Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00664-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00664-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
Demandado: José Domingo Barón Archila
Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuantía
reconocida excede lo debido
Sentencia de única instancia
_______________________________________________________________
Asunto
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia proferida el 17 de mayo de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C1 que revocó la sentencia del 16 de octubre de 2015 emitida por el
Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, la cual negó las
pretensiones de la demanda presentada por José Domingo Barón Archila.
1. Antecedentes
1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001-33-35-025-2015-00072-01,
actor: José Domingo Barón Archila, demandado: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia.
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia solicitó la revisión de la sentencia
proferida el 17 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, que revocó la decisión del 16 de octubre de 2015,
emitida por el Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda, la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por José
Domingo Barón Archila, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-35-025-2015-00072-00(01), encaminada a la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del 17 de
mayo de 2017; ii) la reliquidación y pago de la pensión concedida a José Domingo
Barón Archila con una base de liquidación de lo devengado en los 10 últimos años
de servicios, conforme con lo previsto por la Corte Constitucional, especialmente en
las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de
2017 y T-039 de 2018 y por el Consejo de Estado en el fallo de unificación del 28
de agosto de 2018; iii) la devolución de los mayores valores que se pagaron
producto de lo decidido por el tribunal de instancia, ajustados según lo dispuesto en
el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2; y iv) la condena en costas y agencias en derecho al demandado.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho José Domingo
Barón Archila presentó demanda contra la Universidad Nacional de Colombia en
orden a que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones FP-0383 del 31 de
octubre de 2008, a través de la cual el fondo pensional de esa entidad le reconoció
una pensión de vejez, y FP-004 del 13 de enero de 2014, mediante la cual le negó
2 En lo que sigue CPACA.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
la solicitud de reliquidación de la prestación con el 75% de todos los factores de
salario que percibió en el último año de servicio, según las leyes 33 y 62 de 1985.
3.2. El Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 16 de octubre de 2015, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que, si
bien se acreditó que José Domingo Barón Archila era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por tanto del régimen
anterior, esto es las leyes 33 y 62 de 1985, de conformidad con la sentencia SU 230
de 2015 el ingreso base de liquidación (IBL) no hacía parte de la transición, por lo
que, en este aspecto, procedía la aplicación de la Ley 100 de 1993.
3.3. Asimismo, adujo que se apartaba del precedente del Consejo de Estado
contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 comoquiera que los fallos de
revisión de tutela emitidos por la Corte Constitucional prevalecían frente a las demás
jurisdicciones.
3.4. La anterior decisión fue apelada por el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia y, a través de la sentencia recurrida, fue revocada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. En su
lugar, se ordenó la nulidad parcial de los actos administrativos acusados y la
reliquidación de la pensión de vejez, en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de los factores de salario devengados en el año anterior al retiro definitivo
del servicio, con fundamento en que constituía salario todas aquellas sumas que
habitual y periódicamente hubiese percibido como retribución de sus servicios3, es
decir, además de los ya reconocidos, el auxilio de transporte. Además, se declaró
la prescripción de la diferencia de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de
julio de 2010, en atención a que la solicitud de reliquidación fue presentada el 23 de
julio de 2013.
3.5. La directora del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, a
través de la Resolución FP-238 del 21 de julio de 2017 dio cumplimiento a la
providencia proferida en segunda instancia, para lo cual resolvió que la pensión
reconocida a José Domingo Barón Archila pasaría de tener una mesada para el año
2008 por valor de $1.187.895 a $1.658.137.
3 De acuerdo con la Sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 expedida por el Consejo de
Estado, dentro del expediente con radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01.
3
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 17 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, revocó la decisión del 16 de
octubre de 2015 emitida por el Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:
4.1. Comoquiera que José Domingo Barón Archila nació el 20 de septiembre de
1953, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, toda vez que, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia
de esa norma, contaba con más de 40 años de edad y 15 de servicio. En
consecuencia, podía acceder a la pensión con los requisitos establecidos en la Ley
33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último
año de servicio.
4.2. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
especialmente la proferida el 4 de agosto de 20105, precedente con fuerza
vinculante para la jurisdicción contenciosa, para el reconocimiento de la pensión de
jubilación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban
la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debía establecer
con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio, bajo
el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor
de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les hubiere otorgado.
4.3. Así pues, además de los factores incluidos en el acto administrativo de
reconocimiento pensional, había lugar a la inclusión del auxilio de transporte.
Contrario ocurrió con las bonificaciones de bienestar universitario y de recreación,
al no constituir factor salarial, la primera, y por tratarse de una prestación sin
finalidad remunerativa, la segunda. En cuanto a la indemnización por días
compensatorios, el Decreto 1042 de 1978 no precisa que debiera reconocerse como
factor. En efecto, como no corresponde a salario sino a un pago por no haberse
disfrutado del descanso no era posible su inclusión en la base pensional. Sin
4 Samai, índice 29, documento «29RECIBEMEMORIAL_11001333502520150007(.rar) NroActua
29», páginas 289 a 310.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25
000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
4
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
embargo, el pago de los días compensatorios fue incluido como parte de la
asignación [compensatorios] y tenidos en cuenta.
4.4. Por lo anterior, se revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar se
dispuso:
«Primero. - Declarase probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
accionada respecto del pago de las diferencias de las mesadas pensionales anteriores
al 23 de julio de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. - Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 0383 del 31 de octubre de
2008, por medio de la cual le fue reconocida la pensión de vejez al actor y de la
Resolución No. FP 004 del 13 de enero de 2014, por la cual se reliquidó la pensión del
actor, y la nulidad de la Resolución No. 0164 del 21 de marzo de 2014, que desató el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas
sus partes.
Tercero. - Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional, deberá reliquidar
la pensión de vejez reconocida al señor José Domingo Barón Archila, identificado con
C.C. No. 1.068.672 de Güicán, con el 75% del promedio de lo devengado en el último
año de servicios esto es del treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007) al
veintinueve (29) de noviembre dos mil ocho (2008), entendiendo que constituyen salario
todas aquellas sumas que habitual y periódicamente haya percibido el accionante como
retribución de sus servicios, es decir, además de los ya reconocidos, se debe incluir el
auxilio de transporte, a partir del treinta (30) de noviembre de dos mil ocho (2008), pero
con efectos fiscales a partir del veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), por
prescripción trienal, efectuando el descuento de los aportes correspondientes a los
factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no haya efectuado la
deducción legal, en la proporción que le corresponda al accionante, durante toda su
vinculación laboral, debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la
financiación de la pensión, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Nacional,
modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Cuarto. - La Entidad demandada, pagará a favor del demandante las diferencias que
resulten, con los reajustes de ley, entre el valor de las mesadas pensionales que le ha
reconocido y pagado, y las que le debe pagar legalmente, diferencia indexada hasta la
ejecutoria de este fallo, tal como lo permite el inciso final del artículo 187 del CPACA,
aplicando la fórmula explicada en la parte motiva de este proveído.
Quinto. - Deniéguense las demás súplicas de la demanda» (sic).
1.2. La causal de revisión invocada
5
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5. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
5.1. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la
Corte Constitucional, específicamente, en la sentencia SU 230 de 2015, «respecto
al artículo 36 de la ley 100 de 1993 norma en la que se establece claramente que se
mantienen los requisitos de edad, tiempo de servicio y cuantía a o porcentaje de la pensión
conforme a la ley anterior a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, pero que respecto
a la liquidación de la pensión esta debe realizarse dando aplicación de los artículos 36, 21,
de la ley 100 de 1993, Decreto 1158 de 1994, por cuanto para la fecha del reconocimiento
de la pensión, eran las normas vigentes que debía aplicar mi representada, razón por la
cual la liquidación debe efectuarse sobre el promedio devengado durante los últimos 10
años de servicio» (sic). No obstante, la prestación que fue reconocida a José
Domingo Barón Archila se reliquidó en consideración a todos los emolumentos de
salario devengados en el último año de servicio.
5.2. Al proferir el fallo de segunda instancia el tribunal debió atender la sentencia de
la Corte, la cual «debía ser aplicada de forma inmediata, de forma obligada por ser
precedente y prevalente a todos los procesos en los que se ventilan pretensiones de
reliquidación de la pensión de vejez con lo devengado en el último año de servicio conforme
a la ley 33 de 1985» (sic); postura que, posteriormente, fue acogida por la sala Plena
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
5.3. Por tanto, José Domingo Barón Archila al haber sido beneficiario del régimen de
transición, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de
edad, tiempo de servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que
tenía que ver con el IBL, regulado en el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
5.4. Los recursos del Fondo Pensional de la Universidad Nacional para el pago del
pasivo pensional han procedido del presupuesto general de la nación, por lo cual
son dineros del tesoro público, y con la decisión judicial se afectó el interés general,
por cuanto impuso el pago de una suma periódica a cargo de fondos de naturaleza
pública que excedió lo debido de acuerdo con las normas.
6 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 1 a 49.
6
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
5.5. Lareliquidación de la pensión ordenada repercutió negativamente en las
finanzas públicas, lo que tuvo incidencia en la sostenibilidad fiscal del Estado, en
especial la pensional.
5.6. Así entonces, la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto
del IBL.
1.3. Contestación de la acción especial de revisión
6. José Domingo Barón Archila se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
las razones que se expresan a continuación7:
6.1. En la sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, aplicó el criterio jurisprudencial
vigente al momento de su expedición, esto es la sentencia del 4 de agosto de 2010,
que interpretó de forma favorable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
coherencia con los principios de inescindibilidad normativa, favorabilidad laboral y
legalidad. Además, se tuvo en cuenta que la demanda se sustentó en la vulneración
del derecho a la igualdad, al haberse liquidado la pensión del demandante
únicamente con la asignación básica, a diferencia de otros servidores en idéntica
situación.
6.2. En cuanto a la aplicación de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el
28 de agosto de 2018, en la que se fijaron las reglas jurisprudenciales según las
cuales el IBL no se encontraba cobijado por las normas de la transición y que debía
determinarse de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
así como que la liquidación debía efectuarse con la inclusión de los factores
salariales sobre los cuales se hubiesen realizado aportes, también se precisó que
sus efectos eran de carácter retrospectivo, esto es, aplicables a los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial en procesos
ordinarios, supuesto en el que no se encontraba.
7 Samai, índice 198, documento «17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 18».
7
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6.3. La sentencia SU 230 de 2015 efectuó una interpretación restrictiva y, en todo
caso, su aplicación se limitó al régimen especial de los «congresistas y altos
funcionarios» contenido en la Ley 4 de 1992 sin que se aludiera al previsto en la Ley
33 de 1985.
6.4. Elreconocimiento pensional no fue desproporcionado puesto que para su
cálculo se tuvieron en cuenta los factores salariales que devengó habitual y
periódicamente durante toda su vida laboral, sin que observara señales de una
vinculación precaria que le permitiera un incremento en su ingreso base de
liquidación. Se produjo como resultado de una orden judicial de la jurisdicción
competente, que se encontraba en firme y debidamente ejecutoriada.
1.4. Concepto del Ministerio Público
7. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
8 En lo que sigue CPACA.
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8
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10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 4 de julio
de 2017 de conformidad con la constancia allegada con la demanda 10. En ese
sentido y comoquiera que la demandante presentó la acción extraordinaria de
revisión el 18 de octubre de 202211,se encuentra que esta fue allegada dentro del
término establecido en la ley, es decir, dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria
de la sentencia pues el plazo para presentar la demanda fenecía el 19 de octubre
de 2022, en tanto los términos judiciales estuvieron suspendidos en todo el país
desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio del mismo año a causa de la
pandemia global del Covid-19, lo que permite concluir que se presentó en
oportunidad.
2.3. El problema jurídico
12. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a
José Domingo Barón Archila excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a la reliquidación de la pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
10
Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», página 297
11
Samai, índice 3
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
9
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revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto
que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.
16. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes13:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en
un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»14.
19. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.
14
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
11
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2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985
20. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
21. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).
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23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.
24. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194516 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley
33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»17;
este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»18.
25. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 19, esta corporación20
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194521 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).
(…)
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
18 Artículo 27.
19 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
20 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
21 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
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sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),
que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).
26. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200922 y del 16 de diciembre de 200923, en las que se indicó lo
siguiente:
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).
27. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»24.
2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
28. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201825, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
29. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso
3 de dicha norma».
30. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «[t]ales
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
25 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
31. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa
de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos.
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
16
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022)
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«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio26 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
26 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos
de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional
disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben
acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero
dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación
completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio
de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial
emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones»
(sic).
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casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.5. Caso concreto
36. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, profirió la decisión objeto de
revisión, el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las
pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de las leyes 33 de
1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201027,
antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36
ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y
periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé».
37. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado. Sin embargo, el
demandado no tiene tal condición, pues se desempeñó como celador 532-05 PCA,
adscrito a la división de vigilancia y seguridad de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá28.
38. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 17 de mayo de 2017 no fue caprichosa y, por
el contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había
trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
28 Según la Resolución 3565 del 10 de noviembre de 2008 «(p)or la cual se acepta una renuncia»,
visible en Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», página 83.
18
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39. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
40. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida [17 de mayo de 2017], la posición era que
las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos
los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
41. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, ordenó que la pensión de jubilación de José Domingo Barón Archila
se reliquidara con la inclusión de los factores: «además, de los ya reconocidos, (…) el
auxilio de transporte». Por su parte, los tenidos en cuenta en la reliquidación
pensional efectuada mediante la Resolución FP-004 del 13 de enero de 201429
fueron: i) legales: asignación básica, asignación compensatorios, incapacidad
médica patrono, prima de antigüedad, dominicales y festivos, recargo nocturno,
horas extra nocturnas ordinarias, ajuste recargo nocturno, ajuste horas extra
diurnas festivas, horas extra diurnas festivas, ajuste horas extra nocturnas
ordinarias, horas extras diurnas ordinarias, ajuste horas extras diurnas ordinarias,
bonificación servicios prestados, dominicales y festivos del mes, recargo nocturno
del mes, horas extras nocturnas ordinarias del mes, horas extras diurnas ordinarias
del mes; y ii) extralegales: subsidio de alimentación y primas de navidad,
vacaciones y de servicios.
42. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
29
Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 123 a 132.
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«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» [negrillas del original].
43. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
factores devengados expedido el 6 de septiembre de 2013 por el jefe de grupo
salarial y prestacional de la Universidad Nacional, sede Bogotá30, según la cual,
José Domingo Barón Archila devengó en el último año de servicio [1° de noviembre
de 2007 a 29 de noviembre de 2008] los siguientes factores: i) asignación básica; ii)
asignación compensatorios; iii) incapacidad médica patrono; iv) prima de
antigüedad; v) bonificación bienestar universitario; vi) dominicales y festivos; vii)
recargo nocturno; viii) horas extras nocturnas ordinarias; ix) ajuste recargo nocturno;
x) ajuste horas extras diurnas festivas; xi) horas extras diurnas festivas; xii) ajuste
horas extras nocturnas ordinarias; xiii) horas extras diurnas ordinaria; xiv) ajuste
horas extras diurnas ordinaria; xv) bonificación servicios prestados; xvi) dominicales
y festivos del mes; xvii) recargo nocturno del mes; xviii) horas extras nocturnos
ordinarias del mes; xix) horas extras diurnos ordinarias del mes; xx) subsidio de
alimentación; xxi) auxilio de transporte; xxii) prima de vacaciones; xxiii) bonificación
especial de recreación; xxiv) indemnización días compensatorios; xxv) ajuste
compensación vacaciones por retiro; xxvi) ajuste prima de vacaciones por retiro;
30 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 109 a 112.
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xxvii) ajuste prima de navidad por retiro; xxviii) indemnización días compensatorios;
xxix) prima de navidad; y xxx) prima de servicios.
44. Ahora bien, en la sentencia del 17 de mayo de 2017 se precisó que las
bonificaciones de bienestar universitario y de recreación no constituían factor
salarial: la primera, por no tener tal naturaleza, y la segunda, por tratarse de una
prestación sin finalidad remunerativa sino para contribuir al desarrollo de aspectos
de la vida como la recreación. En cuanto a la indemnización por días
compensatorios, señaló que el Decreto 1042 de 1978 no establece que deba
reconocerse como factor salarial pues, es un pago otorgado al no haberse disfrutado
del descanso, razón por la que no era procedente incluirla en la base pensional. Sin
embargo, el pago de los días compensatorios sí fue incluido y denominado
«asignación compensatorios».
45. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.
46. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:
46.1. José Domingo Barón Archila nació el 20 de septiembre de 195331.
46.2. Laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, desde
el 9 de mayo de 1977 hasta el 30 de noviembre de 2008, cuando le fue aceptada la
renuncia a través de la Resolución 3565 del 10 de noviembre de 200832. El último
cargo que ocupó fue el de celador 532-05 PCA, adscrito a la División de Vigilancia
y Seguridad de esta33.
31 De conformidad con la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento. Samai, índice 3,
documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 67 y 69.
32 Según la Resolución 3565 del 10 de noviembre de 2008 «(p)or la cual se acepta una renuncia»,
visible en Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», página 83.
33 Ibidem.
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46.3. Por medio de la Resolución CPS 0383 del 31 de octubre de 200834, la directora
de la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia le reconoció
una pensión de jubilación, en consideración al cumplimiento de los requisitos de la
Ley 33 de 1985, equivalente al 75% de lo devengado sobre el salario promedio de
los 10 últimos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, y con la inclusión de los factores salariales sobre los que cotizó, y que se
encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en cuantía de $1.187.895, sin
embargo, el disfrute quedó condicionado al retiro definitivo efectivo del servicio.
46.4. Mediante la Resolución 0075 del 30 de marzo de 200935, suscrita por la
directora de la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, se
reliquidó la prestación otorgada por el retiro del servicio del beneficiario. La cuantía
resultó en $1.192.425, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008.
46.5. A través de escrito del 23 de julio de 201336, José Domingo Barón Archila le
solicitó a la Universidad Nacional la reliquidación de la pensión de jubilación en
consideración a la totalidad de emolumentos de salario percibidos en el último año
de servicio.
46.6. A través de la Resolución FP 004 del 13 de enero de 201437, la directora del
fondo pensional señaló que «[d]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado, la Circular No. 054 del 3 de noviembre de 2010 de la
Procuraduría General de la Nación y La Certificación del Comité de Conciliación de la
Universidad Nacional de Colombia de fecha 02 abril de 2013, la cuantía de la prestación
equivaldrá al 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de
servicio esto es, del 30 de noviembre de 2007 al 29 de noviembre de 2008, sobre los cuales
se han efectuado aportes conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y los factores no
contemplados por dicha ley, señalando que sobre estos últimos la Universidad no aplicó
descuentos, precisamente porque la ley no lo permitía» (sic).
34 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 79 y 80.
35 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 91 y 92.
36 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 93 a 97.
37 Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 123 a 132.
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46.7. Por medio de la Resolución 0238 del 21 de julio de 201738 en cumplimiento del
fallo objeto de revisión, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
reliquidó la pensión de jubilación y, por ende, el monto de la mesada pensional
aumentó a $1.658.137, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008.
47. Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que José
Domingo Barón Archila recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ($1.192.425) y la reliquidación efectuada en
cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, ($1.658.137) corresponde a la suma de
$465.712.
48. Adicionalmente, se encuentra acreditado que José Domingo Barón Archila
laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por más
de 20 años, periodo en el que ocupó como último cargo el de celador 532-05 PCA,
adscrito a la División de Vigilancia y Seguridad de la universidad, sin que sea
posible establecer que en ese tiempo ocupó otros cargos, pues la entidad no lo
planteó en la presente acción de revisión y, de las pruebas que reposan en el
plenario, no se puede determinar con certeza, pues solo dan constancia del tiempo
y del ejercicio de dicho cargo en esa dependencia del ente universitario.
49. Asimismo, que en el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia se
dispuso el descuento por aportes en salud, pensión y solidaridad sobre los
conceptos incluidos en la reliquidación y que no se hubieran realizado,
específicamente, sobre aquellos «no señalados en la Ley 33 de 1985» esto es,
subsidio de alimentación, auxilio de transporte y primas de servicios, navidad y
vacaciones. Acto en el que se aclaró que en relación con los factores legales se
habían efectuado los descuentos en la Resolución FP 004 del 13 de enero de 2014.
50. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sobre
la pensión de vejez reconocida a José Domingo Barón Archila, no evidenció un
incremento desproporcionado o que no guardara relación con su trayectoria laboral.
Por lo tanto, la Sala concluye que la situación en estudio no es de aquellas que
puedan ser consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley.
38
Samai, índice 3, documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», páginas 325 a 338.
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51. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de abril de
199439 contaba con más de 40 años de edad; ii) prestó sus servicios por más de 20
años en la Universidad Nacional de Colombia; y iii) durante el último año de servicio
percibió el factor [auxilio de transporte] respecto del cual el tribunal ordenó la
reliquidación de la prestación.
52. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición
permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad
jurídica40.
53. Finalmente, valga señalar que en la sentencia del 28 de agosto de 201841 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
54. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 17 de mayo de 2017
proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley
39 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del
orden nacional.
40 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante:
Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de
2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
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797 de 2003 y por tanto se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.
2.6. Costas
55. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se
advierte que el recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
3. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo Pensional
de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el
17 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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