Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00861-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00861-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00861-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00861-00 (2606-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones1
Demandado: Luz Stella Carbonell Bedoya
Tema: Causal de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por el Foncep contra la
sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión emitida
el 9 de marzo de 2016 por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de
Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
Luz Stella Carbonell Bedoya contra esa entidad.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la
que confirmó la de primera instancia del 9 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-023-2015-00306-
00 (01) que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
Luz Stella Carbonell Bedoya con la que pretendía que se reliquidara su pensión de
vejez en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación2 todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la sentencia del 14
1 En adelante Foncep.
2 En adelante IBL.
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Demandante: Foncep
de septiembre de 2017; ii) la declaratoria de que a Luz Stella Carbonell Bedoya no
le asistía el derecho a que la pensión reconocida le fuera liquidada con la totalidad
de los factores de salario devengados en el último año de servicio; y iii) la
declaratoria de que la pensión reconocida debía calcularse de conformidad con lo
dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
20183, esto es, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia en el nivel territorial
de la Ley 100 de 1993, Luz Stella Carbonell Bedoya contaba con más de 35 años
de edad y más de 20 años laborados en el sector público al servicio del distrito de
Bogotá.
3.2. Por medio de la Resolución 4116 del 9 de septiembre de 2013 el Foncep le
reconoció una pensión de vejez para cuya liquidación no tuvo en cuenta todos los
factores salariales percibidos, sino solo aquellos expresamente señalados en «la
norma». La demandada recurrió la anterior decisión en el sentido de solicitar que se
incluyeran todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio,
petición que fue negada por medio de la Resolución 95 del 29 de enero de 20144.
3.3. Luz Stella Carbonell Bedoya presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de las anteriores decisiones que fue identificada con el
radicado 11001-33-35-023-2015-00306-00 y decidida en primera instancia por el
Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá por medio de sentencia del
9 de marzo de 2016 en la que declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó
la reliquidación de la mesada pensional discutida de modo que se concediera en
cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio con
un IBL conformado por la asignación básica, la prima de antigüedad, las horas
extras y la bonificación por servicios prestados.
3.4. El Foncep propuso recurso de apelación contra esa decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
en fallo del 14 de septiembre de 2017. La entidad dio cumplimiento a la orden judicial
por medio de la Resolución SPE-GDP 22 del 16 de noviembre de 2017.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. Ensentencia del 14 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión del 9 de
marzo de 2016 emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de
Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y que dispuso
3 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
4 La entidad afirma que la Resolución 95 data del 8 de septiembre de 2013, fecha previa al acto
administrativo inicial. Al verificar el material probatorio aportado se observa que la fecha correcta es
el 29 de enero de 2014.
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Demandante: Foncep
lo siguiente5:
«PRIMERO: Se declaran NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte
demandada.
SEGUNDO: SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución No. 004116 del 09 de
Septiembre de 2013 y de la Resolución No. 001433 del 16 de Septiembre de 2014 y
la Nulidad de la Resolución No. 000095 del 29 de enero de 2014 y de la Resolución
No. 001759 del 30 de Octubre de 2014, de acuerdo con los motivos expuestos en esta
providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, PENSIONES Y
CESANTÍAS FONCEP a reliquidar y pagar en forma indexada la pensión de jubilación
de la señora LUZ STELLA CARBONELL BEDOYA identificada con la C.C. N°
41.734.555, de manera que corresponda al 75% del promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, incluyendo en la base
de liquidación, no solo la asignación básica mensual, sino también, [la] prima de
antigüedad, horas extras y Bonificación por servicios prestados devengados
durante el último año de servicio, comprendido entre el 01 de Abril de 2013 – 31 de
Marzo de 2014, desde el 01 de Abril de 2014 y pagarle la diferencia de las respectivas
mesadas, reajustando en adelante la pensión y sin perjuicio de los reajustes anuales de
ley, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, por
las razones expuestas. Si existieran factores sobre los cuales no se aportó, la entidad
de previsión podrá efectuar los respectivos descuentos conforme a la jurisprudencia
citada, el artículo 99 del Decreto 1848 de 1969 y el literal 2, del artículo 2 de la ley 4 de
1996.
CUARTO: La entidad deberá pagar a la parte demandante los valores correspondientes
al reajuste de la pensión de que tratan los numerales anteriores actualizados de acuerdo
con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, conforme con los índices de
inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
R=Rh X índice final
índice inicial
QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. No se condena en costas
ni agencias en derecho a la entidad demandada.
[…] [sic]».
5. Para tal efecto, el Tribunal se pronunció en estos términos6:
5.1. Luz Stella Carbonell Bedoya nació el 20 de septiembre de 1957 y laboró en la
Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 12 de febrero de 1975, por lo que se encontraba
amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues para el «1 de abril de 1994» contaba con más de 35 años de edad y había
superado los 15 años de servicio público, lo que le daba derecho a que su pensión
se calculara de acuerdo con las disposiciones de las leyes 33 y 62 de 1985.
5.2. Las citadas normas prevén el reconocimiento de la mesada pensional al cumplir
55 años de edad y 20 años de servicio, requisitos satisfechos en el año 2012 al
exhibir la edad exigida. La norma citada dispone que el monto del derecho debe
corresponder al 75% del promedio de lo percibido durante el último año de servicio,
5 Folios 64 al 77 del documento «DemandaWeb-Demanda-DEMANDADEREVISION-» del
expediente digital en Samai.
6 Folios 77 al 96 del documento «ED-5-05-S199-D2Demanda-2020825215934.pdf» del expediente
digital en Samai.
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Demandante: Foncep
con inclusión en el IBL de todos los factores salariales devengados durante ese
periodo y no de la forma en que el Foncep lo hizo que obedeció al promedio de
algunos factores salariales devengados durante los 10 años anteriores a la
adquisición del derecho.
5.3. A pesar de lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo tiene una
posición distinta sobre la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 adoptada en la sentencia del Consejo de Estado del 25 de febrero de 20167
en la que se ratificó la regla de unificación dictada en la sentencia del 4 de agosto
de 20108.
5.4. Si bien el IBL pensional debe conformarse por todos los factores salariales
percibidos de manera permanente durante el último año de servicio, no hay lugar a
ordenar la inclusión de las primas de vacaciones, secretarial, semestral, navidad,
bonificación por recreación, reconocimiento de permanencia y vacaciones por no
estar probado dentro del proceso que se hayan devengado, razón por lo que solo
puede ordenarse la inclusión de aquellos factores debidamente acreditados.
5.5. La pensión debe tener efectos fiscales desde el 1 de abril de 2014, en atención
a que el retiro del servicio ocurrió el 31 de marzo de ese año, sin prescripción trienal
por no haber transcurrido más de 3 años a partir de la causación del derecho hasta
la presentación de la demanda que tuvo lugar el 26 de marzo de 2015.
5.6. Losdaños morales y materiales que alegó la demandante no fueron
debidamente probados por la interesada por lo que no hay lugar a su
reconocimiento. Tampoco se demostró que se causaran costas, en consecuencia,
no se impondrá dicha condena.
1.2. Las causales de revisión invocadas
6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y expuso los siguientes argumentos9:
6.1. La decisión judicial sometida a revisión reconoció el derecho pensional con una
clara violación del debido proceso, pues desconoció la jurisprudencia
constitucional10 relacionada con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, según la cual el régimen de transición allí contenido solo es aplicable respecto
de la tasa de reemplazo y de los requisitos de edad y tiempo de servicio, mientras
que la conformación del IBL y el periodo de liquidación debe adecuarse a lo previsto
en el Sistema General de Seguridad Social.
6.2. Las consideraciones de las sentencias de primera y segunda instancia fueron
contrarias a la ley y la jurisprudencia, lo que derivó en un reconocimiento pensional
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 25000-23-
42-000-2013-01541-01(4683-13).
8 Sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 250002325000200607509 01 (0112-
2009).
9 Folios 6 al 20 del documento «DemandaWeb-Demanda-DEMANDADEREVISION-» del expediente
digital en Samai.
10 Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
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que no guardaba relación con lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, lo que implicaba un desconocimiento del
principio de legalidad.
6.3. La anterior circunstancia derivó en el reconocimiento de un derecho que excedió
lo debido de acuerdo con las normas aplicables, pues se ordenó la conformación
del IBL a partir de factores salariales que no se encontraban expresamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, lo que elevó injustificadamente la base
sobre la cual se calculó la mesada.
6.4. Luz Stella Carbonell Bedoya era beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, lo que le daba derecho a que su pensión de vejez fuera calculada a
partir del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, pero solo respecto de la tasa de
reemplazo que es del 75%, la edad que corresponde a 55 años y el tiempo de
servicio de 20 años. En tal sentido, el periodo sobre el cual se realiza la liquidación
y la base liquidatoria no están sometidos a dicha transición y por lo tanto ello debe
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
6.5. Las condiciones pensionales concedidas en las sentencias cuestionadas
implicaron el reconocimiento de un derecho económico superior al que en realidad
correspondía, lo cual pone en peligro la estabilidad financiera del sistema cuya
protección tuvo lugar por medio del Acto Legislativo 01 de 2005.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7. Luz Stella Carbonell Bedoya se opuso a la prosperidad de las pretensiones por
las razones que se expresan a continuación11:
7.1. La sentencia C-258 de 2013 invocada por la parte accionante no es aplicable al
presente asunto, pues se indicó que no se abordarían regímenes especiales o
exceptuados como el de los servidores públicos beneficiarios de la Ley 33 de 1985.
7.2. La pensión que le fue reconocida no puede atenerse a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que solo es aplicable para derechos sujetos al
régimen general de seguridad social y no para aquellas que deben ser concedidas
con base en el régimen de transición de la citada norma, de modo que el IBL
tampoco puede ser conformado con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de
1994, sino que debe acudirse a la Ley 62 de 1985 y al Decreto 1045 de 1975.
7.3. No se configuró causal alguna de procedencia del recurso extraordinario de
revisión y resulta evidente que se pretende utilizar este mecanismo judicial como si
se tratara de una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que ya se surtió en debida forma y ante las autoridades competentes.
1.4. Concepto del Ministerio Público
8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento12.
11 Documento 27 del expediente digital en Samai.
12 Así se desprende del informe secretarial visible en el índice 35 de Samai.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA13.
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201914, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de
septiembre de 201715 y la presente acción fue radicada el 2 de octubre de 202016,
lo que permite concluir que su presentación fue oportuna.
2.3. El problema jurídico
13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se
expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley,
al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
13 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
15 Folio 196 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
16 Documento «ED-2-02 ACTA DE REPARTO.PDF» del expediente digital en Samai.
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2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen18.
17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes19:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
19 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»20.
19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 21 han admitido
expresamente que el Foncep está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) El Foncep está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»22.
2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985
21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
20 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».
23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].
24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.
25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6a
de 194523, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable»24; este último exigía 55 años
de edad «si es varón, o 50 si es mujer»25.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
25 Artículo 27.
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26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 26, esta corporación27
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194528 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a
los servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Se resalta].
27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200929 y del 16 de diciembre de 200930, en las que se indicó lo
siguiente:
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado
47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
27 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
28 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» [Se resalta].
28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios»31.
2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201832 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
31. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
32 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
32. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
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retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio33 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.4. Caso concreto
37. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente.
38. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso» la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
39. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
(e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis
in ídem».
40. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación de la causante, sin hacer manifestación alguna
en relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho
fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar
en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
41. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
33 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
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Segunda, Subsección B, profirió la decisión objeto de revisión con sustento en la
posición jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de
agosto de 201034 y del 25 de febrero de 201635 según las cuales la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía « aquellas
sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación
directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé».
42. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
43. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 14 de septiembre de 2017 no fue caprichosa
y, por el contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había
trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.
44. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
45. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida (14 de septiembre de 2017), la posición era
que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta
todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación
del régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la
norma.
46. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, ordenó que la pensión de jubilación de Luz Stella Carbonell Bedoya
se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: i) asignación básica; ii)
prima de antigüedad; iii) horas extras; y iv) bonificación por servicios prestados.
47. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
35 Radicado 25000-23-42-000-2013-01541-01(4683-13).
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«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando.» [Negrillas del original].
48. En virtud de lo anterior, se encuentra que al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho obra certificado de factores devengados por Luz Stella
Carbonell Bedoya, expedido el 28 de mayo de 2014 en el que consta que entre
enero de 2012 y marzo de 2014 percibió: i) asignación básica mensual; ii) prima de
antigüedad; iii) horas extras; y iv) bonificación por servicios prestados36.
49. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.
50. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:
51. Luz Stella Carbonell Bedoya nació el 20 de septiembre de 1957 37 y laboró al
servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 12 de febrero de 1975 hasta el 31
de marzo de 201438.
52. Por medio de Resolución 4116 del 9 de septiembre de 201339 la Dirección
General del Foncep le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $1.491.627
36 Certificado en el folio 34 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32
de Samai.
37 Folio 7 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
38 Folios 33 y 34 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
39 Folios 8 al 13 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
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con efectos fiscales a partir del día siguiente a la fecha en que se acreditara el retiro
definitivo del servicio. La mesada se calculó en cuantía del 75% del promedio de lo
devengado durante los 10 años anteriores a la adquisición del derecho con un IBL
conformado por la asignación básica y «otros factores»40.
53. El8 de octubre de 2014 Luz Stela Carbonell Bedoya presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación en contra del acto de reconocimiento de la
pensión41. El propósito de los recursos era que el IBL se conformara por los factores
de asignación básica; horas extras; primas de antigüedad, secretarial, semestral, de
vacaciones, y de navidad; bonificación por servicios prestados; reconocimiento de
permanencia; vacaciones; y bonificación por recreación.
54. El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución 95 del 29 de
enero de 201442 en la que se confirmó el acto recurrido y se aseguró que no era
posible reliquidar la mesada pensional «aplicando el 90% de lo percibido durante el
último año de servicios»43 [sic]. Finalmente se señaló que el recurso subsidiario de
apelación no era procedente.
55. El derecho pensional de Luz Stella Carbonell Bedoya fue reliquidado por medio
de la Resolución 1433 del 16 de septiembre de 2014 en la que solo se ajustó el
monto de la mesada que quedó en $1.546.501 en atención al retiro definitivo del
servicio que tuvo lugar a partir del 1 de abril de 2014, pero no se modificaron las
condiciones generales del reconocimiento como el régimen, el periodo o el IBL.
56. La interesada presentó recurso de reposición contra ese acto en el que insistió
en que su IBL debía conformarse con todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicio, argumento que fue despachado
desfavorablemente por conducto de la Resolución 1759 del 30 de octubre de 2014
que confirmó el acto recurrido.
57. Las decisiones en sede administrativa motivaron la radicación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se accedió a las pretensiones y se
ordenó que la pensión de vejez de Luz Stella Carbonell Bedoya debía corresponder
al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio con inclusión
de los factores de asignación básica, horas extras, bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad.
58. El Foncep cumplió la anterior orden judicial por medio de la Resolución SPE-GDP
22 del 16 de noviembre de 2017 en la que se liquidó el nuevo valor de la pensión
en $1.876.789 para el año 2014, lo que dio una diferencia entre en valor inicial
reconocido y el ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
$385.162. En el aludido acto de cumplimiento se ordenó el descuento por aportes a
seguridad social en salud.
40 En la resolución no se indica a qué factores corresponde, pero se señaló que el IBL se conformaría
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
41 Folios 35 y 36 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
42 Folios 15 al 19 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en el índice 32 de Samai.
43 La resolución del recurso de reposición no guarda relación con lo alegado por la pensionada, sin
embargo, en esos términos se pronunció la entidad.
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Demandante: Foncep
59. Lo anterior evidencia que la reliquidación ordenada en aplicación de la posición
del Consejo de Estado para la fecha de expedición de la sentencia de segunda no
implica un aumento desproporcionado en la mesada pensional discutida.
60. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de
199544 contaba con más de 35 años de edad; ii) prestó sus servicios por más de 20
años en la Alcaldía Mayor de Bogotá; y iii) durante el último año de servicio percibió
los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
prestación.
61. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición
permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad
jurídica45.
62. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 201846 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
63. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 14 de septiembre de
2017 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en las causales de revisión previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y por tanto se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por el Foncep.
2.6. Costas
64. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se
44 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del
orden territorial.
45 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
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Demandante: Foncep
advierte que el recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
3. Conclusión
65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Foncep presentó
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, el 14 de septiembre de 2017, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Reconocer a la abogada Lina María Narváez Rodríguez con T.P. 346.813
del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada judicial sustituta del Foncep,
de acuerdo con la sustitución suscrita por la abogada principal María Cristina
Otalora Mancipe con T.P. 160.590 del Consejo Superior de la Judicatura, de
acuerdo con los poderes visibles en el índice 38 del portal Samai.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC
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