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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02097-00

Recurso extraordinario de revisión: sustentado en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Fecha
6 de agosto de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
175 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02097-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿La pensión reconocida en la sentencia de 4 de abril de 2013 se obtuvo con violación al debido proceso, en los términos de la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

  2. ¿La cuantía del derecho reconocido en esa sentencia excedió lo debido conforme a la ley, en los términos de la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Reglas

  1. La causal de violación al debido proceso no se configura cuando el cuestionamiento se dirige a la cuantía de la pensión y no a alguna garantía del debido proceso.

    «no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho al debido proceso»
  2. Las providencias que interpretaron el ingreso base de liquidación del régimen de transición antes de las sentencias C-258 de 2013 y de unificación de 2018 son decisiones razonables, sustentadas en la autonomía judicial.

    «son decisiones razonables, sustentadas en el principio de autonomía judicial»
  3. La causal de revisión del literal b) no se configura cuando la reliquidación aplicó la cuantía del régimen pensional anterior en virtud de la transición, conforme a la jurisprudencia vigente.

    «porque la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto del recurso extraordinario aplicó la cuantía prevista en el régimen pensional anterior»
  4. El exceso alegado en la cuantía de una pensión no se acredita si no se explica la ecuación con los valores y factores del período base.

    «no refirió la ecuación en la que sustenta esa afirmación»
  5. La UGPP está legitimada para interponer el recurso extraordinario de revisión por las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

    «que la UGPP está legitimada para presentar el recurso extraordinario de revisión por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003»

Decisión

Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia del 4 de abril de 2013, se niega la condena en costas, se archiva el expediente y se devuelven los cuadernos al tribunal de origen.

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez. SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de abril de 2013, que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de enero de 2010, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de Cecilia Castillo de Álvarez. TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y devolver al Tribunal Administrativo de Boyacá los cuadernos que correspondan al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02097-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

6 de agosto de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Sustentado en las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 / REVISIÓN DE LAS PENSIONES CON CARGO AL TESORO PÚBLICO O A FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA QUE IMPONGAN EL PAGO DE SUMAS PERIÓDICAS DE DINERO – Causales de configuración

En atención a que el recurso extraordinario se sustentó en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto en esa norma, es el competente para conocer de la revisión de las pensiones con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública que impongan el pago de sumas periódicas de dinero cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20

CAUSAL PRIMERA DE REVISIÓN DE LAS PENSIONES CON CARGO AL TESORO PÚBLICO O A FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA QUE IMPONGAN EL PAGO DE SUMAS PERIÓDICAS DE DINERO – Cuando el reconocimiento de la pensión se haya obtenido con violación al debido proceso / CAUSAL PRIMERA – No prospera

El apoderado de la UGPP adujo que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue expedida con violación al debido proceso, porque la reliquidación de la pensión se sustentó en normas que no resultaban aplicables al caso, lo que generó el reconocimiento de una mesada pensional superior a la que se debía conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. (…)La Sala encuentra que el argumento expuesto por la UGPP para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho al debido proceso. La recurrente se limitó a cuestionar el ingreso base de liquidación (“IBL”) aplicado en la sentencia cuestionada, conformado –según su dicho– por un lapso inferior al previsto en la ley, con la inclusión de factores salariales respecto de los cuales no se realizó aportes. Esto permite colegir que la sustentación referida se dirige a cuestionar la cuantía de la pensión que la Subsección B de la Sección Segunda ordenó liquidar, razón por la cual, la Sala rechazará el cargo por violación al debido proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL A

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho al debido proceso, ver: Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN (IBL) – Consejo de Estado y Corte Constitucional

En una primera etapa, la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación consideró que los beneficiarios de la transición “estarán sujetos al régimen de transición establecido en el art. 36 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que lo reglamenten por lo que respecto de dichos servidores el reconocimiento pensional se hará conforme a los parámetros ya fijados en la normatividad y providencias interpretativas de las mismas”, dentro de los que se encuentran los factores base de liquidación, cuya determinación no podía dejarse a la entidad que liquidara. Luego, ante “criterios oscilantes” de las Subsecciones sobre el alcance del artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985 , la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación profirió sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, en la que concluyó “que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. (…)Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013 (…) dispuso que: “Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”. Y, luego, en la sentencia SU-230 de 29 del abril de 2015, la Corte Constitucional consideró que, si bien la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial para los congresistas previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 “ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”. Finalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2018, unificó la jurisprudencia de la Corporación relacionada con la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con ciñéndose a la línea trazada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exequibilidad del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: Corte Constitucional, Sentencias C-168 de 1995, C-058 de 1998 y C-146 de 1998.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las reglas de interpretación del ingreso base de liquidación (IBL), ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), C.P. César Palomino Cortés y Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 2015.

CAUSAL SEGUNDA DE REVISIÓN DE LAS PENSIONES CON CARGO AL TESORO PÚBLICO O A FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA QUE IMPONGAN EL PAGO DE SUMAS PERIÓDICAS DE DINERO – Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables / CAUSAL SEGUNDA – No prospera

La UGPP adujo que la cuantía del derecho reconocido a Cecilia Castillo de Álvarez, en la sentencia recurrida, excedió el monto debido conforme a la ley (…)[L]a Sala estima que la sentencia recurrida, proferida el 4 de abril de 2013, se acogió a la posición jurisprudencial entonces vigente, que había sido definida en la sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, según la cual el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los beneficios de la transición debían reconocerse y liquidarse con la edad, el tiempo de servicio y el monto previsto en el régimen pensional anterior, conformado este último por la tasa de reemplazo o porcentaje de la prestación, el período de liquidación y los factores salariales establecidos en la normativa anterior que, para el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, eran todos los emolumentos que hubiere devengado el servidor público durante el último año de servicio. Entonces no se había pronunciado la Corte Constitucional, con la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013 que varió el sentido de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que además se refirió únicamente al régimen pensional de los congresistas. Fue pues sólo, luego de más de dos (2) años, que la jurisprudencia constitucional extendió la subregla invocada por la entidad impugnante a los demás regímenes, mediante la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015. (…)En tales condiciones, en línea con lo decidido previamente por esta Corporación , la causal de revisión prevista en el literal b artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se configura en el presente caso porque la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto del recurso extraordinario aplicó la cuantía prevista en el régimen pensional anterior en virtud del régimen de transición del que era beneficiaria Cecilia Castillo de Álvarez, bajo los parámetros fijados en la jurisprudencial unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió el proceso judicial.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV)

Actor: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL EICE) EN LIQUIDACIÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado general y Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de abril de 2013, que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia expedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de enero de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Cecilia Castillo de Álvarez.

SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP recurre, en vía extraordinaria de revisión, una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la providencia de primera instancia, en cuanto ordenó reliquidar la pensión de la actora, incluyendo todos los factores salariales devengados por la pensionada en el último año de servicio. Aduce que la providencia judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso y excedió lo debido conforme a la ley.
ANTECEDENTES

2.1.- Cecilia Castillo de Álvarez presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento el derecho, con la pretensión anulatoria de la resolución 607 del 7 de enero de 2005 expedida por CAJANAL y del acto tácito configurado por el silencio administrativo frente al recurso de reposición –y en subsidio, de apelación– presentado en contra aquella, en cuanto reliquidó su pensión de jubilación sin incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

2.2.- El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la resolución 607 de 7 de enero de 2007, pero negó la nulidad del acto administrativo tácito confirmatorio, y ordenó reliquidar la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados por la demandante en el último año de servicio.

2.3.- La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia proferida el 4 de abril de 2013, revocó el numeral quinto, que negó la nulidad del acto tácito; adicionó el numeral primero, en el sentido de declarar la nulidad de ese acto, y confirmó la decisión en lo demás.

Consideró que Cecilia Castillo de Álvarez era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como se determinó en el acto de reconocimiento pensional. En consecuencia, la prestación debía liquidarse conforme al régimen pensional anterior, es decir, en cuantía equivalente al 75% de todo lo devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 22 de marzo de 1999 y el 22 de marzo de 2000, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, los gastos de representación, la prima especial y la bonificación por compensación, certificados por la pagadora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

La Sección Segunda se basó en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual las pensiones reconocidas y liquidadas conforme a la Ley 33 de 1985 deben liquidarse con todos los emolumentos que haya devengado el servidor público durante el último año de servicio. En ese orden, consideró que el listado de factores previsto en el artículo 3 de la ley citada, modificado por la Ley 62 de 1985, no es taxativo sino enunciativo; interpretación que garantiza los principios de igualdad material, progresividad, primacía de la realidad sobre las formas y favorabilidad en materia laboral.

2.4.- La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la decisión anterior, con fundamento en las causales previstas en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, aplicables cuando una providencia judicial decrete el reconocimiento de pensiones a cargo del tesoro público, con violación al debido proceso, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Como fundamento del recurso, argumentó que: (i) la pensión de jubilación reconocida a favor de Cecilia Castillo de Álvarez debe liquidarse, teniendo en consideración el ingreso base de liquidación previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1991, con la inclusión de los factores salariales enlistados en forma taxativa en el Decreto 1158 de 1994, como lo ha determinado la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y sentencias de unificación expedidas con posterioridad; (ii) la reliquidación de la pensión se realizó con un ingreso base de liquidación superior al previsto en la normativa aplicable al caso, que –asevera– es la Ley 100 de 1993, artículos 21 y 36, y el decreto reglamentario 1158 de 1994, que prevé los factores salariales base de cotización; y (iii) la pensión reliquidada a favor de Cecilia Castillo de Álvarez excedió en un 48 % la cuantía debida conforme a la ley, dado que el valor de la mesada al momento de interposición del recurso es de $12’672.735 y el valor de la mesada ajustada es de $6’601.494, lo que arroja un exceso de $6’071.241.

2.5.- El recurso extraordinario de revisión fue admitido, por auto de 17 de julio de 2018, en el que se ordenó la notificación a Cecilia Castillo de Álvarez, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que presentaran contestación y solicitaran pruebas.

2.7.- El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado presentó escrito de contestación, en el que solicitó negar los cargos de revisión. Adujo que la sentencia recurrida se sustentó en la jurisprudencia vigente al momento en que fue dictada, esto es, la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010, según la cual, las pensiones reconocidas conforme al régimen pensional anterior de que trata la Ley 33 de 1985 debían liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el servidor público en el último año de servicio.

2.8.- Cecilia Castillo de Álvarez propuso las excepciones de improcedencia del recurso, falta de legitimación en la causa por activa y cosa juzgada; se opuso a las pretensiones de revisión presentadas por el apoderado general y subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, y solicitó condenar en costas a esa entidad. Afirmó que, al ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, accedió a la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el régimen pensional anterior, para el caso, la Ley 33 de 1985. En virtud de ese beneficio, la pensión le fue reconocida y liquidada con el monto fijado en el régimen anterior. Y agregó que la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión se ajustó a la jurisprudencia vigente en el momento en que fue proferida, por lo que cambiar esas reglas en la actualidad implicaría la violación del principio de buena fe y de seguridad jurídica.

2.9.- El Despacho sustanciador, por medio de auto de pruebas de 28 de marzo de 2019, requirió a la Secretaría General de la Corporación para que expidiera certificación en la que constara la fecha de notificación y ejecutoria de la sentencia recurrida, reconoció personería a los apoderados de las partes y se abstuvo de admitir la renuncia al poder presentado por el abogado de la UGPP, Rodrigo Ignacio Méndez, porque no se había reconocido como tal.

2.10.- El Despacho, una vez agotada la etapa probatoria, corrió traslado de las pruebas a las partes y al Ministerio Público. Todos guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

En atención a que el recurso extraordinario se sustentó en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto en esa norma, es el competente para conocer de la revisión de las pensiones con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública que impongan el pago de sumas periódicas de dinero cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

La Sala Especial de Decisión Diecisiete es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión, en virtud de lo previsto en los artículos 107 y 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 29.1 del Reglamento Interno del Consejo de Estado, porque el recurso se interpuso en contra de la sentencia ejecutoriada expedida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo del Estado el 4 de abril de 2013.

3.2. Sobre las excepciones propuestas por la contraparte

3.2.1. Improcedencia del recurso extraordinario de revisión

Cecilia Castillo de Álvarez adujo que el recurso es improcedente, porque la causal invocada referida al reconocimiento del derecho pensional en cuantía superior a lo debido de acuerdo con la ley no se configuró, dado que la reliquidación pensional ordenada en la sentencia cuestionada se sustentó en la normativa y jurisprudencia vigentes al momento en que se profirió la decisión, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los devengado por la pensionada en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales.

La Sala considera que la excepción formulada por el apoderado de la pensionada constituye un argumento de defensa y no una excepción, dado que la configuración de la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es precisamente el objeto de la controversia. Por tanto, su análisis se hará en la parte motiva de esta providencia.

3.2.2. Falta de legitimación en la causa por activa

La contraparte adujo que la UGPP carece de legitimación en la causa para presentar el recurso extraordinario de revisión porque, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los únicos habilitadas para solicitar la revisión de las pensiones reconocidas en providencias judiciales con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno Nacional, el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación.

Esta Judicatura recuerda que la Corte Constitucional reiteró, en sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, que la UGPP está legitimada para presentar el recurso extraordinario de revisión por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, además, por la de abuso del derecho prevista en el artículo 48 de la Constitución Política. En relación con el término de 5 años para interponer el recurso, la Corte precisó que si bien el parámetro para iniciar el conteo es la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional, tal exigencia no es aplicable a la UGPP “en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013”. Por lo tanto, la Sala encuentra que la excepción de falta de legitimación en la causa por activa no está llamada a prosperar.

3.2.3. Cosa Juzgada

El apoderado judicial de Cecilia Castillo de Álvarez afirmó que la sentencia contra la que se interpuso el recurso extraordinario de revisión hizo tránsito a cosa juzgada, porque el trámite judicial culminó con el fallo de la Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado de 4 de abril de 2013.

La Sala observa que conforme a lo previsto en el artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, por las causales previstas en el artículo 250 de ese código y por las dispuestas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, relacionadas con el reconocimiento y liquidación de pensiones con cargo al erario.

Por otro lado, la Corte Constitucional, al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA, en sentencia C-450 de 2015, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho procede contra sentencias ejecutoriadas, “buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada”.

El principio de cosa juzgada admite así excepciones dispuestas por el legislador, como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario de revisión, por lo que se impone concluir que la excepción bajo examen no se configura.

3.3. Análisis de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: Cuando el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido proceso

3.3.1.- El apoderado de la UGPP adujo que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue expedida con violación al debido proceso, porque la reliquidación de la pensión se sustentó en normas que no resultaban aplicables al caso, lo que generó el reconocimiento de una mesada pensional superior a la que se debía conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

3.3.2.- El derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, es entendido como:

“[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”.

3.3.3.- La Sala encuentra que el argumento expuesto por la UGPP para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho al debido proceso. La recurrente se limitó a cuestionar el ingreso base de liquidación (“IBL”) aplicado en la sentencia cuestionada, conformado –según su dicho– por un lapso inferior al previsto en la ley, con la inclusión de factores salariales respecto de los cuales no se realizó aportes. Esto permite colegir que la sustentación referida se dirige a cuestionar la cuantía de la pensión que la Subsección B de la Sección Segunda ordenó liquidar, razón por la cual, la Sala rechazará el cargo por violación al debido proceso y procederá al análisis de la segunda causal.

3.4. Análisis de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables

3.4.1.- La UGPP adujo que la cuantía del derecho reconocido a Cecilia Castillo de Álvarez, en la sentencia recurrida, excedió el monto debido conforme a la ley, por las siguientes razones:

La señora Castillo de Álvarez, al ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, accedió a la pensión de jubilación conforme al régimen pensional anterior contenido en la Ley 33 de 1985, solo en lo relacionado con el tiempo de servicio, la edad y el monto.

La beneficiaria de la pensión reconocida adquirió el derecho pensional con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el IBL se regía por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no por lo regulado en el régimen anterior.

El IBL no forma parte de los beneficios de la transición, por tanto, debe conformarse con los factores salariales sobre los que se haya realizado aportes para pensión –artículo 21–, percibidos en el lapso previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, en los últimos diez (10) años de servicio o en el tiempo que le hiciere falta pensionarse si es menor a ese periodo.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión ordenó la reliquidación de la pensión de Cecilia Castillo de Álvarez, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, lo que arrojó una mesada pensional que excede en un 48% el valor debido conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Constitucional, en las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, A-229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 ha reiterado que las pensiones liquidadas con un IBL diferente al previsto en el Sistema General de Pensiones vigente genera un grave detrimento del erario, porque exceden el valor debido de acuerdo con la ley, que no es otro que el que resulta del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, o el tiempo que le hiciere falta para pensionarse, con la inclusión de los factores enlistados en forma taxativa en el Decreto 1158 de 1994.

3.4.2. La Sala advierte que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 prevé las reglas de transición aplicables a las personas que estaban próximas a consolidar el derecho pensional al momento del cambio normativo que conllevó su promulgación, con el fin de garantizar las expectativas legítimas de pensionarse conforme a lo dispuesto en el régimen pensional anterior. Con ese propósito, la norma referida fijó los requisitos para hacerse acreedor de la transición y estableció el beneficio de acceder a la prestación con la edad, el tiempo de servicio y el monto, tasa de remplazo o porcentaje fijados en el régimen anterior.

En relación con el ingreso base de liquidación (“IBL”), la norma referida establece en su inciso 3º:

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos”.

3.4.2.1. En la sentencia C-168 de 1995, con la que fue declarada la inexequibilidad de la frase tachada, la Corte Constitucional afirmó que el ingreso base de liquidación previsto en la frase declarada exequible del inciso trascrito salvaguardó los derechos adquiridos de las personas que estaban próximas a pensionarse cuando ocurrió el cambio legislativo, lo que consideró que es “[…] una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo”. No se pronunció, por lo demás, sobre el alcance del término “monto” como beneficio de la transición, la relación de éste con el IBL ni los factores o emolumentos para calcularlo. Ni fijó pues la Corte la subregla invocada por la entidad recurrente.

Tras ello, en las sentencias C-058 de 1998 y C146 de 1998, en las que resolvió demandas de inconstitucionalidad sobre el aparte declarado exequible anteriormente expuesto, la Corte Constitucional decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-168 de 1995.

3.4.2.2. En una primera etapa, la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación consideró que los beneficiarios de la transición “estarán sujetos al régimen de transición establecido en el art. 36 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que lo reglamenten por lo que respecto de dichos servidores el reconocimiento pensional se hará conforme a los parámetros ya fijados en la normatividad y providencias interpretativas de las mismas”, dentro de los que se encuentran los factores base de liquidación, cuya determinación no podía dejarse a la entidad que liquidara.

Luego, ante “criterios oscilantes” de las Subsecciones sobre el alcance del artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación profirió sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, en la que concluyó “que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. Reiteró, además, que el monto de la pensión hace referencia a la tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación previsto en el régimen anterior, es decir, 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años de servicio o en el tiempo que le hiciere falta para pensionarse si es menor a ese período.

3.4.2.3. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, declaró la inexequibilidad parcial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que establecía un régimen pensional especial para senadores y representantes, en el que esta prestación equivalía a no menos del 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo concepto, hubiera percibido el congresista. En la parte resolutiva, la Corte dispuso que:

“Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.
Y, luego, en la sentencia SU-230 de 29 del abril de 2015, la Corte Constitucional consideró que, si bien la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial para los congresistas previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 “ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”.

3.4.2.4. Finalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2018, unificó la jurisprudencia de la Corporación relacionada con la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con ciñéndose a la línea trazada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

En todo caso, al fijar los efectos de la nueva posición unificada, la Corporación precisó que:

“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo”.

3.4.5.5. De acuerdo con lo anterior, la Sala colige que las providencias que realizaron interpretaciones sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de las sentencias de la Corte Constitucional C-258-13 y del Consejo de Estado 2012-00143 de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis formuladas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado que, valga decir, fueron coincidentes en varias decisiones de revisión de tutela en las que se aplicó la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.
3.4.6.1. Pasando ahora al asunto sub lite, esta Colegiatura encuentra que, conforme a lo expuesto en la resolución 24152 de 27 de agosto de 2002, Cecilia Castillo de Álvarez es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos (1º de abril de 1994) contaba con más de 40 años de edad y 15 años de servicio,

3.4.6.2. Cajanal, por medio de la resolución 24152 de 27 de agosto de 2002, reconoció la pensión de jubilación a favor de Cecilia Castillo de Álvarez conforme a lo previsto en el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicio y el monto, en virtud de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La cuantía de la pensión fue calculada con el 75% del promedio de lo devengado por concepto de asignación básica entre el 25 de abril de 1994 y el 22 de marzo de 2000, lo que arrojó una mesada pensional de $2.277.288,53.

3.4.6.3. Cecilia Castillo de Álvarez solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación el 18 de julio de 2003, petición que fue resuelta con la resolución 0607 de 7 de enero de 2005, en la que Cajanal ordenó la reliquidación con el 75% del promedio de lo devengado entre el 25 de abril de 1994 y el 22 de marzo de 2000 con cita al “ingreso base de cotización”, lo que arrojó una mesada pensional por valor de $2.709.831,84, efectiva a partir del 23 de marzo de 2000.

3.4.6.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Distrito de Tunja, en certificación fechada el 30 de marzo de 2000, hizo constar que Cecilia Castillo de Álvarez desempeñó el cargo de Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial desde el 25 de abril de 1995 hasta el 22 de marzo de 2000 y devengó: asignación básica, primas de navidad, vacaciones y servicios, bonificación por recreación (año 1996), vacaciones, prima de nivelación (año 1997), bonificación por servicios, gastos de representación (desde junio de 1998), prima especial y bonificación por compensación (desde septiembre de 1999).

3.4.6.5. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia censurada, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Cecilia Castillo de Álvarez, en cuantía equivalente al 75% de todo lo devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 22 de marzo de 1999 y el 22 de marzo de 2000, con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, los gastos de representación, la prima especial y la bonificación por compensación, certificados por la pagadora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

3.4.7. En este orden de ideas, la Sala estima que la sentencia recurrida, proferida el 4 de abril de 2013, se acogió a la posición jurisprudencial entonces vigente, que había sido definida en la sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, según la cual el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los beneficios de la transición debían reconocerse y liquidarse con la edad, el tiempo de servicio y el monto previsto en el régimen pensional anterior, conformado este último por la tasa de reemplazo o porcentaje de la prestación, el período de liquidación y los factores salariales establecidos en la normativa anterior que, para el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, eran todos los emolumentos que hubiere devengado el servidor público durante el último año de servicio.

Entonces no se había pronunciado la Corte Constitucional, con la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013 que varió el sentido de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que además se refirió únicamente al régimen pensional de los congresistas. Fue pues sólo, luego de más de dos (2) años, que la jurisprudencia constitucional extendió la subregla invocada por la entidad impugnante a los demás regímenes, mediante la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015.

3.4.8. En lo atinente a la aplicación matemática de la orden de reliquidación de la pensión decretada en la sentencia objeto del recurso, el apoderado de la entidad presentó el siguiente cuadro:

VALOR DE LA MESADA ACTUAL
$ 12.672.735
VALOR DE LA MESADA AJUSTADA A LA FECHA
$ 6.601.494
DIFERENCIAS
$ 6.071.241
PORCENTAJE DE INCREMENTO
48

La información expuesta permite inferir que, si bien es cierto el apoderado de la entidad aduce que la cuantía de la pensión aumentó en un 48% el valor de la mesada, también lo es que no refirió la ecuación en la que sustenta esa afirmación, pues no señaló los valores aplicados por concepto de asignación básica devengada en el último año, el resultado de la suma de esas cifras, ni el resultado de dividir el valor total por el período base. También omitió ese ejercicio frente a la bonificación por servicios prestados, los gastos de representación, la prima especial y la bonificación por compensación, varios de estos devengados por una sola vez en ese lapso por lo que correspondía calcular la proporción mensual.

En tales condiciones, en línea con lo decidido previamente por esta Corporación, la causal de revisión prevista en el literal b artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se configura en el presente caso porque la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto del recurso extraordinario aplicó la cuantía prevista en el régimen pensional anterior en virtud del régimen de transición del que era beneficiaria Cecilia Castillo de Álvarez, bajo los parámetros fijados en la jurisprudencial unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió el proceso judicial.

3.7. Condena en costas

La codificación administrativa actual no regula de manera específica la condena en costas con ocasión del recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, el artículo 188 del CPACA prevé la sentencia dispondrá sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”. El ejercicio de este mecanismo extraordinario, previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público –como lo ha determinado la Corporación– y un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por lo tanto, la Sala considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.

3.8. Manifestación de impedimento

Respecto de la manifestación de impedimento, presentada por el Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, al considerar que tiene interés indirecto en el resultado del proceso, al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior conforme a la causal descrita en el artículo 141-1 del CGP. Por consiguiente, la Sala evidencia que la situación está enmarcada en la causal mencionada, razón ésta por la que se aceptará el impedimento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de abril de 2013, que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de enero de 2010, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de Cecilia Castillo de Álvarez.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y devolver al Tribunal Administrativo de Boyacá los cuadernos que correspondan al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente de la Sala Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Impedido

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Ausente con permiso

Folio 2 del cuaderno 3. Folios 202 a 216 del C. principal 1. Folios 245 a 255 del C. principal 1. Folio 259 del C. principal 1. Folio 280 del C. principal 2. Folios 306 a 318 del C. Principal 2. Folio 355 del C. principal 2. Folio 369 del C. principal 2.
“Artículo 107. Integración y composición del Consejo de Estado. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno. […] Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
“Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: || 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”. Previamente, en la sentencia C- 258 de 2013, la Corte Constitucional había legitimado a las diferentes entidades administradoras de pensiones para interponer el recurso extraordinario de revisión, cuando en el reconocimiento no se hubiera aplicado el régimen especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, y determinó que la causal de revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho, prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005, sería tramitado por el procedimiento aplicable al recurso extraordinario de revisión.
“7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-520-09: “la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)”.

Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-341 de 2014. Reiterado en la sentencia de la Sala Plana de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 27 de febrero de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2017-00558-00. CONSEJO DE ESTADO, Sala Seis Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019, rad. núm. 11001-03-15-000-2018-01943-00. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 14 de agosto de 2003, expediente 1782-00.
“Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión|| Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituída por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. || En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes". CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0112-09. Sobre el tema, ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 16 de febrero de 2012, radicación número 11001-03-06-000-2011-00049-00(2069), en el que se afirmó: “Respecto del asunto consultado, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido de manera constante un criterio restringido sobre los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de las personas en régimen de transición a quienes se les aplica la ley 33 de 1985. En particular, ha señalado que sólo se pueden incluirse [sic] los factores de liquidación previstos expresamente en dicha ley (lista taxativa), con exclusión, por tanto, de las primas de servicios, navidad o vacaciones. […] Conforme a lo anterior, los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a que se ha hecho referencia son vinculantes para el Instituto de Seguros Sociales, según se trate en cada situación particular, de asuntos que en caso de controversia corresponderían a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción contencioso administrativa, respectivamente”. Por tanto, el precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 estará circunscrito a los asuntos que pudieran ser de conocimiento de la jurisdicción contenciosa y, en consecuencia, únicamente se extenderá a las relaciones de la Universidad de Antioquia con el ISS y con sus docentes, si la competencia en tales casos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ). Corte Constitucional, sentencias T-651-04, T-948-09, T-013-11 y T- 860-12. En la última citada, la Corte Constitucional consideró: “Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, sin que le sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son inseparables.”
Folio 46 del cuaderno 3. Folio 46 del cuaderno 3. Folio 60 del cuaderno 3. Folio 20 del cuaderno 3. Resolución 00607 de 7 de enero de 2005 visible a folio 60 del cuaderno 3. Folio 254 del cuaderno principal 1. Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, rad. núm. 11001-03-15-000-2018-01943-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso (…).

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