Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00248-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00248-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00248-00 (1542-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Elkin Pascasio Mesa Laverde
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00248-00 (1542-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandada: Elkin Pascasio Mesa Laverde
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia del 25 de mayo
de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a dictar
sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 presentada por Pensiones de
Antioquia, por intermedio de apoderado judicial, en la cual se invocaron las causales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pretende que se infirme la sentencia
del 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia2,
mediante la cual se ordenó la reliquidación de la prestación pensional del señor Elkin
Pascasio Mesa Laverde.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Elkin Pascasio Mesa Laverde, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el departamento de Antioquia
y Pensiones de Antioquia con la finalidad de declarar la nulidad de los actos
administrativos 008277 del 29 de septiembre de 2011, 008943 del 5 de diciembre de
2011 y 000074 del 4 de enero de 2013, expedidos por Pensiones de Antioquia, por
medio de los cuales se negó la reliquidación de su prestación pensional de vejez.
1
Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
2
M.P. Pilar Estrada González, demandante: Elkin Pascacio Mesa Laverde, demandada: Pensiones de Antioquia y
Departamento de Antioquia, radicación: 05001-33-33-029-2013-00305-01.
1
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00248-00 (1542-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Elkin Pascasio Mesa Laverde
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reliquidar la pensión teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985,
esto es, la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios,
con la consecuente indexación.
3. El demandante manifestó que: (i) laboró en el sector público, teniendo como
último empleador el departamento de Antioquia; (ii) era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le resultaban
aplicables las disposiciones de la Ley 33 de 1985; (iii) a través de la Resolución núm.
000529 de 27 de octubre de 2008 Pensiones de Antioquia le reconoció una prestación
pensional de vejez; y (vi) para el momento de su retiro definitivo del servicio, Pensiones
de Antioquia liquidó en forma definitiva sus prestaciones sociales considerando todos
los factores salariales devengados, los cuales también debieron ser considerados en
su totalidad al momento de calcular el ingreso base de liquidación de su pensión.
4. Citó como disposiciones violadas los artículos 1 de la Ley 33 de 1985 y 36 de la
Ley 100 de 1993. En el concepto de violación indicó que por ser beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y según lo ordenado en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
tiene derecho a que su prestación pensional sea liquidada con inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, lo que incluye la
asignación básica y la totalidad de los conceptos de pago que constituyen salario.
1.2 Actuaciones procesales relevantes
5. La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, la cual se admitió por auto del 30 de abril
de 20133.
6. Pensiones de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que,
en cuanto a los factores salariales del ingreso base de liquidación pensional, resultaba
aplicable lo previsto en las sentencias T-158 de 2006 y T-1225 de 2008 según las cuales
el ingreso base de liquidación que se debe tener en cuenta al momento de reconocer
una pensión es el previsto en el inciso 3, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es,
el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho, si
fueron menos de 10 años o el cotizado durante todo el tiempo si fuere superior a 10
años4.
7. Con posterioridad, a través de providencias del 5 de septiembre de 2013 se admitió
el llamamiento en garantía realizado por Pensiones de Antioquia respecto del
departamento de Antioquia; el 25 de junio de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial y
3
Folios 19 y 20 del expediente físico.
4
Samai, índice 9, 11_ed_cd folio 6 bis_elkin pascasio mesa laverde.pdf.
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Demandado: Elkin Pascasio Mesa Laverde
se corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente. Finalmente, se dictó
sentencia de primera instancia.
1.3 Sentencia de primera instancia
8. Concluida la etapa de alegaciones, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del
Circuito de Medellín dictó sentencia el 28 de julio de 20155, en la que declaró: (i) no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
departamento de Antioquia; (ii) la nulidad de los actos administrativos demandados; (iii)
y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación de la pensión del
señor Elkin Pascasio Mesa Laverde, con las siguientes consideraciones:
9. Se determinó que, Pensiones de Antioquia reconoció una pensión de vejez al
señor Elkin Pascasio Mesa Laverde, mediante la Resolución No. 000529 de 2008, sin
incluir en el ingreso base de liquidación todos los factores salariales legales
devengados durante el último año de servicio, lo que fundamentó las solicitudes de
reliquidación que previamente había formulado.
10. En el análisis, efectuado por esa instancia judicial, se pudo establecer que el
señor Mesa Laverde era beneficiario del régimen de transición, previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por lo que su situación pensional estaba gobernada por las
previsiones de la Ley 33 de 1985 y, en consecuencia, la prestación pensional
reconocida debió liquidarse con base en el promedio del último año de servicio,
considerando factores salariales de creación legal como la prima de navidad y de
vacaciones, pero excluyendo factores extralegales como la prima de vida cara.
11. Como consecuencia de lo anterior, se dispuso la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos que negaron la reliquidación, así como la nulidad parcial de las
resoluciones que inicialmente reconocieron la pensión, sin incluir todos los factores
salariales legales, corrigiendo la base de cálculo que se tuvo en cuenta para establecer
el promedio devengado durante el último año de servicio.
12. En ese orden, dispuso la sentencia que Pensiones de Antioquia debía reliquidar
la pensión del demandante únicamente con base en factores salariales legales del
último año de servicio, garantizando así una correcta aplicación de la normativa
vigente, excluyendo las prestaciones extralegales y declarando prescritas las
diferencias sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 6 de
noviembre de 2009. Asimismo, se precisó que para garantizar el equilibrio financiero,
Pensiones de Antioquia debía calcular y descontar las sumas correspondientes por los
aportes no realizados por el demandante, pero solo en el porcentaje que legalmente
le correspondía asumir como trabajador.
5
Folio 21 a 33 del expediente físico.
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13. Inconforme con esta decisión, Pensiones de Antioquia y el departamento de
Antioquia interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron
resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia como pasa a explicarse.
1.4. Sentencia de 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia del 25 de mayo de 20176, al decidir los recursos de apelación formulados por
el departamento de Antioquia y Pensiones de Antioquia, respectivamente, modificó la
decisión de primera instancia para precisar los términos en que debía reliquidarse la
prestación pensional del demandante, con los siguientes argumentos:
15. Con las pruebas obrantes en el proceso, estableció que el señor Elkin Pascasio
Mesa Laverde inició labores en el sector público el 18 de diciembre de 1974, trabajó
hasta el 27 de noviembre de 2003 y, finalmente, mediante la Resolución núm. 000529
de 2008, se reconoció su pensión de vejez conforme al régimen de prima media con
prestación definida.
16. Inconforme con el reconocimiento pensional efectuado en 2008, el demandante
solicitó la reliquidación de su pensión con inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio. Dicha solicitud fue resuelta en 2009
sin ajustarse completamente a los parámetros de la Ley 33 de 1985.
17. Señaló el Tribunal que, al cumplir 55 años de edad el 27 de noviembre de 2006,
y superar los 40 años al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
señor Mesa Laverde es beneficiario del régimen de transición, aplicándosele lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985 respecto a edad, tiempo de servicio y monto pensional.
18. En este punto, explicó que el caso en estudio debía resolverse con base en
jurisprudencia del Consejo de Estado (4 de agosto de 2010), según la cual la
liquidación pensional debe incluir todos los factores salariales de origen legal
devengados en el último año de servicio, excluyendo los de carácter extralegal, como
la bonificación por recreación.
19. Verificada la documentación aportada, el Tribunal determinó que el último año de
servicio del señor Elkin Pascasio Mesa Laverde corresponde al periodo del 27 de
noviembre de 2007 al 27 de noviembre de 2008. Durante este tiempo, se acreditó que
devengó prima de vacaciones e incentivo por antigüedad, ambos considerados
factores salariales de origen legal.
20. Por lo anterior, la sentencia del Tribunal modificó la decisión de primera instancia
6
Folio 39 a 60 del expediente físico.
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en cuanto al periodo tomado como último año de servicio, excluyendo factores no
probados o extralegales, y ordenó una nueva reliquidación conforme al periodo
correcto y los factores legales acreditados.
21. Finalmente, se revisó el cómputo de prescripción de mesadas pensionales para
decir que la sentencia de primera instancia consideró prescritas las mesadas
anteriores al 6 de noviembre de 2009, sin embargo, la fecha relevante para calcular la
prescripción es el 1 de abril de 2013, cuando se presentó la demanda, toda vez que el
señor Elkin Pascasio Mesa Laverde no la radicó dentro de los «tres años siguientes a
la respuesta que la administración emitió a la primera solicitud de reliquidación
pensional», por lo que se imponía declarar prescritas las mesadas anteriores al 1 de
abril de 2010.
II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda
22. Pensiones de Antioquia, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio
de la acción especial de revisión contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.
23. Invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20037, y formuló las
siguientes pretensiones:
«Solicito la revisión de la sentencia de segunda instancia no. 95 del 25 de mayo de 2017,
expedida dentro del MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMENTO DEL
DERECHO radicado 05 001 33 33 029 2013 00305 01, por el TRIBUNAL
ADMINISTARTIVO DE ANTIOQUIA, en consecuencia, decrete su revocatoria y deniegue
las pretensiones de reliquidación del señor ELKIN PASCASIO MESA LAVERDE». (sic
para toda la cita)
24. A juicio de la recurrente se configura la causal a), del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, porque la sentencia del 25 de mayo de 2017 desconoce el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, configurándose así una vía de hecho.
7
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
5
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25. Explicó que, para efectos de calcular el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas por vía del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el régimen general de
pensiones.
26. En este sentido, el Tribunal incurrió en un yerro al considerar que en el caso
concreto resultaba aplicable la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, ya que esto dio lugar a la
inclusión en el ingreso base de liquidación de factores previstos en disposiciones
legales derogadas por la Ley 100 de 1993.
27. El Tribunal, en su decisión, desconoció el precedente constitucional adoptado en
las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, y con ello vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la hoy accionante y el principio de supremacía
constitucional, lo que da lugar a la prosperidad de la presente acción especial de
revisión.
28. Asimismo, la parte accionante adujo que se configura la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, toda vez que el demandado no tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación con la totalidad de factores salariales devengados en el
último año de servicio, puesto que el ingreso base de liquidación debe calcularse
conforme lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto
1158 de 1994 y las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional.
29. Manifestó que, la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley, en tanto, la reliquidación de la pensión contraviene el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y desconoce los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 19948.
2.2 Actuaciones procesales relevantes
30. Por medio de auto del 29 de octubre de 2019, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la entidad recurrente y personalmente al señor Elkin Pascasio Mesa Laverde9.
31. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó que se
declarara fundado el recurso. Explicó que, de acuerdo con la circular conjunta número
021 de 2017, emitida por el Procurador General de la Nación, se estableció que en
este tipo de asuntos debía acogerse el criterio jurisprudencial de las sentencias C-258
de 2013, SU- 230 de 2015 y SU-395 de 2017, de tal manera que el ingreso base de
liquidación de toda prestación pensional, reconocida por virtud del régimen de
transición, se calculaba con aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 y 36, inciso
8
Folios 1 a 5 del expediente físico.
9
Folios 63 a 64 del expediente físico.
6
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tercero, de la Ley 100 de 199310.
32. Con posterioridad, mediante auto del 20 de mayo de 2021, se ordenó librar
despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Antioquia para que realizara la
notificación personal del auto admisorio de la acción especial de revisión, al señor Elkin
Pascasio Mesa Laverde, conforme lo previsto en el artículo 253 del CPACA, en
concordancia con los artículos 291 a 293 del CGP11.
33. Mediante auto del 24 de febrero de 2022, una vez vencido el término para que la
parte recurrida y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión de la acción
especial de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda y se anunció que «atendiendo a que las pruebas requeridas por la parte
demandante reposan en el expediente, se prescindí[a] del máximo periodo
probatorio»12.
34. Finalmente, el 16 de febrero de 2024, se allegó poder conferido por el señor Elkin
Pascasio Mesa Laverde al abogado Luis Felipe Aricapa Osorio13.
2.3. Contestación a la acción especial de revisión
35. El señor Elkin Pascasio Mesa Laverde guardó silencio dentro de la oportunidad
procesal concedida para contestar la presente acción especial, según consta en los
índices 45 y 46 del expediente, en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
36. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA14.
37. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201915,
por tratarse de un asunto de carácter laboral.
10
Folios 70 a 74 del expediente físico.
11
Folio 77 del expediente físico.
12
Folio 81 del expediente físico.
13
Se reconoce personería mediante auto de 16 de mayo de 2024. Samai, índice 48.
14
«Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
15
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
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3.2. Oportunidad
38. Pensiones de Antioquia invocó como causales de revisión las previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y teniendo en cuenta que la
sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del
CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta normativa
que precisa lo siguiente:
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de
la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio […].
39. En el presente caso, la sentencia del 25 de mayo de 2017 se notificó a través de
mensaje de datos enviado el 30 de mayo de 2017, en ese orden, cobró ejecutoria el 2
de junio de esa anualidad16.
40. Por consiguiente, la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente el 19 de
febrero de 201917, pues se presentó antes del 2 de junio de 2022.
3.3. Problema jurídico
41. Conforme a los planteamientos expuestos en la demanda de revisión
interpuesta por Pensiones de Antioquia, corresponde a la Sala determinar si en el
presente asunto se configuran las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y, por tanto, es procedente infirmar la sentencia del 25 de
mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia,
se debe establecer lo siguiente:
(i) ¿Si la sentencia del 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de Pensiones de Antioquia?
(ii) ¿Si la cuantía del derecho reconocido a Elkin Pascasio Mesa Laverde
excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación
de una pensión de vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993?
42. En este orden de ideas, para resolver los problemas planteados, la Sala
analizará las generalidades de la acción especial de revisión; el alcance de las
16
Folio 18 del expediente físico.
17
Folio 5 del expediente físico.
8
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causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y con
posterioridad, realizará el estudio del caso concreto.
3.4.1 Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia18.
43. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra las sentencias, que constituye una salvedad frente al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas19.
44. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»20, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:
a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.
45. Dicha revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la caracterizan
18
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado
11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
20
Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés
“ […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso
extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de
Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. MP. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-
04141-00 REV. MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
9
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00248-00 (1542-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Elkin Pascasio Mesa Laverde
según la jurisprudencia del Consejo de Estado21 y de la Corte Constitucional, a saber:
i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia22.
ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado23.
iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Pensiones24.
iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde25.
46. A partir de los antecedentes históricos «la revisión creada en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma
pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la reducción
del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema pensional, como se
observa en la exposición de motivos. Así, en concreto respecto de la revisión de
providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la
Nación»26.
47. En cuanto a la causal prevista en el literal a), del artículo 20 de la ley 797 de
2020, esta corporación ha sostenido27 que la parte interesada debe demostrar que el
reconocimiento pensional se hizo con desconocimiento de las garantías
constitucionales que componen el derecho al debido proceso, conforme el artículo 29
21
Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Salas Especiales de
Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
23
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°
de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18
de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William Hernández
Gómez.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
27
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
10
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superior, esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho
a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa.
48. Por su parte, frente a la causal prevista en el literal b), del artículo 20 de la Ley
797 de 202028, esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…]
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del
artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional
un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera
posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
excediera lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas,
las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de
conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio
financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente,
de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y
se procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y
conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que
prevalezca el interés general sobre el particular. […]”29.
49. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia, ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
28
“[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.
29
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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3.4.3. Análisis del caso concreto
3.4.3.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
de transición de la Ley 100 de 1993
50. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, en el fallo de unificación del 28
de agosto de 2018 se ocupó del ingreso base de liquidación para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las
siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
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estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va
en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La
inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de
servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance
de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen
salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho
criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base30.
51. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.
3.4.3.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por Pensiones de
Antioquia
52. En el caso bajo análisis, Pensiones de Antioquia sostiene que se configuró la
causal de revisión prevista en el literal a), del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
referente a la obtención de una suma periódica o prestación con cargo al tesoro público
con violación al debido proceso, dado que, en su criterio, a la parte accionada no le
asistía el derecho a la reliquidación pensional en la forma ordenada; sin embargo, lo
que advierte la Sala es que los términos en que se formuló este cargo no está referido
a una auténtica vulneración de las garantías del debido proceso, relativas al derecho
al juez natural, a la defensa, a la independencia e imparcialidad del juez.
53. En este sentido, se insiste en que el cargo presentado en la demanda por
violación del derecho al debido proceso de Pensiones de Antioquia concierne
exclusivamente a la censura de la reliquidación pensional con presunto
desconocimiento de la Ley 100 de 1993 y de las sentencias de la Corte Constitucional.
Por ende, la Sala no evidencia que —en el caso particular— el cargo (en los términos
formulados) esté estructurado y orientado para acreditar la pretermisión de las
garantías constitucionales del derecho al debido proceso, como el derecho de defensa
técnica en un proceso sin dilaciones y mediante una providencia motivada expedida
por un funcionario competente, entre otras.
54. Por consiguiente, esta primera causal será desestimada.
55. En segundo lugar, Pensiones de Antioquia alegó la causal prevista en el literal b)
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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del artículo 20 de la ley 797 de 2003, porque a su juicio la sentencia de instancia ordenó
la reliquidación de la pensión de vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está
regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, en cuanto
a los factores salariales. Igualmente, indicó que existió un abuso palmario del derecho,
dado que la reliquidación pensional fue irregular y concedió ventajas irrazonables al
señor Elkin Pascasio Mesa Laverde.
56. Descendiendo al estudio de la causal del literal b), se tiene que la Sección
Segunda de esta Corporación en el año 2010 adoptó una tesis jurisprudencial en
cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de la transición de la Ley 100
de 1993; sin embargo, con posterioridad esta cambió a partir de la sentencia de 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. En
efecto, la Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, no señalaba en forma taxativa
los factores salariales del ingreso base de liquidación pensional, sino que estaban
simplemente enunciados, por ello, era procedente la inclusión de todos los conceptos
devengados por el trabajador en el último año de prestación de servicio.
57. En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de la
sentencia recurrida del 25 de mayo de 2017 ordenó la reliquidación de la prestación
pensional del señor Elkin Pascasio Mesa Laverde, y para ello expuso el desarrollo
jurisprudencial del ingreso base de liquidación en la jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo al que previamente se ha aludido, e hizo énfasis en que para el caso
sometido a su estudio no resultaba aplicable el criterio jurisprudencial previsto en la
sentencia SU-230 de 2015, dado que, para ese momento el hoy demandado ya había
adquirido su estatus pensional y, en consecuencia, al ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, su ingreso base de liquidación debía calcularse en
la forma prevista en las leyes 33 y 62 de 1985, esto es, el 75% de todo lo devengado
en el último año de servicios.
58. Ahora bien, para efectos de verificar si la cuantía de la reliquidación pensional
ordenada en la sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley,
para el caso del señor Elkin Pascasio Mesa Laverde es necesario constatar las
condiciones que se tuvieron en cuenta para adoptar dicha decisión, así:
59. Elkin Pascasio Mesa Laverde nació el 27 de noviembre de 1951 en Santo
Domingo, Antioquia31.
31
Samai, índice 9, 11_ed_cd folio 6 bis_elkin pascasio mesa laverde.pdf, folio 6.
14
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60. Prestó sus servicios como empleado público en el departamento de Antioquia,
entre el 18 de diciembre de 1974 y el 15 de mayo de 2008, esto es, por espacio de 33
años, 4 meses y 27 días32.
61. De acuerdo con «la Resolución No. 024313 de 23 de diciembre de 2008, por
medio de la cual se liquida y reconocen salarios y prestaciones sociales definitivas de
un empleado público», devengó como factores salariales en el último año de servicios:
asignación básica; vacaciones; prima de vacaciones; incentivo por antigüedad; y
bonificación por recreación33.
62. A través de Resolución 0000529 de 27 de octubre de 2008, Pensiones de
Antioquia, reconoció al señor Elkin Pascasio Mesa Laverde pensión de vejez, con
fundamento en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Para determinar el ingreso base de
liquidación, se tuvo en cuenta lo previsto en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de
199534.
63. En la sentencia de 25 de mayo de 2017, objeto de revisión, se consideró que: (i)
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el señor Elkin Pascasio Mesa
Laverde contaba con más de 40 años de edad, en consecuencia; (ii) el ingreso base
de liquidación de su prestación se calculó con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio (27 de noviembre de 2007 al 27 de noviembre
de 2008); (iii) como factores salariales se incluyeron el incentivo por antigüedad y la
prima de vacaciones; (iv) se excluyeron la bonificación por recreación y, en general,
cualquier otro factor de naturaleza extralegal; y (v) se declararon prescritas las
diferencias sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 1 de abril de
2010.
64. Bajo estos supuestos, no hay duda de que el señor Elkin Pascasio Mesa Laverde
es beneficiario del régimen de transición, dado que al 30 de junio de 1995 contaba con
43, años, 7 meses y 3 días de edad. Asimismo, se observa que laboró todo el tiempo
en la gobernación de Antioquia como auxiliar de la Dirección de Rentas de la
Secretaría de Hacienda, por espacio de 33 años, 4 meses y 27 días, devengando la
totalidad de los factores salariales que fueron considerados en la reliquidación
pensional, y sobre los que finalmente el Tribunal ordenó el descuento refiriéndose
puntualmente a las sumas que por concepto de aportes no fueron objeto de cotización.
65. En efecto, según puede verse en el acápite número 5, de las consideraciones de
la sentencia, denominado «Decisión», el Tribunal ordenó descontar los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones en los porcentajes
que corresponden al trabajador y al empleador, respectivamente, en valores
debidamente actualizados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo
32
Samai, índice 9, 11_ed_cd folio 6 bis_elkin pascasio mesa laverde.pdf, folios 8 y 9.
33
Samai, índice 9, 11_ed_cd folio 6 bis_elkin pascasio mesa laverde.pdf, folio 155.
34
Samai, índice 9, 11_ed_cd folio 6 bis_elkin pascasio mesa laverde.pdf, folios 102 a 104.
15
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187 del CPACA.
66. Por último, esta Subsección ya había tenido oportunidad de pronunciarse en un
caso con similitudes fácticas y jurídicas al que hoy ocupa su atención35, en el cual la
prestación pensional objeto de revisión también había sido reconocida por Pensiones
de Antioquia y los beneficiarios devengaban los mismos factores salariales, que
finalmente fueron incluidos en la reliquidación pensional. En esa oportunidad, como en
esta ocasión, se concluyó que la prestación pensional en cuestión no había excedido
lo debido de acuerdo con la ley, según se explicó así:
En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de
199536 contaba con más de 35 años de edad; ii) prestó sus servicios en el
departamento de Antioquia; y iii) durante el último año de servicios percibió los
factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
prestación.
Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta
posición permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la
seguridad jurídica37.
67. Vistos los argumentos y hechos considerados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para ordenar la reliquidación de la prestación pensional del señor Elkin
Pascasio Mesa Laverde, puede concluirse que esta, contrario a lo afirmado por la hoy
accionante, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, dado que el ingreso base de
liquidación de la referida prestación se calculó en debida forma, según se explicó en
el párrafo 57 de esta providencia.
68. En estos términos, la sentencia del 25 de mayo de 2017 no incurrió en las
causales de revisión invocadas y, en consecuencia, se declarará infundada la presente
acción de revisión formulada por Pensiones de Antioquia.
4. Costas
69. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
35
Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de junio de 2023,
Rad. 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019). MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
36
Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del orden territorial.
37
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época
en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis
Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV),
demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante:
UGPP.
16
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regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
70. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo
inciso en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
71. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que lo pretendido
con la acción especial de revisión de la referencia es salvaguardar el principio de
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y, adicionalmente, porque no se
advierte que haya sido radicada con manifiesta carencia de fundamento legal.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR infundada la acción especial de revisión que Pensiones de
Antioquia formuló contra la sentencia del 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00248-00 (1542-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Elkin Pascasio Mesa Laverde
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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