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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00616-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00616-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 26 de mayo de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ACCR Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00616-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00616-00 (3001-2021)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Gustavo Alberto Molina Arango

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de
2003.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia proferida el 26 de mayo de
2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se confirmó
parcialmente el fallo del 29 de mayo de 2015 emitido por el Juzgado 4 Administrativo
de Descongestión de Medellín que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Gustavo Alberto Molina Arango.

I. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia solicitó la revisión de las
sentencias del 29 de mayo de 2015 y 26 de mayo de 20161, proferidas en su orden
por el Juzgado 4 Administrativo de Descongestión de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-31-028-2012-00057-00 (02),
por medio de las cuales se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda

1 Índice 3 de samai, archivo denominado «2_110010325000202100616003 DemandaWeb
2021915145220» páginas 2 a 46.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00616-00 (3001-2021)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

presentada por Gustavo Alberto Molina Arango contra el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia y se ordenó reliquidar la pensión de vejez
otorgada con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de
servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la anulación de las sentencias
proferidas el «26 de julio de 2016» (sic) por el Juzgado 4 Administrativo de Medellín
y del 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia; ii) la
reliquidación de la pensión concedida a Gustavo Alberto Molina Arango con una
base de liquidación de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, conforme
con lo previsto por la Corte Constitucional especialmente en las sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015 y por el Consejo de Estado en el fallo de unificación del
28 de agosto de 2018; iii) la devolución de los mayores valores que se pagaron
producto de lo decidido por los jueces de instancia, ajustados según lo dispuesto en
el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes 3:

3.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Gustavo
Alberto Molina Arango presentó demanda contra la Universidad Nacional de
Colombia en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución P.V. 4091 del 23
de septiembre de 2011, a través de la cual el fondo pensional de esa entidad le
reconoció una pensión de vejez.

3.2. La Universidad Nacional negó la solicitud presentada por el actor con el fin de
que se le reliquidara la pensión de jubilación con el 75% de todos los factores de
salario que percibió en el último año de servicio, según las leyes 33 y 62 de 1985.

3.3. El Juzgado 4 Administrativo de Descongestión de Medellín, en sentencia del 29
de mayo de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del
acto administrativo acusado y ordenó al Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia reliquidar la pensión de jubilación de Gustavo Alberto Molilna Arango
con el 75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio,
teniendo en cuenta «la prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación,
bonificación por servicios prestados y prima de servicios».

3.4. La anterior decisión fue apelada por el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia y a través de la sentencia recurrida fue confirmada

2 En lo que sigue CPACA.
3 Índice 3 de samai, archivo denominado «2_110010325000202100616003 DemandaWeb
2021915145220» páginas 2 a 46.

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

parcialmente en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

3.5. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la
Resolución FP 0007 del 23 de enero de 2017 dio cumplimiento a la providencia
proferida en segunda instancia, para lo cual resolvió que la pensión reconocida a
Gustavo Alberto Molina Arango pasaría de tener una mesada para el año 2007 por
valor de $1.169.524 a $1.309.357.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 26 de mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó parcialmente la decisión del 29 de mayo de 2015 emitida por el Juzgado 4
Administrativo de Descongestión de Medellín que accedió a las súplicas de la
demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. Gustavo Alberto Molina Arango laboró al servicio del Estado durante 20 años y
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 40 años,
por lo que se encontraba en el régimen de transición previsto en su artículo 36,
razón por la cual se le aplicaba la Ley 33 de 1985 en cuanto a edad, tiempo y monto
de la pensión.

5.2. A partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado los usuarios de la administración de
justicia tuvieron el convencimiento de que sus pensiones, reconocidas bajo el
régimen de transición, serían liquidadas con los parámetros señalados en las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993 y aquella posición fue reiterada en múltiples
providencias, por lo que se constituyó en un criterio uniforme en materia contenciosa
administrativa.

5.3. Al efectuarse el cálculo de la pensión del demandante no fueron incluidos todos
los factores salariales que aquel percibió durante el último año de servicio de
conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985, situación que constituyó un
desconocimiento de las normas en que debía fundarse de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en consecuencia el demandante tenía
derecho a que se reliquidara su prestación con la inclusión de todos los factores que
devengó durante el último año de prestación de servicio, que sean de carácter legal,
esto es «prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, bonificación
por servicios prestados y prima de servicio».

4 Índice 3 de samai, archivo denominado «2_110010325000202100616003 DemandaWeb
2021915145220» páginas 121 a 151.

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5.4. El pago de las cotizaciones al sistema pensional debió ser compartida entre el
empleador y el trabajador en las proporciones que dispuso la ley, razón por la cual
confirmó la decisión del a quo al ordenar el descuento de los aportes que no se
hubieran retenido por los factores que habrán de incluirse, pero con la aclaración de
que tales descuentos deberían hacerse en la proporción que le correspondía al
empleado y a la Universidad Nacional como empleador.

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:

6.1. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la
Corte Constitucional y posteriormente por el Consejo de Estado que determinaron
que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición se liquidarían
conforme con las reglas previstas en los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993,
según fuera el caso pero que se conservarían los requisitos de edad, tiempo de
servicio y monto del régimen anterior. No obstante, la prestación que fue reconocida
a Gustavo Alberto Molina Arango se reliquidó en consideración a todos los
emolumentos de salario devengados en el último año de servicio.

6.2. Por lo anterior, aquel, al haber sido beneficiario del régimen de transición, tenía
derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de
servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tenía que ver con
el ingreso base de liquidación6, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 o 21
de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 1158 de 1994, es decir sobre
el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio.

6.3. La sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el
28 de agosto de 2018 estableció la improcedencia de reliquidar las pensiones como
la otorgada al demandado con lo devengado en el último año de servicio. Asimismo,
se determinó que los factores a incluir eran únicamente aquellos respecto de los
cuales se hubieren efectuado cotizaciones y que correspondan taxativamente a los
enunciados en el Decreto 1158 de 1994.

6.4. En
ese entendido la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de
acuerdo con la ley y como consecuencia se deberá infirmar la sentencia del 26 de
mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1.2.1. Contestación de la acción especial de revisión

5 Índice 3 de samai, archivo denominado «2_110010325000202100616003 DemandaWeb
2021915145220» páginas 37 a 43.
6 En lo sucesivo IBL.

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7. Gustavo Alberto Molina Arango se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación7:

7.1. Operó el fenómeno jurídico de la caducidad pues el recurso fue presentado en
vigencia del CPACA el cual determinó que el término para su interposición es
«dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia» y al cobrar ejecutoria
la sentencia acusada el 3 de junio de 2016, es a partir de esta fecha que se debió
contabilizar el término para la presentación del recurso por lo que el plazo venció el
3 de junio de 2017.

7.2. Por otra parte, si la entidad consideró que se había configurado la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 esta «no se aplica» al caso bajo
estudio comoquiera que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia fue proferida conforme con las normas legales y la jurisprudencia vigente
del tribunal de cierre.

7.3. Laentidad demandante pretendió el recaudo de los dineros pagados en
cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas por los jueces de instancia en
claro desconocimiento de los múltiples pronunciamientos que indicaron que los
pagos recibidos de buena fe no generan la obligación de su devolución, pagos que
además se produjeron en cumplimiento de decisiones judiciales.

7.4. En atención a que se evidenció que la parte recurrente actuó con temeridad y
mala fe debe condenarse a la entidad demandante al pago de costas.

1.1.1. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.

7 Índice 18 de Samai archivo denominado «14_110010325000202100616002 Memorial
Web20242620111».
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias

ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.

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10.Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados
a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el caso bajo examen la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 3
de junio de 201610 y la presente acción fue radicada el 15 de septiembre de 2021,
no obstante, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 los términos
judiciales fueron suspendidos con ocasión a la emergencia sanitaria del Covid-19 lo
que permite concluir que se presentó oportunamente tal y como se determinó en el
auto del 6 de junio de 202211.

2.3. Problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿si la cuantía del derecho reconocido
al demandado por el Tribunal Administrativo de Antioquia excedió lo debido de
acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de
jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por
lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Índice 22 de Samai, archivo denominado « 20_RECIBEMEMORIAL_201200057PDF
_20240415103829 » página 397.
11 Índice 6 de Samai.
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

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sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto
que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.

17. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»14.

20. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales»,
es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194516 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»17; este último
exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»18.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
18 Artículo 27.

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26.Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 19, esta corporación20
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194521 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),
que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200922 y del 16 de diciembre de 200923, en las que se indicó lo
siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045

19 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
20 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
21 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

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de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»24.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201825 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

31. En efecto, a juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
25 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

32. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

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«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio26 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.5. Caso concreto

37. En primer lugar, se precisa que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia presentó la acción especial de revisión prevista en la Ley 797 de 2003,
la cual de conformidad con el artículo 251 del CPACA «deberá presentarse dentro de

26 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que
ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio», razón por la cual la presente acción fue
presentada de manera oportuna como se indicó en el párrafo 12.

38. Ahora bien, en consideración a los supuestos en que se funda la acción especial
de revisión, la Sala advierte lo siguiente:

39. En torno a la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que acogía el Consejo de
Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la
sentencia del 4 de agosto de 201027, antes referida, según la cual, la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe
el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé».

40. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

41. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 26 de mayo
de 2016 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

42. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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43. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida [26 de mayo de 2016], la posición era que
las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos
los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.

43. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de
primera instancia que ordenó que la pensión de jubilación de Gustavo Alberto
Molina Arango se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: «prima de
navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, bonificación por servicios
prestados y prima de servicio».

44. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» [negrillas del original].

45. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
factores devengados expedido el 31 de mayo de 2011 por el jefe de la sección de
nómina de la división de personal de la Universidad Nacional, sede Medellín28,
según el cual, Gustavo Alberto Molina Arango devengó en el último año de servicio
[14 de enero de 2006 al 14 de enero de 2007] los siguientes factores: bonificación

28 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» páginas 78 y 79.

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bienestar universitario, subsidio de alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

46. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

47. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:

47.1. Gustavo Alberto Molina Arango nació el 11 de enero de 195229.

47.2. Laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
desde el 10 de abril de 1975 hasta el 14 de enero de 200730, «renuncio por jubilación
a la universidad a partir del 15 de enero de 2007» (sic). El último cargo que ocupó fue el
de conductor mecánico 5310731.

47.3. Por medio de la Resolución 3621 PV del 12 de enero de 2007 32, la directora de
la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia le reconoció
una pensión de jubilación, en consideración al cumplimiento de los requisitos de la
Ley 33 de 1985, equivalente al 75% de lo devengado sobre el salario promedio de
los 10 últimos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, en cuantía de $1.169.254.

47.4. Mediante la Resolución 3641 PV del 26 de marzo de 200733 suscrita por la
directora de la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, se
decidió «[n]o reponer la Resolución 3621 p.v. de 2007, la cual se confirma integralmente».

47.5. En la Resolución 3673 PV de 20 de junio de 2007 la entidad demandante
dispuso «[n]o acceder a la solicitud de reliquidación de la pensión otorgada mediante la
Resolución 3621 P.V. de 2007, la cual se confirma integralmente».

29 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» página 64.
30 Salvo una interrupción de 30 días entre el 18 de marzo de 1990 y el 27 de abril de 1990 con motivo

«sanción».
31 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» página 65.
32 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» página 46.
33 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» páginas 50 a 53.

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47.6. Conla Resolución 4091 PV del 23 de septiembre de 2011 la «[d]irectora
Encargada de Funciones» de la Universidad Nacional sede Medellín resolvió «[n]egar
la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor Gustavo Alberto
Molina Arango con C.C. 70.034.891 mediante la Resolución 3621 P.V. del 12 de enero de
2007, por las razones expuestas en este acto».

47.7. A través de la Resolución FP 0007 del 23 de enero de 201734, en cumplimiento
del fallo objeto de revisión, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia reliquidó la pensión de jubilación y, por ende, el monto de la mesada
pensional aumentó a $1.309.357 efectiva a partir del 15 de enero de 2007.

48. Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que
Gustavo Alberto Molina Arango recibía antes de presentar la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho ($1.169.254.) y la reliquidación efectuada en
cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
($1.309.357) corresponde a la suma de $140.103.

49. Adicionalmente, se encuentra acreditado que Gustavo Alberto Molina Arango
laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por más
de 20 años, periodo en el que ocupó como último cargo el de conductor mecánico
53107, sin que sea posible establecer que en ese tiempo ocupó otros cargos, pues
la entidad no lo planteó en la presente acción de revisión y, de las pruebas que
reposan en el plenario, no se puede determinar con certeza, pues solo dan
constancia del tiempo y del ejercicio de dicho cargo en esa dependencia del ente
universitario.

50. Asimismo, que en el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia se
dispuso el descuento por aportes retroactivos «de seguridad social no aplicados a los
factores extralegales» y que la prestación «será objeto de los descuentos y ajustes de
Ley».

51. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, sobre la pensión de vejez reconocida a
Gustavo Alberto Molina Arango, no evidenció un incremento desproporcionado o
que no guarde relación con su trayectoria laboral. Por lo tanto, la Sala concluye que
la situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un
abuso del derecho o fraude a la ley.

52. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de abril de

34 Índice 22 de samai- archivo denominado «20_RECIBEMEMORIAL_ 201200057
PDF_20240415103829» páginas 209 a 273.

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199435 contaba con más de 40 años de edad; ii) prestó sus servicios por más de 20
años en la Universidad Nacional de Colombia; y iii) durante el último año de servicio
percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
prestación.

53. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición
permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad
jurídica36.

37
54. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

55. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 26 de mayo de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y por tanto se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia.

2.6. Costas

56. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se
advierte que el recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.

35 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del

orden nacional.
36 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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3. Conclusión

57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo Pensional
de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 26 de mayo de 2016, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ACCR

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