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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00807-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00807-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Ugpp presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00807-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Bernardo Riaño Suárez

Tema: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por la Ugpp contra la
sentencia proferida el 10 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Santander que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Bernardo Riaño Suárez contra esa
entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-00-000-2013-00901-00 que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Bernardo Riaño Suárez
con la que pretendía que se reliquidara la pensión de vejez que le fue reconocida,
en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación2 todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de la sentencia del 10
de octubre de 2017; ii) la declaratoria de que a Bernardo Riaño Suárez no le asistía
el derecho a que la pensión de vejez que le fue reconocida se liquidara con la
totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio; y iii) la
declaratoria de que la mesada pensional debía calcularse de conformidad con lo
dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante IBL.

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2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

20183, esto es, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Bernardo Riaño Suárez nació el 30 de julio de 1944 y laboró en el Ministerio de
Educación Nacional desde el 23 de agosto de 1976 hasta el 30 de agosto de 2009.

3.2. Adquirió el estatus de pensionado el 30 de julio de 1999 y la entonces Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal le reconoció una pensión de vejez por medio
de la Resolución 33343 del 13 de julio de 2006, en cuantía del 75% del promedio
de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, «efectiva» a partir del 1 de
julio de 2005 pero condicionada a que demostrara el retiro del servicio.

3.3. Solicitó la reliquidación del derecho pensional que le fue concedido en el sentido
de que se calculara en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio. La Ugpp negó lo pedido por medio de
la Resolución RDP 12803 del 15 de marzo de 2013, confirmada por medio de la
Resolución RDP 21667 del 14 de mayo de ese año.

3.4. El hoy demandado promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Ugpp en la que solicitó la reliquidación de la mesada
pensional en los mismos términos pedidos en sede administrativa. La demanda se
identificó con el radicado 68001-23-33-000-2013-00901-00 y fue fallada en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de octubre de 2017, en
la que accedió a las pretensiones de la demanda. Ninguna de las partes interpuso
recurso de apelación.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia adoptada en la reanudación de la audiencia inicial del 10 de octubre
de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander, en atención a que se trataba de
un asunto de puro derecho, dictó sentencia en la que accedió a las pretensiones de
la demanda y dispuso lo siguiente4:

«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 33343 del 13 de julio
de 2006, la nulidad de la Resolución RDP 012803 del 15 de marzo de 2013, proferida
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y de la Resolución RDP 021667 del 14 de
mayo de 2013, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Bernardo Riaño Suárez, con el
75% del promedio de todos los factores salariales devengados por él en el último año de
servicios, esto es, entre el 30 de agosto de 2008 y el 30 de agosto de 2009: la asignación
básica mensual, la bonificación por servicios, las horas extras, la prima semestral, la

3 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
4 Folios 65 al 68 del cuaderno 2 del expediente ordinario.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

prima de navidad, la prima vacacional y la prima de antigüedad que constituyen salario
base para la liquidación de la prestación, aun cuando sobre ellos no se haya efectuado
aportes de ley.

Actualizada la base de liquidación de la pensión de vejez del accionante páguesele la
diferencia que resulte entre lo que le pagó la accionada y la reliquidación aquí ordenada,
a partir del 13 de diciembre de 2009 en virtud de la prescripción, Reajústese la suma a
reconocer conforme a los ajustes legales y actualizándola mes por mes desde la fecha
en que se causó el derecho hasta el momento de la sentencia.

Finalmente, realizase por parte de la demandada, el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se dispone en la presente
providencia y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal correspondiente.

TERCERO. DECLÁRESE probada la excepción de prescripción de las diferencias de
las mesadas pensionales causadas con antelación al 13 de diciembre de 2009, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP que de cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en los artículos
189, 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS en primera instancia […] [sic]».

5. Para tal efecto, el Tribunal se pronunció en estos términos5:

5.1. De acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de
agosto de 20106, la Ley 33 de 1985 no indicaba de manera taxativa los factores
salariales que debían hacer parte de la base de liquidación de las pensiones, sino
que lo hacía de manera enunciativa, de modo que nada impedía que se incluyeran
otros factores percibidos por el trabajador durante el último año de servicio.

5.2. La pensión de jubilación de Bernardo Riaño Suárez debió corresponder al 75%
del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, es decir, entre
el 30 de agosto de 2008 y el 30 de agosto de 2009 con inclusión de la [asignación
básica], bonificación por servicios, horas extras, primas semestral, de navidad y
vacaciones que deben conformar la base de liquidación de acuerdo con lo señalado
por el Consejo de Estado en la citada sentencia, aun cuando sobre esos factores
no se hayan realizado los aportes de ley7. La bonificación por recreación y las primas
técnica y por evaluación de desempeño no pueden hacer parte del IBL pensional.

5 Folios 43 al 62 del documento «2014-519 ORDINARIO #2.pdf» de la carpeta «01ExpedienteDigital»

del expediente digitalizado de nulidad y restablecimiento del derecho remitido por el Tribunal
Administrativo del Chocó. Link en el documento número 50 en el índice 49 de Samai de este proceso.
6 Radicado interno 0112-09 M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7 La apoderada de la Ugpp no asistió a la audiencia inicial en la que se dictó sentencia, razón por la

que no pudo presentar recurso de apelación contra esa decisión. Por medio de memorial del 12 de
abril de 2019 radicó incidente de nulidad en el que alegó que no se le notificó personalmente el auto
que fijó fecha y hora para la celebración de la diligencia, lo que conllevó a la pretermisión de la citada
etapa. El Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de nulidad a través de auto del 23
de enero de 2020, en el que explicó que el auto que cita a audiencia inicial no se encuentra enlistado
en el artículo 189 del CPACA como aquellos que deben notificarse personalmente, de modo que su
notificación se realiza a través de estado y se comunica al correo electrónico aportado por las partes,
procedimiento que se realizó en debida forma y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 201
ibidem.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 y expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La decisión objeto de revisión ordenó la reliquidación de una pensión con un IBL
conformado por todos los factores salariales percibidos por el causante durante el
último año de servicio, postura que desconoció lo dispuesto en los artículos 21 y 36,
inciso 3, de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre estos asuntos ha
realizado la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y
SU-395 de 2017.

6.2. La citada decisión implicó un reconocimiento que superó lo que en derecho
correspondía, toda vez que se han pagado en exceso alrededor de $194.261.296 y,
de acuerdo con el promedio de vida del demandado deberán reconocerse, en
promedio, 184 mesadas más.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de acuerdo con los
siguientes argumentos9:

7.1. La sentencia objeto de revisión se motivó en forma suficiente y amplia basada
en la jurisprudencia vigente para el momento en el que fue proferida, al punto que
la entidad no ejerció los medios legales ordinarios para discutir lo decidido por el
Tribunal Administrativo de Santander.

7.2. La entidad demandante pretende reabrir un debate que ya se surtió ante el juez
competente, en el que se profirió una decisión que se encuentra en firme, por lo que
es evidente que lo pretendido es reabrir la discusión a través de una instancia no
prevista para ello.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. La agente del Ministerio Público delegada ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el que solicitó que se declarara fundada la acción especial de revisión
y se le ordenara al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva
sentencia en la que atendiera lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia
de unificación del 28 de agosto de 201810.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,

8 Folios 2 al 7 reverso.
9 Documento en el índice 50 de Samai.
10 Sentencia dictada dentro del proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. Concepto

visible en el índice 10 de Samai.

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Demandante: UGPP

inciso 2, del CPACA11.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 18 de enero
de 201813 y la presente acción fue radicada el 3 de diciembre de 201914, lo que
permite concluir que su presentación fue oportuna.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si la cuantía del derecho reconocido en la
sentencia de segunda instancia del 10 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 68001-23-33-000-2013-00901-00 excedió lo debido de acuerdo con la ley,
al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 15 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Según constancias de notificación de la sentencia de segunda instancia en los folios 63 al 69 del

documento «2014-519 ORDINARIO #2.pdf» de la carpeta «01ExpedienteDigital» del expediente
digitalizado de nulidad y restablecimiento del derecho remitido por el Tribunal Administrativo del
Chocó. Link en el documento número 50 en el índice 49 de Samai de este proceso.
14 Índice 1 de Samai.
15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»18.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) El Foncep está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicios.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6a
de 194521, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable»22; este último exigía 55 años
de edad «si es varón, o 50 si es mujer»23.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 24, esta corporación25
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194526 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a
los servidores públicos del nivel territorial […].

[…]

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
23 Artículo 27.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado

47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
26 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

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Demandante: UGPP

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Se resalta].

27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200927 y del 16 de diciembre de 200928, en las que se indicó lo
siguiente:

«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» [Se resalta].

28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

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Demandante: UGPP

enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios»29.

2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201830 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

31. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

32. Además,la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
30 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».

34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio31 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución

31 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el

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tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

37. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

38. Bernardo Riaño Suárez laboró en el sector educativo del departamento de
Santander desde el 20 de septiembre de 197632 hasta el 1 de septiembre de 200933.
Entre enero de 2008 y agosto de 2009, devengó los factores salariales de sueldo
básico, bonificaciones de servicios y de recreación, horas extras y primas de
navidad, semestral, vacacional, técnica por evaluación de desempeño y de
antigüedad34.

39. Por medio de la Resolución 33343 del 12 de julio de 2006 Cajanal le reconoció a
Bernardo Riaño Suárez una pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio
de los salarios percibidos durante los 10 años anteriores al reconocimiento del
derecho, con un IBL conformado por asignación básica, horas extras, bonificación
por servicios prestados y prima de antigüedad. La efectividad fiscal de la pensión
se condicionó al retiro definitivo del servicio público35.

40. El 15 de marzo de 2013, el demandado solicitó la reliquidación de su mesada
pensional en el sentido de que el IBL se conformara por todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio36.

41. La Ugpp negó la anterior solicitud por medio de la Resolución RDP 12803 del 13
de marzo de 2013, en la que señaló que el IBL y el periodo no era un asunto sujeto
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que su fijación dependía de
lo señalado en el régimen general de seguridad social en pensiones37. La anterior
decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 21667 del 14 de mayo de
201338.

42. Con ocasión de la anterior decisión, Bernardo Riaño Suárez presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado 68001-23-33-
000-2013-00901-00 fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander en la audiencia inicial celebrada el 10 de octubre de 2017, en la que se
accedió a la reliquidación pedida por él en aplicación de la posición fijada por el

precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
32 Según se extrae de la Resolución 33343 del 12 de julio de 2006
33 De acuerdo con lo indicado en la Resolución 7981 del 8 de julio de 2009 por medio de la cual la

Gobernación de Santander le aceptó la renuncia al cargo de celador código 47771 grado 01, en el
folio 25.
34 De acuerdo con la constancia 176 del 25 de septiembre de 2013 expedida por la Gobernación de

Santander visible en el folio 24 dele expediente ordinario.
35 Folios 14 al 19 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-23-33-000-2013-

00901-00.
36 Según se extrae de la Resolución RDP 12803 del 15 de marzo de 2013 en el folio 20 del expediente

ordinario.
37 Folios 20 al 21 reverso del expediente ordinario.
38 Folios 22 al 23 reverso.

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Demandante: UGPP

Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 39, por lo
que se ordenó la reliquidación de la prestación en el sentido de aplicar un periodo
correspondiente al último año de servicio y un IBL conformado por asignación
básica, horas extras, bonificación por servicios y las primas semestral, de navidad
y vacaciones.

43. La Ugpp no asistió a la audiencia inicial y, en consecuencia, no apeló la decisión,
sin embargo, presentó incidente de nulidad40 en el que afirmó que no fue notificada
personalmente del auto por medio del cual se fijó fecha y hora para la celebración
de la diligencia. El incidente fue resuelto por el tribunal a través de auto del 23 de
enero de 2020 en el que negó la nulidad por considerar que la providencia que
convoca a las partes a la audiencia inicial solo es objeto de notificación por estado
y comunicación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 186 y 201 del CPACA.

44. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Santander profirió la decisión objeto de revisión con sustento en la posición
jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado imperante para ese
momento41 según la cual la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual
y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé».

45. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

46. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 10 de
octubre de 2017 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

47. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.

39 Radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
40 Por medio de memorial del 12 de abril del 2019, en los folios 76 a 81 del expediente ordinario.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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48. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida (10 de octubre de 2017), la posición era
que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta
todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación
del régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la
norma.

49. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó que la pensión de
que le fue reconocida a Bernardo Riaño Suárez se reliquidara con la inclusión de
los siguientes factores: i) asignación básica, ii) horas extras, iii) bonificación por
servicios y las primas iv) semestral, v) de navidad y vi) de vacaciones.

50. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando.» [Negrillas del original].

51. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

52. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que el hoy demandado i) era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) prestó sus servicios

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por más de 20 años en una institución pública del orden departamental; y iii) durante
el último año de servicio percibió los factores respecto de los cuales el tribunal
ordenó la reliquidación de la prestación.

53. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de transición
y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición permite
salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad jurídica42.

54. Valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 43 la Sala Plena del
Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían obligatorias
para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que resultan
inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, en
garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en principio,
que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el
que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

55. Finalmente, es importante señalar que la Ugpp no interpuso en debida forma los
medios ordinarios de defensa judicial con los que contaba toda vez que dejó de
ejercer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander y justificó dicha deficiencia con una supuesta indebida
notificación del auto que convocó a las partes a la reanudación de la audiencia
inicial, solicitud que fue despachada desfavorablemente.

56. En tal sentido, la presente acción especial fue prevista para la revisión de
sentencias judiciales bajo circunstancias especiales previstas en la norma, pero no
para la subsanación de las faltas procesales en que puedan incurrir las partes.

57. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 10 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y por tanto se
declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.6. Costas

58. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se
advierte que el recurso se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento
legal.

42 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: Ugpp; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: Ugpp.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00807-00 (5920-2019)
Demandante: UGPP

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Ugpp presentó
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de
octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC

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