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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00792-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00792-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, contra la sentencia del 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó parcialmente la providencia del 15 de julio de 2015, dictada por el Juzgado 12 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33- 35-010-2013-00706-00/01. SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. TERCERO. Sin condena en costas. CUARTO. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00792-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00792-00 (2408-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00792-00 (2408-2020).
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP).
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz.
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003.

Tema: causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la Sala
procede a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión 1 prevista en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada contra la sentencia del 31 de agosto
de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B2; decisión por medio de la cual se confirmó el fallo del 15 de julio de 2015 del Juzgado
Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en el que se
concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP)
solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes
mencionada, porque considera que incurrió en las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Lo anterior, porque en su criterio, Zoraida
María Rodríguez Ruiz no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación
con la inclusión, en el ingreso base de liquidación, de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, puesto que este debe establecerse
según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. Zoraida María Rodríguez Ruiz, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el FONCEP con el fin de que se

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, rad. núm.: 11001-03-25-000-2012-00561-
00 (2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Alberto Espinosa Bolaños. Rad. núm. 11001-33-35-010-2013-00706-00/01.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00792-00 (2408-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 2013EE6980 del 15
de julio de 2013, por medio del cual se le negó la reliquidación de su pensión de
jubilación. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordenara a la
parte demandada reliquidar la referida prestación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, de conformidad con la Ley 33 de
1985.

2.2. Sentencia de primera instancia3

2. El Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 15 de julio de 2015, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del [o]ficio 2013EE6980 del 15 de julio de 2013 […].

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES “FONCEP”, a reliquidar la pensión de vejez
reconocida a la señora ZORAIDA MARÍA RODRÍGUEZ RUIZ […], en [una] cuantía
equivalente al 75% del promedio de los factores de salario devengados en el último año
de servicio, esto es, entre el 1 de abril de 1996 y el 31 de marzo de 1997, sobre los
factores equivalentes a: sueldo, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, prima de
antigüedad, prima de riesgo, recargo nocturno, horas extras festivas, 1/12 de la prima de
servicios, 1/12 de la prima de navidad y 1/12 de la prima de vacaciones, [en aplicación]
de los reajustes legales correspondientes, a partir del 23 de septiembre de 2010».

3. La referida autoridad judicial indicó que la señora Rodríguez Ruiz era beneficiaria del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, toda vez que a la fecha de
entrada en vigencia, tenía más de 35 años de edad y más de 15 años de servicio. En
ese orden, advirtió que en el expediente quedó demostrado que la entonces
demandante, en el último año de servicio —del 1 de abril de 1996 al 31 de marzo de
1997—, devengó los factores salariales de asignación básica, auxilio de alimentación,
subsidio de transporte, recargo nocturno, horas extras festivas, y las primas de
antigüedad, riesgo, servicios, navidad y vacaciones. Por lo anterior, concluyó que la
pensión debía ser liquidada con el 75% del promedio de las asignaciones devengadas
en el último año de servicio, con inclusión de los factores mencionados, de forma
proporcional.

2.3. Sentencia de segunda instancia4

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó el fallo de primera instancia, en sentencia del 31 de agosto de 2017. Al
sustentar su decisión, expuso que la señora Rodríguez Ruiz era beneficiaria del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, en la medida en que cumplió
55 años de edad el 23 de septiembre de 2010 y contaba con 20 años de servicio,
motivo por el cual, concluyó que el régimen aplicable a su pensión era aquel previsto
3 Samai, índice 17, archivo «18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 17», páginas 9 a 28.
4 Samai, índice 17, archivo «18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 17», páginas 31 a 44.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00792-00 (2408-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

en las Leyes 33 y 62 de 1985, en su integridad. En ese sentido, indicó que, de acuerdo
con las mencionadas normas, su pensión debía ser liquidada con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicio.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda5

5. El FONCEP, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
antes descrita, por la presunta configuración de las causales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 20036 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Que se revoque la sentencia objeto de revisión.

(ii) Que se declare que Zoraida María Rodríguez Ruiz no tiene derecho a la reliquidación
de la pensión con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicio.

(iii) Que se ordene efectuar la reliquidación y pago de la pensión de Zoraida María
Rodríguez Ruiz, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 o de
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores
salariales expresamente indicados en el Decreto 1158 de 1994, y con una tasa de
reemplazo del 75%.

6. En relación con la causal a), la entidad afirmó que la decisión cuestionada vulneró
su derecho al debido proceso, por cuanto no tuvo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, respecto de la liquidación del IBL y de los
factores salariales que se debían tener en cuenta para ello. Explicó que en la sentencia
objeto de revisión se ordenó la reliquidación de la pensión, a partir de una
interpretación errada del régimen de transición establecido en la Ley 100, y en omisión
de lo que había sido probado en el proceso ordinario. Agregó, que se desconocieron
los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 (inciso 2) y 124 de la Constitución.

7. Frente a la causal b), el FONCEP indicó que la cuantía del derecho reconocido
excedía lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la demandada no le asistía
derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio. Lo anterior, en la medida en que el
IBL debía calcularse de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es decir, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales

5 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-DemandayAnexos(.pdf) NroActua 3».
6 Ley 797 de 2003, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo
hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. // La revisión se tramitará
por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse
en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: // a) Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
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Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Resaltó, que la decisión cuestionada desconoció el precedente establecido en los
fallos C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU- 210 de
2017, SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014
y 229 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20187 dictada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado.

Por otro lado, afirmó que el fallo objetado afectó la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, porque generaron un aumento del 55.2% de la mesada pensional de la
señora Rodríguez Ruiz sin justificación alguna. Destacó, que dicha situación configuró
un abuso palmario del derecho, como consecuencia de la equivocada interpretación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y del desconocimiento del precedente
vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma de calcular el IBL de las pensiones
de los beneficiarios del régimen de transición.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

8. Esta corporación, en auto del 30 de septiembre de 20218, requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que allegara constancia de ejecutoria de la
sentencia del 31 de agosto de 2017. Cumplido con lo anterior, mediante auto del 18 de
agosto de 20229, admitió la acción especial de revisión interpuesta por el FONCEP y
ordenó notificar personalmente a Zoraida María Rodríguez Ruiz y al Ministerio Público.
Sin embargo, Zoraida María Rodríguez Ruiz y el Ministerio Público guardaron silencio.

9. Esta corporación, en auto del 28 de agosto de 202410, abrió la etapa probatoria del
proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 254 del CPACA. Así mismo, indicó
que tendría como pruebas los documentos que fueron aportados al expediente y ordenó
que se corriera traslado de aquellas, de conformidad con el artículo 110 del Código
General del Proceso (CGP) y ordenó su notificación en los términos del artículo 205 del
CPACA.

10. La Secretaría General de la Sección Segunda de esta corporación corrió traslado de
las pruebas aportadas al expediente, el 21 de octubre de 2024, por el término de 3
días11. Cumplida esta actuación, el expediente pasó al despacho de la magistrada
ponente para fallo12.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

11. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el inciso

7 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
8 Samai, índice 9, archivo «10_AUTOPARAMEJORPROVEER(.DOCX) NroActua 9».
9 Samai, índice 19, archivo «20_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc) NroActua 19».
10 Samai, índice 31, archivo «30Autoquecorre_24082020ABREPERIODOP(.pdf) NroActua 31».
11 Samai, índice 36, archivo «33TRASLADO_24082020pdf(.pdf) NroActua 36».
12 Samai, índice 37, archivo «34ALDESPACHOPAR_2408pdf(.pdf) NroActua 37».

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Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

2 del artículo 249 del CPACA13. A su vez, la Sección Segunda es competente para
conocer de la acción especial de revisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201914, por tratarse de un asunto de carácter
laboral.

4.2. Oportunidad

12. El último inciso del artículo 251 del CPACA establece que «[e]n los casos previstos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».

13. En el presente asunto, la sentencia del 31 de agosto de 2017 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 24 de mayo de 201815, y la
acción especial de revisión fue presentada el 20 de agosto de 202016, es decir, dentro
del término previsto en la norma citada.

4.3. Legitimación

14. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la acción especial de revisión
procede a solicitud «del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación». Sin embargo, también se ha
considerado que este mecanismo excepcional puede ejercerse por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas presuntamente de manera irregular, como lo indicó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-427 de 2016 así:

«Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de
las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero»17.

15. En ese orden de ideas, y en atención a que el FONCEP es la entidad administradora
encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo
del Distrito Capital18, esta corporación, en varias oportunidades, ha considerado que

13 CPACA, artículo 249. «Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según
la materia. // De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. // Las reglas de competencia previstas en los incisos
anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en
esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
15 Samai, índice 17, archivo «18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 17», página 50.
16 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-DemandayAnexos(.pdf) NroActua 3», página 105.
17 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
18 Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, artículo 65.

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Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

también está legitimado para ejercer la acción especial de revisión19. Además, en el
presente asunto el FONCEP fue la parte vencida dentro del proceso en el que se
profirió la sentencia cuya revocación pretende, lo que corrobora su legitimación en la
causa por activa.

16. Por su parte, Zoraida María Rodríguez Ruiz está legitimada en la causa por pasiva,
dada su condición de demandante del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la providencia cuya revisión fue solicitada.

4.4. Problema jurídico

17. De acuerdo con los planteamientos expuesto en la demanda, la Sala se ocupará
de establecer si la sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca adolece de las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para ello, se deberá dar respuesta al siguiente
problema: ¿la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Zoraida
María Rodríguez Ruiz se obtuvo con violación del debido proceso y/o en cuantía superior
a la prevista por la ley, porque, a juicio de la parte recurrente, la pensión no fue liquidada
de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con la
interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado?

18. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Luego, resolverá el caso concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia20

19. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Su regulación se encuentra establecida en los artículos 248 y siguientes del CPACA,
y su ámbito de acción está restringido a las causales taxativas previstas por el
legislador, las cuales no admiten interpretaciones extensivas21.

20. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»22,
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias

19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2024,

Rad. 11-001-03-25-000-2020-00036-00 (0037-2020) (REV), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00892-00
(2698-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091; 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678; 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02; 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078; 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070; 20 de abril de 1993, Rad. REV-045; y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
22 Cita original, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 27

de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se
indicó:« […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del

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Demandante: FONCEP
Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

judiciales, transacciones o conciliaciones que hubiesen ordenado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La
norma en cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

21. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que lo
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado23 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia24.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado25.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social26.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde27.

recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]» (subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
23 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión

Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
25 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia

del 1 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,

sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
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22. A partir de los antecedentes históricos, la acción especial de revisión originada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así
hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme a la exposición de
motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación»28.

23. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200329, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acreditar que el reconocimiento pensional se efectuó
con desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 30.

24. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

«[…] El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]”.

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
Ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
29Ley 797, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública. […] La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en
el mismo código y además: // a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
30 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,

sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular»31.

25. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

26. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

4.6. Análisis del caso concreto

27. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló con el objeto de definir si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a
la demandada se obtuvo con violación al debido proceso y en una cuantía superior a
la prevista por la ley. Lo anterior, porque a juicio del ente recurrente, la pensión no se
liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 y con la
interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado.

28. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) Zoraida María Rodríguez Ruiz nació el 23 de septiembre de 195532 y prestó sus
servicios para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el cargo de
comandante VIII-A, entre el 25 de junio de 1974 hasta el 30 de marzo de 199733.
Durante el último año de servicio devengó los siguientes factores salariales: asignación
básica, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, prima de antigüedad, prima de
riesgo, recargo nocturno, horas extras festivas, prima de servicios, prima de navidad y
prima de vacaciones34.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
32 Cédula de ciudadanía de Zoraida María Rodríguez Ruiz, visible en: Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-

DemandayAnexos(.pdf) NroActua 3», página 93.
33 Información que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó de los siguientes documentos: (i) Resolución

núm. 0113 del 17 de enero de 2011 expedida por el FONCEP, (ii) certificado de información laboral y (iii) certificación
laboral núm. STT-No. 62-2013 expedida por el subdirector de proyectos especiales de la Secretaría de Hacienda
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., visible en: Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-DemandayAnexos(.pdf)
NroActua 3», página 78.
34 Información que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó de los salarios devengados mes a mes por la

señora Rodríguez Ruiz, visible en: Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-DemandayAnexos(.pdf) NroActua 3»,
página 79.
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(ii) Al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para
los servidores públicos del orden territorial35, la señora Rodríguez Ruiz tenía más de
20 años de servicio, motivo por el cual estaba amparada por el régimen de transición
de la citada ley.

(iii) El FONCEP, en Resolución 0113 del 17 de enero de 2011, reconoció a favor de la
señora Rodríguez Ruiz la pensión de jubilación en una cuantía de $1.219.761, a partir
del 23 de septiembre de 2010, fecha en la que cumplió 55 años de edad y adquirió el
derecho.

(iv) Posteriormente, la señora Rodríguez Ruiz solicitó la reliquidación de su pensión
con el IBL de lo devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los
factores salariales. El FONCEP negó esa petición mediante oficio 2013EE6980 del 15
de julio de 2013.

(v) El acto administrativo contenido en este último oficio fue declarado nulo por la
sentencia cuya revisión fue solicitada en este trámite. En esta decisión se concluyó
que no era de recibo argumentar, que en la aplicación del régimen de transición, el
periodo de liquidación y los factores salariales no eran aquellos definidos por la Ley 33
de 1985, sino los previstos por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Lo
anterior, en la medida en que la Ley 33 debía ser aplicada en su integridad, y en ese
orden, la pensión debía ser reliquidada con el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

29. La entidad demandante consideró que la sentencia cuestionada incurrió en las
causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. A su juicio,
en virtud de la interpretación autorizada por la Corte Constitucional del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, los únicos requisitos que se rigen por las normas
anteriores, para efectos del reconocimiento y pago de las pensiones, son la edad, el
tiempo de servicio y la tasa de reemplazo, mientras que al IBL le aplican las normas
establecidas en la Ley 100.

30. Expuestas las causales alegadas y los hechos relevantes de la controversia, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

«91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
35 Ley 100 de 1993, artículo 151. «Vigencia del sistema general de pensiones. […] // Parágrafo. El Sistema General

de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar
el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»
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del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en

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materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base»36.

32. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, los beneficiarios de la
transición que tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley
33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en cuanto al tiempo de
servicios, edad y tasa de reemplazo. Sin embargo, el ingreso base de liquidación
aplicable es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según
sea el caso.

4.6.2. Verificación de las causales de revisión invocadas

• Respecto a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 – violación al debido proceso

33. En el presente asunto, el FONCEP manifestó que se configuró la causal establecida
en el literal a) porque la decisión judicial acusada es contraria a la ley y a la
jurisprudencia, en la medida en que aumentó la mesada pensional sin fundamento
constitucional o legal alguno, por cuanto desconoció los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. Agregó que, en el caso de la señora
Rodríguez Ruiz, como beneficiaria del régimen de transición, para establecer el IBL se
aplican los artículos 21 y el 36 de la Ley 100 de 1993.

34. De acuerdo con lo expuesto en el acápite del marco normativo de esta providencia,
la acción especial de revisión no constituye una tercera instancia para reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, en tanto se limita a revisar los aspectos en los que
fue reconocida. En particular, la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 fue prevista para analizar si el reconocimiento de aquella se dio con
vulneración al debido proceso. En ese sentido, la parte demandante tiene la carga de
demostrar los elementos sobre los cuales sustenta su petición y de acreditar que el
reconocimiento pensional se efectuó con desconocimiento del referido derecho
constitucional.

35. Así, revisada la demanda presentada por el FONCEP se advierte que no cumplió
con la carga argumentativa que le correspondía respecto de la violación del derecho
al debido proceso, comoquiera que no hizo referencia a elemento alguno que la Sala
deba revisar, en atención al desconocimiento de las garantías constitucionales que se
debían atender, a saber: (i) que el medio de control hubiese sido decidido por un juez
sin competencia; (ii) que se hubiese desconocido el procedimiento propio del asunto;
o (iii) que no hubiese tenido oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
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contradicción en el trámite procesal.

36. Lo anterior obedece a que, en lugar de dar cuenta de una situación constitutiva de
una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta omisión por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la aplicación de las normas y de la
jurisprudencia que prevén los criterios que se deben tener en cuenta para liquidar la
pensión, lo que corresponde a un aspecto del fondo del asunto, que por cierto, fue
ampliamente debatido y decidido en el proceso ordinario, y que no está llamado a
reabrirse por vía de la acción especial de revisión, pues se insiste que no constituye
una tercera instancia al proceso ordinario.

37. Por ende, en la medida en que los fundamentos antes analizados no tienen relación
con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará que
no se configura la mencionada causal de revisión.

• Sobre la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 –
la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley

38. El FONCEP formuló la causal prevista en el literal b), por los mismos argumentos
expuestos al sustentar la causal a), a saber, que la sentencia cuestionada no tuvo en
cuenta que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
está regido por los artículos 21 y 36 ibidem y por el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994, respecto de los factores salariales. Agregó, que existió un abuso palmario del
derecho, por cuanto la reliquidación de la pensión fue irregular y concedió ventajas
irrazonables a la señora Rodríguez Ruiz, en la medida en que generó un incremento
del 55.2% de su mesada pensional.

39. Ahora bien, cabe destacar que para esta Subsección, el estudio de la causal bajo
examen requiere el análisis del criterio jurisprudencial vigente para la fecha en que la
decisión cuestionada fue dictada. Lo anterior, de conformidad con los efectos de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo, en la que consideró, expresamente, por un lado, que «debe precisarse
que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables». Por otro, que «las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento
en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden
considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».

40. En el mismo sentido, en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 11
de junio de 2020 CE-SUJ-S2-021-20 se explicó que los conflictos judiciales resueltos
están amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la
seguridad jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.

41. Frente a lo anterior, cabe precisar que desde el año 2010 y hasta el cambio de
jurisprudencia introducido con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de
la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, la Sección Segunda de esta
corporación aplicaba las reglas establecidas en el fallo de unificación del 4 de agosto
de 2010. De acuerdo con esta última decisión, quienes hubiesen obtenido la pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, al ser beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, tenían derecho a la aplicación integral del régimen
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anterior, y a que se tuvieran en cuenta todos los conceptos devengados por el
trabajador en el último año de servicio, en la medida en que el artículo 3 de la Ley 33
de 1985 no estableció, de forma taxativa, los factores que hacían parte del IBL.

42. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia
el 31 de agosto de 2017, en la que destacó el desarrollo jurisprudencial del IBL en la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, e hizo énfasis en que compartía la
posición del órgano de cierre, expuesta en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, respecto a que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 se les aplicaba en su integridad el régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a
la edad, el tiempo de servicio, el monto de la pensión y los factores salariales
percibidos por la actora de forma periódica y como retribución directa del servicio.

43. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca —que confirmó la decisión de incluir en la
reliquidación pensional todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio— siguió la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular.
Así, en este caso, prevalece la fuerza de cosa juzgada.

44. Con todo, la Sala no pierde de vista que para el momento en que se dictó la
sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional defendía una
tesis contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Sin embargo, tal y como se expuso, en el margen de la autonomía funcional, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca decidió acogerse a la postura del tribunal supremo
de lo contencioso-administrativo (art. 237 de la C.P.); situación que resulta razonable
y que no es constitutiva de una circunstancia que permita acreditar la configuración de
la causal bajo estudio.

45. Por otro lado, el FONCEP indicó que se configuró un abuso palmario del derecho,
toda vez que la señora Rodríguez Ruiz obtuvo una ventaja irrazonable en el
incremento de su pensión. Al respecto, cabe destacar que la procedencia de las
causales de revisión debe ser interpretada de conformidad con la facultad de revisión
de los reconocimientos pensionales, que afectan los principios de solidaridad y
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

46. En cuanto al abuso del derecho en materia pensional, la Corte Constitucional, en
la sentencia C-258 de 2013, indicó que se debe demostrar la existencia de un gran
incremento de los ingresos que no corresponda a la vida laboral y que represente un
salto abrupto en relación con los salarios recibidos en toda la vida productiva. En otras
palabras, precisó que «los incrementos significativos de los ingresos del servidor en
sus últimos años de servicios —incremento que escapa el sendero ordinario de su
carrera salarial— conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los
aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la
obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

47. En el caso concreto, el FONCEP no acreditó la configuración del abuso del derecho
en la reliquidación pensional, en la medida en que no demostró que el incremento de
la mesada pensional ordenado en la providencia cuestionada hubiese aumentado
significativamente, sin guardar relación con los salarios recibidos por la señora
Rodríguez Ruiz en su vida laboral. Por el contrario, manifestó que la mesada pensional
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tuvo un incremento del 55.2%, y con el fin de sustentar tal afirmación, aportó una
certificación37 en la que consta lo siguiente:

48. Al analizar la anterior información, no se advierte que el incremento en la mesada
pensional hubiese obedecido a una circunstancia constitutiva de abuso del derecho, o
contraria a la realidad laboral de la señora Rodríguez Ruiz.

49. Por otro lado, y a propósito de la causal bajo examen, se observa que en algunos
apartes de la demanda, el FONCEP hizo alusión al respeto de la tasa de reemplazo
del 75% establecida en el Decreto 546 de 197138, a pesar de que esta norma no fue
objeto de estudio en la decisión judicial objeto de revisión.

50. En consecuencia, la Subsección declarará infundada la acción especial de revisión
bajo examen, en la medida en que la causal bajo análisis tampoco se encuentra
configurada.

4.7. Costas

51. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al CGP.

52. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

53. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto. Por un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
37 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-DemandayAnexos(.pdf) NroActua 3», página 36.
38 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
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Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

pensional en detrimento del erario39. Por otro, porque no se advierte que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

4.8. Conclusión

54. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión, porque no se configuraron las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, contra la sentencia del
31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que confirmó parcialmente la providencia del 15 de
julio de 2015, dictada por el Juzgado 12 Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-
35-010-2013-00706-00/01.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

TERCERO. Sin condena en costas.

CUARTO. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

39 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-

15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandado: Zoraida María Rodríguez Ruiz

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del
CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMOG/JCBB

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