FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 18 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 17 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA SEIS ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: MARÍA TERESA SIERRA CORTÉS
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 28 de junio de 2012, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia proferida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de julio de 2011, mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Teresa Sierra Cortés.
Lo anterior, con fundamento en las causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
ANTECEDENTES
La demanda
Pretensiones
La señora María Teresa Sierra Cortés, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -vigente para esa época- contra la liquidada Caja Nacional de Previsión Social dentro de la cual solicitó:
“PRIMERA: Que se declare la NULIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 19610 de 01 de junio de 2009, proferida por la Subgerencia de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal – EICE, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez, a la señora MARÍA TERESA SIERRA CORTÉS en cuantía de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1’182.074,67), efectiva a partir del 24 de octubre de 2008, condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio; sin tener en cuenta el promedio de los factores de salario devengados en los últimos seis (06) meses, debidamente certificados por la Entidad, ignorando factores salariales como son: bonificación por servicios prestados, bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad e indemnización o compensación de vacaciones en dinero.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior pretensión y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO declarar (sic) que mi mandante le asiste la razón jurídica para que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –EICE “EN LIQUIDACIÓN”, le reliquide, reconozca y pague su pensión mensual vitalicia por vejez, calculada en el 75% del 100% de todos los factores de salario, que el accionante haya devengado y percibido durante el último semestre de la prestación de servicios (octubre 6 de 2008 a abril 5 de 2009), debidamente certificados por la Contraloría General de la República mediante Certificado No. 0710 del 12 de junio de 2009; vale decir, teniendo en cuenta el 100% del sueldo, bonificación por servicios prestados, bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad e indemnización por vacaciones, pensión que habrá de pagarse en cuantía no inferior a $6.539.400 efectiva a partir del cuatro (4) de abril de dos mil nueve (2009), ordenando aplicar los reajustes establecidos en el artículo 178 de C.C.A.
TERCERA: Que se ordene a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL –EICE “EN LIQUIDACIÓN”, efectuar la liquidación del a pensión de mi poderdante, con el 75% del 100% de todos los factores de salario, que la accionante haya causado en el último semestre de servicios, valores que deberán ser tomados de manera completa y no fraccionada, tal y como lo consagra el Decreto Ley 929 del 11 de mayo de 1976 y su Decreto Reglamentario 720/78, en su artículo 40 y, como lo ha manifestado reiteradamente el H. Consejo de Estado (Expediente 14880, Sentencia de abril 30 de 1997, Sección Segunda, Consejero ponente Dr. CARLOS A. ORJUELA GÓNGORA, Actor MIGUEL ÁNGEL OVALLE S.).
CUARTA: Que se ordene liquidar y pagar a expensas de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL – EICE “EN LIQUIDACIÓN” y a favor de mi representada, las diferencias entre lo que se ha venido cancelando por concepto de la Resolución 19610 de 01 de junio de 209 y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene la liquidación de la pensión en los términos de la pretensión segunda y tercera, diferencias efectivas a partir del cuatro (04) de abril de dos mil nueve (2009), calculadas sobre la base de una cuantía inicial pretendida no inferior a $6.539.400.
QUINTA: Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL – EICE “EN LIQUIDACIÓN”, a que sobre las diferencias adeudadas a mi mandante le pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo ordena el artículo 178 del C.C.A.
SEXTA: Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL – EICE “EN LIQUIDACIÓN” que dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A”
SÉPTIMA: Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL – EICE “EN LIQUIDACIÓN” a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A., pague en favor de mi representada los intereses moratorios conforme lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
OCTAVA: Condenar en costas a la demandada por desatender el sin número de sentencias emitidas por el H. Consejo de Estado y los Tribunales, respecto de la forma de liquidación de las pensiones de régimen especial.”
Fundamentos fácticos
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora expuso los siguientes hechos:
Señaló que trabajó al servicio de la Contraloría General de la República desde el 15 de marzo de 1979 hasta el 3 de abril de 2009.
Indicó que nació el 26 de diciembre de 1956, por lo que tiene más de 50 años de edad.
Manifestó que el 3 de diciembre de 2008, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, solicitó el reconocimiento de la pensión a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
Mencionó que mediante Resolución 19610 del 1 de junio de 2009, se reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia por vejez en cuantía de $1’182.074, efectiva a partir del 24 de octubre de 2008.
Sostuvo que el 25 de marzo de 2009 renunció al cargo de secretaria ejecutiva, nivel asistencial, grado 5 de la Gerencia de Talento Humano de la Contraloría General de la República, la cual le fue aceptada mediante Resolución 0473 del 31 de marzo de 2009.
Explicó que es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 toda vez que para el momento de su entrada en vigencia contaba con más de 35 años de edad, por lo tanto, su pensión de vejez debe ser liquidada conforme a lo establecido en el régimen especial para los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República.
Adujo que la liquidación de su pensión de vejez se hizo con base en el salario promedio de los últimos 10 años sin tener en cuenta la normativa que rige para los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, concretamente los artículos 7 del Decreto 929 de 1976, 40 del Decreto 720 de 1978 y 45 del Decreto 1045 de 1978.
Aseveró que agotó en debida forma la vía gubernativa por lo que la Resolución 19610 de 2009 quedó en firme y respecto de la misma se cumplió con el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
Fundamentos jurídicos
La parte actora consideró que con los actos demandados se desconocieron los artículos 2, 6, 13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 45 de las Leyes 57 y 153 de 1887; 7 del Decreto 929 de 1976; 40 del Decreto 720 de 1978; 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; la Ley 106 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 20 del Decreto 1045 de 1978 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
Como fundamento de lo anterior, expresó, en resumen lo siguiente:
Indicó que al ser exfuncionaria de la Contraloría General de la República, estaba cobijada por el régimen excepcional de pensiones consagrado en los artículos 7 del Decreto 929 de 1976, 40 del Decreto 720 de 1978 y 45 del Decreto 1045 de 1978.
Mencionó que Cajanal no tuvo en cuenta lo anterior y liquidó su pensión con base en lo establecido en el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 100 de 1993, normas que no eran aplicables a su caso.
Afirmó que no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad consagrado en la Constitución Política, así como la prohibición de menoscabar los derechos de los trabajadores, establecida en el Código Sustantivo del Trabajo.
Señaló que la mesada reconocida no le alcanza para cubrir todas las obligaciones que tiene a su cargo.
Adujo que lo anterior supone un trato discriminatorio y lesivo de su derecho fundamental al mínimo vital y, a su vez, desconoce sus derechos adquiridos como trabajadora con justo título.
Recalcó que con la resolución demandada se desconocieron los principios sobre interpretación y aplicación normativa, consagrados en las Leyes 57 y 153 de 1887.
Alegó que la entidad no tuvo en cuenta el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece que para acceder a la pensión de vejez debía aplicarse el régimen anterior, el cual, para su caso, se encontraba estipulado en los Decretos 929 de 1976, 720 y 1045 de 1978.
Mencionó que en concepto de Cajanal, tales decretos fueron derogados por la Ley 100 de 1993 en lo que tiene que ver con los factores a tener en cuenta para calcular la pensión, por lo que sólo pueden ser aplicados en lo referido al cumplimiento de la edad y tiempo de servicio; lo cual constituye una interpretación errónea de la normatividad correspondiente y conlleva a un desconocimiento del principio de inescindibilidad de la ley.
Agregó que tal postura de la entidad la llevó a liquidar su pensión sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicio.
Sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante fallo del 21 de julio de 2011, declaró la nulidad parcial de la resolución demandada y, adicionalmente, dispuso:
“(…)
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL a RELIQUIDAR la pensión de jubilación de la demandante con el equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último semestre de servicios (6 de octubre de 2008 a 5 de abril de 2009) de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, incluyendo como factores el sueldo, las sextas partes de la bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad de acuerdo con las consideraciones de esta providencia y la totalidad de la bonificación especial de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.”
Como fundamento de su decisión expuso en resumen los siguientes argumentos:
Explicó que los empleados oficiales que con anterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, cumplían los requisitos pensionales previstos en la Ley 33 de 1985, estaban cobijados por ese régimen general, salvo que no estuvieran sometidos a uno especial.
Sostuvo que el Decreto 929 de 1976, por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, prescribe que tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a dicha entidad, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
Aclaró que la demandante laboró en la Contraloría General de la República desde el 15 de marzo de 1979 hasta el 23 de octubre de 2008, por lo que contaba con los 20 años de servicios estipulados en el Decreto 929 de 1976.
Señaló que la señora Sierra Cortés nació el 10 de enero de 1958, por lo que para el 1 de octubre de 2008, fecha en la cual se le reconoció la pensión de jubilación, contaba con más de 50 años de edad.
Mencionó que los factores a incluir eran el sueldo, las sextas partes de la bonificación por servicios prestados, la prima de vacaciones, la prima de servicios, la prima de navidad y la totalidad de la bonificación especial, de conformidad con los certificados aportados por la entidad, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por lo anterior, ordenó reconocer la pensión de jubilación de la demandante a la luz del Decreto 929 de 1976, con base en el promedio de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último semestre de servicios en la Contraloría General de la República y, además, con la inclusión de la bonificación especial en su totalidad, toda vez que estaba demostrado que la señora Sierra Cortés consolidó su derecho a percibirla.
Tal decisión fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante providencia del 28 de junio de 2012, en la cual ordenó modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de ordenar que la bonificación especial fuera incluida sólo en una sexta parte del valor total.
En síntesis, tal y como lo concluyó el Tribunal en primera instancia, encontró demostrado que la demandante reunía los requisitos pensionales dispuestos en el régimen especial de los empleados de la Contraloría General de la República, pues laboró en dicha entidad durante 20 años y al momento del reconocimiento contaba con 50 años de edad.
Precisó que los servidores públicos de la Contraloría, por ser beneficiarios de un régimen especial, no estaban sometidos a lo previsto en la Ley 33 de 1985 sino en lo establecido en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, que además de fijar los requisitos pensionales, determinó que el monto de la mesada sería el equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
Destacó que los factores a incluir en la liquidación de la cesantía y la pensión de jubilación estaban enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los cuales fueron tenidos en cuenta en el fallo de primera instancia.
En cuanto a la proporción en que debía ser reconocida la bonificación especial, refirió que a través de sentencia del 11 de marzo de 2010, expediente 0604-07, consejero ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, se dispuso que debía ser incluida en su totalidad.
Sin embargo, expuso que dicha postura fue replanteada mediante fallo del 14 de septiembre de 2011, expediente 0899-2011, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, al considerar que tal bonificación debía ser concedida en la proporción que señala la norma especial, es decir, el equivalente a los seis últimos meses de servicio, sin lugar a que haya lugar a la acumulación de varios quinquenios.
Por lo tanto, dispuso que la referida prestación debía incluirse en una proporción equivalente a la sexta parte del valor total, y así lo declaró en la parte resolutiva de la sentencia.
El recurso extraordinario de revisión
Mediante escrito radicado el 12 de junio de 2018 en la Secretaría General de esta Corporación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 28 de junio de 2012, que confirmó parcialmente el fallo del 21 de julio de 2011, a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Teresa Sierra Cortés.
Lo anterior con fundamento en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Como sustento del recurso expuso los siguientes argumentos:
Sostuvo que las autoridades judiciales se apartaron de la interpretación dada por la Corte Constitucional y del tenor literal del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto de la aplicación del IBL para aquellos que se encuentran inmersos en el régimen de transición.
Alegó que se otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para tal fin, lo cual genera una grave lesión al erario.
Recalcó que se configuraban las causales de revisión pues el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación del debido proceso, pues lo correcto era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y los factores que debían ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación.
Señaló que dicha circunstancia desconoció los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política.
Destacó que para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la causante tenía más de 35 años de edad, por lo que estaba probado judicialmente que era beneficiaria del régimen de transición y, a pesar de ello, los jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido normativa y jurisprudencialmente y accedieron a realizar la reliquidación de la pensión con base en una interpretación errada, por lo que se encontraba acreditada la causal invocada por desconocimiento del debido proceso.
Advirtió que de no acogerse tal argumento, igualmente procedía la revisión de las sentencias proferidas en el proceso ordinario, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.
Mencionó que la señora Sierra Cortés, al ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le aplique la normativa anterior a la cual se encontraba afiliada, esto es, el Decreto 929 de 1976.
Explicó que en ese caso se deben respetar las condiciones de edad, tiempo y monto, pero en cuanto al porcentaje del IBL sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, tal y como fue liquidada su pensión por la extinta Cajanal en su momento.
Resaltó que la causante no adquirió su derecho pensional antes del 1 de abril de 1994 sino con posterioridad, por lo que las reglas sobre IBL no hacen parte del régimen anterior, sino de las disposiciones que expresamente señala el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Aclaró que dicha norma aclara y adiciona el concepto de IBL como un factor diferente del concepto de monto pensional, el cual está designado en el inciso 2 ibidem, pues este último solo queda asimilado a la tasa de reemplazo que debe continuar rigiendo y que debe tomarse del régimen anterior, mientras que el IBL es asignado con alcance de efecto útil por las reglas de la Ley 100 de 1993.
Reiteró que la creación del régimen de transición no conservó en su integridad las normas pensionales que regulaban la causación del derecho pensional, pues solo se mantuvo la edad, el tiempo de servicios y el monto pensional, pero entendido este último como la tasa de reemplazo definida en el régimen anterior, para diferenciarla de la tasa fijada por el Sistema General de Pensiones (que va desde el 65% al 85%).
Manifestó que el ingreso base de liquidación de la norma anterior, fue derogado y reemplazado en forma expresa por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual lo definió como el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia.
Expresó que para calcular el IBL en el caso de la señora Sierra Cortés, deben tenerse los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994, ya que adquirió su estatus de pensionado en vigencia de dicha norma.
Indicó que la Corte Constitucional ha trazado una clara línea jurisprudencial según la cual las pensiones sometidas al régimen de transición deben ser liquidadas conforme a las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior.
Para el efecto, citó apartes de las siguientes providencias: C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto 228 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
Alegó que al reconocer la pensión en la forma en que lo hicieron las autoridades judiciales en el caso concreto, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que se aumenta en un 62% la mesada pensional de la causante sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello.
Aseguró que se configuró un abuso palmario del derecho, no solo porque se malinterpretó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino porque se desconoció el precedente obligatorio y vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición y qué factores salariales deben ser tenidos en cuenta para liquidar la pensión.
Concluyó que lo correspondiente en este caso es que se ordene aplicar el promedio de los últimos 10 años o del tiempo que le hiciere falta, con base en los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El trámite del recurso
El Despacho ponente, mediante auto del 15 de junio de 2018, rechazó el recurso extraordinario de revisión por haber sido presentado fuera del término fijado en el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Frente a la anterior decisión, el apoderado de la UGPP presentó recurso de súplica, el cual fue resuelto mediante providencia del 2 de octubre del mismo año, en el que la Sala Especial de Decisión 6 de esta Corporación revocó el auto recurrido con base en lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016.
Con base en lo anterior, a través de auto del 19 de octubre de 2018 se admitió el recurso y se ordenó notificar personalmente a la señora María Teresa Sierra Cortés y al señor agente del Ministerio Público, en los términos del artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La contestación del recurso
Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado
A través de memorial presentado el 13 de noviembre de 2018, la Procuraduría General de la Nación contestó en forma oportuna el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes términos:
Refirió el tratamiento jurisprudencial que ha tenido el recurso extraordinario de revisión y a las causales invocadas por la entidad accionante.
Adujo que no se evidencia un desconocimiento de las formas propias del proceso, por cuanto el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue adelantado en debida forma, y se le brindaron plenas garantías procesales a las partes.
Recordó que el 4 de agosto de 2010, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia señalando que el IBL hace parte del régimen de transición y, en consecuencia, tanto la edad, como el tiempo de servicio o cotización y el monto, incluidos los factores salariales que se tienen en cuenta para liquidar la pensión, deben ser los previstos en el régimen anterior vigente al de la Ley 100 de 1993.
Aseguró que allí se dispuso que el régimen a aplicar debe conservar su integralidad, sin posibilidad de escindir la norma en lo referente al IBL, el cual forma parte de la noción de monto allí indicada.
Explicó que, por regla general, el IBL correspondía al último año de servicios, teniendo en cuenta como factores salariales la totalidad de los devengados en este periodo, sin importar si sobre ellos se hicieron o no aportes.
Mencionó que dicha postura fue variada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013, reiterada en la sentencia SU-395 de 2017, en las que se enfatizó que el IBL y los factores salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y el desarrollo normativo posterior (Decreto 1158 de 1994).
Sin embargo, resaltó que tanto estas sentencias, como los demás pronunciamientos citados como desconocidos en el recurso extraordinario de revisión, son posteriores a la emisión de los fallos atacados, por lo que no podían ser aplicados por los jueces de conocimiento, siendo indiscutible la validez de la tesis del Consejo de Estado acogida en tales providencias.
No obstante, sin apartarse de dicha postura, consideró necesario establecer si en el caso concreto el fallo reconoció una suma superior a la que determinaba la ley.
Para el efecto, indicó que el operador jurídico estableció que la demandante tuvo una permanencia en el nivel asistencial, siendo su último cargo el de secretaría ejecutiva nivel asistencial grado 5, sin advertir que de acuerdo con el certificado expedido por la Contraloría General de la República, visible a folio 42 del expediente ordinario, la señora Sierra Cortés se desempeñó en encargo como profesional grado 1, entre el 5 de agosto de 2008 al 4 de abril de 2009, retomando su base el 5 de abril siguiente, precisamente correspondiente a su último día de servicio.
Agregó que en la certificación tampoco se presenta un parámetro unificado de tiempo en cuanto a los factores salariales, propiciando confusión entre lo “devengado” (asignación que corresponde al cumplir un determinado periodo de tiempo, para el caso disímiles, 180 días, 1 año, 6 años, 15 meses) y lo “percibido” por tales factores (cuyo pago se concretó en el último semestre de servicio), pero que corresponde a valores no devengados pero si pagados durante ese mismo periodo.
Señaló que el artículo 7 del Decreto 929 de 1976 dispone que la pensión se debe reconocer con base en lo “devengado” durante el último semestre de servicio, pero en ninguna parte se refiere a la totalidad de lo “percibido”.
Expuso que los factores a tener en cuenta para la liquidación se encuentran enumerados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en el que se observa que la asignación básica tiene una periodicidad mensual, lo cual conduce a determinar un parámetro mensual de los factores devengados durante el último semestre de servicio.
Mencionó que, en tales condiciones, para liquidar el IBL se deben (i) establecer qué factores fueron percibidos durante el último semestre de servicio y (ii) proceder a su liquidación mensual promediando lo devengado.
Recordó que según la certificación visible a folio 42 del expediente ordinario, la señora Sierra Cortés percibió durante el último de servicio (5 de octubre de 2008 al 5 de abril de 2009), los siguientes factores:
Sueldo: Devengado durante 6 meses = $13’626.756, promedio mensual = $2’271.126.
Bonificación de servicio: Devengada durante un año (12 meses) = $867.019, promedio mensual = $72.252.
Bonificación especial: Según el artículo 23 del Decreto 929 de 1796, corresponde a un mes de remuneración por cada periodo de 5 años (60 meses). En el caso concreto, la causante debió haber devengado un equivalente a $2.477.197, promedio mensual = $41.287.
Prima de vacaciones: Devengada durante 3 años (36 meses) = $6’198.090, promedio mensual = $172.179.
Prima de servicios: Devengada durante 9 meses (entre el 16 de junio de 2008 hasta el 30 de marzo de 2009) = $2’7916.748, promedio mensual = $307.026
Prima de navidad: Devengada durante 15 meses (entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de marzo de 2099) = $3’383.748, promedio mensual = $225.583.
Aseveró que la suma de los promedios mensuales de dichos factores arroja un IBL equivalente a $3’089.453, cuyo 75% corresponde a $2’317.090, valor por el cual debió liquidarse la pensión de la señora María Teresa Sierra Cortés, y no por $3’122.194, como finalmente lo hizo la UGPP en cumplimiento de las sentencias recurridas.
Por lo tanto, consideró que estaba acreditada la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido, por lo que solicitó que se declare fundado el recurso extraordinario de revisión, se infirme la providencia del 28 de junio de 2012 proferida dentro del proceso ordinario y se ordene expedir una decisión de reemplazo en los términos expuestos en su concepto.
María Teresa Sierra Cortés
La señora María Teresa Sierra Cortés, por conducto de apoderado, se pronunció dentro del trámite de este recurso extraordinario, mediante escrito radicado en la Secretaría General del Consejo de Estado el 23 de noviembre de 2018.
Sin embargo, según se evidencia a folio 128 del expediente, el auto que admitió el recurso extraordinario de revisión le fue notificado personalmente el 29 de octubre de 2018, por lo que los 10 días que tenía para contestar se cumplieron el 14 de noviembre del mismo año.
Así las cosas, resulta claro que la contestación fue allegada de manera extemporánea y, por tal razón, no será tenida en cuenta.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 28 de junio de 2012, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia proferida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de julio de 2011 es susceptible del recurso extraordinario de revisión presentado dentro del término especial señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, y esta Sala es competente para decidirlo en virtud de lo dispuesto en el artículo 249 del mismo código y lo dispuesto en el Acuerdo 321 de 2014, proferido por la Sala Plena de esta Corporación.
Para el estudio del presente recurso se abordarán los siguientes temas: (i) naturaleza del recurso extraordinario de revisión, (ii) causales invocadas de manera genérica y (iii) el caso concreto.
1. Del recurso extraordinario de revisión
El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas i) por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ii) por los Tribunales Administrativos y iii) por los jueces administrativos.
En cuanto a su finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia C-520 del 4 de agosto de 2009, recordó que constituye una excepción al principio de cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico.
En esa ocasión, la Sala aclaró que las causales que pueden proponerse como fundamento del recurso extraordinario de revisión, están enlistadas de manera taxativa en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que de conformidad con la ley procesal son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por esta vía.
En efecto, se trata de la revisión de aspectos objetivos que puedan dar lugar a la estructuración de las causales de revisión consagradas en la norma en cita, no de errores de interpretación.
Valga señalar que no todas las causales de revisión tienen el mismo alcance temporal, pues mientras algunas cuestionan la validez o suficiencia de las pruebas al momento del pronunciamiento de la sentencia (numerales 2, 3, 5 y 8 ibídem), otras se refieren a la validez o suficiencia sobreviniente, es decir, luego de ocurrido un hecho posterior al pronunciamiento del fallo. (numerales 1, 4, 6, 7).
La Corte Constitucional en la referida sentencia C- 520 de 2009 destacó frente a este recurso lo siguiente:
“(…) La Corporación ha precisado la naturaleza del recurso extraordinario de revisión señalando que “la revisión no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para estos yerros están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del propio proceso. La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de “una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”.
Conforme con lo anterior, por esta vía no es posible reabrir el debate probatorio de las instancias, sino revisar la sentencia que puso fin a la controversia, con el fin de determinar la justicia del pronunciamiento a la luz de las taxativas causales consagradas en la ley.
2. Causales de revisión invocadas en el caso concreto: artículo 20 Ley 797 de 2003
Las causales de revisión en materia de lo Contencioso Administrativa se encuentran consagradas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En el caso concreto, la entidad recurrente invocó las causales consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de esta última norma que establecen:
“Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. (Se resalta).
Al respecto esta Corporación ha dicho:
“[C]abe resaltar que de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de Ley 56 de 2002 – Senado, el artículo 20 establece la posibilidad de revisar las decisiones judiciales que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación18 ha recordado que “[…] el legislador dotó a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales, las que se insiste, se establecieron con el propósito de fortalecer el principio de moralidad de que debe estar precedida esta actividad de reconocimiento pensional y como se lee en el aparte pretranscrito de la exposición de motivos, para enfrentar y afrontar el estado del arte actual en el tema de la corrupción que tanto perjudica las finanzas públicas, en tanto, el pago de las pensiones se nutre de los recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen un examen exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un exceso en tales sumas que no correspondan con lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia del sistema […]”.
Respecto de esta casual, la Sala recuerda que esta Corporación ha precisado lo siguiente19:
“[…] Ahora, aunque la normativa prevé que el trámite que debe darse al recurso es el mismo contemplado en el artículo 185 del CCA y que las causales son las establecidas en el artículo 188 ibídem, lo cierto es que la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ha sido considerada como una acción especial20, con particularidades propias, dentro de las que se encuentran:
i) Su finalidad. Se estatuyó para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público.
ii) La limitación en la legitimación en la causa por activa. Para ejercerla se requiere de un solicitante calificado21, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación. Así las cosas, en principio, únicamente puede ser presentada por el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República; el Procurador General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, autorizada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 200722.
(…)
Estos criterios fueron establecidos para revisar el reconocimiento pensional obtenido de forma ilegal o con fraude a la ley y abuso del derecho24. Sobre el segundo aspecto la Corte Constitucional lo explicó así25:
[…]
En segundo lugar, tal y como se explicó, en las figuras del fraude a la ley y abuso del derecho, se presenta un elemento objetivo que se traduce en el aprovechamiento de la interpretación judicial o administrativa de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y aquél que invoca las normas de una forma claramente excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue. En este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los principios del sistema. (…)
En todos estos casos, el pensionado no tiene un derecho adquirido, y por tanto, en aras de dar cumplimiento a la presente providencia, la Administración podrá proceder a revocar y reliquidar el derecho pensional con el objeto de hacerlo compatible con el ordenamiento jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde […]” (negrillas fuera de texto).
En este contexto, la Sala pone de presente que la acción especial de revisión se consagró para controvertir las sentencias que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público, tal y como ocurre en el sub lite.”
En tales condiciones, es claro que la causal en comento es de naturaleza especial, pues sólo puede ser invocada por algunas entidades específicas: pagadoras de pensiones y entes de control, y busca que se revisen las prestaciones periódicas que han sido reconocidas por fuera de los parámetros legales, con el fin de salvaguardar el erario público.
3. Caso concreto
En este evento, la UGPP pretende que se revoque la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 28 de junio de 2012, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia proferida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de julio de 2011 y en consecuencia, ordene la reliquidación y pago de la pensión de la señora María Teresa Sierra Cortés conforme las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en materia de IBL y régimen de transición.
De igual forma, con base en los factores expresamente consagrados en el Decreto 1158 de 1994 y con base en la tasa de reemplazo fijada en el Decreto 929 de 1976.
Lo anterior, por cuanto en su criterio la pensión de la señora Sierra Cortés no puede ser liquidada con base en lo devengado en los últimos seis meses de servicios, sino, en los últimos 10 años, conforme a las reglas jurisprudenciales que frente al punto ha fijado la Corte Constitucional en las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 236 de 2014, SU-230 de 2015, Su.427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, Su- 631 de 2017 y T-039 de 2018 de las cuales citó algunos apartes como fundamento de su exposición.
Así las cosas, corresponde a la Sala establecer si hay lugar a infirmar la providencia objeto de recurso extraordinario de revisión, para lo cual debe determinar en primer lugar, si las providencias de la Corte Constitucional invocadas por el recurrente resultan aplicables al caso concreto o no.
Establecido lo anterior, se debe establecer si la pensión de la señora María Teresa Sierra Cortés debió ser liquidada con base en los factores devengados por ellos en los últimos seis meses de servicio o en el promedio de lo devengado en los últimos 10 años.
Con base en lo anterior, procede la Sala a resolver:
De manera previa a la expedición de la Ley 100 de 1993 existían varios regímenes pensionales en el país, a cargo de diversas entidades que debían asumir su pago, las cuales exigían diferentes requisitos para adquirir el estatus pensional.
Con la entrada en vigencia de la referida norma, se pretendió unificar el sistema pensional, por lo se crearon dos regímenes generales: el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, el primero a cargo del Estado y el segundo, a cargo de fondos privados.
De igual forma, se establecieron requisitos estándar de edad y tiempo de servicios para adquirir el estatus pensional a cargo del Estado, con excepción de los regímenes pensionales que poco a poco se han venido desmontando a través de diversas reformas pensionales.
No obstante, con el fin de que el impacto de la reforma de la Ley 100 de 1993 no afectara negativamente para aquellos que estaban cerca de adquirir su estatus pensional en el artículo 36 se consagró un régimen de transición en los siguientes términos:
“La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
En este caso se afirma y nadie discute que la señora María Teresa Sierra Cortés nació el 26 de diciembre de 1956 por lo que para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) tenía más de 35 años de edad, razón por la cual fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en la norma, sin embargo, no existe certeza si dentro de dicho régimen de transición debe ser incluido el IBL o no.
Es decir, si su pensión debió haberse liquidado con base en lo devengado en el último semestre de servicios tal y como lo ordenaron los jueces naturales de la causa, o con base en lo devengado en los últimos 10 años de servicios como lo pretende la UGPP.
Frente al tema del IBL resulta del caso recordar que no ha sido pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre si éste hace o no parte, del régimen de transición.
Al respecto, se debe tener en cuenta que efectivamente la Corte Constitucional de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen de transición, que han sido recientemente aceptadas por la Sala Plena de esta Corporación, por lo que, las pensiones de las personas beneficiarias del mismo deben ser liquidadas con base en el ingreso promedio de los últimos 10 años.
No obstante, resulta de vital importancia para el caso concreto, precisar que dicha regla ha sido decantada por la Corte Constitucional a partir del año 2013 con la sentencia de constitucionalidad C-258, y -claramente fijada únicamente a partir de la SU-230 de 2015, providencias estas posteriores a los pronunciamientos que ataca la UGPP en este evento.
Frente al punto, si bien es cierto, la entidad recurrente afirma que la tesis fue adoptada por el máximo Tribunal Constitucional desde la sentencia C-168 de 1995, ello no corresponde a la realidad toda vez que en dicha ocasión, la Corte si bien analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en clave de régimen de transición sólo se estudió y se pronunció frente a la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición.
Ahora, aunque en esa ocasión la Corte afirmó que el inciso tercero de la norma relacionado con el ingreso base de liquidación debía interpretarse conforme los incisos primero y segundo del mismo artículo, no ahondó en la materia ni mucho menos fijó la regla que ahora invoca el recurrente.
De manera concreta, la Corte frente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en dicha ocasión se limitó a decir:
“Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuídas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley.
En el inciso tercero se fija el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas antes citadas, disponiendo que para quienes les faltare "menos" de diez (10) años de servicio para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Y, si el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada de vigencia de la ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Adviértase, cómo el legislador con estas disposiciones legales va más allá de la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
(…)
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
No acontece lo mismo con el aparte final del inciso tercero del artículo 36, objeto de impugnación, en el que sí se consagra una discriminación, que la Corte encuentra irrazonable e injustificada, para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado, y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el artículo 13 del Estatuto Superior.
En este orden de ideas, son pues exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 36, materia de impugnación, con excepción del aparte final de este último que prescribe: "Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos", el cual es INEXEQUIBLE”.
Conforme con lo expuesto es claro que la regla jurisprudencial que la recurrente pretende que se aplique al caso concreto, según la cual el IBL no hace parte del régimen de transición no fue adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995.
Así las cosas, resulta claro para la Sala que para el momento en que se produjeron las providencias objeto de recurso extraordinario de revisión (21 de junio de 2011 y 28 de junio de 2012), no se había fijado por parte de la Corte la tesis que sustenta la demanda bajo estudio.
De hecho, para ese momento la tesis vigente era aquella según la cual el IBL sí hacía parte del régimen de transición, la cual fue adoptada el 4 de agosto de 2010, por una sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación.
De manera concreta, en ese momento se afirmó:
“Régimen de transición.
La Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.
No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”.
Se observa, entonces, que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 y HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0062_1985.htm" \l "Inicio" 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación”.
Conforme lo expuesto, se reitera que para el momento en que se profirieron las sentencias objeto de recurso, concretamente el 21 de julio de 2011 y 28 de junio de 2012, el Consejo de Estado, como juez natural de la causa, sostenía que los factores salariales que componían la base de liquidación pensional son todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse, es decir, que para ese momento, para esta Corporación el IBL también hacía parte del régimen de transición.
La Corte Constitucional sólo a partir del 7 de mayo de 2013, es decir, con posterioridad a la ejecutoria de las decisiones ahora analizadas, mediante sentencia C-258 de 2013 fijó la regla de aplicación del IBL en el siguiente sentido:
“En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.”
En dicha ocasión, el analizar un tema relacionado con el régimen de transición de pensiones de Congresistas, el máximo tribunal constitucional, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición.
De igual forma, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Ahora, si bien es cierto, en aquella se fijó una regla según la cual todas las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la ley debían ser revisadas y reliquidadas, se debe tener en cuenta que dicha providencia se refirió de manera específica a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado, condición que no reúne la demandada en este caso y en todo caso, en este evento, no existe prueba alguna de que la pensión objeto de controversia haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude a la ley, razón por la cual, en manera alguna resulta aplicable al caso concreto.
Así mismo, en la sentencia SU - 230 de 2015 consideró que:
“(…)
Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:
“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación; en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013”.
3.2.2.2. Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”. (Negrilla por fuera de texto).
Dicha tesis fue adoptada de manera reciente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 en la que se afirmó:
“A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma. (…) El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…) De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
(…)
La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. (…) La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
No obstante, la Sala Plena de esta Corporación fue enfática al afirmar:
“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo”.
En tales condiciones, se reitera que las providencias que fueron proferidas en vigencia de la tesis del 4 de agosto de 2010, resultan plenamente válidas, sobre todo si se tiene en cuenta que como en ese evento, para el momento en que fueron dictadas, ni siquiera se habían proferido las sentencias de la Corte Constitucional que fijaron el tema en materia de IBL, las cuales dicho sea de paso no consagraron su aplicación retroactiva.
Entonces, tal y como ya se expuso en la reciente sentencia de unificación, no puede afirmarse que las pensiones que fueron reconocidas en vigencia de la tesis jurisprudencial anterior – que data del 4 de agosto de 2010-, antes de que la Corte Constitucional analizara el tema, encuadran en las causales de revisión consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Además, es claro que no es posible aplicar de manera retroactiva la tesis de la Corte Constitucional, toda vez que ello afectaría el debido proceso y la autonomía judicial, por cuanto no es exigible a una autoridad judicial adoptar una tesis inexistente para el momento en que profiere una sentencia, sencillamente porque en ese momento, no existe el precedente.
Por lo tanto, para el momento en que se profirió la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión no existía el precedente de la Corte Constitucional invocado por el recurrente, el cual sólo tiene aplicación hacia futuro, es claro que la pretensión dirigida a que se infirmen las providencias de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de esta Corporación del 21 de julio de 2011 y 28 de junio de 2012, respectivamente, con el fin que se ordene la reliquidación de la pensión de la señora María Teresa Sierra Cortés, con base en la tesis de la Corte Constitucional sobre IBL y régimen de transición, no tiene vocación de prosperidad.
Es decir, en el caso concreto se demostró que la señora María Teresa Sierra Cortés fue beneficiaria del régimen de transición y que su pensión fue liquidada con base en lo devengado en los últimos seis meses de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en el Decreto 929 de 1976 que consagra el régimen especial de la Contraloría General de la República al cual tenía derecho por haber tenido más de 35 años de edad al momento en que la Ley 100de 1993 entró en vigencia, por lo que, como su pensión fue reliquidada con base en providencias judiciales que tuvieron en cuenta la tesis jurisprudencial unificada del 4 de agosto de 2010, vigente para ese momento, según la cual el IBL sí hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados, no encuentra la Sala que las causales invocadas por la entidad recurrente se hayan configurado y por ende, hay lugar a denegar las pretensiones del recurso bajo estudio.
Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con la pretensión de reliquidación de la pensión de la señora María Teresa Sierra Cortés con base en los factores expresamente consagrados en el Decreto 1158 de 1994, se advierte que en la demanda del recurso extraordinario de revisión no se hace un desarrollo de la misma, pues la recurrente se limita a citar la norma, sin indicar cuál fue la tasa de reemplazo con base en la cual se liquidó la pensión ni cuáles son los factores que se deben excluir de dicha liquidación, toda vez que la censura principal y la única que se desarrolla en el texto es la de la aplicación de la tesis de la Corte Constitucional frente a IBL, y el tiempo que se debe tener en cuenta para la liquidación de la pensión de la señora Sierra Cortés, acusación respecto de la cual ya se concluyó que no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual la Sala no puede hacer un estudio diferente o de fondo frente al tema del Decreto 1158.
Ahora, si bien es cierto, se incluyó dentro de la demanda una proyección de valores, en la que en criterio del recurrente se demuestra que existe un sobrecosto, lo cierto es que la misma no fue desarrollada en manera alguna; además, es claro que aquella se basa en la diferencia de promedio entre 6 meses y 10 años de servicios, aspecto éste que ya fue despachado en esta providencia.
Adicionalmente, se insiste, para el momento en que se profirieron las providencias que ordenaron la reliquidación de la pensión de la señora Sierra Cortés estaba vigente la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, que aceptaba la inclusión de todos los factores salariales, razón por la cual no se evidencia que la pensión haya sido reconocida con abuso del derecho o por sumas diferentes a las autorizadas por la ley, a la luz de lo expuesto por el pleno de la Sección Segunda de esta Corporación en ese momento.
Ahora, si bien es cierto el agente del Ministerio Público dentro de su concepto incluye una liquidación que diferencia algunos factores devengados y percibidos por la señora María Teresa Sierra Cortés en el último semestre de servicios, lo cierto es que ese aspecto, referido específicamente a la bonificación especial que fue incluida en la liquidación pensional bajo estudio, no fue propuesta en la demanda del recurso extraordinario de revisión, razón por la cual resulta extemporánea, y no es posible para la Sala entrar a estudiarla, so pena de afectar el derecho de defensa de la interesada, a quien sólo se le notificó de la existencia de la demanda con los argumentos esbozados por la UGPP, referidos, se insiste en la reliquidación de su pensión con base en lo devengado en los últimos 10 años de servicios y no, en el último semestre.
En tales condiciones, el nuevo cargo introducido en el concepto del Ministerio Público no puede ser objeto de estudio ni pronunciamiento.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de revisión es excepcional, toda vez que afecta principios básicos del Estado Social de Derecho como lo son la cosa juzgada y la seguridad jurídica, por lo que el análisis que se haga en virtud del mismo debe hacerse en los términos expresos fijados en la demanda, sin que sea posible incluir argumentos o cargos nuevos en oportunidades procesales diferentes, so pena de afectar el debido proceso y el derecho de defensa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 28 de junio de 2012, mediante la cual se confirmó parcialmente la providencia proferida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de julio de 2011, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Teresa Sierra Cortés.
SEGUNDO. En firme este proveído, devuélvase el expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho remitido en préstamo al despacho judicial de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado
Folios 16 a 38 del expediente ordinario.
Visible a folios 221 a 233 del expediente del proceso ordinario
Visible a folios 291 a 312 del expediente del proceso ordinario.
Folios 97 a 98 del cuaderno principal del recurso.
Folios 117 a 120 del cuaderno principal del recurso.
Folio 124 del cuaderno principal del recurso.
Folios 133 a 139 vuelto del cuaderno principal del recurso.
Folios 149 a 160 del expediente.
M.P. Dra. María Victoria Calle.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 20. Providencia del 16 de octubre de 2018. Expediente 110010315000201401658. M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección Segunda. Expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Al efecto ver Sentencia T-078/14, CP. Dr. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01. Providencia del 28 de agosto de 2018. C.P. Dr. César Palomino Cortés.
Ninguna de las sentencias invocadas en la demanda le otorgó efectos retroactivos a la decisión.
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