2003 $ 2,419.20
Prima de alimentación 2004 $ 1,468.80
Total= $ 20,617,923.00
51. De lo anterior se observa que la reliquidación tuvo en cuenta los emolumentos
devengados en 2003 y 2004 sin aplicar fórmula alguna de actualización de dichas
sumas para mantener el valor al momento de la integración del IBL reliquidado el
23 de julio de 2008. Tanto es así, que las sumas devengadas por concepto de
asignación básica en 2003 y 2004, correspondientes al año de servicio anterior al
estatus de pensionada, coinciden en el año 2006, cuando se reconoció la
prestación, y en el año 2008 cuando se reliquidó con nuevos factores que tampoco
fueron actualizados.
52. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y
contenciosa-administrativa citada en precedencia, la indexación o actualización de
la mesada de la actora, ordenada en la sentencia objeto de revisión, resultaba
procedente, pues la pensión fue reconocida y liquidada con montos empobrecidos
por el tiempo transcurrido entre la adquisición del estatus y el reconocimiento
pensional mayor a un año, así como el que pasó hasta la reliquidación de la
prestación.
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4.7. Conclusión
53. Los actos administrativos por medio de los cuales la entidad recurrente reconoció
la pensión gracia y reliquidó el IBL con la inclusión de factores devengados en el
año anterior a la adquisición del estatus (2003-2004) demuestran que la indexación
o actualización de la mesada ordenada en la sentencia cuestionada resultaba
procedente para corregir la depreciación causada por el tiempo transcurrido entre
la fecha de exigibilidad del derecho (16 de mayo de 2004), el reconocimiento (26 de
enero de 2006) y la reliquidación (23 de julio de 2008).
54. Por consiguiente, la causal de revisión sustentada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, se desestima, en razón a que el valor de la mesada pensional
que la sentencia objeto de revisión ordenó actualizar no excede lo debido de
acuerdo con la ley.
55. En este orden, la Subsección concluye que la sentencia del 24 de octubre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el fallo del 14
de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la
Ley 797 de 2003, motivo por el cual, declarará infundada la acción especial de
revisión formulada por la UGPP.
4.8. Costas
56. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
57. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
58. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que se ventila
un interés público, pues la entidad legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio
y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito que motivó
al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de revisión contra
sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en detrimento del erario52.
52 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. núm.
11001-03-15-000-2019-01749-00; Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, rad.
núm. 11001-03-15-000-2020-02983-00; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023,
rad. núm. 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandada: Antonia Lozano Rojas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social con el fin de que se infirme la sentencia del 24 de octubre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 27001-33-33-003-2014-
0832-01.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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